La viralización en los últimos días de una carta firmada por casi un centenar de académicos, indígenas e intelectuales, que enciende las alertas respecto a la continuidad de Chile dentro del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, volvió a poner sobre la mesa un tema que desde la elección del Presidente Sebastián Piñera en diciembre pasado ha tenido figuración en la prensa local.
“Si no usamos bien el 169, que no es un instrumento para defender a las comunidades, sino que a los pueblos originarios, es preferible salirse”, dijo Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) el 12 de enero en una entrevista a La Segunda, dichos que fueron sucedidos por los del diputado electo por Evópoli en la Araucanía, Andrés Molina, quien señaló siete días después al diario La Tercera, que el presidente electo "no estaría conforme" con la aplicación del convenio, lo que abriría la puerta a revisar su continuidad.
Estas voces son recordadas en la carta "Alerta: Los derechos de los pueblos indígenas están siendo amenazados en Chile", que continúa sumando adeptos dentro y fuera del país, ante la posibilidad de que el país decida "denunciar" el convenio suscrito y convertirse así en el primer Estado firmante en revocar su adherencia.
El Convenio 169, el cual establece entre otros puntos, que el Estado de Chile tiene el deber de consultar las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar a los pueblos originarios, y regula además materias relacionadas con la costumbre y derecho consuetudinario de los pueblos originarios, estableciendo ciertos principios sobre el uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales.
Aunque Nuriluz Hermosilla, arqueóloga, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile y vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos de Chile, está cierta de que ésta es "una herramienta más, no es la única, ni es la central", para dar apoyo a las demandas de los pueblos indígenas en nuestro país, enfatiza en que "hay que estar alerta a esta señal y a muchas otras señales, las voces que se levantan por el cierre de la CONADI, el que se haya reforzado el presupuesto para la militarización de la Araucanía, lo que están pensando los empresarios, cuáles son sus próximos pasos a seguir. Todas esas son señales que hay que ir sabiendo leer", dice Hermosilla, quien hoy llama a los arqueólogos, especialmente, a levantar la voz en este debate.
"Con el Convenio 169 pasa una cosa que está recién naciendo entre los arqueólogos, pero que debería existir desde hace mucho tiempo, que es la solidaridad con nuestros sujetos de estudios. Eso es clave porque nosotros habitualmente trabajamos con un pasado, con poblaciones que ya no existen y a través de su materialidad, los interpretamos. Pero hay una corriente que se llama arqueología del presente, que estamos trabajando con comunidades vivas y empezado a trabajar con la Defensoría Penal Pública, con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y con comunidades que nos contratan directamente o que nos piden, muchas veces gratis, que los apoyemos en sus estrategias de sobrevivencia, para estos momentos crudos que estamos viviendo", dice la académica dando cuenta de un escenario en que se asoma "una especie de segunda pacificación de la Araucanía y también el avance del extractivismo en el Norte, que significa nuevamente arrinconar a la gente o convertirlas en mano de obra, en el mismo territorio que llevan ocupando hace mucho tiempo de manera libre".
-Desde la arqueología, ¿cuál es el lugar que crees que tiene hoy el Convenio 169 en el país?
Los arqueólogos que hemos entrado en este trabajo, nos damos cuenta que el Convenio 169 es una de las estrategias en las que ellos se pueden apoyar para dar su batalla. Otra es la recuperación del patrimonio arqueológico y otros patrimonios. Yo he sido testigo de cómo el Convenio 169 es clave. O sea, si hay un grupo de vecinos que está peleando en Santiago porque no les derriben sus casas o no se las expropien, no tiene el Convenio 169. En cambio, los pueblos indígenas si lo tienen, y son derechos humanos validados internacionalmente que deben por obligación consultárselos. Además no solo se les debe consultar, sino que está explicitado cómo consultarlo. Y aquí nos enfrentamos a la misma situación que ocurrió con el Dakar: Este gobierno apenas asume y empiezan las señales de que van a denunciar el Convenio 169.
-En términos prácticos, ¿qué significa denunciar el Convenio 169?
Significa que este país se baja de la firma que asumió el 2008. Algunos funcionarios de gobierno dicen públicamente que van a bajarse de este convenio a través de la denuncia, que el 2018 podríamos denunciarlo, porque cada diez años se abre una posibilidad de hacerlo. Hasta ahora no lo ha hecho ningún país, seríamos el primero, estaríamos marcando una ruta en eso. Esto generó que desde la OIT sacaran declaraciones respecto a que Chile solo podría denunciar el convenio a partir del 2021.
-¿Y por qué sería el 2021?
Porque se dice que el convenio lo pueden denunciar los países, diez años después de que entrara en vigor, que es el año 1991. En esa fecha el convenio entró en vigor internacionalmente. Entonces como la letra dice a diez años desde que entra en vigor, es cada 10 años después de 1991. Por lo tanto, Chile y los países que lo suscribieron podrían haberlo denunciado el 2001, el 2011, el 2021. Chile pudo haberlo denunciado el 2011 cuando estaba este gobierno, pero en ese momento no tenían la política que sí están instalando ahora.
-¿Por qué es relevante el convenio para los pueblos indígenas en términos a sus demandas y desarrollo?
Lo fundamental del Convenio 169 es que se inscribe en el marco de Derechos Humanos mundiales, que es una línea que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que va en paralelo a esta avanzada extractivista conquistadora del planeta. Dentro de este marco, surge antes que las Naciones Unidas sacara una declaración sobre derechos indígenas. Este convenio de la Organización Internacional del Trabajo es una protección a los indígenas que estaban siendo sobreexplotados y arrasados.
-Y en la práctica, ¿cómo ha funcionado?
Las comunidades indígenas se han apoyado con mucha inteligencia en el Convenio 169, que obliga a los Estados que lo han suscrito a consultar los planes de desarrollo de los propios pueblos indígenas. De ahí para adelante, cualquier proyecto que se instale sobre el área indígena o que la gente lo considere, debe ser consultado. Eso es un derecho a su libre determinación, a cómo quieren desarrollarse.
-Sin embargo, no es fácil para los pueblos indígenas plantear sus demandas ante el Estado y los empresarios. En ese sentido, ¿se han hecho las consultas? ¿Les han sido útiles?
Durante el gobierno pasado se hicieron muchos de los que yo llamo simulacros. A los pueblos indígenas se los llamó a consulta por ejemplo para el nuevo Ministerio de Cultura y Patrimonio, para el Ministerio de Pueblos Indígenas, para la nueva constitución. Es decir, hubo varias consultas que se hicieron a los indígenas a nivel nacional, y eso significó que se les otorgaron recursos. Yo asistí a algunos de esos eventos y había muchos recursos, se invitó a gente de todas partes del país, representantes de pueblos indígena, pero en el fondo era algo de pantalla, algo que no se estaba realmente consultando porque no era vinculante. Eso a nivel nacional.
Por otro lado, a las comunidades que descubrieron a tiempo que existía el Convenio 169, les ha servido para que se consulten los proyectos energéticos, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, líneas de alta tensión, parques eólicos, parques fotovoltaícos. Todo esto que fue muy agresivo en términos de uso territorial en el gobierno que acaba de terminar. El ministro Máximo Pacheco dijo no a Hidroaysén, pero sí a 100 centrales de paso en la Araucanía. Todas esas centrales de paso estaban en la cordillera donde había comunidades muy frágiles, pequeñitas, entonces, de esas 100, 70 no hicieron nada, no supieron y se están construyendo las centrales. Otras, dieron la batalla, empezaron a defenderse.
-Todo eso suena a que esto sigue siendo David contra Goliat...
Sí, pero he participado en varias instancias en que, por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental en la Región del Bío Bío ha asumido que tiene que consultar a las comunidades. Entonces, pone la mesa para una consulta para determinado proyecto. Ahí invitan a las comunidades a participar, firman los protocolos de participación, en que se establecen qué se van a hacer de acuerdo al Convenio 169. Se ha llegado a prácticas maravillosas y no sé cuánto vamos a poder resistir con esto. Por ejemplo, el SEA contrata profesionales que sean de confianza de las comunidades para nivelar la cancha, porque viene un proyecto que trae un biólogo, un arqueólogo, un abogado y hace un estudio de impacto ambiental, entonces, si tú le consultas a la comunidad, ellos no tenían las mismas herramientas y por eso les contratan abogados, arqueólogos y además en algunos casos han contratado una contraparte cultural, una autoridad local en términos de sabiduría.Y ahí, esas comunidades, con estos asesores propios, bajo la supervigilancia del SEA, emplazan al que lleva el proyecto, y le dice “ya, pero muéstreme el proyecto, cómo se va a ver desde mi casa, por dónde va a pasar”. Incluso algunos han exigido saber cuánto va a ganar con ese proyecto, para poder decirle “bueno, vamos en porcentajes con las ganancias”. El Convenio 169 abrió la posibilidad a los pueblos indígenas de ser escuchados y de ser escuchados bajo ciertas normas. Eso es lo más fundamental.
-Y bajarse del convenio, ¿qué significaría?
Que no se les escuche. Y que se siga trabajando simplemente en base al dinero. Que las empresas vayan a negociar, a ofrecerles plata, y eso está lleno de trampas.