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¿Cómo se cuentan los bienes de la nación? Los edificios y bienes del gobierno (in)existentes

Resulta imposible saber cuáles son los bienes que tiene el gobierno, entre datos opacos y cifras pérdidas. Este artículo presenta un análisis de la transparencia gubernamental sobre el patrimonio nacional

El pasado 14 de noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional le “entregó” al presidente López Obrador la obra civil de 2,749 sucursales del Banco del Bienestar e inauguró la última en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, al momento de redactar este artículo el Sistema de Inventario Federal y Paraestatal del gobierno federal reporta que esta institución solo tiene 20 bienes inmuebles. 

A pesar de que el gobierno presume que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez llegarán a más de 200 planteles al final de sexenio, la información pública reporta que no tienen ni un solo edificio y ningún tipo de bien. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene alrededor de la mitad de las camas y un tercio de las camillas que tenía durante la administración de Peña Nieto. ¿Podemos confiar en los datos del gobierno? ¿Dónde está la información de los bienes de la nación —que son de todos— y cómo puede consultarse? ¿Qué problemas hay con los datos de los bienes en manos del gobierno? 

Al igual que los barcos, los gobiernos requieren hacer cambios cuando sus piezas fallan o requieren modificaciones. Para mantener una nación a flote, es necesario tener un gran control sobre el patrimonio y los bienes, así como los barcos necesitan saber qué piezas son nuevas y cuáles necesitan ser cambiadas. En ambos casos, es importante asegurarse que haya los recursos materiales para poder sortear cualquier tormenta o contratiempo. Por ese motivo, todas las personas tenemos derecho a saber sobre la situación patrimonial del gobierno con el objetivo de conocer qué tan bien o mal se está frente a problemas públicos. 

México cuenta con una inmensa cantidad de bienes, tanto inmuebles (edificios, centros arqueológicos, áreas naturales etc.), como muebles (equipo de cómputo, obras de arte, archivos, maquinaria, etc.) Hay al menos tres formas de conocer esta información en tan solo unos clics: el Sistema de Inventario Patrimonial, la Plataforma Nacional de Transparencia y la Cuenta Pública. Este artículo explora las ventajas y limitaciones de cada una y ofrece algunas reflexiones finales.

El Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal

El gobierno federal cuenta con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para administrar y valorar el patrimonio inmobiliario. Esta dependencia lleva un registro de todas las propiedades del gobierno federal e identifica qué institución administra cada inmueble. Esto con la intención de tener un control eficaz de los bienes de la nación y asegurar que se aprovechen al máximo.

El portal del INDAABIN permite a la ciudadanía conocer dónde están los bienes de las dependencias federales. Si se busca que sea un mecanismo efectivo para informar a la población, hay varias áreas de mejora que vale la pena evidenciar. Por ejemplo: para buscar inmuebles por su nombre o Registro Federal Inmobiliario (RFI), el sistema asume que el usuario conoce esa información. Otro espacio de mejora son los filtros de búsqueda: los campos de entidad, municipios o instituciones no permiten escribir el nombre de lo que se desea consultar. Es decir, no se puede escribir “Ciudad de México” o “IMSS” para detectar un hospital específico.

El portal puede ser de mucha utilidad para cualquier ciudadano. Si uno piensa migrar a otro estado o municipio puede conocer, en teoría, dónde está la clínica del IMSS, la estancia infantil más cercana o una de las 2,749 sucursales del Banco del Bienestar que presume la Sedena. 
Si uno opta por consultar los inmuebles del Banco del Bienestar en el portal, podrá ver que la dependencia reporta que sólo administra 20 inmuebles, de los cuales uno son las oficinas administrativas. No es que el gobierno no sea dueño del 99% de las sucursales o que no existan, sino que simplemente, de acuerdo con la información pública, no las administra. La información que por ley debería estar completa y actualizada, no lo está y no podemos saber los detalles sobre todas las sucursales del Banco del Bienestar.

Resultados de la búsqueda de bienes inmuebles del Banco del Bienestar en el portal del INDAABIN

Esto quiere decir que desconocemos cuánto cuesta alquilar los espacios donde están las sucursales, a quienes se le rentan y por cuánto tiempo es el contrato, si es que hay. Esta situación es particularmente relevante ante la llegada de un nuevo gobierno federal que puede modificar sus prioridades presupuestales.

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el caso de las universidades públicas

Otro portal para consultar la información sobre los bienes nacionales es la Plataforma Nacional de Transparencia. Una ventaja que ofrece este portal frente al del INDAABIN es que también contiene la información sobre los bienes muebles de las dependencias. Es decir, aquí sí es posible conocer cuántas computadoras, coches o camionetas tiene una dependencia, por mencionar algunos ejemplos. 

La información en la PNT incluye los bienes que se dan de alta y de baja en una dependencia. Resulta importante aclarar que esta información no es un ejercicio de transparencia proactiva o un acto de buena voluntad por parte del gobierno. Por el contrario, las autoridades están obligadas por ley a publicar la información. 

Los lineamientos que emite el Sistema Nacional de Transparencia son la base legal para definir la calidad de la información que debe transparentarse y homologarla entre todos los entes obligados. Estos determinan que la información disponible para consulta solo incluye la que es vigente y la del semestre anterior concluido. Esto nos presenta una limitante de esta opción: la PNT es una herramienta para consultar la información reciente, en lugar de los inventarios históricos de las dependencias. Así, no es útil para conocer cómo se ha incrementado o disminuido, por ejemplo, el patrimonio de las universidades públicas a lo largo de este sexenio. No obstante, es una herramienta útil para comparar los bienes entre dependencias.

Por ejemplo, en 2023 el Colegio de México contó con 76,224 bienes en su inventario, la UNAM tenía 415,703 bienes y el Instituto Politécnico Nacional reportó 734,257. Entre estos bienes, hay computadoras, pizarrones, sillas, mesas, etc. La cantidad y tipos de bienes que tienen los centros educativos no son un dato curioso, sino un insumo de información que permite a la ciudadanía conocer si las universidades públicas cuentan con las herramientas necesarias para formar a las y los universitarios mexicanos. Una joven podría, por ejemplo, decidir dónde estudiar con base en qué universidad pública tiene laboratorios químicos mejor equipados.

Por eso preocupa que haya instituciones académicas con inventarios deficientes. Esto sucede, por ejemplo, con el CIDE, en el cual el gobierno de López Obrador se ha destacado por intervenir en su vida interna. El CIDE reporta tener 9 cosas, principalmente bocinas. El Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García reporta CERO bienes muebles e inmuebles. La apuesta más importante para la educación superior, en palabras del presidente López Obrador, reporta no tener bienes y es un monumento a la opacidad, como documenté aquí.

Resultados de la búsqueda de bienes inmuebles de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez en la PNT

Resulta relevante aclarar que esto no significa que las más de 100 Universidades para el Bienestar no tengan nada o que el CIDE solo tenga bocinas, sino que esto es lo único que reportan tener. Dada la información disponible, es imposible saber cuántas bancas, escritorios o computadoras tiene alguna de estas instituciones. Lo único posible de afirmar es que en ambas instituciones hay opacidad. 

Si bien la PNT no sirve para conocer la información a lo largo del tiempo, valdría la pena que el Sistema Nacional de Transparencia, encabezado por el INAI, considere elaborar un respaldo histórico de la información; no solo de los bienes, sino de todas las demás obligaciones de transparencia. La PNT no fue pensada para ser el archivo digital de la nación, pero bien podría serlo para subsanar las fallas de transparencia del gobierno en beneficio de la ciudadanía.

La Cuenta Pública y los datos del IMSS

La última herramienta que reviso en este texto es la Cuenta Pública reportada por la Secretaría de Hacienda. Si uno consulta su portal de internet verá que se puede consultar hasta la Cuenta Pública de 1996. Desde 2008, los entes públicos deben registrar su contabilidad de bienes muebles e inmuebles. 

En el caso de la Cuenta Pública la información que se presenta a la ciudadanía y se carga es una obligación de ley sobre la transparencia de la contabilidad en el año. Es decir, si la información no está disponible en la Cuenta Pública no se está ante un caso de opacidad, como podría ser la ausencia de información de la PNT. Se trata en realidad de un acto de incompetencia y negligencia, en tanto que la ausencia de esa información confirma que el estado no cuenta con ese bien. En ese sentido, es importante señalar que el portal existe para rendir cuentas sobre la información contable del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

De acuerdo con la PNT, el CIDE solo tiene 9 bienes, pero la Cuenta Pública de 2022 reporta 16,718 bienes La ausencia de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia tiene dos explicaciones: opacidad o incompetencia. 

En cambio, el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García reportó en la Cuenta Pública CERO bienes muebles y CERO bienes inmuebles. Es decir, ni el organismo coordinador, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público saben qué bienes tienen estas universidades. El inventario contable está vacío. Incompetencia es la hipótesis más probable, porque otra posible explicación es que la dependencia a cargo de Raquel Sosa oculta información tanto a Hacienda como a la ciudadanía. Una última explicación podría ser que la información sea veraz y en realidad dicha institución no cuenta con ningún bien. La conclusión necesaria pasa por reconocer opacidad e incompetencia o aceptar que no hay infraestructura para las Universidades del Bienestar.

Análisis histórico

Ahora bien, en casos donde hay información se puede evaluar qué tan bien o mal está preparada una dependencia para atender problemas públicos. Al comparar con otros años se puede hacer una revisión histórica. Por ese motivo, decidí consultar los bienes muebles del IMSS. 

El IMSS es una institución que tiene más de un millón de bienes. Esto incluye camillas, equipos de rayos X, computadoras, pinzas, máquinas de respiración asistida, tanques de oxígeno, etcétera. La composición de sus bienes muestra tendencias notables. Por ejemplo, el 23% del equipo con el que contó el IMSS en 2022 no estaba en su inventario en 2018. Esto se debe a la modernización del equipo, a bajas y a nuevas adquisiciones.

Cuadro 1. Número de bienes del IMSS por diferentes categorías.

Tipo de bienes20182019202020212022
Número total de bienes1,314,1541,332,5551,360,7311,382,7621,262,964
Dispositivos y equipos de soporte ventilatorio / respiratorio12,76912,48527,05227,23026,849
Equipo de computo208,571201,222196,438199,439231,613
Camas28,93927,97028,54230,11714,533
Camillas15,33715,46816,186
16,0714,369
Fuente: elaboración Propia con datos de la Cuenta Pública.

También hay datos que deberían preocuparnos. Por ejemplo, en 2022 el IMSS tiene la menor cantidad de bienes a su disposición de los últimos cinco años. Tiene alrededor de la mitad de las camas y un tercio de las camillas que tenía durante la administración de Peña Nieto. Es importante considerar que hay casos como el bien 201780000922 —su código de inventario— que entre 2018 y 2021 se describió como “banca en tándem de 4 plazas” pero en 2022 cambió a “Silla en cama de tubo de fierro”. Como este caso, pude documentar más de 1,605 casos en los que de 2021 a 2022, bancas o material médico fueron registrados como camas de alguna naturaleza.

También se encontraron 33 bienes que entre el 2018 y 2022 se perdieron al menos un año y regresaron después. Por ejemplo, dos ambulancias (200880004243 y 200880004813, según su código de inventario) estuvieron en la cuenta pública de 2019, desaparecieron en 2020 y 2021, para volver a aparecer en la Cuenta Pública del 2022. Otros bienes que también desaparecieron por lo menos un año fueron dos equipos de rayos X, 24 computadoras y un escritorio. ¿Qué pasó con esos bienes?, ¿fueron robados y luego recuperados?, ¿el día que se hizo el inventario no estaban? 

Un problema sobre el inventario de bienes muebles es que las instituciones no señalan la ubicación de las cosas. Por ejemplo, no hay manera de saber cuántos de los 26,849 equipos de soporte respiratorio están en una Unidad Médico Familiar a la que el trabajador está inscrito o al hospital más cercano de la persona.

Reflexiones finales

Mediante compras públicas y registros de altas se puede conocer cuándo se adquiere un bien. Con el registro de bajas que tiene la PNT se puede conocer cuando se desechó. Sin embargo, no hay información disponible sobre la administración y el uso de bienes y en gran parte se trata de un problema de diseño. 

El formato que tienen que llenar las dependencias sobre los bienes no incluye o exige poner dónde se localiza el bien. En casos como hospitales o clínicas este dato puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, los ventiladores que tiene el IMSS, ¿están distribuidos de forma equitativa en todo el país? 

Conocer esta información puede ayudar a mejorar la calidad de los servicios. ¿Qué utilidad tienen 100 camas apiladas en una bodega en Ciudad de México cuando el IMSS pudiera enviarlas a un hospital en Guerrero, donde hacen falta? Lo mismo se puede argumentar sobre escuelas o oficinas gubernamentales, ¿por qué el equipo de cómputo de la dependencia se modernizó en las oficinas de Tabasco pero no en las de Guanajuato? Hoy en día no podemos resolver estas incógnitas.

Otra área de oportunidad es que los bienes se clasifican bajo “descripción del bien”. Es decir, una dependencia puede registrar un sofá como un sofá y otra el sofá nombrarlo como silla con colchón. Esto dificulta la comparabilidad entre dependencias e incluso dentro de la misma. Hacen falta lineamientos que permitan agrupar diferentes bienes en la misma categoría. Que la información de bienes sea pública facilita que haya un mayor control y prevención de riesgos ante posible escasez de materiales o potenciales usos indebidos. 

Al comparar los portales aquí presentados, es claro que el INDAABIN debería permitir consultar la información en datos abiertos. Esto podría facilitar el análisis de dónde y quiénes administran los bienes inmuebles del gobierno. Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia deberían reflexionar sobre sus lineamientos y contemplar la posibilidad de que el portal se convierta en un repositorio histórico para el país. La Cuenta Pública está pensada para reportar información en materia contable y no para rendir cuentas al público en general, sin embargo, debería contemplarse la posibilidad de hacer un sitio donde se presente la información de la cuenta pública en lenguaje ciudadano y de forma más simple. 

Por último, basta llamar la atención al hecho de que el gobierno tiene tres sistemas que publican información similar con variaciones pequeñas entre sí. Valdría la pena una mayor coordinación entre el INDAABIN, el Sistema Nacional de Transparencia, encabezado por el INAI, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la información de los bienes muebles e inmuebles fuera la misma en los tres portales y no existieran discrepancias entre ellas.

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