Yolanda Vargas: a un año de la tragedia, exigimos su inmediato desprocesamiento

Ha pasado un año del incendio en la casilla de Yolanda Vargas, en Colonia Santa Rosa, Orán, en el que murieron sus hijos Melani y Thiago. Además del calvario por la pérdida de sus hijos, nuestra compañera ha emprendido una verdadera batalla contra la justicia de Salta y el conjunto del régimen político que pretende responsabilizarla.

El incendio se produjo en el mediodía lluvioso del 9 de febrero de 2021. A media tarde, Yolanda ya se encontraba detenida en la penitenciaría de la ciudad de Orán, en menos de 24 horas pesaba sobre ella la imputación por “abandono de persona, seguido de muerte agravada por el vínculo”. La fiscal de graves delitos y atentados contra las personas de la ciudad de Orán, Claudia Carreras, accionó con celeridad para señalar a Yolanda como la responsable por la muerte de sus hijos, en una casilla de madera, lonas y plástico, en un asentamiento sin servicios, en donde los cables que cruzan las chapas, que van y que vienen, no soportaron las descargas de tensión habituales y estallaron.

La fiscal Carreras violó los procedimientos judiciales que -desde el inicio de la causa- se caracterizaron por su irregularidad. Forzaron a Yolanda a declarar sin un abogado defensor, en estado de shock. Carreras basó su imputación en “testimonios anónimos” que luego de un año de abierta la causa, no fueron corroborados por ninguna persona de carne y hueso. La fiscal mantuvo detenida a Yolanda durante 23 días hasta que la inmensa movilización popular, desarrollada desde Colonia Santa Rosa por los compañeros del Polo Obrero Tendencia, junto a los vecinos y familiares de Yolanda, y que rápidamente ganó la solidaridad de centenares de organizaciones sociales y políticas a nivel nacional e internacional, lograron imponer su libertad.

El juez interviniente, Francisco Oyarzu, desestimó los reiterados pedidos de desprocesamiento presentados por el defensor legal de Yolanda. Finalmente, en septiembre de 2021 dio lugar al pedido de la fiscal de elevación a juicio oral y público contra Yolanda. Sin pruebas que confirmen sus acusaciones, y en el marco de un procedimiento judicial plagado de irregularidades, el juez a cargo todavía no ha puesto fecha al inicio del juicio. La operación judicial para responsabilizar y condenar a Yolanda tiene la huella digital de un régimen político que condena a la tragedia y hasta a la muerte a las familias obreras, arrojadas a la desocupación, a la miseria social, a la falta de acceso a una vivienda.

Salta tuvo una cifra récord de incendios en casillas y viviendas precarias en el último año. Sólo 45 incendios se produjeron durante los meses de bajas temperaturas entre julio y agosto de 2021. En los primeros días de febrero de 2022 un nuevo incendio en barrio Primera Junta de la ciudad de Salta, destruyó una vivienda en la que se encontraban cinco mujeres y dos niñas, que tuvieron que ser internadas y permanecen en terapia intensiva.

Cuando la justicia de Salta pretende responsabilizar de manera individual a Yolanda, encubre las verdaderas condiciones de miseria y pobreza en las que vivimos las trabajadoras y nuestros hijos. En el marco de la pandemia en Salta se perdieron más de 120 mil puestos de trabajo. La provincia encabeza los índices de precariedad laboral, con más del 50% de su masa laboral en condiciones de informalidad. Según el INDEC, Salta supera la media nacional, más del 40% de la población está debajo de la línea de la pobreza y en el caso de los niños, esta cifra supera el 60%. En enero el norte provincial volvió a ser noticia por la muerte de 7 niños por desnutrición.

El juicio contra Yolanda busca responsabilizar a los centenares de miles de trabajadores de nuestra propia miseria como si fuera una causa individual. La lucha por su desprocesamiento refuerza un campo de batalla cimentado por los propios trabajadores, para poner en el banquillo de los acusados a los verdaderos responsables de las tragedias que sufre nuestra clase.