Cinco exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes están dispuestos a admitir los delitos en un procedimiento abreviado y evitar elevadas penas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El abogado Eduardo Cardoza, quien defiende a Erlinda Hándal Vega, exviceministra de Tecnología, confirmó que ya existe un acuerdo con la Fiscalía para que la exfuncionaria sea enjuiciada bajo un procedimiento abreviado.
Sostuvo que bajo la misma condición esta la exministra de Salud, Violeta Menjívar y el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Alexander Flores Hidalgo.
El abogado sostuvo que uno de los motivos por los cuales se suspendió este lunes la audiencia preliminar fue porque los fiscales informaron al Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador que están en pláticas con los defensores del exministro de Hacienda Carlos Cáceres y el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández; para una posible salida alterna de procedimiento abreviado.
«Yo defiendo a la doctora Hándal y nosotros ya arreglamos, ya hasta les depositamos nosotros el dinero que requirió la Fiscalía para la responsabilidad civil, ya está depositado el dinero desde hace seis meses para un abreviado, también la doctora Violeta Menjívar y Hugo Flores va también en un abreviado», expresó Cardoza.
En el caso de Cáceres y Mejía, los fiscales pidieron al Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador 48 horas para establecer montos de responsabilidad civil.
En esta causa penal son procesados como reos ausentes, Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de vicepresidente de la República en la gestión de Mauricio Funes en el período 2009 al 2014.
Junto a Manuel Orlando Quinteros Aguilar, conocido como Gerson Martínez, quien fue exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; José Guillermo Belarmino López Suarez, exministro de Agricultura y José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública.
Algunos de los imputados ausentes han presentado escritos que deberán ser resueltos por la jueza, no se especificó las peticiones de los abogados de los imputados ausentes.
La Fiscalía General de la República señala que los exfuncionarios se enriquecieron ilícitamente con $2,643,000 y que esos fondos los obtuvieron a través de sobresueldos configurándose de esa manera el delito de lavado de dinero.
La conducta delictiva que el ministerio público les atribuye es haberse apropiado de fondos públicos mediante esos cobros mensuales que hacían pese a que como responsables de diversas secretarías de Estado tenían su salario mensual.