El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, analiza en Confilegal la situación de la Justicia en España.
Celso Rodríguez Padrón, presidente del TSJM: “Sin una separación de poderes garantizada, peligra la democracia”
Destaca que cuando por falta de medios se provoca impunidad, ha fracasado el sistema
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06/10/2023 02:00
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Actualizado: 06/10/2023 01:27
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Celso Rodríguez Padrón (Ribadavia, Orense, 1962) cuenta con 35 años de servicio en la carrera judicial.
Es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desde marzo de 2019. Anteriormente fue magistrado de la Audiencia Provincial.
Ingresó en la carrera judicial en 1988 y ascendió a magistrado en 1990. Además de en Madrid, ha ejercido en Valverde del Camino (Huelva), Barcelona, Vigo y Sevilla.
Ha sido representante del Poder Judicial español en numerosos encuentros internacionales (Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura y la Asamblea General de la Red Europa de Consejos del Poder Judicial, entre ellos). Y en condición de experto ha participado en programas internacionales de apoyo y fortalecimiento de distintos poderes judiciales de Europa e Iberoamérica (Bulgaria, Albania, Centroamérica…).
Ha sido secretario general del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante catorce años y medio. Y también profesor en el ámbito del Derecho en la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad San Pablo CEU.
Está en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, Distinguida de primera clase, y de la Cruz de Honor.
El pasado mes de febrero recibió el premio ‘Balanza de Oro’, otorgado por el Colegio de Procuradores de Madrid, “por su extraordinaria contribución al mundo de la judicatura, como relevante jurista de dilatada trayectoria, y por su colaboración con la procura madrileña”.
¿Qué análisis hace de la situación de la Justicia en España?
No creo que la respuesta ofrezca margen a ninguna duda: la situación que vive la Justicia en España es mala.
Desde hace años, tropezamos con un problema esencial que pasa por la lentitud de la respuesta a los ciudadanos que acuden a los Tribunales en demanda de tutela de sus derechos e intereses legítimos.
“Hace años que vivimos una escasez de medios innegable, especialmente en cuanto al número de jueces”
Razones de diversa índole impiden hacer efectiva esa tutela, que, no lo olvidemos, viene garantizada por la Constitución como un derecho fundamental.
En el plano más próximo, hace años que vivimos una escasez de medios innegable, especialmente en cuanto al número de jueces.
La sobrecarga de asuntos que soportan permanentemente nuestros órganos judiciales no se corresponde con la infraestructura disponible para dar esa respuesta debida.
Las anunciadas reformas –de índole organizativa, procesal, etc.- se ven postergadas una y otra vez sin horizonte.
Si atendemos a otros parámetros, el análisis no se muestra más optimista.
La demora en la renovación del Consejo General del Poder Judicial es sólo un ejemplo. Los ataques que hemos sufrido los jueces simplemente por llevar a cabo la aplicación independiente de la ley es otra buena muestra del panorama crítico.
No se asume que la Justicia es el pilar fundamental del Estado de Derecho. No suscita interés.
¿Y qué medios son necesarios para paliar la lentitud endémica de la Justicia, que dejó el año anterior en Madrid más de medio millón de asuntos sin resolver por el atasco judicial?
El método tradicional de ampliación de la planta judicial está agotado. No se trata de crear cada año más juzgados. La intervención en este proceso del Ministerio de Justicia y de las distintas Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Administración de Justicia lo dificulta notablemente.
En mi opinión, la primera solución pasa por la ampliación del número de jueces, dado que el “cuello de botella” se produce en los momentos de resolución.
Desde el punto de vista económico, además, es una solución realista, factible. Precisa mucha menos inversión que otras parcelas a las que en los Presupuestos Generales del Estado se les dedica una generosidad enorme.
Luego, sin duda, otras medidas ayudan. Las hemos expuesto año tras año en las Memorias de necesidades de los Tribunales Superiores de Justicia. Sin embargo, siguen sin ser atendidas.
A su juicio, ¿cuál es el estado actual de la calidad de la justicia en España?
Si por calidad entendemos la combinación de independencia y altura científico-jurídica de la respuesta judicial, mi valoración es alta.
Con todos los errores que cometemos los jueces -somos humanos-, la dedicación, el grado de independencia y de formación jurídica es alto, muy alto.
“Los ciudadanos no pueden esperar por un juicio un año. Tampoco quieren la sentencia para enmarcar en su casa”
Pero no puede hablarse de calidad sin medir el grado de efectividad: la lentitud y la eficacia de las resoluciones judiciales tiñen notablemente la consideración anterior.
Los ciudadanos no pueden esperar por un juicio un año. Tampoco quieren la sentencia para enmarcar en su casa.
¿Está en peligro actualmente el Estado de Derecho?
En cuanto a su defensa por los jueces y magistrados se refiere, desde luego que no.
Por Estado de Derecho, en su formulación básica, hemos de entender la sumisión de todos los ciudadanos y de los poderes públicos a la ley, teniendo ésta como paradigma el texto constitucional.
Tenemos una Constitución que no es meramente programática ni declarativa. Mucho más allá, es una Constitución normativa, que también participa de unos principios que sirven para interpretarla.
Cuando alguno de estos principios se retuerce, hay parcelas del Estado de Derecho que se resienten profundamente.
¿Actualmente hay que defender la separación de poderes en España?
La separación de poderes hay que defenderla absolutamente siempre.
En la actualidad ya no me atrevo a hablar de los tres poderes clásicos de la teoría del Estado moderno. Creo que ya sólo existen dos: el poder político y el poder judicial.
La teoría de la separación de poderes fue concebida como la necesidad de establecer contrapesos para evitar los abusos a los que tiende el ejercicio del poder por sí mismo. Para que el poder pudiera frenar al poder.
Esta idea básica conserva plena vigencia, y se manifiesta especialmente en la llamada a un claro límite: a que el poder político no lleve a cabo injerencias -por no decir tentativas de invasión- de algunas de las parcelas del Poder Judicial.
El Poder Judicial es -porque lo tiene que ser- ajeno a la dinámica política: no se mueve por intereses partidistas ni tiene por finalidad alcanzar y conservar el poder.
Tiene encomendada, además, una función constitucional irrenunciable: proteger a los ciudadanos ante lo que puedan ser los excesos jurídicos de la Administración, que es la proyección instrumental del poder ejecutivo.
Sin una separación de poderes garantizada, lo que peligra en realidad es la propia democracia.
¿Le preocupa que los ciudadanos pierdan el respeto a los tribunales porque el poder político es el primero que no los respeta?
La fortaleza del Poder Judicial es imprescindible si de verdad defendemos el Estado de Derecho. Cualquier acción o expresión que redunde en descrédito del Poder Judicial contribuye a una disminución de la confianza que los ciudadanos puedan tener en sus jueces. Y esto es inaceptable.
No sé si el poder político, en general, es el “primero” que no respeta a los tribunales. Pero ejemplos de ausencia de respaldo no faltan. También de críticas que han sobrepasado los límites de lo tolerable. Naturalmente, esto es preocupante.
“Ha habido críticas del poder político que han sobrepasado los límites de lo tolerable, y esto es preocupante”
Cuando la Constitución afirma la obligación de cumplir lo resuelto por los tribunales y de prestarles colaboración en el curso del proceso y en la ejecución de sus resoluciones, no está refiriéndose exclusivamente a la materialización –sin escudos- de sus decisiones. Encierra algo más.
El TSJM ha sufrido la retórica deslegitimadora de la Justicia y los jueces por parte de políticos de Unidas Podemos a raíz de la sentencia condenatoria a Isabel Serra, que luego fue confirmada por el Supremo…
Es cierto. Muchas veces hemos dicho que la crítica a las resoluciones judiciales es perfectamente admisible en un Estado de Derecho. Pero hay límites.
Puedo garantizarle que en aquel caso -como en todos- se respetaron escrupulosamente las garantías constitucionales y los hechos fueron juzgados con arreglo a un principio tan elemental como el de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
También le garantizo que la retórica “deslegitimadora” a la que se refiere, no hace mella.
Afirma que la retórica “deslegitimadora” de la Justicia y los jueces por parte de políticos de Unidas Podemos “no hace mella”, y recuerda el juramento de ingreso en la carrera: administrar recta e imparcial Justicia “frente a todos”
Es incompatible con ese respeto al Poder Judicial al que vengo refiriéndome. Pero no altera la base del juramento que prestamos cuando ingresamos en la carrera judicial: administrar recta e imparcial Justicia “frente a todos”.
¿Qué llamamiento haría a esos políticos y ministros que atacan a los jueces tildándolos de “machistas” y “prevaricadores”, atacando la independencia judicial y la legitimidad de las resoluciones?
Simplemente que respeten la Constitución. Que respeten el Estado de Derecho.
Su llamamiento a los políticos que atacan a los jueces: «Que respeten la Constitución, que respeten el Estado de Derecho”
Cinco años de bloqueo del CGPJ. ¿Qué hay que hacer primero? ¿renovar o reformar?
Siempre he defendido que el sistema de elección de los vocales judiciales por la carrera judicial es el que se ajusta a cuanto quiso la Constitución. Y lo reitero.
El método de elección parlamentaria íntegra -más bien de los partidos políticos- contamina la imagen del órgano de gobierno y buena parte de sus actos en una espiral de descrédito que ha venido minando una figura bien concebida en origen.
Ha causado un daño enorme a la institución por la proyección de esa imagen de control político de la Justicia. Injustamente, esto se traslada luego en percepción sobre la llamada “politización de la Justicia”.
La Comisión Europea ha venido siendo muy clara en sus mensajes, y llegados al punto en que nos encontramos -un Consejo próximo a cumplir cinco años de demora y sucesivas vacantes- no me planteo la prolongación de este retraso sine die.
Creo que hay que renovar y reformar.
Sobre el CGPJ considera que primero hay que renovar y luego reformar
La limitación de plazo de instrucción penal sin dotación de más medios tiene un claro efecto: la impunidad. Varios presuntos delitos de corrupción política han quedado sin juzgar. ¿Qué opina de esto?
Considero que las instrucciones penales no pueden eternizarse, como en algunos casos sucede.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal no concibe el “sumario” como una fase agotadora, sino como la función destinada a depurar cuanto tiene que ser objeto de un juicio oral, o descartar la viabilidad del enjuiciamiento.
Por supuesto que hay casos y casos. No todos revisten la misma complejidad. Pero cuando por falta de medios se provoca de algún modo la impunidad -tal vez la referencia sea algo extrema-, ha fracasado el sistema.
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