Gobiernos de coalición. La nueva tendencia.

Como muchos países del mundo; los que integran la región de América Latina, la polarización que hoy nos asola, antes que un irreductible contraste de posiciones ideológicas, es una manera patológica de negociar y administrar las diferencias, disfrazadas de ideología.

El presente año 2023; América Latina, está viviendo una interesante intensidad política con elecciones presidenciales en Paraguay, Guatemala y Argentina. Éstas empezarán a redefinir, junto a las de 2024, el mapa político regional y confirmarán si existe una “marea rosa” o más bien un voto de castigo a los oficialismos.

Según el Real Instituto Elcano Royal Institute; el fenómeno responde a la frustración de expectativas y a la desafección con unos Estados ineficientes y unas administraciones, sistemas políticos y de partidos que no canalizan las demandas ciudadanas y provocan malestar social.

Se debe tener en el radar las pasadas elecciones en Brasil que vive un futuro complicado, porque si bien es cierto que ganó Lula en la segunda vuelta, también lo es que solo lo hizo por un 1,8% de diferencia respecto a Jair Bolsonaro. Se trató de la primera vez que el presidente en ejercicio no es reelegido y también de la primera vez que, desde el regreso de la democracia en 1985, alguien es elegido para un tercer mandato. Con estos mimbres se abrió un escenario de gran incertidumbre en el proceso de transición brasileño que se vivió muy complicado.

América Latina vive en un permanente ciclo electoral, así, tras el periodo 2017-2021, cuando se renovaron buena parte de los mandatarios de la región, 2023 es un año bisagra entre las elecciones de 2022 (Costa Rica, Colombia y Brasil) y 2024 (México, El Salvador, Venezuela y Uruguay) importante resaltar que en los Estados Unidos de América también habrá elecciones presidenciales, al tiempo de elegir gobernadores y legisladores, lo que hace que el Continente Americano, tenga el próximo año 2024, un periodo de transición democrática muy relevante, cuyos resultados no solo apuntalaran el tipo de rumbo que tomaran, sino que también, dichos resultados, impactaran al mundo, por lo que este trienio (2022-2024), redibujará el mapa político en el Hemisferio Occidental.

Este año 2023; de forma paralela, se vive una alta intensidad preelectoral, con la elección o definición de los candidatos para 2024, en México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y, eventualmente, Venezuela.

En México se conocerá al candidato del partido de López Obrador (Movimiento Regeneración Nacional, MORENA) y se sabrá si la oposición Partido Revolucionario Institucional, PRI; Partido Acción Nacional, PAN; Partido de la Revolución Democrática, PRD; se presentará unida, con la única opción de derrotar al oficialismo, al tiempo de que Movimiento Ciudadano, conocido como el partido naranja, ira solo o se unirá a ese frente opositor.

2023 es clave para comprobar si se consolida lo que muchos consideran el fenómeno político-electoral hegemónico: un nuevo “giro a la izquierda”, el segundo en América Latina, tras el producido entre 2000 y 2010. Para muchos analistas, la victoria de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro habría confirmado este nuevo movimiento, incluyendo las victorias “progresistas” de Alberto Fernández (Argentina, 2019), Luis Arce (Bolivia, 2020), Pedro Castillo (Perú, 2021), Gabriel Boric (Chile, 2021), Xiomara Castro (Honduras, 2022) y Gustavo Petro (Colombia, 2022). Aunque, sería un giro diferente al anterior, al primar, en líneas generales, el reformismo sobre la ruptura y la moderación sobre la radicalidad. Sin embargo, habría que matizar algunas cuestiones sobre esta “marea rosa”, toda vez que no se dio en las presidenciales de Ecuador (2021) y Costa Rica (2022), ni en las legislativas argentinas (2021) ni en la consulta constitucional chilena (2022). Puede que no haya continuidad en Argentina y Guatemala en 2023, como ya lo vimos en Paraguay. Todo apunta a que habrá un cambio y se confirmará que desde 2015 hay un constante voto de castigo al oficialismo y no un giro a la derecha (2015-2020) o a la izquierda (2021-2022). Desde 2018, la oposición venció en el 76% de las elecciones (presidenciales, legislativas, estaduales y locales). Durante este quinquenio (2018-2022), en comicios con garantías (no como Venezuela en 2018 y Nicaragua en 2021) ningún candidato oficialista, con la excepción de Paraguay hace cinco años, ganó la presidencia.

Los partidos que ganan las elecciones lo suelen hacer tras formar coaliciones negativas. Tienen más un voto coyuntural y prestado que verdaderas adhesiones, con escaso apoyo en parlamentos fragmentados y polarizados, con consensos reducidos o inexistentes. No cuentan con la paciencia, ya agotada, de unas sociedades golpeadas por una década de bajo o nulo crecimiento (incluso decrecimiento), aumento de la pobreza y deterioro de las expectativas. Más allá de liderazgos propios del caudillismo carismático (López Obrador), bonapartista (Bukele) o dictatorial (Ortega y Maduro), se suceden gobiernos amenazados por la moción de censura o autogolpe (Perú), la muerte cruzada (Ecuador), la disolución del pacto (Bolivia y Honduras) o de la coalición (Chile) gubernamental.

La estabilidad uruguaya es una rareza inexistente entre los gobiernos de izquierda que ocupan el poder desde 2021. En algunos casos se producen crisis institucionales como la de Perú de finales de 2022. En otros, la crisis no llega a esas proporciones, pero los gobiernos están lastrados por su reducido margen de acción. América Latina está atrapada en un círculo vicioso de unas mareas que se activan y desactivan con el incremento de la frustración social tras los estallidos sociales como los de 2019 y, sobre todo, del voto de castigo al oficialismo.

La polarización y la fragmentación complican la gobernabilidad y lastran la gestión de unos gobiernos con escaso margen de acción político y económico. La ciudadanía, frustrada en sus expectativas, reduce su confianza en el sistema y recurre al voto de castigo al oficialismo, a respaldar a los outsiders, candidatos ajenos al sistema o directamente antisistema, a la movilización social y la protesta.

En México; en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nos ha dado sobradas pruebas de que considera una claudicación al compromiso interpartidario, no importa lo que esté en juego y las recientes propuestas de reforma electoral, impulsadas por la presidencia de México y su partido político MORENA, no deja dudas sobre cómo perciben la alternancia en el poder, un asalto transitorio a sus dominios indiscutidos.

En este clima de confrontación emergen liderazgos que proponen arrasar con toda la clase política para terminar con los privilegios a la manera de una nueva Revolución Francesa. Sin embargo, ese extremo puede ser la escalera que conduce al monopolio del poder.

A pesar de que son tiempos de furia y caos, poco propicios a la moderación, por los cambios demasiado veloces a los que hay que adaptarse; como la delincuencia organizada trasnacional, la pandemia e invasión de Putin a Ucrania con sus consecuencias sobre la economía y la democracia, la única forma de enfrentarlos es unidos y haciendo gobiernos de coalición, porque la paz y el orden están rotos en el mundo y la incertidumbre y miedo al futuro acompañan el devenir cotidiano, simplemente a manera de ejemplo reciente, el pasado domingo 23 de julio de 2023, observamos que en las elecciones españolas, no se saldaron con un claro vencedor, ya que la derecha no logró los pronósticos de una victoria lo suficientemente amplia como para apartar del poder al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hoy en España los dos principales partidos intentarán negociar acuerdos de coalición en busca de una mayoría para gobernar, pero los analistas advierten de que el proceso podría acabar en un parlamento dividido y en una nueva convocatoria electoral.

El resultado de las elecciones españolas; significó que Sánchez a pesar de perder la elecciones, pasó de probable presidente saliente a posible aspirante a formar otro gobierno, además, prácticamente aniquiló la posibilidad de que un partido de extrema derecha formara parte de otro gobierno europeo, como habían previsto los encuestadores con una coalición PP-Vox por lo que la falta de un resultado claro ensombrece la actual presidencia española del Consejo de la Unión Europea y esto amenaza con inquietar a los mercados.

En un discurso en la sede del PP, Núñez Feijóo insistió en que su partido ganó y tratará de evitar la incertidumbre hablando con todos los partidos dispuestos a formar gobierno. Es claro que el Rey Felipe VI invitará ahora a Feijóo a intentar formar gobierno, pero recordemos que en una situación similar en 2015, el entonces líder del PP, Mariano Rajoy, declinó la invitación alegando que no podía reunir los apoyos necesarios, pero si Feijóo declina, el Rey podría dirigirse a Sánchez con la misma petición. En España la ley no fija un plazo para el proceso, pero si ningún candidato obtiene la mayoría en los dos meses siguientes a la primera votación para la presidencia del Gobierno, deberán celebrarse nuevas elecciones.

Es claro que históricamente en España; la participación subió, con un 70.40%, frente al 66.23% de las últimas elecciones de 2019, por lo que la democracia sale fortalecida derivado a esa gran participación, sin embargo, la fiesta democrática quedo paralizada por la incertidumbre para formar coaliciones y hacer gobierno.

En este caso histórico español; el ganador no puede hacer gobierno porque no tiene mayoría y el perdedor tiene una mínima alianza superior a la oposición, pero tampoco puede hacer gobierno porque no le alcanza el número de escaños para lograrlo.

Ayer domingo fue cardiaco; ya que a medida que se iban conociendo los resultados, el ambiente de júbilo en el exterior de la sede del PP, se fue tornando en ansiedad, ya que la distancia con el PSOE se mostraba escasa, mientras tanto en la sede del PSOE se exclamaba "Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos".

Así; Feijóo podría intentar convencer a los partidos más pequeños para que respalden una coalición PP-Vox, sin embargo, muchos parecen reacios a apoyar el ascenso de un partido de extrema derecha como VOX y Sánchez tiene más opciones para negociar, pero aún puede tener dificultades para reunir una mayoría, ya que sus posibles aliados buscan concesiones muy exigentes y extremas a cambio de su apoyo.

El escenario actual español no es nada alentador ya que el PSOE dependería en gran medida de los partidos independentistas catalanes Junts y ERC o de los separatistas vascos de EH Bildu. Es así que el PSOE tratará de reeditar el Gobierno de coalición tras frustrar la mayoría PP-Vox, pero Junts dijo recientemente que buscaría una nueva votación sobre la independencia de Cataluña a cambio de su apoyo a una coalición, mientras que el expresidente catalán Carles Puigdemont, de Junts, aseguró que no apoyaría ni a Sánchez ni a Feijóo.

Es así que con 170 escaños, la derecha (PP y UPN) y la extrema derecha (Vox) se han quedado a un puñado de escaños de la mayoría absoluta, que pronosticaban las encuestas, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición ultraizquierdista Sumar se quedaron con 153 escaños, pero cuentan con una paleta de apoyos más amplia, repleta de tintes nacionalistas y separatistas, con los que, matemáticamente, podrían superar el umbral de los 175 escaños. Por otra parte; el Senado es intensamente azul y tiene el poder de bloquear una parte importante de las políticas del Gobierno, de tal suerte que el presidente del Gobierno saliente de Pedro Sánchez, sale paradójicamente fortalecido, toda vez que su partido ha ganado dos escaños y silencia las voces que reclaman una nueva dirección, lo podrá bloquear el Senado pero Sánchez se enfrentará también ahora a semanas de arduas negociaciones para tratar de persuadir y apaciguar a todos y formar lo que algunos han denominado un 'Gobierno Frankenstein'.

En sí; la situación de España actualmente no pinta bien, ya que es muy difícil que lleguen a un acuerdo, como es muy difícil que se forme un nuevo Gobierno minoritario y solo se puede ver una sola solución, la convocatoria de nuevas elecciones antes de final de año.

Estas polarizaciones en España; también son vividas en otros países como México, que no es la excepción, por lo que frente a una sociedad harta del miedo que paraliza, somete y divide, la política mexicana, ya se alzan voces que proponen una estrategia que apueste por la reconciliación, acercar los extremos, conformar equipos donde el mérito y la capacidad cuenten para integrar planes de gobierno y agendas legislativas comunes y sin duda, alguna de las alianzas electorales deberán evolucionar hacia gobiernos de coalición, pero sobre todo a mecanismos que permitan incluir a las y los ciudadanos.

Recordemos que en las últimas tres décadas, antes de 2018, el presidencialismo mexicano tuvo un dinamismo inusitado, ya que pasó de una hegemonía casi absoluta en los poderes federales, gubernaturas y sistema de partidos, a un proceso de liberalización política e institucional. En el momento que cambiaron las reglas de acceso al poder y competencia partidista, es decir, que otros partidos distintos al PRI pudieron acceder a cargos de representación popular, también se incentivó de manera paralela la participación ciudadana. Los llamados gobiernos divididos o con mayorías, mostraron que es posible mantener la autonomía de cada órgano en la medida en que sus facultades les permiten hacer un adecuado contrapeso político. En dicho escenario, la dinámica legislativa se avivó, ya que para llegar a acuerdos hubo que recurrir al consenso y la negociación.

En este periodo, las instituciones se fortalecieron y se complementaron con la creación de organismos autónomos creados para el mismo fin.

Pero la etapa de gobiernos divididos también cambiaría cuando en 2018 se configuró nuevamente un gobierno unificado que busca ser partido hegemónico, es decir, que un mismo partido controle la presidencia, ambas cámaras y la mayoría de los gobiernos estatales y municipales. En la práctica, éste ha derivado en una concentración del poder político en el presidente de la república, quien no ha desestimado la posibilidad de echar mano de este recurso político.

Al analizar la relación entre el ejecutivo y el legislativo, bajo la máxima de separación de poder y los contrapesos que deben imperar, encontramos que el legislativo ha perdido, en cierta forma, su autonomía al estar el partido mayoritario subordinado a los mandatos del presidente. Lo anterior se observa en la aprobación sin cuestionamientos que Morena realiza a toda propuesta del presidente, por lo menos en el primer trienio de gobierno, por qué en el año 2021, Morena perdió la mayoría en el Congreso de la Unión, y al tener menos diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le tocó gobernar de forma diferente en México en esta segunda mitad de su sexenio.

Sumado a lo anterior, la oposición, salvo casos específicos, ha logrado ejercer una acción de control político sobre el ejecutivo. Por otro lado, también se observa un incremento considerable en la labor del poder judicial respecto a las acciones ejecutivas, lo que ha provocado en algunos casos un clima ríspido entre ambos poderes.

En México, gran parte de la sociedad sabe que salir del pantano en que están sumergidos será difícil y llevará años. Es por eso que ésta; tal vez sea, la oportunidad de consolidar una coalición, que de forma política al anhelo de una sociedad y construir un camino al diálogo institucional entre el gobierno, las fuerzas políticas representadas en el congreso y la ciudadanía.

México debe dar la lucha contra el atraso, la apatía y el autoritarismo que está marcando el rumbo de este país, un país polarizado que le está costando el futuro de las próximas generaciones.

Desde el gobierno de López Obrador se venden la idea de que, para construir un mejor México deben estar en un solo bando, que para participar deben estar de un lado o de otro, les venden la idea de que dividir es sumar, y aquel que no coincide o piensa distinto se le señala como adversario y se le acusa de no querer a México.

El problema con esta estrategia es que cada vez más el gobierno, los partidos y las y los ciudadanos se alejan más, los datos están frente a nosotros, en las recientes elecciones que se observó que fue el abstencionismo el gran ganador, por esta razón, la responsabilidad la deben asumir primero quienes se dedican a la política, demostrando que la solución está al alcance, actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado de México ya prevén el reconocimiento de los Gobiernos de Coalición; sin embargo, aún hace falta una legislación reglamentaria donde se establezcan normas y compromisos recíprocos, se especifiquen las causas de disolución, los nombramientos en el gabinete y se puedan definir los contenidos del programa de gobierno y la agenda legislativa de conjunto.

Hoy más que nunca es necesaria la creación de una garantía de inclusión, que sin excesiva reglamentación, siente las bases de un equilibrio político y asegure la gobernabilidad democrática.

El gobierno de coalición es una alternativa de gobernabilidad democrática en el que se suman los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión y el Partido en el Poder a fin de coaligarse de forma efectiva produciendo una agenda conjunta en la que compartan la toma de decisiones, las responsabilidades política, jurídica y administrativa del peso que implica organizar y dirigir el gobierno del Estado. Es muy, muy probable, que en las elecciones mexicanas de 2024 no se repetirá que algún candidato  presidencial obtenga más del 50 por ciento de la votación y será necesario que el ganador llegue a acuerdos con otros partidos para tener gobernabilidad en el país si también el congreso y el senado quedan divididos y sin mayoría.

A lo largo de la historia de México, preponderantemente los gabinetes presidenciales se han formado, casi en exclusiva, con miembros del partido político del titular del poder Ejecutivo de la Unión.

El gobierno de coalición puede abrir la posibilidad de que varios partidos políticos y sus respectivos grupos parlamentarios sean corresponsables en la operación y decisiones cotidianas del gobierno, no sólo a través de su respaldo legislativo, sino también con la participación de sus militantes como titulares de Secretarías de Estado que forman parte del gabinete presidencial.

En México hemos tenido múltiples experiencias de coaliciones electorales, pero éstas, más allá de si cumplieron o no su propósito de ganar elecciones, no han sido la vía para la creación de mayorías estables en las Cámaras del Congreso de la Unión a partir de consensos y programas de gobierno de amplio espectro. En consecuencia, el Ejecutivo ha tenido que echar mano de otros mecanismos que posibiliten los acuerdos que necesita para no quedar paralizado, por ello, el gobierno de coalición sería un instrumento para la gobernabilidad democrática, una vía adecuada para modernizar su sistema presidencial.

Se dice y se dice bien que las elecciones son únicas e irrepetibles. En ese orden de ideas, es una realidad que el fenómeno Xóchitl, es una nueva fuerza opositora que oferta a la ciudadanía una opción que emociona y motiva a votar en las próximas elecciones de 2024, que podría impulsar un efecto que repercuta también en la elección de las nueve gubernaturas, congresos locales, alcaldías, regidurías y el Congreso de la Unión, si la oposición es abanderada por Xóchitl Gálvez, podría dar la sorpresa de ganar la presidencia y sacar a MORENA del Poder Ejecutivo Federal, pero no necesariamente podría tener la mayoría en el Poder Legislativo y se enfrentara a que la mayoría de los gobernadores son de Morena.

Por lo anterior; es necesaria una alianza que conforme una unión de fuerzas políticas de oposición, pero no por ser necesaria sería suficiente, porque es claro que el partido que está en el poder presentará su alianza sumando a los partidos que ya lo han acompañado y a todos los que pueda para competir en la contienda electoral del año próximo, por lo que, para que haya una alternativa real, se requerirá que las fuerzas opositoras también se coaliguen de forma amplia y robusta. Sin embargo, no es suficiente, porque la gente hoy exige que además de proponer ideas y candidatos de unidad que eviten la división del voto de oposición, se den garantías de que su agenda estará presente en las decisiones públicas, es decir, demandan elementos de convicción que les permitan saber que son tomados en cuenta en la construcción de la agenda de gobierno para mejorar su calidad de vida y que no solo se les quiere por el voto para ganar la contienda.

Así lo ha propuesto el Senador Miguel Ángel Mancera, quien señala que para satisfacer esa exigencia, considera que se debe complementar la alianza con una figura cuya regulación y diseño viene desarrollándose desde el año 2000, refiriéndose al Gobierno de Coalición. 

El gobierno de Coalición dice Mancera; los compromisos van por escrito y el poder es una cuestión compartida en vez de ser ejercido por una sola persona. En esta forma de organizar un gobierno, todas las fuerzas políticas integrantes de la alianza son las primeras interesadas en que el gobierno cumpla lo prometido. Así, se permite atender las causas de la sociedad, mientras que renueva la confianza entre partidos, autoridades y ciudadanía, generando gobernanza.

El gobierno de coalición debe ser una causa para ir a las elecciones de 2024, pues ya es tiempo de dejar de hablar en singular para empezar a hablar en plural y aunque aún faltan unos meses para la contienda electoral, es necesario que ser claros con las causas y que las haga suya la ciudadanía para que, con el mismo ánimo con que se exigió el respeto al INE, ahora se exija el Primer Gobierno de Coalición en México.

Mancera también ha dicho que entiende la postura de Movimiento Ciudadano de mantenerse al margen de unirse a las diferentes coaliciones a un año de las elecciones y espera que para finales del año 2023 puedan cambiar el planteamiento el partido naranja.

Los partidos que ganan las elecciones lo suelen hacer tras formar coaliciones negativas. Tienen más un voto coyuntural y prestado que verdaderas adhesiones, con escaso apoyo en parlamentos fragmentados y polarizados, con consensos reducidos o inexistentes. No cuentan con la paciencia, ya agotada, de unas sociedades golpeadas por una década de bajo o nulo crecimiento (incluso decrecimiento), aumento de la pobreza y deterioro de las expectativas. Más allá de liderazgos propios del caudillismo carismático (López Obrador), bonapartista (Bukele) o dictatorial (Ortega y Maduro), se suceden gobiernos amenazados por la moción de censura o autogolpe (Perú), la muerte cruzada (Ecuador), la disolución del pacto (Bolivia y Honduras) o de la coalición (Chile) gubernamental.

La estabilidad uruguaya es una rareza inexistente entre los gobiernos de izquierda que ocupan el poder desde 2021. En algunos casos se producen crisis institucionales como la de Perú de finales de 2022. En otros, la crisis no llega a esas proporciones, pero los gobiernos están lastrados por su reducido margen de acción. América Latina está atrapada en un círculo vicioso de unas mareas que se activan y desactivan con el incremento de la frustración social tras los estallidos sociales como los de 2019 y, sobre todo, del voto de castigo al oficialismo.

América Latina será el escenario renovado de un gran juego geopolítico entre las grandes potencias mundiales. EEUU, China, la UE y Rusia, por lo que debe dejar de ser de una región periférica para ser internacionalmente relevante, con nuevas alianzas estratégicas y eso será posible si consolida sus gobiernos de coalición que impedirán el bloqueo de su propio desarrollo.

En las últimas décadas, el presidencialismo latinoamericano ha experimentado una serie de cambios derivados de los procesos de democratización. El fortalecimiento de la oposición, la regulación de los sistemas electorales, la aparición de una sociedad civil más participativa, entre otros, ha permitido reorganizar las estructuras para adecuarla a las demandas de la sociedad actual.

En algunos casos se ha logrado, incluso, avanzar en el proceso de incorporación de mecanismos de democracia directa que incluso postulan la posibilidad de retirar al presidente de su cargo, lo que comúnmente se conoce como “revocación”. Este escenario es particularmente interesante, si consideramos que el modelo original estadounidense no tiene esa previsión, lo que incorpora el llamado recurso del impeachment, que implica un proceso de destitución del presidente, pero llevado a cabo por el Senado y la Cámara de Representantes.

Si bien no es objeto del presente artículo detallar normativamente los cambios que el régimen presidencial ha sufrido en América Latina, sí lo es denotar que en el caso mexicano se ha experimentado un proceso de transición y cambio cuya tendencia es la conformación de gobiernos de coalición.

Quedan varias aristas que analizar, tanto en la relación del ejecutivo y los otros poderes, como con el resto de los actores políticos, entre los cuales destacan los organismos autónomos, cuya creación como ya se mencionó, obedeció a la necesidad de desconcentrar el poder político y dotar al presidencialismo mexicano de mayor legitimidad.

Lo más importante de la implementación, adopción y funcionamiento de un gobierno de coalición en México, es que este refleje beneficios palpables por la ciudadanía comparativamente mejores y mayores respecto con los observados en los pasados gobiernos divididos. Esto no solo en temas coyunturales sino en un amplio espectro de las políticas públicas. Los gobiernos de coalición no representan una solución en sí mismos para todos los temas que aquejan al país: corrupción, impunidad, inseguridad, desempleo, desigualdad (por mencionar los principales) pero sí pueden configurarse en facilitadores para su atención.