Imagen: Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH
Cada 9 de agosto se conmemora del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este año Naciones Unidas plantea como tema central de la fecha la situación de los jóvenes indígenas y el papel que están llamados a jugar no solamente en relación con sus colectividades sino en el futuro de un mundo asediado por graves crisis, como la del cambio climático.
En el Perú la deuda con los pueblos indígenas es una cuenta que se amplía en lugar de saldarse. Solo para hablar de lo contemporáneo, sin remontarse atrás en la historia, está pendiente todavía hacer justicia y actos de reconocimiento por las graves afectaciones producidas durante el conflicto armado interno. Como se sabe, la Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló en su informe final, del que pronto se cumplirán veinte años, que el 75 por ciento de las víctimas fatales habían sido indígenas. Pero, además, a la cuenta de las víctimas de muerte o desaparición se suman las violaciones de derechos colectivos como, por ejemplo, los arrasamientos de comunidades perpetradas por Sendero Luminoso. En dicho informe la CVR insistió en que el racismo contra la población indígena había sido un factor gravitante en las violaciones de derechos humanos cometidas por las organizaciones subversivas y también por el Estado.
A eso se han sumado desde que se inició este siglo nuevos desafíos que se alimentan mutuamente. Está por un lado el auge de las industrias extractivas, una actividad en la que el Estado nunca se ha decidido realmente a poner por delante los derechos culturales y territoriales de las poblaciones indígenas. Por el contrario, al mismo tiempo que crece una legislación que ampara tales derechos, el Estado descuida su implementación. En este marco los procesos de consulta previa tienen una importancia central, y deben ser fortalecidos antes que debilitados, como tiende a suceder. Como se señala en una nota de Andrea Domínguez y Daniela Pulido en esta edición de nuestro boletín “respecto a los procesos de consulta previa, dentro de los diversos retos pendientes, se encuentra el seguimiento transparente y público a los acuerdos arribados y de obligatorio cumplimiento, en el marco de procesos de consulta previa ya concluidos”. Por otro lado, hay que resaltar como una circunstancia especialmente grave la violencia contra líderes defensores de los derechos de pueblos indígenas, que ya ha resultado en numerosos asesinatos frente a los cuales no se encuentra una acción diligente de la justicia ni vigorosos mecanismos de protección.
No hace falta decir que esta situación se agrava por el fenómeno del cambio climático a cuyos efectos la población indígena es particularmente vulnerable en dos sentidos por lo menos: primero, porque su vinculación con el entorno natural y su dependencia de él son más intensas que para otras poblaciones, de manera que todo desequilibrio las perjudica más fuertemente; y segundo, porque estos cambios los encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a la situación pobreza y marginación en la que han sido relegadas secularmente por el Estado.
Estamos, como decimos, ante una acumulación creciente de incumplimientos, perjuicios e inclusive regresiones en un contexto en el cual nuestro sistema político se encuentra atascado y no ofrece respuestas prácticamente a ninguna de las grandes y verdaderas necesidades de la población.
