Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe

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Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe...

O. La Agenda 2030 y el entorno externo La movilización de los recursos externos e internos deberá ser un pilar clave de la arquitectura del financiamiento para cumplir con los desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, esto no significa que la responsabilidad del proceso de desarrollo deba recaer únicamente en las políticas nacionales. El principio aplicable es, más bien, el de responsabilidades comunes pero diferenciadas: los países deben asumir una mayor responsabilidad con respecto a su propio desarrollo y tomar el timón de su propia agenda para el desarrollo. Al mismo tiempo, los medios de implementación requieren, además, un entorno externo favorable para afrontar y reducir las asimetrías existentes. En una región tan heterogénea como América Latina y el Caribe, las estrategias de movilización de los recursos internos han de tener en cuenta esta heterogeneidad. En algunos países, como los pequeños Estados insulares en desarrollo, el tamaño de la economía es una restricción considerable para la movilización de los recursos internos. Además, un nivel adecuado de movilización de los recursos internos es una condición necesaria para lograr que la arquitectura del financiamiento para el desarrollo pueda satisfacer eficazmente las necesidades de desarrollo de los países, pero no es suficiente. Las estrategias de movilización de los recursos internos deben integrarse en el contexto más amplio de un entorno externo favorable. Esto requiere un cambio profundo de los medios de implementación, incluidos el sistema financiero, el sistema de comercio internacional y las condiciones que regulan la transferencia de conocimientos y tecnología de los países desarrollados a los países en desarrollo. Para gobernar el actual proceso de globalización, la arquitectura financiera nacional, regional y mundial debe hacerse cargo de sus tres grandes desafíos: promover una mayor estabilidad financiera como bien público global; mejorar la estructura de la gobernanza de las instituciones financieras multilaterales, que es asimétrica en cuanto a la representación y participación de las economías emergentes y de los países de renta media, y ampliar su limitada capacidad de canalizar recursos para financiar un desarrollo inclusivo y sostenible. La producción y el comercio mundiales están cada vez más organizados en redes de producción y acuerdos megaregionales. Los acuerdos megaregionales representan cerca del 70% del comercio de América Latina. Este tipo de acuerdos, que cubren distintas regiones del mundo, son complementarios entre sí, ya que comparten los mismos principios de base y se sustentan en la misma normativa. Por una parte, su aparición implica un proceso de unificación de la gama existente de acuerdos de libre comercio (el llamado “plato de espaguetis”) y, por la otra, apunta a una tendencia evidente hacia la concentración del poder de decisión sobre las reglas globales de comercio e inversión en las economías desarrolladas, que lideran estos acuerdos. Esta nueva organización del comercio es compleja y engloba múltiples flujos de bienes (especialmente productos intermedios), servicios, inversiones, información y personas. De ahí que las barreras aplicables a este tipo de comercio sean cada vez más regulatorias y menos arancelarias. Estos cambios pueden tener un impacto negativo en la región, producto de la desviación del comercio y la inversión y de la imposición de nuevas normas y requisitos. Es preciso generar nuevas reglas multilaterales que respondan a esta nueva configuración del comercio y la producción. Dichas reglas habrán de regular la transferencia de tecnología con miras a favorecer su adopción por parte de los países en desarrollo. El entorno externo debe reflejar la importancia de las economías en desarrollo en la estructura de la gobernanza internacional, evitar la discriminación en el acceso al financiamiento, garantizar la estabilidad como bien público mundial, mejorar la participación de los países en desarrollo (incluidos los países de renta media) en el comercio internacional y brindar oportunidades para disfrutar de la adquisición y transferencia de tecnología y conocimientos.


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