Los 30 años que pusieron fin al embalse de Biscarrués
Vecinos, políticos locales y ecologistas se unieron con el fin de salvar las aguas bravas del río Gállego en Aragón
“Tu vida se convierte en una reivindicación constante”, describe Lola Giménez, de la coordinadora de afectados que se creó en 1987, cuando ella tenía 12 años, para impedir la construcción del embalse de Biscarrués (Huesca). En ese momento, el proyecto era de un inmenso pantano de 900 hectómetros cúbicos, que anegaba Erés, Santa Eulalia de Gállego y, de forma parcial, Murillo de Gállego y Concilio (unas 300 personas afectadas). La intención era dar agua a los cultivos del sistema de riego del Alto Aragón que abastece la zona de Monegros.
Con el paso de los años, la lucha contra la infraestructura evolucionó al convertirse el río en el motor económico de la comarca con actividades acuáticas: rafting, kayak, canoas... En 1996 surge otro proyecto, este de 192 hectómetros cúbicos, que continuaba inundando Erés y afectaba al desarrollo de las empresas de aguas bravas, explica José Antonio Cuchí, presidente de la Asociación de Amigos de La Galliguera, nombre por el que se conoce al lugar. En 2006, el Gobierno central, con Cristina Narbona de ministra de Medio Ambiente, rechaza ese plan y surge el siguiente, ya de 35 hectómetros cúbicos, “pero que podía crecer”, advierte Cuchí. En 2009 sale a información pública y en 2011 se emite la declaración de impacto ambiental favorable con condiciones. Pero los vecinos consideraron que el impacto continuaba siendo notable. “No queríamos ningún pantano, porque si inutilizas entre el 50% y el 60% de las aguas bravas las empresas no serían viables, además del daño ambiental que provocaría”, puntualiza Cuchí.
El objetivo de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos era salvar al río y garantizar así su futuro con el turismo activo, que les permite recibir 80.000 visitantes al año. La escalada en los impresionantes Mallos de Riglos, el senderismo y la oferta cultural completan el atractivo de la zona.
Nadie podía pensar hace más de tres décadas que estos diminutos municipios (con una población de 100, 200 o algo más de 300 habitantes, que se multiplica en vacaciones) conseguirían parar un embalse que contaba con el beneplácito del Gobierno central, la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Ejecutivo regional y de la poderosa comunidad de Regantes del Alto Aragón. La primera victoria legal llegó en julio de 2017 cuando la Audiencia Nacional les dio la razón y anuló el anteproyecto para construir la presa y la declaración de impacto ambiental. Riegos del Alto Aragón interpuso un recurso de casación en el Tribunal Supremo, que este martes enterró el anteproyecto del embalse confirmando que no se puede “invocar en abstracto el interés público superior”, sino que es necesario “un análisis científico detallado y específico del proyecto” para ejecutar la obra.
El Ministerio lo da por anulado
La alegría estalló en la zona, aunque Riegos del Alto Aragón advierte en un comunicado de que en la sentencia “no se pone fin al proyecto”. Se refieren a un nuevo proyecto que redactó la Confederación Hidrográfica del Ebro —dependiente del Ministerio de Medio Ambiente— en mayo de 2017. El documento salió a información pública, pero la sentencia de la Audiencia Nacional paró el proceso. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica rechazan esa posibilidad: “no hay ninguna previsión de reconsiderarlo [el embalse], sino de acatar la sentencia, dándolo definitivamente por anulado”.
Los regantes tienen enfrente a un movimiento compacto de abuelos, hijos, nietos y Ayuntamientos de distinto signo político, junto con cinco potentes ONG —Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace, Amigos de la Tierra y WWF— sin intención de bajar la guardia. “Mi abuela se metió un poco, mi padre se involucró y ahora estoy yo y mis sobrinos”, pone como ejemplo de las redes familiares que se han tejido Lola Giménez. “Cuando estudiaba y volvía en vacaciones decían ‘hay que cortar la carretera en Ayerbe’, y allí me iba”, cuenta.
También se encadenaron; viajaron a Bruselas, donde hay un procedimiento de infracción abierto; recogieron de firmas en Change.org y se manifestaron. Leonor Corral, vecina de Erés, de 84 años, también se echó a la calle. Recuerda en la cocina de su casa cómo acudía a las concentraciones con su marido. “Nunca me habría imaginado que iba a hacer algo así. Pero si lo construyen ¿adónde te vas?”, se pregunta.
Chema Sopeña, dueño de la empresa River Guru, especializada en rafting, kayak y multiaventura llegó a la zona hace 10 años para trabajar de camarero. Deportista, comenzó a colaborar con las empresas de rafting, hasta que se independizó. “Compramos barcos, de todo, luego llegó la casa, me eché novia y ahora tengo dos hijos”, explica. Vive en el pueblo de Agüero y este año llegaron tres parejas nuevas que trabajan con él. El coronavirus ha cambiado la situación, pero siguen allí, esperando a abrir las instalaciones y poder recuperar el negocio. “Este río es de aguas bravas de verdad, con el embalse no podíamos asegurar nuestra continuidad. Imagina que vas a la playa, llegas y resulta que no hay”, argumenta. La amenaza del pantano, como a tantas otros vecinos, no minó nunca sus ganas de seguir adelante, porque “es una actividad increíble”.
Los cuatro ‘jipis’ que se lanzaron a hacer ‘rafting’
“El desvío por Monrepós de la carretera que iba al Pirineo [en los años ochenta] mató a esta zona, que estaba salpicada de hostales que utilizaba la gente que pasaba”, explica Marta Alcacera, dueña del hotel Spa Aguas de los Mallos en el municipio de Murillo de Gállego. Su familia regentaba un hostal y estuvieron en “un tris de cerrar”. Pero empezaron a llegar vascos y navarros que advirtieron las posibilidades del río y las actividades relacionadas con el rafting iniciaron su despegue. Fue poco a poco y con mucho trabajo. “Al principio la gente decía que eran cuatro "jipis", pero muy trabajadores, se ponían en la carretera con un cartel ofreciendo el rafting al que pasaba, los clientes se cambiaban en los baños del hostal, en el aparcamiento…”, relata. Los negocios prosperaron y ellos se animaron a construir el hotel hace ocho años, a pesar de la amenaza del pantano. “Mi padre y mi abuelo han sido agricultores, así que no eres ajeno a la otra parte”, comenta Marta Castán, de 35 años, que regenta el hotel con su madre. “Pero lo que es una injusticia es que para que unos vivan, los otros tengan que sacrificar su forma de vida”.
El fallo del Tribunal Supremo, que no ha dado la razón a los regantes, establece doctrina que se aplicará en casos similares. Indica que el interés público superior al que se refiere la Directiva Marco del Agua europea no es equiparable con el de interés general. Para declarar ese interés superior, el caso se debe referir a la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente o ser una política fundamental del Estado. “Afectar a una masa de agua o un río para regadíos, que es una actividad económica respetable, no entra dentro de estas categorías”, interpreta José Luis Beaumont, abogado de la coordinadora vecinal y los Ayuntamientos demandantes.
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