Una vez más, se le presenta a Colombia la posibilidad de poner fin a casi 50 años de conflicto civil. Si bien la gran mayoría de la opinión pública colombiana quiere ver la paz, para ellos y especialmente para sus hijos, los enemigos de las negociaciones parecen ser fuertes, y son altos los riesgos inherentes a este proceso de paz.
Tan pronto como asumió el cargo en agosto de 2010, el presidente Juan Manuel Santos comenzó a explorar las posibilidades de una negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En agosto de 2012, anunció al país que se adelantaba un diálogo exploratorio con los representantes guerrilleros en Cuba. Las negociaciones formales comenzaron en octubre de 2012, en Oslo, la capital de Noruega. Estas conversaciones continúan en La Habana, Cuba. Según los dos equipos de negociación, hasta ahora se han logrado algunos avances.
Este artículo hace parte de una serie sobre los retos del proceso de paz con las FARC en Colombia. Vea la serie completa aquí. También puede descargar el PDF completo.
El Presidente Santos ha apostado gran parte —si no todo— de su capital político en estas conversaciones. Pero éste se erosiona, con la continuación del conflicto civil y con los continuos ataques de opositores al proceso, como el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que no pierden oportunidad de socavar el proceso. El apoyo público comienza a disminuir.
Las conversaciones enfrentan serios obstáculos, pues casi cinco décadas de conflicto civil han arraigado posiciones, polarizado la sociedad y dejado innumerables víctimas. Pero incluso si las negociaciones llegan a buen término, existe el riesgo de que algunos elementos de las FARC se nieguen a entregarse, o simplemente se criminalicen y conserven millones de dólares, que financian en la actualidad la lucha revolucionaria. En efecto, es inevitable que algunos guerrilleros se criminalicen.
Las FARC financian su lucha mediante una variedad de actividades criminales. A diferencia de las luchas revolucionarias de Centroamérica en las décadas de 1980 y 1990, las FARC nunca recibieron ayuda significativa de Cuba o la Unión Soviética. Las FARC siempre se han autofinanciado; y de hecho es posible que se hayan convertido en el movimiento insurgente más rico del mundo. Las FARC han sido acusadas de ser una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del planeta, pero esto es sólo parte de la historia.
Los ingresos provenientes de la venta de base de coca, cocaína, heroína y marihuana, ciertamente les proporcionan a los guerrilleros un gran porcentaje de sus ingresos. Con el abandono de los secuestros extorsivos (uno de los requisitos del gobierno para sentarse en la mesa de negociación), las FARC han aumentado la extorsión en todo el país, y han diversificado su recaudación de fondos para incluir la minería aurífera.
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No hay cifras confiables sobre el total de los ingresos anuales de las FARC. No obstante, el mantenimiento de 8.000 combatientes armados —y aproximadamente 30.000 milicianos urbanos— puede costar alrededor de US$200 millones al año. Se estima que las ganancias de las FARC exceden esa suma, aunque es poco probable que todo este dinero termine en las arcas de la guerrilla. En términos de recaudación de fondos, lo único que diferencia a las FARC del crimen organizado es la ideología, y el hecho de que las ganancias son —en su mayor parte— invertidas en la causa guerrillera.
Sin embargo, el dinero no es la única motivación para que algunos de los combatientes de la guerrilla lleguen a criminalizarse o se nieguen a entregar sus armas. Los guerrilleros de las FARC tienen un estatus en sus comunidades, predominantemente rurales; y si bien muchos tienen poca o ninguna educación formal, son respetados e incluso venerados. Por eso, la idea de convertirse en agricultores o en guardias de seguridad en una ciudad desconocida les puede resultar poco atractiva. Los combatientes que controlan las unidades sobre el terreno, donde se cultiva la hoja de coca o se extrae ilegalmente oro, no son los actores políticos que podrían tener un rol destacado en una situación de post-conflicto. Algunos apenas saben leer y nunca han estado en una ciudad, pero dirigen ejércitos de hombres y mujeres, y ganan grandes sumas de dinero.
Con el desmantelamiento de los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, y la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las FARC son el ejército ilegal más poderoso aún en pie. Si los guerrilleros, o incluso los auxiliadores del grupo, deciden entrar en el negocio por sí mismos, podrían convertirse rápidamente en el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Escenarios posibles
En este documento se explorarán tres escenarios de una posible fragmentación de las FARC y la posible criminalización de los elementos de la organización.
1. El primer escenario posible es durante las negociaciones, donde los elementos de las FARC deciden que sus intereses no están siendo representados o que la dirección está “vendiendo la organización”. Hay un precedente de esto, cuando una facción del Ejército Popular de Liberación (EPL) se negó a hacer parte de las negociaciones que concluyeron con la desmovilización de ese grupo en 1991.
2. El segundo escenario se da una vez se negocie un acuerdo de paz, pero donde algunos elementos guerrilleros creen que es indigno, no justifica el sacrificio de aquellos que ya murieron en la lucha revolucionaria, o que es preferible continuar la lucha armada. Hay un riesgo aquí si los intereses de unidades o líderes particulares no han sido abordados durante las conversaciones.
3. El último escenario se da una vez se firme un acuerdo, y después de que ocurra la desmovilización de la guerrilla, donde elementos de las FARC se criminalicen, regresando a las mismas actividades que desempeñaban anteriormente, pero conservando ahora el dinero para sí mismos. El ejemplo de las AUC después de 2006 constituye un fuerte precedente, con el regreso de numerosos ex paramilitares —e incluso unidades enteras—al mundo ilegal, particularmente el del narcotráfico.
Durante las negociaciones de paz anteriores, nunca hubo una preocupación importante por la fragmentación de las FARC. ¿Qué ha cambiado y por qué las condiciones son diferentes en 2013?
Parte de la respuesta radica en el hecho de que las condiciones ahora son más propicias para la paz de lo que habían sido en el pasado. En 1999, cuando se llevaron a cabo los últimos diálogos de paz, las FARC estaban en la cumbre de su poder. Habían infligido una serie de derrotas al ejército colombiano y cercaban las principales ciudades, como Bogotá, Medellín y Cali. Habían pasado de la tradicional guerra de guerrillas a una guerra de movimientos y, de acuerdo con el plan estratégico de las FARC para 1982, planeaban desplazarse a una guerra de posiciones, para dividir el país en dos a lo largo de la línea de la Cordillera Oriental (la Cordillera de los Andes) y moverse hacia Bogotá. Las FARC negociaban desde una posición de fuerza y creían que la toma del poder por la fuerza de las armas era una posibilidad real. Nunca negociaron en serio.
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No obstante, es precisamente la destrucción del liderazgo de las FARC, y en particular de sus líderes más comprometidos e ideológica y políticamente activos, lo que ha aumentado el riesgo de fragmentación y criminalización de los elementos de la guerrilla. A esto se le suma un debilitamiento de la estructura de mando y un desglose de las unidades, a menudo en grupos de menos de seis combatientes, lo que inevitablemente tiene un efecto en la disciplina. Luego está la existencia de los acuerdos, y tal vez incluso las alianzas, con los grupos narcotraficantes de nueva generación, que nacieron después de la desmovilización de las AUC, conocidos por el gobierno como “Bacrim” (bandas criminales).
Desde el final de la zona de distensión en 2002, las FARC no han sido capaces de mantener campamentos centralizados y los nuevos reclutas no han experimentando el mismo entrenamiento militar —y mucho menos la formación política— de sus predecesores. Por otro lado, los elevados índices de deserción han demostrado la debilidad ideológica de muchos miembros de las FARC. Todo esto significa que el gobierno está lidiando con unas FARC muy diferentes a las de 1999, y más aún si se compara con la organización que se sentó durante las negociaciones previas, en los años ochenta y principios de los noventa.
Hay varios factores que pueden llevar a las unidades de las FARC a separarse o criminalizarse, los cuales serán explorados en este documento:
Falta de contacto con el Secretariado o incluso con los comandantes del Bloque
Vínculos cercanos con las Bacrim u otros grupos criminales
Presencia de cultivos de coca, marihuana o amapola en la zona de operación
Participación en la exportación de drogas
Ubicación en las zonas de frontera o en puntos potenciales de embarcación de cargamentos de droga
Presencia de la minería ilegal de oro en la zona de operación
Falta de instrucción política o ideología dentro de la unidad
Falta de representación de los intereses por parte de los negociadores
Falta de liderazgo, disciplina y entrenamiento
Hay un riesgo significativo de separación o criminalización de los elementos de las FARC. El gobierno debe ser consciente de esto durante las negociaciones de paz, una vez haya sido firmado un acuerdo, y más aún, si la guerrilla se desmoviliza. Este riesgo debe ser analizado, deben tomarse medidas para prevenir la ruptura de la cohesión interna de la guerrilla y para asegurar que cualquier fragmentación o criminalización no arruine las posibilidades de poner fin a casi cinco décadas de conflicto civil.
Este artículo hace parte de una serie sobre los retos del proceso de paz con las FARC en Colombia. Vea la serie completa aquí.