Número - 842 

•  El olvido en estos casos “constituye una agresión más” en contra de quienes padecen este delito, pues se traduce en impunidad, consideran senadores. 

Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó un dictamen para reconocer en el marco jurídico el derecho a la memoria para las víctimas de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares.

En el documento se destaca que el olvido en estos casos “constituye una agresión más en contra de las víctimas”, pues se traduce en impunidad y esto “no debe ser tolerado ni aceptado”.

En la desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, la memoria resulta necesaria para que el Estado mexicano ponga en marcha acciones para evitar la repetición de los hechos, garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño, consideraron las y los senadores.

Con 86 votos, la Cámara de Senadores dio su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar los artículos 5 y 137 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, por lo que envió el proyecto al Ejecutivo Federal.

Al respecto, el senador presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que aún hace falta construir políticas públicas eficientes sobre el tema, por lo que reconocer el derecho a la memoria en la Ley en esta materia ayudará a garantizar el acceso a la reparación del daño a las víctimas del ilícito.

El derecho a la memoria -detalló-, obligará al Estado a implementar mecanismos para que la sociedad reconozca las vulneraciones a los derechos humanos, además de poner en marcha instrumentos que ayuden a esclarecer las violaciones a las garantías, que dignifiquen a las víctimas y coadyuven a la recuperación de la memoria histórica.

El senador Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del PAN, explicó que la memoria es una de las maneras en que las personas y los pueblos revindican a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y hoy este órgano parlamentario, con su voto a favor, estaría reconociéndola como un derecho humano.

Por Morena, la senadora Nestora Salgado García manifestó que estas reformas contribuyen a reconocer de manera expresa el derecho de las víctimas, a su memoria y a la verdad. Es necesario, agregó, iniciar la construcción de una ley general que permita preservar la memoria colectiva de nuestro país.

La senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, dijo que sólo a través de la reconciliación y del reencuentro se logrará la reconstrucción de la paz, porque “mandando al infierno” a las instituciones únicamente se contribuye a la polarización y al odio.

A nombre del PT, la senadora Martha Márquez Alvarado señaló que es necesario que las autoridades en Aguascalientes atiendan el problema de la desaparición forzada, pues “el Estado mexicano no puede ser ajeno a la realidad de su pueblo”.

Con el proyecto, la fracción del artículo 5 de la Ley establece que “todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la búsqueda de la persona desaparecida o no localizada; así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, memoria, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos”.

Y el artículo 137 dispone que “las víctimas directas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además de los derechos a la verdad, memoria, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales”.