El minifundio y la falta de inversiones hídricas

Proteccionismo y control de precios fueron las principales demandas del fracasado paro de los productores agrícolas del pasado 13 de mayo. En aquella ocasión, no obstante los terribles resultados económicos y sociales que deja el minifundio en el país, los dirigentes agrarios no demandaron al Gobierno una política de inversiones hídricas para aumentar la productividad de las tierras, asistencia técnica, títulos de propiedad, infraestructura productiva para abaratar costos ni tampoco ideas de asociatividad para integrarse el círculo exportador peruano. Todo lo contrario: demandaban más Estado para depender de él.

Asimismo, los dirigente reclamaron al Gobierno la transferencia de S/ 1,500 millones a Agrobanco para créditos al sector. Créditos a los que no pueden acceder los pequeños productores por falta de productividad de sus unidades económicas y falta de titulación de sus propiedades. Entre las adversidades en el campo —sobre todo para los minifundistas— está la escasa disponibilidad de agua. Resulta paradójico que siendo Perú un país privilegiado por la abundante cantidad de agua, la mayor desventaja de los agricultores sea la falta de agua.

Esta situación se presenta por la falta de un mercado del agua que fomente inversiones en proyectos hídricos en todo el territorio nacional. El agua proveniente de las alturas (por las lluvias) no es aprovechada como debería ser. El agua es desperdiciada en el mar porque no existen proyectos relacionados con represas, reservorios, qochas, canales y técnicas modernas de regadío. Los proyectos que existen están entrampados. El proyecto Paltiture está bloqueado porque para el presidente regional de Puno, Walter Aduviri, el agua es de Puno y no se comparte con nadie. El proyectos Majes Siguas II (Arequipa), está paralizado porque no existe consenso respecto a un nuevo sistema técnico de regadío que permita ahorrar agua.

De acuerdo a algunas estimaciones, de los 18 millones de hectáreas potencialmente agrícolas del país, solo 1.1 millones de hectáreas (6.1%) tienen acceso a distintos sistemas de riego. De este porcentaje de terrenos cultivables, solo el 13% tiene algún sistema de riego tecnificado que hace posible el ahorro del agua. El resto está en completo abandono, sobre todo los minifundios de casi dos millones de productores agrarios. Se calcula que se necesita US$ 15.4 billones para desarrollar el potencial agrícola de 1.6 millones de hectáreas en 20 años. Una tarea titánica que solo la puede desarrollar un Estado con voluntad de convocar al sector privado y de promover inversiones.

En este panorama desolador para la agricultura peruana —por la inacción e ineficiencia del Estado—, los productores agrícolas no hacen otra cosa que exigir más intervención del Estado: control de precios, compra de la producción excedente y cierre de las importaciones de productos alimenticios. La evidente baja productividad del campo también se explica por la ausencia de planes agresivos para formalizar la tierra y acercar los productos a los mercados con carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles, corriente eléctrica, seguridad y protección legal.

Vale, entonces, recordar a los jóvenes ingenieros Julio Favre y César Paredes Piana, quienes en 1971 —durante la dictadura socialista de Juan Velasco— emprendieron el proyecto Porcón, cuando Favre era jefe de la subzona agraria de Cajamarca. El visionario de la obra, Pablo Sánchez, catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca, sostenía la necesidad de ejecutar los proyectos Porcón y Chaquicocacha (Aguas Calientes). Años después, en 2018, 19 millones de pinos y otras especies (quinuales, alisos, chiguahuaco, pumakiro) son el resultado de este esfuerzo grandioso. Porcón demuestra que todo es posible en la agricultura peruana cuando la innovación se pone por delante.

El Perú necesita promover inversiones en infraestructura hídrica. Las propuestas son más que conocidas. Solo se necesita voluntad en el Estado.