Panamá, 9 feb (EFE).- El proyecto de ley que contempla la reducción de pena a cambio de la confesión encara su recta final en el Parlamento de Panamá y se someterá a tercer y último debate el próximo lunes 13 de febrero, explicó hoy a Efe la diputada independiente Ana Matilde Gómez.
La Ley 245 busca, entre otras cosas, introducir la llamada "delación premiada" en el sistema inquisitivo mixto, un procedimiento judicial que se aplica exclusivamente en los delitos cometidos antes del 2 de septiembre de 2016.
Para los casos en los que se juzgan delitos cometidos después de esa fecha, se aplica el Sistema Penal Acusatorio (SPA), un sistema procesal penal más transparente y garantista que sí contempla estos acuerdos de pena, vigentes en otros países latinoamericanos.
"Cuando se apruebe esta ley, vamos a contar con la misma herramienta que tiene el SPA para celebrar acuerdos de pena y de colaboración eficaz, que ha demostrado ser muy eficiente en la persecución criminal de delitos de corrupción", indicó la diputada independiente.
La iniciativa legislativa fue aprobada la noche del miércoles en segundo debate en la Asamblea Nacional, después de semanas de discusión, añadió Gómez.
El proyecto fue presentado por primera vez en septiembre de 2015 por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, pero el debate se suspendió hasta que se volvió a retomar en enero de este año poco después de que en EE.UU. el caso Odebrecht reveló que funcionarios panameños recibieron al menos 59 millones de dólares de coima entre 2010 y 2014.
En un primer momento, la ley proponía en su artículo 220 la exoneración total de la pena del imputado a cambio de que confesara, algo que se ha terminado modificando y limitando a la reducción de pena, ya que había algunos diputados que consideraban que se promovía la impunidad para los acusados de alto perfil.
La aprobación de esta ley, reclamada por el gremio empresarial panameño, afectará a importantes procesos que se siguen en el país como el de los papeles de Panamá o el de los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht e incluso los que se siguen a la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
La "delación premiada" consiste en un acuerdo alcanzado entre el investigado (acusado o condenado) y las autoridades judiciales, gracias al cual el presunto delincuente recibe determinados beneficios, como la reducción de pena, a cambio de la confesión o la prestación de información relevante, aparte de pagar multas.