Giovanni Gómez, diputado del Partido Restauración Nacional, presentó este lunes la renuncia a su inmunidad parlamentaria para enfrentar una causa penal que corre en su contra por presunta tala ilegal de árboles, un proceso por el que fue acusado penalmente por el Ministerio Público en enero de 2015.
El caso fue publicado recientemente por el medio digital ameliarueda.com, que además informó sobre una ausencia de Gómez a un juicio que estaba pactado a menos de 15 días de que el limonense se convirtiera en congresista y asumiera el fuero que impide juzgar a lo miembros de los supremos poderes.
La publicación además destacó que Gómez habría alegado motivos de salud para ausentarse a la audiencia; sin embargo, tampoco habría atendido la solicitud de una prueba médica ante la Medicatura Forense para comprobar el estado de sus condiciones clínicas.
Esta situación incluso provocó la reacción de la Fiscalía General de la República, entidad que advirtió sobre la posibilidad de tramitar una solicitud formal a la Sala III para que gestionara el levantamiento del fuero por su cuenta, de ser necesario. Ese proceso habría requerido de la venia de los restantes diputados de la Asamblea Legislativa (al menos 38).
En su carta de renuncia a la inmunidad, Gómez señaló explícitamente que el levantamiento será sólo para enfrentar la causa que se tramita bajo el expediente 13-000699-0472-PE, “en razón a los principios éticos y morales que le han caracterizado a lo largo de su vida, el respecto a los órganos jurisdiccionales del país y la seguridad de que no ha cometido delito alguno”.
La decisión la anunció el lunes tras una gira a su provincia de Limón que sostuvo el fin de semana, momento para el que únicamente había señalado que pondría su inmunidad a disposición de la fracción, aunque no consideraba los hechos lo suficientemente graves para hacerlo.
Según indicó Gómez, la ausencia al juicio (17 de abril) fue producto del proceso de recuperación por un trasplante de riñón por una cita de seguimiento; mientras que en el caso de la audiencia médica se habría debido a compromisos adquiridos como diputado electo (30 de abril), fecha en que asumió su despacho legislativo.
“Nunca he evadido mi responsabilidad, en nada y aunque se trate de una tala de dos árboles en un asunto que ni siquiera estoy implicado directo, voy a conversar con mis compañeros diputados y diputadas para evaluar los pasos por seguir”, dijo en aquel entonces.
Además, se refirió a sí mismo como la “víctima de una persecución”, término que empleó para referirse a los hechos acusados que datan de marzo de 2013, cuando habría removido —junto con otras dos personas— seis árboles de la propiedad privada de un vecino de apellidos Quirós Mora en La Lola de Batán.
Por el delito de la acusación, la Ley Forestal (7.575) establece prisión de un mes a tres años por a quien “aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado”.
La carta
