Las desapariciones de personas

Oscar García

El libro Las desapariciones de personas. Entre la degradación y la indiferencia está constituido por 11 capítulos, en los que intervienen cuatro investigadores/as consolidados y 14 en formación. Es un libro que comunica diversas miradas, con situaciones y análisis concretos, sólidamente informados. En realidad, el libro es producto de las inquietudes que han partido desde el núcleo de una serie de seminarios y discusiones teórico-metodológicas desarrolladas en el Laboratorio de Estudios sobre Violencia, del Departamento de Sociología, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Contiene enfoques diferenciados e, incluso, interpretaciones contradictorias, epistemologías encontradas que abordan espacios yuxtapuestos, algunas veces complementarios, pero siempre exigentes de una lectura desde la multiplicidad y la heterogeneidad. Es una riqueza innegable del texto. Y, en consonancia, la problemática de las desapariciones de personas es estudiada desde la sociología, la antropología, la filosofía, la educación, la comunicación y el derecho, enfocando con sus propias miradas este asunto inaplazable. En realidad, este libro está construido en un diálogo transdisciplinar. Otra virtud de este libro es que sus capítulos han sido escritos en cuatro estados de la República Mexicana. Los aportes más numerosos provienen de Jalisco, con7 análisis, Colima con 2, Sinaloa y Tamaulipas con 1. Sin embargo, al articular los procesos su origen espacial específico encontró orígenes similares, con múltiples semejanzas y analogías territoriales, lo que enriquece, además, tanto la posibilidad de tensar y desmenuzar los conceptos, como de que los lectores aporten sus experiencias y comprensión relacionadas con las DP. Esta generosidad es parte de las ciencias sociales, diferentemente empleadas en cada uno de los capítulos.

El Poder Judicial tiene un papel esencial que desempeñar en materia de prevención y sanción de las desapariciones. Se les ha de investigar de manera eficaz, desde los primeros momentos en que ocurren, y con enfoque de género o diferencial, según sea el caso. Atender la exigencia de justicia es fundamental, tanto para los familiares de personas desaparecidas, como para nosotros al tener derecho a vivir seguros. Investigar y sancionar a las desapariciones es insoslayable si queremos frenar esta práctica y violación grave a los derechos humanos, que no ha cesado de aumentar desde 2007.

De la desaparición a la permanencia. Indígenas e Indios en la reinvención del Caribe try to show the universe of the indigenous people and their descendants, beyond the moment of the contact or the initial colonization, looking for its projection towards our present. It brings texts by researchers who lead or offer data of interest in studies on these topics, which break with the exclusionary and impoverishing schemes of our ethnic and cultural universe, focusing on dichotomies. Combining academic excellence and a multidisciplinary, geographically and temporally diverse vision, it provides new knowledge and information to encourage reflection on the subject, and an opportunity to think about the Caribbean in a different way, in the effort to decolonize our history by recovering the most ignored of its actors.

Las desapariciones de personas Entre la degradación y la indiferencia David Coronado Priscilla Hernández Rodríguez Coordinadores Universidad de Guadalajara Las desapariciones de personas. Entre la degradación y la indiferencia Humanidades Las desapariciones de personas. Entre la degradación y la indiferencia David Coronado Priscilla Hernández Rodríguez Coordinadores Universidad de Guadalajara 2021 Este libro, mediante el método doble ciego, fue dictaminado favorablemente por pares académicos, Índice propuestos por el Consejo Académico de la Coordinación Editorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Respetando siempre los lineamientos de bioética imperantes a nivel internacional. Presentación David Coronado Fátima Gabriela Soto Vargas 15 I. Desde la experiencia de las personas Primera Edición, 2021 D.R. © Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Unidad de Apoyo Editorial Guanajuato 1045 Col Alcalde Barranquitas 44260, Guadalajara, Jalisco México Consulte nuestro catálogo en: www.cucsh.udg.mx La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas David Coronado Fátima Gabriela Soto Vargas Introducción Los perfiles sociales y la genética social Las hipótesis 1 y 2: el Estado y el crimen organizado La hipótesis 3: la subjetividad violenta Consideraciones finales Bibliografía 46 53 57 58 El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social Priscilla Hernández Rodríguez 65 27 27 29 ISBN: 978-607-571-401-1 Editado y hecho en México Edited and made in Mexico Introducción Recuento histórico del narco en México: expansión y consolidación en el territorio nacional La violencia y el narco como una expresión cultural Desaparición forzada y las prácticas de opresión social a través del terror Vulnerabilidad social ante la criminalidad en auge A modo de conclusión Bibliografía 65 67 72 74 81 85 86 Juvenicidio y desapariciones en Jalisco Blanca Esthela Hurtado Escoto Juan Alfonso Cruz Vázquez 89 Introducción 89 Definición de conceptos: juvenicidio y desaparición (forzada y por particulares) 90 Problematización del juvenicidio y la desaparición: ¿expresión o condición? 97 Consideraciones finales 105 Bibliografía 106 Desaparición forzada de personas en Sinaloa. Más allá de las cifras Katia Alejandra Ruiz Herrera Lourdes Nadsheli Coronado Arias Rossely Barreras Miranda Introducción Más allá de los números 109 109 109 Nuestra triste realidad La resiliencia del sobreviviente La empatía como eje de ataque ¿Estrategia de seguridad? La reacción ante la inacción A manera de conclusión Bibliografía Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas Enrique Uribe Alva Introducción Hipótesis Pregunta Definición Reflexiones La distinción El concepto Conclusiones Bibliografía La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades para resarcir los males cuando se atisba desde los intersticios de la razón Luis García Carrillo César Óscar García Rea Introducción La burocracia, un recurso para imposibilitar al otro en el acceso al Estado de derecho El estigma, un elemento para deshumanizar al otro 114 116 117 119 123 126 127 129 129 129 130 130 132 138 145 152 153 155 155 156 160 La Guerra Sucia y el papel del Estado en la desaparición de personas Guerra contra el narcotráfico Todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado se profana, en sigilo Marx observa fuera de los intersticios de la razón La permisividad, un recurso para accionar los procesos de la maquinaria que ordena y desordena el estante de la ilusión Conclusiones Bibliografía 164 170 171 173 175 176 II. Desde las instituciones de estado Políticas públicas y desaparición forzada Amado Ceballos Valdovinos Enoc Francisco Morán Torres La desaparición forzada ¿acto sólo atribuible a los órganos del Estado? Dos historias marcadas por acciones similares patentes en el tiempo En cuanto a la desaparición forzada: Los datos del Gobierno versus organizaciones no gubernamentales Políticas públicas criminales; utilidad social o mascarada que domina Dónde está la esperanza Bibliografía Capacidades institucionales y desapariciones forzadas en Jalisco. El caso de la fiscalía especializada en personas desaparecidas Juan Alfonso Cruz Vázquez Introducción Gobernanza y desarrollo institucional: gestión pública en materia de desaparición forzada Génesis de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas: alianzas, negociaciones y conflictos de intereses Capacidades institucionales de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) Conclusiones Bibliografía 197 197 199 201 203 209 211 181 182 187 190 193 195 Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas Ian Ricardo Alcaraz Hernández Introducción Antecedentes Puntos importantes de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas Un contraste con las leyes estatales de Jalisco Críticas a la aplicación de la mencionada Ley Retos que enfrenta la sociedad jalisciense para su aplicación 215 215 217 225 238 246 248 Conclusiones Bibliografía Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social Dayane Jetzabel Ortiz Torres Introducción Los derechos humanos y la teoría social Fenómenos sociales y la positivización de las normas Acción, estructura y poder Acción Estructura El problema del orden El mito del cisma La normalización de la violencia y la sociedad La reestructuración de la sociedad ante la violencia La sociedad y la estructuración El lenguaje como medio del ser social El lenguaje analizado a través de los colectivos de familiares, la sociedad y las instituciones Significado de la persona en el núcleo social La exclusión como estrategia y táctica de poder En busca de la verdad Conclusión Bibliografía 256 257 261 261 264 268 270 270 271 274 276 277 279 281 283 284 287 288 290 293 294 Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado: una mirada desde el ámbito jurídico y comunicacional Amado Ceballos Valdovinos Lizbeth López Ramírez Linda Estefany Illanes Gómez Camila Sofía Ceballos Gómez Introducción Breve repaso histórico de la desaparición forzada en México Algunas referencias preliminares en torno a la desaparición forzada La prensa, ¿una ventana a la realidad mexicana? El tardío reconocimiento de la desaparición forzada de personas como delito Bibliografía 311 318 Acerca de los autores 323 295 295 296 302 303 Presentación David Coronado Fátima Gabriela Soto Vargas Yo no perdí a mi hijo. Me lo arrebataron. Me lo quitaron unas manos frías y extrañas, escondiéndolo en las sombras. No dejaron nota de rescate ni instrucciones de a quién pedir que me lo devolvieran, a quién maldecir, ni a dónde voltear en mi lamento. Culpables las manos, la sombra, la ausencia. Cómplices todos los que miraron inmóviles, los que callaron, los que no buscaron, los que me invitaron a resignarme. Yo no perdí a mi hijo. Me lo arrebataron. Zonia Griselda y Javier Contreras El libro Las desapariciones de personas. Entre la degradación y la indiferencia está constituido por 11 capítulos, en los que intervienen cuatro investigadores/ as consolidados y 14 en formación. Es un libro que comunica diversas miradas, con situaciones y análisis concretos, sólidamente informados. En realidad, el libro es producto de las inquietudes que han partido desde el núcleo de una serie de seminarios y discusiones teórico-metodológicas desarrolladas en el Laboratorio de Estudios sobre Violencia, del Departamento de Sociología, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Contiene enfoques diferenciados e, incluso, interpretaciones contradictorias, epistemologías encontradas que abordan espacios yuxtapuestos, algunas veces complementarios, pero siempre exigentes de una lectura desde la multiplicidad y la heterogeneidad. Es una riqueza innegable del texto. Y, en consonancia, la problemática de las desapariciones de personas es estudiada desde la sociología, la antropología, la filosofía, la educación, la comunicación y el derecho, enfocando con sus propias miradas este asunto inaplazable. En realidad, este libro está construido en un diálogo transdisciplinar. Otra virtud de este libro es que sus capítulos han sido escritos en cuatro estados de la República Mexicana. Los aportes más numerosos provienen de Jalisco, con [17] 7 análisis, Colima con 2, Sinaloa y Tamaulipas con 1. Sin embargo, al articular los procesos su origen espacial específico encontró orígenes similares, con múltiples semejanzas y analogías territoriales, lo que enriquece, además, tanto la posibilidad de tensar y desmenuzar los conceptos, como de que los lectores aporten sus experiencias y comprensión relacionadas con las DP. Esta generosidad es parte de las ciencias sociales, diferentemente empleadas en cada uno de los capítulos. Al explicar, desde las diferentes disciplinas, a las DP, nos encontramos con codificaciones diversas, pero también con una zona gris en la que el lenguaje mismo se ve en problemas para definir y abarcar, con los conceptos hechos, las explicaciones de las personas que son y no están, que se convierten en una cifra más, que son una osamenta sin identificar, un cuerpo mutilado y sin rostro, de restos diluidos en ácidos de exterminio o de fosas improvisadas y en clandestinidad. La realidad es así, cruda, y la administración de justicia, más que ciega, es sorda, muda y paralítica. La alteración del orden, la angustia, el suplicio, trastocan las percepciones y crean subjetividades irreconciliables, resentidas con la realidad del entorno, a nivel individual, familiar y social. Aunque también, en el mismo marasmo que ocasiona, principalmente las madres crean subjetividades nuevas, existenciales. Amenaza, miedo, incertidumbre, dolor constante, son algunas de las formas en las que se manifiesta la violencia que sufren los grupos familiares de las víctimas. Nos vemos aquí ante una doble repercusión del fenómeno, porque su impacto lacera en todas sus acepciones a los involucrados; desgarrando, lastimando y causando perjuicio físico y moral. Sufren una tortura sempiterna. Al tiempo que también son victimizadas y revictimizadas institucionalmente. La forma de vida que hasta entonces conocían, sus rutinas, apegos, visión de mundo, se ven abruptamente alteradas por la experiencia del trauma, quedando vulnerables, llenos de frustración e impotencia acrecentadas por la inamovilidad institucional, por laberintos legales, realmente kafkianos. Y desde esas laceraciones, levantan su voz contra quienes acumulan las empolvadas carpetas de investigación, y se organizan contra el necroempoderamiento del orden económico destructivo, que se enriquece con esas desapariciones, presionan al orden jurídico, tensionan las fronteras normativas y legales; hablan del oscuro accionar del crimen organizado, de posibles connivencias. Al dolor por la pérdida de sus hijos, las madres enfrentan un duro camino que representa la búsqueda, agravado por el poco o nulo apoyo por parte de las autoridades, que en ocasiones lejos de ayudar obstaculizan los procesos, lentificando y burocratizando los trámites para levantar denuncias, abriendo carpetas de investigación que quedan estériles y sin resultados. Sus padecimientos se incrementan de modo descomunal cuando la indolencia y estigmatización de una parte de la sociedad, les cuestiona sobre las causas de la desaparición: ¿en qué andaba metido? ¿Qué hizo? ¿A qué se dedicaba? Pero la pregunta ¿por qué desaparecen? queda en el aire. Al lado del señalamiento social, normalizado en juicios que estigmatizan al desaparecido como una consecuencia lógica y merecida por su modo de existencia. Aun cuando pertenezcan al ámbito del azar, o a la lógica del detenido-desaparecido, o sean desplazados y migrantes. Como si no existiera un Estado de derecho, como si desaparecer fuera el destino aceptable para todas esas personas; como si fuera su responsabilidad individual. Múltiples son los factores por los que puede desaparecer una persona, el momento inadecuado en el lugar equivocado, un accidente de tránsito, catástrofes naturales, migraciones y desplazamientos, despojo de propiedades, etcétera. En este libro son analizadas las desapariciones como producto de la crueldad albergada en el espíritu humano; lo que propicia la reflexión sobre el rumbo que toma la humanidad al perpetuar, atestiguar y callarlas, al cobijarlas en el rumbo de la ganancia y la iniquidad. Las desapariciones de personas son un cataclismo, convertido en realidad que afecta a miles de grupos familiares y llena de indignación a millones en México y el mundo. Pero, en la conciencia de la colectividad, se ha naturalizado el hecho de que las desapariciones provienen del involucramiento en negocios o actividades no permitidas, de ahí esas consecuencias, como un acto lógico; olvidan que van contra la vida, la libertad y la integridad. La desaparición de un miembro del grupo familiar, generalmente jóvenes varones, es una forma cruel y violenta de perderlo, genera una tortura continua de miedo, incertidumbre, abre una búsqueda constante. Dolor en el sol, en la sombra, en la noche, en la madrugada, dolor sempiterno. 18 Presentación Las desapariciones de personas 19 Si las madres se reúnen clamando justicia, exigiendo respuestas, anhelando apoyo en las búsquedas, muchos ojos las miran de lejos, sobre el hombro, pero sin involucrarse, sin la conciencia de que es un problema latente que afecta globalmente y que anuncia formas de relaciones sociales hegemónicas. Las desapariciones son un asunto que atañe a todos, es un problema de seguridad, de salud, de justicia, que muestra las terribles fallas del sistema y la impunidad con la que actúan grupos delictivos que han tomado las riendas de la vida de los demás y contra los que solamente muy pocos exigen, ante el temor, en ocasiones convertido en realidad, de que si era un familiar desaparecido, después serán dos o tres. hay, en el fondo del corazón de todo ser humano, algo que, a pesar de toda la experiencia de los crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente que se le haga el bien y no el mal. Ante todo, es eso lo sagrado en cualquier ser humano.1 En catorce entrevistas realizadas a familiares de víctimas de DFP —13 mujeres, entre abuelas, madres y hermanas; y un solo hombre, que días después de habernos concedido la entrevista, fue desaparecido—, expusieron que lo peor de su situación es saber que si su familiar ha desaparecido, está evidentemente en peligro y que las autoridades no hacen nada por ayudar. Encontramos que viven una inducción a sentir culpa, donde instituciones, grupos delictivos y muchos grupos sociales sugieren que las desapariciones prueban contundentemente la culpabilidad y la responsabilidad de no saber dar atención y cuidado a los hijos, no enseñar y transmitir valores acordes con el desarrollo social, formando disidentes o inadaptados sociales, criminalizando y juzgando sus actividades, aun sin saberlas. De esta manera, se ejerce control sobre ellas, y se les mantiene al margen, haciéndoles sentir que si uno de sus hijos desapareció, otro más también puede desaparecer. En los grupos familiares de las víctimas, esto genera 1 Weil, S. (1942). La persona y lo sagrado. Escritos de Londres. Recuperado de https:// crucecontemporaneo.files.wordpress.com/2013/03/simone-weil-la-persona-y-lo-sagrado. pdf. 20 Las desapariciones de personas el quiebre de creencias básicas, angustia, sentimientos de culpa, ruptura de roles y de proyectos de vida. Impera el aislamiento social. En repetidas ocasiones encontramos que los demás miembros de la familia, hacen el intento de que las madres superen el trágico evento, pero invariablemente, ellas manifiestan la imposibilidad de continuar con la vida, tal y como la conocían hasta el día de la desaparición, dedicándose exclusivamente y con toda su energía a la búsqueda. En el fondo del abismo, en medio del dolor e indignación resurgen con potencias intensísimas y crean un espacio de subjetividad existencial, que las conduce en medio del marasmo y la confusión a una nueva escultura de sí mismas. Esto, que algunos llaman estética de la vida o cuidado de sí, es desarrollado en el primer capítulo de este libro. Dicho de manera general, sobre estos procesos de dolor, de rupturas institucionales, de datos claroscuros, de leyes suspendidas, de impunidades evidentes, se ha tejido este libro. Dividido en dos partes, aborda primero el problema Desde la experiencia de las personas, en tanto que los capítulos parten del establecimiento de un diálogo con las experiencias de los directamente involucrados en el problema. No obstante, no puede ser denominado como fenomenológico, por las relaciones que se establecen con el poder. Mientras que, en la segunda parte, Desde las instituciones, son analizados el Estado, el derecho y las organizaciones creadas institucionalmente para afrontar y analizar esta problemática, por esta razón son revisados los derechos humanos, las políticas públicas, la Fiscalía Especializada en Personas Desparecidas, el marco normativo de las leyes recientemente promulgadas en el estado de Jalisco e incluso las reacciones que tiene la prensa. Con el desarrollo del libro Las desapariciones de personas. Entre la degradación y la indiferencia, se quieren contrastar los flujos de vida con flujos institucionales, desde la visión particular de las y los autores. La parte I, Desde la Experiencia de las Personas, la abren David Coronado y Fátima Soto Vargas, con el escrito La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas, en el que sustentan una discusión sobre los usos y abusos de los datos estadísticos. Elaboran, además, un perfil del tipo de personas que desaparece, presentan las cantidades de desaparecidos, quiénes desaparecen y quién interviene en la desaparición, dónde desaparecen y, lo que sería la parte final del capítulo, por qué desaparecen. Presentación 21 Esta última pregunta, ¿por qué desaparecen?, es de vital importancia. Y para responderla desarrollan tres hipótesis que abordan el papel que han desempeñado el Estado, el crimen organizado y los familiares de las víctimas, especialmente en los términos de la creación de un cuidado de sí, cuya finalidad sería una subjetividad existencial. Contrapuesta a esta creatividad, estaría la subjetividad violenta, como signo de los tiempos. Es una respuesta que conlleva la relación entre el telos social y la aparición de una subjetividad violenta, en tanto encargada de operar las desapariciones de personas. El segundo capítulo, El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social, lo presenta Priscilla Hernández Rodríguez. En este escrito sustenta la tesis de que el narcotráfico mexicano, los grupos de crimen organizado y sus prácticas opresoras y de terror, dejan en la total vulnerabilidad y miedo a la sociedad en general y en particular a aquellos individuos que han sido víctimas de atroces actos violentos. En este texto, Priscilla aborda a las desapariciones forzadas de personas como prácticas que marcan de forma permanente un entorno y que dejan desprotegidas a las familias, con lo que sobreviene, así lo señala, un ambiente de incertidumbre, dolor y miedo. Lo que representa una ruptura con la vida que anteriormente llevaban. El capítulo siguiente está escrito por Blanca Esthela Hurtado Escoto Juan Alfonso Cruz Vázquez. Lleva como título Juvenicidio y desapariciones en Jalisco. Aquí relacionan los juvenicidios, concepto retomado de José Manuel Valenzuela, con las desapariciones forzadas, ubicándolas en los marcos legales de México. Con lo que cuestionan esta relación y enfatizan la necesidad de hablar de las desapariciones como de un problema en el que está involucrada, en mayor medida, la juventud. Desde su perspectiva, esto requiere una reflexión sobre los perfiles sociales de los desaparecidos, porque las y los jóvenes están en el centro del conflicto, bien sea como víctimas o como victimarios. Para desarrollar este tema, partieron de las experiencias de los familiares de los desaparecidos. El cuarto capítulo, Desaparición forzada en Sinaloa, más allá de las cifras, fue escrito por Katia Alejandra Ruiz Herrera, Lourdes Nadsheli Coronado Arias y Rossely Barreras Miranda con el propósito de encarar al dolor de aquellos familiares que no volverán a ver a las víctimas, enfrentados a una esperanza agotadora de querer encontrarlos. Es un capítulo que aborda la tensión de las ausencias presentes, nunca olvidadas de familiares y amigos. En realidad, es una crítica a los números con que nos presentan este fenómeno doloroso, pero que no representa de ninguna forma la desesperación en la que están inmersos los y las familiares. En las entrevistadas que realizaron, lograron incorporar el escenario dantesco presente en el norte de Sinaloa, lugar especialmente azotado por una violencia que aterra a sus habitantes. Pero, paradójicamente, afirman que existe una desensibilización que ocasiona un sesgo revictimizante aún mayor, plagado de incomprensiones y falta de empatía. Son sucesos tristes. El autor del texto Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas, Enrique Uribe Alva hace un análisis de las experiencias vividas por familiares de víctimas de desapariciones de personas y de la manera como los procesos y acciones se han implementado para la investigación y resolución de los casos. Realiza el autor cuatro líneas de reflexión: los tipos de respuestas que los actores del gobierno emiten sobre las exigencias de los familiares de las víctimas; expone el quehacer de algunas organizaciones de la sociedad civil; analiza los discursos de familiares de víctimas; y expone los motivos que están tras el accionar de los policías. Los cuatro elementos fueron trabajados a partir de entrevistas semiestructuradas, lo que le da un especial valor a este escrito. Y el último capítulo de la primera parte, La Guerra Sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades para resarcir los males cuando se atisba desde los intersticios de la razón, fue escrito por Luis García Carrillo y César Óscar García Rea. Ellos realizan una aproximación al fenómeno de la desaparición forzada de personas en México desde una visión bidimensional, desde la llamada Guerra Sucia y ahora en la lucha contra el narcotráfico. Ambos fenómenos manifiestan rostros de impunidad, así como una participación directa e indirecta por parte del Estado, ya sea con dolo o por negligencia. La premisa de la que parten es que existió y existe una imposibilidad para acceder a la justicia, en la difícil empresa para resarcir los males. Su argumento parte de que las instituciones gubernamentales, entre ellos el sistema de justicia, presentan una configuración que está diseñada para no solucionar tales problemáticas. Lo 22 Presentación Las desapariciones de personas 23 que discuten es la necesidad de reconfigurar las formas de pensar, ver y actuar sobre la justicia; porque las estructuras blindan a quienes ejercen el binomio violencia-poder. En la segunda parte, Desde las instituciones, se plantean los marcos normativos e institucionales que están intentando dar solución a la DP, pero también es abordado el problema desde otras organizaciones, como las mediáticas. En el séptimo capítulo, Amado Ceballos Valdovinos y Enoc Francisco Morán Torres, ambos de la Universidad de Colima, reflexionan en Políticas públicas y desaparición forzada sobre las políticas emprendidas por el actual gobierno en torno a la DP, en el occidente de México. Buscando encontrar la historia de las políticas públicas, se remiten a dos casos emblemáticos: uno histórico, sucedido a inicio del siglo pasado, conocido como el primer desaparecido en el occidente de México por acción del gobierno, cuando un asturiano radicado en Guadalajara, Jalisco, describe la aplicación de la llamada Ley Fuga porfiriana; el otro en Colima, sobre la desaparición de una joven diputada del partido gobernante a nivel federal. Bajo esta idea, comparan algunas cifras ofrecidas por el gobierno con las de los organismos no gubernamentales, que luchan por la aparición de sus desaparecidos. Aquí, ambos autores reflexionan en torno a la eficacia de la aplicación de medidas implementadas por el gobierno federal que, en muchas ocasiones, se contraponen con las acciones o inacciones de los gobiernos estatales y municipales. Terminan preguntándose sobre alguna posible solución a este problema. En el siguiente texto, Capacidades institucionales y desapariciones forzadas en Jalisco. El caso de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, su autor Juan Alfonso Cruz Vázquez muestra los alcances y limitaciones de la arquitectura institucional conformada en materia de desaparición forzada en Jalisco desde el año 2017. Es un capítulo construido desde el interior de la institución, por lo que presenta con el mayor detalle las escasas capacidades institucionales que posee la fiscalía para enfrentar esta problemática. Lo que queda claro cuando revisa la estructura organizacional, funciones, procesos y ordenamientos legales de esa fiscalía. En el capítulo nueve, Ian Ricardo Alcaraz Hernández presenta el Marco normativo de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, como producto de la lucha sostenida por los colectivos de familiares en la búsqueda de sus desaparecidos. Los familiares de las víctimas de desaparición lograron poner en la mesa de discusión la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Sin embargo, en la actual discusión se han visto ciertas irregularidades, incumplimientos y falta de coordinación entre los organismos públicos, los grupos de búsqueda y los colectivos de familiares. En el siguiente texto, Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social, Dayane Jetzabel Ortiz Torres integra los análisis del poder, del conflicto y del cambio institucional a largo plazo, vinculándolos con algunos nodos sociales presentes en las desapariciones. En este contexto, interpreta con la teoría de la estructuración de Anthony Giddens algunas de las acciones de los colectivos de familias de desparecidos. Y con la cuestión del poder, explica la objetificación de los seres humanos como meros objetos ante sí mismos. Siguiendo con algunos conceptos importantes, describe la problemática relación entre los significados y la subjetividad, en donde evidencia al lenguaje como unión del medio social y de la autocomprensión; con este bagaje, interpreta las acciones de los colectivos de familiares de los y las desaparecidas. El último capítulo, Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del Estado: una mirada desde el ámbito jurídico y comunicacional, fue escrito por Amado Ceballos Valdovinos, Lizbeth López Ramírez, Linda Estefany Illanes Gómez y Camila Sofía Ceballos Gómez. Su reflexión gira, en un primer momento, sobre el pasado reciente de las desapariciones de personas, porque, señalan, es impensable no pasar por los sucesos y la represión de 1968; de donde se derivó la Guerra Sucia, entre otros sucesos más. Posteriormente, exponen que a pesar de ser una conducta delictiva a todas luces, el derecho formal de manera rara, extraña o interesada, la mantenía como una conducta atípica, gracias a dos factores; uno internacional, como son los convenios internacionales (la cuestión de la venturosa convencionalidad), y otro por la presión de la sociedad civil ha sido reconocida como delito contenido en las leyes penales. Con este capítulo abonan a la permanente reflexión sobre el uso de la violencia del Estado aunada a la acción concertada entre particulares con ese fin. 24 Presentación Las desapariciones de personas 25 Expuestos a grandes rasgos los propósitos de cada uno de los once escritos, no queda sino una invitación a realizar una lectura entusiasta y crítica. Las quince investigadoras/es en formación y cinco consolidadas/os han enfatizado, de múltiples maneras, la necesidad de incorporarse, aprender entre sí y gozar de la mutua compañía que otorga la relación entre investigadoras/es jóvenes y consolidadas/os. Esto habremos de resaltarlo, porque no sólo representa una ventana de publicaciones, sino que se destaca como un espacio de enseñanzaaprendizaje para la mutua formación y actualización. Finalmente, inscribimos un párrafo de una entrevista realizada al hermano de un desaparecido, quien, tal y como lo anotamos líneas arriba, a los pocos días corrió la misma suerte. En sus palabras se deja ver el temor cotidiano, la impotencia y la prepotencia de las autoridades, directamente señaladas; temor que se vio encarnado en el propio cuerpo de quien nos concedió esta entrevista. Actualmente ambos continúan desaparecidos: Mi nombre es Aarón Medina Denis, y mi hermano el desaparecido es Miguel Ángel Medina Denis. Este… bueno, mire, él, en diciembre del dos mil diecisiete, la Marina, SEDENA, entró a su casa … le robaron todo, dinero, joyas, televisiones, todo; limpiaron su casa. Eso, testigos de todo el pueblo… en San Miguel, municipio de Villa Purificación. (En el Carnaval de Autlán, en febrero 2018) “En la esquina levantaron unos ahí”. Este… Marina anduvo todo el tiempo, tanto anduvo como, como camiones del ejército, como de encubierto, porque ustedes, aquí nosotros... están golpeando gente, usted, les vale y ahí en la calle ahí están los camiones de Marina viéndonos a nosotros en carros particulares, ¿no es Marina? Es Marina… y… se ve luego, luego ¿no? Uniformes, zapatos, bueno, no andaban con uniformes éstos, pero ellos sí, bueno, se lo llevaron. Entrevista a Aarón Medina Denis, hermano del desaparecido Miguel Ángel Medina Denis en Autlán de Navarro. Fecha: 18/julio/2018. Actualmente, ambos están desaparecidos. 26 Las desapariciones de personas I. Desde la experiencia de las personas La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas David Coronado Fátima Gabriela Soto Vargas La transfiguración o anulación del mal […] no se produce simplemente y en la mera forma de la posición racional de la mirada sobre el mundo. La transfiguración en bien se produce dentro del mismo sufrimiento provocado, en la medida en que éste es efectivamente una prueba, y es reconocido, vivido, experimentado por el sujeto como una prueba (Foucault, 2009, p. 421). Introducción Es fácil y cómodo pensar en fuerzas externas que determinan la mala suerte de nuestras acciones. Cuando se trata de las desapariciones de jóvenes,1 la queremos explicar de manera inmediata con una relación de ámbitos inclusivos, cuyo centro son sus malas decisiones o el azar de la vida —estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada—. Posteriormente, trasladamos este razonamiento a un escenario construido por el perfil de un joven cercano al delito, proyectado social y estatalmente, donde predomina el desempleo, la cercanía al trabajo informal, el pandillerismo y la sombra ubicua del crimen organizado; pero también añadimos la incapacidad de las políticas públicas para incorporarlo al desarrollo social. En 1 Se sigue el plural de desapariciones porque: “el tipo ideal no fue sólo jurídico-penal, sino también estético, psicoclínico, político e histórico” (Gatti, 2017, p. 19). Además, “el desaparecido originario responde formalmente a lo que el derecho internacional tipifica como ‘desaparición forzada’… el desaparecido originario extendido es resultado del aterrizaje o vernacularización de lo que el derecho internacional tipifica… el desaparecido es ausencia, invisibilidad, falta de representación, imposibilidad de palabra y de nombre” (ibidem, pp. 26 y 27 ). Con lo que desborda al concepto singular de desaparecido. [29] el medio de este encastramiento, creemos firmemente encontrar las razones de las desapariciones de jóvenes. Sin embargo, bien pensado, esto no explica por qué desaparecen. Para responderla, trabajamos tres hipótesis que parten del supuesto de que existen datos, algunos no muy confiables, por cierto, en el orden de cuántos, dónde, quiénes y cómo desaparecen; cuyas respuestas abonan a su cuenta. La primera hipótesis obedece a la banalidad del mal, extraída del modelo de Hannah Arendt (1999). En las DP, la burocracia estatal se acopló a la idea de que no debería existir ninguna situación que alterara la tranquilidad y al orden social. De esta manera, desaparecer personas, asesinarlas y sepultarlas clandestinamente, había sido un modo de simular tranquilidad y calma en la escena social, que además ha favorecido al borramiento de evidencias; porque Jalisco no aparecía en el mapa de asesinatos ni desapariciones, por lo menos no con tanta gravedad, crueldad ni frecuencia. La segunda hipótesis obedece a que el crimen organizado, en connivencia con algunos mandos del Estado, y en coincidencia maquínica con otros, originalmente ocultan y desaparecen los cuerpos, en tanto evidencia para evitar señalamientos directos; posteriormente escalan hacia el escarmiento y castigo, mostrando videos con desmembramientos de cuerpos, recipientes con diferentes ácidos, incineraciones, etc. Y publican sus confesiones previas a ser asesinados, enviando mensajes de las sanciones que les esperan a desleales y traidores. Colateralmente, esas imágenes propias de la sociedad espectacular provocan reacciones encontradas entre los ciudadanos, algunos normalizando la violencia, horror y terror, y otros, algo que es parte consustancial a las DFP, experimentando un dolor indignado que no sólo moviliza a los familiares de las víctimas, sino también trae consigo una consecuencia aún más valiosa, que proviniendo desde los hondos vórtices de la destrucción de lo humano es capaz de crear subjetividades múltiples cuya finalidad no es otra, sino el autocuidado. La experiencia límite por la que son atravesadas los familiares, produce nuevas subjetividades que, como en algunos casos observados, son orientadas hacia la individuación, procesos que implica una reflexión profunda que deviene en amplitud de conciencia, creando agenciamientos colectivos con participación social y política. Y, la tercera hipótesis, es que las DP representan al signo de los tiempos: son expresiones de la subjetividad violenta. Lo que implica que al aumentar las DP, concentradas en jóvenes varones, expresará un desorden identificatorio, establecido desde la misma estructura societal, con la parte social que propicia destrucción y muerte. En este escenario la subjetividad violenta, teje y está siendo tejida cotidianamente desde las acciones de las y los sujetos. Los datos que sostienen las afirmaciones de este capítulo, provienen de fuentes oficiales, más de 250 notas periodísticas, asociaciones civiles y 14 entrevistas realizadas a familiares de víctimas; de su detenida lectura e interpretación es que surgen estas reflexiones. En la ruta trazada, se presentan en un primer momento datos estadísticos para describir algunas constantes en las DFP, observaremos múltiples contradicciones en las cifras que las han vuelto pantanosas; revisaremos perfiles de víctimas y victimarios, así como los espacios en los que las víctimas han desaparecido; y cerraremos este apartado con una reflexión sobre el significado de la silenciosa cifra negra. En un segundo apartado, revisaremos el alcance de las dos primeras hipótesis. Y en el tercero, son analizadas las repercusiones de la última hipótesis, en tanto que la subjetividad violenta es el signo de los tiempos y otorga una explicación a las DP, lo que representaría el objetivo de este capítulo. 30 La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas Las desapariciones de personas Los perfiles sociales y la genética social Siempre estamos pensando que tomar decisiones es parte importante de nuestra vida, sin embargo, al elegir enfrentamos ámbitos realmente constrictivos. No obstante que sea muy discutible, las neurociencias hablan de las llamadas funciones ejecutivas, encargadas de planear y prevenir el futuro, las que no se desarrollan plenamente sino hasta los 24 años (Crick, 2000). Siendo así, muchos debemos confesar que aún no las tenemos plenamente definidas, porque ¿cómo planificar cuando se desconocen los medios de subsistencia para el día siguiente? Aunque existen otras consideraciones desde el lado de la estructura social. Sobre este tema, Sloterdijk (2012) afirma que detrás de las acciones de las personas están las tradiciones en 99% de los casos; mientras que para Käes (2011) es el inconsciente el que imprime la direccionalidad al 95% de las acciones. Para los tres autores, Crick, Sloterdijk y Käes, abandonar la genética social ronda la imposibilidad de ir más allá del material a priori, que da continuidad al ser en el 31 ser (Anders, 2014); lo que sirve como argumento para afirmar que los caminos de acción entre la juventud no son tan espontáneos como algunos estiman que lo son. La refuncionalización provocada por la genética social muestra las articulaciones de los flujos sociales que detienen y atrapan los cuerpos. No es la disyunción de las decisiones, entre estudio o trabajo, o qué estudiar, sino que es enfrentamiento directo al axioma esencial del capitalismo: la incorporación funcional productiva de toda práctica social, como dinámica integradora que permea toda actividad. En realidad, los ámbitos son realmente constrictivos. Esto es la genética social: dar continuidad al ser en el ser, como incorporación y reincorporación al funcionamiento social, es decir una refuncionalización desde la muerte y la destrucción. Esta posición se ve reforzada por sus valores y expectativas, enfilados para alcanzar la felicidad y la riqueza, pero que chocan con una realidad restrictiva que provoca una cadena de reacciones que van desde el estrés, ansiedad, depresión, fuertes adicciones y, en el extremo, termina en suicidios. En Jalisco, según Cortés Guardado (2019), son la familia y el trabajo los dos valores sociales, profundos e inamovibles, cuyo resorte los inclina hacia la refuncionalización social; es decir, hacia la genética social. Un elemento más, indispensable a contemplar, es el espacio. Más allá de la definición de lugar, otorgada por Auge (2000), pletórico de relaciones, historias e identidades, se encuentra un espacio producto de una serie de decisiones de poder, capaces de destinarlo a ciertos usos, generalmente mixtos, donde pequeñas fábricas y talleres funcionan junto o dentro de las casas habitación, sin más división que una pared y casi siempre de pequeñas proporciones (Coronado, 2010). Aunque haya otras zonas privilegiadas, destinadas exclusivamente para casas habitación, con gran extensión de terreno, donde están prohibidos otro tipo de usos. Y también la capacidad adquisitiva estará orientando la forma de la apropiación del espacio; caminando, platicando en las bancas de los jardines públicos, en el transporte público o con los autos de modelos recientes o en carcachitas destrazadas. De manera particular, los espacios son parte consustancial de la genética social. Estos diferentes trazos posibilitan hablar de un perfil de las víctimas de DP, desglosado en la secuencia de los datos estadísticos, que exponen cuántos han 32 Las desapariciones de personas desaparecido, dónde, quiénes son y quiénes los desaparecen; cerrando este apartado con una breve reflexión sobre la inevitabilidad de la cifra negra. El formato de presentación de los datos, por fuentes oficiales y los medios, revela el tratamiento que el tema les merece a políticos, estadistas y funcionarios de todo nivel. Las disonancias en las cantidades Más allá de su definición conceptual,2 teñida fuertemente con cuestiones legales y normativas, las DP nos dejan ver otra cara que las emparenta con la tortura y el terror en la vida social. La tortura “se encarga de trastocar las formas reconocibles de lo humano precipitándose a un escenario que deja atrás el sentido, el cuerpo, el lenguaje antes practicado” (Mendiola, 2020, p. 1). Tortura y las DP rompen cotidianidades y llevan a sus víctimas y familiares a los hondos vórtices de la destrucción de lo humano. Ambas precipitan hacia el terror experiencial, ante los intentos de contención del ámbito legal, infructuoso las más de las veces. 2 La definición de la DFP incluye tres componentes: privación de la libertad, negación de la información y sustracción de todo tipo de garantías legales a la víctima. Éste es el sentido aceptado de la definición de DFP; y así lo reafirma Pietro Sferrazza (2019), investigador de la Universidad Andrés Bello, en Chile, quien establece que “en el Derecho internacional de los derechos humanos, tomando en consideración su regulación en los instrumentos internacionales […] en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas […] por tratarse del instrumento internacional más reciente y con alcance universal […] su comparación con otros instrumentos internacionales […] la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas […] también se tendrá presente la definición de la DFP como crimen de lesa humanidad contenida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Sferrazza, 2019, p. 1). En otro sentido, Gatti, investigador de la Universidad del País Vasco, intenta llegar a un concepto científico de desaparición a partir de desnaturalizar las categorías de desaparición y desaparecido, para después resignificarlas, la primera hacia las afectaciones de los derechos humanos y la otra hacia la vida social, entonces propone hablar de desapariciones (Gatti, 2017, p. 13). La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas 33 La cantidad de víctimas de las DP fluctúa conforme la fuente y el tratamiento que cada una le otorgue. Pareciera que este tipo de crímenes trae aparejadas inexactitud y contradicción de los datos, más el lastre de la cifra negra; al tiempo que resalta la irresponsabilidad, indiferencia o la escasa capacitación de los encargados de llenar los formatos al momento de la denuncia. Es una parte consustancial de la administración de la justicia, que repercute no sólo en el conteo de las víctimas, sin la aparente intención de obstaculizar las investigaciones —que no se realizan por falta de agentes investigadores—, sino que también propicia e incrementa en un solo momento confusiones, fantasías y dolor entre los miembros de los distintos grupos sociales, al tiempo que incrementa la impunidad de los victimarios, desconociendo autorías y adjudicando ubicuidades. Entremezcla anhelos con la agonía sempiterna de las desapariciones. Las desapariciones de personas han alcanzado dimensiones insospechadas y ha dejado ver la insuficiencia, vicios e ineficiencias de las instancias gubernamentales en los proyectos y políticas públicas que adopta. A esto se suman la ausencia de presupuesto, la nula investigación, el papeleo innecesario, la lentitud para entregar los cuerpos de las personas localizadas sin vida, así como la imposibilidad de la prevención para evitar que esta situación siga presentándose y que vaya en incremento. Esta es la realidad que afecta a miles de familias y llena de indignación a millones de personas en todo el mundo. En México, el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas (SEGOB, 2020) hace un recuento histórico desde los años 60 hasta el 31 de diciembre de 2019 con un total de 61 637 personas desaparecidas. Cabe mencionar que las cifras que ofrece este informe, publicado el 6 de enero de 2020, dice basarse en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas, sin embargo, en la página que está disponible para consulta pública, aún no se tienen actualizados los datos de la cifra total, ni el desglose por cada entidad federativa.3 En este Informe de enero 2020 (SEGOB, 2020), se puede apreciar que 60 053 personas desaparecidas se contabilizan entre los años del 2006 al 2019, lo que representa el 97.4% del recuento histórico total, es decir, que entre 1960 y 2005 fueron desaparecidas 1 621 personas. Más de un año después, el 8 de abril de 2021, es emitido el Informe búsqueda e identificación de personas desaparecidas (SEGOB, 2021b), donde se señala que son 85 053 personas desaparecidas entre 2006 y 2021. Y de 1964 a 2005, son 1 610. En cuanto a las fosas clandestinas, en el período 2006 a 2020 fueron localizadas 3 631 a lo largo del país (SEGOB, 2021b). Al comparar esos dos informes, con un tercero, del 29 de enero de 2021 (SEGOB, 2021a), dejan ver claramente un aumento en el encuentro de las fosas clandestinas. En el primero (SEGOB, 2020), se señala que entre diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019 fueron localizadas 853 fosas; en el segundo (SEGOB, 2021a), entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 fueron localizadas 559 fosas; y en el tercero (SEGOB, 2021b), son agrupados los datos, sin desglosar, del período entre diciembre de 2018 al 7 de abril de 2021, con un total de 1 606 fosas clandestinas, lo que significa que en lapso de tres meses del año 2021 han sido localizadas 194 fosas (el documento no presenta ningún argumento metodológico). Al respecto, el Informe de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, de abril 2021 (SEGOB, 2021b) señaló que entre enero y marzo de 2019 fueron localizadas 253 fosas clandestinas en México; al siguiente año, en el mismo período, fueron localizadas 264 fosas; y en 2021 van 173, lo que tampoco coincide con los datos globales presentados en el mismo informe. Además de la tendencia en el aumento del número de fosas, evidencian la inexactitud de los datos y un manejo poco aseado de la información;4 no obstante, el alza en la localización es innegable.5 4 Para Tzuc (2021), los datos presentados por la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, sobre los avances en búsquedas e identificación de personas desaparecidas, “resultan engañosos, y otros que no son verificables” (Tzuc, 2021, 1.er Párrafo). Y en siete precisos, demuestra la inconsistencia de los datos. 3 En particular, la Ley General partía de la idea de que la creación de un nuevo Registro 5 Acerca de los mecanismos para la localización de las fosas, Entrevistando a las madres de Nacional resultaba fundamental, debido a los defectos y vacíos de su predecesor: el Registro familia de FUNDEJ y Entre el cielo y la tierra, coincidieron en señalar que generalmente son Nacional de Personas Desaparecidas y Ausentes. avisos por personas anónimas, sin revelar sus intenciones ni motivaciones. Simplemente les 34 Las desapariciones de personas La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas 35 Los hallazgos de fosas clandestinas en Jalisco también presentan un incremento similar; en el conteo histórico de 2006 a 2019 se localizaron 224 fosas en la entidad, ocupando la octava posición a nivel nacional, pero entre diciembre de 2018 y el mismo mes de 2019 (SEGOB, 2020) fueron ubicadas 74 fosas de las que se exhumaron 213 cuerpos, llegando a ocupar el segundo lugar en el índice nacional con el 18.95% de cuerpos exhumados de fosas clandestinas. Pero, en cuanto a cuerpos exhumados, en el informe de abril 2021 (SEGOB, 2021b), se precisa que cuatro municipios de Jalisco (Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Zapopan y Tlaquepaque) concentran 26.56% del total. Y respecto a las personas desaparecidas, en el Informe 2020 (SEGOB, 2020), el estado de Jalisco ocupó el segundo lugar en el conteo histórico, de 2006 a 2019, de personas desaparecidas con 9 286 casos, aunque sólo en el año que va de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 se contabilizaron 2 318 casos, ocupando en este período el primer lugar en el número de incidencias, muy por encima de Puebla, que ocupa el segundo lugar con 799 casos y de Yucatán que es el tercero con 440 personas desaparecidas.6 Mientras que en el Informe de 2021 (SEGOB, 2021b), con cifras bajo tratamiento metodológico distinto, Jalisco aparece en primer lugar, junto a otras nueve entidades (Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Estado de México) que concentran el 76.21% de los reportes con mayor número de reportes de personas desaparecidas entre diciembre de 2018 y de abril de 2021. Los datos que nos muestran los informes corresponden únicamente a las desapariciones que han sido denunciadas ante las autoridades, pero existe también la llamada cifra negra, que se integra por todos aquellos casos que no son denunciados ante el ministerio público, que se ocultan por parte del Estado avisan. Entonces, avisan a la Comisión Nacional de Búsqueda o a la misma Fiscalía General del Estado, posteriormente se trasladan y los funcionarios lo anuncian como producto de sus o que, en mayor medida, se dan bajo el marco del crimen organizado, y que representan amenazas para las familias, por lo que optan por no realizar denuncia alguna, quedando fuera de los números oficiales e imposibilitando contabilizarlo con cifras exactas.7 Sin embargo, los continuos hallazgos de fosas clandestinas y la saturación de cuerpos sin identificar en los servicios forenses muestran que las cifras pueden ser mucho mayores a las manejadas oficialmente; además, dejan ver una alarmante crisis en los procesos de resguardo, identificación de las víctimas y entrega de los cuerpos. Así lo señalaron las representantes de FUNDEJ y Entre el Cielo y la Tierra, asociaciones civiles de Jalisco constituidas por familiares de víctimas de las DP y dedicadas a su búsqueda en campo. Específicamente, María Guadalupe Aguilar Jáuregui, presidenta de FUNDEJ, afirmó que “sólo se denuncia una de cada tres DP que suceden” (Entrevista 1, 25 de septiembre, 2019). Mientras que Marlety (Entrevista 2, 17 de febrero, 2020) aseguró que en realidad las denuncias apenas abarcan el 10% y que el resto nutre a la cifra negra. Quizá las cifras sean inexactas, pero no reflejan sino la ausencia de datos precisos y la exigencia de su construcción. Este tipo de imprecisiones reiteran el tema de la inexactitud y contradicción entre los datos, así como la existencia y aumento de la cifra negra. La administración de la justicia, con sus consecuencias en la sospecha de la manipulación, ocultamiento de relaciones y connivencias, también están en el origen del desconocimiento del número de las víctimas. En una rueda de prensa, realizada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el 20 de marzo 2020, señaló que existen “7 mil 117 personas que han sido desaparecidas hasta 8 de marzo de 2019 en el estado de Jalisco” (Souza, 2020), de lo que da cuenta el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID). Y según ese recuento, el número de denuncias del 2015 a 2019 se han cuadriplicado: investigaciones (Entrevistas a Lupita Aguilar, FUNDEJ, 11 de Septiembre, 2019; y Marlety, Entre el Cielo y la Tierra, entrevista 16 de mayo, 2019). 6 Según CEPAD, de 2008 a mayo 2019, suman 27 851 personas denunciadas como desaparecidas en Jalisco. Durante el 2017 se presentó el mayor número con 3 762; le sigue 7 2016 donde se contabilizaron 3 367 y en 2018, sumaron 3 255 (CEPAD, 2017). vital importancia en este tema y, en general, con el de la violencia. 36 La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas Las desapariciones de personas Líneas abajo se le ha dedicado un subapartado al tema de la cifra negra, porque tiene una 37 Cuadro 1 Denuncias de DFP por año Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (sep.) TOTAL Número de denuncias 556 714 1 110 1 526 1 950 1 398 7 254 Fuente: SISOVID, 2020 Y desde 1990 hasta el 30 de septiembre de 2020, Jalisco tiene un acumulado de 9 731 personas en desaparición forzada, señaló el Fiscal General del Estado, Gerardo Octavio Solís. Según Dalia Souza, periodista de Cuadrante 7, este nuevo portal (SISOVID) “no responde al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad” (Souza, 2020). Pero tampoco garantiza el acceso a datos contextualizados que permitan dimensionar el delito; incluso, advierte esa periodista con inquietud, que la información que se presenta “no es del todo accesible, transparente ni abierta”. Gerardo Octavio Solís, por su parte, aseguró que la cifra que ofrece el SISOVID representa el dato oficialmente reconocido y que, de existir alguna diferencia numérica, no puede interpretarse como “dolosa”, ya que sólo podría tratarse de un “error de dedo” (idem). Cuando esta misma periodista compara los datos de SISOVID con la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco, en el período del primer bimestre de 2019, resultan 516 para el primero y 540 para la segunda. La pregunta que surge es ¿dónde están los 24 casos faltantes? Pero Dalia Souza lleva la tensión aún más lejos, pues compara los datos de SISOVID con los del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), organismo que “ha contabilizado desde el año 2006 y hasta el 31 de enero de 2019, la cifra de 7 mil 788 personas desaparecidas; es decir, 671 casos más que el registro público”. Nuevamente, esto acarrea un sinfín de dudas y suspicacias. Aunque en la difusión de estas confusiones también participan, y en algunas ocasiones las incrementan, los medios de comunicación. En un claro ejemplo, 38 Las desapariciones de personas ahora a nivel nacional, esta tendencia hacia la desinformación está representada en las interpretaciones suscitadas por la intervención de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, el 13 de julio de 2020. Cuando dio a conocer el Informe sobre búsqueda, identificación y versión pública del registro de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en México. Al día siguiente, en dos periódicos de circulación nacional, se publicaron datos distintos. En La Jornada, apareció el recuento histórico desde marzo de 1964 —cuando se reportó la primera desaparición en el país— a la fecha, hay un registro de 177 mil 863 personas desaparecidas, de las cuales 73 mil 201 siguen en esa condición (41 por ciento) y 104 mil 645 fueron localizadas (58.8 por ciento)” (Registro histórico en México… 2020). Mientras que para José Antonio Belmont (2020), del periódico Milenio, en el mismo período “73 mil 201 personas han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en el país”; añadiendo líneas adelante que “Alejandro Encinas, detalló que en lo que va de la presente administración 63 mil 523 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas. De esta cifra, 35 mil 652 han sido localizadas, lo que representa poco más de 56 por ciento del total, mientras que 27 mil 871 todavía se encuentran desaparecidas, es decir, casi 44 por ciento” (Belmont, 2020). Entonces, para La Jornada son 104 645 desparecidos a lo largo de 56 años, de los que todavía están desaparecidos 73 201; mientras que para Milenio en el período del actual presidente son 63 523 desaparecidos, de los que 35 652 han sido localizados, quedando 27 871 desaparecidos. En cuanto a las fosas clandestinas, ambos medios coinciden en que, entre el año 2006 a 2019, han sido localizadas 3 631 a lo largo del país. Estas contradicciones impactan directamente en el imaginario social de la población, pero también en la impunidad de los victimarios. La contradicción descansa en las diferencias de los datos y en su incompletitud. Éstas son, básicamente, las mismas críticas que se dirigían al RNPED, enfocadas en el La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas 39 orden metodológico y en la pobreza de la información que ofrecía (Ruiz, 2020), pero aún no superadas. A este manejo diferenciado de los mismos datos se suma el escaso apoyo que otorgan las instituciones públicas en materia de prevención, búsqueda, investigación y localización de las víctimas de las desapariciones. Lo que provoca un profundo mar de incertidumbres, acelerado por las experiencias de la COVID-19. Torres señaló en su mismo artículo, y con la misma tónica indefinida, quizá proveniente del SISOVID, que no es posible precisar en qué orden, le siguen las regiones Costa Norte, Sur, Chapala, Ciénega, Altos Sur y Norte, en las que hay entre 286 y 386 casos. En tanto, en las regiones Costa Sur, Autlán y Tequila se registran entre 116 y 286 casos en cada una; las zonas con menos casos son la norte y Ameca, con rangos de 72 a 116 casos… pero es imposible saber cuántas ocurrieron en cada una, en cuál de los 125 municipios se registraron esos casos y en qué años (Torres, 2019). Pasajes y fronteras Según el SISOVID, en junio de 2020, en Jalisco eran 9 341 personas desaparecidas y en lo que va del año desaparecieron 823 individuos (SISOVID, 2020). Y entre diciembre de 2018 a diciembre de 2019 se contabilizaron 2 318 casos.8 Y, aunque su ubicación geográfica muestra una concentración en el Área Metropolitana de Guadalajara, su ciudad capital encabeza el número de denuncias al acumular dos mil 727 (sic), o sea 29.19 por ciento de las querellas (Barajas y Ramírez, 2020). En un análisis realizado por Raúl Torres, del periódico El Universal: Mientras que, Barajas y Ramírez, en lo que se refiere al resto de los municipios, afirman que: Lagos de Moreno y Puerto Vallarta son los municipios fuera del área metropolitana con más denuncias, con 728. Mientras que el resto de los 117 municipios de Jalisco tienen de cero a 114 denuncias. La plataforma no especifica la cantidad exacta de denuncias en ningún municipio, sólo otorga una cifra aproximada. En 93 municipios no hay cifras exactas y 32 dan números aproximados. El resto [sic] 9 aparece en blanco en el mapa de la plataforma estatal (Barajas y Ramírez, 2020). en los nueve municipios que integran la Zona Metropolitana (Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo) se concentra el mayor número de casos. Hay entre 386 y 3 mil 994 carpetas de investigación [sic] (Torres, 2019). Cuadro 2 Los 10 municipios con la mayor tasa de DP en Jalisco Por su parte, Barajas y Ramírez (2020), del periódico Milenio, señalan que “de los municipios conurbados, le siguen Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y El Salto, que suman tres mil 861 casos”. Al no coincidir en el orden de los municipios, ni en las cantidades, generan nuevas confusiones e incertidumbres. 8 MUNICIPIO San Martín de Bolaños Tuxcacuesco Santa María del Oro San Gabriel Huejúcar Villa Guerrero La Huerta Siguiendo la dinámica de las disonancias, planteada en el apartado anterior, el periódico Milenio Según la plataforma estatal, el año con más número de denuncias por desaparición fue 2019, con 2 196 denuncias interpuestas (Barajas y Ramírez, 2020). Lo que representa una TASA POR CADA 100 000 HABITANTES 512.49 496.57 443.78 298.04 284.04 258.44 256.48 diferencia de 122 personas de las que no se sabe nada. Pensemos, sin precisar, que hablamos 9 de más de cien familias que viven un dolor sempiterno. 40 Las desapariciones de personas Para las autoras, Jalisco cuenta con más de 125 municipios. La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personar 41 Mixtlán San Sebastián del Oeste Chimaltitán 255.24 248.09 236,47 Fuente: Reporte Índigo, citando a la Fiscalía General del Estado La limitación cognitiva de los porcentajes es que imposibilitan el conocimiento de cada una de las particularidades en las diferentes regiones y solamente demuestran que el AMG concentra la mayor cantidad de las DP; pero no generan la posibilidad de una comparación entre regiones geopolíticas y económicas. En el periódico Reporte Índigo, Jonathan Ávila, y en Milenio, Maricarmen Rello, precisaron que, de acuerdo con las tasas por cada 100 000 habitantes, las regiones del interior del estado son las “más vulneradas por esta problemática” (Ávila, 2019; Rello, 2018). Jonathan Ávila señaló que en “2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) declaró la existencia de un cinturón rojo de desapariciones desde el sur de Jalisco hasta la región costa sur; y en la parte baja de la entidad desde el límite con Colima hasta la zona de Autlán y Villa Purificación”. Es decir que en los municipios colindantes con Zacatecas (San Martín de Bolaños, Huejúcar, Villa Guerrero y Chimaltitán), Nayarit (San Sebastián del Oeste y Mixtlán), con Colima (Tuxcacuesco, La Huerta, San Gabriel) y Michoacán (Santa María del Oro), que son zonas de paso para el traslado de cualquier mercancía, espacios en los que la delincuencia organizada ejerce una vigilancia férrea. Cuatro municipios están al norte, cuatro al sur y dos cercanos a Puerto Vallarta o Autlán. Blanca Hurtado Escoto (2020), en su estudio La construcción de subjetividades en jóvenes de 15 a 18 años en contexto rural y de violencia en Ayotlán, Jalisco (2018-2020), señala que no se levanta ningún tipo de denuncia porque toda la gente se conoce. Y las redes de parentesco están completamente extendidas entre víctimas y victimarios. Pero también señala que sí saben quién y por qué desapareció una persona. Quiénes desaparecen Existen dos rasgos predominantes entre los y las desaparecidas: son jóvenes y son varones. Desde 4 fuentes, con diferentes períodos y ámbitos espaciales, esta hipótesis puede ser confirmada: a) Desde el periódico Milenio, las casi 10 000 personas desaparecidas, hasta junio de 2020, 8 218 son hombres, 1 115 mujeres y en ocho casos se desconoce el sexo de la víctima (Barajas, 2020). b) Desde el periódico El Universal, se señala que “en la plataforma (SISOVID) se establece que de las 7 mil 117 personas desaparecidas que hasta ahora hay en el estado, 928 son mujeres, 6 mil 166 hombres y en 23 casos no se tiene información sobre el sexo de la víctima” (Torres, 2019). Más adelante, en el mismo artículo, se especifica que Aunque se presenta información desagregada por edades, es imposible saber cuántas personas desaparecidas son menores de 18 años, pues los rangos se dividen en períodos de cinco años cada uno; así, se da cuenta de que en Jalisco hay 663 personas desaparecidas menores de 20 años (19 están entre los cero y cinco años; 36 entre cinco y 10 años, 88 entre 10 y 15 años, y 520 entre 15 y 20 años) … La gráfica de edades muestra que la mayor parte de las personas no localizadas tienen entre 20 y 40 años, ya que, según el registro, mil 175 tienen entre 20 y 25 años, mil 200 entre 25 y 30 años, mil 48 entre 30 y 35 años, y 903 entre 35 y 40 años (Torres, 2019). c) En un artículo científico, publicado en la revista Comunicación y Sociedad, Darwin Franco hace la división entre hombres: “42% de DFP están entre 14 y 29 años; y 29% entre 30-34, predominando la clase media o baja” (Franco Migues, 2019, p. 6). Un aporte importante es que, a mayor edad, existe menor posibilidad de ser desaparecido. Y para las mujeres el rango de edad con mayor número de DP es de 20 a 25 años, seguido por el de 25 a 30. Y los rangos entre 35 a 40 años y 15 a 20 años, en cantidades son semejantes entre sí. Aunque, según los datos de SISOVID (2020), 42 Las desapariciones de personas La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas 43 en 2019 desaparecieron en el primer semestre 53 mujeres, 37 entre 10 y 20 años. Lo que implica una modificación en los patrones de edad. Pero continúa estable la tendencia de que conforme aumenta la edad, disminuye el número de casos. d) Finalmente, en SISOVID (2020), se menciona que 9 583 personas siguen siendo buscadas en el estado de Jalisco: 8 468 hombres, 1 115 mujeres y 0 con sexo no especificado. Otro rasgo, que no deja de ser interesante, es que un hombre obeso corre muy poco riesgo de ser desaparecido; mientras es nulo en la mujer. Cuadro 3 Desaparecidos por complexión física en Jalisco (2018) Hombres Mujeres Total Delgada 1 551 215 1 766 Mediana 582 66 648 Robusta 723 72 795 Obesa 26 26 No especificada 112 32 144 Fuente: RNPEDF, 2018 Enfatizando, quienes tienen mayor probabilidad de desaparecer son hombres jóvenes, hasta 39 años, y delgados. Inmediatamente surge la explicación que recae en el mandato de la masculinidad, que está detrás de la construcción de un hombre joven, emprendedor y con la obligación de ser el proveedor del grupo familiar (Segato, 2010). Quiénes los desaparecen En Jalisco se dan dos tipos de victimarios, sin hablar de la revictimización institucional: unos son los funcionarios del gobierno y otra desde el crimen organizado. Esta afirmación derivada de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, CEDHJ Reco 25-2019, elaborada a partir de 73 denuncias, con 84 personas que fueron desaparecidas en el estado de Jalisco, en el período de 2014 a 2018, aunque las quejas fueron 44 Las desapariciones de personas presentadas entre los años 2017 y 2018. En 7 casos se trató de la desaparición de mujeres y en 77 de hombres. En 53 de las quejas se infiere desaparición cometida por particulares, en la que se evidenció una condición de grupo de más de tres integrantes, lo que indica una organización, de mínima a desarrollada, en la ejecución del delito. También, predomina el uso de armas y vehículos en el 55 y 58 por ciento respectivamente, lo que abona al argumento de planificación y condiciones estructuradas en los actos. En este tipo de desaparición se detectó que en el 90% de las víctimas eran hombres (CEDHJ, 2019, p. 131). Pero hay que llamar la atención de que en 20 casos, es decir en 27%, se realizó un señalamiento respecto a la intervención de algún servidor público municipal, del Gobierno del Estado y Federal, y en ocho quejas fue mencionado personal de la entonces Fiscalía General del Estado; en tres inconformidades se señaló a policías de Tonalá; en una ocasión a elementos de policía de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Autlán de Navarro, Tecalitlán, San Miguel El Alto y Tecolotlán, y además en un caso se señaló a empleados del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, policías del Estado y en otro caso a personal de la Marina (idem). En la primera cita está el extremo del crimen organizado, donde presumen un vínculo entre víctimas y victimarios. En el otro extremo, aparecen involucradas diferentes agencias gubernamentales; según los datos de la CEDHJ, de 73 denuncias en 20 están involucradas. En el siguiente año, 2020, Luis Herrera, de Reporte Índigo, registró que “la Fiscalía de Jalisco identificó el involucramiento de 91 policías de diversas corporaciones en casos de desaparición forzada de personas, sin embargo, sólo ha podido capturar a 29 de ellos, pero no así a los 62 restantes; actualmente de cada cuatro desapariciones que se registran en el país, una se originó en Jalisco” (Herrera, 14-12-2020). Aquí están entremezcladas las categorías de detenidodesaparecido, detenido por las autoridades y de cuyo paradero no se supo más, La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personar 45 y del desaparecido originario (Gatti, 2017, p. 21), en tanto víctima vulnerable y vulnerado en sus derechos humanos, generalmente víctima del crimen organizado. Aquí, al tiempo que enfatizamos la participación activa de miembros del Estado en las desapariciones forzadas de personas, reiteramos la utilización adecuada de la categoría desaparecidos. La cifra negra10 La cifra negra otorga a cualquier delito una connotación distinta, especialmente porque deja ver la manera como procede administrativamente la justicia. Al respecto, José Luis Pérez Guadalupe reflexiona que es necesario diferenciar la delincuencia como realidad jurídica de la delincuencia como realidad social. La determinación legal de los delitos y de los delincuentes es tan sólo una manera de definir esta realidad, pero no la única… La cifra negra de la delincuencia no puede ser aprehendida y reconocida por los mecanismos legales, sí existe como realidad social… esta concepción no está ajustada a la realidad social, ya que sería el sistema judicial el que definiría al delincuente… lo que ha llevado al error teórico y metodológico de considerar al sujeto que ha realizado un delito, pero no fue detectado, igual al que no ha realizado ninguna actividad delictiva (Pérez, 2000, p. 62, nota al pie 39). Recordemos que para una entrevistada solamente se denuncia 1 de cada 10 DFP; y para otra 1 de cada tres. Por diferentes fuentes, la cifra negra en la denuncia de todo tipo de delitos está presente, en Argentina 70%, Brasil 80%, Colombia 71% y México 93% (Coronado, 2020). El porcentaje en nuestro país es demoledor. La cifra negra, dorada u obscura (Florián, 2015), como se le conoce en otros países, siempre está presente en los temas que rozan las fronteras sociales del orden —inseguridad, violencia, crimen organizado, abuso sexual, desaparición forzada, trata de personas, etc.—. A pesar de esto, la población joven predomina al revisar las cantidades y porcentajes de todas las fuentes. 10 Este subapartado ha sido retomado de Coronado, 2020. 46 Las desapariciones de personas Por otro lado, la reflexión de Luis Pérez Guadalupe tiene una trascendental importancia para la tragedia de las desapariciones, porque deja ver la imposibilidad de aprehender al delito exclusivamente desde la perspectiva legal, cuando en su propio interior existen parámetros y fuerzas que lo están redireccionando completamente. Incidentalmente, arroja una nueva luz acerca de la diferencia entre desaparecido y desaparecidos. Retomando la ausencia y las lagunas de los datos de las DP, no hacen sino ratificar la desconfianza hacia las instituciones que administran la justicia, vista la denuncia como una pérdida de tiempo, así como deja ver la falta de capacitación e impericia en el llenado de los formatos, pero también corre el velo para exhibir la poca importancia que tienen los desaparecidos en el sistema estatal de justicia. Comparémoslos con los llamados delitos de cuello blanco. Cuando se examina la cantidad obtenida en los delitos del fuero común, respecto a los de cuello blanco, la escala económica fluctúa entre 100 o 200 a 1 (Coronado, 2010), pero esos delitos de poca monta son enfocados por los medios como perpetrados por “sujetos peligrosos y violentos… quienes provienen de sectores empobrecidos, desempleados; privilegian los delitos violentos, en especial cuando tienen consecuencias fatales” (Ojeda, 2013, p. 36). Mientras que los delincuentes de cuello blanco exhiben una mayor impunidad que los delitos comunes, debido a las posiciones privilegiadas del poder político, económico y social de sus autores, la complicidad de las autoridades, la sofisticación de los mecanismos utilizados para el logro de los fines delictivos, y la hábil asesoría legal y contable con que cuentan (Zambrano Pasquel, citado por Ojeda, 2013, p. 33). Aquí está el espacio del derecho relacionado con el poder. La aplicación de leyes está teñida por las creencias y mitos para lograr una paz y seguridad que garantice un desarrollo social que excluye a ciertos grupos sociales que, no obstante ese rechazo, desean ceñirse a esa realidad que los excluye. Después de todo, lo que podría cuestionarse es el tema de la legitimidad del derecho imperante bajo la pregunta, ¿por qué ese derecho? (Benjamin, 2007). Y siempre bajo la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas 47 Las hipótesis 1 y 2: el Estado y el crimen organizado la protección que le otorgaba; a cambio de tranquilidad, por supuesto (Barrera, 2015). está permitido, en tanto fuerza mayor e ímpetu que nace del amor para mantener la subjetividad que le da identidad masculina. Por otro lado, permite operar la pasividad inerte para abatir y subyugar al ser humano por el ser humano. Esta banalidad está encarnada en el pozolero (Turati, 2018), pero también en las funciones burocrático-institucionales, cuyo básico funcionamiento exige obediencia sin ética. Marcela Turati entrevistó a Santiago Meza López, alias El Pozolero, hombre casado, de 45 años, padre de familia, albañil retirado, originario de Sinaloa. Al preguntarle sobre su función, respondió que “dentro de la organización es hacer el trabajo del pozole, que consiste en que los miembros de las diferentes células de la organización me llevan cadáveres para que sean disueltos en una solución que se prepara a base de sosa cáustica y agua" (Turati, 2018). Ante lo que la periodista reflexiona bajo el axioma arendtiano: “cuando matar no es un asunto de psicópatas solitarios sino que se vuelve un empleo burocrático en cadena, donde cada miembro tiene una función. Como si se tratara de una maquiladora”. De esto colegimos una afirmación que nos parece muy importante: “El Pozolero revelaba también que la consigna entre grupos armados ya no es sólo matar sino borrar hasta el último átomo del supuesto adversario. Que no quede nada” (idem). Esto implica que cada grupo delictivo tiene a su propio pozolero, que no hace sino representar la unidad entre función y técnica, subsumidas a los dictados del poder sin ningún cuestionamiento o reparo ético, engranándose eficientemente hasta no dejar sino los recuerdos en cada familiar. Y, si esto trae consigo fantasías y delirios, también desata un dolor sordo que potencia a familiares y amistades hacia la autoorganización y el autocuidado. Son procesos únicos de la realidad que llevan consigo las desapariciones. Derivado de esto, entramos a la segunda hipótesis: que el crimen organizado, en connivencia con algunos mandos del Estado —recordemos la imagen del detenido-desaparecido—, o en una velada coincidencia maquínica, ocultan o desaparecen los cuerpos, para evitar señalamientos directos; posteriormente, esto escala hacia el escarmiento y castigo, mostrando videos con desmembramientos de cuerpos, recipientes con ácidos, incineraciones, etc. —un buen ejemplo es el sitio El Blog del Narco, donde se muestran videos explícitos en los que difunden “la brutalidad con la que castigan a presuntos traidores de la célula” (Tortura 48 La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas La primera hipótesis obedece a la banalidad del mal, pensada bajo el modelo de Hannah Arendt (1999). En el caso de las DP, la burocracia estatal se acopló a la idea de que no debería existir ninguna situación que alterara la tranquilidad y al orden social. Afirmación que parte de que, inicialmente, gracias a la borradura de las evidencias, Jalisco no aparecía en el mapa de asesinatos ni desapariciones forzadas, por lo menos no con tanta gravedad, crueldad, ni frecuencia.11 La primera reflexión es acerca de que este tipo de violencia no es ejecutada por locos ni monstruos, sino por personas normales, preocupadas por cumplir con su potencia de masculinidad, en tanto proveedores incluidos en el proceso de consumo, desde la fantasía de probar su virilidad y los delirios sociales que envuelven al significado de una buena vida, que roza desde los tenis de moda hasta una casita para su madre (Marcial, 2021; Coronado, 2020). Simplemente es su inclusión en la permanencia continuada del deber ser. Aquí la banalidad del mal arendtiana es ejecutada por personas normales, cuyo diálogo consigo mismas, que poco o muy inteligentes, extraviaron sus capacidades de pensamiento y lenguaje interior, sin juicios morales que los incapacitan para cuestionar su comportamiento (Arendt, 1999). Esto enmarca la prevalencia de la norma junto a su eficiencia funcional, como sometimiento al deber o como imperativo categórico, que oculta toda la carga de violencia destructiva y autodestructiva de su sometimiento. La banalidad del mal avisa que lo hecho por Eichmann no es privativo del fascismo, porque los dispositivos de dominación, constituidos organizacional e institucionalmente, dan paso a una disposición del deseo anterior al mismo dispositivo externo, pero que quiere seguir la ruta funcional y, a la vez, consolidar a la sociedad (Deleuze, 1995). En efecto, esa continuidad del orden también está garantizada por la violencia destructiva, porque, según Josep Ramoneda (2001), la realidad felizmente cuenta con la armonía del orden soñado, donde el nihilista propone y todo le 11 Esta interpretación surge porque desde el 2015, el entonces Secretario Estatal de Seguridad del Estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera, fue acusado públicamente por Jesús Murillo Karam, en aquel momento Procurador General de la República, por sus nexos con el CJNG y Las desapariciones de personas 49 difundida en video, 2019)—. Y publican confesiones previas a los asesinatos, enviando mensajes de las sanciones que les esperan a desleales y traidores. Colateralmente, esas imágenes propias del necroempoderamiento (Valencia, 2010),12 paradójicamente provocan entre algunos ciudadanos la normalización de la violencia o bien el horror y terror; y, algo que es parte consustancial a las DP, dolor indignado que no sólo moviliza a familiares de las víctimas, sino que, algo aún más valioso, desde los hondos vórtices de la destrucción de lo humano, crean subjetividades múltiples cuya finalidad no es otra sino el autocuidado, desarrollado líneas adelante. Por coincidencia perversa, aunque muchas veces la colusión es abierta y descarada, como en el caso de Duarte, el gobernador de Veracruz (Gándara, 2020),13 el Estado contrapone el tedioso funcionamiento institucional contra cualquier reclamo y exigencia, que desde la óptica del poder, pudiera alterar el orden de lo establecido, aunque en realidad la relación entre orden y desorden-violencia no hace sino reconstituir lo instituido. Los recorridos agotadores por los pasillos laberínticos de la burocracia, el sinsentido del cobijo efímero de lo paranormal, al que casi toda madre ha recurrido, el pago a agentes investigadores, así como cualquier otra práctica estéril, las lleva al agenciamiento y a la articulación con otras más, que experimentan la misma pesadilla, creando organizaciones y asociaciones de acompañamiento. Aunque bien pensado, si el dolor se normaliza, entonces el terror, como sentimiento angustioso, y el horror, como exasperación del asco y de la repugnancia (Duque, 2004), obligan a la reclusión en espacios cerrados, cada 12 Para Sayak Valencia, con “capitalismo gore nos referimos al derramamiento de sangre explícito e injustificado…, al altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos, frecuentemente mezclados con el crimen organizado, todo esto por medio de la violencia, más explícita como herramienta de necroempoderamiento” (Valencia, 2010, p. 15). 13 Debe recordarse que, en septiembre 2020, se aprehendió a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por su presunta participación en la desaparición forzada del expolicía David Lara Cruz. Pero, desde la Asociación Civil El Solecito, se solicitó que fuera “juzgado por todas las desapariciones forzadas ocurridas durante su sexenio (2010-2016) y que tenga una sentencia ejemplar” (Gándara, 2020). 50 Las desapariciones de personas vez más constreñidos. La normalización (Coronado y Ruiz, 2019) es la repetición ad infinitum hasta crear costumbres, modas y configuraciones. Sin embargo, las madres y familiares de las víctimas han logrado romper estos cercos y han construido nuevas formas de búsqueda, han unido resistencia y creatividad. Los desaparecidos, señala Irazuzta, articulan el plano histórico, político, moral y técnico de la búsqueda; obliga a actuar y ayuda a vivir a “las víctimas de esa pérdida”. las suyas son identidades de búsqueda, se constituyen en torno a ésta, que se manifiesta en varios planos: en uno burocrático, pues la persona desaparecida cobra existencia en un expediente de búsqueda a partir de la denuncia de desaparición; en uno simbólico, pues se hace presente en varios rituales y objetos simbólicos (marchas, manifestaciones, fotografías, veladoras, pancartas, etc.); en uno religioso, que asiste a quienes buscan mientras está pendiente el duelo. Y todos estos planos de búsqueda se dan en un suceder cotidiano, periódico, como el que define el protocolo de búsqueda que han activado Cadhac y Amores con las autoridades judiciales locales: tres metodologías para tres instancias fundamentales del trabajo de hacer aparecer desaparecidos (Irazuta, 2017, p. 159). Propone tres sendas de protesta: uno de investigación, gracias a la denuncia interpuesta, apoyando iniciativas legislativas; otra de construcción de vínculos simbólicos y afectivos; y uno más de duelo. Forman parte de las estrategias desplegadas por familiares, en su gran mayoría madres, y expertos que avanzan sobre caminos no predeterminados, que convergen contradictoriamente, creando lazos con experiencias, intensidades de duración diversa, con potencias que van más allá de una simple resistencia, llegan al cuidado de sí. Cuando Deleuze (1995) critica la noción de dispositivo en Foucault (1987), precisa que los dispositivos disciplinan y normalizan, al tiempo que unen elementos discursivos y no discursivos que tiende a ser constituyentes de la subjetividad y no sólo normalizadores. Aunque el proceso de los dispositivos no escapa a la mera relación estratégica con la realidad, por esta razón aunque “los dispositivos de poder son de alguna forma constituyentes, sólo puede haber contra ellos fenómenos de resistencia” (Deleuze, 1995, p. 10), porque la resistencia sería La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas 51 “una imagen invertida de los dispositivos”; o también si “los dispositivos de poder constituyen verdad”, entonces la resistencia estaría constituyendo otro tipo de verdad, creando una guerra de contrapoderes; y, finalmente, estaría el ámbito de la resistencia de los placeres (ibidem, p. 11). La propuesta de Deleuze está planteada desde el origen mismo de “que las líneas de fuga son las determinaciones primeras, dado que el deseo dispone el campo social, son más bien los dispositivos de poder los que, al mismo tiempo, son producidos por estas disposiciones, y las aplastan o las taponan” (ibidem, p. 12). Y esto tiene dos consecuencias importantes para las DP. Primero, que no basta con resistir, sino que es indispensable crear nuevos formatos de búsqueda y, entonces, establecer otro tipo de relaciones con la burocracia instituida, cuyo apoyo se restringe a la apertura de carpetas y a la simulación de una investigación nunca realizada.14 De nuevo, resistir es reconocer una existencia insuperable de un dispositivo externo; crear es establecer “la idea de conjunto y la unidad de las partes, pero también lectura afectiva que ignora el conjunto, pero que arrebata o desmonta” (Deleuze, 2009, p. 157).15 La segunda es el origen de esa fuerza para desmontar y remontar. Para Deleuze, un cuerpo, por muy pequeño que sea, comporta siempre una infinidad de partículas: son relaciones de reposo y movimiento, de velocidad y de lentitud entre las partículas, las que definen un cuerpo, la individualidad de un cuerpo. Por otro lado, un cuerpo afecta otros cuerpos distintos o es afectado por ellos (Deleuze, 2009, p. 150). 14 La justificación para no realizarla es la falta de recursos, pero también a quien investiga se le asesina. Al respecto, “Agentes de la Fiscalía capturaron a dos integrantes de una célula delictiva que el pasado fin de semana asesinó a dos investigadores del Área de Desaparecidos de la misma dependencia, que hacían una indagatoria en el municipio de Etzatlán, relacionada con la desaparición de una persona ocurrida días atrás” (Ortega, 2019). Lo que, por supuesto, Entonces, por un lado está la infinitud de partículas en reposo, movimiento, lentitud, fulgurantes, que Deleuze llama cinética, y por otro la afectación, que son las intensidades con las que aquéllos se presentan para afectar y ser afectados, que llama dinámica; esas intensidades son modos de existencia que fustigan otra forma de vida entre los y las familiares de las víctimas; es, nos parece, enardecimiento contra la adecuación de una norma instituida que no lleva a ninguna parte, es impulso a nuevas formas de búsqueda, es inclusión de nuevos adminículos tecnológicos y científicos, es todo aquello que catapulte su esfuerzo por encontrar a los desaparecidos. Es, paradójicamente, apertura a la vida. Tras la primera concepción que desarrolla Foucault sobre la subjetividad, que descansa fundamentalmente en los dispositivos y en la constitución de la verdad, elabora otra que denomina estética de la vida (Foucault, 2009), con lo que coincide con la disposición del deseo deleuziana. Para ambos no es suficiente una subjetividad horizontal o la creación de subjetividades múltiples, sino que apelan a una escultura de sí, que por vías de la articulación establezca agenciamientos con otras experiencias grupales. Esto es lo que significa la noción del cuidado de sí. Hablar del cuidado de sí implica dialogar sobre creaciones de relaciones y modos de pensar que rebasan, bajo diferentes ritmos e intensidades, al mero presentismo y que rescatan las ausencias para existir. Es crear el no ser en el ser (Anders, 2014). Esto establece una diferencia profunda entre crear y resistir: toda creación es automáticamente resistencia, pero no toda resistencia es creación (Coronado, 2016). Aquí establecemos una serie de implicaciones entre crear y pensar, estética de la existencia y cuidado de sí, que parten del establecimiento de articulaciones con otros cuerpos. Este cuidado de sí lo enfocamos desde tres ópticas, analizadas a manera de un diálogo con las DP. Primero con Onfray (2009), cuando señala que es “aquel cuyo signo distintivo es la capacidad de inventar nuevas formas de existencia” (Onfray, 2009, p. 71). Lo que en términos de las DP, obliga a dejar los caminos institucionalizados que no conducen sino a respuestas sin rostros ni cuerpos; caminos balizados cuya finalidad es reiterar que no ha pasado nada excepto que en crea profundos vasos de temor. 15 Acerca de una discusión puntual entre resistir o crear, cfr. Coronado, 2016. 52 Las desapariciones de personas La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas 53 algo andaban.16 Por el contrario, desde las asociaciones civiles, están provocando inflexiones en las instituciones y en la vida social, desde su singularidad están dando forma a su tiempo. Para Sloterdijk (2012), por su parte, enfocándolo hacia la problemática que nos ocupa, parte del imperativo “has de cambiar tu vida”, que “no hay en este momento ninguna información en el éter que no haya que relacionar, en el fondo de su estructura, con este imperativo absoluto” (Sloterdijk, 2012, p. 563). Lo que, a manera de exigencia ante la DP, implica la irrupción de la diferencia ética en las formas de vida tradicionales: el hombre sólo avanza mientras busque su orientación en lo imposible. Los mandatos sensatos, las prescripciones racionales o las exigencias que han de cumplirse cada día presuponen ya, para poder realizarse, una tensión hiperbólica, que emana de una reclamación incumplible e inevitable (idem). En realidad, las demandas familiares para que aparezcan sus víctimas, hijos, hermanos, amigos, es una exigencia ética, que alcanza lo sublime, en cualquier tiempo y en cualquier espacio, porque “únicamente lo sublime es capaz de enarbolar esas exigencias desmedidas que hacen que los seres humanos zarpen rumbo a lo imposible” (ibidem, p. 566). Y en las condiciones de las instituciones de gobierno y con el necroempoderamiento que ha logrado el crimen organizado, lo imposible debe ser perseguido desde lo sublime, convertido en imperativo ético. Finalmente, desde Foucault, el cuidado de sí parte de la inquietud de sí, …que define una manera de ser, una actitud, formas de reflexión, prácticas que hacen de ella una especie de fenómeno extremadamente importante, no sólo en la historia de las representaciones, no sólo en la historia de las ideas o las teorías, 16 En las entrevistas a algunas de las madres de las víctimas, de manera reiterada son señaladas las respuestas que reciben al momento de hacer la denuncia, sin importar el sexo. Que están sino en la historia misma de la subjetividad o, si lo prefieren, en la historia de las prácticas de la subjetividad (Foucault, 2009, p. 29). Esta inquietud de sí, deberá basarse en la “parreshia, que debe comprenderse groseramente como franqueza, apertura del corazón apertura del pensamiento” (ibidem, p. 169), que deberá convertirse en una actitud general en la vida, en la vida misma, en la vida entera. La inquietud de sí es la dedicación, en diálogo con las DP, a la ocupación más valiosa, a la que se está enfocada por elección, “a la que podríamos estar dedicados al momento de morir” (ibidem, p. 456). Lo que implica una vida dedicada a la experiencia de la búsqueda, donde la inquietud de sí, el cuidado de sí, esté articulado y articulándose cotidianamente como prueba de existencia. Y como tensión a esta inquietud de sí, está propuesta la tercera hipótesis, que en términos de las DP representan al signo de los tiempos. En este contexto, es la expresión de una subjetividad violenta. Lo que implica que al aumentar las DP, concentradas en jóvenes varones, expresará una ruptura, no es lapsus, que acerca, en lugar de alejarnos, a una sociedad que reproduce destrucción y muerte, antes que comunalidad y creatividad. Este escenario está siendo tejido cotidianamente por esa subjetividad violenta. Este tema será desarrollado en el siguiente y último apartado. La hipótesis 3: la subjetividad violenta La violencia como el signo de los tiempos (Coronado y Soto, 2020) la enmarcamos en una acumulación de capital anárquica, destructiva y autodestructiva. Representa el ineludible signo toral, porque su forma emergente secuestra todo tipo de experiencias enriquecedoras, trayendo consigo imágenes propias de una película apocalíptica. En efecto, este signo de los tiempos secuestra y merma nuestras experiencias, los juicios morales, analíticos y críticos, embriagándonos con temores alimentados desde las fake news, el capitalismo gore, la sociedad espectacular, el snuff y el splatter entre otros muchos mecanismos más. Construyendo la época de una subjetividad violenta, que seduce por su simpleza, enmoteladas, que andarán con la pareja, que en qué cosa andaban, y otros señalamientos estigmatizantes por el estilo. 54 Las desapariciones de personas La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas 55 rapidez y eficiencia.17 Características básicas de la violencia (Coronado y Ruiz, 2019). Si las subjetividades provienen de las articulaciones entre signos, perceptos y afectos (Coronado y Soto, 2020), afirmación sustentada en Foucault (2011), al enunciar que las subjetividades están sustentadas en interpretaciones provenientes de esas tres esferas, entonces en la sociedad contemporánea están pletóricos de violencia. Este argumento circular, encuentra su base al voltear hacia los 17 En marzo de 2021, apareció una nota en Facebook, que hasta podría parecer graciosa, porque la suscribió un niño entre 5 o 6 años. Era una amenaza al Ratón Pérez, por haberle dejado solamente 100 pesos argentinos por un diente en un muy buen estado. El niño le reclamó al ratón que debería volver a cotizarlo, “so pena de verse sin dientes” (https://m. facebook.com/story.php?story_fbid=10227703367155485&id=1406825735. 8 de marzo, 2021). Esta simple historia habla de una forma de violencia, en tanto mecanismo para que esa imagen reconsidere su acción; es decir, la violencia se da como una constante generalizada para resolver reclamos y conflictos. En pocas palabras, la violencia es algo más que un mero producto del crimen organizado, sino que es un agenciamiento directamente funcional a una estructura social, al tiempo que crean una subjetividad violenta. Para analizar la violencia de las DP, es indispensable revisar las realidades y verdades que ha acuñado, sostenidas desde las políticas de seguridad, las acciones de las diferentes corporaciones estatales, el tráfico de droga, el narcomenudeo, los homicidios y feminicidios, la práctica de la tortura, la relación que guarda con el derecho y la justicia, incluso como relación productora del poder constituyente que está diseminado y del que se hace uso en la vida cotidiana. Hablando de la violencia en general, la multiplicidad con la que se presenta, implica abordar “homicidios dolosos, masacres, desaparición de personas y fosas clandestinas, métodos brutales de asesinato y destrucción de cuerpos, así como desplazamiento de pobladores, que viene registrando Jalisco y algunos estados circunvecinos, configuran un solo patrón de violencia masiva que ha llegado a niveles de destrucción y crueldad significantes hegemónicos que orientan a los regímenes de signos (Deleuze y Guatarri, 2012), porque permiten captar al calor de narraciones y experiencias, la génesis de una subjetividad violenta que contiene elementos contradictorios entre sí, aunque siempre bajo la hegemonía de flujos funcionales al sistema; su prototipo está en un sujeto como El Pozolero, quien obedece a su patrón sin ningún cuestionamiento ético o moral. El crecimiento exponencial de la violencia instrumental, la utilizada como medio para obtener un fin inmediato, encuentra un eco potenciado en una mayor crueldad del victimario; ambas encastradas en una subjetividad violenta, altamente funcional al sistema. Al ejecutar con mayor violencia cualquier tipo de delito, aparece un excedente que sobrepasa a la violencia instrumental, no necesario para alcanzar ese fin, es decir que el medio utilizado desborda con mucho al fin perseguido. Originando que cualquier robo, por más pequeño que sea, bajo la lógica del crecimiento exponencial, siempre conlleva una alta dosis de violencia excesiva. Según CNN el año de 2019 ha sido el más violento desde que se tienen registros (Es oficial: 2019 ha sido el año más violento en México, 2020).18 En realidad, la violencia instrumental desbordada está originando otro tipo de violencia que también desborda sus fines. Tal es el objeto de la violencia expresiva, que utiliza regímenes de signos provenientes de una sociedad excretadora de sujetos marginales, funcionalmente normales y sin más voz que su expresión por medio de la violencia. Cuando recupera los excedentes de la violencia instrumental, ahora convertidos en violencias destructivas, da pauta para hablar de una violencia estética, sin más sentido que ella misma; entonces, conecta a los sujetos con el mundo, encajonándolos a utilizarla como el instrumento ad hoc para comunicarse con el mundo (Coronado y Soto, 2020). En este contexto de violencia, las DFP articulan los excesos de violencia operadas gracias a la aparición de las subjetividades violentas. insospechados” (Ramírez, Chinas y Ojeda, 2021). Y hablando específicamente de Jalisco, este tema es el pan de cada día en los medios 18 La cadena CNN realiza la afirmación de que el año 2019 ha sido el más violento en la de comunicación y la opinión pública. De tal manera que el miedo y la inseguridad son los historia, después de comparar 6 tipos de delitos: presuntos delitos, homicidios dolosos, acompañantes de la vida cotidiana, lo que obliga a prestar atención una y otra vez a esta feminicidios, secuestro, extorsión y trata de personas (2019 ha sido el año más violento en cuestión (Hurtado Esscoto, 2020). México, 2020). 56 Las desapariciones de personas La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas 57 La violencia expresiva es constitutiva de subjetividades, que provienen de disposiciones de deseos estructurados sistémicamente; violencia construida vivencialmente gracias a regímenes de signos que portan la pretensión de universalidad. Las decapitaciones y desmembramientos de los cuerpos son mensajes emitidos por los asesinos, pero que están acolchados en esa subjetividad. Lo que le da el peso característico de manifestarse en el mundo, en comunión con el inconsciente estructurado sistémicamente. Por esto, es expresión de las funciones sistémicas que definen a la sociedad contemporánea, en tanto que el incremento de las DP en Jalisco no tienen importancia, porque no afectan ni al orden social, ni a las condiciones generales de acumulación de capital. La proliferación de fotos y videos por todos los medios y plataformas, el aumento en las cifras de las DP, la incapacidad de las instituciones estatales para localizar a las personas desaparecidas, la ineficiencia en los servicios médicos forenses, han alcanzado proporciones y frecuencias nunca antes conocidas. Cuando el crimen organizado puede retar a las capacidades estatales sin recibir respuesta, cuando en el imaginario social circulan valijas con cientos de millones de dólares entre crimen organizado y fuerzas estatales, entonces estamos ante el manifiesto de una subjetividad violenta que está presente en las DP. Al complementarse y competir, en unidad y en conjunto simultáneamente, los circuitos de la subjetividad violenta con los medios dinero y poder, entonces otorgan a los sujetos el medio de reconocerse y autoafirmarse, al tiempo que les brinda el espacio equivalente para expresarse en los mismos términos que el dinero-consumo y el poder-biopolítica; que otorgan caminos para la reproducción y perpetuación de las formas de vida. Vidas sin existencia, vidas funcionales a un sistema altamente destructivo. Funciones contrapuestas a la inquietud de sí. Cuya inquietud crea divergencias, polifonías y procesos de desmontaje y creación instituyente. Es la postura de la horizontalidad, que en su dolor crea otros signos, otras interpretaciones y otras subjetividades. Otras disposiciones de deseos que le arrebatan a los dispositivos institucionalizados nuevas vidas, creando otra genética social. Consideraciones finales 58 La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personar Las desapariciones de personas En la construcción de este capítulo, siempre estuvo presente el recuerdo de las y, en menor grado, los familiares de las víctimas de las DP, resonancias precisadas gracias a las entrevistas formales y grabadas, así como en pláticas informales, que hemos venido retomando desde hace varios meses y que nos han orientado en las respuestas de por qué se dan estos procesos. Las personas entrevistadas expresaron dolorosamente sus diferentes experiencias, que al tiempo que arrancaron llantos y tristezas, ocasionaron indignación ante la escasa respuesta institucional. Este escrito es apenas un primer acercamiento y un intento de explicación a la manifestación masiva de las DP. La primera de las tres hipótesis presentadas en este capítulo resaltó el imperativo de garantizar la tranquilidad y al orden social, por lo que algunos mandos del Estado ocultan cualquier situación capaz de alterarlas. Aquí quedan incluidas las desapariciones de personas y las fosas clandestinas que simularán tranquilidad y calma en la escena social, lo que incidentalmente favorecerá al borramiento de evidencias. La burocracia estatal se acopló esta forma de accionar, sin ninguna reserva ética. Por esta razón es la analogía con el axioma arendtiano: la banalidad del mal. La segunda hipótesis señaló que el crimen organizado, en connivencia con algunos mandos del Estado, y en coincidencia maquínica con otros, originalmente ocultaron y desaparecieron los cuerpos, incluso para evitar señalamientos directos, al igual que en la primera hipótesis, pero, posteriormente, escalaron hacia el escarmiento y castigo, mostrando el horror de las DP a la población, con atroces videos que testificaban este horror antes oculto. Sus mismos perpetradores los hicieron públicos para enviar mensajes de las sanciones que les esperaban a la competencia y a desleales y traidores. La tercera hipótesis, que es la respuesta de este capítulo, es que las DP representan al signo de los tiempos: expresiones de la subjetividad violenta. Lo que implica que el aumento de las DP forma parte de una forma de subjetivación social, como parte de las funciones sociales contempladas desde la misma estructura social, unida a la parte de destrucción y muerte. Subjetividad violenta que teje y está siendo tejida cotidianamente desde la responsabilidad de las y los sujetos, como parte de su genética social. 59 Las tres hipótesis fueron trabajadas de manera complementaria y no excluyente en tanto respuestas a los porqués de su desaparición. El entramado resultante explica el surgimiento tan diverso y contradictorio, que abarca desde los procedimientos institucionales poco eficientes, con empantamientos, así como el tratamiento tan disímil y confuso de los datos estadísticos. Al mismo tiempo que otorga la base para pensar en esos tres mecanismos complementarios a nivel social: las relaciones de connivencia entre el Estado, el crimen organizado y algunos sectores de la sociedad civil; la aparición y fuerza de las asociaciones civiles, así como la tensión entre la aparición de una subjetividad violenta, que está detrás de las DP, y los procesos creadores de subjetividades que se separan de lo instituido. La apuesta estriba en que la fuerza y capacidad, provenientes especialmente de las madres de las víctimas, será capaz de crear una inflexión en la historia que rearme el entramado social. Producto de lo particular que les sucede a familiares de las víctimas, está la posibilidad de construir un cuidado de sí general, que cuestione las finalidades de la actual genética social. Apostemos por este movimiento, capaz de crear y pensar otro tipo de relaciones. Bibliografía Anders, Günther (2014). Acerca de la libertad. Valencia. Pre-Textos. Arendt, Hannah (1999). Eichmann en Jerusalén. Barcelona. Ed. Lumen Auge, Marc (2000). Los no lugares. Espacios del anonimato. Barcelona. Ed. Gedisa. Ávila, Jonathan (30/08/2019). Los focos rojos de la desaparición en Jalisco. Reporte Índigo. En https://www.reporteindigo.com/reporte/los-focos-rojos-de-desaparicion-en-jalisco-municipios-interior-regiones-rurales/. Consultado el 5 de mayo, 2020. Barajas, Diana y Ramírez, María (25/06/2020). Hay más de 9 mil desaparecidos en Jalisco; 2019 fue el año con más denuncias. Milenio. En https:// www.milenio.com/politica/comunidad/desaparecidos-jalisco-suman-nueve-mil-2019-denuncias. Consultado el 30 de julio, 2020. 60 Las desapariciones de personas Barrera Rodríguez, Jaime (07/05/2015). Aristóteles y Nájera ponen cara. En Mileno: https://www.milenio.com/opinion/jaime-barrera-rodriguez/radar/aristoteles-y-najera-ponen-cara. Consultado el 20 de mayo, 2021. Belmont, José Antonio (13/07/2020). Segob: hay más de 73 mil personas reportadas como desaparecidas en México. Periódico Milenio. En https://www. milenio.com/politica/mexico-70-mil-personas-reportadas-desaparecidas. Consultado el 20 de agosto, 2020. Benjamin, Walter (2007a). Hacia la crítica de la violencia. Obras libro II/vol. 1. Madrid. Ed. Abada, pp. 183-206. Benjamin, W. (2010). Alemanes. Colección de cartas. Obras libro IV/vol. 1. Madrid. Ed. Abada, pp. 91-176. CEDHJ (2019). Recomendación 25/20191 Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto de 2019 Asunto: violación del derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a la integridad, seguridad y libertad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la legalidad y seguridad jurídica y afectación al proyecto de vida de las víctimas de desaparición de personas, por incumplimiento en la función pública en la procuración de justicia por no garantizar sus derechos. Queja 3732/2017/IV y 72 acumuladas. En http://cedhj.org.mx/ recomendaciones/emitidas/2019/Reco%2025-2019.pdf. Consultada el 20 de marzo, 2020. CEPAD (2017). Frente a la desaparición forzada y a la desaparición por particulares en Jalisco: la lucha por la Verdad y la Justicia. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. En https://cepad.org.mx/wp-content/uploads/2017/09/ FDFDP.pdf. Consultado el 29 de mayo, 2020. Comisión Nacional de Búsqueda (2018). Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas. En: https:// www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enMX856MX856&source=univ&tbm=isch&q=COMISI%C3%93N+Nacional+de+B%C3%BAsqueda+(2018).+Informe+sobre+fosas+clandestinas+y+registro+nacional+de+personas+desaparecidas+o+no+localizadas&sa=X&ved=2ahUKEwiq5uzNyIjxAhUQKawKHZkWAEcQjJkEegQICRAB&biw=1440&bih=740#imgrc=VVM1yZpkptRdKM. [61] Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, aprobada en Nueva York (20-12-2006), United Nations Treaty Series, vol. 2716, p. 3. Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas, Belem do Pará, AG/RES 1256 (XXIV- O/94), res. de 9 de junio de 1994 de la Asamblea General de la OEA. Coronado, David (2010). Las percepciones de la delincuencia en dos zonas urbanas de Guadalajara: Providencia y Analco. Guadalajara, México: Editado por CUCSH de la Universidad de Guadalajara. ———. (2016). Las ciencias sociales: argumentación, modelos y rupturas sociales. En Valencia Aguirre y Coronado (coord). Espacio, juventud y educación. Una compleja relación polifónica. México. Ed. CUCSH, Universidad de Guadalajara, pp. 25-73. ———. (2020). Tejiendo el perfil delictivo en el otro diferente. La delincuencia en jóvenes y adolescentes. En Rev. Internaciones, año 9. Número 23, julio-diciembre 2020. Universidad de Guadalajara, pp. 203-236. Coronado y Tuiz (2019). La diferencia del presente en la normalidad y la zombitud. En Revista Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano d Sociología. Vol. 28, núm. 4 (octubre-diciembre, 2019), pp. 10-35. Coronado y Soto (2020). La violencia como signo de los tiempos. Capítulo del libro coordinado por Josefina Callicó, La violencia en la juventud. T. II. En Editorial. Universidad de Guadalajara. Cortés Guardado, Marco (2019). Los valores de los jaliscienses, 1997-2017. México, Ed. Universidad de Guadalajara. Crick, Francis (2000). La búsqueda científica del alma. Una revolucionaria hipótesis para el siglo XXI. Madrid, España: Ed. Debate-Pensamiento. Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Res. Núm. 47/133 de la Asamblea General (en adelante, AG), 18 de diciembre de 1992. Deleuze, G. (1995). Deseo y placer. Ed. Archipiélago. Barcelona. ———. (2009). Spinoza: Filosofía Práctica. Barcelona. Ed. Tusquets. Deleuze y Guattari (2012). Mil mesetas. Valencia. Ed. Pre-Textos. Duque, Félix (2004). Terror tras la postmodernidad. Madrid. Abada Editores. Es oficial: 2019 ha sido el año más violento en México. CNN Español (21/01/2020). En https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/21/es-oficial-2019ha-sido-el-ano-mas-violento-en-mexico/. Consultado el 23 de mayo, 2020. Florian Zakula, Björn (2015). La cifra oscura y las razones de la no denuncia en México. CDEUNODC, Centro de Excelencia para Información de Estadística de Gobierno, Victimización, Seguridad Pública y Justicia. https:// cdeunodc.wordpress.com/2015/12/14/la-cifra-oscura-y-los-razones-de-lano-denuncia-en-mexico/. Consultado el 1 de junio, 2020. Foucault, M. (2011). Marx, Freud y Marx. Prólogo de Eduardo Grüner. http:// elpsicoanalistalector.blogspot.mx/2011/10/michel-floucault-mmarx-nietzsche-freud.html. Consultado: 10 de agosto 2015. Foucault, M. (1987). Vigilar y castigar. México. Siglo XXI. ———. (2009). La hermenéutica del sujeto. México. Siglo XXI. Franco Migues, D. (2019). Tecnologías de esperanza. Apropiaciones tecnopolíticas para la búsqueda de personas desaparecidas en México. El caso de Las Rastreadoras del Fuerte. Comunicación y Sociedad, e7280. doi: https://doi. org/10.32870/cys. v2019i0.7280. Universidad de Guadalajara, México. Gándara, Sugeyry Romina (08/09/2020). Víctimas: Javier Duarte debe ir a juicio no por una, sino por todas las desapariciones en su sexenio. En Noticias MSN. En https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/v%c3%adctimas-javier-duarte-debe-ir-a-juicio-no-por-una-sino-por-todas-las-desapariciones-en-su-sexenio/ar-BB18O2Tp?li=AAggxAT&ocid=mailsignout. Consultado el 8 de septiembre, 2020. Gatti, Gabriel (2017). Desapariciones: usos locales, circulaciones globales. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes. Guattari, Félix (1996). Caosmosis. Buenos Aires. Ed. Manantial. Herrera, Luis (14-12-2020). Policías en fuga por desaparición forzada. En Reporte Índigo: https://www.reporteindigo.com/reporte/policias-en-fuga-por-desaparicion-forzada-investigacion-municipales/ Hurtado Escoto, Blanca (2020). La construcción de subjetividades en jóvenes de 15 a 18 años en contexto rural y de violencia en Ayotlán, Jalisco (20182020). Tesis de Maestría en Gestión y Desarrollo Social. Universidad de Guadalajara. 62 La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas Las desapariciones de personas 63 Irazuzta, Ignacio (2017). Aparecer desaparecidos en el norte de México: las identidades de la búsqueda. En Gatti (coord.). Desapariciones: usos locales, circulaciones globales. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, pp. 136-157. Kaës, René (2011). Un singular plural. El sujeto, el grupo y los espacios de la realidad psíquica: ¿Cómo pensarlo con el psicoanálisis? Conferencia: Universidad de Guadalajara. Abril 2011. Marcial Vázquez, Rogelio (2021). Masculinidades tradicionales en jóvenes pertenecientes a pandillas de Guadalajara en contexto de violencia social. En Martínez, Hirineo y González, Evaristo (coords.), La singularidad de la violencia en diferentes esferas societales. CUCSH-CUCSUR. En dictaminación. Mendiola, Ignacio (2020). En torno a la definición de tortura: la necesidad y dificultad de conceptualizar la producción ilimitada de Sufrimiento. Rev. DADOS, Río de Janeiro, vol. 63(2): e20180262, 2020. http://dx.doi. org/10.1590/001152582020206, pp. 1-32. Ojeda Segovia, Lautaro (2013). Tratamiento mediático de los delitos de cuello blanco o del poder. Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación, ISSN 1390-1079, ISSN-e 1390-924X, núm. 122, 2013 (Ejemplar dedicado a: Medios, Periodismo y responsabilidad Social), pp. 31-38. En https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5791085. Consultado el 30 de mayo, 2020. Onfray, Michel (2009). La escultura de sí. Por una moral estética. Madrid, Ed. Errata Naturae-Universidad Autónoma de Madrid. Ortega, Román (27/05/2019). Capturan a dos por asesinato de agentes investigadores. El Occidental. En https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/capturan-a-dos-por-asesinato-de-agentes-investigadores-3681079.html. Consultado el 15 de agosto, 2020. Ramírez Plascencia, Chinas Salazar y Ojeda Aldrete (11-05-2021). Boletín de prensa: “El crecimiento de la violencia a niveles masivos en Jalisco y estados aledaños”. Departamento de Sociología, CUCSH, Universidad de Guadalajara. Ramoneda, Josep (2001) Sobre las causas de la violencia. http://www.grups. pangea.org/pipermail/infomoc/Week-of-Mon-20011001/000013.html. Consultado: 28 de diciembre, 2015. Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) (31/05/2018). Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/ registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped. Consultado el 15 de abril, 2020. Registro histórico en México de 73 mil 201 personas desaparecidas (13/07/2020). La Jornada. https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/13/registro-historico-en-mexico-de-73-mil-218-personas-desaparecidas-4640. html. Consultada el 20 de agosto, 2020. Rello, Maricarmen (21/03/2018). Hay desaparecidos en 112 municipios de Jalisco. Milenio. En https://www.milenio.com/estados/hay-desaparecidos-en-112-municipios-de-jalisco. Consultado el 18 de junio, 2020. Ruiz, Ángel (28/07/2020) El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: los aciertos y las faltas. Sin Embargo. En https://www.sinembargo.mx/28-07-2020/3831262. Consultado el 20 de agosto, 2020. Segato, L. (2010). Las estructuras elementales de la violencia. Bs. As., Argentina. Ed. Prometeo. Segob (6-01-2020). Informe de fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas. Secretaría de Gobernación. En https:// www.gob.mx/segob/prensa/presenta-gobernacion-informe-de-fosas-clandestinas-y-registro-de-personas-nacional-de-desaparecidas-o-no-localizadas. Consultado el 20 de mayo, 2021. Segob (a) (29-01-2021). Informe de Búsqueda e Identificación de Personas. Secretaría de Gobernación. Informe 2020.http://www.alejandroencinas.mx/ home/busqueda-e-identificacion-de-personas-desaparecidas-informe-2020/. Consultado el 20 de mayo, 2021. Segob (b) (8-04-2021). Informe de Búsqueda e Identificación de Personas. Secretaría de Gobernación. En http://www.alejandroencinas.mx/home/informe-de-busqueda-e-identificacion-de-personas-desaparecidas-al-8-de-abril/. Consultado el 20 de mayo, 2021. 64 La vida contra la agonía sempiterna de las desapariciones de personas Las desapariciones de personas 65 Sferrazza Taibi, Pietro (2019). La definición de la desaparición forzada en el derecho internacional. REV. Ius et Praxis vol. 25 núm. 1 Talca abr. 2019. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122019000100131. Consultado el 04 de mayo, 2020. Sloterdijk, Peter (2012) Has de cambiar tu vida. Valencia: Ed. Pre-Textos. Sisovid (2020). Total de personas Localizadas de diciembre 2018 al 30 de septiembre del 2020. En https://sisovid.jalisco.gob.mx/. Consultada el 30 de septiembre, 2020. Souza, Dalia (2020). Jalisco: un registro de desapariciones que no cuadra. Cuadrante 7. En http://cuadrante7.mx/jalisco-un-registro-de-desapariciones-que-no-cuadra/. Consultada el 25 de junio, 2020. Torres, Raúl (02/04/2019). Suman 516 jaliscienses desaparecidos en 67 días. El Universal. En https://www.eluniversal.com.mx/estados/suman-516-jaliscienses-desaparecidos-en-67-dias. Consultado el 13 de mayo, 2020. Tortura difundida en video: los horrendos métodos de intimidación masiva de los narcos mexicanos (28/06/2019). INFOBAE. En https://www.infobae. com/america/mexico/2019/06/28/tortura-difundida-en-video-los-horrendos-metodos-de-intimidación-masiva-de-los-narcos-mexicanos/. Consultado el 15 de mayo, 2020. Turati, Marcela (12/11/2018). Ensayo sobre el uso de ácido. En Adónde van los Desaparecidos: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2018/11/12/ensayosobre-el-uso-de-acido/. Consultado el 13 de agosto, 2020. Tzuc, Efraín (26-03-2021). Los 7 datos engañosos sobre los avances en búsqueda de personas desaparecidas y hallazgo de fosas. En Adónde van los desaparecidos: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/04/26/los-7-datos-enganosos-sobre-los-avances-en-busqueda-de-personas-desaparecidas-y-hallazgo-de-fosas/. Consultado el 24 de mayo, 2021. Valencia, Sayak (2010). Capitalismo Gore. España. Ed. Melusina. 66 Las desapariciones de personas El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social Priscilla Hernández Rodríguez Introducción El crimen organizado en México ha marcado la cotidianidad de la vida de los ciudadanos en más de una dimensión, por su parte el Estado ha demostrado incapacidad, indiferencia e insuficiencia al poner en movimiento los mecanismos que deberían prevenir al delito y a la procuración de justicia; no es capaz de garantizar a los ciudadanos una atmósfera libre de violencia y vulnerabilidad ante los atroces actos criminales y terroristas que se han desarrollado en las últimas décadas dentro del territorio nacional. Este texto presenta un recuento histórico del crimen organizado en el país que surge a partir de una revisión documental profunda que permite dar cuenta de cómo se ha desarrollado el fenómeno de la desaparición forzada de personas en México y cómo es que esa práctica es utilizada como un mecanismo de terror social. Por otra parte, se presentan experiencias actuales recabadas a través de entrevistas a familiares de personas desaparecidas que ponen en evidencia cómo es que los cárteles utilizan método que aportan al horror y al terror como medio de control de territorio y de control social. Dichas entrevistas se realizaron como parte del Laboratorio de Estudios sobre Violencia de la Universidad de Guadalajara en los años 2018, 2019 y 2020 y se presentan de la voz de las propias familias que han padecido la desaparición en sus círculos más cercanos. Finalmente, se hace uso de conceptos que permiten entender el fenómeno de la desaparición forzada de personas y los estragos por los que pasan las familias al intentar encontrar a sus desaparecidos. Existe un escenario en el que un vasto número de ciudadanos son victimizados a través de prácticas criminales, basadas en técnicas y tácticas terroristas; una es [67] la desaparición forzada de personas (DFP), utilizada históricamente para lograr el manejo y el control de una sociedad en favor de un grupo de interés. Éste es un acto que viola diversos derechos humanos. En los años setenta fue utilizada en gran parte del territorio que comprende Latinoamérica, la metodología que se llevaba a cabo era el secuestro de una persona o un grupo de personas que posteriormente eran trasladados a centros clandestinos de detención para ser sometidos a diversas formas de tortura. Se desprende también de este fenómeno, la total falta de información y de respuestas no proporcionadas a las familias. Este método se extendió desde Guatemala hasta el Salvador, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México, entre otros. La característica predominante de este fenómeno y la que marca la pauta para ser considerada una de las más atroces violaciones de los derechos humanos es el ocultamiento intencional de la información referente al paradero y la condición de la persona desaparecida. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas exige a los Estados adoptar las medidas legislativas que fueran necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas. Art. 1 Los Estados parte en esta Convención se comprometen a: a) no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. Art. 2 Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuese su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 68 Las desapariciones de personas informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994 En México existe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, dentro de esta ley en el capítulo primero, artículo 2, apartado 5 se dice que se debe: Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero, así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable. Sin embargo, existen en el país más de noventa mil casos de desaparición forzada de personas sin resolver, esto de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, misma que cuenta con un registro de casos que va del 5 de enero de 1964 al 29 de julio del 2021 (datos.gob.mx., 2021). Casos en los que aún se desconoce el paradero de la víctima, en los que gran parte de la búsqueda recae en los familiares y en los que estas familias, víctimas secundarias de este crimen atroz se encuentran desprovistas del apoyo del Estado. La falta de seguridad y garantías por parte del Estado y la creciente violencia y las prácticas que surgen de ésta, vulneran y oprimen tanto a las víctimas primarias como secundarias que se derivan de un crimen tan atroz como lo es la desaparición forzada de una persona y el ocultamiento o falta de información que suele ser prolongado en el tiempo. Recuento histórico del narco en México: expansión y consolidación en el territorio nacional El ambiente actual de inseguridad en México tiene su génesis con los primeros grandes narcotraficantes que, por el incremento y la demanda de sustancias prohibidas por parte del país vecino del norte, por el enriquecimiento fácil e El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social 69 ilícito fruto del contrabando, y por los factores políticos y sociales, hicieron de México un escenario propicio para el surgimiento de las diferentes organizaciones delictivas que fueron mutando a los actuales cárteles. Durante el sexenio del expresidente Vicente Fox Quezada (2000 a 2006), el Estado se percató de la penetración que estaban teniendo estas organizaciones delictivas en la sociedad mexicana, para lo cual inició estrategias de seguridad como el Plan México Seguro, que tenía que articular y ejecutar el entonces secretario de Seguridad, Ramón Martín Huerta. En ese período se inició una estrategia muy particular y experimental que fue la creación de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), claramente sin éxito. En ese tiempo, las diversas organizaciones criminales comenzaron una disputa por las diferentes zonas geográficas del país para el trasiego de drogas y su venta al menudeo, para ello buscaron estrategias que les permitieran tener mano de obra relativamente barata, esto dio pie a que las organizaciones delictivas llevaran a cabo una serie de actos criminales, como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso o cobro de cuotas, la trata de personas; así, las filas del crimen organizado fueron creciendo y tomando la forma actual durante dicho período. Las estrategias implementadas en el sexenio de Vicente Fox Quezada tuvieron ciertos resultados que se vieron entorpecidos con la muerte, en un extraño accidente, del entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, quien fuera el ideólogo del Plan México Seguro. A partir de su deceso obtuvieron nulos resultados, ya que el Estado no estaba preparado para dar respuesta adecuada a este problema social y de criminalidad al que se enfrentaba. Quedando en evidencia la falta de preparación del Estado; la autoridad se convirtió, en muchos casos, en la principal promotora del caos, el desorden y la generación de crisis nacional. La militarización de las calles, la represión, la falta de prevención del delito, la pronunciación de la violencia pública, la búsqueda sin sentido de un modelo de gestión policial y de seguridad adecuada para este problema social tan complejo fueron antesala de la violencia actual en México, a lo que se sumaron la creciente pobreza, inseguridad y vulnerabilidad de la población. Sin lugar a duda, la guerra contra el narcotráfico es, de acuerdo con Pereyra (2012), el rasgo definitorio del sexenio del Felipe Calderón Hinojosa (2006- 2012), pues con esta estrategia se intentó desviar la atención de una deuda social reclamada por sus detractores, hacia cuestiones relacionadas con la seguridad. En este marco, la guerra contra el narcotráfico debe entenderse en función de una específica articulación entre soberanía y gubernamentalidad. El gobierno neoliberal y el enfoque gerencial de la política del gobierno panista no impidieron el resurgimiento de la vieja estructura de soberanía basada en el ejercicio de prerrogativas arbitrarias y extrajurídicas de poder. Pero, a diferencia de aquélla, el poder central no contó con una estrategia administrativa y logística que lo revitalizara. El Estado ha puesto en marcha la violencia de la soberanía sin concentrar esfuerzos en una reforma de las estructuras de seguridad, inteligencia, policiales y de justicia para combatir el narcotráfico. La perspectiva global de soberanía exige atacar al mayor número de cárteles e intervenir en la mayor cantidad de zonas del país, y esto deja de lado un enfoque selectivo que privilegie la imposición de la violencia en algunas zonas conflictivas, imponga penas y castigos disuasivos y controle el tráfico de armas para evitar que el crimen organizado siga abasteciéndose de armamentos (Pereyra, 2012). Los grupos de delincuencia organizada respondieron con una violencia desenfrenada que el gobierno no anticipó. Hubo un aumento en ataques a civiles, secuestros, desapariciones y levas forzadas, todas utilizadas como estrategia de opresión con prácticas terroristas y para controlar a la sociedad, atemorizarla y dejarla en desventaja ante la ola de violencia desmedida. El gobierno federal, cerca del año 2008, inició el famoso proceso de Depuración Policial con el propósito de descargar en alguna instancia el fracaso de su lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Esto le permitió justificar en el tiempo esa guerra y le permitió, paralelamente, incrementar la militarización de las calles. Es decir, desde su puesto en la Agencia Federal de Investigaciones, en el sexenio foxista, Genaro García Luna creó un modelo policial; que el paso del tiempo y los resultados han demostrado su no funcionalidad. Ese modelo fue preextendido y potenciado en el gobierno calderonista, con planes como SUBSEMUN, Policía Estatal Acreditable, es decir, durante este período todas las policías de la República debían tener Unidad de Análisis, Grupo Táctico y otro de Proximidad, que fue continuado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aunque la práctica de desapariciones forzadas de personas se ha desarrollado 70 El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social Las desapariciones de personas 71 en el país durante más de 60 años, es al menos en los últimos 15 años que las desapariciones se han acrecentado en el territorio nacional, por otra parte, el aumento a la criminalidad y la violencia en México, son claro indicio de los nulos resultados con ese modelo. La militarización de las policías es un modelo de gestión obsoleto, operacionalizado en los países desarrollados durante los años 60, 70 y 80, cuando se exigían uniformidad de prácticas, normas y doctrinas internas de corte militar, incremento de un lenguaje de símbolos militarizados, grupos tácticos, grupos de reacción, balaclavas, policías con rostros ocultos, armas de alto poder, altos perfiles y demostraciones de fuerza, entre otros. Durante todos estos años no sólo se incrementó la violencia, sino que además generó más desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones y hacia los diferentes niveles de gobierno en casi todo el país. Para suavizar esto, se crea una nueva imagen policial y se vende como parte del proceso para la mejora de la seguridad. Policías de todos los niveles de gobierno con uniformes iguales, patrullas rotuladas, uniformidad de prácticas y evaluaciones policiales; la solución que se intentó lograr a través de los controles de confianza, que sólo dio nuevos sicarios y trabajadores a los grupos criminales. La fallida estrategia de la guerra contra el narcotráfico dispuso la participación de las fuerzas federales y militares en diversos estados de la República, acción que surgió como una idea para asegurar el bienestar social, la soberanía y la seguridad, pero que se convirtió en el principal elemento de violencia. Resulta impensable que el bienestar social se consiga a través de las armas exclusivamente y no acompañado de programas paralelos de prevención, socialización, y reinserción social de manera real y efectiva. La prueba de ello son las cifras de muertos y desplazados que son superiores con creces a lo que sería una tragedia humanitaria y que habría dado cabida a la intervención de la ONU en la vida interna de México, como se ha hecho con otros países, donde la cifra de muertos, desaparecidos y desplazados son infinitamente inferiores a las de nuestro país. Las desapariciones forzadas alcanzaron cifras impensables en este período y se consolidó como un fenómeno cotidiano en la realidad mexicana. A lo largo de los últimos sexenios la guerra contra el narcotráfico ha demostrado ser una estrategia fallida. No sólo no se ha terminado con las situaciones de violencia e inseguridad, sino que se han visto acrecentadas de una forma desmedida. Se etiqueta de daños colaterales a homicidios, desapariciones y otros tipos de ilícitos perpetrados por el Estado y la autoridad y en vez de actuar en sentido inverso y menos represor, salen adelante leyes que ponen de manifiesto una presión y control más fuerte sobre la población; Ley de Seguridad Interior firmada en el 2018, como un claro ejemplo. El Estado ha dejado de lado todos aquellos avances legislativos que pudieran garantizar y mejorar la prevención, educación, salud y empleo. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el discurso oficial expresó una disminución de la violencia en las calles; de acuerdo con el mismo discurso las acciones del gobierno pasaron de las estrategias frontales a la eliminación selectiva de objetivos, eso tampoco funcionó. Las cifras de homicidios, desapariciones forzadas y otros delitos de alto impacto demuestran que se han incrementado. Por otro lado, existe una menor percepción de la inseguridad y más aceptación social y normalización de la violencia. La suma de esto da la impresión de que las políticas y estrategias de seguridad están funcionando, sin embargo la realidad en la vida cotidiana de México en cifras es cada día más violencia, más muertos, más robos a casas habitación y más desapariciones forzadas. La supresión selectiva de objetivos, está bien si va acompañada de medidas de control de territorio, el quitar una cabeza a la hidra genera la salida de otras cabezas y un incremento de la violencia por el control del vacío generado. Recuperar el control de territorios a sangre y fuego por parte del Estado es relativamente sencillo, enviar una ingente cantidad de armas, hombres y municiones a un lugar no cuesta mucho, se vio en el sexenio calderonista, pero mantener la seguridad en los espacios recuperados es lo realmente difícil y requiere un enfoque multidisciplinar de amplio espectro. En la nueva administración gubernamental se planteó el Plan Nacional de la Paz y Seguridad 2018-2024 para solucionar los problemas de violencia e inseguridad que golpean al país. Sin embargo, el plan tiene claras deficiencias en su estructura y concepción. Parte nuevamente de la máxima militarización del país, donde el mando operativo estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano, y de la Armada de México y los efectivos provendrán de las policías Militar y 72 El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social Las desapariciones de personas 73 Naval. Tan así que los modelos de patrullaje, intervención, actuación, respuesta, son al más viejo estilo del sexenio calderonista, convoyes de patrullas con tácticas militares, donde va un chofer, un jefe, un sujeto con arma larga o ametralladora en la cabina pick up, cuatro sujetos más sentados con fusiles y equipo táctico. Definitivamente no se aprecia una gran diferencia con gobiernos anteriores, salvo el color del uniforme. El plan señala que serán convocados 50 000 reclutas, que recibirán adiestramiento en planteles militares. A pesar de que en el apartado tres del Plan Nacional publicado en la página lopezobrador.org.mx, el punto uno dice que se erradicará la opresión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado, no aclara cómo es que prevendrá que actores del Estado o del mismo crimen organizado violenten y vulneren a los ciudadanos al arrebatarles sus derechos más básicos. El Plan Nacional de la Paz y la Seguridad propuesto por Andrés Manuel López Obrador, pretende recuperar el Estado de derecho y garantizar el bienestar de los ciudadanos, sin embargo es un camino largo y tortuoso el que habrá que sobrepasar para lograr tal fin. Si se sigue apostando al uso de la fuerza, al alto perfil bélico, la militarización de calles y policías, en vez de apostar a la educación, el empleo y la salud de calidad, estaremos ante otro período de reiteración de prácticas, sólo que con distinto discurso oficial La violencia y el narco como una expresión cultural De manera explícita la violencia se ha manifestado como un fenómeno construido socialmente, como predisposición y hábito de ciertos grupos y que de muchas maneras hace eco en los comportamientos de vastos segmentos sociales. Y podrá parecer insólita o irracional, necesaria o pragmática, pero la violencia sigue ahí, como parte del hombre (de sociedades y personas) y sus circunstancias, y que se expresa vía múltiples formas a través de los lazos indisolubles de la comunicación y la cultura (Córdova, 2012, p. 163). La violencia es un fenómeno que ha tomado proporciones mayúsculas en nuestro país, es evidente que en la actualidad la pobreza, la narcocultura y la descomposición social forman parte intrínseca de la realidad nacional y que en muchos aspectos marca el ritmo de la vida de los ciudadanos. 74 Las desapariciones de personas Por otra parte, es evidente que para ciertos individuos la violencia es un factor per se de sus actividades diarias. La narcocultura no podría existir sin todo aquello que le da simbolismos, que genera una figura idealista y exagerada del poder, las influencias, el respeto, el control, las riquezas que se construyen alrededor de la figura del “narco”, del amo y señor que mueve los hilos a su antojo y que es capaz de controlarlo todo. Lo narco no es precisamente el narco. Lo narco es lo que sobre el narco se imagina. Lo narco es la representación social reconstruida a partir de la emanación de sentido en torno de usos, costumbres, ritos y prácticas de los que comercian con drogas ilegales […] La narcotidianidad es el vecino que, harto de vivir apegado al decálogo de “la cultura del esfuerzo”, “apretarse el cinturón” y “empujar parejo”, decide prosperar económicamente de la noche a la mañana y erige una “tiendita” en su cochera […] La narcotidianidad es la iglesia que niega las “narcolimosnas” y absuelve a los capos del cártel más conocido de la región (Méndez-Fierro, 2007). Tanto la narcocultura como la violencia corroen la sociedad y la marcan tan profundamente que hemos podido percibir cambios en las prácticas sociales de los ciudadanos comunes. El narco, impregnado en la cotidianidad, ha generado un ambiente de aceptación e inclusive de complicidad que sobrepasa cualquier intento de desplazarlo. También es evidente que existe un génesis de una subcultura que con el paso del tiempo se convirtió en una cultura del narcotráfico. Es prioritario tener en cuenta de manera muy precisa y fehaciente la existencia de una narcocultura que evidentemente tiene incidencia en las prácticas violentas que atormentan a la sociedad. Sin embargo, es esa misma cultura de la narcoviolencia la que ha vulnerado y oprimido a la sociedad en los últimos años a nuestro país. Abrir las puertas a la violencia como algo cotidiano o como parte de la socialización nos ha convertido en víctimas factibles de crímenes atroces, la desaparición forzada de personas se ha instalado en nuestra sociedad como una práctica común dolorosa y atemorizante, aunque aceptada como un fenómeno social más. El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social 75 Desaparición forzada y las prácticas de opresión social a través del terror La desaparición forzada de personas en nuestro país se ha instalado como una práctica cotidiana, que marca el ritmo en la que todo se mueve. Como fenómeno ha crecido hasta ser adoptada en la vida de los ciudadanos mexicanos. La desaparición de uno o varios individuos ya no causa ni extrañeza ni asombro en la colectividad, sin embargo y a pesar de su aparente normalización y aceptación es un fantasma que acecha y aterroriza a la sociedad en general. El clima actual en México tiene un aire de miedo en el mejor de los casos, de terror que se impregna en el día a día y la desaparición de personas ha sumado a la vulnerabilidad y al caos en el que se encuentra sumergido el país. Las víctimas son incalculables, las historias desgarradoras y es imprescindible no dejar de lado el papel que ha desempeñado esta práctica en la opresión y la manipulación de la ciudadanía. De acuerdo con Eduardo Bericat (1991), el terror corresponde a una situación de suma impotencia frente a una fuerza que tiene tanto la pretensión como la capacidad de aniquilar al sujeto. El terrorismo procura generar un ambiente de tensión, de pánico e inseguridad en los individuos. Jean-Marie Balencie (citada en Khader, 2010) menciona que el terrorismo se caracteriza por una secuencia de actos de violencia, debidamente planificada y altamente mediatizada, que toma deliberadamente como blanco a objetivos no militares a fin de crear un clima de miedo e inseguridad, impresionar a la población e influir en los políticos con la intención de modificar los procesos de decisión (ceder, negociar, pagar, reprimir) y satisfacer sus objetivos (políticos, económicos o criminales) previamente definidos. El terrorismo y el terror que éste genera con sus prácticas daña profundamente tanto a los individuos como a las sociedades en su conjunto, el aspecto emocional es uno de los más afectados como parte de las consecuencias de las prácticas del terror. De la Porta dice que: El terrorismo contemporáneo presenta tres especificidades: el objetivo de la acción es escogido en base a su valor simbólico; la acción se propone efectos psicológicos más que materiales, y se articulan mensajes diferentes para objetivos diferentes. No cabe duda de que el terror es, en gran parte un hecho expresivo, donde el 76 Las desapariciones de personas observador puede constatar que el acto violento implica un significado más amplio que sus partes integrantes. Precisamente, la relativa eficacia del terrorismo deriva de esa naturaleza alegórica: mostrando la debilidad de la estructura social, los insurgentes demuestran, no sólo su propia fuerza y la debilidad de los gobernantes, sino también la impotencia de la sociedad para apoyar a sus miembros en circunstancias tan críticas (citado en González, 2006, p. 18). Las familias que a través de diversas entrevistas presentan su testimonio y que son víctimas “indirectas” se encuentran sumergidas en el miedo y el dolor, se pierden en la burocracia para intentar encontrar alguna respuesta sobre el paradero de su ser querido y esto va moldeando una nueva realidad y unos significados nuevos de lo que es vivir. La desaparición forzada de personas ha servido para aleccionar a la sociedad a una nueva forma de vida, una en la que es mejor permanecer en silencio, no llamar la atención y no manifestar queja alguna y así prevenir ser el siguiente en la lista de aquellos que son, pero no están. La lista de los desaparecidos crece cada día, a pesar de que no existe una cifra real de las víctimas se habla de más de noventa mil hasta el período que marcaría el primer año de gobierno del Lic. López Obrador. No tenemos un gobierno, no tenemos quien nos defienda, aquí es beneficio para… para el que tiene el poder. Si usted ahorita lo nombra, el secretario de Estado, a usted así les hace. Pero mientras no tiene es una persona muy simple, si tiene puesto, pues roba a él, roba a mí, roba a quien quiera, ése es el sistema. Necesitamos cambiar el sistema, que esperemos que este señor lo cambie, que castigue al corrupto, que castigue al ratero, que castigue al este y se fija a ver si no cambia. Cuando usted sabe que, si roba, le va… le va a venir esa sentencia y de verdad, no va a robar. Pero mientras todos nos vamos creciendo, México, tenemos un ochenta por ciento de pobreza y un veinte por ciento de ricos, más ricos del mundo, entonces estamos jodidos. Ése es el sistema, no nos vayamos a armar y esto, todo esto de las desapariciones, yo le puedo decir que hay… hay un… no sé cómo se dice eso… hay un este… hay algo, hay un objetivo… que lo están El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social 77 haciendo, no lo hacen por nomás, no lo hacen por robarle esa tele, no lo hacen por eso, no lo golpean (Mario).19 Sin embargo, éste no es un fenómeno nuevo, es uno que se ha creado y que fue creciendo bajo el manto de la impunidad. Poco o nada se sabe de cómo se realizan las investigaciones, cuando se realizan, ni cómo es que las familias afrontan la desaparición y la posterior búsqueda de sus desaparecidos. Lo que es claro es que no ha habido hasta la fecha una estrategia óptima para revertir el fenómeno al que día a día se enfrentan miles de ciudadanos de este país. Hay veces que, pues me llegan ratos de, no sé, de desesperación y recalo con ellos; y yo sé que no está bien que recale con ellos, porque yo les grito a ellos, búsquenlo, búsquenlo; por qué no lo buscan; y me dicen llorando; mamá, pero dónde; dónde lo buscamos [la señora pronuncia su narración con voz entre sollozos; está llorando]; dinos dónde nos metemos; ¿tú quieres que nos maten a nosotros también? ¿Para fin de encontrarlo? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Incluso anduvimos —ellos seguro para que yo me calmara—, meee me trajo mi hijo en el carro, en un carrito que tiene, me trajo por todo Tlajomulco, Chula Vista, lugares así, donde había baldíos, lo anduve buscando [la señora entre llanto narra lo realizado], en portones, enseñándole a toda la gente un foto, haber si no lo habían visto; veía baldíos que veía, así como bodegas, llegaba y les tocaba con piedras [se hace un silencio] y… y no, no salía nadie; y… y lo busqué mucho, mucho; diario nos íbamos temprano; a Tonalá, a donde quiera, a donde yo oía en las noticias, que encontraron el cuerpo de fulano de tal; y ya me iba con mi hijo y otro y mi hijo anda también bien desesperado (Cristina).20 19 El mes de julio del año 2018 se realizó una entrevista a Mario quien en ese momento tenía un hermano en condición de desaparecido, la desaparición forzada se dio seis meses antes de la entrevista y la única información sobre el caso era la participación de la Marina en el mismo. 20 El diccionario Collins English Dictionary nos presenta cuatro significados para la palabra oprimir: 1. 2. 3. 4. Subyugar mediante crueldad, fuerza, etc. Ejercer gran presión sobre (la mente, la imaginación, etc.). Afligir o atormentar. Término en desuso para abrumar. Si analizamos el contexto y la realidad social que se vive en la actualidad en México, podemos decir que las prácticas que se han normalizado como las desapariciones forzadas de personas son una clara forma de terrorismo que se utiliza para, a través de la crueldad y la fuerza, mantener subyugados a los individuos. Por otra parte, tanto el acaecer de una desaparición como la posibilidad misma aflige y atormenta a los ciudadanos, que ven cómo de forma cotidiana las víctimas se multiplican, finalmente se puede aseverar que el fenómeno de la desaparición forzada de personas ha generado una gran presión emocional en la sociedad, y de manera trágica en aquellos que se han visto confrontados con la pérdida y el posterior proceso de búsqueda de sus desaparecidos. Incluso, no-nadie, nadie está haciendo su vida normal desde el día en que se lo llevaron; y es tan feo vivir un calvario así [se hace un pequeño silencio]; es dolor que, uno dice que… uno se está muriendo poco a poco; porque… de la incertidumbre de no saber, de que no te hacen una llamada, no te piden dinero; yo hay veces que pongo mi celular y digo; con tal de escuchar la voz de mi hijo que me dijera, Ma’ estoy bien; pero no; desde ese día, no, nunca, no hay señas de nada, nada, nada, nada (Cristina). Las familias relatan el dolor que hay detrás de la indagación una vez que algún ser querido ha desaparecido, el cambio que se da en su realidad y cómo se enfrentan al tormento emocional del que son víctimas invisibles. Cristina fue entrevistada el mes de agosto del 2018 referente a la desaparición de su hijo que a la fecha tenía tres meses desaparecido. Se abordó el tema de cómo se dio la desaparición y cómo había sido el proceso de búsqueda hasta el momento. 78 Las desapariciones de personas Y ya fue ahí cuando me quisieron enseñar el cuerpo, sus partes del cuerpo, pero no lo quise ver… porque… pues porque no… dije no, es un dolor muy grande ya. El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social 79 Si yo ya reconocí las prendas, yo ya conocí su piel… el único tatuaje que tenía del pie… porque lo demás haga de cuenta que con el… con el ácido se consume toda la carne, entonces ya no queda nada. Dios me da fuerza para poder salir adelante… porque es una cosa… que no se compara con nada… es una tristeza, es un dolor que solamente Dios me da fuerza para poder salir adelante (Nora).21 La desaparición forzada de personas suele darse en un marco de violencia e impunidad, aunado a esto se lleva a la práctica con niveles de crueldad inhumanos y es enmarcada por la violencia que se genera por parte de los agresores, sean éstos de la facción que sean. Se desaparece a la víctima o víctimas primarias y se desencadena una serie de eventos sombríos y terroríficos para aquellos que ahora son las víctimas secundarias, las familias, los amigos, los vecinos. Un suceso como éste no se desenvuelve como algo normal o de la vida cotidiana, nunca piensan las víctimas que les puede pasar algo como esto, se da como una turbación tan repentina e inimaginable que deja a todos los involucrados en un estado de shock. No sé, se metieron unas camionetas y creo los amagaron, eran 4 amigos que estaban, y los amagaron con armas largas y los hicieron que se tiraran al piso; entonces uno de ellos no se quiso tirar, que le dijo, no, yo no me voy a tirar porque me duelen mis rodillas; que le dijeron, bueno, no te tires hijo de tu tantas madres, después venimos por ti; entonces mi hijo estaba tirado; y él, que dijeron, tráete a ése; como querían ya hacer las cosas rápido, al primero que agarraron, a mi hijo lo agarraron y mi hijo… no pudieron entre 4 con él, no podían, esteee… lo agarraron, bajó otro de otra camioneta y lo agarró y lo aventó; según así me dijeron porque yo no vi; lo aventaron a la camioneta, hijo de tu tantas madres, con muchas malas palabras; y creo mi hijo les decía que por qué a él, él qué había hecho, él no estaba haciendo nada, entonces en eso, cállese que sabe que y con la pistola y ya se lo… incluso mi hijo gritó, dicen que una vecina que escuchó que les dijo que su papá estaba enfermo [la señora solloza y llora], como mi esposo es cuadripléjico, que no se puede mover, él es el único que le daba terapia en sus piernas; que les gritaba que él no les había hecho nada, que él era inocente, que él tenía su papá enfermo; que tenía una bebé chiquita; tiene una bebé chiquita como de 3 meses; entonces, cállese y lo metieron a guevos [huevos] y se lo llevaron; en eso que las camionetas iban dando la vuelta, le tiraron de balazos al que andaban alcanzando y pegaron los tiros en la puerta de un departamento; entonces mis hijas andaban gritando como locas, ¿verdad? Que porque se lo habían llevado (Cristina). La sutil opresión que surge a partir de las desapariciones forzadas en México nos habla de un escenario de miedo, de terrorismo de delitos de lesa humanidad. Se podría presumir genocidio que está alimentado por el terror que a su vez genera inmovilidad social, un estado de aceptación y normalización de la violencia. El estado emocional del terror implica la falta absoluta de control frente a un peligro inminente que amenaza la supervivencia del sujeto (Kovecses, 1990). El país entero está en situación de riesgo y el terror que se ha generado crea la sensación de que existe un peligro imperioso que nos acecha a todos, capaz de hacer un gran daño y que deja a los individuos en una condición de impotencia ante la incapacidad para controlar el escenario al que se enfrentan. Esto ha llevado al compuesto social a mantenerse en una actitud de sobrevivencia, deterioro y desprecio de valores socialmente aceptados: Haga de cuenta que en la colonia nos tienen como en un toque de queda; que nos vamos a tal lado y tú ¿Qué andas haciendo? Tiene uno la posibilidad de que le den a uno una golpiza esa gente así está, así está en todas partes, en todas partes (Noé).22 22 21 Noé fue entrevistado en el mes de noviembre del 2018. Noé se encontraba en el proceso de Nora fue entrevistada en el mes de noviembre del 2018, el hijo de María fue desaparecido búsqueda de quien fuera su expareja sentimental y madre de su hija. En su entrevista relata y la entrevista se centró en cómo fue que se dio la desaparición y cuál ha sido el proceso de los hechos relacionados a la desaparición, su conexión con el crimen organizado y el proceso la búsqueda por parte de la familia. de búsqueda que ha llevado a cabo junto a su familia. 80 Las desapariciones de personas El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social 81 En México nos encontramos ante una banalización de la violencia, una aceptación que ha vuelto inmune a la sociedad y que la mantiene en un aletargamiento que disminuye la visibilidad de las prácticas de terror que se llevan a cabo por diversos grupos de poder. La violencia en nuestro país se ha normalizado y esa normalización puede convertirse también en un ejercicio de terror por parte del Estado. Es decir, al cumplir demandas de seguridad de la ciudadanía, misma que estará dispuesta a renunciar a sus derechos civiles por seguridad. No existe recurso alguno para las poblaciones sometidas al terror. Por su parte, las instituciones públicas no ofrecen ninguna protección, pues muchas veces las fuerzas de seguridad son los primeros actores del terror y la injusticia (Pecaut, 1997). Cuatro días después ya supimos de la camioneta de el que la habían visto, andaba en Río Bravo [localidad de Tamaulipas localizada a 25 kilómetros de distancia aproximadamente de Reynosa], la traía el Comandante de la ministerial [risas de ironía] de Río Bravo, de que ya sabes la misma camioneta, Murano, gris, placas americanas… Nombre pues si vinieron a la casa como unas tres o cuatro veces, al principio y pues a hacer las mismas preguntas, una y otra vez lo mismo, lo mismo. Ellos ya sabían quién había sido, ya sabían todo, venían a ver qué sabíamos nosotros. Pues ya sabes que ellos son todos los mismos, los policías trabajan pa’ la maña [forma coloquial de nombrar a los grupos del crimen organizado], son la misma cosa. Y no pues ya después de eso ya no resolvieron nunca nada. Yo lo busqué, lo busqué por todos lados, pero nada (Adán).23 Queda claro, pues, que México se encuentra sumergido en un ambiente de violencia y terror desmedido, existe una dimensión de incertidumbre que genera 23 Adán fue entrevistado el mes de junio del año 2019, su caso es el que se ha extendido más en el tiempo en relación con los otros entrevistados, su hermano se encuentra en condición de desaparecido desde el año 2001. La víctima fue desaparecida en relación con el crimen organizado en compañía de otro sujeto masculino y nunca se obtuvo información oficial sobre su paradero o condición. 82 Las desapariciones de personas en la población un temor a ser víctima de alguna de las prácticas terroristas que se ven día a día en el país, desapariciones forzadas, asesinatos, cuerpos descuartizados que son expuestos a modo de advertencia, entre otras usanzas han sido y siguen siendo utilizadas como un método para obtener el control social, para disciplinar y para oprimir a la población. La desaparición forzada de personas es una construcción, una muy bien pensada estrategia de orden y contención que va más allá de la casualidad, del azar o la coincidencia. Vulnerabilidad social ante la criminalidad en auge El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico-social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de este evento (Richaud y Mesurado, 2013). La vulnerabilidad puede carecer de precisión conceptual, lo que deriva en una confusión y lleva a que se utilice como un sinónimo de pobreza. Sin embargo, la vulnerabilidad va mucho más allá del estado económico de los individuos y las comunidades, está conformada por diversos factores que impactan en la calidad de vida y en su capacidad de desarrollo. En el caso de las desapariciones forzadas que se han dado en los últimos años en nuestro país queda claro que la pobreza o el nivel económico no han sido determinantes para ser vulnerable ante el fenómeno en cuestión. Dicho fenómeno o práctica violenta y de opresión se ha empleado con víctimas de todas las esferas sociales, por este motivo es que se debe entender a la vulnerabilidad social como algo mucho más profundo y vasto que la falta de recursos económicos. En la sociedad mexicana, la vulnerabilidad social es el resultado del impacto provocado por el patrón de desarrollo vigente, pero también expresa la incapacidad de los grupos más débiles de la sociedad para enfrentarlos, neutralizarlos u obtener beneficios de ellos. Frecuentemente, se identifica la condición de pobreza de la gente con vulnerabilidad. Sin embargo, la inseguridad e indefensión que la caracterizan no son necesariamente atribuibles a la insuficiencia de ingresos, propia de la pobreza (Pizarro, 2001). El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social 83 En México, la vulnerabilidad está fuertemente ligada al clima de violencia vivido habitualmente y a los fenómenos despiadados que se desprenden de la misma. La desprotección por parte de las autoridades, la falta de respuestas, las muestras de poder cada vez más agresivas y crueles por parte de las múltiples organizaciones delictivas operando en el territorio nacional son factores altamente vulnerantes. Los ciudadanos no cuentan con mecanismos de protección o sobrevivencia que los aleje de la susceptibilidad de ser una víctima más. Pues yo digo que no; no hacen lo que deben de hacer; porque si hicieran lo que deben de hacer, no hubiera tanto crimen, tanta delincuencia que ya hasta uno tiene miedo de salir a la calle; ya uno se siente con miedo, ya no sale uno tranquilo, para nada; por eso, eso es lo que yo digo y pues…esperar; uno de pobre, espera; porque pues si tuviera uno dinero, uno también se movería con dinero; pero ésa es la verdad; pero espero que Dios me haga el milagro y me regrese a mi hijo bien; es lo único que le pido (Cristina). los desamparados. En cambio, el enfoque de vulnerabilidad, al dar cuenta de la indefensión, inseguridad, exposición a riesgos, shocks y estrés provocados por eventos socioeconómicos extremos, entrega una visión más integral sobre las condiciones de vida de los individuos. Al mismo tiempo, considera la disponibilidad de recursos y las estrategias de las propias familias para enfrentar los impactos que las afectan. Incluso yo digo a veces, ay, Dios mío, por qué a la gente pobre no se le hace justicia [se hace un silencio]; por qué desaparecen personas de dinero y luego, luego las encuentran [pequeño silencio]; como al que desapareció de… de lo… a la hija del forens… del dueño del forense, no sé… Enrique: La hija del forense; sí. Sra.: y todo eso, por qué se movilizan tan pronto, y por qué uno no [se hace silencio] (Cristina). El concepto generalizado de pobreza tiende a expresar una condición de necesidad resultante sólo de la insuficiencia de ingresos; bajo esta conceptualización de la pobreza se limita el campo para comprender el multifacético mundo de De acuerdo con Wilches-Chaux (1993), la vulnerabilidad se desarrolla a través de la interacción de variables sociales, económicas y políticas como las desigualdades regionales, de ubicación social, étnica y de género, la operación de los mercados de tierras inmuebles y los mecanismos políticos de toma de decisiones, los cuales condicionan y determinan procesos más amplios como urbanización, movimientos y desplazamientos demográficos masivos, problemas de sobreacumulación, endeudamiento, guerras externas y civiles. Por lo tanto, la vulnerabilidad debe ser expresada como la incapacidad de una comunidad o un individuo para absorber y hacer frente a los efectos de un determinado cambio que pueda representar una amenaza o un riesgo. Cuando el individuo no cuenta con los medios tanto económicos, culturales, educativos, sociales, entre otros, para hacer frente a las situaciones adversas que se presentan como parte del desarrollo mismo del ambiente y la sociedad debe ser considerado un individuo vulnerable. Los individuos pueden verse vulnerados por diversos factores, lo cierto es que es parte de la condición humana el ver vulnerado el desarrollo de una u otra forma. Podemos dar cuenta de que existen individuos con situaciones de vulnerabilidad mucho mayor a otros, sin embargo, es parte de la naturaleza de nuestro desarrollo que en algún momento nos encontremos vulnerados por algún factor. 84 El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social La vulnerabilidad puede ser definida como un factor de riesgo interno de un sujeto o un sistema expuesto a una amenaza (Cardona, 1991). Así pues, de acuerdo con el autor, la vulnerabilidad es la predisposición en la que algunos individuos se encuentran y que puede dar pie a daños en caso de que se presente algún fenómeno que resulte desestabilizador. Por lo tanto: Los “problemas sociales emergentes” que tanto desesperan a la ciudadanía, tales como la corrupción, drogadicción, delincuencia juvenil y violencia, han aumentado severamente la inseguridad urbana. Estos nuevos fenómenos no pueden comprenderse hoy en día sólo desde la perspectiva de la pobreza, sino a partir de la acentuación de las desigualdades y muy especialmente desde la condición de vulnerabilidad en que se encuentran muchas familias (Pizarro, 2001). Las desapariciones de personas 85 Las víctimas secundarias de desaparición forzada, que se encontraban ya en situación de vulnerabilidad, son sumergidas en la desesperación que se desarrolla ante la necesidad de encontrar alguna respuesta, esto los hace blanco fácil para ser víctimas de nuevos delitos en su contra. A mi hijo el más grande le extorsionaron; de primero le empezaron… amigas, amigos, mis hijos, empezaron a subir a las redes sociales, a Jalisco Rojo, a tráfico y todo, y como a la semana que subieron todo eso, subieron fotos de mi hijo y pusieron teléfonos de ellos [refiriéndose a los hijos y los amigos], personales, y como a la semana, de eso, le hablaron a mi hijo pa’ hacerle la extorsión; te esperamos en tal lado y muévete rápido si quieres ver a tu hermano vivo, este, lo tenemos te lo vamos a entregar, pero deposítanos $10 000.00 (pesos) pero ahorita rápido; entonces mi hijo les dijo, no, no, no, yo no tengo tanto dinero; diez mil pesos [la señora despide a alguien: adiós, que les vaya muy bien] esteee… deposítanos lo que tengas, pero rápido; y lo vas a depositar en 2 cuentas; y él, lo hicieron que fuera a Banamex y al Oxxo; la última fue al Oxxo; le dijeron, en el Oxxo vas a depositar… en el Banamex una parte, él nada más alcanzó a pedirle a su suegra rápido, comooo, como 8 000 y feria; entonces le dijeron; compra una caja de cigarros y no hagas ningún movimiento, porque te estamos viendo; y mi hijo pues andaba bien asustado. ¿verdad? Entonces, este, él se metió al Oxxo y compró unos cigarros y salió y le dijeron; haz el ticket pedacitos; quiero que lo rompas porque te estamos viendo; incluso aquí los traigo [la señora mostró el ticket mencionado; lo traía en una bolsa de plástico], aquí traigo todos los pedacitos, que ya los armaron ennn… en la fiscalía; todo armaron ahí, y sacaron… aquí está todo lo que le hicieron que rompiera; y en la fiscalía armaron todo esto, y sacaron el número del que le marcaron, y este… y ya lo… ya vieron con él, dicen que es una extorsión de, de, de la penal de Tamaulipas (Cristina). La vulnerabilidad está íntimamente ligada con la sociedad. Los individuos que se desarrollan dentro de ella se encuentran constantemente enfrentados a realidades que pueden dejarlos en situaciones vulnerables que les son ajenas. Es decir, algunos de los fenómenos sociales más actuales son los culpables de que los sujetos se encuentren vulnerados constantemente. 86 Las desapariciones de personas Por lo tanto, es imperante entender a la violencia y a las prácticas que de ella surgen como factores altamente vulnerantes. Reconocer este fenómeno y dar cuenta de él puede cambiar la visión sobre las víctimas factibles, la realidad es que no hay un específico grupo que se encuentre en riesgo, la vulnerabilidad, la violencia y la opresión se han esparcido a todos los ámbitos económicos, sociales y culturales del país y esto nos convierte a todos en posibles víctimas primarias o secundarias de un fenómeno tan aterrador como lo es una desaparición forzada. A modo de conclusión El acercamiento a la desaparición forzada de personas como una práctica de opresión social nos permite entender la proliferación del problema a nivel nacional. Las cifras que crecen día a día y los pocos o nulos resultados que el Estado otorga a las víctimas secundarias son una clara muestra de que la DFP es un fenómeno que no interesa ser resuelto. La normalización de la violencia y de las prácticas terroristas que se utilizan en contra de la población civil por parte de las diversas organizaciones delictiva y la participación o la aquiescencia del Estado para llevarlas a cabo vulneran los derechos humanos y generan un ambiente de terror y miedo en el que los ciudadanos son sometidos y aceptan el estado de excepción con la falsa promesa de seguridad y justicia. Desaparecer a un ser humano y posteriormente negar cualquier información relacionada con su paradero y con lo que le sucedió es negar, en última instancia, su propia existencia. Convertirlo en un número, en un expediente más, en otro caso sin resolver, hacer de él no sólo un desaparecido sino un olvidado por el Estado es una praxis atroz y victimizante para aquellos que buscan respuestas. Es imperante que el Estado deje de lado las prácticas opresoras que dañan al país y a sus ciudadanos y se comprometa con una real y efectiva búsqueda de justicia que restaure a las víctimas los derechos que les han sido arrebatados, dejando de lado los intereses perversos que pudieran develar que existe un metasentido en la ingobernabilidad que se percibe en la actualidad. El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social 87 Bibliografía Balencie, J., en Khader, B., (2010). El mundo árabe explicado a Europa: Historia, imaginario, cultura, política, economía, geopolítica. Barcelona, Icaria. Bericat, E. (2005). La cultura del horror en las sociedades avanzadas: de la sociedad Centrípeta a la sociedad centrífuga. Universidad de Sevilla, Reis 110/05, pp. 53-89. Cardona, O. (1991). Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Bogotá Collins English Dictionary (1979). Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas Belém do Pará, Brasil el 9 junio de 1994. Córdova, N., (2012). La Narcocultura: Simbología de la transgresión, el poder y la muerte. Sinaloa y la “Leyenda Negra”. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa. De la porta, en González Calleja, E. (2006). El fenómeno terrorista, Madrid, Dastin. Gobierno de México (2021). Base de datos del RNPED. Ciudad de México, México. Datos.gob.mx http://datos.gob.mx. Recuperado el 12 de septiembre 2021. Kovecses, Z. (1990). Emotion Concepts, Nueva York, Springer-Verlag. Méndez-Fierro, H., (2007). La Narcototalidad. UABC Mexicali. Monsiváis, C., (2004). La Narcocultura. Ni modo de conseguirle un cura si ya lo iba a matar. En Viento Rojo. Diez historias del narco en México. México, D. F. Random House Mondadori, pp. 34-44. Pecaut, D. (1997). De la violencia banalizada al terror: el caso. Revista Controversia, pp. 10-31. Pereyra, G., (2012). México: violencia criminal y “guerra contra el narcotráfico”. Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 3 México jul./sep. 2012. Pizarro, R. (2001). La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina. Santiago de Chile: CEPAL. Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, www.lopezobrador.org.mx. 88 Las desapariciones de personas Richaud, M., Mesurado, B. (2013). Estilos parentales, inestabilidad emocional y agresividad en niños en vulnerabilidad social. Un estudio transcultural. Ansiedad y estrés, 19 (1), pp. 53-69. Wilches-Chaux, G. (1993). La vulnerabilidad global. Bogotá, Colombia http:// www.desenredando.org. Recuperado el 12 de enero 2020. El crimen organizado: las prácticas del terror como medio para la opresión social 89 Juvenicidio y desapariciones en Jalisco Blanca Esthela Hurtado Escoto Juan Alfonso Cruz Vázquez Introducción En este texto, se busca generar una reflexión ante la situación urgente sobre las desapariciones en México. Es una constante que se repite en cada estado que conforma al país, sin excepciones ni distinciones, en algunos con mayor intensidad que en otros, pero con la misma gravedad. Dentro de esta problemática, de acuerdo con el INEGI (2019), se encuentra que los jóvenes entre las edades de 15 a 29 años son las principales víctimas. En este sentido, hablar de desapariciones, es hablar de un problema que tiene su mayor incidencia en las juventudes, hecho que lleva a plantear la primera pregunta: ¿en qué condiciones se encuentra el sector juvenil en México? Ante esta pregunta, se intenta dar respuesta a través de un concepto desarrollado por Valenzuela (2019), denominado como juvenicidio, en donde nos muestra las condiciones contextuales de la juventud en el país. En este mismo orden, es necesario conocer lo que se entiende por desaparición y cuáles son las características presentes en ella, para finalmente dar cuenta de la siguiente pregunta: ¿cómo se vinculan los procesos de juvenicidio con las expresiones que manifiestan los familiares de personas desaparecidas? Cuestión que pretende responderse mediante una estrategia metodológica de corte documental, con una reflexión sobre diversos textos y fuentes versados en la temática de desapariciones y juvenicidio. [91] Definición de conceptos: juvenicidio y desaparición (forzada y por particulares) Ante las diversas problemáticas a las que se enfrenta el sector juvenil en México, consideramos la desaparición como uno de los mayores problemas, ya que es el resultado de una serie de condiciones que se padecen a lo largo del país, como lo es la precarización de la vida en su forma generalizada. De ello se derivan una serie de problemáticas que, al mismo tiempo, podemos ubicarlas dentro de lo global, y que tienen su razón de ser dentro de un sistema político-económico singular, generador de diversas violencias estructurales, como son las brechas de desigualdad existentes. Cuando nos situamos en este contexto, donde se privilegia el mundo económico sobre todos los otros, nos damos cuenta de las desigualdades, acompañadas de pobreza, injusticia y violencia, que sólo tienen cabida dentro de las relaciones de poder generadas dentro de este sistema y que generan condiciones como el juvenicidio. También debemos situarnos en el contexto latinoamericano, en la condición de país subdesarrollado que ha sido construida históricamente, creando así una situación vulnerable. América Latina es la región con mayores niveles de inequidad, desigualdad económica y exclusión social, de acuerdo con el informe Violencia, niñez y crimen organizado, realizado por la CIDH (CIDH 2015), donde se destaca que durante el período de 2008 y 2010, ocho de los diez países del mundo con mayor índice de desigualdad en el ingreso eran latinoamericanos (Valenzuela, 2019, p. 50). con los problemas de violencia que atraviesa el país. Asimismo, no podemos ignorar la relación con el crimen organizado y, por supuesto, las relaciones políticas tanto nacionales e internacionales que mantiene el país. Para ello, es necesario conocer lo que se entiende por juvenicidio y por qué es importante abordarlo cuando hablamos de desapariciones en Jalisco. De acuerdo con Valenzuela (2019) el concepto de juvenicidio hace alusión al aniquilamiento de los jóvenes por la propia condición de ser joven, es decir, estar en una situación de juventud ya es signo de una violencia estructural que enfoca al sujeto juvenil como vulnerado, y si a ello se le agregan distintas variables como ser mujer, indígena, homosexual, afrodescendiente, pobre, entre otras, se sufre de diferentes vulneraciones y con ello, ocurre que el joven se convierte en un sujeto invisibilizado. En este sentido, una de las relaciones que se ponen en el centro de este sistema, en sus diversas complejidades, es la de vida-muerte llevándola a sus límites en todos los aspectos, pues cabe mencionar que una de sus bases es la extracción y explotación de la vida en todos sus modos: recursos naturales, vida animal y humana. Bajo estas lógicas se rige la vida y sus formas de vivirla. Las condiciones que dan pie a la existencia de un juvenicidio se anclan desde esta relación, donde lo que no contribuye a la acumulación de capital, no sirve. Esta expresión fue expuesta y considerada a partir del hecho ocurrido con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en el año 2014. No es que un hecho así no hubiera ocurrido anteriormente, sino que fue el detonante de la alarma dentro de la sociedad y las investigaciones académicas,25 al no tener no es lo mismo hablar de juventud desde occidente que de oriente, tampoco es lo mismo El contexto en donde se ubica el fenómeno de las desapariciones en tal magnitud, es imprescindible no perderlo de vista, puesto que en ello encuentra su razón de ser y los escenarios ad hoc para que suceda. En este mismo orden, se ubica el problema dentro de la categoría juvenil,24 ya que presenta características específicas dentro de México y se enlaza directamente hablar de joven en una comunidad indígena a una ciudad, por lo que la categoría de juventud, de acuerdo a Urteaga (2008), va más allá de una delimitación etaria, en tanto se vive y se concibe el ser joven desde otros saberes. 25 Si bien existen investigaciones documentadas sobre casos de desaparición forzada y cometida por particulares en informes de la Secretaría de Gobernación (Segob) en México y en sentencias y recomendaciones realizadas por organismos internacionales como la 24 Se entiende al sujeto joven desde una perspectiva contextual, es decir, el ser joven, es una Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas (ONU-DH), construcción histórica, social y cultural, que va a depender del contexto en donde esté parado; la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no sólo representó un interés académico, 92 Juvenicidio y desapariciones en Jalisco Las desapariciones de personas 93 “aparentemente” una explicación lógica a lo sucedido, y es que esto es así; no tiene una explicación válida ni legítima legalmente para acontecer, sin embargo, existe.26 De acuerdo con Valenzuela (2019) existen escenarios claves que posibilitan el juvenicidio, éstos son: Asimismo, dentro de estos escenarios claves, existen elementos característicos de ellos que posibilitan su reproducción y se legitiman entre sí, creando en este sentido una copertenencia entre orden-desorden-orden (Coronado, 2017), perpetuado por dos principales actores que son el Estado, por un lado, y el crimen organizado, por el otro. 1. Precariedad económica: malos empleos, informalidad, pobreza, desigualdad social, imposibilidad de comprar una vivienda, obliteración de los canales de movilidad social, exclusión de los parámetros de consumo publicitados e inaccesibilidad a la mayoría de los productos, limitaciones, restricciones y condiciones que afectan de manera especial a los jóvenes. 2. Precariedad social: escenarios violentos, agresivos, fractura del orden institucional, corrupción, impunidad, limitaciones estructurales profundas para definir y desarrollar proyectos viables de vida, expulsión masiva de personas que deben abandonar su país para tratar de construir un mejor futuro para ellos y sus familias. 3. Precariedad en los sistemas de justicia: estigmatización y criminalización de los jóvenes (pp. 58-59). […] incluyen precarización, pobreza, desigualdad, estigmatización y estereotipamiento de jóvenes y conductas juveniles (de manera especial de algunos grupos y sectores juveniles), la banalización del mal, que alude al desdibujamiento de los referentes dicotómicos entre bien y mal, permite a los asesinos matar sin mayores cargas emocionales, la adulteración del Estado y de las instituciones de procuración de justicia que producen y reproducen corrupción e impunidad como forma cotidiana de funcionamiento, la estratificación social basada en relaciones de subalternización, donde el orden dominante ha ampliado las condiciones de precariedad, vulnerabilidad e indefensión de los grupos subalternizados a partir de ordenamientos clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos, y un orden prohibicionista que, con el pretexto de combatir al llamado crimen organizado, ha funcionado como apuesta y estrategia que limita los espacios sociales de libertad (Valenzuela 2015, p. 12; Valenzuela, 2019, pp. 62-63). sino que también dio origen a una serie inusitada de movimientos políticos y sociales que Por lo tanto, la maquínica relación entre orden y desorden ha generado dinámicas sociales perversas que coartan la libertad de las personas. Concretamente, cuando se alude al tema de la desaparición de personas, jurídicamente se encuentran involucrados los dos tipos de actores ya mencionados: Estado y crimen organizado. Bajo este tenor, de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP, 2017), el delito de la desaparición se configura bajo dos modalidades. Una que refiere a la participación o aquiescencia de agentes del Estado en la comisión de tal hecho delictivo (señalado jurídicamente como “desaparición forzada”). Y otra que señala el involucramiento de actores desbordaron canales institucionales de procuración de justicia ante las fiscalías estatales con el aumento de protestas civiles y acciones colectivas por tales hechos, en donde se pasó de mirar el tema como un caso aislado, hasta considerarlo como un crimen sistemático con aquiescencia entre agentes estatales y delincuentes organizados, cuestión que para Gravante (2018) implicó el inicio y desarrollo de un proceso social de trauma colectivo. 26 Haciendo referencia a Foucault (1977) y Agamben (1998) este tipo de hechos, sirven como un aparato de control, para inducir miedo en la sociedad, en manos del Estado y del crimen organizado unificados, ejerciendo el poder por el simple hecho de ejercerlo, en palabras coloquiales, podríamos decir que: “porque quieren y pueden hacerlo” sin que exista una repercusión o leyes para hacer justicia. En el mismo tenor, ocurren la mayoría de las desapariciones en México. 94 Las desapariciones de personas Juvenicidio y desapariciones en Jalisco 95 sociales privados, o no pertenecientes al Estado (jurídicamente reconocido como “desaparición cometida por particulares”).27 Esto es especialmente importante, ya que la desaparición se encuentra ineludiblemente unida a la idea de la incertidumbre, sobre todo porque con el transcurso de las horas o los días, la comisión de este delito amenaza el estado vital en que se encuentra la víctima y propicia la desesperación de familiares. No obstante, la desaparición de personas en México comparte una serie de factores socioculturales con otras problemáticas detectadas a lo largo y ancho del territorio nacional, que van desde las familias y los núcleos sociales hasta las entidades gubernamentales. Algunos de éstos se encuentran en hechos como la corrupción, la impunidad, el ajuste de cuentas, el machismo, el huachicoleo, el crimen organizado y prácticas derivadas de ello, entre otros, que complejizan el fenómeno de la desaparición. De este modo, los contextos sociales en México presentan un carácter ubicuo en cuanto a la comisión de desapariciones de personas, pero que estadísticamente hablando, se refleja este fenómeno social con mayor insistencia entre grupos sociales vulnerables, especialmente en la población conformada por mujeres y personas jóvenes. Al respecto, el Centro de Estudios sobre Opinión Pública (CESOP, 2017), de la Cámara de Diputados, hizo el levantamiento de una encuesta telefónica a nivel nacional para sondear, bajo un razonamiento estadístico, los siguientes datos. Tal como se muestra en la figura 1, los tres principales actores sociales que la gente encuestada considera que son víctimas propicias para sufrir por el delito de desaparición forzada, están focalizados en los grupos vulnerables (17.1%), las mujeres (16.6%) y los jóvenes (12.2%). 27 En razón de esta idea, el capítulo tercero de la LGMDFP, en sus artículos 27 y 28 define quién y bajo qué circunstancias se comete el delito de la desaparición forzada, así como también se estipulan criterios específicos en los artículos 34 y 35 de la ley citada para determinar quién y bajo qué circunstancias se configura el delito de la desaparición cometida Figura 1 Grupos sociales propensos a ser víctimas de desaparición forzada ¿Qué grupos considera que han sido en mayor medida víctimas de las desapariciones forzadas? Hombres Mujeres Jóvenes Grupos vulnerables Sumando No sabe o No contesto suma %100 Niños Migrantes Quienes se oponen y critican al gobierno Los periodistas Fuente: CESOP, 2017. En la encuesta no hay una especificación clara sobre quiénes conforman los grupos vulnerables, pero resaltando el aspecto de interés que tiene la gráfica para este trabajo, la gente encuestada percibe que niños, mujeres y jóvenes tienen más propensión a ser desaparecidos. Aunque cabe resaltar que otros grupos sociales como los periodistas o quienes critican y se oponen al gobierno también son considerados blancos para las desapariciones forzadas y cometidas por particulares. No obstante, a pesar de que estos datos pueden advertir que las víctimas de desaparición no se generan de manera aislada, se requiere información más fina para que explique las correspondencias que podría haber entre las personas desaparecidas y el contexto social en que se encuentran insertas. Por consiguiente, el uso del contexto brinda la pauta para entender los actores, los discursos, las por particulares. 96 Las desapariciones de personas Juvenicidio y desapariciones en Jalisco 97 experiencias sociovitales y las coordenadas espaciotemporales bajo las cuales se encuentran las nociones del juvenicidio y las desapariciones: [El contexto representa] una herramienta analítica que permite identificar una serie de hechos, conductas o discursos (en general, elementos humanos o no humanos) que constituyen el marco en el cual un determinado fenómeno estudiado tiene lugar en un tiempo y espacio concretos. En esa línea, la utilidad del contexto como herramienta de análisis es la comprensión de un determinado fenómeno o evento de una manera integral, sin aislarlo de manera extremadamente artificial de otros fenómenos o eventos que ocurren en el escenario social (Flacso-Ibahri, 2017, p. 25). Por tal motivo, la noción contextual resulta de suma importancia para entender al juvenicidio y a las desapariciones como elementos emergentes y expresivos de una racionalidad violenta. En este sentido, la desaparición de personas encuentra vínculos sistémicos con el fenómeno del juvenicidio, en tanto se piensa a los sujetos ya no como un ejército de reserva, que sirva solamente a los fines clásicos del capital, sino que se han generado acciones paralegales e ilegales que perpetúan las dinámicas socioculturales que alimentan al juvenicidio. De esta manera, la situación de la juventud ha atravesado por distintos cambios en México y su propia condición ya presenta desventajas. Esta situación se complejiza cuando las posibilidades de acceder a una vida digna, entendiendo a ésta como el acceso a los servicios básicos, educación y salud, no es posible dentro de su contexto, aunado a la carga del deber ser en la juventud mexicana y los roles de género que deben cumplir. La ausencia de políticas públicas, la poca claridad de un futuro mejor, trabajos precarizados, entre otras cosas más, ponen al joven en una situación de vivir el aquí y el ahora (Benjamin, 1991), donde el dinero y los lujos son los protagonistas, incrustándose una subjetividad generalizada que es partícipe de los estilos de vida que brindan las dinámicas del capitalismo que son potencializadas por ciertos actores sociales como el narcotráfico, ya sea como miembros o simplemente como observadores, anhelando y/o legitimando estas formas de vida. 98 Las desapariciones de personas En efecto, el juvenicidio no es un hecho que ocurra de manera aislada, sino que está inmerso en un mar de violencias estructurales, que han creado y recreado significantes con los que se entiende y se vive la vida, esto es, la construcción de nuevas subjetividades que responden a un tiempo y espacio, permeados por procesos a su vez globales que se reproducen en las interacciones de los sujetos, con características singulares en un contexto determinado. Problematización del juvenicidio y la desaparición: ¿expresión o condición? Actualmente, ser joven en México tiene implicaciones que ponen en juego la vida. Es una constante escuchar en los medios de comunicación temas que hacen alusión a la problemática de la violencia. Asimismo, el país se encuentra en una situación de transición política, en donde los jóvenes parecen tener un mayor protagonismo; sin embargo, las cifras de violencia y desapariciones de jóvenes, siguen en aumento, para el 2018, la cifra de homicidios llegó a ser de 36 685 casos por cada 100 000 habitantes (INEGI, 2018). En el Informe 2020 de Búsqueda e identificación de personas desaparecidas, realizado por la Secretaria de Gobernación (2021) el número de denuncias de personas desaparecidas o no localizadas alcanza la cifra de 80 517 personas en el período del 2006 al 2020 (p. 2). Siendo Jalisco el primer estado con mayor número de denuncias. En esta misma tesitura, Horacio Ortiz Ríos y Data Lab Mx (2019) mencionan que: Los grupos con mayor incidencia de violencia homicida son los hombres de entre 25 y 39 años de edad. Tanto en hombres como en mujeres, los niveles de homicidio aumentan drásticamente a partir del grupo de 15 a 19 años. Entre los hombres, el aumento es dramático: la tasa se duplica para el grupo de 20 a 24 años, y sigue en aumento hasta el grupo de 35 a 39 años. También entre las mujeres, no es sino hasta el grupo de 40 a 44 años que la tasa comienza a disminuir (p. 6). Juvenicidio y desapariciones en Jalisco 99 De acuerdo con la cita anterior, se observa que los grupos con mayor incidencia se encuentran en las categorías de juventud, de acuerdo con los organismos institucionales. Hecho que reafirma la relación existente entre ser joven y padecer violencia, siendo la desaparición una repercusión más dentro de este problema Hablar de violencia es hablar de un acto de sometimiento y control sobre el otro en las condiciones que sean requeridas, de acuerdo con el agresor (Maturana, 1995). Sin embargo, la violencia no puede reducirse sólo a un acto cometido por un actor, sino que en ese acto de sometimiento van implícitas relaciones de poder estructurales que se reproducen de manera macro y micro dimensional. De este modo, el sustrato de dicha violencia que podemos considerar estructural, va más allá de la lucha por la sobrevivencia, pues lleva a optar por actos crueles e inhumanos que terminan por aniquilar con la vida en todas sus formas. Los jóvenes, adolescentes y niños, son tanto víctimas como también victimarios de tales actos, estando inmersos en la espiral de violencia perpetuada principalmente por el crimen organizado, mismo que está en busca de mantener un control y un poder; claro está que esta condición se encuentra ligada al sistema capitalista-neoliberal, ya que se privilegia al Estado y al poder económico para mantener este orden establecido. Es entonces cuando podemos hablar de un problema estructural, en cuanto a las lógicas por las que se rige la vida social, esto es; el privilegio que se le ha dado al poder político-económico en América Latina y que ha generado condiciones como las de desarrollo y subdesarrollo,28 en donde van implícitos los significados con los que se observa y se entiende el mundo. La violencia viene a ser parte funcional de las estructuras como parte de una subjetividad que se genera no solamente de arriba hacia abajo, sino que también se disemina de manera horizontal o transversal, de la periferia hacia el centro, y que intenta mantener una hegemonía en aspectos estructurales, pero también en adminículos 28 Estos términos fueron empleados por Harry Truman en 1949 en un discurso en Estados Unidos de América, mediante una propuesta para “ayudar” a los países más pobres del mundo a lograr un estatus de desarrollo económico como los países con más recursos. Hecho que tuvo repercusiones en la industrialización de los países y, con ello, el crecimiento de la sociales. En este sentido, siguiendo a Foucault (1977), la violencia representa un entramado de redes de control y poder sobre el cuerpo social. Es por ello que cuando se habla de juvenicidio y desapariciones, inevitablemente aparece la violencia como eje articulador entre ambas categorías al visibilizar y diferenciar diversas variaciones sociales entre la violencia objetiva, aquella que puede identificarse fácilmente por sus rasgos notorios y a menudo espectaculares, y la violencia subjetiva, que se encuentra en un plano invisible donde es necesario un acto de voluntad para identificarla (Zizek, 2009; Segato, 2003). Por tanto, estos dos planos de la violencia se encuentran representados de distintas formas en las interacciones cotidianas, que, finalmente, configuran cadenas de signos acolchados en significantes, operacionalizados en actos concretos que implican el uso de la fuerza. El punto de ello es que, a lo largo de los años, se han ido transformando percepciones y representaciones sociales, dando lugar a subjetivaciones cargadas de significantes adquiriendo diversos grados de complejidad, como los mismos grupos sociales en su conjunto. El juvenicidio y las desapariciones poseen elementos de la violencia objetiva y subjetiva al mismo tiempo, ya que pueden identificarse por hechos en concreto, como lo es el aniquilamiento de la vida, y, por otra parte, la creación de significantes que alimentan su reproducción y legitimación. Esto, nos lleva a plantear que, en cada tiempo, acontecen sus propios significantes que están cobijando las diferentes formas con los que la violencia adquiere otros matices; más allá de buscar una finalidad concreta, surge como una expresión en sí misma de los padecimientos sociales representados como síntomas. La violencia expresiva de acuerdo con Coronado (2018) es una evolución de distintos tipos de violencia que por su naturaleza, sólo puede ser presenciada en contextos como los que vivimos en México, es una expresión de poder por poder, que ya no tiene un fin, sino el ejercicio de la violencia se vuelve un fin en sí mismo, los hechos que ocurren se han salido de control, y poderes como el crimen organizado han logrado rebasar al poder que tiene el Estado en la sociedad, tanto que es la cura y el mal al mismo tiempo; esto es, la población les teme pero al mismo tiempo existe una confianza mayor que en el Estado; violencia de Estado y deuda externa en los países más empobrecidos. 100 Las desapariciones de personas Juvenicidio y desapariciones en Jalisco 101 violencia del crimen organizado son dos dimensiones hermanadas del capitalismo tardío neoliberal (Valenzuela, 2019, p. 22). Para el caso de la juventud en México, la violencia se presenta como una opción de vida y de sobrevivencia, proceso que se da de manera invisible a través de un abandono y un discurso que se genera por parte del Estado y sus instituciones. Del mercado, ni hablar, en la violencia se encuentra su principal arma de legitimación; la sobrevivencia del más apto. En busca de la sobrevivencia del más apto, y las nulas oportunidades a las que se enfrentan los jóvenes, se generan una guerra en la que, si no luchas, no tienes posibilidades de sobrevivir. Y en esta lucha, la violencia es un medio para vivir. En este sentido, la relación que se genera entre juventud y violencia, es una relación compleja, entendiéndola como procesos que encuentran un ir y venir de interacciones violentas, donde el uso de la fuerza para aniquilar al otro, es el modus operandi; los jóvenes que no se encuentran inmersos en este proceso de violencia, le presentan un reto y una resistencia, de manera que se busca que sean funcionales en algún sentido, y si no, se termina por aniquilarlos. Para entender la violencia en todas sus formas, hay que conocer, en primer lugar, cuáles son las lógicas que la legitiman, cuáles son sus signos, significantes y procesos mediante los cuales opera; en este sentido, la apuesta va más allá de considerar a la violencia como un acto físico o perpetuado por un actor. Retomando a Segato (2003) y Žižek (2009), es necesario una comprensión del discurso que está en el telón de fondo de los actos violentos y de cómo entendemos la otredad, y de una racionalidad inhumana, ya que su expresión máxima es el exterminio del otro que es como yo. En este sentido, el juvenicidio y las desapariciones son la expresión de una sociedad inmersa en la violencia, en tanto que su fin no es el aniquilamiento de la vida por alguna razón, sino el simple hecho de aniquilarla porque se tiene el poder y, muy importante, no existe sanción alguna por hacerlo. Hecho que ocurre de la misma forma con los feminicidios, pero con la distinción clara de condiciones de género. De esta manera, debido al carácter radical que presenta la violencia en prácticamente cualquier sociedad contemporánea, vale preguntarse ¿cómo es que prevalece en sociedades que enarbolan regímenes democráticos?, ¿cómo es que la violencia sigue generando en y hacia los jóvenes, sujetos consumibles y desechables? Al seguir a Boaventura de Sousa Santos (2017), una explicación plausible surge si se considera que la democracia representaba para la década de 1980 aquella condición necesaria para alcanzar el desarrollo social y el progreso de las condiciones materiales a nivel mundial, condición que fue exigida tanto por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de acceder a sus fondos de ayuda económica. Sin embargo, ello produjo un debilitamiento de la capacidad de agencia de los Estados-nación, al “acoplarse” el régimen democrático con el sistema económico capitalista: 102 Juvenicidio y desapariciones en Jalisco Las desapariciones de personas Cuarenta años después y observando la situación de las democracias realmente existentes en el mundo hoy, tanto en los países más desarrollados como en los restantes, que continúan siendo la gran mayoría, es fácil llegar a la conclusión de que dicha revolución fue mucho menos benéfica de lo que en ese momento se pensaba. Aquélla pretendía promover democracias de baja intensidad, basadas en criterios mínimos de pluralismo político y con tendencia a estar vaciadas de contenido social, esto es, de los derechos económicos y sociales y de las instituciones del Estado que antes aseguraban los servicios públicos en las áreas de la salud, educación y seguridad social. La democracia fue así promovida por ser la forma más legítima de gobierno débil, que más dócilmente aceptaría la ortodoxia neoliberal de la liberalización de los mercados, de las privatizaciones, del fin de la tributación progresiva, de la promiscuidad entre élites políticas y económicas; en fin, un gobierno al servicio de la globalización neoliberal (Sousa, 2017, pp. 484-485). Esto se explica y amplifica con novedosos mecanismos de control social y de trasgresión hacia lo humano, ya que los fenómenos tanto del juvenicidio como de las desapariciones de personas, hacen que los contextos sociales en los cuales se desenvuelven los sujetos cotidianamente, sean aún más precarizantes y se rijan bajo un régimen de signos, entendidos como un conjunto de elementos socioculturales que se reflejan en las percepciones y representaciones sociales 103 de una comunidad o un colectivo, tales como los valores o la idiosincrasia, que entablan relaciones de poder y dominación más sofisticadas y letales. Por ello, el papel de las configuraciones del poder y la violencia se ponen de manifiesto en la población joven al redefinir las reglas sociales del “hacer morir, dejar vivir”, en “hacer desaparecer, dejar precario”. Lo cual no es sólo una cuestión semántica y pragmática de los términos, sino que se establece un asunto semiótico-hermenéutico que busca captar los significados que despliegan los actores involucrados en torno a los fenómenos de desaparición y juvenicidio. De este modo, podemos hablar de una serie de elementos históricos y sociales que vinculan los procesos generados por las dinámicas juvenicidas en el contexto latinoamericano, y particularmente en el mexicano, con la transformación de los procesos que constituyen los actos de desaparición de personas. Esto quiere decir que la resignificación de los procesos de juvenicidio y de la desaparición implican signos característicos de los tiempos actuales. Ya que no es posible entender una desaparición dentro de un contexto político de finales del siglo XX, sino que el asunto ha desbordado las geografías de poder tradicionales, deviniendo en la proliferación de una guerra de baja intensidad, donde los bandos no son claros y los enemigos permanecen inconspicuos. Así, el sujeto joven se desvanece en los conflictos sociales y aparece sólo cuando es expuesto a la espectacularidad de la esfera pública en forma de asesinatos, desapariciones, desempleados, delincuentes, etc., que lo único que exalta es la necesidad mediática por alimentar una especie de morbo social y normalizar los actos violentos al grado de que aparezcan naturalmente sin filtros ni mediaciones éticas o morales dentro de los imaginarios colectivos. En este sentido, arribamos a la constitución de una sociedad del miedo, donde el control social ya no busca solamente infundir temor entre las personas ante un statu quo, sino que pretende dotar el signo de la esperanza bajo un nuevo contenido hermenéutico-semiótico encubierto por el deseo de tener y demostrar quién tiene más poder. Por consiguiente, la proliferación cultural del miedo se resignifica en un orden social ilegal y paralegal que disfraza la esperanza de miles de jóvenes por mejorar sus condiciones de vida, al ofrecer alternativas de enriquecimiento y prosperidad basados en un mercado de muerte. Dicho mercado de muerte es maquinado ante la falta de estabilidad del entorno macro y micro social, donde para cientos y miles, quizás millones de jóvenes de países donde la violencia es extrema, la crisis de las instituciones por otorgar sentidos que contengan las aspiraciones y los anhelos de progreso y bienestar. Lo anterior no pretende señalar que las instituciones sociales tradicionales como la familia, la escuela, el mercado de trabajo formal y el Estado ya no funcionen, sino que al interior de ellos ha crecido una semilla que floreció en una banalidad del mal, donde la violencia se apodera de las relaciones humanas más elementales, y donde el tejido social comunitario se resquebraja cada que un sujeto joven cae en un proceso de juvenicidio o es víctima de un hecho de desaparición. La incertidumbre es generalizada y compartida socialmente, los deudos y familiares de personas desaparecidas comparten lazos de dolor y desolación que manifiestan expresiones de desahogo, recriminación y pie de lucha incesante por encontrar o salvar a los suyos. Mientras que las acciones por prevenir y reparar los daños provocados a través de actos derivados de desapariciones o del juvenicidio, son paupérrimos en cualquier sociedad que pretenda ejercer un Estado de derecho. De manera concreta, ¿de qué dan cuenta las expresiones de familiares de las personas desaparecidas y de las víctimas de algún proceso juvenicida? En nuestra opinión, los reclamos y los estandartes de lucha cotidiana que madres, padres, hermanos, hermanas u otros familiares manifiestan hacia sus parientes víctimas, dan cuenta de aspectos estructurales que aplastan los procesos creativos de libertad y justicia, y al mismo tiempo proveen otras maneras de expresar su postura política frente al poder maquínico incrustado en el interior de la sociedad: la violencia exacerbada. Un primer aspecto que veladamente se ha tratado en este trabajo, pero que ya es necesario atenderlo por su importancia analítica y política, es el asunto de los estados de excepción. De acuerdo con Agamben (1998), un estado de excepción es aquel donde un poder soberano tiene la potestad de ejercer violencia legítima hacia otros grupos sociales en nombre de un fin superior. Éste generalmente se podía encontrar en la acción del Estado como actor preponderante que controlaba 104 Juvenicidio y desapariciones en Jalisco Las desapariciones de personas 105 la violencia por medio del enfoque de la gubernamentalidad, implicando el uso discrecional de las instituciones de un gobierno para fines políticos punitivos. Bajo este tenor, podemos seguir a Segato (2003) para entender cómo se redimensionan los estados de excepción, a partir de los feminicidios en Ciudad Juárez, ya que representan problemáticas sociales que son apuntaladas por entes económicos y políticos con gran capacidad de movilización de recursos humanos y bélicos que no necesariamente se encuentran en desventaja con el poder soberano del aparato estatal. Es más, estos agentes aparecen en la arena pública de manera espectacular e inconspicua a la vez, haciendo que las violencias se territorialicen y los perpetradores se hallen deslocalizados. No obstante, aunque el panorama en Latinoamérica y especialmente en el caso mexicano, parezca desolador en esta materia, todavía quedan resquicios de una esperanza basada en reclamar un mejor mundo para todos, en el que se resquebrajen los procesos perniciosos del juvenicidio (precarizantes, de muerte) y las secuelas provocadas por los actos de desaparición cotidiana tengan su fin. No obstante, ¿en qué consiste esa esperanza?, ¿a través de qué medio se puede vislumbrar un principio que esperance? Žižek (2009) y Coronado (2019) plantean que el fonocentrismo es clave en los sujetos para dar voz justamente a las injusticias y los reclamos ante los abusos de las instituciones maquínicas de muerte (Guattari, 2013). Estas instituciones, siguiendo el análisis de Coronado (2019), no sólo promueven entornos de muerte, sino también espacios de muertos vivientes, de sujetos zombis desprovistos de cualquier voz para expresar sus temores, sus anhelos, sus ilusiones, sus proyectos de vida. En este sentido, y a manera de conclusión de este apartado, los familiares de las víctimas de desaparición o de cualquier proceso de juvenicidio, luchan contra esa zombitud29 que normaliza la violencia y señalan la necesidad de romper con 29 De acuerdo con Coronado (2019a), la zombitud representa una metáfora social en la que se alude a sujetos sociales que están excluidos del sistema social por hallarse en una condición de “infectados” socialmente y depauperizados económica y políticamente, cuyo ejemplo prototípico se encuentra en la representación del “zombie” que come carne humana y deambula por el espacio público sin mayor uso de sus facultades que sus impulsos biológicos fundamentales. 106 Las desapariciones de personas las relaciones de poder y dominación en contextos sociales donde el capital sigue siendo lo más apreciado, incluso sobre la vida misma. Consideraciones finales La relación perniciosa entre la desaparición forzada de personas y los procesos de juvenicidio en México exigen una mirada analítica más comprensiva y exhaustiva desde las ciencias sociales. Por ello, este trabajo ofrece un marco interpretativo sobre algunas formas en que puede vislumbrarse este tema acuciante. Así, podemos esbozar cuatro puntos que pretenden zanjar esta discusión delicada, pero en el entendido de que se requieren más investigaciones que pongan de manifiesto la importancia de analizar estos fenómenos nocivos para la vida social a lo largo de todo el territorio nacional. El primer punto se vincula con la explicitación de la desaparición forzada y el juvenicidio como síntomas de una violencia exacerbada. Es decir, la configuración de regímenes de signos (Coronado, 2019b) que componen el fenómeno de la violencia plantea una radicalidad espeluznante en la era posmoderna. En consonancia con el punto anterior, es evidente que la segunda cuestión implica la interrelación procesual de ambos fenómenos sociales, ya que cualquier acto que deriva en un hecho de juvenicidio o desaparición tiene un anclaje violento en el entramado societal. Por ello, el carácter procesual de ambos fenómenos implica la configuración de poderes fácticos que producen sujetos desechables, los cuales, bajo un enfoque bio y necropolítico, complejizan los estados de excepción al propiciar que cualquier persona pueda ser víctima sin importar modo, tiempo y lugar. En este sentido, la expresividad de las y los familiares en las marchas, en los reclamos ante las autoridades estatales, en la búsqueda activa por diferentes lugares de México, dan cuenta de que, ante estructuras fuertemente impregnadas por la violencia exacerbada, se generan un cuarto punto con la aparición de las líneas de fuga, las cuales posibilitan la manifestación de reclamos e inconformidades con el sistema social, así como la generación de procesos creativos que contienen la rabia, la tristeza, la furia, la impotencia, la zozobra, pero también la esperanza, la motivación, la entereza, la fortaleza y el consuelo de que no todo está perdido ante un panorama necropolítico que parece devorar mundos sociales contemporáneos. Juvenicidio y desapariciones en Jalisco 107 Esto no es otra cosa más que procesos de resistencia que dan cuenta de una crisis generalizada en todos los aspectos de la vida cotidiana, a un nivel global y local; ante los escenarios desalentadores, no queda más que seguir buscando vías por las cuales expresar y manifestar la inconformidad; los movimientos sociales se observan y se hacen presentes a lo largo del continente, con distintas luchas que demandan cambios urgentes a las formas de concebir la vida maquínicamnte, es decir, en contra del interés para la acumulación del capital-poder sin importar el camino. Bibliografía Benjamin, W. (1991). Über den Begriff der Geschichte, en: Gessammelte Schriften, tomo I. Frankfurt: M. Suhrkamp, pp. 691-704. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2017). Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmdfp.htm Centro de Estudios sobre Opinión Pública (2017). Desapariciones forzadas. Encuesta telefónica nacional. Cámara de Diputados, LXIII Legislatura. Coronado, D. (2017). La oscura relación entre el orden y la violencia. Revista Vínculos, Sociología, Análisis y Opinión. México: Universidad de Guadalajara. Coronado, D., y Ruiz K. (2019a). La diferencia del presente en la normalidad y la zombitud. En Espacio Abierto, vol. 28, núm. 4, Venezuela: Universidad del Zulia, pp. 1-21. _______ (2019b). La seducción de la juventud a manos de la violencia expresiva. Revista educarnos paz y convivencia en la escuela, vol. 32, pp. 14-52. Agamben, G. (1998). Homo Sacer I, el poder soberano y la nula vida. España: Pre-Textos, pp. 136. FLACSO-IBAHRI (2017). Violaciones, derechos humanos y contexto: herramientas y propuestas para investigar. Manual de análisis de contexto para casos de violaciones a los derechos humanos. FLACSO, México. Foucault, M. (1977). Historia de la sexualidad I, la voluntad del saber. México: Siglo XXI Editores. 108 Las desapariciones de personas Gravante, T. (2018). Desaparición forzada y trauma cultural en México: el movimiento de Ayotzinapa. Convergencia, 25(77), 13-28. https://doi. org/10.29101/crcs.v25i77.9728 Guattari, F. (2013). Líneas de fuga. Por otro mundo de posibles. Argentina: Editorial Cactus. INEGI (2018). Buscador homicidios. Recuperado de: https://www.inegi.org. mx/app/buscador/default.html?q=homicidios+#tabMCcollapse-Indicadores ———. (2019). Datos preliminares revelan que en 2018 se registraron 35 mil 964 homicidios, Comunicado de prensa núm. 347/19. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSegPub/ homicidios2018.pdf. Maturana, H. (1995). Biología y violencia. Santiago, Chile: Dolmen Ediciones. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/19116143/maturana-humberto-biologia-y-violencia Ortiz Ríos, H. y Data Lab Mx (2019). Patrones del homicidio en México: una exploración de la tasa de homicidios en grupos de población (9 de septiembre de 2019). Animal Político. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/ blog-invitado/patrones-del-homicidio-en-mexico-una-exploracion-de-la-tasa-de-homicidios-en-grupos-de-poblacion/ Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. SEGOB (2021). Búsqueda e identificación de personas desaparecidas, Informe 2020. Ciudad de México. Sousa, B. (2017). Democracia y transformación social. Colombia: Siglo del Hombre Editores. Formato Epub. Urteaga, M. (2008) Jóvenes e indios en el México contemporáneo, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 6(2) pp. 667-708 Consultado en: http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html Valenzuela, J. (2019). Trazos de sangre y fuego, bionecropolítica y juvenicidio en América Latina, Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS). Bielefeld, Alemania: Universidad de Guadalajara. Juvenicidio y desapariciones en Jalisco 109 Žižek, S. (2009). Sobre la violencia: seis reflexiones marginales. Argentina: Paidós. Desaparición forzada de personas en Sinaloa. Más allá de las cifras Katia Alejandra Ruiz Herrera Lourdes Nadsheli Coronado Arias Rossely Barreras Miranda Introducción El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha generado el cambio que se había esperado, al menos no en el tema tratado en este capítulo, el de las desapariciones forzadas que, para tristeza de muchas personas, tal vez demasiadas, se han vivido en nuestra nación mexicana; muchos son los datos que nos expresan este pesar, muchos son los reclamos que han sido expresados hasta el cansancio. Sin embargo, los números estadísticos en ocasiones no dejan visibilizar la realidad que viven las víctimas y los ciudadanos. Las desapariciones forzosas dejan huecos en las familias, vacíos sociales que no siempre terminamos por conocer sus rostros, ni sus historias. Al trabajar en el campo educativo, puede notarse cómo personas que no tienen relación con el crimen organizado o al narcotráfico son envueltas en las desapariciones por el simple hecho de vivir en los territorios en conflicto, donde finalmente se convierten en datos y números insensibles que sólo servirán a políticos y organizaciones institucionales estatales, federales y hasta internacionales para hacer discursos que difícilmente toman en cuenta las voces de quienes siguen buscando a sus familiares y amigos; es a ellos a quien finalmente dedicamos este artículo. Más allá de los números La desaparición forzada de personas en México es un tema latente, que tiene un sonido fuerte y claro, en donde el crimen organizado y el Estado estrechan 110 Las desapariciones de personas [111] vínculos para dictar las reglas en un país donde la violencia y el miedo calan hasta los huesos. Esta investigación se ha llevado a cabo en diversos niveles educativos, gracias a que las integrantes de este equipo laboran en escuelas que las relacionan con estudiantes desde el nivel básico, preparatoria y licenciatura, por lo que se ha podido estudiar la situación de las desapariciones forzadas y la violencia que recorre la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y sus alrededores, esto gracias a la convivencia con esos jóvenes y sus familias, los cuales viven en carne propia estos horrores. Al notar cómo se encuentran relatos entre los alumnos de eventos violentos en sus comunidades, se empezaron a reunir con los actores principales de estos hechos, aquellas personas que de alguna manera se vieron afectadas por ese tipo de violencia, y fue así como en un muestreo tipo “bola de nieve” se pudo realizar esta investigación. Imagen 1 Ubicación de Sinaloa en la República Mexicana. Y ubicación de Los Mochis Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth. La elección del tema obedece a que, a pesar de leerlo todos los días en los diferentes medios y de observar el miedo que provoca en la gente, creemos que lo que se ha hecho no ha sido suficiente para combatirlo, quizá porque bajo las actuales condiciones económicas y políticas nunca podrá serlo. Al entrevistar a estudiantes y familiares de víctimas, son evidentes la desesperación, la tristeza y el olvido en el que han caído sus casos. No podemos definir aún cuál es el 112 Las desapariciones de personas mejor eje para solucionarlo, pero sí podemos reflexionar y expresar la situación lamentable por la que pasa nuestra región. El tema de las desapariciones forzadas en el norte del estado de Sinaloa, al igual que en los demás estados de México, es una realidad oficialmente reducida a números y cifras, datos estadísticos manejados en discursos políticos, e incluso por parte de personas dedicadas a su análisis y/o prevención, que buscan demostrar la hipótesis de vinculaciones con el delito organizado que provocan estigmatizaciones por parte de la ciudadanía. La labor que se hace en el intento de humanizar a los desaparecidos, especialmente la que proviene de las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales no ha sido suficiente para sensibilizar al grueso de la población. Sin embargo, el manejo de los porcentajes en el estado de Sinaloa indicaría que la cantidad de desaparecidos obedece al 10% en México, relacionando a los desaparecidos reportados en el estado y los que existen a nivel nacional. Según la (CNB) Comisión Nacional de Búsqueda, a principios de 2019 existía la cantidad de 40 180 desaparecidos a nivel nacional (Díaz, 2019), cantidad que a finales de 2020 rebasó los 65 000. Pero, en 2019, en Sinaloa se tenía el conocimiento de 4 265 desaparecidos, según la (FGE) Fiscalía General del Estado (La Política, 2019). En el 2021, la cifra aumentó a 86 663 (1964-abril 2021), Sinaloa admitió que existían sólo 961 personas desaparecidas entre el 1 de diciembre 2018 y 7 de abril 2021. Con todo, no denota ni la raíz, ni las secuelas que deja, en sus familias y su entorno, cada uno de los casos en los que existe algún levantado. Simplemente, son convertidos en cifras que no reflejan el dolor, la frustración, la angustia y la terrible impotencia de no saber cómo actuar o a quién recurrir ante esta violencia. La incapacidad de respuesta de las instituciones del Estado rompe la confianza de cada uno de los actores, políticos y sociales. Y las cifras no aportan sensibilidad, ni extirpan la extrañeza que impide regresar a sus vidas normales, ¿cómo se puede mantener el respeto frente a quienes no son capaces de solucionar esta inseguridad? La tragedia de las familias, desafortunadamente convertidas en víctimas de este delito, transforma su propia realidad, pero, simultáneamente, en el dolor encuentran una oportunidad que las convierte en ciudadanas deseosas de ayudar Desaparición forzada de personas en Sinaloa. Más allá de las cifras 113 a otras que han entrado en esa situación. Acompañamiento en ese momento doloroso. En un artículo sobre la Marcha por la Paz, realizada el 23 de enero de 2020, en donde participaron Julián LeBaron y el poeta y activista Javier Sicilia, al primero se le preguntó sobre su sentir acerca de la victimización de que era objeto, contestó que “no se consideraba una víctima porque estaba actuando para hacer conciencia de la situación que se vive en el país” (Expansión, 2020). Su activismo no empezó directamente en el ataque que sufriera su familia en noviembre de 2019, sino años atrás, a inicios del 2009, cuando su familiar Erik LeBaron fue secuestrado, pidieron en su momento un millón de dólares, pero éstos no cedieron ante las exigencias de los captores y el muchacho, entonces de 17 años, fue regresado a su familia, esta historia no acabó ahí, ya que en julio del mismo año, mataron a Benjamín LeBaron y su cuñado Luis Widmar Stubbs, en una manta dejaron escrito que su activismo había sido la causa de su deceso (Expansión, 2020). No es posible dejar de lado la parte política de estos eventos, porque él mismo podría considerarse un activista; tras ocurrir esta tragedia que le marcó su vida y lo convirtió en una víctima más, al tiempo que lo convierte en una lucha personal por encontrar a los responsables, con lo que quizá también acceda a un poco de alivio, también se convertirá en ciudadano activista. Los casos de Sicilia y LeBaron son claros ejemplos. Estamos en serios problemas, ¿por qué no apoyar la paz y la justicia? ¿Por qué tenemos que pasar por esas tragedias para apoyar estas causas? Por otro lado, está la limitante económica y social para poder realizar marchas que son tan mediáticas; no todas las familias cuentan con esa fortuna y tampoco son allegadas a los círculos de poder para ser recibidos por el presidente de la República. El caso de los LeBaron tiene una historia demasiado larga, que requeriría otro estudio; sin embargo, esta violencia sin sentido nos lleva al lugar donde unos seres humanos terminan con la vida de otros, en su caso empezó con un secuestro y ha escalado hasta asesinatos. En medio de rupturas familiares, intentan continuar con sus vidas cotidianas, trabajar para comer, sobrevivir a lo que siga y, finalmente, no olvidar y no dejar de lado la lucha por la búsqueda de justicia. Un par de elementos que deben ser considerados son el valor de la fuerza de voluntad y la resiliencia personal. Valores que aprendimos durante una entrevista a una madre de familia, de quien omitimos su nombre por razones de seguridad, quien perdió a su hijo de la misma manera como otras tantas en este triste país. Durante una mañana, en un barrio de los Mochis, un muchacho se levantaba como un día más, o al menos eso creía su madre, aunque lo notó desesperado, estresado, con todos sus sentidos al máximo, decidió no poner atención y sólo alimentarlo; era un muchacho que, para su corta edad, había sufrido decepciones que nadie le había enseñado cómo enfrentar. Por un lado, un padre ausente, que cuando lo contactó, obtuvo la respuesta: no eres mi hijo. Ese rechazo, a decir de su madre, fue el momento que lo orilló hacia las drogas. No encontró cómo manejar sus sentimientos y como en ninguna materia de la escuela le enseñaron la inteligencia emocional, se fue por el camino fácil. La madre en ese tiempo sólo notaba que era un muchacho amable, tranquilo, pero siempre en el fondo triste. Para cuando desaparece sólo tenía trabajos eventuales y no estudiaba. Con todo esto, ella jamás se enteró de que su hijo consumía estupefacientes; de esto tuvo conocimiento hasta que investigó la desaparición de su hijo. Esa mañana fatídica, el muchacho salió sin decir qué haría, para cuando su madre se enteró de su desaparición lo único que pudo hacer fue preguntar si alguien sabía algo. El miedo no permitió que los testigos se presentaran, sin embargo, ella con todos los testimonios hizo una pequeña historia que le dio sentido a la desaparición de su hijo. En ella narra cómo el mismo día que su hijo desapareció, como un levantado más, en la misma cuadra otro muchacho desapareció, de la misma manera, el mismo día (Entrevista Sol, 2019). Ella, en el fondo, presiente que su hijo está ya muerto. Pero eso no la ha desanimado para continuar con su vida e intentar mejorar su entorno. Lo que se ha propuesto desde la desaparición de su hijo ha sido ayudar. Primero se asoció con un grupo de rastreadoras, pero llegó un momento en que sintió que ese grupo ya no funcionaba para lo que ella requería por lo que se inscribió en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), donde ha conseguido recursos para continuar con su nueva lucha. Ahora se dedica a dar pláticas en escuelas, reclusorios y centros de rehabilitación, esto le ha dado un nuevo sentido a su vida, la lucha por ayudar a todos aquellos que no siempre tienen en quién confiar, o que no saben 114 Desaparición forzada de personas en Sinaloa. Más allá de las cifras Las desapariciones de personas 115 cómo superar sus crisis. Ayuda a cualquier joven con el que tiene contacto y que observe que tiene alguna necesidad como la que tuvo su hijo, para evitar, ayudar o mejorar la crisis de vida en la que puedan encontrarse; siempre con su hijo en mente, intenta dar el apoyo que él no tuvo en esos momentos críticos. Ella ha adquirido la habilidad de reconocer estos casos problema y se ha convertido en un puente entre familias sinaloenses con personas desaparecidas y las instituciones que se encuentran en la Ciudad de México encargadas de encontrarlos (Entrevista Sol, 2019). Los grupos llamados Las Rastreadoras asisten a las madres que no han podido localizar ni tener ayuda de las instituciones gubernamentales. Después de todos estos años de lucha, las apoyan en la búsqueda e identificación de cuerpos y restos de personas sin identificar, los cuales no se encuentran ni entre los vivos, ni entre los muertos, éstos son grupos de madres, comúnmente, que se unen para buscar en áreas calientes —con un alto índice de delincuencia— donde pudieran existir fosas clandestinas. Denominar un área caliente es hablar de espacios dentro de ciertos territorios, en los cuales estas rastreadoras han identificado o les han dado datos los mismos pobladores que ahí podrían encontrar las fosas, pero donde las instituciones del Estado no se atreven a hacer las investigaciones correspondientes, porque están dentro del territorio de algún grupo organizado delictivo. Cuando se construyen estas organizaciones sociales y asociaciones civiles que buscan a sus hijos, les permiten recibir apoyos federales y estatales —aunque en Sinaloa existen algunas que se niegan a recibir recursos estatales—, con lo que también se convierten en centros de ayuda psicológica y de todo lo relacionado con la búsqueda de sus seres queridos. Los instrumentos para la recogida de datos fueron las observaciones etnográficas y las entrevistas a profundidad. Y, al contactar con algunas representantes de las asociaciones civiles, una de las madres que han logrado avances, al menos en el término legal, relató la historia de la desaparición de su hijo. Carlos, nombre ficticio, (Entrevista Bachi, 2019), tenía una novia con la que pretendía casarse, él era un hombre responsable, hijo de profesionistas. Su caso no tiene ninguna conexión con algún grupo delictivo o algún vicio que lo vinculara indirectamente con estos grupos, sin embargo, vivía en una zona donde, a decir de la madre, no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Un domingo cualquiera, se dedicó gran parte del día a lavar su camioneta y estar en su casa, camioneta que, según su mamá, lo hacía ver como alguien con dinero. Hasta el momento en el que llevó a su novia, de regreso a su casa, tomó la camioneta; después de dejarla en su casa se fue con un amigo hacia los Mochis. Para su mala fortuna, cuando regresaba notó que lo seguían unos policías, no entiende la mamá por qué no paró cuando le señalaron que lo hiciera, pero para cuando lo hizo, ya era tarde porque los policías estaban enojados. Le dispararon a la camioneta, del lado del copiloto, por lo que presumiblemente la mamá asume que no lo hirieron, pero al joven se lo llevaron en la patrulla, dejando la camioneta a la orilla del camino. La narración de la madre, la hizo tras recuperar los datos de los testigos, reunidos por los puntos en el recorrido en los que vieron a su hijo (Entrevista Bachi, 2019). Los padres hicieron hasta lo imposible para encontrarlo, cosa que no sucedió, movieron cielo, mar y tierra, pidieron hablar hasta con el gobernador, se puede decir que la mamá es una señora muy fuerte o que sacó a relucir su capacidad de resiliencia por estos eventos. Consiguió que los policías que hicieron semejante atropello quedaran tras las rejas, pero finalmente no ha encontrado el cuerpo de su hijo. Esta historia desgarradora ya no se cuenta, ni la veremos en los noticieros. Pero al menos nos queda la enseñanza de que haciendo las cosas bien, moviéndonos con fuerza, creando lazos, redes y nexos, tal vez, sólo tal vez, se consiga algo de justicia (Entrevista Bachi, 2019). Historias como ésta se repiten una y otra vez, en donde las personas involucradas sólo se cruzaron en el camino de alguien que decide sobre su vida. Tal vez la esperanza de algunas madres y padres nunca muera, porque finalmente a ciencia cierta no se supo qué sucedió con sus seres queridos. Pero también están las otras historias donde el miedo les permite seguir bucando. Un caso más, que nos perturbó notablemente, fue el de un muchacho de 24 años, que mantenía relaciones con gente que se drogaba, sin embargo, él ya estaba sin vicio, rehabilitado. Pero los nexos al parecer habían seguido. Esto sucedió en un lugar al sur de Los Mochis —han sido cambiados nombres y ubicaciones, a petición de su familia—. El día de su desaparición, cuando su mamá le pidió que desayunara, antes de irse a trabajar a una gasolinera a muy tempranas horas, 116 Desaparición forzada de personas en Sinaloa. Más allá de las cifras Nuestra triste realidad Las desapariciones de personas 117 lo notó nervioso, se veía que sólo quería salir de su casa. Ése fue el último día que lo vio, por más que lo buscaron los días siguientes, no pudieron más que escuchar de algunos de sus amigos lo que sucedió. Al llegar a su trabajo, un grupo de “amigos” lo subieron a una pick up, él se subió voluntariamente y se fueron con rumbo desconocido. Y ahí termina este breve relato (Entrevista Ríos, 2019). Los familiares al saber que su hermano, hijo, cuñado, andaba en malos pasos, tardaron un año en avisar a las autoridades. Las cuales obviamente por el tiempo que había transcurrido no hicieron mucho. La madre de esta persona sigue esperando que él, repentinamente, aparezca en su casa. Aunque, después del tiempo transcurrido, sólo una madre podría tener esas esperanzas con una probabilidad nula. Es así como mediante estas pláticas con distintos actores, notamos que la esperanza es constante, que sólo pueden tener fe de coincidir en algún plano, ya sea terrenal o espiritual con esa persona amada ausente; de todo esto, lo que está claro es una inevitable perspectiva de pertenecer a una sociedad que no nos permite mantener una confianza ciega en otra persona. De nuevo ante estos hechos saltan distintas interrogantes: ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuáles son los errores que nos han hecho construir este infierno por el que muchas familias sinaloenses están pasando? La resiliencia del sobreviviente La resiliencia que notamos en los entrevistados es impresionante, son personas que dejan de lado sus vidas rutinarias para buscar a quien desapareció. Si tomamos en cuenta que en Sinaloa de noviembre de 2014 a julio de 2019, había la cantidad de 4 265 desaparecidos, de los cuales sólo se habían hallado 144 cuerpos y 269 osamentas en fosas clandestinas (Díaz, 2019), podemos inferir que hay más de 4 000 personas desaparecidas. Que nadie tiene idea de si están vivas o muertas. Acerca de la resiliencia, los hallazgos de Rutter, en 1990 (Trujillo, 2020), en el campo de la psicología social, establecieron las bases biológicas del fenómeno de la resiliencia en el desarrollo y funcionamiento del cerebro. Dejando en claro que la resiliencia no es algo que se adquiera o no se adquiera, sino que conlleva a conductas que cualquier persona puede desarrollar y aprender. De aquí el énfasis 118 Las desapariciones de personas de que los familiares aprenden, sin pedirlo, bajo la presión por mantenerse y continuar con la vida. Es aconsejable, a causa de la sociedad en la que vivimos, enseñar desde temprana edad a identificar, en primer lugar, los sentimientos que se tienen, la inteligencia emocional. La que permite actuar a los familiares, a pesar del dolor en que están inmersos, posibilitando tomar acciones junto con la comunidad, a pesar de los ataques violentos a los que son expuestos. Ésa es la parte positiva de la resiliencia, no sólo se deben buscar recursos de manera personal, sino ambientales, dentro de la comunidad y con sus familias. Pero en estos momentos es necesario que esta característica no sólo sea por parte de las personas que son violentadas, sino que se prevea por parte del gobierno y se pueda vivir en paz y tranquilidad, con un sistema de seguridad para el ciudadano que no dependa de la reacción, sino de la acción. Dentro del dolor, muchas de las madres encuentran paz ayudando a otras familias, acompañándolas en la búsqueda de sus familiares e incluso ayudando a otros jóvenes a que no caigan en las drogas. La empatía como eje de ataque En el análisis de todas las situaciones por las que pasa este grupo de personas, resalta la indiferencia con la que son observadas por una gran parte de los ciudadanos, aquellos que nunca han enfrentado una pérdida semejante. Colocados en un círculo exterior, con total ausencia de empatía, nos conformamos con ver las noticias, comentar lo mal que está el país, pero no hacemos realmente nada por esclarecer lo que sucede a nuestro alrededor. Nos conformamos con un problema que es encerrado en cifras, en números insensibles que no permiten reaccionar a nuestra humanidad, la cual debería provocar que exigiéramos un cambio, resultados, respuestas para todos aquellos que se pierden entre esa multitud de dígitos, esos que no han sido encontrados en meses, años, esos que en algún momento ya no volvieron, que en alguna esquina de la ciudad simplemente se fueron sin dejar rastro. En México, la Fiscalía General del Estado detallaba que reunió 6 063 expedientes iniciados por los delitos antes mencionados, en el período comprendido entre 2010 y el 11 de agosto de 2019. “Se ha encontrado a 2 mil 47 personas con vida Desaparición forzada de personas en Sinaloa. Más allá de las cifras 119 y a 770 sin vida”, precisó en un comunicado. Este informe incluye una tabla de rangos de edad de las víctimas, la mayoría de las cuales tiene 41 años o más, con 878 casos, seguido del grupo de 36 a 40 años, con 484; de 31 a 35 con 538; de 26 a 30, 645; de 21 a 25, 682; de 16 a 20, 462; de 11 a 15, 126; de 6 a 10, 7 casos y de 1 a 5, 12 casos. En 431 expedientes no hay información de la edad (Díaz, 2019). Pero, bueno, primero lo primero, dejemos de ver a nuestros desaparecidos como un número que no tiene alma o que deja de ser humano. Necesitamos de la empatía, para poder comprender que la vida de cualquiera es tan importante como la propia.30 Con todos estos datos, no obtuvimos ninguna respuesta, sólo vimos que existe una gran cantidad de personas desaparecidas, otras que mueren y muchas encontradas, pero seguramente, cuando se dieron a conocer estas cifras se creó todo un discurso preparado por expertos, dicho para aquellos que podrían estar en dolor, un dolor que experimenta la madre, el padre, el hermano, la hermana, la esposa, el esposo y todo aquel que sea cercano a esa persona. ¿En verdad creemos que esos discursos los ayudan en su dolor? Aquel que han vivido, que han sentido en lo más profundo de su ser, por el que hacen y dan todo lo que tienen. Y hacen aún más cuando hay una pequeña posibilidad de encontrarlo con vida. Todo esto lo hemos podido constatar gracias a las entrevistas realizadas. Se doblan, pero no se rompen y, al contrario, ese dolor es potenciado para renovar su búsqueda, interpelando a todas aquellas instituciones e instancias que simulan la búsqueda de personas desaparecidas. Una propuesta para ponerse en la situación del otro, es muy complicada; sin embargo, escuchar, ver y compartir todas estas historias por los desaparecidos y sobrevivientes, tal vez consiga evitar que otros jóvenes sigan los pasos de los 30 Una tensión constante que prevalece a lo largo del capítulo se refiere a las cifras que son y han sido una demanda constante de las familias y de quienes las acompañan. Si bien los desaparecidos no son sólo cifras, no es posible descartar su importancia, pues al fin y al cabo dan cuenta del fenómeno. Las cifras son tan importantes que los colectivos del país, y en especial los del norte de Sinaloa han desarrollado sus propios métodos para documentar y sistematizar sus propias estadísticas. Ahora bien, este capítulo está dedicado a los procesos cualitativos que rodean a las desapariciones. 120 Las desapariciones de personas sicarios, narcos y demás personas que no le hacen ningún beneficio a la sociedad. En las escuelas es más fácil escuchar a los niños y niñas hablando de modelos erigidos sobre el patrón dinero, aunque sea mal habido. Mientras que los niños y las niñas víctimas tienden a esconder sus situaciones por miedo y dolor. En contrapartida, aquellos modelos cuentan sus logros con canciones dedicadas a sus andanzas. Son equiparados con Robin Hood. Un método sencillo para conseguir la empatía cuando son jóvenes, con mentes abiertas y maleables en el caso de las pistolas y las balas. En la escuela primaria, en la tiendita del recreo, en algún momento les pareció una buena elección vender popotes con bolitas de dulce en su interior. Así que en los recreos teníamos niños con golpes, porque las bolitas eran lanzadas a través de los popotes como cerbatanas. Se platicó con el personal encargado de comprar estos productos para eliminarlas de la tiendita, sin embargo, también para crear conciencia de sus acciones se decidió poner el ejemplo con un niño que lastimó a otro en la cara; la herida fue en el párpado, se corrió el peligro de que un poco más abajo y el ojo hubiera sido comprometido. Para permitir una enseñanza se le vendó el ojo al que había lanzado la bolita, esto tuvo una duración de 3 horas, con esto, el niño se dio cuenta de lo que hubiera pasado si esa bolita hubiera golpeado a su compañero en el ojo y el daño que le hubiera ocasionado por un juego que implicaba una agresión. Con esto se consiguió que el niño dejara de lastimar a sus compañeros. Tal vez fue sólo un niño, pero gracias a eso, experimentándolo y hablándolo creó algo de empatía. Son estas pequeñas acciones las que en un futuro nos permitirán tener generaciones responsables, que razonen las situaciones y que creen enunciados colectivos y experiencias distintas. Esto podría ser una enseñanza para rebasar al instinto y los modelos entronizados en las agresiones. ¿Estrategia de seguridad? La estrategia de seguridad que ha seguido hasta el momento el gobierno federal no parece resolver la situación. El pasado 2019 ha sido el año más violento que se ha vivido en México. Feminicidios, homicidios dolosos, todo parece ir al alza. Aun cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonzo Durazo, afirmó que durante el primer año lograrían un punto de inflexión, logrando una Desaparición forzada de personas en Sinaloa. Más allá de las cifras 121 estabilización en la tendencia de crecimiento de los asesinatos (Agencia Reforma, 2019). Son 3 los puntos que iba a lograr esta estabilización: 1) la amnistía; 2) replantear la política de drogas, y 3) la creación de una nueva Secretaría de Estado que estaría a cargo de los temas de seguridad pública. El primer punto fue matizado por todas las oposiciones por parte de los grupos de los desaparecidos, ya que estas familias necesitan saber la verdad de lo que ha sucedido con sus hijos, hermanos, sobrinos, etc. No necesitan que les digan que olviden y den abrazos a los que cometieron esos delitos. En la política de drogas, su intención es hacer leyes donde se permita de manera recreativa ciertas drogas, crear un comercio legal de los derivados de la amapola que permitan venderla para medicamentos. Esto, dicho en muy pocas palabras, por último, la creación de la Secretaría de Estado que permitiría una centralización de la seguridad en el gobierno federal. Todos estos puntos nos llevaron al Plan Nacional de Paz y Seguridad. Con todos estos planes, al menos durante el primer año, no hemos visto muchos avances ni mejoras. La Guardia Nacional, ya en pleno funcionamiento este año, sustituyendo a la Policía Federal podría hacer el cambio anhelado. Aunque, finalmente, la violencia nunca ha sido la respuesta para mejorar una situación igualmente violenta. Pero si la idea es que, al mantener un estilo de fuerza castrense, se podría eliminar la putrefacción que hay en las policías federales y estatales, entonces se podría hablar de mejoras en el sistema. La corrupción debe desaparecer y en el discurso pueden parecer increíbles los programas anticorrupción, pero mientras la economía no mejore, mientras no mejoren los sistemas de seguridad pública, seguridad social y sistemas de salud, entonces la ciudadanía no contará con un piso que le garantice el ejercicio de sus derechos. La educación también está muy descuidada, porque los profesores no cuentan con una compensación adecuada según las labores que desempeñan al interior de las aulas. El conocimiento y la contención de los impulsos mantendría a los y las jóvenes alejadas de drogas y violencia —pensando en que el programa de becas se mantenga—; por lo menos habría una menor cantidad de jóvenes buscando una vida con dinero rápido. Las estadísticas presentadas en los noticieros no miden el dolor o la cantidad de lágrimas derramadas por quienes desafortunadamente forman parte de las cifras alrededor del problema de la violencia. Al hablar con algún familiar que vive este calvario, son palpables el dolor y la angustia en la que se encuentran, aunque también sobresale la inconformidad con las autoridades y el sistema político. Ninguna de estas personas pensó en perder a la persona que amaba a manos de un grupo delictivo, o de policías sin escrúpulos. Tampoco pensó que recuperarlo fuera una misión casi imposible. Esto representa una victimización múltiple, en tanto que se es víctima no sólo del acto violento, que atenta contra la vida de quien desaparece, sino también se es víctima de la impunidad que se vive en el país, se es víctima de la inseguridad generada por la falta de decisiones acertadas en el tema del combate al crimen organizado y el narcotráfico, vínculos que aparecen generalmente ligados a cada una de las personas que desaparecen, esto no significa necesariamente que la persona desaparecida mantuviera una relación con el crimen organizado o el narcotráfico, sin embargo los victimarios están vinculados con estas redes. Es por ello por lo que esto no es una problemática lineal, nos enfrentamos a un vórtice de la gran maraña delictiva que surge en el sistema, que se ha dejado crecer durante años, y que a través de él es que se siguen nutriendo día con día esos capos, esos jefes. Cada vez que falta alguien a su deber o las instituciones no frenan cada hecho delictivo que aqueja a la sociedad, se viola al núcleo microsocial e institucional, en los ámbitos educativos, sociales, gubernamentales, que en lugar de crecer fuertes y sanos muestran una debilidad cada vez mayor, con crecimientos negativos y con déficits en los modelos educativos; incluso, los y las jóvenes idolatran a aquellos que hacen dinero rápido y fácil, donde el éxito significa tener todo, sin saber nada. La tasa de desempleo aumentó 3.6% en 2019 (INEGI, 2019), este dato implica a más de dos millones de personas desocupadas reportadas para el segundo bimestre de 2019 (Reporte Índigo, 2019). Tal vez algunos han logrado tener un empleo informal, vendiendo comida en la calle, trabajando eventualmente en algún comercio, alguna obra, etc. Pero también, como en el caso de las personas de poblados pequeños, la ausencia de empleos formales e informales las acercan a los oficios que no generan ningún beneficio para la población. Esto podría significar obtener su inserción con los grupos delictivos. Recordemos en los 122 Desaparición forzada de personas en Sinaloa. Más allá de las cifras Las desapariciones de personas 123 hechos violentos que tuvieron lugar en la ciudad de Culiacán, en el momento en que se intentó apresar al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán, de todos los poblados cercanos y no tan cercanos, como en el caso de los Mochis, que se encuentra a dos horas y media de la ciudad de Culiacán, empezaron a llegar jóvenes para atrincherar la ciudad. Muchos de estos sujetos no necesariamente eran parte de la célula delictiva, sin embargo, en ese momento se presentaron en sus escuelas, ranchos, poblados, etc., ofreciéndoles una cantidad fuerte de dinero. Se habló de que les dieron hasta $20 000 por subirse a las camionetas y agarrar las armas; les dieron armamento que ni los mismos militares tienen en su haber, sin ninguna capacitación se las soltaron, lo que significó que había hombres armados sin saber usar armas, pero con la intención de obedecer a quien soltara dinero. En ese momento dejaron de lado cualquier cosa que estuvieran haciendo y se fueron con la única esperanza de que fuera rápido y fácil ganar ese dinero. Creemos firmemente que, con este tipo de casos, es complicado competir y decirle a una persona que debe seguir el camino del trabajo formal, no hay empleos bien pagados, no hay empleos para dedicarse a lo que estudiaron, pero sí hay dinero rápido al unírsele al crimen organizado. No hay garantía de una vida larga, pero tampoco morirán de hambre. Según un estudio de Viridiana Ríos y Kevin Sabet, difundido en 2008, el quinto empleador en México es el crimen organizado. Se habla por separado del narcotráfico, ya que se ha comprobado que, a nivel nacional, la mayoría de las redes delincuenciales existentes, cuentan con nexos con los grupos de narcotráfico. Los niños al verse expuestos a pocos aprendizajes dentro de los salones, por falta de interés propio, por incomprensión de los profesores o por saturación en las aulas con más de 40 niños, algunos con necesidades especiales, son obligados a abandonar sus estudios y en realidad son acercados a los ámbitos delincuenciales. Son convertidos en personas impacientes por obtener dinero, sin ninguna capacidad especial para realizar una actividad lícita. Otro ángulo es que aquellos que no tienen necesidad, pero que, por nuestros tiempos, en los que los padres de familia han dejado de lado las obligaciones de sus hijos, por derechos inexistentes o remordimientos que se van creando al no prestarles el tiempo que deberían, se están manifestando las nuevas generaciones que tiene un aburrimiento eterno. Cada día estos jóvenes requieren momentos especiales en sus vidas, donde exista algo de adrenalina o dopamina. De alguna manera las redes virtuales, a través de los likes otorgan la base para que cada joven las produzca, pero también los deportes extremos, la violencia y la delincuencia. Estos muchachos y muchachas son peligrosas porque no hacen las cosas por necesidad económica, sino por el simple hecho de producir la dopamina y la adrenalina. Otra tendencia en la población desocupada son las becas. En una entrevista informal, con estudiantes de bachillerato, algunas jóvenes estudiantes afirmaron que era mejor embarazarse, no casarse y conseguir una beca de $8 000.00 pesos mensuales. Así no tendrían que estudiar 4 o 5 años una licenciatura, que les exigiría mucho y de la que, una vez como egresadas, tendrían que competir por un empleo en el que hay posibilidades de ganar mucho menos dinero. Tal vez por el contexto de pobreza, la incapacidad de proponerse metas distintas al ingreso económico, pero estas adolescentes son una realidad, representan una pragmática distinta a las propuestas en la educación tradicional. 124 Desaparición forzada de personas en Sinaloa. Más allá de las cifras Las desapariciones de personas La reacción ante la inacción Al entrevistar a las madres de las víctimas de desapariciones forzadas, al ahondar en este problema, las notas de desesperación están marcadas por si hubiera o si no hubiera. Y recrean una y otra vez en sus relatos el momento que fue su último adiós, todos los momentos que llevaron a ese último instante en el que alguien decidió terminar con su libertad y su vida. Y lo único que calma un poco la desesperación es pensar en la escasa probabilidad de volverlo a encontrar; esperanza que siempre está presente. Estos procesos dejan infinidad de niños huérfanos. Y al comentar sobre los derechos de los menores de edad, los cuales no son respetados porque son utilizados por los delincuentes o por esas policías comunitarias, son niños que finalmente no tienen acceso a la escuela secundaria porque no existe dentro de su comunidad, los empleos formales e incluso los informales escasean, un hogar donde estén sus padres presentes ya tampoco es posible, es así como después de 125 observar todo esto y analizarlo, algo está claro, los menores de edad no importan, no le importan al gobierno y tampoco a los delincuentes.31 No sabríamos de su existencia si no fuera por las noticias que exponen el grado de dificultad que enfrentan en sus pequeñas vidas. Desde muy temprana edad quedaron huérfanos por motivos de las desapariciones de personas, situaciones a las que sólo personas en guerra se ven enfrentadas, o en las catástrofes para el caso de México. De un lado encuentran que para defenderse de esa situación tienen que hacerlo por ellos mismos, integrándose los grupos delincuenciales. En Sinaloa esa situación prima. Gracias al trabajo que se desempeña dentro de una escuela primaria que se encuentra a escasos kilómetros de la ciudad de Los Mochis, en un ejido, hemos podido observar esos procesos por los que atraviesan niños y niñas. Realizando observaciones sistematizadas y discutidas cotidianamente, con los niños que asisten a diario a una escuela de tiempo completo —que significa que ahí reciben alimentos y tienen un horario de 8 a. m. a 2:30 p. m.—. Al reducir este horario, con la entrada de la nueva administración del gobierno federal, producto del recorte presupuestal. Al reducir el horario extendido, los talleres, clubes o clases de regularización fueron suspendidos. Investigando su situación socioeconómica con un trabajo de observación etnográfica, se estableció que estos infantes en su mayoría no cuentan con estabilidad económica, por lo que sus padres se ven forzados a trabajar; muchos se quedan con sus abuelos y familiares, pero de manera permanente están en la calle, sin el apoyo de su familia directa y con todas las consecuencias que esto trae consigo. Bajo esta metodología, hemos seguido un caso en especial. Un niño de primer grado, tiene 6 años; desde que empezó el ciclo escolar presentó un comportamiento errático, tenía muchas faltas y se detectó que, en su horario fuera de clases, mantiene relación con los que dentro del ejido se conocen como andan con drogas, por lo que no es descartable su consumo. Se entabló una relación cercana 31 En algunas comunidades los menores de edad son integrados a las policías comunitarias, niños que desde los 8 años son entrenados para defenderse de la violencia que sufren por causa de los grupos delictivos que acosan a sus pueblos. Tal es el caso de Alcozacán, Guerrero. Documentado por la revista PROCESO (2019). 126 Las desapariciones de personas con la madre de familia, para establecer un método para encaminar de manera saludable al alumno, sin embargo, por el mismo contexto y la poca atención que finalmente le puede brindar la madre de familia, no se ha conseguido mejorar la actitud del niño, lo que es preocupante. A esto se suma la ausencia del cónyuge y el nulo soporte estatal. Estamos hablando que está empezando su escuela primaria y no hay ningún formato estructural que lo separe de lo que hará en un futuro no muy lejano. Así, desde muy pequeños, el problema de la violencia, las drogas y la falta de atención familiar-institucional están presentes lo que podría ser una víctimavictimaria de este tipo de actos violentos. La ausencia de esas pequeñas accionessoporte implican la no atención de esos niños, la carencia de organizaciones, la fuerte presencia de los grupos delincuenciales, agenciamientos maquínicos acordes con el mercado, aceitan la emergencia de lo que se está viviendo. Son miles de muertes, miles de desaparecidos y el sistema de justicia penal se ve fácilmente rebasado. Principalmente las madres de familia acuden a la religión por consuelo, orientación y fuerza, acción incomprensible para algunos, pero necesaria para ellas en esos momentos de incertidumbre (Sol, 2019). Esa fe la conjuntan con un acercamiento a las instituciones de seguridad pública, pero encuentran poco eco y muchos obstáculos. Las instituciones no tienen los recursos o están inmersas en la podredumbre del sistema, donde si tienen suerte podrán colocar la información de la persona desaparecida en una base de datos, después de cierto tiempo tal vez logren entregar ADN para permitir la identificación de la masa enorme de cuerpos, que en algunos casos colman las morgues, o en otros casos las bodegas o tráileres donde guardan restos de personas. Finalmente, son convertidos en números que arrojará la base de datos para todos aquellos que tengan que dar un informe. Sin embargo, este mismo dolor ha hecho que muchos familiares, principalmente las madres, se organicen y desborden las acciones institucionales, imponiendo su propia dinámica. Es fe y es amor por sus familiares desaparecidos. Es así como los afectados se acercan entre sí para ayudarse, para protegerse de todos aquellos que les ponen piedras en el camino y les impiden avanzar en la búsqueda de sus familiares y amigos. Crean redes sociales, asociaciones de búsqueda, al tiempo que rezan aprenden a utilizar tecnologías que antes les Desaparición forzada de personas en Sinaloa. Más allá de las cifras 127 eran completamente ajenas (Franco, 2019), crean contactos con personas que han pasado por lo mismo, esto es lo que permite que la foto de sus hijos siga apareciendo, con la esperanza de que finalmente los encuentren y puedan poner fin a su dolor. Ésta tal vez es la única manera en que hemos podido observar que la humanidad tiene un poco de empatía, donde los de fuera intentamos ayudar, tal vez en el momento en que conozcamos los casos de primera mano, cuando preguntemos, cuando escuchemos, cuando conozcamos más allá de los números, se pueda no sólo ser un observador de noticias, sino también proporcionar apoyo e incluso sumarse a las búsquedas. Es un deber básicamente humano. A manera de conclusión Finalmente, la construcción de redes les corresponden a las y los familiares, pero la arquitectura institucional es deber del Estado. La ciudadanía debe ejercitar la empatía para comprender la ausencia, la vida en lagunas y huecos existenciales. Redes, instituciones y solidaridad son difíciles de lograr si no se trabajan desde las primeras etapas, en donde las y los niños y jóvenes puedan conocer lo que sucede cuando alguien se ausenta sin razón alguna. Al tiempo que deberán deconstruirse los discursos que están detrás de corridos e historias, deberán develarse los mecanismos de control que cotidianamente son ejercidos. Y que el éxito del narcotráfico está basado en la objetificación de los seres humanos. Es, entonces, cuando haremos de las redes, instituciones y empatías agenciamientos para cambios en los modelos culturales; y desde la infancia este modelo deberá entronizar los derechos de las personas y desplazar los valores que propone la vida del crimen. La violencia está fortalecida ante la ausencia de oportunidades educativas y laborales. Quizá la creación de lazos fuertes sirva para influir y trasformar profundamente la corriente hacia una sociedad justa, donde todos tengamos derecho a obtener justicia; donde percibamos de nuestras instituciones la confianza de ser libres, de expresarnos sin el temor de la represión, donde la finalidad de todos sea impedir que el dolor se apropie de las personas ante la desaparición forzada. El ejemplo que demos a las y los pequeños es nuestra única salvación, la capacidad que tengamos para crear agenciamientos que nos otorguen caminos y 128 Las desapariciones de personas no abismos institucionales. Entonces habremos tenido éxito y habremos superado este pantano que nos agobia y nos absorbe los senderos. Bibliografía Bachi, C. (2019). Justicia para mi hijo (en persona). El Fuerte, Sinaloa, México. (Los nombres reales fueron cambiados para cuidar la integridad de los entrevistados). Díaz, Cristian (2019). Hay 4 mil 265 desaparecidos en Sinaloa, de acuerdo con la Fiscalía Estatal. Recuperado 29 de enero de 2020 de La Jornada. Sitio web: https://www.jornada.com.mx/2019/08/28/estados/028n1est Expansión Política (2020). Sicilia, LeBaron y Ahtié, los hombres de la Marcha por la Verdad, Justicia y Paz. Recuperado el 29 de enero de 2020 de Expansión Política. Sitio web: https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/23/ sicilia-lebaron-athie-nuevo-movimiento-por-la-paz Franco Migues, D. (2019). Tecnologías de esperanza. Apropiaciones tecnopolíticas para la búsqueda de personas desaparecidas en México. El caso de Las Rastreadoras del Fuerte. Comunicación y Sociedad, e7280. DOI: https://doi. org/10.32870/cys.v2019i0.7280 La política. Expansión (2019). Al inicio de 2019, México registra a 40 180 personas desaparecidas. Recuperado el 29 de enero de 2020 de La Política. Expansión. Sitio web: https://politica.expansion.mx/mexico/2019/01/17/al-inicio-de-2019-mexico-registra-a-40-180-personas-desaparecidas Reporte Índigo (2019). Desempleo en México aumenta 3.6% en 2019: INEGI. Recuperado el 29 de enero de 2020. Del Reporte Índigo. Sitio web: https:// www.reporteindigo.com/indigonomics/desempleo-en-mexico-aumenta-3-6en-2019-inegi/ Ríos, J. (2019). Te extraño hijo mío [en persona]. Juan José Ríos, Sinaloa, México. (Los nombres reales fueron cambiados para cuidar la integridad de los entrevistados). SEGOB (2021). Informe Búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Secretaría de Gobernación. En http://www.alejandroencinas.mx/home/informe-de-busqueda-e-identificacion-de-personas-desaparecidas-al-8-de-abril/ Desaparición forzada de personas en Sinaloa. Más allá de las cifras 129 Sol, L. (2019). Perdón mi niño [en persona]. Los Mochis, Sinaloa, México. (Los nombres reales fueron cambiados para cuidar la integridad de los entrevistados). Trujillo, María Angélica (2020). La resiliencia en la psicología social. Recuperado el 29 de enero de 2020 desde Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Sitio web: https://www.ugr.es/~javera/pdf/2-3-AF.pdf Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas Enrique Uribe Alva Introducción De los muchos fenómenos que vive lo social, los que tienen mayor relevancia son aquellos que impactan el bienestar y la calidad de vida de las personas. La violencia exacerbada, después del período de Felipe Calderón es uno de estos fenómenos sociales que, desde hace un poco más de una década, asolan al pueblo mexicano —en algunos territorios y poblaciones más que en otros—, conduciéndolo en su gran mayoría a la sumisión, miedo o al pavor. Este documento tiene como finalidad exponer al fenómeno de la desaparición forzada de personas —en adelante DFP—, desde la utilización e institucionalización del concepto mismo por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, desde las leyes mexicanas y desde los diversos sujetos o actores situados en los territorios y espacios involucrados. Operacionalizando una metodología cualitativa, basada en entrevistas y desde discursos documentales, se hace alusión a este fenómeno usando, por ejemplo, el término levantón, lo que implica un cambio semántico, pero también es social porque involucra en el problema a Estado-gobierno, organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones civiles y sociedad en general, ubicados en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Hipótesis “En el fenómeno de la desaparición forzada de personas, confluyen elementos complejizantes que provocan la utilización del término como instrumento 130 Las desapariciones de personas [131] disposicional manejado a interés de los actores del Estado-gobierno, delincuencia organizada y la sociedad civil”. Pregunta Asimismo, cabe preguntarse: ¿Qué les representa y hacen los familiares, las ONG, y el gobierno para esclarecer el fenómeno de la DFP y encontrar a las víctimas directas? Definición Para adentrarse a la comprensión de la DFP, se define de manera separada los vocablos a los que hace alusión, teniendo, pues, que para la Real Academia Española, “Desaparición” significa: Acción o efecto de desaparecer, y desaparecer significa lo siguiente: 1. intr. Dejar de estar a la vista o en un lugar. 2. intr. Dejar de existir. 3. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Pasar a estar en un lugar que se desconoce. 4. tr. Hacer desaparecer. U. m. en Am. Desaparecieron a su hermano. U. t. c. intr. y c. prnl. (recuperado de https://dle.rae.es/?id=CRULyWE consultado el 18/07/2019). las percepciones, significaciones, simbolizaciones o intereses de las personas quienes, adjudicándoles una finalidad, son maquinados y perpetrados haciéndolos funcionales al cumplimiento de intereses. Aun cuando presenta una conceptualización en teorías de aquellos sujetos investigadores que se han dado la tarea en develar los elementos y características o particularidades que lo componen para su mayor compresión, no deja de ser por su dinámica operacional y complejidad estructural, un tema de difícil abordaje que pone a reflexión si la denominación —nombre, término o su equivalente— es suficiente, concreto o correcto en cuanto a que incluye lo concerniente a lo denominado oficialmente en la actualidad como la DFP. La DFP, desde el ámbito jurídico internacional citado por Vélez, A. 2016, menciona lo siguiente: Se trata de una práctica violatoria de derechos humanos que se encuentra tipificada en al menos cuatro instrumentos internacionales que son la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Vélez, A. 2016, p. 26). “Forzar” significa: En este mismo sentido, se considera como referente la definición que desde estos organismos internacionales se promulga, para la cual dice: Del lat.*fortiāre. Conjug. actual c. contar. 1. tr. Hacer fuerza o violencia física para conseguir algo que habitualmente no debe ser conseguido por la fuerza. Forzar una puerta. 2. tr. Entrar, sujetar y rendir a fuerza de armas una plaza, un castillo, etc. 3. tr. Poseer sexualmente a alguien contra su voluntad. 4. tr. Tomar u ocupar por fuerza algo. 5. tr. Obligar o precisar a que se ejecute algo. U. t. c. prnl. 6. prnl. desus. esforzarse. (recuperado de https://dle.rae.es/?id=CRULyWE consultado el 18/07/2019). Siguiendo la secuencia, la DFP se percibe y se sabe que emana desde lo social; dicho de otra manera, construido culturalmente, a propósito, desde 132 Las desapariciones de personas En el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: Se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley (Vélez, A. 2016, p. 26). Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas 133 Abordar el fenómeno bajo esta rúbrica conlleva una serie de complicaciones de principio, que hace referencia a que si la denominación está construida desde el concentrar las diversas acciones involucradas al modo, momento y situación de ejercerse; es decir, ¿cómo sustraer la realidad en la que sucede la DFP y que pueda quedar plasmada en un concepto? ¿Cómo construir los conceptos pertinentes que sean lo bastante comprensivos y explicativos en los elementos por los que opera dicho fenómeno? Reflexiones Abordando lo presentado en la definición, se esclarecen algunos lineamientos a considerar: primero, se entiende que la responsabilidad total recae en el gobierno ya que es el encargado de establecer el orden y la seguridad de sus ciudadanos, pero también es participe o ejecutor de la DFP cada vez que realiza un arresto y no remite al inculpado de acuerdo con los procedimientos y lugar correspondientes, además de negar la información respecto al paradero; de ahí la privación de la libertad, los derechos legales y humanos, dejando desprotegido de la ley al sujeto, convirtiéndolo en víctima. Por otro lado; dicha institución —gubernamental— al tener como obligación brindar la protección a los ciudadanos y cuando cualquier grupo de la delincuencia organizada o particular comete una acción de DFP, puede entenderse como implicación por lo menos indirecta —por no comprobarse lo contrario— de dicho gobierno al incumplir con sus obligaciones en la prevención o detención de los ejecutores ya sea por aquiescencia o por omisión; esto da como resultado que los ciudadanos desconfíen del accionar gubernamental y se les perciba como coludidos con el crimen organizado y con ello los ciudadanos muestran un desamparo total en atención y resolución de sus problemas; tanto para la cuestión de la seguridad, como para el esclarecimiento de los casos de la DFP. La literalidad de la definición deja la inquietud de interpretación de que los ejecutores de la DFP son personal perteneciente al Estado-gobierno o que tienen alguna vinculación, ya que no menciona a los particulares o grupos que actúan sin la autorización como es la delincuencia organizada; ¿o es que acaso estos grupos tienen autorización del gobierno para llevar a cabo su accionar en las DFP? La cuestión es que, al pasar esta definición por este tipo de filtros, se visualizan zonas 134 Las desapariciones de personas obscuras como la que se cuestiona que pone igualmente en duda el quehacer del gobierno respecto al fenómeno y si este concepto de DFP, al llevarse a cabo la investigación, considera los distintos elementos que conlleva. Algunos de dichos elementos a considerar pueden ser los perfiles de las víctimas o de los perpetradores, al igual si bajo ciertas características se han formulado leyes pertinentes —pueden existir pero ¿cómo las aplican?— que reduzcan o eliminen dicha práctica, las cuales hacen alusión a la temporalidad y posiblemente al acto violento del hecho, es decir, al sometimiento involuntario de la víctima que, por ello, el solo pensar lo denominado como desaparición forzada puede causar en un gran número de personas (de quienes lo piensen), una sensación desagradable. Asimismo, se percibe que el fenómeno de la DFP comienza a generar una normalización; es decir, una costumbre de tal manera que cada vez que se sabe desde los distintos medios de información que una persona ha desaparecido, se le tipifica a la vez que se le asigna una postura indeseada recurriendo a veces a dichos como: “pues quién sabe en qué estaría metido”, dicho repetido ad infinitum por la prensa y los propios ciudadanos, y otro: “lo desapareció el narco”, pareciendo como algo ordinario carente de impresión o asombro; el hecho es que toda persona en calidad de desaparecido debe ser encontrada independientemente de su culpabilidad o inocencia; se debe privilegiar la condición humana antes de comprobar si es inocente o no; ése es asunto del gobierno quien después tendría que realizar las pesquisas correspondientes para determinar la inocencia o culpabilidad; se puede pensar en la posibilidad de que los prejuicios mencionados han llegado a repercutir en las líneas de investigación implementadas por personal del gobierno a quienes les concierne el caso; esto menciona una entrevistada: Otro día que amaneció para el día 20, a las 10 de la mañana, nos avisaron que fuéramos a poner la demanda a la procuraduría y fuimos, levantamos las demanda y todo y…ya de ahí, este, pues dijeron que iban a investigarlo y sí, como a los… ¿qué serían?... a los 15 días. Hasta los 15 días empezaron a, a interrogar a los amigos; pero nada más a 2; y hace 3 días, apenas le preguntaron a otro; al que faltaba; entonces, eran muchas personas, para que investigaran rápido y se moviera todo rápido (Entrevista 2 realizada a familiar de desaparecido). Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas 135 La entrevistada expone la negligencia o falta de interés, tal vez la imposibilidad por parte de los agentes para recabar la información pertinente y en el momento adecuado en que se perpetra la desaparición para de esta manera dar con los captores y el paradero del desaparecido; sin embargo, también está la posibilidad de que la fiscalía no tenga el personal (agentes investigadores) suficiente; la cuestión redunda sobre la espera para recaudar el dato, provocando que la información crucial se diluya o desaparezca; en este sentido, surge la inquietud de saber qué tipo de procedimientos sigue el personal de gobierno encargado de esclarecer o solucionar la DFP; es decir, con los protocolos de investigación implementados y para ello la entrevistada dice lo siguiente: Entrevistador: Nos comentaba que en algún momento le mostraban el avance del trabajo, pero ¿cada cuánto tiempo le están mostrando los avances? Familiar: pues, si yo no voy, esteee…como el que traía primero el caso de mi hijo, se fue a curso; creo iba a durar 4 meses, y dejó a su compañero; y su compañero no nos decía nada y le marcábamos a él y no pos con mi compañero; hasta que ya fui a la procuraduría y hablé con él…pues que con el jefe, no sé con quién, y ya me dijo, no, no, no, es que aquí dijo, hace falta un testigo; el último que le digo que apeeenas lo interrogaron; le dije, pero si desde cuando se les puso domicilio y nombre; dijo, no, pero es que vamos y vamos y no lo encontramos o nos lo niegan; ya ve que también no se quieren meter en problemas por miedo; entonces yo le dije, bueno ¿entonces qué? Le digo: ¿Lo tenemos que traer nosotros aquí? Le digo: ¿Para que declare? Pues si es posible, sí; tráiganlo hasta acá ustedes; entonces le dije, ah, está muy bien; entonces, mi hija es la que les ha estado arrimando casi todas las pruebas (Entrevista 2 a familiar de persona desaparecida). Lo dicho por la entrevistada refleja una distancia considerable respecto al concepto y definición de éste en relación con las acciones implementadas para su disminución así como la resolución; es evidente que dicho concepto aparece como una generalidad desde el teorizar, como algo que suene bien o sólo por nombrar; en contraparte, está la realidad vivida por los familiares de los desaparecidos, 136 Las desapariciones de personas quienes reflejan la angustia, el horror, la desintegración de los elementos físicoemocionales que constituyen el significante de su integridad personal, al igual que la familia para muchos de los casos. Es así que la complejidad que conlleva la DFP muestra la imposibilidad de describir las emociones de quienes viven dicho fenómeno; pero también es una realidad visible que ante la frecuencia con que se manifiesta éste, va repercutiendo en la insensibilidad de muchas personas. Por otro lado, el agente de fiscalía al sugerir a la demandante que sea la que proporcione y lleve a los testigos al lugar correspondiente, expone un acto de negligencia y de poca responsabilidad en su rol y hacia dicha persona por lo delicado del caso; es decir, la seguridad de la persona demandante puede quedar expuesta al igual que la del testigo y en esta línea, el papel como parte y representante de gobierno, dilucida que el desempeño en este rubro carece de seriedad o profesionalización; al parecer el involucramiento en la resolución o investigación por parte de los agentes de la fiscalía, se percibe minimizado ya sea por el temor, falta de personal o tal vez por carecer de preparación o profesionalización para ejercer su quehacer correspondiente. Continuando con la descripción del fenómeno de la DFP, desde la voz de los entrevistados, es visible en la mayoría de ellos la insatisfacción, la falta de confianza en la institución, el desánimo y la desesperación, que, por otro lado, al saberse en cierta escasez de conocimientos y poder adquisitivo económico y en el sentido de pensar que por todo se paga, les trae como consecuencia el debilitamiento o la minimización en el ejercicio de sus derechos; también debe considerarse la poca información que brindan las instituciones al respecto y los pocos resultados que se les han mostrado; una familiar entrevistada menciona en su testimonio: […] dicen los agentes que ellos no pueden llegar y llevarse a nadie del domicilio porque ellos no tienen ninguna prueba, ni un señalamiento; entonces mi hija les dijo: “bueno; ocupan que señalen a alguien, yo lo señalo; porque yo, yo sé que él vendía y yo lo vi”. Entonces mi hija lo señaló; les digo yo a los agentes: “Entonces ahora ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué necesitan ahora, que se lleven a otro de aquí, incluso ese mismo día que se llevaron a mi hijo, otro día, se llevaron a otros 2 de ahí, de ahí mismo”. Entonces, este, pues los agentes… pues sí, yo he Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas 137 ido al ministerio público y sí han trabajado porque me han mostrado papeles y todo; pero no, como-así… como digo yo, muuuy rápido, porque a mí me dijeron que desde un principio me tenían que haber dicho, que yo tenía que venir a derechos humanos para saber mis derechos; porque pos uno llega ahí y como uno no sabe nada, uno no puede exigir; pos como no está pagando uno, ni nada, uno se siente, como que no le van a hacer caso; entonces, este, dicen que no, que uno tiene sus derechos; apenas me estoy yo dando cuenta; por esa muchacha [señala a una persona], ¿verdad? Que me dijo; ella me orientó y todo; entonces, este… ¿por qué no hicieron eso rápido?; mi hijo ya va a cumplir 3 meses para el 19 de éste [agosto de 2018] y nada, no se sabe nada (Entrevista 1 a familiar de víctima de desaparición forzada). De esta manera, los entrevistados tienen la visión hacia el aparato gubernamental, el sentido de incompetencia, irresponsabilidad y de estar rebasados por el crimen organizado, o tal vez de llegar al pensamiento extremo de percibirles una alianza. Para ilustrar lo mencionado se hace alusión a una entrevista realizada a un agente de policía, en la cual dice: Entrevistado: La desaparición es para un fin del Estado pues el gobierno lo ha aceptado desde cuestiones históricas; que haya desapariciones por cuestiones políticas para fin del Estado, o aquellas desapariciones que se han estado dando por gente del Estado porque forma parte de organizaciones criminales y siendo agentes de la policía, agentes investigadores, del ministerio público, todos éstos realizan actos de desaparición, pero para fines de la delincuencia […]. Este fenómeno de la delincuencia organizada, de las desapariciones por parte de los grupos de la delincuencia ha permeado en toda la seguridad y ha permitido que el Estado, cualquier desaparición que se dé, le dé salida por esa parte diciendo que es la delincuencia organizada, que tiene que ver con reacomodo de los grupos del narcotráfico creando inseguridad y que algunas veces pudiera ser que tiene que ver con temas del Estado con desapariciones que son ajenas a la delincuencia organizada y el Estado actuó con esa posición cómoda y esa desaparición meterla en ese rubro de la delincuencia organizada y aparece el término del levantón adjudicado a la delincuencia organizada cuando a veces es 138 Las desapariciones de personas del Estado; revictimizando en este caso a los familiares y a la misma víctima al decir que pertenece a la delincuencia organizada (Entrevista a policía). Haciendo una reflexión de lo citado, se puede percibir un desvanecimiento de la objetividad de parte de los actores involucrados en encontrar una resolución —en el gobierno— o por lo menos la exigencia de un accionar de las autoridades correspondientes a la atención de la DFP. También está el hecho que por ser de lugares al exterior de Guadalajara y su zona metropolitana, acuden sobre todo con la incertidumbre, el temor, desequilibrio emocional y sumando cierta ignorancia de los derechos a los que pueden recurrir, minimizan sus exigencias. Igualmente lo hacen de manera personalizada y no como un grupo de personas afectadas, aun cuando en el lugar existan otras personas que adolecen del mismo problema. Es mucha la incertidumbre que causa la DFP, pues en ella no se sabe el último caso en el que pueda estar la víctima; por ejemplo, respecto a los cadáveres sin identificar que se encuentran en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), lo más seguro es que están en la lista de personas desaparecidas. Igualmente es para los casos de las mujeres víctimas de la trata de personas o para los niños; es decir, todos los sujetos independientemente del sexo o edad que han sido captados por los diferentes rubros delincuenciales (venta de órganos, entre otros), sin dejar de lado los detenidos de manera involuntaria bajo amenaza personal y a la familia por el narcotráfico para insertarlos en las funciones de sicarios. También está el hecho que algunas personas no proceden a denunciar por miedo o más allá de esto, por el sentimiento de horror visible de las consecuencia de los actos realizados a víctimas que han encontrado en las llamadas “fosas clandestinas”, como es el desmembramiento de los cuerpos, la decapitación o igualmente, existe la evidencia de la tortura; todo esto tiene en la mayoría de las personas ya sean testigos o que tengan un familiar en calidad de desaparecido, una sumisión, silencio, la no aceptación a la realidad y para algunos casos resignación, queriendo con ello, preservar su integridad vital. Por consiguiente, es plausible que en una gran parte de la sociedad se viva en la desconfianza hacia el otro; en la poca convivencia o se evita interaccionar con el desconocido, siendo peor aún, el involucramiento que ha tenido la delincuencia organizada en el personal que labora en las distintas corporaciones Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas 139 e instituciones que por ejemplo, habrá quien labore como chofer de ambulancia para cierto hospital, y al término de su jornada laboral, pasa a ser chofer de algún vehículo motorizado perteneciente a la delincuencia organizada y utilizado para la extracción de personas (levantones). La eficacia de la violencia implementada en las víctimas y percibida por los familiares, amigos, al igual que por una gran parte de la sociedad, es deshumanizante y perversa, lo cual sugiere que los perpetradores, ya sean sicarios u otros sujetos, hayan tenido en algún momento la preparación necesaria para llevar a cabo los actos brutales ante sus víctimas, a tal grado que sea posible no mirar en ella un humano, sino una cosa en la que desempeñar su acción, que igualmente, conlleva oculto un mensaje con efecto inmediato que se hace visible “el horror”. Al Respecto Cavarero (2009) menciona: […] la violencia contemporánea elige como su blanco y acumula en el anonimato de su matanza, testimonia una condición humana que, en tanto que ultrajada o criminalmente ofendida, se da siempre en la figura de la singularidad y así permanece en nuestra memoria (Cavarero, 2009, p. 11). conocidas o amistades, el dolor de aquellas personas ante la pérdida de algún familiar; ni tampoco se debe caer en la tipificación de las víctimas, que, aunque dichos medios pudieran mencionar la relación con el crimen organizado, deba de creerse la mención; por diversas fuentes a las cuales se les respeta el anonimato, se dice que no todas las víctimas asesinadas, fueron personas involucradas con el crimen organizado o narcotráfico; también hay víctimas inocentes y lo mismo pasa en la DFP; así lo menciona un agente de policía entrevistado: Entrevistado: Respecto al caso de las personas que aparecieron en los Arcos del Milenio, se supo que agarraron a participantes de ese evento y que declararon que esas desapariciones fueron ordenadas por sus jefes de acuerdo con el organigrama de la delincuencia, para calentar la zona; entonces en ese sentido y en esa ocasión, ellos comentaron que era gente inocente, gente que iba a trabajar, que iban a la escuela, fueron levantados, les quitan la vida y todo para llenar esas camionetas de cuerpos y dejarlas ahí para darles una advertencia al Estado; era como el mensaje (Entrevista a policía). En este sentido, no debería ser ajeno al resto de la población que sabe de estos actos ya sea difundidos por los medios masivos de información, por personas Pero tal como se ha mencionado, independientemente de la culpabilidad o no, por cada persona asesinada y por cada persona desaparecida, existe un vacío que no se puede llenar al interior de alguna familia producto de lo que en algún momento se inició con mayor énfasis por la denominada guerra contra el narco a partir del año 2006 y que actualmente la suma de personas desaparecidas es de ocho por día en el estado de Jalisco; esto es inconcebible; la sensibilidad al respecto debe ser maximizada en razón de que, por la cantidad de personas desaparecidas o asesinadas, puede la probabilidad y dependiendo de las circunstancias, recaer en cualquier persona; ¡esto no se debe olvidar!; no se pretende generar pánico, pero sí despertar conciencia de la seriedad del asunto, de una realidad. Por otro lado, es digno y bien merecido dar el reconocimiento al quehacer de colaboradores de las A. C. que están brindando apoyo y tratando de liderar o unir a las personas familiares que presentan casos de DFP. En visita a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), se tuvo contacto con una persona correspondiente a una A. C. y que no era la líder, que estaba brindando información y orientación a personas familiares que tenían a alguien de su 140 Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas Al respecto de lo mencionado en la cita, tal vez pueda ser común encontrarse con personas cercanas, amistades de amigos, etc., que no son ajenos a saber acerca de experiencias de casos en este rubro (el levantón, imágenes en fuentes informativas de cuerpos descuartizados o incinerados, entre otras), que generan emociones encontradas o indescriptibles manifiestas en la inacción; se presenta al recuerdo las escenas en las que, por casualidad, cierto día como cualquier transeúnte fue observador del caso de que entre varios sujetos en la parte trasera de una camioneta pick up, sometían a un joven en pleno medio día, en presencia de mucha gente y automovilistas, para luego marcharse a gran velocidad y sin que nadie hiciera nada; es más, de aquellas personas que poseían un teléfono en la mano, pasaron a guardarlo en sus bolsillos. La distinción Las desapariciones de personas 141 familia desaparecido; además, la persona mencionada tenía doble función; por un lado era miembro de una A. C., y por otro la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) del estado, la facultaba para que los representara sin ser miembro de dicha organización; acción que puede ser criticable e interpretarse como perversa e irresponsable o como escasa de compromiso; pero bueno… al menos permitían que alguien hiciera algo. De ahí que se percibe una fusión entre la incompetencia, irresponsabilidad y el aprovechamiento del fenómeno de parte del Estado-gobierno y por posibles grupos de la sociedad civil organizada, dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas y a la exigencia para que el Estado cumpla con sus obligaciones en el rubro, en las cuales algunas de estas A. C., se alinean a los rubros o requerimientos exigidos por el gobierno; se insertan en políticas y con políticos para ganar poder, distinción (reconocimiento) y de esta manera generar recursos pecuniarios u otro tipo de beneficios. Pero también está el hecho de la gestión y que, de acuerdo con procesos recalcitrantes o poco prácticos de la cultura política, puede no dar opciones. Al respecto un oficial de policía entrevistado menciona lo siguiente en la línea de la DFP: Entrevistador: y en este caso, qué tristeza que ustedes pudiendo tener la preparación para apoyar en este rubro a la fiscalía…Entrevistado: no, no tenemos ninguna preparación. Entrevistador: porque yo quisiera imaginarme que todo este cuerpo de policía que hay, hablemos de fiscalía, de los diferentes rubros, deberían ser como un apoyo; tener cierta unidad, un cierto fluir de información y poderse respaldar…Entrevistado: No, no, no. Hay mucho recelo. Aun entre corporaciones, más aún entre policías municipales y fiscalía, federales y policías del Estado, es tema que implica que no hay comunicación ni hay coordinación y los resultados son de ellos (Entrevista a policía). Nótese en lo mencionado por el entrevistado, que marca una separación entre los diversos cuerpos policíacos y una lucha de poder, de distinción; es decir buscan dependiendo al tipo de policía al que pertenezcan, sobresalir por sobre los demás y obtener el reconocimiento sin importar que esté en juego la dignidad, sensibilidad, lo humano tanto de las víctimas al igual que de los familiares o la 142 Las desapariciones de personas importancia del tema en cuestión con tal de satisfacer intereses particulares o mejor dicho, personales; no lejos pudiera estar la intervención de algunos otros actores, incluidas las A. C. Así pues, es plausible lo que expresa Bourdieu (2000), al abordar su análisis al concepto de habitus en el que enfatiza la lucha de clase en los diferentes campos; dicho de manera más precisa, la lucha de los distintos agentes al interior de los campos en la pugna de obtener el reconocimiento mediante la distinción, las personas en los diversos campos juegan a través de normas, leyes, simbolizaciones y significaciones, distintos roles con la finalidad de obtener poder y jerarquía. En este sentido, bien vendría la reflexión del papel que desempeñan y, por otro lado, cómo es que operan y siguen existiendo aquellas ONG que no se alinean a los rubros mencionados o que se alejan de intereses politiqueros, centrándose más en la búsqueda de personas desaparecidas, y cabría preguntarse: ¿qué tipo de apoyo brinda el Estado para ellos? O bien: ¿Hasta dónde lo que se ha hecho respecto a la desaparición forzada no ha sido una mera simulación y un sacar sólo provecho? Tratar de responder a las preguntas en cuestión, es enfrentarse como ya se ha mencionado, a la complejidad que envuelve el fenómeno, debido a que la información existente no es del todo clara y que, por otro lado, de acuerdo con las cifras mencionadas respecto a desaparecidos y a cadáveres no identificados es muy contrastante en comparación con los identificados y con las personas encontradas. Según publicación de Román Ortega del Diario el Occidental con fecha del 7 de octubre de 2019, quien cita datos de el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), dice lo siguiente: El Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) reporta ocho mil 173 personas desaparecidas en el Estado al corte del 30 de septiembre, lo que representa un 2% más de los siete mil 939 casos que se tenían al corte del 31 de agosto pasado. Los datos del Sisovid señalan que en el mes de septiembre se registraron 234 desapariciones, lo que equivale a ocho personas por día. Las estadísticas indican que de las ocho mil 173 personas no localizadas, siete mil 117 son hombres, mil 49 mujeres y siete de sexo no especificado. Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas 143 Según los datos oficiales de diciembre 2018 al 30 de septiembre de 2019 han sido localizadas dos mil 656, dos mil 290 de ellas con vida; de estos mil 410 son hombres y 880 mujeres. De las 366 personas encontradas sin vida, 336 son hombres y 30 mujeres (Ortega, 2019). delitos. La ralentización de los procesos de reconocimiento y validación de las asociaciones civiles por los procesos burocráticos y lineamientos que del gobierno emana, obstaculiza su accionar al negarles apoyo pecuniario u otros, lo que recae en la competición entre sí y en los alcances de su desempeño. La DFP y muerte de personas, ya sea de parte del crimen organizado o por otros actores, en nuestros días, puede ser comparada con la epidemia que hacia los tiempos de la conquista, siglo XVI, asoló al pueblo mexicano permeándolo y creando desolación; es decir, este fenómeno se ha manifestado en lugares impensables como si de una enfermedad se tratara. Las distintas prácticas utilizadas por la delincuencia organizada correspondientes a sus intereses y su existencia, son manifiestas hasta en los lugares más recónditos del territorio mexicano; sería raro encontrar un lugar en el que no se supiera nada de ellos y de las acciones implementadas para tomar control absoluto, tal como si de una biopolítica se tratara a la manera como menciona Michel Foucault, 2000, al hablar de ella: Cabe mencionar que los datos mencionados son aquellos que oficialmente han sido reconocidos por las denuncias emitidas; pero también se sabe que hay una cantidad de desapariciones que no tienen denuncia ante la fiscalía. En este sentido, importante es dar el reconocimiento y agradecimiento profundo a Guadalupe Aguilar, presidenta de FUNDEJ, quien mostró gran humanismo, atención y cobijo a los familiares que buscaban atención respecto a su problema. El agradecimiento encarecido a ella, porque sin su apoyo mucho de este trabajo no hubiera sido posible; fue el medio entre los entrevistadores y los sujetos entrevistados que tenían un familiar incorporado al fenómeno de la DFP, a los cuales va también para ellos el mismo agradecimiento y acompañamiento en su pena. La persona en mención, al igual que los entrevistados, aportaron elementos importantes para dilucidar funciones que sirven como motor en el papel central del quehacer de las organizaciones en lo civil y, por otro lado, en función del Estado. Pero esto no deja de lado algunas percepciones desde personas externas a estos grupos u organizaciones respecto a la desvinculación o casi nula interacción entre las A. C. Es visible un estanco en el desempeño al involucrarse de manera profunda a cuestiones burocráticas, en algunos casos internamente tal vez por la constitución jerárquica de la organización y en otros para lograr el reconocimiento y distinción —vuelve a repetirse el decir bourdiano— por el aparato gubernamental; pero también está el hecho de la generación de capital social y simbólico. Reiterándose de esta manera, la finalidad principal por la que se constituye la organización es por la desatención a los familiares de las personas desaparecidas. Y algunas de sus acciones pueden rayar en lo superfluo o con finalidades políticas. Pero para existir y ser, deben atender o responder a los procesos burocráticos que el mismo gobierno dicta también para la línea de la DFP. Esa burocratización es conveniente al Estado porque sirve como justificante para combatir al crimen organizado, que redunda en la ineficacia de la prevención y resolución de los En ambos casos y más en el gobierno, recurren a la simulación del accionar; es decir, en una apariencia del hacer aunque poco o nada se haga, en este caso se hace referencia al fenómeno de la DFP. Las A. C. son arrastradas en este juego burocrático, al intentar cumplir con los lineamientos exigidos por el Estado para su reconocimiento o bien para su sumisión; es decir, implantar lineamientos que no vayan en contra de sus intereses o que expongan de manera más clara las incompetencias ya observadas, en vez de alentar su participación, como participación ciudadana en el cumplimiento de una gobernanza y una democracia. Así pues, cada vez que se aluda a dicho fenómeno de la desaparición forzada, debería aparecer en un primer plano la víctima; es decir, aquella persona que para muchos ya no tiene rostro ni características particulares, sino que queda significada y simbolizada en un juego de palabras, en el término “desaparición 144 Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas Las desapariciones de personas La enfermedad como fenómeno de población: ya no como la muerte que se abate brutalmente sobre la vida —la epidemia— sino como la muerte permanente, que se desliza en la vida, la carcome constantemente, la disminuye y la debilita (Foucault, 2000, p. 221). 145 forzada”, pero su humanidad se diluye entre la fonología, los posibles intereses políticos de los actores gubernamentales, las ONG y los medios informativos (periódicos, radio, televisión, etc.), entonces se evoca al que ya no está en el lugar, tiempo y espacio que le correspondería estar, pero que puede contribuir a la cocreción de finalidades; al que ya no existe la posibilidad de conocerle ni reconocerle por su rostro. Nuevamente recordando, no se trata de buscar si es culpable o no; se trata en todo caso de visualizar a un ser humano con rostro indistinto y características cualesquiera, que no es distinto a cualquier persona y eso debe causar el asombro; con ello lo inaceptable. Lo peligroso de quedarse sólo con el concepto es que en primer lugar, puede perderse la sensibilidad y el asombro; puede ser percibido como un número más de los ya existentes y como caso recurrente, se minimiza la importancia; es decir, el fenómeno comienza a naturalizarse y es extensivo ya que no sólo ocurre en la entidad federativa en cuestión (Jalisco para el caso); a ello agréguense los discursos emanados con frecuencia por lo medios de información y del Estado-gobierno, para los cuales, ante muchos de los crímenes cometidos están adjudicados al crimen organizado, también la DFP entra en esos rubros; cítese un ejemplo sucedido el jueves 8 de agosto de 2019, en Uruapan, Michoacán, publicado en el periódico El País por Pablo Ferreri: El fiscal de Michoacán, Adrián López, ha informado este jueves de que agentes de la corporación han llegado primero al cruce del bulevar con el libramiento oriente, donde han encontrado nueve cuerpos, siete de hombre y dos de mujer, algunos colgados de un puente. En las fotografías que han publicado reporteros locales se observa una pancarta con un mensaje. Al final del mensaje aparecen unas siglas, CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación. El fiscal López ha permitido tres preguntas. La segunda, escueta, parecía más bien un llamado de auxilio: “Fiscal, ¿qué pasa en Uruapan?”. La respuesta: “Hay una pugna entre células que se disputan el territorio para controlar las actividades relacionadas con la producción, distribución y consumo de las drogas. Esa confrontación deriva en acontecimientos como el de hoy” (Ferri, 2019). 146 Las desapariciones de personas En lo dicho por el fiscal, está una respuesta cómoda que da por sentado que lo sucedido en realidad fue perpetrado por los enunciados mediante las siglas CJNG; la cuestión sería ¿es pertinente hacer declaraciones así? ¿No puede darse la duda de que algún otro grupo o personas cualesquiera haya cometido el acto y poner la pancarta con las siglas? Es evidente que el fiscal no adquiere una postura neutral ante la situación, acepta y da por verdad lo que dice la pancarta y tal vez sugiere validarlo, lo que, por su cargo gubernamental, no fue lo más prudente; tomó la postura de Poncio Pilato (práctica recurrente en ellos como salida rápida y sin mayores complicaciones). Para el caso, llegar a la verdad desde una postura científica requiere poner en duda hasta lo que ya se sabe; para luego, investigarlo. En este tenor, el gobierno debe hacer una investigación verdadera, sin prejuicios, mover hilos para encontrar a la víctima y antes que hacer una tipificación respecto a ellas, dar el beneficio de la duda, de la imparcialidad para aplicar la encomienda en la que se diga que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario; no se deben revictimizar a los susodichos ni a los familiares, ni por el gobierno, ni por académicos investigadores y mucho menos por la sociedad en general quienes empiezan a construir un imaginario social basados en estos términos (levantón, colonia de procedencia, tipificaciones, etc.), que ya pudieran estar cargados de un alto contenido en significación y simbolización, tal vez de manera no adecuada. El concepto Volviendo a la nota periodística, este tipo de comunicados es muy frecuente encontrarlos en los diarios informativos de las diferentes entidades federativas sin excluir el estado de Jalisco; se pudieran llenar todas las páginas correspondientes a este artículo si se propusiera la tarea de recopilar las notas existentes en este rubro de manera más o menos actual, o bien de hacer un recuento histórico desde que el fenómeno de la DFP, se ha hecho visible como respuesta o consecuencia de finalidades específicas tales como la guerra contra el narcotráfico, así denominado, pero no debe ser una excusa para que el pueblo mexicano se insensibilice ante tales atrocidades, ni deje de exigir cuentas claras al Estado-gobierno, responsable de solucionar el problema y restaurar la paz y confianza de los ciudadanos. Lo cierto es que, al fenómeno de la DFP, habrá que llamarle de alguna manera para poder identificarlo y distinguirlo de otro, pero, surge enseguida el Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas 147 cuestionamiento: 1) ¿Acaso ese nombre no será responsable de crear omisiones? 2) ¿Las autoridades correspondientes estarán haciendo lo pertinente eficiente y eficazmente de acuerdo con lo que el fenómeno requiere y conlleva? 3) ¿Estarán considerando y atendiendo dichas autoridades los diversos elementos que intervienen en el fenómeno al momento de investigar y brindar respuestas a quienes soliciten información? 4) ¿Serán las respuestas emanadas desde el gobierno éticas y verdaderas? La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en informe especial (2019), ha aceptado que existe un problema al nombrarla; respecto a ella menciona: Además, esta Comisión Nacional expresó su inconformidad e insatisfacción con la información remitida en diferentes momentos por los órganos de procuración de justicia de las distintas entidades federativas del país, los cuales utilizan de manera indistinta los conceptos: desaparecidas, extraviadas, no localizadas y ausentes, para referirse a todas aquellas personas de las que se desconoce su paradero, situación que vuelve complejo conocer cuántos acontecimientos derivaron de una conducta delictiva imputada y/o cometida por agentes del Estado y/o particulares y cuáles obedecen a otras circunstancias (CNDH, 2019, p. 1). Tratando de hacer un acercamiento a la respuesta de la primera pregunta, es evidente que la DFP no aparece en el vocabulario de los familiares involucrados en la situación; el término que ellos comúnmente utilizan es el de Levantón y desde ahí, algunos no saben cómo referirse a su familiar desaparecido; para corroborar lo dicho, se hace alusión al discurso pronunciado por un entrevistado quien tiene a su esposa desaparecida: […] En realidad a ella la levantaron [se refiere a su esposa]; a ella la levantaron. La levantaron y yo me di cuenta que la levantaron por medio de unos muchachos que se drogan, ¿verdad? Me hablaron por teléfono: “¡Tío!”. “¿Qué pasó hijo?”. Un sobrino que tengo; “Me platicaron unos muchachos que a mi tía la levantaron, ¿verdad?”. “A ver, espérate, vamos”. Y ya, ya cuando llegué yo ahí: “¿Dónde están los muchachillos?”. “Ahí están, no pues ya se fueron para allá”. “Ah, 148 Las desapariciones de personas órale”. Entonces me fui yo, me fui yo a buscarla y ya cuando llegué había unos vecinos que viven a un lado, y ya llegué yo a tocar, entonces desde lejos me dijo la mujer (a manera de señas con la mano), y le digo: “Sí, ¿qué pasó?”. Y me dice: “¿Sabe qué? No pues fíjate que a… se la llevaron desde el sábado, ¿verdad? La levantaron”. “¿Cómo que la agarraron el sábado?”. “Sí”. “Entonces ¿cómo que la levantaron?”. “Sí”, Me dice: “Aquí si en uno, dos o tres días no la sueltan, ya… no pues ya… ya, pos la matan”, me dijeron ¿verdad? Pero yo, yo la conocí a ella; era una mujer muy buena, se preocupaba por los demás, ayudaba a los demás a veces hasta se quedaba sin comer ella también, era una buena… es una buena mujer, creo yo, no sé de qué manera expresarlo [hace un silencio] y… es una condición como le digo, pues nos va desgastando mucho, nos va desgastando mucho (Entrevista 3 a familiar de víctima de desaparición forzada). El término levantón es una constante cuando se refieren al fenómeno de la DFP; y provoca en los familiares una incertidumbre de no saber cómo dirigirse a la víctima por no saber su condición, si como persona que está viva y sólo retenida, como persona que está muerta… muchos no lo saben aun cuando ya tienen tiempo en calidad de desaparecidos. También se percibe que es muy bien utilizado por los indistintos agentes para ejercer un poder; violentar a las víctimas, familiares y a la población en general. Puede interpretarse que, al ser una práctica recurrente y adjudicada al crimen organizado, es así de útil, porque poco o nada se ha hecho para que deje de ser aplicada. Continuando con el discurso del entrevistado, pone en contexto algunas realidades, haciendo un acercamiento a la segunda pregunta que hace alusión a las acciones pertinentes en materia de eficiencia y eficacia del órgano gubernamental y menciona los siguiente: Resulta pues que hemos estado yendo y viendo, yendo y viniendo a la SEMEFO. Primero fuimos y levantamos el acta allá; ¿por qué hasta ahorita? Entonces les dijimos: “Bueno, ya habíamos ido al SEMEFO; no les dijimos el porqué, porque realmente créame, créame que yo estar hablando con ustedes, para mí es difícil”. Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas 149 Es difícil porque conozco la situación de cómo se mueve el crimen organizado en cierta forma, ¿verdad? En cierta forma, yo, en el lugar allá donde vivo, yo vivo en un fraccionamiento, allá en el fraccionamiento, este, usted va, uno va y por ejemplo hay un pleito entre los vecinos, le dicen a la policía, y luego… después la policía les dice a los meros, meros, y los meros, meros, ya no más van y golpean a la gente; los de la plaza van y golpean a la gente, ¿verdad? Y no podemos confiar ni siquiera en la Fuerza única, porque a veces vemos cómo los de la Fuerza única van por su mochadita [haciendo referencia al soborno]. Entonces, pues desgraciadamente lo que dice uno: “Pues, Señor, pues nos ponemos en tus manos, ¿verdad? Nos ponemos en tus manos, pues tú eres el único que puede ayudarnos”; y, y, pues así, las cosas están bien tremendas en, en Guadalajara, yo pienso que en donde quiera; donde quiera (Entrevista 3 a familiar de víctima de desaparición forzada). Es evidente que el fenómeno de la DFP presenta una ambigüedad. Por un lado, está el tecnicismo implementado por las instituciones, a las que se le adjudican ciertas características que van desde los actores perpetradores, lineamientos legales y toda la parafernalia gubernamental burocrática. Por el otro, está lo que puede considerarse como seudónimo utilizado por los familiares de las víctimas desaparecidas y por el crimen organizado al momento de extraer (desaparecer) a una persona; lo denominado por ellos como “levantón”. En este sentido, se considera que valdría la pena reflexionar respecto a las ambigüedades que para fines prácticos u operacionales el fenómeno de la DFP visibiliza, tales como ¿qué les puede significar o representar a las instituciones u organizaciones para términos operacionales el concepto y fenómeno de DFP? Por la poca o nula disminución de esta actividad ilícita, a los actores en mención pareciera que lo más representativo en significación es sobre el posicionamiento político que puedan alcanzar en algunos casos, según manejen el fenómeno; para otras ocasiones o acciones es una manera de tipificar o caracterizar los casos o víctimas, formas de construir lineamientos para el abordaje y de restar posibles presiones mediante la discriminación de casos. 150 Las desapariciones de personas Por otro lado, y en contraparte, ¿qué les puede significar o representar a los familiares de víctimas de desaparición en términos operacionales el concepto y fenómeno de DFP? En ninguna de las entrevistas realizadas a dichos familiares se alude al término DFP, excepto por aquellos que han mostrado tener un acercamiento a cuestiones académicas y, por ende, un nivel escolar del medio superior en adelante; la mayoría de los entrevistados profieren la palabra “levantón o levantar”, por lo que posiblemente el concepto DFP no les significa gran cosa o nada. Es posible que dicho término de estar en su conocimiento y compresión genere en ellos confusión, que represente una monserga de hacer trámites, angustia, inestabilidad económica, entre otros. Una práctica interesante sería invertir las preguntas descritas, de acuerdo con los actores; es decir ¿qué les puede significar o representar a los familiares de víctimas de desaparición en términos operacionales el concepto y fenómeno de levantón? Pudiera percibirse la palabra levantón, meramente un vocablo pronunciado por la masa del pueblo y los grupos del crimen organizado, entre otros; sin embargo, en la expresión de esa palabra en boca de los familiares de víctimas de desaparecidos, es visible la fuerte significación reflejada en el inminente desasosiego emocional como la angustia, miedo, horror, dolor, soledad, sumisión, debido a la incapacidad de dar una resolución concreta a la realidad que están viviendo en lo personal, en lo familiar y con respecto a su familiar o conocido desaparecido. Si se tratara de saber qué les puede significar el término de levantón a las instituciones u organizaciones, es muy difícil saberlo ya que no está incluido en el vocabulario implementado en los discursos cuando los emiten ya que rara vez se escucha que se haga alusión al fenómeno, ni en los lineamientos legales que hasta el momento se han emitido en ese sentido; dejando claro que cada vez que aborden el tema, lo harán en los términos técnico-académicos en los que se han estado manejando pensando que tal vez sea lo más apropiado en el rescate de la dignidad y los derechos humanos. Respecto a lo mencionado, se pone a cuestionamiento el posible flujo de agentes y de información entre el Estado-gobierno y el crimen organizado según quienes, en palabras del entrevistado, los segundos son los encargados de poner orden en lo social y quienes velan hasta cierto punto por la seguridad de los Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas 151 habitantes; incluso en el rubro de la DFP, se percibe igualmente la participación de algunos integrantes de grupos del crimen organizado no sólo como perpetradores de actos ilícitos, sino también en brindar información de reconocimiento de personas desaparecidas a agentes policiales encargados de investigaciones al respecto; un ejemplo de ello es lo mencionado por el policía entrevistado para lo cual manifiesta lo siguiente: Entrevistado: Yo tuve conocimiento hasta cierto modo, de que muchas de la veces policías investigadores a cargo de las áreas de desaparecidos se veían hasta cierta forma forzados a tener contacto con gente de los grupos de delincuencia que se dedicaban a la desaparición, a los levantones, a matar gente, sicarios; entrevistándolos y mostrándoles carpetas de investigación o fotografías de personas, a los que ellos estaban buscando como investigadores para saber si tenían datos de esas personas que ellos estaban buscando, puesto que sabían que estas personas se dedicaban a esa actividad; entonces como un medio el cual agotar, acudían a esas personas para saber si ellos las habían visto entre comillas, o si sabían algo de esas personas en alguno de los lugares donde ellos anduvieran o si su demás gente las habían captado (Entrevista a policía). Puede pensarse en los mejores términos cuando se mencionan que los agentes investigadores de la DFP acuden a fuentes pertenecientes al crimen organizado para tratar de encontrar a las personas desaparecidas, tal vez como uno de los últimos recursos utilizados con las mejores intenciones y en la responsabilidad del buen desempeño de su trabajo, lo cual pudiera considerarse como bueno; lo que puede ser incomprensible es cómo se hacen este tipo de relaciones entre dos actores que supuestamente rivalizan entre su desempeño y finalidad; es decir, se tiene el conocimiento fehaciente de la función que desempeñan los personajes miembros del crimen organizado y continúan en libertad haciendo lo que hacen como si de un trabajo digno y deseable se tratara, ¿o es que están a la espera de, como dice el dicho vulgar, “agarrarlos con las manos en la masa” para aplicar la ley en el sentido estricto? De ser así, puede resultar inaceptable e incomprensible para muchos ciudadanos. 152 Las desapariciones de personas Esto va en el sentido de que toda persona a sabiendas por los agentes investigadores que es capaz de proporcionar datos de un desaparecido a manera de confirmar si fue uno de sus captados o no, conocer a los posibles captores, o tan siquiera saber si está entre los sustraídos, es porque está confirmando personalmente, que es parte y para el caso ejecutor de la delincuencia organizada; los posibles arreglos existentes entre agentes investigadores e informantes, tal vez redunden en decir: “dame información de este caso; no te voy a detener”. Puede pensarse que el tener un informante de esta categoría, es porque existe una recurrencia ya familiarizada entre ambos, así como lazos cordiales cercanos a la confianza en las cuales no habrá perjuicio alguno para los interactuantes en busca del beneficio esperado. De ahí que resalta en lo visible la ambigüedad de las razones por las cuales los miembros del Estado-gobierno son parte de éste; dos son las líneas más tangibles en su actuación al ejercicio de dar resolución a los casos de la desaparición de personas: la primera, el hecho de tener un empleo con el que propinarse su modo de vida en cuestiones de recursos pecuniarios, por lo que evitan involucrarse en acciones de mayor riesgo, interviniendo en la forma más simple para conservar el trabajo. Una segunda línea es la absorción de la corrupción para los agentes de investigación y cuerpos policiales enfocados a brindar seguridad a la sociedad; dejando de lado la ética y vocación (en caso de que exista) de poner al servicio de los ciudadanos las capacidades y habilidades desarrolladas en su formación como son el manejo de armas, la aplicación de estrategias para hacer frente a casos de alto riesgo, limitándose a participaciones que les dé distinción con el propósito de aplicar el escalafón en su carrera laboral, lo que repercute en propiciar o reforzar la vulnerabilidad existente de manera cotidiana en las personas o lo que es peor aún, que dichas habilidades y capacidades, se pongan a la venta del mejor postor del crimen organizado tal como ya se ha mencionado. He de terminar este documento exponiendo la experiencia percibida personalmente. Al viajar al municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, se evidenció que quienes tienen el control de todo, territorio y sociedad son la delincuencia organizada; existe una convivencia cordial entre policía local (municipal) y los narcotraficantes, quienes finalmente son los ejecutores del orden Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas 153 e incluso de celebrar algunas festividades como la del Día del Niño, por ejemplo, repartiendo juguetes a sus futuros soldados; nunca se miró ni Ejército, Guardia Nacional, Fuerza única o Policía Estatal en los varios días de estancia en el lugar ni en los caminos recorridos, lo que es preocupante; unas regiones más que otras, están abandonadas en materia de seguridad. Conclusiones Se concluye que abordar el fenómeno de la DFP es complejo tanto para su definición como para su enunciación respecto a los conceptos o términos empleados que les sean significativos y por lo tanto comprensivos a los sujetos que viven el proceso o son partícipes de dicho fenómeno, aun de manera indirecta. El concepto de DFP no debe ser pensado y abordado para su definición sólo desde los ámbitos legales y académicos, sino que debe involucrar la percepción de los familiares de las víctimas para que de esta manera sea más global y refleje la realidad desde los diversos espacios y lugares. También entra a consideración, la falta del accionar concreto de las A. C., que en su mayoría responden unas a lineamientos gubernamentales y otras más a la búsqueda de víctimas, aunque sea en los centros o instancias como SEMEFO, por ejemplo. Se concluye que el Estado-gobierno, en materia de seguridad, prevención y de resolución de los casos de desaparición de personas entre otros, están enteramente rebasados por dicho fenómeno. Igualmente, se visualiza y hasta cierta forma se pone en evidencia desde los discursos de entrevistados, la imbricación entre elementos policiales y sujetos pertenecientes al crimen organizado, no como un accionar antagónico, sino como un conjunto que opera bajo un mismo fin. En tiempos actuales y para un futuro próximo, no se evidencian estrategias ni lineamientos ya sea de manera protocolaria para prevenir que más personas sean víctimas del fenómeno; dicho de otra manera, existe mucha incertidumbre en la confianza, seguridad y en el cómo accionar de los sujetos en general para brindarse un mejor bienestar en lo cotidiano y en lo emocional. 154 Las desapariciones de personas Bibliografía Bourdieu, P. 2000. Cosas dichas, Barcelona, España, Gedisa. Cavarero, A. 2009. Horrorismo, Nombrando la violencia contemporánea, España, Anthropos. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2019. Informe Especial Sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México. Recuperado de: http:// informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30100 Consultado el 26/01/2020. Definiciones recuperadas de https://dle.rae.es/?id=CRULyWE consultado el 18/07/2019. Entrevista 1 a familiar de víctima de desaparición forzada. Entrevista 2 a familiar de víctima de desaparición forzada. Entrevista 3 a familiar de víctima de desaparición forzada. Entrevista a policía. Ferri, P. El País, 8 de agosto de 2019, recuperado de: https://elpais.com/internacional/2019/08/08/actualidad/1565277169_661331.html?ssm=FB_MX_ CM consultado el 08 /08/2019 Foucault, M. 2000. Defender la sociedad, Argentina, Fondo de Cultura Económica. Ortega, R. 2019. En Jalisco Desaparecen 8 Personas al Día: SISOVID. Periódico el Occidental, Publicado el 7 de octubre de 2019, recuperado de: https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/en-jalisco-desaparecen-8-personas-al-dia-sisovid-4283956.html Consultado el: 31 de octubre de 2019. Vélez, A. 2016. Narrativas interdisciplinarias sobre desaparición de personas en méxico. méxico, cndh méxico. Testimonios, críticas y experiencias en la desaparición forzada de personas 155 La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades para resarcir los males cuando se atisba desde los intersticios de la razón Luis García Carrillo César Óscar García Rea Introducción Las estructuras institucionales, así como las formas de pensamiento contemporáneo en occidente se inscriben en el paradigma de racionalidad instrumental, donde, según el planteamiento de este trabajo y las líneas trazadas tanto en el derecho como en la ontología del poder, las partes están puestas sobre escenarios que sitúan a las personas en el estadio de sujeto y lo configuran en la imposibilidad para resarcir los males en el fenómeno de la desaparición de personas. Los familiares de personas que han experimentado la desaparición forzada ya sea en la Guerra Sucia 1964-1982 (GS) o en la desaparición forzada de personas desde la guerra contra el narcotráfico 2006 hasta la fecha (DFPGCN), argumentan una falta de justicia, atención y seguimiento de calidad para la búsqueda de su familiar; es decir, una forma de estado de excepción (EE), la deshumanización de su ser o la pérdida de sus derechos como persona (Agamben, 2005). Si bien el EE es un recurso legal establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual debe ser decretado por el Ejecutivo y turnado al Senado de la República para su aprobación, la situación de vulnerabilidad en que viven las personas se asemeja a lo experimentado por ellos en la cotidianidad; atmósferas hostiles, violencias e impunidad, donde no existe la certeza del acceso a las garantías individuales del ciudadano estipuladas en la Constitución, las cuales hagan valer el Estado de derecho. Lo anterior según las conversaciones sostenidas en entrevistas con familiares de personas desaparecidas en el período de la GS, así como en la DFPGCN. De estas últimas se entrevistó a víctimas indirectas o a los familiares adheridos [157] principalmente a las dos asociaciones civiles con presencia en Jalisco, mismas que se ocupan del tema: Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) y Por Amor a Ellos. El trabajo de campo realizado respecto al fenómeno de la desaparición forzada de personas (DFP) arrojó luces que ofrecen aproximaciones a los siguientes planteamientos: burocracia, negligencia y prepotencia; ecos que resuenan en las mentes de quienes se aproximan al fenómeno planteado. El trabajo aquí expuesto deriva de la investigación realizada en el estado de Jalisco en los años 2018 y 2019 por parte del equipo del Laboratorio de Estudios Sobre Violencia, anexo al departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. La burocracia, un recurso para imposibilitar al otro en el acceso al Estado de derecho Si bien la burocracia es una estructura organizativa para el manejo de procesos centralizados y descentralizados sobre todo en la administración pública, actualmente y en este escenario se evidencia la coparticipación de la triada corrupción, negligencia y violencia, presente sobre todo en países del llamado tercer mundo. El imaginario colectivo ha situado a la burocracia como un dispositivo negativo que impide a las personas realizar algún trámite de forma rápida y eficaz o el acceso a la justicia. En este trabajo utilizamos a la burocracia como un andamiaje para el acceso a otros espacios de discusión necesarios para dilucidar lo complejo del fenómeno de DFP. Todo lo anterior tiene relación con la coordenada fundante de este trabajo: crítica a la razón moderna. Para Weber (1977), existen tres tipos de dominación: el tradicional, el carismático y el racional. En este trabajo nos centraremos en el tercero, el cual guarda una relación con las formas de organización modernas que, para cumplir los objetivos de eficiencia y eficacia, recurren a la burocracia como mecanismo para eficientar los procesos. Cabe aclarar que el surgimiento de los Estados modernos se acompañó del capitalismo contemporáneo (poder productivo y poder económico), en ese sentido, conviene atisbar sobre el papel del poder económico y la relación con el poder político, es decir, un conjunto de intencionalidades envuelve las acciones de los Estados nación modernos, en esos espacios, se observa una pérdida de soberanía por parte del Estado, el poder 158 Las desapariciones de personas económico paulatinamente se está apropiando de lugares políticos, dictando la ruta según sus intereses. Lo que parecía ser la panacea para el buen funcionamiento de las instituciones (burocracia), en las sociedades modernas resulta ser un conjunto de dispositivos articulados que sirven a la oligarquía (poder o gobierno de pocos). Lo anterior con base en lo señalado por Weber (1977), que al respecto señala: “su aparato administrativo reclama con éxito el monopolio de la fuerza legítima para la realización del ordenamiento vigente” (pp. 43-44). Con todo lo anterior, creemos que la burocracia en los Estados modernos, sobre todo en los países periféricos es un elemento que está en muchas ocasiones en contra de los oprimidos, que en este trabajo son las víctimas directas o indirectas, en el caso de las segundas, nos referimos a los familiares de personas desaparecidas. En esa tesitura, será necesario dirigir la mirada sobre el papel de las instituciones para saber cómo se articulan los distintos dispositivos, mecanismos y aparatos ideológicos para la reproducción de las relaciones de dominación, que para este trabajo se traduce en la imposibilidad para hacer justicia de muchas personas que buscan a sus desaparecidos. Durante la investigación, personas entrevistadas señalaron las dificultades que experimentan en el levantamiento de los reportes en la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ), el seguimiento de la carpeta de investigación o la ausencia de una verdadera investigación; la incapacidad del Estado para dar seguimiento a los casos, falta de presupuesto y personal capacitado, poco o nulo presupuesto para apoyo de casos particulares y seguimiento de calidad, además de las tecnologías y la sistematización de protocolos enmarcados en la burocracia, lo que evidencia que actualmente no existen las condiciones para el acceso a la justicia pronta y expedita. Lo anterior fue confirmado en una entrevista realizada a un exfuncionario de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), adjunta a la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ), al respecto se ofrece un fragmento de la entrevista: Una de las primeras cosas que vimos desde la misma Fiscalía general era la, el, era la, el hermetismo que había en cuanto a la, a compartir información. El área, por ejemplo, el área de Inteligencia, con el área de Análisis y Contexto, entre La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades... 159 En relación con el personal de la institución de justicia señalada, podemos identificar la incapacidad comunicativa por parte del conjunto de servidores públicos, inmersos en la burocracia, la competitividad y las dinámicas de poder impiden la atención de calidad. Los familiares externan que son tratados de forma hostil y con prepotencia, es decir, son revictimizados.32 En este espacio podemos identificar un síntoma del malestar, la burocracia contribuye incentivando mecanismos para imposibilitar al sujeto, en los medios institucionales encargados de aplicar la justicia existen múltiples elementos que se inscriben en la ineficacia, en este punto se observa que en las direcciones de dichos institutos prevalece una incapacidad para hacer que la institución, personal y procesos funcionen de manera eficaz y eficiente (principios de la burocracia moderna) servidores públicos e instituciones violentos por negligentes. Respecto a la violencia por negligencia Sanmartín (2007) sitúa a la omisión como violencia, para bien decir, la negligencia también es violencia, como ejemplo ofrece un caso en el que, si un anciano o persona discapacitada procura un medicamento y la persona encargada de los cuidados no se la da, esa omisión es violencia, esa analogía nos sirve para elucidar la responsabilidad por parte del Estado para el tema que aquí tratamos. Entonces, se le considera violento por omisión, siendo así, se deben identificar las distintas formas de violencia, las contradicciones, las vetas o zonas ciegas en el derecho, allí escapan sujetos e instituciones de las responsabilidades, cobijados por la razón instrumental justifican su accionar e imposibilitan a las víctimas indirectas en el acceso a la justicia, ya sea con la investigación o con el seguimiento, así como la reparación del daño en alguna de las superficies. El problema presenta un rostro complejo y multifactorial, en una primera lectura se pensaría que el personal está simplemente incapacitado, que probablemente llegó a esos espacios a través de nepotismo, amistades o clientelismo político, lo anterior sería lo más fácil para corregir con voluntad y buenas prácticas, al menos en el nivel inmediato de los síntomas, sin embargo, se observa que en las administraciones de distintos gobiernos en los últimos cincuenta años, los partidos políticos: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actualmente Movimiento Ciudadano (MC), imperan las prácticas ineficaces. En su momento, los responsables del tema de seguridad siguieron reproduciendo la forma burocrática, para bien decir, la imposibilidad para ofrecer soluciones de justicia, siendo así conviene dialogar sobre el papel de la permisividad por parte del Estado. En relación con la permisividad, aquí se establece la premisa de que ella es un dispositivo de poder social, el cual se manifiesta en distintos espacios de la sociedad con la finalidad de ejercer el control sobre gran parte de los sujetos y de las organizaciones, al respecto Foucault (2001) señala: “la apuesta consiste en determinar cuáles son, en sus mecanismos, sus efectos, sus relaciones, esos diferentes dispositivos de poder que se ejercen, en niveles diferentes de la sociedad, en ámbitos y con extensiones tan variadas” (p. 26). El funcionamiento de los engranes de la maquinaria que aquí llamamos metaburocracia,33 se refiere a los distintos dispositivos, ya sean disciplinarios, 32 33 sus titulares siempre había, eh, rencillas, por decirlo de algún modo, y no se compartían, aunque se enviaban oficios y así, eh, o solicitudes, no se compartía la información o tardaban mucho. El área de Estadística era igual, el área de Política eh, Política Criminal y Estadística, eh, no compartía mmm, o tardaba más bien en compartir las, los, las cifras que ellos manejaban y muchas veces, incluso dentro de la misma Institución, los datos, sí, las cifras obtenidas en, digamos, en el área de Análisis y Contexto con la de Inteligencia y con Estadística no cuadraban, entonces había que irse al control de las averiguaciones previas, las carpetas de investigación o las actas de hecho (Entrevista 13, junio 2019). Cuando aquí utilizamos “revictimizados”, nos referimos a las personas que son victimizadas Utilizamos la palabra yuxtapuesta metaburocracia donde meta según su etimología griega en varias ocasiones, esta acción la pueden ejercer personas o grupos, también cualquier significa más allá de, se une a la palabra burocracia para evidenciar que el problema no es aparato de Estado (policía, fiscalía etc.). En este caso se agregó el prefijo re, que para este simplemente de la burocracia, tiene una configuración más compleja y profunda, necesaria caso denota repetición. de considerar para evidenciar la ontología del poder. 160 Las desapariciones de personas La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades... 161 ideológicos, de poder, etc. Resulta urgente identificar los mecanismos de esos dispositivos, empleados principalmente por el Estado y grupos fácticos, lo cual muy probablemente facultará a los distintos actores en la difícil empresa de hacer justicia, es decir, salir de la razón instrumental, llevar el análisis, la discusión y la participación más allá de las formas de la ley, iluminar los espacios de sombra y lograr cambios reales, no simplemente la reproducción de discursos enmarcados en la realidad inmediata. El estigma, un elemento para deshumanizar al otro A través de la historia se observan signos que evidencian el conflicto constante entre grupos, etnias y razas, en la mayoría de los casos, cada uno se ha pensado como los poseedores de verdad, es decir, ocupar el estadio del nosotros, un lugar imaginativo, físico acondicionado donde habita el poder. En su momento se pensaba en el dios, después en la razón, en ese espacio-campo bourdieusiano, se batallará contra los otros, diferentes hegemonías compiten por naturalizar sus prácticas o imponer su poderío forjado en la cultura, la ruta por despojar al otro. En ese tenor, el estigma representa un problema molto complejo, al respecto Goffman, (2006) señala que en la antigua Grecia existía el empleo del estigma como parte fundamental de la vida e identidad social. Para él los griegos crearon el estigma como un elemento en la identificación de personas no gratas en el nivel público. En el ejercicio político-social y con el fin de hacerlos identificables se les cortaba o se les hacía una marca o algún rasgo característico en el cuerpo, el cual servía para diferenciarlos y advertir a los demás sobre lo “anormal” del sujeto o ponerlos en la jaula espectacular del otro. En la actualidad resulta pertinente hacer notar el papel del estigma para señalar a las personas que han experimentado un evento enmarcado en la DFP, los medios masivos de comunicación, además de las redes de comunicación social en internet, gran parte de ellos son mecanismos que instauran al estigma como dispositivo de control, los medios de comunicación masiva, cine, radio, televisión, además de internet desempeñan un rol en la configuración del estigma contemporáneo, además de la subjetivación de la violencia de unos hacia otros y de todos contra unos y otros. 162 Las desapariciones de personas El proceso para marcar a las personas, ahora es de forma simbólica, a través de los medios masivos de comunicación, productos de la industria cultural; series encargadas de que, quien consuma tales productos subjetive la forma de pensarse bajo el mandato de los poderes. A través de ellos se disciplina a los sujetos en la dimensión de la violencia, contenidos hostiles pasan por procesos de naturalización, al ser representados en la dimensión cultural y al ser permitidos por el gobierno a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las personas que tienen acceso a ellos perciben la realidad desde la dimensión “natural” de la violencia, en ese sentido, deliberan que no son tan dañinos o malos, así reproducen el discurso hegemónico, estigmatizan a quien les dicta el medio en la cotidianidad, de esa manera la violencia va in crescendo, pasa desapercibida en la dimensión del sentido común o la realidad inmediata. Para que esto tenga expedita eficacia, se utilizan actores con trayectoria, aceptados por la sociedad consumidora de productos de la industria cultural. Un caso oportuno sería el actor Diego Luna que, desde niño está activo en la media de masas, con rasgos europeos (elemento indispensable-aspiracional en ese mercado), carismático (tipo de dominación weberiano), controvertido y con múltiples opiniones respecto a la política y a la violencia en el país, es un catalizador para activar los mecanismos de control, en su última participación en la serie Narcos de Netflix, personifica a Miguel Ángel Gallardo Félix el llamado jefe de jefes en el mundo del narco. Gran parte de los actores que participan en los productos de la industria cultural portan elementos de nostalgia, regularmente han participado un largo tiempo en los procesos de domesticación de su psique que contribuye a subjetivar las formas de pensamiento de las personas. Reconocen a sus personajes desde la infancia por medio de telenovelas principalmente, lo anterior facilita el proceso, aceptación y consumo del producto cultural (serie) y posteriores productos fetiche (discos, DVD, camisetas, objetos varios), “una nueva epistemología y praxilogía del fetiche de la subjetividad” (Bauman, 2007, p. 34). Así se iniciará el viaje de la vida de fantasía o ilusión para pertenecer a la dimensión de deseable, incuestionado, soberano del consumo en la gama de objetos deseables. Lo anterior alerta sobre la urgente necesidad de atención y regulación, se deben de identificar los dispositivos en los que se construye La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades... 163 el estigma y se “educa”34 en la violencia, asimismo observar la relación con el narcotráfico principalmente, productos de la industria cultural, la música (narcocorridos), películas del cine comercial, series de narcos en Netflix contribuyen en la normalización de la violencia. En la actualidad el problema se torna multifactorial, se puede establecer que la DFP también pueden ser por trata, explotación sexual de mujeres, hombres y niños, venta de órganos en el mercado negro y otras actividades que escapan de la categoría del narcotráfico, el estigma en muchos casos es creado y difundido por grupos en un sistema de intolerancia que prevalece en la sociedad actual, mismo que sirve como dispositivo para la reproducción de las relaciones de poder y que, como se ha dicho, gran parte es creado e impuesto por quienes generan contenido y controlan los mass media. El estigma social representa una carga más para el sujeto, afecta directamente a los niveles emocionales de los familiares, regularmente son señalados, aislados por sus vecinos y mal tratados por los servidores públicos, disminuyendo las posibilidades de apoyo y el acceso a la justicia. Voces de las víctimas indirectas señalan que las instituciones, personal encargado de dar la atención y seguimiento los estigmatiza, tanto en la FGEJ como en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (SEMEFO). Familiares de personas desaparecidas evidencian los casos y el mal trato, señalan que el personal les dice que la persona desaparecida andaba en malos pasos o eran parte de la estructura del crimen organizado, no hay atención de calidad y los canales de comunicación para seguimiento y búsqueda se encuentran prácticamente rotos, tampoco, las atenciones en la SEMEFO reúnen lo necesario, al respecto uno de los entrevistados que tiene a su esposa desaparecida señala: Primero fuimos y levantamos el acta allá. “¿Por qué hasta ahorita?”. Entonces les dijimos: “Bueno, ya habíamos ido al SEMEFO; no les dijimos el porqué, porque realmente créame, créame que yo estar hablando con ustedes, para mí es difícil” (Entrevistador: Claro). Entrevistado: Es difícil porque conozco la situación de cómo se mueve el crimen organizado en cierta forma, ¿verdad? En cierta forma; yo el lugar allá donde vivo, yo vivo en un fraccionamiento, allá en el fraccionamiento, este, usted va, uno va y por ejemplo hay un pleito entre los vecinos, le dicen a la policía, y luego… después la policía les dice a los meros, meros, y los meros, meros, ya nomás van y golpean a la gente; los de la plaza van y golpean a la gente, ¿verdad? Y no podemos confiar ni siquiera en la Fuerza única, porque a veces vemos cómo, cómo los de la Fuerza única van por su mochadita (Entrevista 5: noviembre 2018). En la entrevista se evidencia la falta de atención por parte del personal institucional, ya sea de la FGEJ o de la SEMEFO, en ese sentido, contribuyen a la revictimización de las personas que, como se ha expuesto en este trabajo, gran parte de ellas no necesariamente están involucradas en el crimen organizado. En la entrevista podemos notar que emergen elementos de corrupción, señala que callan por miedo a represalias de algunos vecinos relacionados con la plaza.35 Resulta preocupante la corrupción del personal de seguridad, existen muchas aseveraciones en la población que señalan a las policías de participar en contubernio con los grupos del crimen organizado, en este caso, el entrevistado señala de forma directa a la extinta Fuerza Única de Jalisco. Un caso particular que refuerza la hipótesis de la corrupción en las corporaciones policíacas e instituciones de justicia es el caso en el que Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien en el año del 2016 regañó a un comandante policial por una insubordinación de su personal. En el audio se evidencian las relaciones entre la policía y el grupo antes citado, al comienzo de la grabación se escucha: “Delta 1, soy Mencho, güey. Relaja a tu gente o te voy a partir tu madre”. Cabe mencionar que el audio fue autentificado por la Comisión Nacional de Seguridad (SNG) y el elemento policíaco fue removido de su cargo (El Universal, 2016). 35 Nombre coloquial para nombrar al territorio físico, también al grupo del narcotráfico que controla la distribución y venta de drogas lícitas en ese espacio, también generan violencia, 34 Las comillas son de los autores de este artículo. 164 secuestro y otros. Las desapariciones de personas La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades... 165 Esto nos aproxima a la identificación de los escenarios de vulnerabilidad en los que viven los habitantes de México y Jalisco. La corrupción prevalece y gran parte de los encargados de velar por la seguridad de las personas sirven a grupos del narcotráfico y del crimen organizado, siendo así, la corrupción resulta un elemento a considerar. La corrupción es una práctica normalizada en gran parte de los contextos actuales de México, desde sobornar al oficial de tránsito, gasolineras que no despachan litros completos o repartidores de gas LP que entregan tanques con menor cantidad a la pagada; todo lo anterior contribuye a incentivar la corrupción en el país; tales prácticas ponen en riesgo la institucionalidad y los procesos democráticos. En el año 2017, México fue el peor evaluado de los países pertenecientes al G20, en ese sentido García (2019) señala: algunos datos muestran que para el año del 2017 ocupaba el lugar número 135 de 180 países evaluados y publicado por Transparencia Internacional, además de ser el peor evaluado del grupo del G20 o las veinte economías más ricas emergentes del mundo, así como por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (p. 102). La Guerra Sucia y el papel del Estado en la desaparición de personas En el caso mexicano la Guerra Sucia fue una intervención militar, orquestada por el Estado para disolver a los movimientos sociales y de oposición, los mecanismos patibularios se fueron sofisticando paulatinamente, distintos actores establecen que este período comprende desde principio de los años 60 y principios de los 80. Se ha documentado una sofisticación y sistematización de los métodos inquisidores, especialmente durante los mandatos presidenciales de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo (Corona, 2004). La finalidad de la guerra fue una intencionalidad de desechabilidad del sujeto dirigida hacia políticos opositores, líderes sociales y todo aquel que representara discrepancias con el establishment, lo cual derivó en detenciones ilegales, tortura y desapariciones. Para entonces se utilizaba la represión directa, elementos violentos que bien pueden colocarse en la necropolítica, en esa esfera, se exterminan vidas según la decisión del nuevo soberano que, en este caso, 166 Las desapariciones de personas sería el Estado: “La soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder” (Mbmebe, 2011: p. 20). La inconformidad de las generaciones nacidas en la década de los sesenta por los eventos bélicos en el mundo, las dictaduras, la opresión, aunado al desconcierto con las generaciones anteriores, que no supieron dar respuesta según la voz de los actores de dicha guerra, generaron movimientos sociales inspirados en el marxismo, abanderaron causas de izquierda, lo que hizo a los grupos en el poder ajustar las formas de acción aplicables a los insurrectos que demandaban otras formas de convivencia. Para entonces, se vivía un contexto histórico convulso y a la vez un rechazo tajante a la visión guerrista de quienes ostentaban el poder. Los partidos políticos que supuestamente representaban a las izquierdas no respondían a las necesidades de una izquierda social, al igual que ahora, la forma dentro de la derecha e izquierda se había desdibujado. Las izquierdas o partidos comunistas de aquellos años se habían inclinado hacia los espacios de la derecha, mantenían un discurso moderado escondido dentro de posturas farisaicas aparentemente de izquierda, los fenómenos históricos que precedieron a estos movimientos dieron la posibilidad de imaginar un mundo distinto, lejano de las guerras, más justo y equitativo; una visión bastante romantizada pero dentro del marco ontológico que, como se ha planteado, no consideraba los procesos de subjetivación de la violencia, la normalización de ésta y la arbitraria configuración del sentido común, formas de percepción o el imaginario social (Castoriadis, 1975). Con el asesinato de J. F. Kennedy (1963), quien apostaba por el desarme de las grandes potencias, además con el surgimiento de figuras como Lumumba en el Congo y Castro en Cuba, se formaron esperanzas para la construcción de sociedades distintas dentro del imaginario de las comunidades de universitarios quienes, con acceso a textos críticos de izquierda, se encontraban en posibilidad de pensar un mundo distinto, iban adquiriendo la conciencia de clase, lograban establecer lecturas en clave política y con ello dilucidar el accionar del capitalismo contemporáneo; asimismo, las consecuencias negativas o el perjuicio de la La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades... 167 modernidad, siendo así, se desarrollaba un pensamiento revolucionario y la necesidad de un mundo más fraterno para todos, una mirada hacia los marginados. La polarización del mundo en el siglo XX, aunado a las corrientes de pensamiento arriba expuestas sumó un cúmulo de eventos que incentivaron las movilizaciones estudiantiles, guerrilleras y sociales para modificar el statu quo de entonces. En México el movimiento estudiantil fue decapitado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, con el asesinato de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas (1968), el Mayo Francés (1968) y la Revolución cubana (19531959) eventos importantes en la creación del imaginario revolucionario de los estudiantes en México y el mundo, esto otorgaba la posibilidad de una revolución real, la unión obrera estudiantil era posible. Los estudiantes mexicanos vieron en estas rebeldías la posibilidad de una sociedad más equitativa, mientras que se comenzaban a notar las limitantes y contradicciones de la democracia, por citar un ejemplo, se dieron cuenta de sujetos inmiscuidos o los llamados porros del partido imperante en México (PRI) en los movimientos y luchas sociales. En este período histórico los cambios políticos y las dictaduras que llenaron de sangre y terror a América Latina opacaron de alguna manera la guerra selectiva contra los movimientos insurgentes en México. Los crímenes perpetuados por el Estado al margen de las leyes para el aniquilamiento de los movimientos insurgentes considerados enemigos internos, constaron de interrogatorios a base de torturas, capturas ilegales, ejecuciones y desapariciones por partes de las fuerzas armadas, agentes de la policía secreta o grupos paramilitares, es decir, existía una guerra al margen de la constitución y las leyes, la Guerra Sucia llevada a cabo produjo cientos de muertos y desaparecidos. Las víctimas de la Guerra Sucia fueron sustraídas de todo proceso legal y todos sus derechos conculcados, de tal forma que no hay posibilidad para las mismas y sus familiares de recurrir a la acción de la justicia (López y Rivas, 2012, p.116). El caso de Rosendo Radilla es uno de los casos más connotados de desaparición forzada en la década de la Guerra Sucia, adquirió notoriedad por el seguimiento legal y la demanda contra el Estado mexicano por familiares y organismos de derechos humanos, que llevaron el caso a instancias internacionales. Rosendo Radilla Pacheco, destacado dirigente comunitario que luchó por mejorar la salud y la educación en su estado natal Guerrero, compositor y cantante de corridos que simpatizaba con los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez que se desarrollaron en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX, fue detenido y desaparecido el 25 de agosto de 1974 en un retén militar de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, municipio de Atoyac de Álvarez, cuando contaba con 60 años de edad (López y Rivas, p. 118). En la actualidad, queda un vacío de justicia en la Guerra Sucia, a través de distintas plataformas, movimientos sociales y cualquier espacio donde se pudiera hacer valer la ley, los actores intentaron realizar cambios, procurar justicia sin conseguirlo. La CNDH realizó un primer acercamiento en la investigación de estos casos, entregó un informe con un registro de desaparecidos el cual no coincidía con el comité EUREKA (organización de familiares de desaparecidos principalmente de madres) el cual tenía una base de 480 desaparecidos. La Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de los Derechos Humanos en México (AFADEM) contaba con un registro de 1 200 personas. En el año del 2002 en el gobierno de Vicente Fox Quezada se crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la cual publicó un listado de desaparecidos, pero sin elementos eficaces, los familiares siguen con la incertidumbre y la inatención por parte del Estado. Aquí habrá que cuestionarse los motivos ocultos para llevar a cabo tal iniciativa, si tenía una buena intención o fue un simple recurso para la inscripción a alguna certificación ante instancias internacionales, lo cual vistiera al Estado con los ropajes de la democracia, de la apertura y de la inclusión. La FEMOSPP generó un documento incompleto o mutilado, los redactores del informe final se quejaron de que el gobierno foxista, según ellos, incumplió sus compromisos para aclarar los hechos de la Guerra Sucia; desalentados, los investigadores y exguerrilleros argumentaron que el gobierno federal no difundirá el documento, al menos tal como ellos lo entregaron, donde se señala claramente la responsabilidades del Ejército mexicano en desapariciones y asesinatos de civiles (Proceso, 2006). Alberto López y Florencia Ruiz investigadores contratados por la FEMOSPP señalaron que el “Informe histórico a la sociedad mexicana” no corresponde al original y oculta las recomendaciones, hechos históricos, información y datos fundamentales que desvirtúan la verdad vivida durante los años de la llamada 168 La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades... Las desapariciones de personas 169 Guerra Sucia, asimismo se inventaron reuniones con los organismos de derechos humanos las cuales nunca existieron. En junio de 2005 familiares de las víctimas denunciaron que hacía más de un año que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto no los recibía. Un caso significativo de las inconsistencias y encubrimiento de la FEMOSPP es el de el general Arturo Acosta Chaparro, señalado por organizaciones sociales y testigos que fueron torturados como uno de los militares responsable de desaparición extrajudicial, así como de tortura. En el año 2002 se inició un proceso penal en su contra por parte de la FEMOSPP, 143 guerrilleros habrían sido ejecutados y arrojados al mar, proceso del cual salió libre por desvanecimiento de pruebas (González, 2006). En el caso de la Guerra Sucia los actores en la desaparición y tortura de personas involucradas en movimientos sociales eran fácilmente reconocibles, los antecedentes históricos inmediatos como lo son los esfuerzos violentos que se dieron en primera instancia el 2 de octubre de 1968, posteriores demostraciones por parte del PRI por acallar las insurgencias, entró dentro de las narrativas de culpabilidad de familiares los cuales atribuían la responsabilidad directamente al Estado. En el contexto de la guerra contra el narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, los actores responsables de las desapariciones forzadas se diluye en las tramas de culpabilidad ya no sólo es el Estado o el actuar de grupos paramilitares al servicio del Ejército, el contubernio con grupos delictivos, una nueva lógica de violencia se hace presente en este contexto, los asesinatos y la ultraviolencia se ligan a un fenómeno de mercado capitalista, un capitalismo subterráneo que genera grandes ganancias. La guerra contra el narcotráfico fragmentó las organizaciones criminales, creando pugnas entre cárteles para el control de territorio, los cuerpos decapitados, las mutilaciones se convirtieron en mensajes que delimitan el control de territorio de los grupos de crimen organizado. Las formas de violencia en la guerra contra el narco van más allá de la ejercida en la Guerra Sucia, utilizan recursos espectaculares, más llamativa y mediática. El discurso de terror empleado por el narcotráfico se ejecuta en los cuerpos con un mayor grado de crueldad, para explicar el fenómeno de ultraviolencia generada 170 Las desapariciones de personas por un capitalismo subterráneo ligado al narcotráfico, Valencia & Sepúlveda (2010) proponen el concepto de capitalismo gore, este término lo retoma del género cinematográfico que tiene como fin crear en el espectador repulsión a través de escenas de matanzas sangrientas. Proponemos el término capitalismo gore, para hacer referencia a la reinterpretación dada a la economía hegemónica global en los espacios (geográficamente) fronterizos. Los autores observan similitudes entre el concepto gore y las formas actuales de ejercer la violencia, al respecto señalan: “Con capitalismo gore nos referimos al derramamiento de sangre explícito e injustificado, precio a pagar por el tercer mundo que se aferra a seguir las lógicas del capitalismo, cada vez más exigentes, el altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos, frecuentemente relacionados con el crimen organizado, además del uso predatorio de los cuerpos, todo esto por medio de la violencia más explícita como herramienta de empoderamiento” (Valencia y Sepúlveda, 2010, p. 15). Estos nuevos fenómenos no implican que las estrategias de represión por parte del Estado hayan desparecido, sigue habiendo desaparecidos por razones políticas, la Guerra Sucia sigue vigente bajo un nuevo discurso que da la posibilidad de esconder la represión en las acusaciones de delincuencia organizada o levantones36 realizados por el narcotráfico, las nuevas formas de representar y ejercer la violencia muestran rupturas según la forma empleada en la Guerra Sucia, al respecto: La lucha contra la delincuencia organizada es entendida por los actuales grupos disidentes como una “coartada” para mantener el control de la oposición y el monopolio de la fuerza, y este solapamiento de prácticas y discursos promueve rupturas en las formas de explicar la desaparición (Robledo, 2015, p. 96). 36 Coloquialmente se le llama al acto de sustraer o secuestrar a una persona de algún espacio público o privado, es el modo actual en el que el narcotráfico ritualiza el proceso de violencia, tortura y desaparición. La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades... 171 Guerra contra el narcotráfico Apoyados en la hipótesis de que la violencia contemporánea en México tiene origen en la lucha contra el narcotráfico iniciada en el 2006 y detonada en el 2008 por el expresidente de la República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó la nación en el período (2006-2012), asociado con el desarrollo tecnológico, el armamentístico y las comunicaciones, además del empleo de éstas por los grupos del narcotráfico y crimen organizado, también a procesos de corrupción en un continuo aumento debido a que hasta el 2018 no se consideraba delito grave. Cabe recalcar que en diciembre del 2019 se presentó una iniciativa de reforma impulsada por el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador para que la corrupción, delitos electorales y robo de combustible sean delitos graves, la cual quedó aprobada. Sin embargo, queda mucho por encuadrar en tales reformas, sobre todo la formación de los sujetos en la praxis, históricamente se ha pensado en la práctica como natural, “no es tan malo”, en la vida cotidiana del país, tema que en párrafos anteriores se planteó. En la actualidad y debido al incremento de la violencia y el homicidio doloso en México que al presente es de 16.9 asesinatos por cada 100 000 (Ródriguez, 2017) afirma: “Vivimos en una crisis de seguridad, así lo percebe la sociedad y así lo demuestran las cifras. Somos el único país donde las cifras de incidencia delictiva se dan a conocer mes” comparando la cifra con la administración calderonista supera los índices del año 2011, incide directamente en la percepción de las personas en los escenarios violentos de México. En ese sentido, se muestran imágenes que en los contextos del país mexicano se inscriben en las formas del horror social, debido a elementos de sofisticación y tecnologización de la violencia, lo cual se evidencia con una acentuación y una diversificación en las formas de ejercer la misma, formas de sadismo en la aplicación; dentro del campo del narcotráfico se localizan nuevas representaciones sociales de la violencia y una reiterada destrucción de la unicidad de la persona (Cavarero, 2009). Las nuevas formas de violentar a los sujetos antagónicos presentan una dimensión de ritual en el empleo de la violencia, no basta simplemente con arrebatar la vida, sino fragmentar, destruir su constitución. Esta violencia va 172 Las desapariciones de personas más allá de lo empleado en la esfera del narcotráfico hasta entonces, lo cual desde las percepciones de quienes ejercían la violencia directa la nombraban “ética”, además era utilizada en el discurso de gran parte de la sociedad inmersa en los escenarios violentos del narcotráfico y crimen organizado tradicional. Cuando aquí nos referimos a la ritualización de la violencia a través del levantón-secuestro, es porque en algunas de esas prácticas se recurre a elementos del mito y de la religiosidad, la participación de los santos como Malverde, san Judas Tadeo o la santa muerte,37 la clandestinidad y la venganza entendida desde una lógica punitiva; un proceso para hacer valer la construcción social de la justicia según los códigos del crimen organizado. Los cuerpos se volverán un objeto no simplemente prescindible, por las faltas en la normativa del imaginario de los sujetos en el narcotráfico y crimen organizado, esos cuerpos requieren un trato particular, no basta con matarlos in situ, ahora se piensa en destruir la unidad, no sólo física, también simbólica (Cavarero, 2009). Todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado se profana, en sigilo Marx observa fuera de los intersticios de la razón En las formas contemporáneas de ejercer las violencias, conviene recordar la frase de Marx sobre lo fragil de lo sólido y lo endeble de lo sagrado, lo anterior, derivado de la tesis XI sobre Feuerbach (Engels, S. D.), tema que trató (Berman, 1982) Berman para explicar la modernidad. En este caso, la supuesta ética construida por los grupos del crimen organizado, localizamos que, en la DFP esa ética se desvaneció, es decir, se emplean diversos elementos, de horror o de terrorismo, si alguna persona es objeto de muerte en el lugar, los sicarios no dudarán en hacerlo aunque en el evento perezcan personas ajenas que se encuentren cerca 37 El primero, un supuesto santo utilizado sobre todo en el estado de Sinaloa, se cree que protege a las personas que pertenecen a grupos del crimen organizado, no aceptado por el catolicismo. El segundo es un santo aceptado por la Iglesia católica, lo veneran en su mayoría comunidades con varios procesos de vulnerabilidad, recurren a él comúnmente para pedir apoyo al delinquir. La tercera es una derivación de las vírgenes del catolicismo, igual que los anteriores, gran parte de las personas que la procuran se dedican a actividades ilícitas, en ella buscan protección ante el peligro o la muerte. La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades... 173 del sujeto objetivo. Como se ha señalado, lo que esos grupos llamaban la ética se ha desvanecido, también lo sagrado se profana según el grupo que se apropia del poder. En ese tenor y para dar cuenta de la reconfiguración de los códigos violentos Cavarero (2009) realiza un recorrido histórico y un análisis de las diferencias etimológicas entre terror y horror, propone analizar el miedo, que según su raíz latina tremo y treo en griego, significa temblar, esto resulta en un mecanismo de defensa ante el peligro que sienten o consideran las personas, premiando la huida del lugar de riesgo-espacio geográfico, guarda relación con el miedo físico, tales acciones ofrecen las posibilidades de salvación o deslinde del evento. Para acercarnos a la localización de las formas de la violencia contemporánea, la autora propone diferenciar entre terror y horror, para ella actualmente existen manifestaciones que se acercan más al horror, para sustento ofrece un análisis mitológico y etimológico: la palabra horror tiene origen latino en horreo, significaría poner los pelos de punta, evento que se consigue al estar frente a imagenes repulsivas, tales síntomas provocan en el sujeto paralizarse, quedar estupefacto ante el evento horrorífico. Para explicar esta noción, la autora recurre al mito de Medusa, según la representación en el mito griego era una cabeza de un cuerpo desmembrado y en proceso de descomposición, tejidos, tendones, sangre, grasa y pus, eran el escenario para que las larvas, gusanos y otros microorganismos llevaran a cabo la función del horror en la psique del espectador en turno, en el mito quien se encontraba con medusa quedaba petrificado y enseguida moría. Las imágenes antes ofrecidas muestran similitud con una variante en la presentación de los cuerpos en la guerra contra el narcotráfico, si bien, en algunos casos, se desaparecen personas ya sea con la disolución de los cuerpos en ácido o al esconder los cuerpos en fosas clandestinas, también existe el recurso del horror, cuerpos colgados sobre puentes, recurso gore del espectáculo de la violencia en el capitalismo contemporáneo (Valencia y Sepúlveda, 2010). Un caso reciente ocurrió en la ciudad de Uruapan del estado de Michoacán, el 8 de agosto del 2019 aparecieron al menos 13 cuerpos víctimas de la violencia en la ciudad michoacana, algunos en puentes y otros en bolsas negras (El Universal, 2019). 174 Las desapariciones de personas Parte de las personas son mutiladas, cabezas y miembros del cuerpo humano son empleados para sembrar el horror en los escenarios del México actual. En ese conflicto y según las interpretaciones del gobierno michoacano y los medios de comunicación masiva, que aquí consideramos aprioristas, la lucha se debió a una competencia por el terrirorio por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Antrax, supuestamente son mensajes para demostrar al adversario que ese territorio es de quien ejerce la violencia. Tal hipótesis resulta dotada de congruencia, sin embargo, en el tiempo corto se puede observar que las líneas que tejen el argumento central se deshilan, en el menor tiempo los miembros caídos serán reemplazados por otras personas para ocupar los puestos en la estructura, con todo lo anterior, emerge la duda: ¿a quién realmente impactan tales prácticas?, para bien decir, ¿qué aspectos de funcionalidad podemos localizar en lo hondo de tales acciones? La permisividad, un recurso para accionar los procesos de la maquinaria que ordena y desordena el estante de la ilusión En este trabajo creemos necesario realizar una lectura de los hechos violentos contemporáneos en clave política, lo cual implicaría analizar algunas líneas amorfas, por ejemplo, la violencia o permisividad por parte del Estado, ya sea por voluntad o por negligencia, resulta pertinente señalar que actualmente él se encuentra imposibilitado para garantizar el Estado de derecho a los ciudadanos. Lo anterior nos traslada a escenarios críticos en donde se requiere elucidar si existe o no alguna arbitraridad por parte del Estado, o si tal permisividad hacia el delito resulta un recurso para su funcionamineto, es decir, que el desorden le resulta beneficioso y contribuye a la reproducción de las prácticas de control y dominación. En ese sentido, el orden tiene una intervención por parte de grupos fácticos, emplea códigos en su lógica interna que benefician a los poseedores del poder, debe de tenerse muy en cuenta que el discurso tiene un orden lógico y ese orden pertenece a quienes ejercen el poder, en este caso grupos de poder, es decir en este período histórico al Estado y a los grupos de la delincuencia, para Foucault (1992), toda producción del discurso está configurada, seleccionada y distribuida por cierto número de procedimientos, los cuales funcionan conjugando los La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades... 175 poderes y los peligros, es decir, “no se tiene el derecho de decirlo todo y hablar de todo” (p. 11). Cuando aquí nos interesamos en dilucidar el papel del orden-desorden, intentamos trazar una ruta crítica para observar las imposibilidades que existen para identificar los mecanismos ocultos en el fenómeno de la DFP, el orden resulta un elemento complejo para ser decodificado, se considera que él se encuentra en lo más profundo de la subjetividad de los sujetos, a través del acceso a productos de la industria cultural, ya sean los medios de comunicación masiva, radio, cine, televisión e internet, también a través de aparatos ideológicos, la escuela, la familia y las instituciones contribuyen a la domesticación del sujeto contemporáneo (Althusser, 1998). Asimismo, se naturalizan procesos violentos, tales recursos son dispositivos de control. En ese sentido, conviene aquí analizar la violencia objetiva que plantea Žižek (2009), para el autor, ese tipo de violencia es la más difícil de identificar, no se presenta en forma física o tangible, para muchos, se considera parte inherente de las condiciones del sistema capitalista global, escenarios configurados en la competitividad. En esa dimensión existe una producción de sujetos desechables, personas sin techo, desempleados y en la precariedad multifactorial. Se puede aseverar la falta de responsabilidad por parte del Estado para hacer valer las garantías individuales: empleo digno, acceso a la vivienda y a la salud, elementos que seguramente favorecerían el desarrollo de la persona e impedirían su acercamiento y participación en las estructuras del crimen organizado. Lo que se ha planteado hasta ahora es que el problema es más complejo de lo que parece, es multifactorial e implica a todas las estructuras institucionales o no, por ello es importante señalar la importancia de dirigir atisbos a la configuración social de la realidad inmediata, el papel del orden y su relación con el desorden permitido por el Estado, una relación de copertenencia, al respecto Coronado (2018) advierte los riesgos ocultos en la oscura relación entre el orden y el desorden. La permisividad a la violencia por parte del Estado genera escenarios hostiles, en esa plataforma ocurren actos vandálicos y faltas administrativas, en sí la reproducción de la violencia; acciones que incentivan a los espacios físicos y mentales de vulnerabilidad ante el crimen y la delincuencia, en este sentido, 176 Las desapariciones de personas siendo el Estado responsable de tal empresa, resulta cuestionable su proceder, aquí se plantea que gran parte de la responsabilidad y culpa es del conjunto de instituciones que conforman al Estado. En la actualidad, existen múltiples dispositivos que se conjugan con el poder dentro del marco de las políticas públicas en seguridad, lo anterior se enmarca dentro de la ontología del poder, el orden se estructura en función de grupos fácticos, para el funcionamiento lógico del orden se requiere la contraparte o el desorden. El Estado participa en la permisividad del desorden como mecanismo de control, para que las personas recurran a la dependencia del Estado, a través del miedo puede perpetuar su poder, al respecto Coronado (2018) establece lo siguiente: Existe una coparticipación entre orden y violencia, una vinculación orgánica donde el primero necesita de la segunda para su existencia y la segunda se involucra en el mantenimiento del primero (p. 2). Lo antes expuesto muestra las complicaciones para resarcir los males cuando se observa desde los espacios que ofrece la razón, la necesidad de hacer justicia y el compromiso por instaurar el Estado de derecho. Las opciones que tiene el ciudadano inscritas en la razón instrumental quedan rebasadas en la praxis. Actualmente, el Estado se encuentra sobrepasado para ofrecer justicia a los ciudadanos, además, siendo responsable de garantizar elementos como la vivienda, el empleo, la salud y la educación, estipuladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también de la seguridad y de los derechos humanos, al no cumplir lo anterior, en este trabajo se le considera parte de la culpa en el fenómeno de la desaparición forzada, es decir, debe asumir su parte y tratar los casos desde otra plataforma, ahora desde el estadio de la responsabilidad. Conclusiones Las imágenes aquí expuestas intentaron aproximar la discusión hacia formas distintas en el quehacer político, social y de seguridad, recorriendo los dos fenómenos de la desaparición forzada de personas en el siglo XX y XXI, asimismo, alumbrar la metamorfosis que ha experimentado la violencia, la cual ha La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades... 177 arribado a escenarios de exacerbación en su aplicación, asimismo, advertir sobre la necesidad de observar más allá de los recovecos institucionalizados: espacios físicos e imaginativos donde siempre se teje una maraña de turbios lienzos teñidos de podredumbre en beneficio de grupos fácticos, quienes, presurosos, hace algunas tardes tomaron el poder a su servicio, emplearon el orden y el desorden como dispositivos para controlar, imposibilitar y dominar a los otros. Hasta ahora queda un mal sabor de boca en quienes han estado inmersos en tales escenarios, un rostro marginal se mortifica cuando se encuentra frente a la burocracia, a la incompetencia y a las violencias contemporáneas. En este trabajo se considera que se ha estado incapacitado para resarcir los males porque únicamente se ha atisbado en los intersticios de la razón, queda pendiente la participación del ciudadano desde otros horizontes, premiando el equilibrio de los poderes, sin reproducir las formas establecidas en las dinámicas de poder. Bibliografía Agamben, G. (2005). Estado de excepción Homo sacer, II, I. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Althusser, L. (1998). Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Buenos Aires: Nueva Visión. Arrieta, C. (2019). Dejan al menos 13 cuerpos colgados y desmembrados en Uruapan Michoacán. El Universal. Bauman, Z. (2007). Vida de consumo. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. Berman, M. (1982). Todo lo sólido se desvanece en e aire. La experiencia de la modernidad. México D. F.: Siglo XXI Editores. Castoriadis, C. (1975). La institución imaginaria de la sociedad II. Buenos Aires : Tusquest. Cavarero, A. (2009). Horrorismo: Nombrando la violencia contemporánea. México: Ántropos Editorial. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (27 de agosto de 2018). Diario Oficial de la Federación. México, México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Coronado, D. (2018). La oscura relación entre orden y desorden. Vínculos , 1-20. 178 Las desapariciones de personas _______ (2018). Obstáculos en la construcción de políticas públicas. InterNaciones (13), 77-98. El Universal (9 de 9 de 2016). Somete “mencho” a mando policíaco con llamada telefónica. Obtenido de Nación: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ nacion/seguridad/2016/09/9/somete-mencho-mando-policiaco-con-llamada-telefonica Engels, F. (S. D.). L. F. y el fin de la filosofía crítica del programa tesis sobre Feuerbach. México D. F.: Ediciones Quinto Sol. García, L. G. (2006). Femospp mutiló y cambió informe histórico, Denuncian ONG. Cimacnoticias . Gilberto, L. Y. (2012). Viejas y nuevas guerras sucias. El Cotidiano , 116-123. Gilberto, R. Y. (25 de noviembre de 2012). Viejas y nevas guerras sucias. Radylac , 116-133. Goffman, E. (2006). Estigma la identidad deteriorada. Buenos Aires : Amorrortu. Mbembe, A. (2011). Necropolítica seguido de Gobierno privado indirecto. Barcelona: Melusina. Proceso. (14 de mayo de 2006). Informe mutilado. Proceso. Robledo, C. (2015). El laberinto de las sombras: desaparecer en el marco de la guerra contra las drogas. Radylac, 89-108. Ródriguez, J. J. (21 de noviembre de 2017). El Universal. Obtenido de Observatorio Nacional Ciudadano Homicidio Doloso Cifra Recuperado en octubre de 2017: https://www.eluniversal.com.mx/observatorio-nacional-ciudadano/ homicidio-doloso-cifra-record-en-octubre-de-2017 Sanmartín, J. (2007). ¿Qué es violencia? Una aproximación al concepto y a la clasificación de la violencia. Dimon Revista de Filosofía, 9-21. Weber, M. (1977). Economía y sociedad . Mexido, D. F.: Fondo de Cultura Económica. Žižek, S. (2009). Sobre la violencia, seis reflexiones marginales. Barcelona: Paidós. La guerra sucia y la desaparición forzada, paralelismos e imposibilidades... 179 II. Desde las instituciones de estado Políticas públicas y desaparición forzada Amado Ceballos Valdovinos Enoc Francisco Morán Torres “La onda expansiva del dolor que provocan las desapariciones alcanza a decenas […] cientos de miles de personas” “es como vivir con una máscara todos los días […]” Mamá de Viridiana en #antípodas, Proceso y canal 11 del Politécnico Elegía “[…] No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a sus asuntos. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes […]” Miguel Hernández. Poeta español (1910-1942) A la luz de eso, comparamos algunas cifras, unas ofrecidas por el gobierno y la contrastación necesaria y urgente con la cuenta que llevan los organismos no gubernamentales que luchan por la presentación de los desparecidos, asimismo [183] reflexionamos en torno la eficacia de la aplicación de medidas implementadas por el gobierno federal que, en muchas ocasiones, se contraponen con las acciones o inacciones de los gobiernos estatales y municipales. El ahora reconocido como delito de desaparición forzada desnuda a plena luz del día la unión delincuencial entre particulares en comunión con el Estado. Al final concluimos con una pregunta necesaria y urgente: ¿hay esperanzas?38 La desaparición forzada ¿acto sólo atribuible a los órganos del Estado? Dos historias marcadas por acciones similares patentes en el tiempo Una historia germinal de inicios de siglo pasado. Dicen, como lo menciona Ruíz Zafón (Ruiz Zafón, 2016) que los pueblos nunca serán capaces de mirarse a un espejo que les arroje su realidad por pálida que sea y arrastran esa tragedia, como la del humano cuando es consciente de que nunca podrá mirarse a la cara, por nimio que parezca, así los pueblos con sus gobiernos no pueden descubrir los horrores cometidos, como la desaparición forzada, que son capaces de cometer en nombre de la aparente gobernabilidad. Desde tiempos lejanos en México se aplica la desaparición forzada como una política pública inconfesable, para consolidar a grupos hegemónicos en el poder, a continuación queremos iniciar este capítulo con la historia de un periodista de nombre Emilio Rodríguez Iglesia, afincado en Guadalajara, Jalisco, que pagó caro su deseo de hacer público un hecho delictivo, primero como noticia y después en una historia novelada, en las que se vieron confabulados el poder y la ambición como forma de dominación política, ciertamente el hecho que motivó esta desaparición ha sido estudiado profusamente, Como se señala en la presa de la época, el libro El crimen de los Tepames (Guedea, 1974), así como el estudio historiográfico realizado por Servando Ortoll, mencionado líneas atrás, pero no así la desaparición de uno de los mensajeros más críticos de este hecho, por eso 38 En este trabajo también queremos agradecer la invaluable colaboración de la estudiante del octavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima Lizbeth López Ramírez, en el ámbito de sistematización, búsquedas y revisión final. 184 Las desapariciones de personas nos interesa rescatarlo de los polvos del tiempo como una forma de mirarnos al espejo. El espíritu justiciero y aventurero o quizás las ansias de reivindicar a España en los dichos aquellos de que conquistó y no descubrió América, según fue vasallaje; ¿sería eso que lo trajo desde la lejana Asturias, el antiguo principado español y hoy comunidad autónoma, ubicada en el rico norte de España? Desde allá caminó don Emilio Rodríguez Iglesias a finales del siglo XIX o principios del siglo pasado, no se sabe bien, ese dato no lo recuerda con claridad Fernando Rodríguez Alonso hoy finado y sobrino del primero, en una entrevista que le concedió al investigador Servando Ortoll y que se retoma ampliamente líneas adelante, hasta la occidental Perla Tapatía, ¿por qué se asentó ahí? Quién sabe. De las indagaciones se desprende que no tenía ni familiares ni amigos en esta región. De formación periodista a él se le puede considerar la primera víctima de desaparición de persona en el siglo pasado en occidente, por lo menos así se le tiene documentada, reuniendo todos los elementos del hoy reconocido delito de desaparición forzada en la que intervienen órganos de gobierno en ese fin. Pero qué hizo para que en los estertores del gobierno porfirista, en occidente ejecutaran la desaparición forzada y probablemente la ley fuga contra este periodista; pergeñar un libro titulado El crimen de los Tepames (Iglesias, 1962), en el mismo se refiere de manera novelada respecto de un hecho sangriento sucedido en esa comunidad de Los Tepames, distante a unos 25 kilómetros aproximadamente de la capital Colima, de hecho, forma parte del municipio del mismo nombre, este acto fue perpetrado contra tres hermanos en el que dos de ellos murieron. Aparentemente había sido ejecutado por otros habitantes, una familia también, del mismo lugar con los que los finados tenían históricas rencillas: Un crimen, el asesinato premeditado y alevoso de dos hermanos, da lugar a la búsqueda de la verdad. Es difícil encontrarla y publicarla porque en México crímenes como los destacados, construyen historias tanto como intentan destruir vidas. En este caso, el asesinato fue resultado de una disputa que tenía que ver con tierras y con la animadversión entre dos familias, pero fue también una compleja trama de voces… La construcción de historias comenzó en el momento Políticas públicas y desaparición forzada 185 mismo de la balacera, cuando una de las víctimas intentó confesarse mientras lo mataban. La obligación de contar lo que había pasado fue asumido por los testigos, incluyendo el cura. De la madre de los Suárez fue la voz más poderosa porque no podía ser acallada y como sucede en muchas ocasiones similares, porque le daba a la narración, que se convirtió en denuncia una fuerza moral que hacía imposible no escucharla. La prensa de Guadalajara recogió la historia y la convirtió en un problema […] (Piccato. Prólogo de libro, en Ortoll. 2015. s/p). El párrafo anterior se complementa y confirma para lo que queremos destacar respecto del periodista asturiano lo descrito por Ortoll en la solapa en el mismo texto: Un odio inveterado entre dos familias vecinas parece resolverse cuando una cuadrilla de civiles y uniformados, capitaneada por el comandante de la policía de Colima, ultima a dos hermanos inadvertidos en el rústico pueblo de Tepames. Pero ¿matan los unos para zanjar viejas rencillas? ¿O son los miembros de ambas familias víctimas de las maquinaciones de terceros? En la fina malla que se teje tras los asesinatos de los dos hermanos, cae la figura de un comandante que se ha esmerado en cumplir órdenes que se siente incapacitado para objetar. El gobernador y el prefecto político, los dos individuos con más fuerza en el estado, se empeñan en obstaculizar las averiguaciones judiciales. Cuando el caso detona y ambos se ven implicados en las muertes de los dos hermanos, se deciden: abandonan al comandante de la policía a su suerte al tiempo de sobornar a otros para que lo inculpen. Aun así, el caso no se resuelve” (ibidem, s/p). Narrar los hechos e ir poco a poco descubriendo la verdad y señalarlo, indignado, en un texto, pudo haber sido la desaparición del periodista escritor español director del periódico El Correo Francés: En esta obra ahondo en la información que el periodista asturiano afincado en Guadalajara, Emilio Rodríguez Iglesia, obtuvo para escribir El crimen de los Tepames. De Guadalajara, Rodríguez Iglesia, director y editor del Correo Francés viajó a Colima y recorrió la ciudad capital y el pueblo de Tepames, 186 Las desapariciones de personas al poco tiempo de los sucesos. Como periodista entrevistó a cuantos testigos presenciales pudo; recibió reportes confidenciales de informantes clave; tomó nota de importantes artículos aparecidos en la prensa oficial […] (ibidem, s/p). El periodista logró desentrañar de los hechos descritos que el supuesto encono entre familias eran una mascarada, disfraz que ocultaba otros fines inconfesables que él había descubierto, y en ello se revelarían los verdaderos móviles del crimen en el que posiblemente, con posteriores investigaciones como la de Ortoll, se infiere la verdad. Lo cierto es que meses después de publicada la novela, y sin concluir las investigaciones del caso que la motivó, el periodista asturiano desapareció, sin saberse nunca su paradero, en México muy pocos reclamaron su misteriosa desaparición, ya que no tenía familiares, ni por afinidad ni consanguinidad. En España poco o nada se supo, una porque nadie preguntó ni indagó su paradero, y otra porque no tenía comunicación cotidiana con nadie, por lo que las largas ausencias comunicacionales no eran extrañas hasta que, por fin, pasado el tiempo olvidaron el rastro y paradero del periodista, así lo refiere su sobrino Fernando Rodríguez Alonso (Asturias, 2009). El mencionado Servando Ortoll indagando profundamente muchos años después, logró contactar con el sobrino del periodista y consiguió concertar una cita entrevista con el mismo, y como consta en el libro producto de esta indagación, accedió a la conversación y prometió que enviaría la respuesta por escrito, así lo hizo y poco después de enviada la epístola, murió. Y señala: Son recuerdos muy vagos los que guardo de mi tío Emilio. Más que recuerdos propios son los que mi padre me trasmitió cuando yo era un niño. No podía ser de otra manera: yo vi la luz de este mundo en 1929 y Emilio Rodríguez Iglesias, hermano de mi padre, emigró a México en los últimos años del siglo XIX o primeros del XX y fue en 1909 cuando se perdió definitivamente su rastro en ese país. Mi padre, fallecido en 1954, recordaba con afecto y una pizca de amargo desconsuelo a su hermano mayor que, un buen día salió de Nueva, pueblecito costero del oriente de Asturias, para buscar mejor fortuna en México y muy rara vez volvió a comunicarse con sus padres (ibidem, 7). Políticas públicas y desaparición forzada 187 Así hasta que definitivamente se perdió su rastro. De igual modo en esa misiva hace referencia al libro: recuerdo la novela de mi tío Emilio (debía ser la edición príncipe) como un libro de escasas páginas, papel envejecido y cubiertas deterioradas, en cuya contraportada había un retrato ovalado del autor. El libro posiblemente fue enviado por Emilio a mi padre […] fue en uno de esos fisgoneos que di con El crimen de los Tepames […] cuando mi padre me sorprendió con él en las manos me contó la historia de un hermano suyo llamado Emilio que se fue a México, trabajó allí como periodista de el Correo Francés, de Guadalajara, se olvidó de sus padres y hermanos y escribió un libro que le ocasionó muchos disgustos y, probablemente, le causó su muerte. Mi padre tenía la casi convicción de que su hermano había sido asesinado a raíz de la publicación del libro. Ignoro qué razones tenía para pensar de ese modo (ibidem, 9). de sus hijos e hijas desaparecidas. Y exigieron el regreso a casa de más 60 mil personas desaparecidas” (Tlanesi, periodismo de derechos humanos, 2020) de eso destacamos también 4 peticiones a amanera de políticas públicas inmediatas: búsqueda efectiva y palpable de los desaparecidos, mecanismo extraordinario de identificación forense, uso de mecanismos internacionales contra la impunidad y compromiso de que nunca una persona más sea desaparecida. En cuanto a la desaparición forzada: Los datos del Gobierno versus organizaciones no gubernamentales Desaparición Forzada en números La verdad, como sucede ahora con el gran número de desaparecidos y desaparecidas, nunca se supo, el libro fue escrito casi a la mitad del caso, probablemente la razón de su desaparición pudo haber sido que faltaba mucho por descubrirse (como lo señala Ortoll) y podría reeditarse la historia novelada con nuevos datos que terminarían involucrando personajes de la política de la época. El periodista asturiano no tuvo quien lo reclamara y organizara su búsqueda. Cerramos esta parte del capítulo con un caso reciente, como para ilustrar las políticas públicas de aquéllos y estos tiempos la desaparición forzada; apenas hace aproximadamente dos meses desapareció (después encontraron su cadáver) una diputada local en el estado de Colima, cuando se encontraba haciendo labor social en una población al sur del estado, la búsqueda fue inmediata y el clamor popular obligó a las autoridades a emplearse a fondo en su localización, al poco tiempo desafortunadamente fueron encontrados sus restos en una fosa, de las muchas que han encontrado en el estado de Colima. Las madres y familiares de desaparecidos han alzado la voz pidiendo el mismo trato para sus familiares, al grado que el día 10 de mayo pasado, un grupo de madres de desaparecidos marcharon para reclamar que “El Estado mexicano [ha sido] omiso he insensible a la tragedia que viven miles de madres buscadoras La eficacia del derecho penal, una vez más, se ve vulnerada con el tema de la desaparición forzada, tanto la reforma a nuestro sistema de justicia penal, como la creación de la Ley de Desapariciones Forzadas, no han sido suficientes para resolver o disminuir las estadísticas de este delito, al contrario, con el trascurso del tiempo los números aumentan. A inicios de este año el gobierno mexicano publicó como cifra oficial la cantidad de 61 mil 637 personas desaparecidas (Saldaña: 2020) donde 15 840 son mujeres y 11 072 corresponde a niños. Presentando en los primeros meses de este sexenio 5 184 casos, aunque las denuncias fueron 9 164. Se encontraron 342 personas sin vida y 3 638 vivas, dejando un gran margen aún sin localizar. Dentro de las políticas públicas exigidas por los grupos de presión, destaca el hecho de que exista una ruta a seguir en la localización de personas, aparejada con un marco jurídico eficaz, donde aquellos casos conocidos tanto por noticia, reporte y denuncia, se les abra una verdadera carpeta de investigación en tiempo y forma; que exista una separación entre la búsqueda e investigación, se elabore un único registro de datos, se designe un presupuesto y que exista una verdadera coordinación entre los distintos entes de gobierno. Si bien algunas de estas políticas ya fueron atendidas por el gobierno, no se han ejecutado correctamente, están siendo sólo papel escrito, tan sólo disposiciones aprobadas por el congreso mas no materializadas en las autoridades judiciales. Atendiendo a los más recientes datos proporcionados por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que como se sabe 188 Políticas públicas y desaparición forzada Las desapariciones de personas 189 es la herramienta oficial de medición para el delito de desaparición recientemente constituido; dentro del período 2014-2018 dentro del fuero federal existen 1 170 personas no localizadas, encontrando al estado de Guerrero encabezando la cifra y en menor número en el estado de Baja California Sur. Situando a la región occidente en una situación alarmante ya que Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato presentan 2, 26, 54 y 6 casos respectivamente. El panorama es diferente tratándose del fuero común, donde la cifra se eleva a 36 265 personas desaparecidas, situando a Tamaulipas con 5 990, Estado de México con 3 890 y Jalisco con 3 362 como las entidades donde se presenta mayormente este delito. Se rescata que el mayor porcentaje de estas personas corresponden a hombres mexicanos, con rango de edad de 20 a 30 años. Otras de los datos que resulta importante son los grandes hallazgos de fosas clandestinas que a lo largo del tiempo se han detectado, 873 tan sólo en lo que va de este gobierno, donde el 73% de este porcentaje es para los estados de Sinaloa, Jalisco, Colima, Sonora y Chihuahua. Según los últimos datos los años con más desaparecidos fueron 2017 (7 595), 2018 (5 976) y 2016 (5 537). Las entidades donde más casos se reportaron son Tamaulipas (10 32), Jalisco (9 286) y Estado de México (6 887). Estas estadísticas se contrastan con lo expuesto por la sociedad civil que tras la impunidad del gobierno han decidido actuar, buscar las respuestas que se les han ocultado, ingresando para ello a escenarios peligrosos, arriesgando su propia vida, sufriendo impotencia, dolor e incluso terror. Desafortunadamente, el 99% de las desapariciones forzadas denunciadas terminan siendo olvidadas (Mastrogiovanni, 2014), agreguemos a ello la cifra negra que sin duda existe en nuestro país, esos delitos que se cometieron, pero no se denunciaron, por distintas razones: amenazas a las víctimas, poca credibilidad en la eficacia del Estado para investigar, miedo, sobornos, extorsión. Existen múltiples testimonios de familiares que a raíz de una denuncia o previo a ella son víctimas de amenazas, a través de llamadas telefónicas o mensajes anónimos, inculcando en ellos miedo y teniendo como consecuencia que muchos de los casos, no sean publicitados y por consecuencia no formen parte de la cifra que en un inicio se presentó. Organizaciones no gubernamentales representadas por muchos activistas entre ellos Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) y a Joel Flores Prudencio, integrante de la Plataforma de Víctimas de Desaparición Forzada en México (Camacho, 2020) coinciden que la cifra proporcionada por el gobierno es errónea ya que es menor a la que realmente existe, en especial tratándose de desaparición forzada; debido a la gran desconfianza que tienen las personas hacia el gobierno, no existen tales denuncias. Por lo que el dato presentado sin duda se contrapone a la realidad y magnitud de este problema. La cifra de víctimas proporcionada por la mayoría de estas organizaciones no gubernamentales rebasa los 100 000 desaparecidos. Si bien el gobierno ha proporcionado sus registros, éstos no son exactos, excluyen muchos casos, como es el de los migrantes indocumentados. Además de que en su registro no proporcionar los datos completos, ni las circunstancias en que dichas personas fueron desaparecidas y qué decir de aquella cifra correspondiente a aquellas familias que no denuncian por miedo o desconocimiento. Estos números reflejan el panorama en el que se encuentra la región occidente que en este caso nos ocupa, Jalisco y Colima especialmente han sido focos en el tema de desaparición forzada, el primero por su porcentaje en desaparición forzada, encontrándose dentro de los primeros lugares y Colima por las fosas clandestinas que se han encontrado. En México el 95 por ciento de la generalidad de los delitos cometidos no son denunciados, y de ahí sólo un dos por ciento se consigna y de ahí solo un uno por ciento resulta condenado, eso nos abre la puerta a un mundo del crimen alarmante, ya que aquí tiene mucha relevancia la corrupción, pero básicamente la impunidad, casi nadie cree en el sistema de justicia penal por más reformas que haya, las personas siguen actuando por su cuenta, en respuesta a la indiferencia y complicidad del gobierno. Si bien el perfil de la víctima, como los sujetos activos han ido cambiando sigue existiendo el mismo terror, perversión y opresión que lo caracteriza, ahora ya son ciudadanos jóvenes, que sin ninguna razón han ido desapareciendo, dejando con ello dolor e impotencia en sus familiares. 190 Políticas públicas y desaparición forzada Las desapariciones de personas 191 Sin duda la sociedad civil mexicana y los organismos internacionales ha tenido un papel fundamental en el tema de la desaparición forzada, aun con el peligro latente en su lucha no dejan de buscar y exigir respuestas, muchos de los colectivos han sido la voz de múltiples familias, han encontrado fuerza en la unión, la esperanza sigue latente en ellos. Políticas públicas criminales; utilidad social o mascarada que domina Las políticas públicas modernas en México como estrategias gubernamentales para el desarrollo de los pueblos tiene su origen en las políticas neoliberales de los años sesenta y setenta con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, profundizándose en el gobierno tecnócrata de Miguel de Miguel de la Madrid Hurtado, estrategias que se ven reflejadas en los llamados planes de desarrollo sexenales, por eso éstas son entendidas como prácticas públicas gubernamentales que se nutren de las necesidades populares, las ordenan, priorizan y se proponen formas de resolución o de atacar gradualmente el problema social de que se trate, la mayoría de ellas tienen de tras de sí, motivaciones legítimas o no. Así, las políticas públicas, se convirtieron durante los gobiernos tecnócratas y condicionados, pero bien inmersos en la globalización, ya con los gobiernos de Salinas y Zedillo, en herramientas eficaces de la privatización de los bienes nacionales, es decir que las políticas públicas ya no responden a las necesidades de la población, si no a las necesidades de grupos e individuos, los planes sexenales pretendían dejar un distintivo de gobierno. Las políticas públicas se segmentan a manera de la teoría de los sistemas, elaborada por Niklas Luhmann, que se distancia de otras construcciones teóricas por ser una teoría en la que sus elementos centrales encuentran un anclaje en el mundo, lo que la posibilita como una teoría de la observación: El concepto de sistema designa lo que en verdad es un sistema y asume con ello la responsabilidad de probar sus afirmaciones frente a la realidad (Luhmann 1998). Así, la teoría de sistemas aparece como una teoría directamente apegada a la realidad; en ésta, sus elementos, los sistemas, encuentran un referente concreto en el mundo. En este sentido, la teoría de Luhmann, en tanto teoría de 192 Las desapariciones de personas la observación, nos posibilitaría la observación de sistemas que se constituyen como entes reales (Koch y Pigassi, 2012). Y mirar la necesidad de tener un control del todo (los tres poderes federales y los tres órdenes de gobierno), pero segmentado con relaciones indisolubles entre sí, con límites entre las partes que se interrelacionan, dinámicas separadas y unificadas a la vez. Las partes de un todo conocido como ejercicio de gobierno sobre el mundo social, relativizado para la ejecución, en la práctica de acciones de gobierno, se interconectan de acuerdo con las leyes de la física, como si fueran vasos (sociales) comunicantes en el que si incorporas elementos a uno de los subvasos se afecta sin duda a los demás. De este modo se crea un modo sistémico de organizar el ejercicio de gobierno, no es un modo lineal gubernamental sino piramidal desde el gobierno federal hasta los gobiernos municipales, en esto los gobiernos comunales indígenas se gobiernan bajo su propia forma ancestral de dirección. De ese modo en los planes sexenales federales, estatales y en menor medida los planes trianuales municipales, surge la segmentación de la siguiente manera, políticas públicas en salud, educación, economía, desarrollo de la familia, de vivienda, desarrollo agrario, gobernación interna entre otras. En el área jurídica; en desarrollo parlamentario (que tiene que ver con la creación de leyes) y en aplicación y cumplimiento de ordenamientos legales. Al tiempo y dada la importancia de esta temática (sobre todo el creciente desarrollo del crimen organizado, violencia intrafamiliar, feminicidio, desaparición de personas, así como el incremento en el consumo de drogas) aparecen las políticas públicas criminales, éstas básicamente en el ámbito federal y estatal, el municipio participa en menor medida sobre todo en el factor prevención como se verá más adelante. Las políticas públicas criminales (hay otras políticas no públicas, también llamadas no gubernamentales, en este sector, que se dedican básicamente a la prevención, la investigación académica y a orientar y al acompañamiento a víctimas del delito, justo es reconocerlo). Las dividiremos en cuatro para su análisis; de esta división arbitraria, nos detendremos exclusivamente en dos: Políticas públicas y desaparición forzada 193 a) b) c) d) De prevención De creación de normas (el proceso legislativo y sus motivaciones) Del cumplimiento de la pena De la atención a víctimas del delito En lo que hace a la desaparición de persona de manera forzada se puede decir que, como política pública, apenas hasta hace unos años no existía ni como delito ya que era una conducta delictiva entendida como lo señala la teoría del delito, pero no reconocida por el Estado, ni como conducta antisocial, es decir para le gobierno no existía, decía un político de allá del pueblo: yo creo que se fue con el novio o la novia, según fuera el caso, pero los casos empezaron a multiplicarse y el dicho cambió ahora a: pues dios sabe en qué andarían, a veces se lo merecen, la humanidad volteaba el rostro, pero el horror y la tragedia dominó el ambiente social y ahora sí habría que tomar en cuenta algunas medidas. Por lo anterior entonces la prevención por parte del Estado no existió como política pública, así particularmente para esa conducta, sino más bien lo era para el delito en general, con todas sus carencias. En cuanto la creación y modificación de normas que atiendan este flagelo social, primero habría que señalar que la reforma constitucional penal más importante de los últimos años fue la reforma al sistema procesal penal realizada en el 2008, en la misma se reformaban los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 constitucionales, en la realidad lo que importa analizar para este trabajo lo referente a toda la etapa de investigación de los delitos y delincuentes, estaba más que latente la esperanza de que ahora sí deberían profesionalizarse los procesos de investigación de los delitos, pero sobre todo la atención y reconocimiento de las víctimas así como el debido resarcimiento del daño los eternos olvidados del proceso penal. Los sujetos pasivos del delito. Las investigaciones de delitos han seguido igual que antes, Reveles al respecto señala “Estamos frente al hecho insólito de que los familiares de desaparecidos van por delante de la autoridad en las búsquedas y ubican fosas y cadáveres” (Reveles, 2015, s/p). Asimismo se han creado una serie de mecanismos y reglamentos para regular la búsqueda de personas desaparecidas: “Herramientas para combatir el problema: el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), dentro de las cuales se 194 Las desapariciones de personas encuentra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; el Banco Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de Personas Fallecidas No identificadas y No Reclamadas; el Registro Nacional de Fosas; el Registro Administrativo de Detenciones; Alerta Amber; el Protocolo Homologado de Búsqueda; protocolos de investigación y en materia forense; entre otros registros” (Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, 2020). Ya ha sido, después de muchos años de lucha, reconocido el delito de desaparición forzada como tal, en el que se señala que lo cometen personeros del Estado, es decir que el sujeto activo siempre lo será un funcionario de gobierno en el ejercicio de sus funciones (lo cual tiende a agravar la pena) y aún más, que también lo puedan cometer particulares con la complacencia del Estado o su colaboración. Esta reforma constitucional en materia penal del 2008 pretendía, primero, despresurizar los centros de reclusión, asimismo otorgar verdadera autonomía a las fiscalías investigadoras de los delitos y también dotar de mayor autonomía, en la práctica, al poder judicial y evitar así, en la medida de lo posible, el sometimiento al Poder Ejecutivo. En consecuencia, si lo anterior se cumplía, paulatinamente, la sociedad empezaría a confiar en estos órdenes de gobierno y por tanto se vería reflejado en un mayor número de denuncias, carpetas de investigación, consignaciones ante la autoridad judicial y, por lo tanto, sentencias condenatorias o resarcitorias. Los hechos son evidentes, parodiando a Milán Kundera, (Kundera, 2017) parece que la clave está en otro lado. De aquí se desprende que el cumplimiento de la pena tiene una liga con lo dicho con antelación, es ineficaz si lo anterior no se logra, ya que las penas o medidas de seguridad son acciones que dependen de una eficaz manera del cumplimiento de los derechos adjetivo y sustantivo penal. Dónde está la esperanza En febrero de este fatídico año (ni idea teníamos de lo que vendría después, después vendría todo lo resultante con la pandemia) nos reunimos en la ciudad de Guadalajara con un académico de la Universidad de Guadalajara, es investigador y docente de la división de Sociología de esa universidad. La realidad, como a don Samuel Ruíz, lo cambió y ahora es también militante por la búsqueda y aparición Políticas públicas y desaparición forzada 195 de personas que “alguien” ha desaparecido. A esa cita, también acudieron dos mujeres jóvenes aún, eran, para su infortunio, madres de desaparecidos. La finalidad era escucharlo y escucharlas por medio de una entrevista, para un trabajo de investigación que estamos pergeñando, sobre su experiencia de lucha; ahí nos expresaron vivamente, entre otras cosas, expectativas y esperanzas, dejamos parte de su voz ya que nos parecieron intensamente importantes, por un lado, y por otro es la voz de los que están en la fragua por la aparición con vida de las personas que se llevaron, insistimos “alguien”. Ahí está la esperanza o por lo menos una parte. Entonces, la esperanza está en que cada vez sea más visible el resultado de la desaparición forzada; las víctimas. Al respecto el investigador señala, que él decide luchar por la visibilización de las víctimas cuando éstas rompen el silencio y vencen a medias el miedo “Personas como Leti o como Zonia que también pertenecen el mismo colectivo, la manera en cómo son víctimas como grupo familiar, la manera de ser revictimizadas por la institución, la manera en como una buena parte de la sociedad es indiferente a lo que les está pasando y la manera en como el Estado actual, son como diferentes esferas que hacen que la situación que viven es terriblemente desoladora, eso en primer lugar, en segundo lugar porque uno se da cuenta que la sociedad se va modificando, el sistema político legal y económico aun así se va modificando y se presentan nuevas características, esta característica de la violencia es una parte sustantiva para definir lo que es la sociedad contemporánea” (Entrevista a académico, miércoles 26 de febrero, Guadalajara, Jal.). La esperanza llega cuando a decir del entrevistado las activistas se unen por el cumplimiento de un derecho que no existe en la constitución: El Derecho a la verdad, y por otro lado señala “la creación de leyes es indispensable para esta convivencia, ¿no?, y me parece que estas tres leyes que están proponiendo aquí en Jalisco, me parece que de alguna manera son necesarias para de alguna manera intentar, si no erradicar, sí por lo menos presentar un frente común al problema de la desaparición. Por ejemplo, esto de los apoyos a los familiares de las víctimas, la presunción de ausencia, son elementos que dan por lo menos un frente común” (idem) me parece muy importante el derecho que este académico señala, es un constructo social no rescatado desde el ámbito jurídico como lo es el derecho a la verdad. 196 Las desapariciones de personas Para las madres y familiares de desparecidos la esperanza está en que ahora parece que en algunas instancias al fin serán escuchados, en que se promulgue la ley sobre personas desaparecidas, declaración de ausencia y el reconocimiento de las víctimas. La esperanza está en “pues nuestras metas, la prioridad es encontrar a nuestros hijos, encontrarlos, y nuestros objetivos es que se sensibilice, que las autoridades cumplan con sus funciones, y sensibilizar y que haya asesoría y prevención en la sociedad, pero nuestra meta es eso, primero encontrar a los nuestros, y ya el objetivo es ése, que esto cambie, cambiar la problemática que ya tenemos de tanta violencia en general, aquí en nuestro estado y en nuestro México entero” (Entrevista a activista madre de desaparecido, miércoles 26 de febrero 2020, Guadalajara, Jal.). La esperanza está donde señala otra entrevistada: “Pues porque nosotros somos los que estamos empapados ya, somos nosotros quienes ya tenemos esas necesidades, ya están obsoletas esas leyes, son leyes viejas, aparte que son viejas, ya no nos funcionan para las problemáticas que tenemos y aparte muchas de las que nos pueden ayudar ya ni se apegan a ellas, ya necesitamos un cambio de leyes donde sí participemos las familias, porque somos las familias quienes estamos viviendo ya este tipo de problemática, en diferentes niveles y en diferentes niveles de problemas, entonces sí es bueno que participemos” (idem). En fin, que la esperanza es que, primero, acabe de una vez y para siempre este clima de horror y consternación que provoca vivir en un estado de inseguridad y desconfianza a todo lo que tenga que ver con el ejercicio de gobierno y personeros que actúan en su nombre o por encima de ello, y luego encontrar a los desaparecidos y desaparecidas, dar certeza a los familiares, ellos tienen todo el derecho a la verdad por cruda que ésta sea. Bibliografía Camacho F. (8 de enero, 2020). La cifra oficial de desaparecidos se queda corta: ONG. La Jornada (en línea). Recuperado de https://www.jornada.com. mx/2020/01/08/politica/008n1pol Enciso, A. (20 de enero, 2020). Gobernación: 61 mil 637, cifra total de desaparecidos. La Jornada (en línea). Recuperado de https://www.jornada.com.mx/ Políticas públicas y desaparición forzada 197 ultimas/politica/2020/01/07/gobernacion-61-mil-637-cifra-total-de-desaparecidos-3869.html Excelsior TV. (16 de octubre, 2017). ¿Cuánto se necesita para ejecutar la Ley de Desapariciones Forzadas? (video). YouTube. https://www.youtube.com/ watch?v=qThLsXSuBlw. Koch E. Tomas, Pigassi Andrea (2012). Temas y sistemas en educación. Hacia un modelo de observación. Horizontes. Perfiles Educativos. Vol. 35, núm. 140, México, ene. 2013. Marco legal, políticas públicas y líneas de acción en materia de desapariciones forzadas e involuntarias http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/FINAL_digital.pdf Ni vivos ni muertos (30 de octubre, 2014). Documental Ni vivos Ni muertos (video). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=C4YsPZUj05I Ortoll, Servando. Artífices y Avatares. Lo que revela el juicio de Tepames, Colima (1909-1914). Colima. A. H. del M. C. Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED. Recuperado de https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped Reveles, J. (2015). México: país de desapariciones forzadas. Política y Cultura, (43), 9-23. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26739871002 Rodríguez Iglesia, Emilio (1980). El crimen de los Tepames. México. Costa Amic. Ruiz Zafón, Carlos (2016) La sombra del viento. México. Planeta. Saldaña, I. (7 de enero, 2020). Hay 61 mil 637 desaparecidos; suman 5 mil 184 casos en lo que va del sexenio. Excélsior (en línea). Recuperado de https:// www.excelsior.com.mx/nacional/hay-61-mil-637-desaparecidos-suman-5mil-184-casos-en-lo-que-va-del-sexenio/1356602 Capacidades institucionales y desapariciones forzadas en Jalisco. El caso de la fiscalía especializada en personas desaparecidas Juan Alfonso Cruz Vázquez Introducción Las desapariciones de personas en México han aumentado de manera alarmante durante los últimos quince años. Desde el año 2006 hasta el 30 de septiembre de 2020, hay más de 77 171 personas desaparecidas, según datos del “Informe sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el país” presentados por la Comisión Nacional de Búsqueda (SEGOB, 2020). Mientras que, en el caso de Jalisco, las cifras no concuerdan entre organismos gubernamentales y de la sociedad civil, ya que según datos del Centro de Desarrollo para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) el número de desapariciones asciende a más de 9 162 personas, contando sólo aquellos casos registrados en el período de 2008 a 2019. En tanto que la administración del actual gobernador, Enrique Alfaro, señala que hay poco más de 8 173 casos de gente desaparecida desde 1965 hasta el año 2019, lo cual habla de una discrepancia sensible en cuanto al número real de desapariciones (El Informador, 2019). Esto plantea un grave problema social que se ha radicalizado a partir del inicio de la “Guerra contra el narcotráfico”, debido a que en el año 2008, bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se promovió frente al Congreso de la Unión una iniciativa de ley en materia de seguridad para combatir el comercio de drogas a baja escala o “narcomenudeo”, que para el año 2009, se concretó en reformas tanto a la Ley General de Salud (incluyéndosele un capítulo39 completo 39 198 Las desapariciones de personas El cual está compuesto por diez artículos, que van del 473 al 482 (Torres, 2017). [199] denominado “Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo”40); así como también al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, teniendo como principal repercusión legal un novedoso andamiaje jurídico que brindaría las facultades de tipificar el narcomenudeo como un delito que pudiera ser sancionado por instancias federativas como las fiscalías estatales (Torres, 2017, pp. 126-127). Desde entonces, el combate institucional a la proliferación del narcomenudeo y otras actividades del crimen organizado en el territorio mexicano,41 ha traído como una de sus consecuencias nefastas que el acto de desaparecer a una persona deje de tener motivos estrictamente políticos, expandiéndose a tal grado, que cualquier sujeto puede ser víctima de tal acción por el hecho de “estar” en el lugar equivocado. Es decir, la desaparición forzada y cometida por particulares alcanza no sólo a hombres y mujeres, sino también a niñas, niños y adolescentes. Ante esta situación la respuesta institucional ha sido muy lenta y precaria, porque apenas a partir del año 2017, se pueden identificar acciones que intentan brindar soportes jurídicos y judiciales para prevenir, sancionar y reparar los perjuicios generados por los hechos delictivos de la desaparición. En este sentido, cabe destacar que los comienzos de una respuesta institucional de mayor envergadura en la materia se dio en el contexto jalisciense durante la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, con la creación de la entonces Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) en 2017, cuya finalidad fue: 40 Tal capítulo refiere a “[…] un glosario de definiciones, la competencia de las autoridades para conocer de este delito, las drogas que forman parte de éste, los tipos penales que lo componen, y cuestiones como excluyentes y agravantes del mismo” (Ortega, 2012, p. 19). 41 Precisamente el surgimiento de la iniciativa de ley sobre narcomenudeo y posteriores reformas que ya fueron señaladas, provienen de un contexto en el que las autoridades […] afrontar el fenómeno criminal de desaparición de personas, forzada e involuntaria, con medidas estructurales y de política criminal, con contenido metodológico, recursos técnicos y humanos calificados, con un enfoque más amplio para buscar a las personas desaparecidas, investigar los hechos y atender con sensibilidad a las víctimas […] (IJCF, 2017). Tal Fiscalía, a nivel estatal, se constituyó meses antes de que se promulgara la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (LGMDFP). En este sentido, cobra relevancia preguntarse por los alcances y las atribuciones que presenta la Fiscalía Especial en el tema de desaparición de personas. De manera específica, se busca responder algunas preguntas como las siguientes: ¿cuáles son los orígenes de esta institución?, ¿qué ordenamientos legales sustentan sus funciones?, ¿quiénes participaron en su creación?, ¿cuáles son los objetivos que persigue?, ¿cuál es la estructura organizacional que constituye a la Fiscalía Especial?, ¿cuáles son sus principales atribuciones?, ¿qué perfiles de personas laboran ahí? Todas estas interrogantes se pretenden resolver por medio de una estrategia metodológica que privilegia la investigación documental en torno a la reflexión de perspectivas teóricas e institucionales sobre la temática en cuestión. Gobernanza y desarrollo institucional: gestión pública en materia de desaparición forzada En las sociedades democráticas como la mexicana, la existencia de políticas públicas que se apeguen a los derechos humanos y velen por el cumplimiento de las leyes en pro de la ciudadanía, permiten avances en la conformación de arreglos institucionales entre los aparatos gubernamentales, el mundo empresarial y la sociedad civil organizada. Esto se logra configurar gracias a los procesos derivados de la gobernanza, la cual puede entenderse de la siguiente manera: reconocieron que México no sólo es un país productor y de simple trasiego de drogas, sino que también se convirtió en una nación consumidora y vendedora de sustancias ilícitas al menudeo (García, 2012), debido a que al “generarse un mercado interno de drogas diversos cárteles emprenden una disputa por el control de ‘Las Plazas’, lo cual trae consigo un crecimiento exponencial del crimen organizado y de la violencia” (Torres, 2017, p. 126). 200 Las desapariciones de personas Por gobernanza debe entenderse el proceso de gobierno, dirección o rectoría de la sociedad. Y se entiende específicamente el proceso a través del cual el gobierno, las organizaciones políticas y sociales, las empresas y otras asociaciones definen y deciden los objetivos (fundamentales y coyunturales) de la vida en común, el Capacidades institucionales y desapariciones forzadas en Jalisco 201 rumbo y el sentido de dirección de la sociedad, así como definen y deciden las formas de organización, las acciones y los recursos para realizar los objetivos socialmente deseados. La actividad de gobierno es entonces una actividad intencional y causal. Intencional, puesto que se enfoca y orienta hacia objetivos considerados socialmente valiosos, y causal, puesto que la actividad gubernativa busca realizar, efectuar, esos mismos objetivos (Aguilar, 2015, p. 21). De esta manera, se concibe que la gobernanza es cambiante y modeladora de arreglos institucionales que se generan a partir de acuerdos y negociaciones. Tales arreglos adquieren múltiples matices a través de la confluencia de diversos actores que pugnan por intereses que no siempre guardan armonía entre sí. Por tanto, estas constelaciones de intereses se ven complejizadas por imbricaciones institucionales oscuras que son establecidas mediante relaciones instituyentes que configuran la violencia bajo claves de poder y autoridad (Cruz, 2016), en aras de preservar un orden social (Coronado, 2016). Esto quiere decir que existe una copertenencia entre violencia y orden social: Vista de manera detenida, la copertenencia entre violencia y orden social, no es sino un ejercicio del sistema, una expresión social inmanente que adquiere matices especiales cuando de la defensa de la sociedad se trata. No es una corriente violentógena, como la corriente suicidógena durkheimiana, sino que son líneas de fuga acuerpadas en agenciamientos que favorecen la expresión de la violencia como una forma de mantenimiento de la sujeción y la servidumbre, es decir, que operacionalizan al sistema social (Coronado, 2017, p. 37). Por ello, el asunto de la gobernanza cobra mayor relevancia aquí, debido a que representa un esquema político de negociación que entabla procesos más o menos abiertos, los cuales buscan generar mecanismos para el mantenimiento del orden social. Pero su correlato advierte que detrás de la manera en como se gobierna y quienes son gobernados, existe una bifurcación, por lo menos, en dos aspectos que luego vuelven a imbricarse coyuntural o estructuralmente: 1) la administración del poder que configura lógicas, medios y formas gubernamentales cuyos objetivos tienden al cambio en el imaginario social, con 202 Las desapariciones de personas el fin de alinear a las masas con proyectos sociopolíticos racionales (basados en una lógica económica-instrumental orientada a perseguir fines políticos); y 2) el despliegue de resistencias por parte de diferentes actores (como la sociedad civil y el crimen organizado) que reclaman mayores cuotas de poder para hacer patente el reconocimiento de formas de pensar, sentir y obrar que disienten o disputan el control sobre cualquier aspecto que implique la instauración de un régimen de prácticas políticas42 (Aguilar, 2009). Sin embargo, en el tema de las desapariciones forzadas, la participación política de diversos actores, si bien se realiza con base en un fenómeno escabroso, lo interesante aquí es su capacidad para articular desarrollos institucionales basados en la cooperación y la apertura al diálogo entre el gobierno y la sociedad civil; de lo contrario, no habría sido posible que se concretara el proyecto de creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y en consecuencia, generara la confianza y certeza suficiente entre los actores involucrados para pensarla como una respuesta institucional plausible (Pineda, 2014). Génesis de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas: alianzas, negociaciones y conflictos de intereses La creación de una instancia gubernamental en Jalisco que pudiera responder al enorme reto del incremento en el número de desapariciones era no sólo necesaria, sino que ya había tardado demasiado en concretarse un proyecto de tal calado. Así, bajo un enfoque de gobernanza, se puede colegir que la presencia y la presión de múltiples sectores de la sociedad, lograron encauzar sus objetivos en el reclamo justo por contar con instituciones apropiadas para abordar este problema social. Ante el incremento de personas desaparecidas en la entidad desde 2006, el fenómeno de la desaparición forzada adquirió enormes implicaciones políticas. Tan es así, que en la gestión de Aristóteles Sandoval se promovió la conformación de una Fiscalía para atender este problema. 42 Entendido como un conjunto de interpretaciones y acciones cotidianas que se ejercen en la vida pública para configurar sistemas de información que inciden en la toma de decisiones gubernamentales mediante un ejercicio recursivo técnico-político (Ortiz, 2017). Capacidades institucionales y desapariciones forzadas en Jalisco 203 Por ello, el 4 de abril de 2017 se emitió el Decreto Número 26317/LXI/17 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, mediante el cual logró reformarse el artículo 4.o y se agregó el artículo 8.o de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con el fin de constituir la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que a su vez, tendría como principal novedad institucional la conformación de una Dirección General de Análisis y Contexto (DGAC). Aquí es digno de destacar que el comité de selección del personal para la DGAC, contó con la participación de instituciones de gobierno, no gubernamentales, académicas y de instancias internacionales (IJCF, 2017): a) El Fiscal de Derechos Humanos, representante de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. b) Un/a representante del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco. c) Un/a representante de la Universidad de Guadalajara. d) Una representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). e) Un/a representante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo en Jalisco (CEPAD). f) Un/a representante de la organización de familiares FUNDEJ. g) Un/a representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). h) Un/a representante de Gardenias Tapatías, A. C. i) Un/a representante de Fundación Find, A. C. j) Un/a representante de la organización de familiares Por Amor a Ellxs (Quien manifestó su intención de participar como observadora). k) Un/a Consultor/a externo. De esta forma, el proceso de selección del personal para la Dirección General de Análisis y Contexto, parte fundamental de la FEPD, se dio bajo la participación activa de diversos actores, constituyendo un esfuerzo importante que, bajo un enfoque de gobernanza democrática, posibilitó la creación de una política pública para buscar atender el grave problema de desapariciones en la entidad. No obstante, intentar poner en marcha un proyecto de gran calado exige una planeación muy sólida. Por tal motivo, resulta factible prestar atención a las principales atribuciones y recursos con los que se dispuso a crear la FEPD. Capacidades institucionales de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) Debido a la naturaleza que implica el delito de la desaparición de personas (forzada y cometida por particulares), el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de efectuar nuevas legislaciones con base en recomendaciones internacionales de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, y demás instituciones adscritas a la Organización de Naciones Unidas (ONU-DH, 2015), así como a las presiones sociales ejercidas por familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil, para establecer que un acto de desaparición va más allá de la modalidad delictiva de un secuestro o desaparición voluntaria. Aunque a partir de lo anterior, ya existe a nivel nacional una Ley sobre desaparición forzada y cometida por particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda y Localización de Personas, es menester referir que el estado de Jalisco cuenta con una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD),43 la cual representa una institución ciertamente novedosa, creada en el año 2017, para enfrentar el problema de las desapariciones a nivel estatal, ya que anteriormente el área que se encargaba de estos asuntos era la de Secuestros, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Por tal razón, la FEPD ha tenido que constituirse por medio de los recursos que la propia Fiscalía General del Estado de Jalisco puede proveerle, tanto materiales como operativos y humanos. Para ello, se revisa a continuación las siguientes 43 Actualmente la institución cambió su nombre a Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Dado que el análisis de este trabajo gira en torno a la creación institucional de la Fiscalía Especializada, se optó por mantenerla así en el título, ya que no se considera que esta minucia afecte los propósitos fundamentales que se persiguen aquí. 204 Las desapariciones de personas Capacidades institucionales y desapariciones forzadas en Jalisco 205 capacidades institucionales con las que cuenta, específicamente en las siguientes áreas: normativa, organizacional, funcional y de recursos humanos. Marco normativo Con el objetivo de guardar conformidad con la legislación nacional y local aplicable, así como con los órganos de justicia existentes a nivel federal y estatal, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco se fundamenta en los siguientes ordenamientos jurídicos: • Sus atribuciones persiguen la esencia de lo estipulado en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • También se encuentra justificación jurídica en el artículo 4, fracción X, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. • Se halla en consonancia con lo dispuesto en el artículo 6, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. • Tiene su origen en el Decreto 26317/LXI, fracción IV del artículo 4, y el artículo 8 ter de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. • Está en relación directa con los arts. 2, fracción VIII; 13, fracción IV; 31G, 31-H, 31-I, 31-J, 31-K, y 31-L del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. • Así como encuentra su razón de ser en el Reglamento Interno de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. En virtud de lo anterior, la sede de la FEPD fue ubicado en el edificio de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en Calzada Independencia Norte #778, Col. La Perla, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, edificio que por sus condiciones de antigüedad se encuentra en regulares condiciones de uso. Asimismo, se tomaron en cuenta las agencias ministeriales foráneas localizadas en los municipios de Ameca, Tepatitlán, Puerto Vallarta, Tequila, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Cihuatlán, El Salto, entre otras sedes más, que están comisionadas para responder a los casos de desaparición de personas. Por tanto, los recursos para los servicios básicos de la FEPD han sido provistos por la Fiscalía General del Estado. Funciones y procesos de gestión Tanto en el Reglamento Interno como en el Plan Institucional de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, se destaca el papel que desempeña, bajo un enfoque de derechos humanos, para dirigir, coordinar y supervisar las indagaciones necesarias en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la generación de colaboraciones interinstitucionales en caso de requerir identificación forense, o también para perseguir y sancionar los delitos relacionados con la desaparición forzada y cometida por particulares. Bajo este tenor, la FEPD desarrolló protocolos de actuación concretos (como el Protocolo de Seguridad, Protocolo de Investigación, Manual de Operación y Procedimientos) para atender las funciones y los procesos de gestión que le fueron encomendados a las distintas áreas que lo conforman. Sin embargo, ¿cuáles son las áreas que constituyen la FEPD? Éstas se dividen en las siguientes: Estructura organizacional Para determinar la estructura organizacional fue necesario realizar un diagnóstico que permitiera conocer los servicios generales que ya se ofrecían, con el fin de dotarlos de mayor capacidad institucional para convertirlos en una dependencia acorde con las nuevas directrices marcadas. Así, la estructura terminó de perfilarse con base en los lineamientos del Reglamento Interno y del Plan Institucional creados para esta Fiscalía Especializada. 206 Las desapariciones de personas Capacidades institucionales y desapariciones forzadas en Jalisco 207 Figura 1 Áreas que conforman la FEPD (datos al 2017) la recolección de información, en el Plan Institucional de la FEPD, se contaba con poco más de 40 policías investigadores en labores de campo. Dirección General de Investigación de Personas Desaparecidas (DGIP) Comunicación social Dirección General de Investigación Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas Dirección General de Búsqueda Dirección General de Análisis y Contexto Esta dirección está facultada para recibir las denuncias por parte de familiares que han reportado algún miembro como desaparecido. Acto seguido, esta área abre una carpeta de investigación donde de manera inmediata se recaban datos generales de la víctima, así como se toma la declaración de quien realiza la denuncia, para conformar la narración de los hechos. Esta dirección tiene entre su personal a agentes del ministerio público, quienes se encargan de girar oficios de colaboración y demás trámites legales ante otras instituciones públicas, además de comunicar los hechos al área de búsqueda de personas para llevar a cabo las diligencias pertinentes. Dirección General de Análisis y Contexto (DGAC) Esta área comprende a todos aquellos elementos que se encargan de realizar las diligencias correspondientes en campo. Es decir, la conformación de esta dirección está hecha por policías investigadores, comandantes, y todo personal operativo cuya labor sea la búsqueda de personas desaparecidas. Al momento de Esta dirección tiene la responsabilidad de efectuar un análisis más profundo acerca de la desaparición de una persona. De manera particular, esta dirección realiza un doble análisis de casos de desaparición: el primero, de orden jurídicocriminológico, en el que recaba y analiza las diligencias que se han realizado, así como los oficios de colaboración y demás acciones legales que se han emprendido para la búsqueda y localización de una víctima de desaparición. Como resultado de este análisis, se procede a la realización de un análisis contextual donde se presentan elementos ecológicos y sistémicos que apuntan a la reconstrucción de los hechos de desaparición bajo una perspectiva más holista y global. No obstante, esta dirección también tiene entre sus atribuciones, responder a las acciones por cuestiones de género, sobre todo ante casos de violencia hacia las mujeres. Por tal motivo, la DGAC tiene como objetivo aplicar herramientas del análisis contextual en situaciones de análisis criminal y la investigación de feminicidios a través de la aplicación de diversas técnicas como el análisis de patrones, de redes, de sospechosos, de entornos, entre otros. Ahora bien, toca el turno de revisar los protocolos y procesos que se siguen en la FEPD para la búsqueda y localización de personas con base en dos aspectos. 208 Capacidades institucionales y desapariciones forzadas en Jalisco Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento Interno de la FEPD. Comunicación social Esta área está comisionada para la atención de familiares y víctimas de desaparición de personas. Asimismo, es el área encargada de realizar los encuentros e informes de resultados ante el Gobernador de Jalisco, el Fiscal General del Estado, y las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, al momento de recolectar la información sobre esta área, para 2017 aún no se contaba con personal capacitado para desempeñar las funciones de imagen pública de la FEPD. Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBP) Las desapariciones de personas 209 Por un lado, se tiene el componente de lo etario; mientras que, por otro lado, se hace referencia a la función específica que realiza la Dirección General de Análisis y Contexto, debido a que representa el mecanismo institucional novedoso para que la FEPD cumpla con las recomendaciones internacionales en materia de desaparición forzada y cometida por particulares. El componente etario: búsqueda y localización mediante la alerta AMBER Jalisco En el siguiente flujograma (figura 2) se presenta todo el proceso que en la FEPD se realiza para la búsqueda y localización de un menor de edad. Cabe señalar que esta alerta es emitida cuando una persona de 0 a 18 años de edad se reporta como desaparecida, independientemente del género. En este sentido, la movilización de recursos operativos, de inteligencia, contextuales y legales se vuelven apremiantes para la institución por la calidad de indefensión que cualquier niña, niño o adolescente tiene en el momento en que desaparece. Figura 2 Plan Institucional Operador solicita la información necesaria sobre el menor de edad que se reporta Se recibe llamada de emergencia en el centro telefónico Alerta Amber Se cierra reporte Sí Se envía unidad de seguridad pública a verificar la información al domicilio del reportante Se localiza Se realiza proceso de búsqueda y localización No Se brinda apoyo integral a familiares Se canaliza al agente del ministerio público a realizar denuncia por desaparición De ser necesario se difunde cédula con información e imagen del menor (alerta o prealerta) Fuente: Plan Institucional de la FEPD. 210 Las desapariciones de personas Proceso de Gestión para el Informe de Análisis y Contexto de la DGAC En el Reglamento Interno de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Dirección General de Análisis y Contexto tiene como mandato conformar una unidad con personal capacitado en diferentes áreas del conocimiento social (multidisciplinario), que se encargue de investigar casos sobre desaparición forzada e involuntaria de personas. En este sentido, tal unidad se responsabiliza en: Artículo 35, párr. III: …elaborar documentos de análisis y contexto antropológico, sociológico, criminológico, criminalista, histórico, social, político y económico, para investigar las causas inherentes a la desaparición forzada e involuntaria de personas en el Estado de Jalisco. Artículo 36 párr. IV… Para la elaboración de sus informes, la Dirección General de Análisis y Contexto podrá recabar información de las Direcciones Generales de Investigación y de Búsqueda de la Fiscalía, de otras áreas de la Fiscalía General, de otras instituciones del Gobierno del Estado de Jalisco, de otros Estados y del gobierno Federal, y en su caso, celebrar a través de la o el Fiscal General los convenios de colaboración y manejo de información correspondientes. Conclusiones Las desapariciones a nivel estatal y nacional resulta ser un tema muy espinoso y doloroso para los familiares y deudos de las víctimas directas. Es evidente que las experiencias de vida de quienes sufren día con día estos atroces hechos no encuentran consuelo en las respuestas de las autoridades, sean locales o nacionales. Un análisis crítico de la gobernanza como enfoque sociopolítico para articular la participación de actores sociales, exige ir más allá de una perspectiva dicotómica que busque establecer quiénes pueden ser considerados “buenos o malos” en el contexto de las desapariciones, puesto que la conjunción de factores como la impunidad, la violencia y la colusión entre agentes del estado, miembros de la sociedad civil, actores del mercado y elementos del crimen organizado, Capacidades institucionales y desapariciones forzadas en Jalisco 211 pueden llegar a ser tan difusas y diversas que no es posible, o al menos resulta sumamente complejo en el corto plazo, armar un sistema o entramado institucional capaz de responder con total eficacia ante los retos y desafíos que entrañan las desapariciones forzadas y cometidas por particulares, sobre todo bajo condiciones de desigualdad estructural que menoscaban un desarrollo social más equitativo (CNDH, 2020). Sin embargo, la descripción y análisis de los andamiajes institucionales creados para intentar responder a diferentes problemas sociales, posibilitan el esclarecimiento de hasta qué punto se cuenta con suficientes recursos humanos, técnicos y materiales disponibles para afrontar un tema tan acuciante como lo es la desaparición forzada. Cabe señalar que la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas representa una gran oportunidad para que las instituciones encargadas de la seguridad en Jalisco, procuren realizar las labores de búsqueda, localización, y reparación de las víctimas y sus deudos de manera más eficiente y transparente. En este sentido, es pertinente concluir con la necesidad de enfatizar tres aspectos que representan áreas de oportunidad para que la FEPD pueda agilizar los mecanismos y procesos institucionales. Tales puntos consisten en: • Desde el punto de vista normativo, hay una apertura política que favorece el desarrollo de legislación local, nacional e internacional en materia de desaparición de personas, además de protocolos que establecen la priorización de atender y proteger a víctimas, directas y secundarias. • En este sentido, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, permite entender a la desaparición bajo un enfoque más amplio. Esto, debido a que la desaparición comprende una serie de violaciones de varios de ellos. Es decir, tiene un carácter atemporal, en donde una víctima se reporta como desaparecida indefinidamente hasta su localización o después de que pase una cantidad de tiempo en la que biológicamente no sea posible la vida. Además, se reconoce el carácter sistemático con el que operan las desapariciones, es decir, no ocurren de manera aislada. 212 Las desapariciones de personas • Para finalizar, es pertinente señalar que la creación en 2017 de la Dirección General de Análisis y Contexto (DGAC) resulta favorable porque permite coadyuvar en las acciones institucionales que las direcciones generales de búsqueda y de investigación, a través de la implementación de una metodología contextual que permite analizar los crímenes de sistema bajo una perspectiva multidisciplinaria. • El interés creciente por la profesionalización de todo el personal que conforma la FEPD, así como un interés por la producción de recursos tecnológicos e interinstitucionales que apoyen las labores de búsqueda y localización de personas. Siempre resulta tarde e insuficiente la respuesta institucional ante los problemas sociales, particularmente en la desaparición forzada y cometida por particulares. Sin embargo, acciones que fomenten la creación y vinculación de áreas que aprovechen metodologías científicas puede resultar una opción viable para establecer un enfoque de gobernanza. Aunque no se debe perder de vista la importancia de ser críticos y estar pendientes de tales acciones, debido a que se requiere que como ciudadanos y como personas que valoramos la vida, defendamos nuestro derecho a exigir justicia para quienes nos hacen falta, y para quienes todavía pueden regresar a casa. Bibliografía Aguilar, Luis (2015). Gobernanza y política pública para la igualdad. CONAPRED-SEGOB. México. Aguilar, Luis (2009). “Marco para el análisis de las políticas públicas”. En Política pública y democracia en América Latina: del análisis a la implementación, coordinado por Freddy Mariñez Navarro y Vidal Garza Cantú, 11-31. México: Miguel Ángel Porrúa BBC News (2020). Desaparecidos en México: el recuento del gobierno de AMLO hace disparar la cifra oficial. Recuperado de: https://www.bbc.com/ mundo/noticias-america-latina-51015691 Capacidades institucionales y desapariciones forzadas en Jalisco 213 CNDH (2020). Análisis Situacional de los derechos humanos de las personas desaparecidas. Recuperado de: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30062 Coronado, David (2017). La oscura relación entre el orden y la violencia. Revista Vínculos. CUCSH-Universidad de Guadalajara. México. Cruz, Alfonso (2016). Gestión del riesgo en contextos de precarización y violencia: el caso de jóvenes estudiantes de la colonia Jalisco, en Tonalá, Jalisco. En Esmeralda Correa, et al. (coord.). “Nuevas realidades juveniles”. Astra Ediciones, Universidad de Guadalajara. México. Diario Oficial de Jalisco (2017). Acuerdo del Gobernador del Estado de Jalisco mediante el cual se expide el Reglamento Interno de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales. Recuperado de: http://www.periodicooficial. jalisco.gob.mx El Informador (2019). Advierten discrepancias en cifras de desaparecidos. Recuperado de: https://www.informador.mx/jalisco/Advierten-discrepancias-en-cifras-de-desaparecidos-20191013-0006.html IJCF (2017). Integración de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Recuperado de: http://www.cienciasforenses.jalisco.gob.mx/noticia. php?nid=675 ONU-DH y CNDH (2015). La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas. Grupo Gráfico, CNDH. México. Ortega, Alejandra (2012). La competencia en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Capítulo IV Narcomenudeo (tesis de licenciatura). Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Recuperado de: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/23110/Capitulo4.pdf Ortiz, Samantha (2017). Gubernamentalidad y política pública: estudio alternativo del programa Prospera. En Revista Mexicana de Sociología, 79(3), 543570. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032017000300543&lng=es&tlng=es Plan Institucional de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas 20182024. Documento oficial de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Plan Institucional de la Fiscalía General del Estado de Jalisco 2018-2024. Documento oficial de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Pineda, Pablo (2014) Planeación y evaluación de políticas públicas en los municipios de México. Debilidades y Fortalezas en su Desempeño Institucional. Instituto de Estudios del Federalismo. México. Reglamento Interno de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas 2017. Documento oficial de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. SEGOB (2020). Informe sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el país. Comisión Nacional de Búsqueda. Recuperado de: https://www.gob.mx/cnb/documentos/informe-sobre-busqueda-e-identificacion-de-personas-desaparecidas-en-el-pais Torres, Ismael (2017). Jóvenes y narcomenudeo: una lectura emergente. En Josefina Callicó, Evaristo Jaime, Carlos Ramiro y Sergio Israel (coords.) “Jóvenes y violencia en Jalisco. Un enfoque multidisciplinario. Tomo I”. Universidad de Guadalajara. México. 214 Capacidades institucionales y desapariciones forzadas en Jalisco Las desapariciones de personas 215 Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas Ian Ricardo Alcaraz Hernández Introducción Hoy en día, México experimenta la desgarradora realidad donde madres esperanzadas buscan rastros o restos óseos en terrenos baldíos o fosas comunes para encontrar a sus hijos desaparecidos, donde periodistas y activistas de derechos humanos temen por sus vidas al exponer tan terrorífico contexto actual y mientras jóvenes buscan conseguir el reconocimiento de las desapariciones forzadas a nivel internacional (Durin: 2019). Es allí donde transitan el activismo y la academia para exponer los diversos significados de una cruel administración de justicia por parte de las autoridades hacia las víctimas y sus familias golpeadas por esta ola de violencia. Éstas tienen la responsabilidad de visibilizar esta terrible administración y violencia del Estado, que oculta las acciones gubernamentales y no gubernamentales responsables (Durin, 2019). Dentro de tal trama, las víctimas y sus familiares están siendo violentados por instituciones, al no ser percibidas o reconocidas como personas. Según Weil (1942), cada hombre o mujer cuenta con algo sagrado, a las que se les debe reconocer en términos de amor y dimensión humana, como personas queridas o sagradas: Es imposible definir el respeto a la persona humana. No sólo es imposible de definir con palabras. Muchas nociones luminosas están en el mismo caso. Pero esta noción tampoco puede ser concebida; no puede ser definida, delimitada mediante una operación muda del pensamiento (Weil, 1942, p. 1). [217] Estas familias cargan no solamente con la desaparición de sus seres queridos, sino que están en una constante lucha por el reconocimiento de una irresponsabilidad e injusticias del Estado ante actores internacionales en su búsqueda de la verdad (Durin, 2019). Es por ello que se han organizado en agrupaciones las familias con la esperanza de que no llegue a repetirse o se presente una revictimización. Dentro de la administración de la justicia se presenta una pedagogía de la crueldad (Segato, 2018); esto implica una habituación o programación de prácticas que configuran significados a la cuestión de lo vivo, una cosificación de la vida, donde se produce una normalización de la violencia dejando un paisaje de crueldad habitual. El hecho de desaparecer una persona y no brindar su paradero ante sus seres queridos es parte de un espectáculo de brutalidad y perversidad que fragmenta los lazos comunitarios y silencia las voces de lucha, erradicando las evidencias del crimen (Durin, 2019). Asimismo, dentro de este análisis social, político y jurídico, es esencial centrar los términos biopolítica —poder sobre la vida— y a la necropolíticas —poder de dar muerte—; por tanto, se tienen dos miradas que se integran en el sentido de que la primera se encarga de la gestión de la vida humana a través de leyes o políticas sociales; mientras que la segunda se encarga de la destrucción y explotación de cuerpos a partir de causas políticas (Estévez, 2018). En el presente artículo se indaga en mayor medida, algunas políticas desarrolladas en la materia de la gestión de la vida a partir de la destrucción de lazos familiares con la desaparición forzada de personas (DFP). Así pues, este artículo tiene como propósito profundizar en materia jurídica y penal; los avances en el tema de (DFP). Ya que analizando la base legal con la que actúan las autoridades, pueden vislumbrarse elementos para una administración de justicia de las víctimas y sus familiares más eficiente y capaz de brindarles cobijo, un acceso a la justicia y a la verdad. Para ello, se hace una extensa exploración de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,44 un contraste con las Leyes especializadas del estado de Jalisco,45 una revisión bibliográfica científica y sobre todo un análisis hemerográfico de diversas notas periodísticas recientes con la intención de tener en primera mano algunas referencias jurídicas para argumentar las acciones correspondientes al Estado, en términos de biopolíticas y sus acciones para incidir en la problemática de las desapariciones forzadas, así como también repensar en los efectos que han tenido ante la ciudadanía, sobre todo en los colectivos de familiares de desaparecidos. Una vez concluido el ejercicio de búsqueda de información se estructuró en 4 apartados la reflexión. En primer lugar, algunos antecedentes de la Ley General de Desaparición de Personas en México y en el Estado de Jalisco, donde el papel de colectivos de familiares de desaparecidos y las presiones internacionales desempeñaron un rol notable. Seguidamente se profundizan en ciertos puntos importantes de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas a nivel federal y las leyes pertinentes con las que cuenta el Estado de Jalisco para abordar la problemática; posteriormente en los siguientes puntos se trata de ahondar en los efectos que han traído las Leyes Generales en la vida jurídica y social del país y sobre todo cómo se ha llevado a cabo la administración del justicia por parte de las instituciones formuladas a partir de las mencionadas leyes, finalmente se enuncian las conclusiones y las referencias utilizadas. Antecedentes Antes que nada, debe dejarse en claro que para haberse llevado a cabo la promulgación de la Ley General de Desaparición de Personas,46 se presentaron diversas presiones a nivel internacional.47 Por ejemplo, las recomendaciones de 45 Ley de Personas Desaparecidas del Estado De Jalisco. Decreto 28325/LXII/21. 46 Uno de los casos más dramáticos de desaparición forzada en México es el de 43 estudiantes de la escuela de maestros normalistas o estudiantes de Ayotzinapa, que en septiembre de 2014 fueron detenidos por policías de la sureña ciudad de Iguala, quienes los habrían entregado a narcotraficantes (Expansión, 2017). 44 Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017. Última Reforma DOF 20-05-2021. 218 47 “Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado en los últimos años que con el despliegue de militares en la lucha antidrogas se dispararon los casos de desapariciones Las desapariciones de personas Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 219 visitas de comisionados de las Naciones Unidas para el cumplimiento de las responsabilidades del Estado Mexicano: Adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para integrar adecuadamente sus consideraciones. Asegurar su efectiva implementación a nivel federal y estatal, incluyendo el desarrollo de las capacidades requeridas y asignando los recursos humanos y financieros necesarios (Zeid Ra’ad Al Hussein, 2015). Así pues, a partir de las distintas presiones ejercidas por estos organismos, como también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante los diversos casos de desaparecidos desde las décadas de los 80 y 90, se han ido formulando distintas tesis jurisprudenciales de la DFP por parte de la suprema Corte de Justicia de la Nación del 2004 al 2018, tal como se presenta a continuación: Tabla 1 Cuadro jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de Desaparición Forzada Número de Fecha de Título de la jurisprudencia expediente, emisión tipo y materia de tesis 48/ 2004 29 de junio Desaparición forzada de personas. Ese delito es de natuJurispruden- de 2004. raleza permanente o continua. cia/Constitucional. Desaparición forzada de personas a que se refiere la Convención Interamericana de Belém, Brasil, de 9 de junio de 1994. La declaración interpretativa formulada por el gobierno no viola el principio de irretroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional. 86/2004 29 de junio Desaparición forzada de personas. La reserva expresa Jurispruden- de 2004. formulada por el gobierno mexicano al artículo IX de la cia/ConstituConvención Interamericana de Belém, Brasil, publicada cional Penal. en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2002, no causa afectación alguna al Distrito Federal. 87/2004 29 de junio Desaparición forzada de personas. El plazo para que opeJurispruden- de 2004. re su prescripción inicia hasta que aparece la víctima o se cia/Constituestablece su destino. cional Penal. 1a. XII/2012 30 de Desaparición forzada de personas. Los hechos (10a.) noviembre constitutivos de este delito son violaciones graves a los Aislada/Cons- de 2011. derechos humanos para efectos del derecho de acceso a la titucional. información de la averiguación previa que los investiga. VIII.2o.P.A.3 14 de junio Desaparición forzada de personas. Ante la posible comiP (10a.) de 2012. sión del delito relativo, ninguna autoridad puede estableAislada/Conscer que transcurrió un determinado plazo para lograr la titucional. comparecencia del agraviado ni para practicar las diligencias necesarias al efecto. VIII.2o.P.A.2 14 de junio Desaparición forzada de personas. Al identificarla como P (10a.) de 2012. acto reclamado en el amparo, el órgano de control consAislada/Cotitucional y convencional, oficiosamente, debe ordenar a mún. las autoridades correspondientes que practiquen las diligencias conducentes para lograr la localización y comparecencia del agraviado, así como requerirles toda la información para ello. 49/2004 29 de junio Jurispruden- de 2004. cia/Constitucional. forzadas y ejecuciones extrajudiciales en las que podrían estar involucradas fuerzas del orden” (Expansión, 2017). 220 Las desapariciones de personas Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 221 I.9o.P.61 P 12 de junio (10a.) de 2014. Aislada/Común, Penal. I.9o.P.59 P 12 de junio (10a.) de 2014. Aislada/Constitucional. I.1o.P.51 P 20 de (10a.) febrero de Aislada/Penal. 2017. 2a. LIV/2017 7 de abril (10a.) de 2017. Aislada/Constitucional. I.7o.P.88 P 18 (10a.) mayo Aislada/Penal. 2017. 222 de de Desaparición forzada de personas. El hecho de que el juez de distrito no admita la demanda de amparo, no es obstáculo para que los familiares de los desaparecidos ejerzan su derecho a saber la verdad y el rumbo de las investigaciones, mediante la obtención de las copias de la averiguación previa correspondiente. Desaparición forzada de personas. Al ser el juicio de amparo la materialización del derecho a un recurso judicial efectivo, reconocido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no se requiere de una ley adjetiva para investigar violaciones graves a derechos humanos, tratándose de este delito. Desaparición forzada de personas prevista en el artículo 215-a del Código Penal Federal. La negativa del activo a reconocer la privación de la libertad o proporcionar información sobre el paradero de la víctima, es un aspecto característico de este delito, que, si bien no está estatuido como elemento integrante de su tipificación, sí constituye una conducta con la que se acreditan los elementos normativos del tipo, relativos a “propiciar dolosamente el ocultamiento” del pasivo. Desaparición forzada. Constituye una “violación grave de derechos fundamentales” para efectos de la excepción prevista en el artículo 14, párrafo último, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente hasta el 9 de mayo de 2016. Desaparición forzada de personas prevista en el artículo 215-a del Código Penal Federal. Su diferencia con el delito de abuso de autoridad, en su modalidad de dilatar injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente, establecido en el diverso 215, fracción XV, del propio Código. Las desapariciones de personas I.7o.P.88 P 11 de Desaparición forzada de personas prevista en el artículo (10a.). agosto de 215-a del Código Penal Federal. Su diferencia con el deAislada/Penal. 2017. lito de abuso de autoridad, en su modalidad de dilatar injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente, establecido en el diverso 215, fracción XV, del propio Código. X V I - 8 de Desaparición forzada de personas. En este delito es inI.1o.P.A.49 P septiembre verosímil que un mando del Ejército mexicano (teniente (10a.) de 2017. coronel de infantería de Estado Mayor), aduzca como Aislada/Penal. causa exculpatoria, que desconocía que sus subordinados detuvieron y mantuvieron oculta arbitrariamente a la víctima durante un mes en las instalaciones de la unidad militar a su cargo. 1a. CCXXVI- 1 de Desaparición forzada de personas. Pronunciamientos de II/2017 (10a.). diciembre instancias internacionales relacionados con los sujetos Aislada/Penal. de 2017. activos y conductas típicas que componen el delito respectivo. 1a. CCXX- 1 de Desaparición forzada de personas. El artículo 215-a del V I I / 2 0 1 7 diciembre Código Penal Federal que prevé ese delito, en la porción (10a.) de 2017. normativa que establece “independientemente de que Aislada/Conshaya participado en la detención”, es constitucional y titucional. acorde con los tratados internacionales en la materia. 1a. CCXX- 1 de Desaparición forzada de personas. El artículo 215-a del VI/2017 (10a.) diciembre Código Penal Federal que prevé ese delito, al utilizar el Aislada/Cons- de 2017. término “independientemente”, no vulnera el principio titucional. de legalidad en su vertiente de taxatividad. Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 223 I.9o.P.179 P 26 de (10a.). enero de Aislada/Cons- 2018. titucional-Penal. I.9o.P.177 P (10a.). Aislada/Penal. I.1o.P.107 P (10a.) Aislada/Común. I.1o.P.106 P (10a.) Aislada/Común. I.1o.P.107 P (10a.) Aislada/Común. Desaparición forzada de personas. Para salvaguardar el derecho humano de la víctima a estar informada del desarrollo del procedimiento, es legal que, si aquélla se encuentra en el extranjero, sus autorizados accedan a la carpeta de investigación (interpretación conforme del artículo 109, fracciones II, v y XXII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz del artículo 20, apartado c, fracción i, constitucional). Desaparición forzada de Personas. Víctimas directa e indirecta en este delito. 26 de enero de 2018. 6 de abril Desaparición forzada de personas. Si se reclama en el de 2018. juicio de amparo indirecto, y de los hechos expuestos en la demanda bajo protesta de decir verdad, se advierte que la víctima es menor, las medidas que comprenden el otorgamiento de la suspensión de oficio y de plano deben dictarse acorde con esa condición, y en concordancia con el principio de interés superior de la niñez. 6 de abril Desaparición forzada de personas. Cuando se reclama en de 2018. el juicio de amparo indirecto, el otorgamiento de la suspensión de oficio y de plano no sólo comprende ordenar las acciones efectivas e idóneas para localizar y liberar a la víctima, sino también las medidas para que cesen los actos que afectan tanto los derechos de las víctimas indirectas como los de las personas que hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de dicho acto. 6 de abril Desaparición forzada. Competencia para conocer de las de 2018. demandas promovidas por esos hechos, se surte a favor del juez de distrito que previno en el conocimiento del asunto. 23 de sep- 18 tiembre de mayo 2 0 0 9 . I . 1 8 o . 2018. A.13 K (10a.). Aislada / Común. de Actos de extraordinaria afectación a derechos humanos. de Reglas procesales diferenciadas que para éstos prevé la ley de amparo, en aras de remover obstáculos para lograr una efectiva y oportuna protección judicial. Fuente: Elaborado a partir de Guzmán (2018). A nivel nacional puede apreciarse actualmente un avance significativo en cuanto a la aprobación, dentro de las legislaciones estatales, como lo es el reciente caso de Jalisco (Pérez, 2020). No obstante, previo a la Ley General, en estados como Guerrero, Chiapas, la Ciudad de México, Querétaro y Coahuila; ya se tenían antecedentes jurídicos y al mismo tiempo, estando algunos de éstos entre los más señalados por casos de DFP. Tabla 2 Leyes Especiales para la DFP Leyes estatales especiales Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero. Ley para la Prevención y Sanción para la Desaparición Forzada en el Estado de Chiapas. Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares (Distrito Federal) Iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada en el Estado de Querétaro. Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza. Fecha de promulgación 14 de octubre de 2005 23 de septiembre de 2009 7 de mayo de 2015 5 de febrero de 2016 Martes 28 de mayo de 2019 Fuente: Elaboración propia. 224 Las desapariciones de personas Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 225 Finalmente, el 12 de octubre del 2017, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime, con 397 aprobaciones, 0 votos en contra y 0 abstenciones; la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Ante esto, el presidente en cargo el Lic. Peña Nieto: “recibió a los familiares y activistas ante quienes expresó su solidaridad y reconoció que la desaparición de personas48 es una de las experiencias más dolorosas que alguien pueda sufrir” (Expansión, 2017). Cabe dejar en claro que ello no fue un camino sencillo, ya que el Estado mexicano se ha caracterizado por omitir recomendaciones o visitas internacionales. Así como aquella ocasión que desde el 2013 hasta 2017: “México rechazó que el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU visite el país, según informó este viernes la presidenta del organismo Suela Janina” (Expansión, 2017). Teniendo que pasar 4 años para concretar la visita, el Comité ha considerado a este país como el primero en solicitar una visita, debido a que las numerosas averiguaciones muestran una tendencia de desapariciones forzadas sistemáticas (Expansión, 2017). Por otra parte, también se ha caracterizado por contradecirse en sus prácticas legislativas. Un caso típico es que la propia Ley decretó la creación de distintos organismos como las Comisiones de Búsqueda y Fiscalías Especializadas de Desaparición Forzada, que debieron entrar en vigor 30 días después de que entrara la Ley General. Así como formularse un Programa Nacional de Búsqueda a los 80 días posteriores, sin embargo, no se respetaron tales ordenamientos, que incluso hoy en día diversos estados ni siquiera cuentan con Comisiones Locales de Búsqueda. En efecto, es posible pensar que el Estado mexicano se encuentra de forma irónica, forzado, a responder por la DFP, gracias a la gran presión social que han ejercido los colectivos de familiares de personas desaparecidas y también de las obligaciones que debe cumplir ante tratados internacionales a los que está suscrito, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha expuesto a México como referente de violaciones de Derechos Humanos e impunidad49 (Guzmán: 2018). De allí el tropezado, pero gran avance en materia legislativa para administrar la repartición de justicia a las víctimas y sus familias. Puntos importantes de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas Antes que nada, el punto clave para la conformación de una DFP, es justamente la participación del Estado en el delito de desaparición de personas. Así como se explica en la convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas: Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada a la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. (Artículo II. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas). De allí puede entreverse que la desaparición forzada de personas es una obvia violación a los derechos humanos y pueden presentarse por los siguientes elementos: 49 “A los criminales, el castigo verdadero; a los desgraciados, a los que la desgracia ha mordido en el fondo del alma, una ayuda capaz de llevarlos a aplacar su sed en las fuentes sobrenaturales; a todos los demás, un poco de bienestar, mucha belleza y la protección contra 48 “La ley que sanciona las desapariciones forzadas, es decir, aquellas en las que están quienes les hagan el mal; en todas partes la limitación rigurosa del tumulto de las mentiras, involucrados funcionarios, ‘es el primer paso’ para ‘hacerle frente a la impunidad’, señalaron de las propagandas y de las opiniones; el establecimiento de un silencio en el que la verdad los familiares en un comunicado” (Expansión, 2017). pueda germinar y madurar; esto es lo que los hombres se merecen” (Weil, 1942, p. 18). 226 Las desapariciones de personas Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 227 Tabla 3. Elementos concurrentes en una desaparición forzada de personas • • • La privación de la libertad. Intervención directa de los agentes estatales o la aquiescencia de éstos. La negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Fuente: Pacheco & Chimiak (2017) Tales elementos clave se ven contemplados dentro de la recién Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,50 junto con diversas herramientas jurídicas que buscan conformar redes institucionales a través de organismos especializados; tales como se expresan en su artículo 2, que establece: • Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley. • Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones. • Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. • Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas. 50 Previo a la Ley no se contaban con criterios claros para proceder con investigaciones de desaparición, por lo que en una gran mayoría de casos los responsables quedaban impunes: “Lo que pasaba antes de la ley es que mientras no contáramos con el cuerpo no se podía ni siquiera iniciar una investigación por secuestro, ni por privación ilegal de la libertad, ni • Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable. • Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. • Establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias. Asimismo, se mencionan los distintos actores implicados en la búsqueda de personas desaparecidas; como el Banco Nacional de Datos Forenses, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comisiones de Atención a Víctimas de las Entidades Federativas, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Comisiones de Búsqueda de Personas en las Entidades Federativas, el Consejo Nacional Ciudadano o también fiscalías especializadas como la Fiscalía Especializada de la Procuraduría y de las Procuradurías Locales tendrán la obligación, facultad y medios para proceder de manera más pronta y cívica a la aplicación de la justicia, no sólo para las víctimas, sino también para sus familias. La propia Ley General reconoce a estas figuras involucradas en la DFP al definirlas de la siguiente manera […] a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la Persona Desaparecida o No Localizada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; el o la cónyuge, la concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas análogas. Asimismo, las personas que dependan económicamente de la Persona Desaparecida o No Localizada, que así lo acrediten ante las autoridades competentes (Ley General de Desaparición Forzada de Personas, art. 4). tampoco por homicidio; entonces los presuntos responsables quedaban en libertad. Con la ley, todo eso se cubre” (Miranda & Zavala, 2018). 228 Las desapariciones de personas Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 229 A su vez, el articulo 138 expresa: “Los Familiares de las Víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tendrán, además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos” (Ley General de Desaparición Forzada de Personas: art. 138). La participación conjunta con los familiares es parte fundamental dentro de la búsqueda e investigación de sus desaparecidos; en efecto se reconoce dentro de la Ley Genera la coadyuvancia aporta indicios para una búsqueda eficaz, así como prosigue el articulo 138: • Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de la Persona Desaparecida. • Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o planeen. Las opiniones de los Familiares podrán ser consideradas por las autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá ser fundada y motivada por escrito. • Acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación. • Obtener copia simple gratuita de las diligencias que integren los expedientes de búsqueda. • Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial. • Beneficiarse de los programas o acciones de protección que para salvaguarda de su integridad física y emocional emita la Comisión Nacional de Búsqueda o promueva ante la autoridad competente. • Solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, nacionales o internacionales en las acciones de búsqueda, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable. • Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificación o localización de restos, en atención a los protocolos en la materia. 230 Las desapariciones de personas • Acceder de forma informada y hacer uso de los procedimientos y mecanismos que emanen de la presente Ley. • Ser informados de los mecanismos de participación derivados de la presente Ley. • Participar en los diversos espacios y mecanismos de participación de Familiares, de acuerdo a los protocolos en la materia. • Acceder a los programas y servicios especializados que las autoridades competentes diseñen e implementen para la atención y superación del daño producto de los delitos contemplados en la presente Ley. Así pues, parte importante de las exigencias de los familiares y colectivos de desaparecidos es el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los servidores para cumplir su deber, así como la impunidad a los victimarios. En consecuencia, de acuerdo con esta nueva normativa, si los servidores públicos no actúan de forma debida, las consecuencias pueden ser severas, como mencionan los artículos 42 y 43: Artículo 42. Los servidores públicos federales y locales que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en las leyes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Artículo 43. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se considerará grave el incumplimiento injustificado o la actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, en la investigación ministerial, pericial y policial, así como en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes. Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 231 Otro aspecto a señalar es que, dentro de la Ley, se genera la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda,51 que tiene como objetivo una articulación institucional entre los diversos niveles de gobierno, desde el ejercicio presupuestal, hasta la sanción de delitos; dentro del artículo 49 se describen las atribuciones del mismo Sistema de Búsqueda: • Expedir modelos de lineamientos que permitan la coordinación entre autoridades en materia de búsqueda de personas, así como de investigación de los delitos previstos en esta Ley. La legislación de las Entidades Federativas deberá prever los mecanismos para incorporar a su sistema jurídico los modelos a que se refiere esta fracción. • Establecer, en coordinación con las autoridades federales y las Entidades Federativas, la integración y funcionamiento de un sistema único de información tecnológica e informática que permita el acceso, tratamiento y uso de toda la información relevante para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como para la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley. • Proponer acuerdos de colaboración entre sus integrantes y los del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el intercambio, sistematización y actualización de la información de seguridad pública que contribuyan a la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas. • Generar mecanismos para favorecer que las capacidades presupuestarias, materiales, tecnológicas y humanas permitan la búsqueda eficiente y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Al mismo tiempo, en esta articulación institucional, las Procuradurías del Estado han de contar con fiscalías especializadas para investigar y perseguir los 51 delitos de DFP. Éstas deberán contar con: “[…] los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados, multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial” (Ley General de Desaparición Forzada de Personas, art. 68). También las fiscalías especializadas están encargadas de recibir las denuncias ciudadanas e iniciar las carpetas de investigación, coordinándose y comunicándose con la Comisión Nacional de Búsqueda, y de igual manera informar a los familiares de las personas fallecidas identificadas no reclamadas: Facilitar la participación de los Familiares en la investigación de los delitos previstos en esta Ley, incluido brindar información periódicamente a los Familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales (Ley General de Desaparición Forzada de Personas, artículo 70, facción XX). Otra herramienta útil y bastante reclamada por colectivos de familiares desaparecidos es la conformación de un sistema o un registro unificado de personas desaparecidas, puesto que históricamente se ha presentado la problemática de una falta de coordinación institucional en el uso de información. Por estas razones, la Ley General integra la conformación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, el cual organiza y concentra información sobre personas desaparecidas: El Registro Nacional contendrá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de Personas Desaparecidas o No Localizadas (Ley General de DFP, art. 103). “[…] diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley” (artículo 44). 232 Las desapariciones de personas Por último, un aspecto importante a señalar son las sentencias que deben cumplir aquellos victimarios de desapariciones forzadas, así como también pueden aumentar o disminuir, dependiendo de los casos. Tal como se muestra en las tablas a continuación: Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 233 Tabla 4. Delitos y sentencia en materia de desaparición forzada Delito Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Artículo 28. Al servidor público, o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida. Artículo 31. A quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el período de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia. Artículo 31. A quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el período de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia. Sentencia Artículo 30. Se impondrá pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días. Artículo 30. Se impondrá pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días. Artículo 31. Se impondrá pena de veinte a treinta años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa. Artículo 31. Se impondrá pena de veinticinco a treinta y cinco años de prisión. Tabla 5. Aumento y disminuciones de sanciones en materia de desaparición forzada Aumentos Artículo 32. Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando: I. Durante o después de la desaparición, la Persona Desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de dicha desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito. II. La Persona Desaparecida sea niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor. III. La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable, sea la motivación para cometer el delito. IV. La identidad de género o la orientación sexual de la víctima sea la motivación para cometer el delito. Fuente: Ley General de Desapariciones Forzadas de Personas; capítulo tercero de la desaparición forzada de personas. Disminución Artículo 33. Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser disminuidas, conforme lo siguiente: I. Si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los diez días siguientes a la desaparición, disminuirán hasta en una mitad. II. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización con vida de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una tercera parte. III. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización del cadáver o los restos humanos de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una cuarta parte. IV. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que permita esclarecer los hechos o identificar a los responsables, disminuirán hasta en una quinta parte. V. La persona haya sido desaparecida por su actividad como defensora de derechos humanos. VI. La persona haya sido desaparecida en razón de su labor como periodista. 234 Las desapariciones de personas Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 235 VII. La Persona Desaparecida sea integrante de las Instituciones de Seguridad Pública. VIII. El o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima. IX. Los delitos se realicen con el propósito de impedir que las autoridades competentes conozcan de la comisión de otros delitos. Fuente: Ley General de Desapariciones Forzadas de Personas; capítulo tercero de la desaparición forzada de personas. En definitiva, se han revisado hasta aquí algunos de los puntos clave que presenta la Ley General. Si bien, es un fuerte avance en la lucha contra la DFP y que es causa de una gran movilización social a partir de colectivos y presiones internacionales. Ahora es turno de pensarse y posicionar cuestionamientos sobre ¿cómo se ha aplicado en distintos estados tal normativa? Es por ello que se presentará en lo que resta del artículo tal cuestionamiento, poniendo la mirada en Jalisco. Pero antes, se puntualizan a manera de síntesis los puntos clave de la Ley General en la próxima tabla: Tabla 6. Puntos clave de la nueva ley contra la desaparición de personas Distinciones 236 Uno de los primeros artículos de la Ley establece la distinción entre personas desaparecidas y personas no localizadas. Las primeras son aquellas cuya ubicación se desconoce y de quienes las autoridades tienen información suficiente para creer que esto se debe a que fueron víctimas del delito de desaparición. Las segundas son los ciudadanos cuya ausencia es atribuible a otras causas. Las desapariciones de personas Los tipos de La norma contempla dos tipos de desaparición: la forzada y la comedesapariciones tida por particulares. El primer tipo se refiere a cuando un funcionario priva de la libertad a una persona y oculta el hecho, o a cuando un particular realiza este acto con el apoyo de un servidor público. El segundo se da cuando un particular priva de la libertad a una persona y oculta el hecho, sin alguna forma de respaldo por parte de funcionarios. La naturaleza En sus dos modalidades, los delitos de desaparición “serán persedel delito guidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte o paradero de la persona desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados”, señala el texto aprobado en el Congreso. Además, se establece que estos delitos serán imprescriptibles —podrán ser sometidos a proceso penal sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que ocurrieron— y quienes los cometan no podrán recibir amnistías ni indultos. Las penas Para el delito de desaparición forzada se contemplan penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 000 a 20 000 días de multa. Para el de desaparición de personas cometida por particulares, van de 25 a 50 años de prisión con multas de 4 000 a 8 000 días. En ambos casos, los castigos aumentarán en 50% si la víctima muere, pertenece a algún grupo vulnerable —menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad—, es periodista o defensor de derechos humanos, fue desaparecida debido a su preferencia sexual o con el propósito de ocultar otros delitos. Por otra parte, la ley abre la puerta a que los responsables obtengan una reducción de pena, si dejan libre a la persona en los 10 días posteriores a la privación de la libertad o si aportan información que conduzca a localizarla. Delitos Otras acciones relacionadas con una desaparición —y también casrelacionados tigadas con cárcel, con penas que van de los dos a los 20 años tras las rejas— son ocultar, incinerar o sepultar los restos de una persona desaparecida, obstaculizar la búsqueda de alguien o entorpecer las investigaciones para esclarecer un delito de desaparición. Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 237 El Sistema Nacional Un punto clave de la ley es la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con la finalidad de que funcione como un entramado de instituciones que defina las bases generales, las políticas públicas y los procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de ciudadanos ausentes. Se prevé que esté integrado por los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión Nacional de Búsqueda —una nueva institución—, del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de la Policía Federal (PF), de las comisiones locales de búsqueda —también nuevas—, por tres integrantes de un Consejo Ciudadano creado ex profeso y por un representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Las “armas” Para que pueda operar, se contempla que el sistema cuente con las del Sistema siguientes herramientas —la mayoría de nueva creación—: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, el Registro Administrativo de Detenciones, la Alerta Amber y el Protocolo Homologado de Búsqueda. Las comisiones A nivel federal, se plantea que exista una Comisión Nacional de Búsde búsqueda queda, que sea órgano desconcentrado de la Segob y que tenga como tarea principal dar seguimiento a los casos. En lo local, se exige que cada estado tenga un órgano análogo. “Cada entidad federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta ley para la Comisión Nacional de Búsqueda”, señala la Ley. Grupos de La legislación contempla que la Comisión Nacional de Búsqueda búsqueda cuente con grupos de búsqueda, que estén formados por funcionarios especializados de manera que puedan generar metodologías y mecanismos ágiles de localización, con apego a los derechos humanos. El Consejo Nacional Para dar voz a la sociedad civil en el Sistema Nacional, se establece la creación de un Consejo Ciudadano conformado por cinco familiares de personas desaparecidas y no localizadas, cuatro expertos en la materia y cuatro representantes de organizaciones no gubernamentales. Según el texto avalado en el Congreso, todos estos consejeros serán elegidos por el Senado y su cargo será honorario (sin remuneración). Fiscalías Otro punto clave de la Ley es la obligación de que la PGR y las proespecializadas curadurías locales creen fiscalías especializadas en la desaparición de personas, lo que ha sido una exigencia constante de familiares de desaparecidos. La mecánica Según la Ley, cualquier persona podrá levantar un reporte por la ausencia de una persona. Deberá hacerlo ante una comisión de búsqueda que, a su vez, enviará los datos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y se comunicará con la fiscalía correspondiente si considera que se ha cometido un delito. Los nuevos El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas estará a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, se alimentará registros con la información que aporten autoridades federales y locales, y tendrá una versión pública que podrá consultarse por internet. Por otra parte, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y el Banco Nacional de Datos Forenses serán manejados por la PGR. En este último habrá información genética, pericial y forense que permita la identificación de personas. Apoyo a las Para el apoyo a los familiares de las personas ausentes, la Ley contempla la participación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Vícvíctimas timas (CEAV), así como de las comisiones de derechos humanos. Declaración Un último punto de la legislación es la figura de la Declaración Especial de Ausencia, que la familia de la persona desaparecida o no loespecial de calizada podrá solicitar después de que hayan transcurrido tres meses ausencia de que realizó su primer reporte. La finalidad de este mecanismo es que los familiares cuenten con un respaldo legal que les permita acceder al patrimonio del desaparecido —por ejemplo, a sus cuentas bancarias— y también efectuar otros trámites sin toparse con obstáculos. Fuente: Elaborado a partir de Torres (2007). 238 Las desapariciones de personas Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 239 Un contraste con las leyes estatales de Jalisco Para empezar, en cuanto al estado de Jalisco, se han visto avances en materia legislativa. En el año 2013, se incorporaron al Código Penal el capítulo XI que trata justamente la DFP, así como también la emisión del Protocolo a la Investigación y Atención en Casos de Desaparición de Mujeres por Razones de Género (Cabral & Chimiak, 2017). Además, a partir de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Jalisco, (CEDHJ) se pronunció al respecto de las desapariciones forzadas,52 se adoptaron distintas medidas o protocolos, entre ellos: • Protocolo Nacional Alerta Amber México (2 de agosto de 2012). • Protocolo de Atención en Casos de Desaparición de Personas para el Estado de Jalisco (20 de junio de 2013). • Protocolo de Investigación y Atención en Casos de Desaparición de Mujeres por Razones de Género para el Estado de Jalisco (5 de octubre de 2013). • Reformas legislativas al Código Penal en las que se tipificó el delito de desaparición forzada de personas, calificándolo como delito grave (15 de octubre de 2013). A continuación, a manera de antecedentes, se presentan dos de los protocolos de acción que tratan la atención de DFP e investigación por razones de género en el Estado de Jalisco: 52 “La ley fue aprobada por el Congreso después de años de exigencias por parte de distintos sectores, que cobraron mayor fuerza a partir de casos emblemáticos como el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, Tabla 7. Atención en casos de desaparición de personas para el estado de Jalisco Publicación Acciones Determinación de la existencia de un caso de desaparición (mediante denuncia, por escrito, solicitud u oficio de alguna autoridad de los 3 órdenes de gobierno, o de oficio). De respuesta inmediata. Si procede se activa la alerta AMBER. Solicitar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que verifique si información de la persona desaparecida está en las bases de datos del Servicio Médico Forense y/o perfil genético, el cual debe rendir un informe en un plazo de 5 días. Una vez corroborada la información de la que tiene conocimiento el Ministerio Público, deberá ser transmitida al responsable de la terminal de la base de datos del RNPED, quien deberá remitir un informe mensual del número total de desaparecidos a la Fiscalía de Derechos 20 de junio de Humanos y a la Fiscalía General. 2013 Intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos en la investigación. Se otorga la facultad a la dependencia de conocer de los expedientes de desaparición, acceso y seguimiento a las actuaciones y diligencias, acompañamiento del área jurídica a la víctima u ofendido en el desahogo de actuaciones y diligencias, así como brindar atención a las víctimas. Atención jurídica, médica, psicológica y asistencial. Deberá de ser proporcionada por personal de la Fiscalía de Derechos Humanos, a través de la emisión de una carta invitación para que acuda la víctima u ofendido en un plazo de 48 horas. Se realizará una valoración para determinar el tipo de apoyo. El protocolo además señala el proceso para la intervención de las áreas encargadas de brindar la atención. Fuente: Cabral & Chimiak (2017). presuntamente a manos de policías municipales de Iguala y Cocula aliados con el crimen organizado” (Expansión, 2017). 240 Las desapariciones de personas Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 241 Estos primeros precedentes brindaron las pautas para que, en primer lugar, se reconozcan las facultades de las instituciones involucradas en la atención a víctimas de DFP, donde la correcta coordinación entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el Ministerio Público, Fiscalía de Derechos Humanos y Fiscalía General, está en función de brindar la atención jurídica, médica, psicológica, asistencial más eficaz. Así como también del Protocolo de Investigación y Atención en Casos de Desaparición de Mujeres por Razones de Género, fueron retomados varios de estos elementos posteriormente para la propuesta de Ley en Materia de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Jalisco. Tabla 8. Protocolo de Investigación y Atención en Casos de Desaparición de Mujeres por Razones de Género Publicación Acciones Investigación ministerial. Debe ser realizada con perspectiva de género y en atención a su posible relación con un contexto de violencia contra las mujeres. Debida diligencia. Las actuaciones deben ser realizadas de manera rigurosa, acuciosa y exhaustiva. El agente ministerial debe solicitar la colaboración de la PGR y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para analizar y compartir bancos de información. Establecimiento de criterios para la atención a víctimas, las cuales pre5 de ocutbre vén evitar la criminalización y discriminación de la víctima, brindar de 2013 protección especial a sus familiares de ser necesario, etc. Obligación del agente ministerial de verificar la cadena de custodia, a fin de evitar pérdida de información. Conocimiento de instrumentos internacionales que protegen derechos humanos de las mujeres. Integración de un equipo interdisciplinario de investigación con la finalidad de que lleve a cabo un análisis del entorno de la víctima. Se establecen las diligencias básicas que deben realizarse en los supuestos de contar o no con una persona detenida (presunto responsable). 242 Las desapariciones de personas Investigación policial Disposiciones de carácter operativo: Mantener comunicación estrecha y constante con las víctimas; validar la información obtenida en la investigación por un área policial especializada en perfiles criminales. Acciones inmediatas: Obtener información básica de los hechos, trasla5 de octubre do inmediato al lugar de los hechos y al domicilio de la víctima, búsquede 2013 da de perfiles en redes sociales, establecer el móvil y modus operandi de la desaparición. Elaboración de un reporte policial con las características que señala el protocolo. Declaración de testigos relevantes para la investigación. Intervención pericial. Se explican los lineamientos de intervención del IJCF en la realización 5 de octubre de peritajes en las siguientes áreas: criminalística de campo, dactiloscode 2013 pia forense, identificación fisonómica, Retrato hablado, genética forense, psicología forense y otras especialidades. Fuente: Cabral & Chimiak (2017). Otros puntos a señalar, al interior del estado de Jalisco, al 2019, es que se están presentando distintas iniciativas o propuestas de Ley en torno a la DFP: Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas para el Estado de Jalisco, Ley en Materia de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Jalisco. Es por tanto necesario señalar algunos puntos clave de éstas para así mostrar los avances en materia legislativa del Estado. En primer lugar, la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas53 para el Estado de Jalisco tiene como objeto el reconocimiento, protección y garantía de la continuidad de la personalidad jurídica 53 Se comprende por Declaración Especial de Ausencia: A la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, para Personas Desaparecidas cuyo paradero se desconoce y se presuma, por cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito (Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas para el Estado de Jalisco). Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 243 y los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, los cuales, una vez presentando un reporte de desaparición a la Comisión Estatal de Búsqueda, podrán presentar una solicitud de Declaración Especial de Ausencia. Tal ley tiene como objeto: Establecer el procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, así como señalar sus efectos hacia la persona desaparecida, los familiares o personas legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por el órgano jurisdiccional competente (Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas para el Estado de Jalisco, artículo 1). Rescatables son los principios de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia, de los cuales cabe mencionar en primer lugar su celeridad, es decir que todo proceder de la Declaración debe atender a los tiempos establecidos, es decir no exceder más de 6 meses, teniendo que existir una resolución y así evitar cualquier tipo de retrasos injustificados. En segundo lugar, llama la atención su enfoque diferencial y especializado; el cual expone la obligación de las autoridades por otorgar una atención especializada de acuerdo con su edad, identidad de género, etnia, discapacidad u orientación sexual, así como un reconocimiento de que ciertos daños requieren un cuidado que responda a particularidades de las víctimas o grupos como en el caso de indígenas, familiares, periodistas o defensores de derechos humanos. Asimismo, principios como máxima protección; donde se les indica a las autoridades cumplir con las medidas apropiadas para asegurar la protección de personas desaparecidas, familiares o quien tenga un interés jurídico en la Declaración Especial de Ausencia. O un principio de inmediatez,54 que establece 54 De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Declaración de Ausencia se explicita que la Fiscalía Especial: “estará obligada, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la recepción de dicha petición, a solicitar al órgano jurisdiccional competente que se inicie el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia y, en su caso, que ordene las medidas que resulten necesarias para proteger los derechos de la persona desaparecida y de que el órgano jurisdiccional debe mantener un contacto directo con los familiares de las víctimas, brindan las pautas para orientar la estructura, la forma de proceder y el contenido de la Ley de Declaración Especial de Ausencia. Resulta relevante señalar ahora el contenido de la solicitud de Declaración Especial de Ausencia, recordando que, una vez presentada una denuncia de desaparición, se cuenta con el derecho de solicitarla. De igual manera el órgano receptor cuenta con 3 días hábiles para proveer sobre la admisión de la solicitud. Tabla 9. Solicitud de Declaración Especial de Ausencia I. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida y sus datos generales. II. El nombre, fecha de nacimiento y el estado civil de la persona desaparecida. III. El número de la carpeta de investigación, del reporte o del expediente de queja en donde se narren los hechos de la desaparición. IV. La fecha y lugar de los hechos relacionados con la desaparición; cuando no se tenga precisión sobre la fecha o el lugar, bastará con la presunción que se tenga de esta información. V. El nombre y edad de los familiares o de aquellas personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana con la persona desaparecida. VI La actividad a la que se dedica la persona desaparecida, así como nombre y domicilio de su fuente de trabajo y, si lo hubiere, datos del régimen de seguridad social al que pertenezca la persona desaparecida. VII Los bienes y derechos patrimoniales de la persona desaparecida. Fuente: Articulo 10 de la Ley de Declaración Especial de Ausencia En segundo lugar, cabe mencionar que en Jalisco se ha presentado la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Jalisco; la cual retoma varios puntos de la Ley General, al indicar proteger a las víctimas de delitos de fuero común y violaciones de sus derechos humanos por servidores públicos (Ley de Atención de Víctimas para el Estado de Jalisco). Esta atención tiene como fin evitar un proceso de victimización: sus familiares” (artículo 9 de la Ley de Declaración Especial de Ausencia) 244 Las desapariciones de personas Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 245 Las víctimas recibirán ayuda inmediata de la Comisión Estatal o de la instancia a la que sea canalizada, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda inmediata se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata (Ley de Atención de Víctimas para el Estado de Jalisco, art. 11). Otro esfuerzo por parte de la legislatura de Jalisco es la propuesta de Ley en Materia de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, la cual retoma diversos puntos de la Ley General, a continuación, se muestran los objetivos de la ley: Tabla 6. Objetivos de la Ley en Materia de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco I. Establecimiento de un Sistema coordinación entre todos los diversos poderes, órEstatal de Búsqueda ganos y organismos del estado, para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, para esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. II. Regulación Regular el objeto, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco; III. Participación de familiares familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas; IV. Coadyuvancia de las y los en el diseño, implementación, monitoreo y evaluafamiliares ción de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas; V. Protección integral de derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero, así como la atención, asistencia, protección, garantías de no repetición y en su caso, la reparación integral VI. Creación de registros estales de Personas Desaparecidas, de Fosas, de Personas Fallecidas no Identificadas, y de personas localizadas, de las regulaciones, competencias, atribuciones, mecanismos de coordinación, interoperabilidad, gestión, actualización y presentación en plataformas accesibles para las autoridades involucradas en el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y las o los familiares de personas desaparecidas en el Programa Estatal de Búsqueda. Fuente: Art. 2. de la Ley en Materia de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Por tanto, queda expuesto que dentro de la legislatura del estado de Jalisco se avanza a pasos agigantados para resolver la problemática de desaparición forzada y sobre todo poniendo énfasis en la coordinación entre las distintas autoridades, tanto al interior del Estado como con la federación. Por último, cabe mencionar a la reciente Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, publicada en marzo de 2021 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco,55 donde se plantea la regulación, las obligaciones y atribuciones de cada uno de los actores implicados, así como las instituciones participantes en la 55 Gobierno del Estado de Jalisco (viernes 5 de marzo de 2021). LEY DE PERSONAS DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE JALISCO. Número 26 ter. Edición Especial. 246 Las desapariciones de personas Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 247 búsqueda e investigación de personas desaparecidas; y también la coordinación para contar con un Sistema Estatal de Búsqueda, Registros Estatales de Personas Desaparecidas, la integración de un Banco Estatal de Datos y las Comisiones de Búsqueda. Todo ello con el fin de homologarse con la Ley General. Según la opinión de diferentes organizaciones en defensa de los derechos humanos, en México las leyes presentan errores, como por ejemplo: hay leyes que protegen a los funcionarios de ser procesados, esto incluye a los altos funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas armadas; no se toma en cuenta la situación de los migrantes que desaparecen en territorio nacional; la falta de un registro preciso sobre el número de casos; la problemática administrativa como los casos de corrupción y otras prácticas que dificultan la investigación y resolución de cada caso, etc.” (Chale-Cervantes, 2018). Críticas a la aplicación de la mencionada Ley Hasta ahora se han revisado algunos antecedentes y puntos importantes de la Ley General, así como los protocolos propios del estado de Jalisco. Éstos han servido para contextualizar en términos jurídicos cómo se ha de administrar la justicia y los mecanismos para acceder a ésta. Ahora bien, al cierre de este artículo se posicionan una serie de reflexiones en cuanto a ciertos efectos sociales y políticos que han traído consigo el marco legal de desaparición forzada en la vida cotidiana, sobre todo en los colectivos familiares que experimentan y participan activamente con la problemática. Por supuesto, las Leyes muestra una marcada contradicción entre su ejecución y asimilación, tanto por las instituciones y la sociedad en su conjunto. Se puede partir con el supuesto de que la legislación sobre desaparición forzada es una solución a esta problemática, es decir, que no aumenta la capacidad y la voluntad de los funcionarios en sistema penal para sancionar a los culpables. No obstante, cuando la problemática radica realmente en la mejora de la capacidad del Estado y los gobiernos locales para acabar con la impunidad, se presenta una deficiente diligencia56 y una pobre reparación de daño a las víctimas (Guzmán, 2018). La misma Ley General es criticada desde diversos frentes que reconocen con ciertos errores: 56 En consecuencia, se conforma un ciclo de violencia donde se cometen múltiples violaciones de Derechos Humanos y una incorrecta diligencia en los procesos de investigación y de justicia en la DFP. Quedando impunes los particulares o agentes de Estado responsables del delito, mientras que las víctimas y sus familias quedan varados sin la posibilidad de reparación de daño (Guzmán, 2018). En efecto, se vuelve necesaria la formulación de políticas enfocadas a la reparación de las víctimas y sus seres queridos. Por otra parte, una de las finalidades con mayor relevancia de la Ley General es que los victimarios de desaparición forzada sean llevados ante la justicia. No obstante, se cuenta con poca información al respecto de cuántas personas han sido acusadas por el delito de DFP57 y cuántas deberían serlo, puesto que las instituciones y los funcionarios se desplazan en un sistema de injustica e impunidad (Chale-Cervantes, 2018). Además, de acuerdo con la Dirección General de Seguimientos a Procesos de la Fiscalía General de Jalisco, del 2013 al 2019, se cuenta únicamente con 4 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada “[…] diligencia es un concepto integral que contempla todas las acciones, que el Estado está obligado a realizar para prevenir, sancionar, investigar, combatir, reparar y eliminar los 57 actos de violación a los derechos humanos, comprendiendo a todo el aparato del Estado, mayor número de detenidos por este delito, entre ellos se incluye al exsecretario de Seguridad especialmente a los órganos que se dedican a los procesos de investigación e impartición de Pública, Arturo Bermúdez; al ex fiscal general, Luis Ángel Bravo, y a una veintena de mandos justicia. De tal manera que cada vez que el Estado realiza un trabajo administrativo deficiente policiales medios. En Zacatecas, según los reportes anuales de denuncias presentadas ante o no emplea estrategias integrales no responde con la debida diligencia” (Guzmán, 2018, p. el Ministerio Público, desde 2012 hasta el cierre de julio se han presentado ocho casos” 22). (Miranda & Zavala, 2018). 248 Las desapariciones de personas “Según un recuento de El Universal, con 50 procesados, Veracruz es la entidad que tiene Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 249 En los registros de actuación de la Fiscalía General de Jalisco también se señaló que, entre 2013 y 2019, se han girado 31 órdenes de aprehensión contra funcionarios públicos por presuntamente haber participado en la desaparición de personas; de estas órdenes sólo se cumplimentaron 20 y de éstas sólo cuatro recibieron una sentencia; esto significa que los ministerios públicos a cargo de los casos no lograron comprobar ante un juez, la participación de 16 elementos del Estado en la desaparición de igual número de personas (Franco, 2019). Hasta aquí, se ha demostrado que, de las principales críticas en la aplicación de la Ley General, es en la homologación con las normativas estatales y locales en Materia de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Debido a que, a pesar del elevado número de desaparecidos, localización de fosas comunes o clandestinas y las múltiples exigencias de familiares que están siendo hostigados continuamente, molestados por una pobre voluntad política, están quedando sus almas en el frío, desamparo y abandono (Weil, 1942). De acuerdo con colectivos de familiares, en vez de contar con mejores mecanismos que les brinde un cobijo para encontrar a sus víctimas, en Jalisco los diputados están incumpliendo58 con lo establecido con la Ley General (Bareño, 2019). Retos que enfrenta la sociedad jalisciense para su aplicación Concerniente a los retos que enfrenta Jalisco en materia de desaparición forzada, cabe mencionar, en primer lugar, que dentro de la Ley General de DFP, se ha llevado a cabo un proceso lento en cuanto a la armonización de la Ley en las legislaciones locales, éstas “debían emitir y armonizar la ley dentro de los 180 días después de su entrada en vigor, el 17 de noviembre del 2017” (Torres, 2019). Ahora ya han pasado poco más de dos años del plazo mencionado y las autoridades estatales no se han pronunciado al respecto dañando la integridad de un gran número de víctimas y sus familiares. En este daño que experimentan las víctimas y sus familias se transmite no sólo un dolor, sino sentimientos de confusión y horror. Si bien la presencia de marcos normativos adula la esperanza de los participantes en la búsqueda de sus desaparecidos, se constituye un mayor daño59 para éstos ya que se sumergen en la confusión de si existen ya las instituciones para una búsqueda eficaz y rápida para sus familiares. ¿Por qué no aparecen? O también ¿por qué no existen mecanismos preventivos para evitar que los números sigan aumentando? Sumado con que las distintas instancias creadas a partir de la Ley General como las comisiones locales de búsqueda, han comenzado la labor titánica de poco más de 80 000 desaparecidos a nivel nacional (Dayán, 2021) con pocos recursos económicos, humanos, inclusive algunas sin responsable a cargo y ausencia de voluntad política del Estado para considerar a las desapariciones con anterioridad (Ortiz, 2019). Por otro lado, se han presentado visitas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para colaborar en las distintas reuniones entre el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU y el Estado mexicano. Así como fue la visita de Eslava Pérez, por parte de la CNDH, quien indicó: “que, aunque esta normativa representa un avance no existe una adecuada aplicación y materialización de este marco legal, por lo que es una buena intención en el combate de las desapariciones en México” (Rivera, 2018). En su visita resaltó: […] que 25 estados no han establecido su respectiva Comisión Local de Búsqueda, y 11 no han constituido o puesto en operación su Comisión de Atención a Víctimas, a pesar de que la Ley para la Atención de Víctimas aprobada en diciembre de 2014 así lo dispone, por lo que deben generarse las condiciones 59 Si se le hace daño a alguien, el mal penetra verdaderamente en él; no solo el dolor, el sufrimiento, sino el horror mismo del mal. Del mismo modo que los hombres tienen el poder de transmitirse el bien unos a otros, también tienen el poder de transmitirse el mal. Se le “Los colectivos pidieron que antes de una nueva ley sobre desapariciones, se modifique puede transmitir el mal a un ser humano adulándolo, proporcionándole bienestar, placeres; la Ley de Atención a Víctimas en Jalisco que está detenida desde el año pasado ‘evidencia pero lo más corriente es que los hombres transmitan el mal a los hombres haciéndoles daño una profunda ignorancia y falta de comprensión de los objetivos de la ley’” (Bareño, 2019). (Weil, 1942, p. 17). 250 Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 58 Las desapariciones de personas 251 operativas y técnicas que permitan que los contenidos de la norma aludida se materialicen en la práctica, lo cual demanda, entre otras cosas, la asignación de recursos presupuestales necesarios y suficientes para su implementación (Rivera, 2018). Ante dichas exigencias, el diputado Jorge Eduardo González Arana ha puntualizando que es necesario generar la confianza de los ciudadanos ante las instituciones para crear una legislación que apoye a los familiares afectados60 (Bareño, 2019). De la misma forma, colectivos de familiares se han pronunciado para señalar los retos que implica la aplicación de la Ley General: 1. La falta de empatía y criminalización de sus desaparecidos por parte de las autoridades, ya que al denunciar su ausencia están acostumbrados a escuchar: “se los llevaron porque andaban con la delincuencia”. 2. Las dificultades económicas que enfrenta por su constante movilización a través Jalisco para buscar a sus familiares. 3. Las represalias en sus lugares de trabajo por su ausencia constante durante sus labores de búsqueda. (Torres, 2019). Asimismo, aquellas voces de mayor peso dentro de la búsqueda, son aquellas de colectivos de familiares quienes han manifestado en carne propia y sentires la violencia estructural, también precisan sus exigencias para una búsqueda eficaz y conjunta con las autoridades gubernamentales; éstas han respondido a ciertas exigencias, como se presenta a continuación 60 Tabla 9. Exigencias de familiares y respuesta de autoridades para la localización de desapariciones forzadas Exigencia de familiares El reconocimiento y protección de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición y la seguridad jurídica de sus familiares no están garantizados por la mayoría de las legislaturas de los Estados, ya que no están ajustadas a la Ley General de Desaparición Forzada de Personas (Torres, 2019). Incumplimiento de la Ley General, al no conformar en su totalidad las Comisiones Locales de Búsqueda, crear las fiscalías especializadas para la investigación de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y no destinar el presupuesto necesario para que los distintos sectores puedan cumplir sus funciones de forma eficiente (Torres, 2019). Necesidad de contar con un eficaz Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, que distinga las desapariciones forzadas imputadas a particulares o al crimen organizado (Torres, 2019). Respuesta inmediata de las autoridades Recibimiento de propuestas ciudadanas en el portal del Congreso local http://www. congresojal.gob.mx/dialogoparticipativodf o a través del correo dialogoparticipativodf@congresojal.gob.mx, (Notimex, 2019) Un acuerdo legislativo para lanzar una convocatoria pública, donde se invite exclusivamente a familiares de víctimas del delito de desaparición forzada, así como a la CEDHJ, para escuchar sus propuestas y aportaciones para la creación de la ley sobre desaparición de personas. (Notimex, 2019) Prevenir y armonizar leyes para que no existan lagunas legales, fortalecer medidas de protección a las víctimas y testigos del delito, además de sancionar a funcionarios omisos involucrados en el tema de desaparición. (Notimex, 2019) “Nosotros como familias no tenemos afán de encontrar a un culpable, nosotros queremos encontrar a los nuestros. Que al gobierno le quede en su conciencia que nosotros queremos encontrar a los nuestros como sea, pedimos también que también que todas las personas que trabajan en el gobierno estén capacitadas para encontrarlos. Nos cuestionamos si nos tratarían con tanto desprecio si fuéramos importantes o si fuéramos servidores públicos”. Esperanza Chávez, representante del colectivo Por amor a Ellxs.” (Bobadilla: 2019) 252 Las desapariciones de personas Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 253 Profesionalizar a ministerios públicos, policías, peritos y a todo el personal que se vea involucrado en la investigación de personas desaparecidas (Torres, 2019). Contemplar el dictamen, prevención y garantías de no repetición de los delitos de desaparición de personas (Bareño, 2019). Declaración especial de ausencia; derechos de las víctimas para acceso y participación en investigaciones, acceder al acompañamiento psicosocial; reparación integral del daño (Torres, 2019). El diputado, Jorge Eduardo González Arana apuntó la generación de líneas de investigación más especializadas en la materia, involucrar en las mesas de diálogo a la Comisión Estatal de Víctimas, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Fiscalía Especializada en Desaparecidos para tener un diálogo efectivo (Notimex, 2019) Especializar al personal de investigación para evitar temas de corrupción, garantizar un lenguaje incluyente en la ley, y coordinar a las dependencias involucradas en la alerta Amber, entre otras. (Notimex, 2019) Se evaluarán los apoyos que puedan ser utilizados en las particularidades que los casos de personas desaparecidas en Jalisco presentan, implementando los apoyos financieros respectivos proporcionados por el estado y la federación. (Newsweek, 2019) Incluir la perspectiva de género (Torres, 2019). Contener un capítulo de responsabilidades administrativas y sanciones a servidores públicos que incumplen (Torres, 2019). La atención a niños y niñas con padres desaparecidos (Torres, 2019). Enfoque de búsqueda de personas en campo por la Comisión Estatal de Búsqueda (Torres, 2019). El acceso a bases de datos entre instituciones gubernamentales, y la atención en apego a sus derechos como víctimas (Torres, 2019). Vinculación entre autoridades (Comisión de Búsqueda, Fiscalía Especializada, Fiscalía General, Instituto de Ciencias Forense y Comisión de Atención a Víctimas) (Torres, 2019). Un presupuesto que abarque la magnitud de la tragedia; así como control del gasto y transparencia (Torres, 2019). Fortalecer a las instituciones locales de búsqueda porque éstas operan con poco personal y presupuesto (Torres, 2019). Actualización del Sistema de Información de Víctimas de Desaparición (SISOVID)1 (Torres, 2019). Paciencia para presentar resultados en la búsqueda de personas desaparecidas, ya que aún se está reestructurando el área de desaparecidos de la fiscalía local, por lo que se realizará una conferencia de prensa donde se detallarán los siguientes objetivos a perseguir desde la reforma. (Newsweek, 2019) Fuente: Elaborado a partir de Bareño (2019), Notimex (2019), Newsweek (2019) y Torres (2019). Desafortunadamente dentro de Jalisco, a pesar de contar con un marco normativo relativo a una Declaración de Ausencia por Desaparición y ahora reciente la Ley de Personas Desaparecidas Del Estado de Jalisco, no se les 254 Las desapariciones de personas Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 255 está garantizando una protección familiar y patrimonial a las víctimas y a sus familiares al momento de solicitar la declaración de ausencia. A pesar de encontrarse establecido en la Ley General de Víctimas en su artículo 21: “[…] con la finalidad de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar”, lo cual se establece en su párrafo octavo (Cabral & Chimiak, 2017) mientras que en lo que al Estado de Jalisco se refiere: […] se puede solicitar la declaración de ausencia por desaparición mediante el Código Civil del Estado, y en particular, en la base del artículo 146, no obstante, el proceso es prolongado, burocrático y requiere múltiples gastos relativos a la publicación de los edictos y honorarios para abogados. Aunado a esto, cabe destacar que en dicho artículo se encuentra el capítulo que regula la presunción de muerte y establece que, en casos de desaparición forzada o secuestro, “el término para decretar la presunción de muerte será de tres meses a partir de que se haya denunciado ante la autoridad competente el acto ilícito correspondiente”, lo que puede provocar múltiples afectaciones emocionales y revictimización de familiares al momento de comenzar el trámite (Cabral & Chimiak, 2017). Otro aspecto a señalar es que los colectivos61 de familiares están observando de primera línea un deficiente avance en la búsqueda de sus desaparecidos por parte de las autoridades, por lo que, inmersos en una cotidianidad de violencia institucional y estructural, encuentran líneas de fuga al tomar acciones por cuenta propia para la localización de desaparecidos. Como en el caso de Por Amor a Ellxs, una organización civil que busca a sus desaparecidos, donde cuentan con registros a mano o en cuadernos de notas, la descripción de cuerpos de fosas clandestinas para que familiares los logren identificar: 61 “Hay ocasiones en las que una fuerza casi infinitesimal es decisiva. Una colectividad Desde 2016 el grupo visita regularmente la morgue para recabar datos de los cuerpos que no son reclamados. Se fijan en rasgos que pueden ayudar a identificarlos: tatuajes, lunares, la forma y desgaste de los dientes, su ropa, zapatos y los anotan en libretas escolares (Nájar, 2018). Tal colectivo identifica un grave problema en cuanto a la identificación de cuerpos por parte de las autoridades, que argumentan que: “el cuerpo de quien buscan está en la morgue, pero los investigadores no lo saben o no revisan los informes que se les envían” (Nájar, 2018). Perciben actualmente una dispersión de datos,62 ya que cada morgue cuenta con un registro de ADN de cuerpos no reclamados y de igual manera la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con otro registro. De allí que diversos colectivos exigen la conformación de un Instituto Nacional Forense que concentre todos los datos (Nájar, 2018). Situaciones como éstas, donde se entregan cuerpos sin realización de pruebas de ADN correspondientes, pérdidas de expedientes, malas prácticas y diligencias por parte de las autoridades locales, son expuestas por diversos colectivos como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y Por Amor a Ellxs exigen al gobierno Estatal detener este tipo de prácticas (Cabral & Chimiak, 2017). En definitiva, los retos que enfrentan la sociedad jalisciense y el país en general, son bastante amplios. Esto se debe a que, en primer lugar, a la respuesta ineficiente por parte del Estado para atender cualquier caso de DFP (Hernández & Sosa, 2016). Por lo que es urgente una contestación oportuna, eficaz y contundente, así como contar con personal capacitado para erradicar la problemática, coordinación entre todos los procedimientos institucionales y sobre todo contar con la sensibilidad para atender a los familiares de las personas desaparecidas. 62 “Las organizaciones civiles, pues, conocen este círculo vicioso. Y Por Amor a Ellxs decidió es mucho más fuerte que un hombre solo; pero, para existir, toda colectividad necesita romperlo. ‘Pensamos que, si no encontrábamos a los de nosotros, cuando menos que operaciones, entre las cuales la suma es el ejemplo elemental” (Weil, 1942, p. 6). otra gente localice a los suyos’, dice María del Refugio Torres” (Nájar, 2018). 256 Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas Las desapariciones de personas 257 Conclusiones Si bien queda demostrado que, la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; ha presentado en México un significante avance en el cuidado, protección e investigación en caso de DFP, ya que expone, en términos de acción jurídica, los procedimientos para la reparación de daño y seguimiento adecuado a las víctimas y sus familiares. Sin embargo, también ha servido para exponer deficiencias y contradicciones en los diversos niveles de gobierno, para la aplicación de dichos estándares; ya sea por falta de recursos económicos, personal incapacitado y sobre todo una pobre voluntad por parte de los sujetos políticos para brindar una mejor administración del dolor para las familias. Este artículo deja en claro que por el simple hecho de encontrarse vigente la presente Ley General, no ha implicado la garantía de derechos como reparación integral, verdad o justicia, tanto a víctimas como a sus familiares. Estas argumentan que la voluntad política del Estado mexicano no tiene la intención de dejar de desaparecer a sus ciudadanos, por tanto, la Ley General es insuficiente para dar respuesta del paradero de los desaparecidos. Es necesario conformar una triangulación entre la legalidad, un respeto a los derechos y el diálogo entre todos los sectores involucrados en la búsqueda y localización de desaparecidos, para así lograr consolidar un camino que culmine con una cultura de paz. Y finalmente cabe puntualizar la necesidad de integrar a todos los que nos encontramos en esta sociedad para dar solución a la problemática de DFP y no sólo dejarlas en manos de los familiares que sufren y son violentados. Se vuelve necesaria la búsqueda y aplicación de nuevas formas de interactuar y no dejar en el abandono a las personas cuyas almas se encuentran cobijadas por el frío, la injusticia y la mentira: En la medida en que la desgracia y la verdad tienen necesidad, para ser oídas, de la misma atención, el espíritu de la justicia y el espíritu de la verdad son una misma cosa. El espíritu de la justicia y de la verdad no es más que una cierta especie de atención, que es puro amor. 258 Las desapariciones de personas Debido a una disposición eterna de la Providencia, todo lo que un hombre produce en cualquier ámbito, cuando el espíritu de la justicia y de la verdad lo domina, está revestido de una belleza resplandeciente (Weil, 1942, p. 16). Bibliografía Bareño, R. (12 de mayo de 2019). Incumplen diputados de Jalisco con ley de desaparición forzada de personas. El Occidental. Recuperado de https://www. eloccidental.com.mx/local/incumplen-diputados-de-jalisco-con-ley-de-desaparicion-forzada-de-personas-3610031.html Bobadilla, R. (2019). En la búsqueda de nuestros desaparecidos, autoridades nos fallaron: colectivos. El informador. Recuperado de https://www.informador. mx/jalisco/En-la-busqueda-de-nuestros-desaparecidos-autoridades-nos-fallaron-colectivos-20190721-0069.html Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (2017). Marco legal en Jalisco en materia de desaparición de personas. Recuperado de https://informe. cepad.org.mx/marco-legal-jalisco-desaparicion/ Chale-Cervantes, G. (29 de agosto de 2018). Desaparecidos: el triste caso de la desaparición forzada en México. CIDE: Derecho en Acción. Recuperado de http://derechoenaccion.cide.edu/desaparecidos-el-triste-caso-de-la-desaparicion-forzada-en-mexico/ Dayán, J. (13 de enero de 2021). Se superó la cifra de 80 mil desaparecidos. Aristegui Noticias. Recuperado de https://aristeguinoticias.com/1301/opinion/se-supero-la-cifra-de-80-mil-desaparecidos-articulo/ Durin, S. (2019). Resistir la deshumanización. La sociedad civil ante las desapariciones, la coacción a la libertad de expresión y los desplazamientos forzados en México. Encartes, vol. 2 (núm. 3). Recuperado de https://encartesantropologicos.mx/resistir-deshumanizacion-mexico/ Estévez, A. (2018). Biopolítica y necropolítica: ¿constitutivos u opuestos? Espiral, vol. 25 (núm. 73). Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/espiral/ v25n73/1665-0565-espiral-25-73-9.pdf Franco, D. (4 de marzo de 2019). En seis años, sólo cuatro sentencias por desaparición forzada en Jalisco. ZONA DOCS. Recuperado de https://www. Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas 259 zonadocs.mx/2019/03/04/en-seis-anos-solo-cuatro-sentencias-por-desaparicion-forzada-en-jalisco/ Guzmán, M. (2018). La argumentación jurídica de las desapariciones forzadas en México. Tesis de Maestría en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica. ITESO. Tlaquepaque, Jalisco. Recuperado de: https://rei. iteso.mx/bitstream/handle/11117/5566/La%20argumentaci%C3%B3n%20 jur%C3%ADdica%20de%20las%20desapariciones%20forzadas%20en%20 M%C3%A9xico.pdf?sequence=2 Hernández, A, Sosa, E. (2016). La desaparición de personas en el Estado de Jalisco. Recuperado de http://cedhj.org.mx/articulos%20de%20opinion/ La%20desaparici%C3%B3n%20de%20personas.pdf Herrera, L. (15 de julio de 2019). Rezago en peritajes forenses del ijcf. Reporte Índigo. Recuperado de https://www.reporteindigo.com/reporte/rezago-en-peritajes-forenses-del-ijcf-acceso-justicia-busqueda-desaparecidos/ Levario, J. (22 de enero de 2019). Aplican primera sentencia por desaparición forzada en Jalisco. El diario NTR. Recuperado de https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=117631 México destina 468.9 mdp para arrancar la ley contra la desaparición de personas (13 de noviembre de 2017). Expansión CNN. Recuperado de https:// expansion.mx/nacional/2017/11/13/mexico-destina-4689-mdp-para-arrancar-la-ley-contra-la-desaparicion-de-personas México impide visita del Comité Contra las Desapariciones forzadas de la ONU (20 de octubre de 2017). Expansión CNN. Recuperado de https://expansion. mx/nacional/2017/10/20/mexico-impide-visita-del-comite-contra-las-desapariciones-forzadas-de-la-onu Miranda, F. & Zavala, C. (30 de agosto de 2018). Desapariciones forzadas, 77% en cinco entidades El Universal. Recuperado de https://www.eluniversal. com.mx/estados/desapariciones-forzadas-77-en-cinco-entidades Nájar, A. (31 de agosto de 2018). México: "Por Amor a Ellxs", las mujeres que anotan en libretas la descripción de cuerpos de fosas clandestinas para que sus familias los identifiquen. BBC News Mundo. Recuperado de https://www. bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45365077 Newsweek En Español Jalisco (5 de febrero de 2019). Jalisco replicará estrategia federal sobre desaparición forzada. Newsweek México. Recuperado de https://newsweekespanol.com/2019/02/jalisco-replicara-estrategia-federal-sobre-desaparicion-forzada/ Notimex. (3 de marzo de 2019). Debaten sobre ley de desaparición forzada de personas en Jalisco. 20 minutos. Recuperado de https://www.20minutos.com. mx/noticia/499491/0/debaten-sobre-ley-de-desaparicion-forzada-de-personas-en-jalisco/ Ortiz, A. (2019). Desaparecidos. Los buscan a marchas forzadas. El Universal. Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/desaparecidos-los-buscan-marchas-forzadas?fbclid=IwAR3cC3lUMduxbBsk2_ OcOeQx6Josuv6qPHUFBHlkI3AuCzTPJKl8gxn4nCY Peña Nieto promulga la ley de desapariciones forzadas (16 de noviembre de 2017). Expansión CNN. Recuperado de https://expansion.mx/nacional/2017/11/16/ mexico-ya-tiene-una-ley-general-sobre-desapariciones-forzadas Pérez, M. (06 de agosto de 2020). Las estructuras estatales para buscar desaparecidos, a medias. El Economista. Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Las-estructuras-estatales-para-buscar-a-desaparecidos-a-medias-20200806-0138.html Ponce (14 de agosto de2019). Existen 109 casos procesados por desaparición forzada en Coahuila. Milenio. Recuperado de https://www.milenio.com/estados/coahuila-109-personas-procesadas-por-secuestro Recomendaciones a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, resultado de su visita oficial al país en octubre de 2015. Recuperado de: https://bit.ly/2dVeqgx Rivera, A. (09 de noviembre de 2018). Urge CNDH a aplicar Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. El Universal. Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/urge-cndh-aplicar-ley-general-en-materia-de-desaparicion-forzada-de-personas Segato, R. (2018) Contra-pedagogías de la crueldad. Prometeo Libros. Buenos Aries, Argentina. Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador (4 de febrero de 2019). Haremos lo humanamente posible en búsqueda de desaparecidos: presidente AMLO. 260 Marco normativo de la ley general de desaparición forzada de personas Las desapariciones de personas 261 López Obrador.org. Recuperado de: https://lopezobrador.org.mx/2019/02/04/ haremos-lo-humanamente-posible-en-busqueda-de-desaparecidos-presidente-amlo/ Torres, I. (22 de julio de 2019). Familiares de desaparecidos demandan ser escuchados en la armonización de la Ley Estatal de Desaparición. ZONA DOCS. Recuperado de https://www.zonadocs.mx/2019/07/22/familiares-de-desaparecidos-de-jalisco-demandan-ser-escuchados-para-la-armonizacion-de-la-ley-estatal-de-desaparicion/?fbclid=IwAR1q6pmOY4QJcMY8bfF-V6cdQnJO2E0FNek3OWyVyhgK6EWOXBwBYCCS42Q Torres, M. (2 de mayo de 2017). 15 puntos clave de la nueva ley contra la desaparición de personas. Expansión CNN. Recuperado de https://expansion. mx/nacional/2017/05/02/15-puntos-clave-de-la-nueva-ley-contra-la-desaparicion-de-personas Weil, S. (1942). La persona y lo sagrado. Escritos de Londres. Recuperado de https://crucecontemporaneo.files.wordpress.com/2013/03/simone-weil-la-persona-y-lo-sagrado.pdf 262 Las desapariciones de personas Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social Dayane Jetzabel Ortiz Torres Introducción El número elevado de personas desaparecidas en México en la actualidad no es resultado de un conflicto armado, debido a que no se reúnen las características para ser nombrado de esa manera, dado que un conflicto armado según lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario dentro de los Convenios de Ginebra de 1949, establece una distinción más específica y la distingue entre dos tipos de conflicto armado: el conflicto armado internacional, el cual se da cuando un Estado internacionalmente reconocido decide emplear la fuerza armada contra otro y el conflicto armado no internacional se da entre fuerzas gubernamentales y actores armados no estatales. Lo que nuestro país padece es una Guerra Sucia, siendo éste el término que se ha utilizado en distintos contextos para indicar situaciones de intervención del Ejército, paramilitares y terroristas en las cuales se enfrentan contra grupos políticos disidentes y opositores en un país determinado, por lo que se le llega a dar esta connotación a la guerra contra el narco; debido a que éste es un conflicto interno en México llevado a cabo por el Estado mexicano, los grupos de autodefensa popular quienes ontrolan diversas actividades ilegales, principalmente el narcotráfico y esta ha sido una una guerra sin reglas o protocolo dentro de las posibilidades gubernamentales, para con ello tratar de aminorar los llamados daños colaterales, entendiendo por esta noción que es un eufemismo utilizado para referirse a las muertes, heridos y daños no intencionados que se producen como resultado de una operación militar cuyo origen se debe a los enfrentamientos entre militares y miembros del crimen organizado, generando desapariciones de personas, las [263] cuales pueden ser usadas para fines no lícitos, una vez que éstos son llevados a cabo pueden ser asesinados de manera cruel con exceso de violencia como lo ha reflejado el hallazgo de cuerpos y restos en las fosas clandestinas a lo largo del país, evidenciando la inexistencia de medidas eficientes y eficaces para evitar, prevenir y sancionar las desapariciones de personas. La desaparición de personas no sólo vulnera a la víctima principal sobre la que se cometió un ilícito, sino también se vulnera al núcleo familiar al que pertenecía la persona desaparecida, situación que tiende a invisibilizarse por las diferentes instancias de gobiernos dedicadas a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, llegando a pasar por alto que la persona pudo tener hijos, esposa, madre u otros familiares que dependieron económicamente de los ingresos de éste. Esta problemática refleja que a raíz de la desaparición de personas, surgen una serie de interrogantes con el propósito de reflexionar acerca de esta situación que vivimos día a día, para con ello tratar de entender que no sólo desaparece una persona, sino de los estragos que causa esta desaparición al interior del núcleo ¿qué pasa con los hijos de los desaparecidos?, ¿de qué manera los familiares se pueden hacer cargo de los menores de edad de manera legal?, ¿cómo obtener una custodia si no hay un progenitor que la ceda?, ¿cuál es el desarrollo psicosocial del menor o los menores de edad ante la desaparición de su madre/padre?, ¿qué sucede con el resto de la familia? La finalidad del presente capítulo es generar una reflexión a partir de las diferentes teorías sociales, para con ello reconocer la importancia del poder, el conflicto y el cambio institucional a largo plazo, la cual se da cuando se lleva a cabo la vinculación de los derechos humanos, el poder que se les otorga a las instituciones y que conlleva a un conflicto con los miembros de la sociedad cuando éstos se sienten vulnerados al no ser garantizado su derecho a la seguridad, certeza y legalidad. En el primer aparatado se abordan los derechos humanos y la teoría social, en el cual se analiza la importancia que han tomado al interior de la sociedad y cómo es que éstos se han incluido en cada una de nuestras actuaciones, como lo es en la cultura, la sociedad, las instituciones de poder y la política, al estar al alcance de toda la problemática de los desaparecidos tiene gran relevancia tanto dentro de la sociedad como en los derechos humanos. En el segundo acotamiento, se revisan los fenómenos sociales y la positivización, se toma como base a Augusto Comte y el positivismo, el cual nos hace referencia a los modos de teorización social en que los seres humanos son presentados como meros objetos ante sí mismos, mediante el reconocimiento de los fenómenos sociales que están sujetos a la operación de leyes. En el apartado tres se examina la acción, estructura y poder en el cual se lleva a cabo un razonamiento en relación con la violencia generada por los individuos en contra de los miembros de la sociedad al cual ellos mismos pertenecen, tomando como base a las personas que desaparecen personas, comprender cuáles son las posiciones de poder que les permite actuar de esta manera. Como cuarto apartado se estudia la normalización de la violencia la cual ha permeado a la sociedad, dando como resultado una pasividad relacionados con hechos ilícitos, además se contará la estructuración de la sociedad ante la violencia, así como la sociedad y la reestructuración, por lo que retomaremos la teoría de la estructuración, cuyo objetivo principal es vincular una explicación adecuada de la acción con el análisis de sus condiciones imprevistas y consecuencias no buscadas, tomando como eje a la sociedad y la normalización de la violencia, asimismo analizaremos a Anthony Giddens con la teoría de la estructuración de la sociedad, en dos sentidos: como sistema unido y como una asociación social y general, asociándolo con los colectivos de familias de desaparecidos. En el quinto apartado analizaremos el problema de significado y subjetividad, a través de la importancia de las normas o los valores y el lenguaje como medio del ser social y la autocomprensión, afirmación palpable en los colectivos de familiares de desaparecidos que se encuentran a nivel nacional, los cuales comparten un mismo lenguaje, por lo que se genera una cierta comprensión sobre la situación que acontece, y con ello reflexionar los siguientes cuestionamientos: ¿Qué significado tiene para la sociedad el cuerpo de una persona como tal?, ¿qué significado tiene el que una persona desaparezca de un núcleo social y familiar? Para ello tomaremos como eje a Schutz, quien menciona que los fenómenos del mundo social implican el significado que los actores le dan. Por último, en la sexta sección se reflexiona acerca de la verdad y la complejidad de poder llegar a ella en relación con la comisión de algún delito como lo es la desaparición y homicidio de personas y que aunado a ello hay instituciones gubernamentales llevando a cabo investigaciones para esclarecerlos, por lo que se trabaja bajo 264 Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social Las desapariciones de personas 265 la percepción de Karel Kosik, plasmada en el libro Perfiles y críticas en teoría social (2018) quien establece que para llegar a la verdad no existe un camino directo, pero en esa búsqueda de la verdad el hombre presupone su existencia que puede ser descubierta mediante la ciencia y la filosofía. Dentro de este apartado se llevará a cabo un análisis sobre la desaparición de personas para con ello generar una reflexión en relación con la importancia y relevancia que tienen los derechos humanos tanto de las personas victimadas como de las familias de los mismos, sin importar las condiciones en las que se llevó a cabo el ilícito, ya que estos sucesos laceran el derecho a la verdad de la familia de los desaparecidos, mismo que tiene su antecedentes en las guerras entre grupos contrarios, en los cuales ante un conflicto armado se tenía como prioridad el que las familias de los soldados tuvieran la información de dónde se encontraba su familiar ya sea que éste estuviera con vida o no. Para llevar a cabo este capítulo se analizaron diversas realidades con un enfoque subjetivo, siendo el principal propósito el generar un contexto del fenómeno, mismo que se analiza desde una revisión documental aunado a lo anterior se llevó a cabo una investigación cualitativa a través de un diseño centrado en la teoría fundamentada, se explica en un nivel conceptual un área específica del conocimiento dentro del derecho a la verdad: violencia a las familias de los desaparecidos, teniendo como eje de la investigación los conceptos de derecho a la verdad, violencia y desaparecidos. En el siglo pasado como realización de las ideas liberales la democracia se impuso en la teoría y en la práctica como el único régimen posible para las sociedades modernas, en especial a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, todas las naciones que no contaban con regímenes democráticos o que conservaban instituciones no democráticas, paulatinamente fueron modificando sus marcos constitucionales y estructuras políticas para instaurar modelos democráticos al menos en sus diseños. De la misma manera que se impuso la democracia, se impusieron los derechos humanos como una condición indispensable para el desarrollo de la democracia y la propia existencia de los Estados contemporáneos. Desde la creación de las Naciones Unidas los derechos humanos dejaron de ser un tema de interés interno de los países, para convertirse en un tema central del derecho y las relaciones internacionales. Es sorprendente la manera en que han crecido en los últimos tiempos las actividades de la comunidad internacional en el ámbito de la tutela y protección de los derechos humanos, así como se han desarrollado y perfeccionado tanto los instrumentos que los consagran como los organismos dedicados a su tutela y promoción. Ambos temas, democracia y derechos fundamentales comparten un estrecho vínculo, incluso a nivel de fundamento, con la idea de la dignidad humana. Los derechos humanos no son sino la expresión jurídica de la dignidad de las personas y su función es precisamente permitir y garantizar su respeto, y la democracia es el ámbito en el que pueden desarrollarse las relaciones políticas de la comunidad en un marco de respeto a la dignidad. En este sentido Lafer (1994) menciona que en el mundo contemporáneo persisten situaciones sociales, políticas y económicas que contribuyen a volver superfluos a los hombres y, por lo tanto, sin lugar en el mundo. Por esta razón, la relación entre el tema de la ruptura y la crisis de los derechos humanos continúa en el orden del día y pareciera que así lo es cuando hablamos sobre las desapariciones de las personas y el hallazgo de las mismas dentro de fosas clandestinas, y tratamos de generar un entendimiento sobre en qué momento se llevó a cabo esta ruptura en la sociedad y los cuerpo físicos de las personas se convirtieron en vehículos para demostrar el poder ante la sociedad, ante los gobiernos y ante los sujetos pertenecientes a grupos criminales contrarios. Trabajando con la idea anterior, el tema de la desaparición de personas no sólo involucra a la sociedad o miembros del crimen organizado, sino que también se ven involucrados funcionarios públicos, servidores públicos y demás sujetos que tengan la obligación de conocer de estas situaciones debido al cargo que desempeñan, los cuales generan para sí una percepción acerca de las personas que se encuentran desaparecidas o de familiares de los anteriores, y es a través de esta percepción que los mismos se pueden llegar a cuestionar por qué se tiene que destinar personal de búsqueda, recurso e interés a una persona que eligió vivir al margen de la ley, es decir, ¿por qué el Estado tendría que poner a disposición de la persona desaparecida recursos tanto económicos como materiales para poder 266 Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social Los derechos humanos y la teoría social Las desapariciones de personas 267 Nuestro país enfrenta un problema estructural, en cuanto a la desaparición de personas se refiere, derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversas personas servidoras públicas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden un desarrollo social en el país. De lo anterior, los escasos resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, tanto en la búsqueda y localización de las víctimas directas como en el conocimiento de la verdad de los hechos que originaron la desaparición y en la identificación de quienes estuvieron involucrados en la misma para sujetarlos a la acción de la justicia, ocasionan, entre otras cosas, la proliferación de esta conducta. En este sentido nos encontramos con Giddens (2018), quien retoma la ciencia social y filosofía, en la que Winch dentro del libro Perfiles y críticas en teoría social (2018) sostenía que el tema central de las ciencias sociales se ocupa por encima de todo de descubrir la inteligibilidad de la acción humana. Con el fin de entender por qué los seres humanos actúan como lo hacen, debemos comprender el significado de su conducta, de acuerdo con Winch (2018) es comprender las reglas que siguen los actores al actuar como lo hacen. La acción significativa es acción orientada hacia las reglas; aquí el conocimiento de esas reglas provee las razones detrás de la conducta de los actores, para Winch (2018) comprender el sentido y las razones implica vincular la conducta observada con reglas. Es claro y acertado el pensamiento de Winch (2018) debido a que en diversas ocasiones se juzga o juzgamos al individuo por lo que realiza, sin dar tiempo a contextualizar, analizar o tan siquiera investigar el porqué, y esto visto y analizado desde ambos sentidos, desde el posicionamiento del que vulnera los derechos humanos como desde la posición del vulnerado, pero qué hace o qué “detona” que el individuo actúe como lo hace, en el caso que nos ocupa, la desaparición forzada de personas, nos hace cuestionarnos a modo de reflexión: ¿que lleva al sujeto a desaparecer a alguien?, ¿qué lleva al funcionario público que labora en las instituciones a actuar de manera fría e indiferente frente a un familiar angustiado por no localizar a uno de los suyos?, y si lo observamos aisladamente pudiésemos decir que el primero es porque no tiene “alma” o es una persona “fría”, y del segundo sujeto, que es por falta de interés, pero sería interesante y además importante conocer el porqué de su actuar y el porqué de su toma de decisiones. Por lo que podemos generar un análisis de la relación que tienen los derechos humanos con la desaparición forzada de personas, en el sentido de que, si bien es cierto no es la cura para eliminar de manera inmediata todos los delitos o violaciones a las normas establecidas con el propósito de generar una adecuada convivencia entre diferentes núcleos sociales, sí es de reconocerse el que hasta antes de la reforma de la Constitución política de México, la sociedad carecía de conciencia sobre la importancia y relevancia de los derechos humanos Ante este desconocimiento miembros de la sociedad no eran conscientes de que dentro de nuestra Constitución hasta antes de la reforma a la misma en 2011, el Estado estaba obligado a cuando menos garantizar ciertos derechos y una vez llevada a cabo la reforma en la cual ya no sólo se obliga el Estado a garantizar, sino que ahora tiene que proteger los llamados derechos humanos, y es a través de 268 Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social llevar a cabo su búsqueda y localización, si esta persona era miembro del crimen organizado? ¿Por qué se le buscaría si las acciones de éste están por fuera de las normas establecidas por la Ley? La respuesta frente a los derechos humanos es sencilla, y ésta es: porque es un ser humano, y como tal es parte del Estado y de la sociedad, por lo cual no puede ser ni invisibilizado ni cosificado. En líneas posteriores se lleva a cabo un breve análisis de por qué el individuo actúa de la manera en que lo hace, misma que como lo comenta Lafer nos lleva a una crisis. de derechos humanos. En el libro la Reonstrucción de los Derechos Humanos, Lafer (1994) retoma lo que Locke en el contractualismo manifiesta en relación con los derechos humanos, estableciendo que el Estado y el derecho son un término medio que hace compatibles el estado de naturaleza, en que todo está permitido, con las exigencias de la vida en sociedad. Por eso: El poder absoluto arbitrario o el gobierno sin leyes fijas no pueden, ninguno de los dos, coincidir con los fines de la sociedad y el gobierno, pues los hombres no abandonarían la libertad del estado de naturaleza para someterse a ellos si no fuera para preservar sus vidas, sus libertades y sus fortunas, y para asegurar su paz y tranquilidad mediante reglas fijas de derecho y propiedad. Lafer (1994). Las desapariciones de personas 269 la difusión de los mismos que éstos forman parte del día a día de la sociedad y son cada vez más exigidos, esto debido a, como lo menciona Giddens, la capacidad que tiene el ser humano de tomar conciencia no sólo de su historia sino también de su presente. La toma de conciencia de las sociedad se da desde mi punto de vista cuando se genera un alza tanto en el número de personas víctimas de una desaparición como en el aumento del conocimiento de estos sucesos a través, principalmente, de los medios de comunicación masivos como lo son: radio, televisión, nota impresa, en los cuales se revela que este tipo de hechos ilícitos toma cada vez mayor fuerza y pareciera que no habrá nadie que lo pueda detener, y ante tanto conocimiento de estas acciones que lastiman a la sociedad genera una ruptura del asombro y derivado de ésta, la sociedad se divide en diferentes secciones, la sociedad vulnerada o las familias de los desaparecidos, el gobierno y las instituciones encargadas de la búsqueda y localización de las primeras, la sección de los que cometen el delito de desaparición de personas y por último, la sociedad, la que no pertenece a ninguno de los anteriores, y que son éstos los que ven como normal y cotidiana la interacción de las primeras. El fenómeno de la desaparición en México ha ocupado un espacio importante en la agenda pública nacional en los últimos años, son pocos los productos académicos que se han publicado al respecto. Abundan, en cambio, trabajos de tipo periodístico que han hecho visible la tragedia humana que implica la desaparición de personas, permitiéndonos reconocer a través de la voz de las víctimas los detalles de esta experiencia. La desaparición de personas se ha convertido en un fenómeno social, en el cual los actores principales son las personas sobre las cuales se lleva a cabo la acción, forman parte también los familiares de éstos debido a que es sobre ellos en los que recae la responsabilidad de todo lo que deja incluso la persona desaparecida, llámese hijos, el pago de las cuentas y el luchar por encontrarlo, por lo que la desaparición es un fenómeno social y por eso no puede tratarse de manera individual, así como las instituciones encargadas de procurar justicia y las cuales no estaban preparadas para la saturación de éstas, laboralmente hablando. Los seres humanos son los creadores de su mundo social, son agentes entendidos cuyas habilidades para comprender la conducta de los demás constituyen un elemento integral de la existencia de la sociedad como tal, Giddens (2018) nos explica que la prolongada supervivencia de los modos de teorización social en que los seres humanos son presentados como meros objetos ante sí mismos, como seres sometidos a las acciones de otros, es prueba de la influencia de esta tradición intelectual. Esta parte donde se establece que el ser humano es presentado como objeto de sí mismo, o seres sometidos a las acciones de otros, y me parece tan adecuada y acertada, y esa misma situación la obsérvanos con las instituciones, y más tangiblemente con los miles de personas desparecidas, que pareciera que no son otra cosa que estadísticas, números, carpetas de investigación entre otras tantas etiquetas, y entonces surge la pregunta: ¿a quién le interesamos como individuos?, ¿quién entonces puede velar por los intereses de una persona y no sólo ver por los intereses de una institución? En qué momento nos dejaremos de volver una cosa que se puede desechar sin ningún problema y esperar a que se nos pase la euforia en la cual clamemos por una justicia, por una verdad de los hechos, por una verdad del ¿dónde está?, y el ¿qué le paso? En relación con la desaparición de personas, se ha desarrollado un campo social bastante denso expresado en la formación de instituciones, leyes, protocolos y lenguajes expertos que sostienen la existencia de un mundo de víctimas y de exigencias todavía vigentes. En este sentido para Comte, el reconocimiento de que los fenómenos sociales están sujetos a la operación de leyes invariables no es en absoluto incompatible con la libertad de acción o con la dignidad moral; ya que la primera depende de descubrir y utilizar leyes sociales, en tanto la segunda está reforzada por la autoridad del autoconocimiento racional. Por su parte el positivismo establecido por Comte se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento, por lo que una sociedad jamás va a permanecer estática, por lo que las leyes, reglamentos y demás ordenamientos, siempre deben tratar de estar al día con la manera en la que la sociedad se expresa. El poder absoluto arbitrario o el gobierno sin leyes fijas no pueden ninguno de los dos coincidir con los fines de la sociedad y el gobierno, pues los hombres no abandonarían la libertad del estado de naturaleza para 270 Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social Fenómenos sociales y la positivización de las normas Las desapariciones de personas 271 someterse a ellos si no fuera para preservar sus vidas, sus libertades y sus fortunas, y para asegurar su paz y tranquilidad mediante reglas fijas de derecho y propiedad. En este sentido Goffman (2018) establece que se debe de tratar a los seres humanos como agentes que razonan, lúcidos, intencionados y capaces dentro del entorno social que éstos contribuyen a constituir a través de su acción, por lo que es importante regular o positivizar todas las acciones llevadas a cabo por los miembros de la sociedad, debido a que la mayoría de sus acciones son realizadas con el completo conocimiento de que se está actuando fuera de norma. Acción, estructura y poder La acción de dar cuenta es de suma importancia, por cuanto esas explicaciones que los actores son capaces de ofrecer acerca de su propia conducta recurren a los mismos reservorios del saber que a los que se recurre en la producción y reproducción mismas de acción de esos actores, Giddens (2018) ha expresado claramente sus ideas en términos de lo que él llama “marco de referencia de la acción”. Las razones detrás de las acciones de las personas o racionalización de la acción, implicada en el monitoreo reflexivo crónico de la conducta que desarrollan rutinariamente los actores sociales, se relacionan sustancialmente con la manera en que estas acciones se sostienen. En la estructura de la acción social, Parsons intentó integrar lo que llamó una visión “voluntarista” de la conducta humana con una resolución del “problema del orden” en la sociedad. Acción El hombre tiene una naturaleza distinta de la de los demás seres: capaz de autogobernarse y además posee la cualidad de poder comprenderse a sí mismo como un ser individual y, a la vez, como parte de una sociedad en la que interactúa con sus semejantes. Aunque se identifica con sus iguales no se comporta de manera idéntica a ellos, puesto que no solamente tiene un ser, sino que puede tener modos de ser. En relación con las acciones, hemos sido testigos a través de los medios de comunicación de que una persona, llamada jurídicamente victimario (siendo ésta la que inflige un daño o perjuicio a otra en un momento determinado), lacera el cuerpo de otro ser humano, denominado víctima (persona que sufre un daño 272 Las desapariciones de personas o un perjuicio a causa de determinada acción o suceso), y no debe perderse de vista precisamente que son seres humanos y que actúan bajo circunstancias distintas a la de los demás, no con ello se eximen de su acción, pero tal como lo menciona Giddens hay razones detrás de las acciones, como pudieran ser, que los sujetos buscan el reconocimiento y la autoafirmación y que aunado a eso estamos inmersos en una situación donde se busca tener, poder y dinero, no importando a qué precio. Podemos hablar también un tanto de voluntarismo en el sentido en que éste se reduce a acentuar la incorporación de una explicación de la motivación en un marco de análisis de los sistemas sociales, en un acento que subraya que el estudio psicológico del sistema de la personalidad debe complementar, mediante valores normativos, el estudio de los sistemas sociales, en este sentido Giddens (2018) afirma que la conducta de los actores sociales es considerada como resultado de la conjunción de determinantes psicológicos y sociales, donde la prioridad se pone en estos últimos debido al rol preponderante que les cabe a los elementos normativos. Aquí el actor no aparece como agente capaz y entendido: los actores de Parsons, según la frase de Garfinkel, “dopados culturales”. Los individuos que laceran de esta manera tan cruda y cruel a otro de su especie son personas que, vistas desde un entorno externo, probablemente pudieron tener alguna situación de violencia en su casa, en su entorno, y que no saben de qué manera saciar esa necesidad, pero a la vez las personas que son vulneradas en sus derechos, o en los derechos de sus familiares, llegan a creer que tienen una especie de “autorización” para poder generar el mismo daño al otro, llevándose con esto una serie de violaciones en ambos sentidos. Estructura En los años actuales de conflicto entre los diferentes grupos del crimen organizado y el Estado, se han ido sustituyendo las guerras por matanzas en las cuales los desplazamientos, las torturas, las desapariciones, las mutilaciones corporales, las violencias sexuales y las masacres son la nueva forma de expresión sobre los cuerpos, en tales guerras los que están armados y el Estado luchan por tener el control y el dominio de territorios, o las disputas por el control de recursos y Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social 273 poblaciones, los cuerpos parecerían inexistentes o en todo caso dependientes a las “lógicas” de un daño colateral. Las sociedades carecen completamente de razones o de necesidades, sólo los actores cuyas actividades constituyen y reconstituyen constantemente a esas sociedades las poseen, en este sentido para Giddens (2018) podría suponerse que la estructura de la sociedad se asemeja a la anatomía del organismo: cuando la estructura “funciona”, tenemos un sistema. Aquí, por lo demás, un sistema es una “estructura en funcionamiento: estructura + función = sistema. La estructura de la que habla Giddens, cada vez se ve más deteriorada y sumergida en una violencia, la cual ha generado una desconfianza a nivel general, es decir, que la población está sin una estructura y esto en la ecuación de líneas anteriores nos lleva a resolver que entonces no hay un correcto funcionamiento ni de la sociedad ni de las instituciones por lo tanto, podemos concluir que tenemos un Estado fallido, entendiéndose por éste, el Estado soberano que ha fallado en garantizar el acceso a servicios básicos a su población, como es la procuración de justicia, el derecho a la vida, a la seguridad, y demás derechos que son violados al momento de cometerse el delito de desaparición de personas y si tenemos un Estado fallido por consecuencia estamos carentes de un Estado de derecho. Los sistemas sociales son considerados como relaciones de interdependencia, e involucran las actividades situadas de los sujetos humanos que existen o relacionados entre sí, en el transcurso del tiempo, por lo que Giddens (2018) establece que, hasta cierto punto, la estructura de un cuerpo puede existir independientemente de su “funcionamiento”. Es posible estudiar la anatomía de un cuerpo y describir su morfología, aunque haya dejado de funcionar, de vivir. Pero esto no sucede con la sociedad, con la “constitución de patrones” de interacción social reproducidos en el tiempo y en el espacio: si deja de “funcionar”, una sociedad deja de existir. Tal pareciera que es la dirección que lleva la sociedad hoy en día; según Arista (2021), desde que México le declaró la guerra al crimen organizado, en el 2006, y hasta este 7 de abril, en el país 85 053 personas están reportadas como desaparecidas y no localizadas, si esta cifra la trasladamos a familias, entonces podemos decir que son demasiadas familias en la espera de alguna noticia de su familiar desaparecido, las horas pasan, los días corren, los años llegan y la 274 Las desapariciones de personas esperanza de saber o de recuperar el cuerpo de su familiar persiste, ¿qué nos pasa como sociedad que cada vez nos volvemos más indiferentes con el dolor del otro y hasta somos capaces de mofarnos del mismo? Y se juzga por qué una persona despareció o fue encontrada dentro de una narcofosa, por lo que se pudiera interpretar que nuestra sociedad actualmente se encuentra inmersa en una preocupante normalidad de la violencia, por lo que resulta importante reestructurar esta situación, de lo contrario será una batalla de todos contra todos. La dualidad de la estructura En la actualidad, es más común observar la facilidad con la que los jóvenes que se involucran con los grupos delictivos o en su caso tienen “amistades” dentro de estas organizaciones las cuales les otorgan una categoría mayor como individuos una especie de protección, debido a que generalmente las personas que están dentro gozan de cierta “protección” hacia y con la autoridad, por lo que creen que pueden violentar los derechos de los demás y no pasará nada, no hay nada de malo en demostrarle al “otro” quién es más “valiente” o quién si puede tener esa “habilidad” para desaparecer a una persona por el simple hecho de no coincidir en la forma de pensar, por cruzarse la calle de “mala manera”, por accionar el claxon, y si esto no es suficiente, se puede llegar al punto de amedrentar a la familia del individuo y no pasa nada, o como sucede en estos tiempos, que no existe un perfil específico para definir quién será desaparecido, ya que puede desaparecer la persona que se dedica a reparar automóviles como la ama de casa o el empresario. Podemos definir al poder como la capacidad que tiene un sujeto actuante de intervenir en el curso de los hechos en el mundo con la intención de influir en esos hechos o de alterarlos, aunque los hechos involucrados son los actos de otros, entonces el poder es la capacidad de un individuo de lograr sus propios fines aun contra la voluntad de otros. En este sentido Giddens (2018) nos establece que, en la producción de la interacción, los actores recurren a los recursos, pero estos últimos se constituyen como estructuras de dominación. Los recursos son los medios por los cuales se emplea el poder en el curso rutinario de la acción social; pero son a la vez, elementos estructurales de los sistemas sociales, reconstituidos en la interacción social. Los sistemas sociales se constituyen como prácticas Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social 275 regularizadas, reproducidas en tiempo y espacio: de esta forma, en los sistemas sociales puede considerarse que el poder involucra relaciones reproducidas de autonomía y de dependencia en la interacción social. Para Blair (2017) lo de hoy no es una guerra entre iguales, como lo eran las guerras de antes, no se trata de un enfrentamiento que se decide entre ejércitos en un campo de batalla, sino de un uso de violencia que prolonga indefinidamente, lo que nos acontece es una guerra entre personas que están entrenadas para ello como lo es el ejército mexicano y los grupos criminales, que de igual manera están entrenados y tienen acceso a las armas que son exclusivas de los primeros, ambos sitúan en la parte central de los conflictos a los ciudadanos, dejándolos en la indefensión. Hoy en día no se le ve fin a la ola de violencia que nos aqueja y las consecuencias que de ella se derivan, a los miles de “daños colaterales”, que como se ha abordado en este apartado se ha dado una afectación desmedida a los cuerpos de las personas que mueren a manos del crimen organizado sean partícipes de éste o no, tal parece que a mayor afectación que se le ocasione al cuerpo mayor es el logro o “satisfacción” que recibe el que violenta o mayor es el mensaje que pretende enviar tanto a los contrarios como a la sociedad misma, ya que la afectación no sólo la recibe a quien se le daña, psicológica y físicamente, también a los familiares del afectado, porque buena persona o no, sigue siendo parte de un núcleo familiar. En la actualidad la sociedad se cuida de los mismos de su especie, en tiempos anteriores teníamos claro de qué “personas cuidarnos” si era una persona desalineada, si estaba sucia, tenía tatuajes entre otros estereotipos, pero ahora, no se sabe quién está decidido a violentar la seguridad de una persona, o quién cometerá un ilícito en contra de otra, quién está dispuesta a vulnerar los derechos de otra, existen algunos individuos en contra del sistema que trabajan para sus necesidades y otros individuos a favor de la sociedad, tal como lo son los colectivos de familiares de desaparecidos, en este sentido se puede palpar que las instituciones quedan tambaleantes ante ambos y es cuando la sociedad percibe que las instituciones están inmersas o coludidas con el crimen organizado, y se genera un problema en el orden, tal como lo comenta Giddens en las siguientes líneas. El tema del orden es asumido como el problema de la regulación (control) de la arbitrariedad individual, y la solución consiste en algún tipo de armonización o integración de los intereses individuales de los actores, esta forma de asumir el problema emite básicamente a la incierta posibilidad de coordinación entre individuos potencialmente libres. Por su parte, para Giddens (2018), de acuerdo con Parsons, el problema del orden “en el sentido en que Hobbes lo planteó, constituye la dificultad empírica más fundamental del pensamiento utilitario”. Tal como lo presenta Parsons (2018) no es difícil expresar los rudimentos del “problema de Hobbes”. En estado natura, cada persona sería puesta contra todas las demás, en una guerra de “todos contra todos”; Hobbes (2018) supone que, si se hace un acuerdo con una autoridad soberana, los individuos en la sociedad escapan a este panorama de lucha constante. Por lo que se pudiera entender que la violencia, observada desde cualquier ángulo es sancionada positivamente, debido a que eres aceptado en los grupos delictivos e invisibilizado por las autoridades, lo que conlleva a una total impunidad del actuar, se puede cometer un delito grave y éste no tendrá sanción, pero sí generará que la sociedad se limite en la manera en la que actúa ordinariamente. Siguiendo las líneas anteriores se encuentra el supuesto de que el problema del orden remite a la cuestión de la cooperación entre individuos. En este sentido, se considera que mientras mayor sea la armonización del comportamiento individual con las necesidades de la colectividad, mayores serán los niveles de orden social, Durkheim en Giddens (2018) procuró demostrar —como señaló de manera suficiente en el prólogo de su libro— que los ideales del “individualismo”, los cuales acentuaron el valor de la libertad y de la dignidad del individuo, son en sí mismos productos sociales y por lo tanto no se les puede tratar, como lo hace el utilitarismo, como las premisas de la sociedad humana general. Ya que estos ideales son la expresión moral tanto como el cimiento de la solidaridad orgánica, no son “patológicos” sino que, por el contrario, son representativos del incipiente orden moral del futuro. La dignidad humana representa un principio axiomático, es decir, evidente en sí mismo, del cual deriva el deber de respeto incondicionado a favor de la persona. La dignidad es lo que ningún ser humano debería de perder bajo ninguna circunstancia, ni en vida ni después de fallecer, y esto es algo que los grupos 276 Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social El problema del orden Las desapariciones de personas 277 criminales y todos los individuos encargados de violentar llevan a cabo, mientras los tienen bajo su dominio, son capaces de generar una violencia extrema con la cual rompen con la dignidad del individuo, mediante humillaciones, vejaciones, violaciones, entre otras, mencionaba que también después de fallecido, debido a que cuando un cuerpo es desmembrado, arrojado en una fosa, entre otras atrocidades, es arrancarle la dignidad al cuerpo de la persona. Para nosotros como individuos el cuerpo tiene mucho significado, tanto que llevamos a cabo rituales religiosos cuando una persona fallece, y tratamos de cuidar y respetar el cuerpo de nuestro familiar, es por lo tanto que nos resulta o nos debiera resultar que las personas que pueden dañar de esa manera los cuerpos de otros no son personas moralmente bien vistas a los ojos de la sociedad, por lo tanto, son segregados del núcleo social. El mito del cisma Actualmente nos encontramos inmersos en una lucha entre organizaciones delictivas, que se le conoce como la guerra de cárteles, así como también una lucha entre el gobierno y las organizaciones delictivas de las cuales se derivan miles de “daños colaterales” y “muertes justificadas” pero realmente en la actualidad no hay un lineamiento o una corporación o alguna política pública que prevenga el delito de desaparición, mucho menos existe alguna institución que le dé respuesta a las miles de familias de las personas desaparecidas y que les dé una certeza de dónde se encuentra el cuerpo o en su defecto los restos de su familiar, más allá de qué fue lo que pasó. Por lo que, en este sentido, Giddens (2018) de acuerdo con Dahrendorf en la teoría social comenta que es posible encontrar no una sino dos resoluciones del problema del orden. Una de ellas es la que Parsons timó de Durkheim, en la que se subraya la relevancia del consenso; la otra, que Marx expresó con mayor claridad, resuelve el problema del orden mediante el control coercitivo que una minoría puede ejercer sobre el resto de la sociedad. En este sentido lo podemos ver de una manera tan tangible, nuevamente con los grupos criminales, debido a que ellos no nos superan en número, si hablamos o lo vemos en número a nivel nacional, pero son unos cuantos regados por todo el territorio nacional los que nos han puesto bajo su control y sólo les bastó con 278 Las desapariciones de personas evidenciar la manera tan sencilla en la que pueden desaparecer a una persona, o la manera tan práctica de deshacerse de las personas que ya no le son “necesarias” llevando a cabo inhumaciones clandestinas, y con eso la sociedad se sometió, si no del todo, siempre llevamos a cabo la comparación de cómo se vivía en tiempos anteriores, en los cuales no había “miedo” de salir por la noche, o llevar a cabo actividades del día diario, en comparación de lo que el día de hoy nos acontece, siempre notas y noticias de personas desaparecidas, de familias buscando a los suyos y no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional visualizado con las caravanas de familiares de desaparecidos del lado sur de nuestro país. Los males de la condición humana se originan en los efectos represivos de la incorporación de los seres humanos a la sociedad, en este sentido Giddens (2018) nos explica que la sociedad no sólo produce sino también sostiene a las facultades humanas. Los mecanismos específicos del modo de producción capitalista maximizan la alineación, la cual no es superada ni por la destrucción de la sociedad ni por el regreso a una forma de vida más primitiva, sino por la transformación de la sociedad misma. La sociedad se ha ido transformando se ha ido individualizando cada vez más de una manera un tanto alarmante desde mi punto de vista, ya no se ve una solidaridad hacia el otro, y es tan tangible que se puede ver, cuando una persona graba un video observando cómo se golpea a una persona e incluso cuando se le priva de la libertad, y no lleva a cabo ninguna acción que no sea la de filmar el hecho para después subirlo a las redes sociales y juzgar el hecho, condolerse pero lejos del hecho. La normalización de la violencia y la sociedad A partir de que se declara la guerra al narco en el sexenio de Felipe Calderón, se genera una normalización de la violencia, esto como consecuencia la continua exposición que de alguna manera nos someten los medios de comunicación existentes, radio, televisión, periódico, redes sociales, etc., los cuales en mi apreciación y del contacto que se tiene con los mismos, se percibe que el 90% de su contenido está relacionado con violencia, esa saturación es la que nos ha llevado a esta normalización, a este estado de “no pasa nada”, y a un estado de impunidad, con los cual las personas pueden llegar a considerar que si matamos o Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social 279 si desaparecemos a alguien de manera directa o indirecta no pasara nada, entonces leemos el mensaje de que tenemos un Estado omiso en relación con la autoridad judicial, porque es ésta la que tendría que procurar ese Estado de derecho, en cuestión de seguridad, por lo tanto si no hay una sanción ejemplar o el simple cumplimiento de las leyes establecidas, el ciudadano y hasta el funcionario público, sabe que es posible violar los derechos civiles y humanos del otro, ya que no habrá quién reprima su actuar. En este sentido de la normalización podemos rescatar lo establecido por Giddens (2018), quien nos comenta que un descentramiento del sujeto debe a la vez recuperar a ese sujeto como ser que razona y que actúa. De lo contrario, el resultado no es más que un tipo objetivista de teoría en la cual la agencia humana aparece sólo como determinada por causas sociales. De este razonamiento es importante el recuperar al sujeto, recuperar al ser humano, pero sobre todo recuperar su capacidad de asombro, porque debido a esta normalización de la violencia el sujeto agencia esta situación, este fenómeno y lo hace tan suyo, que se ha vuelto cotidiano cuando se hace mención de que se tiene que recuperar la capacidad de asombro, se menciona en el sentido, de que en estos días hablar de personas desaparecidas, fosas clandestinas y la crisis al interior del Servicio Médico Forense (SEMEFO), resulta “normal” como hablar de futbol, de alguna serie de televisión, etcétera. En relación con la sociedad y observando la interacción de ésta con las instituciones que fueron creadas para brindar el apoyo a los miembros de las familias de los desaparecidos en ocasiones pareciera que las mismas se debaten en un conflicto de primacía, en el sentido de que los familiares exigen la búsqueda y localización de sus familiares a la vez que le exigen a estas instituciones el que se trabaje con eficiencia y eficacia, y las instituciones piden consideración o entendimiento por parte de las familias, al manifestar que se encuentran rebasados y no cuentan con el recurso humano y económico para abocarse a la búsqueda y localización exclusiva de cada persona, entonces se puede entender que ambos buscan tener la razón en cada uno de sus reclamos, generando con ello lo que menciona Giddens (2018) sobre la teoría de la estructuración la cual sostiene que, ni al sujeto (agente humano) ni al objeto (“sociedad”, o instituciones sociales) 280 Las desapariciones de personas debe concedérsele primacía. Cada uno de ellos se constituye en —y a través de— las prácticas recurrentes Ambos son sujetos activos y relevantes en el funcionamiento de la sociedad, ya que, si no existieran los agentes sociales la actividad de las instituciones sería irrelevante, pero al igual que la institución necesita del agente social, la sociedad necesita y requiere de instituciones, pero de instituciones que se avoquen a la resolución de las situaciones de la sociedad. Por lo que la constitución de la sociedad, en su producción y reproducción, es una creación de los actores sociales; se trata de actores situados históricamente que crean la historia y viven en ella., que necesitan y requieren de la empatía del resto que afortunadamente no vive una situación de angustia al no saber qué pasó con su familiar. Las personas inmersas en la situación de desaparecidos, llámese familiares, investigadores o cualquier otro relacionado con este tema, se da a la tarea de estudiar cómo es que las instituciones como la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas e incluso los mismos colectivos de familiares, es que forman un sistema y estructura a partir del fenómeno de las desapariciones. La reestructuración de la sociedad ante la violencia Las necesidades humanas están conectadas jerárquicamente e implican un sistema básico de seguridad mayormente inaccesible al sujeto consciente por lo que, para Giddens (2018) además de la agencia humana, la estructuración implica el rol de las “instituciones” sociales definidas como “prácticas sociales estructuradas poseedoras de una vasta extensión espacial y temporal”, es decir, como práctica que, además de operar concretamente en el tiempo y en el espacio, también exhiben una “estructura” paradigmática. Se dice que una acción es intencional cuando el actor sabe que tendrá cierto resultado y utiliza ese saber para lograrlo. Para Giddens (2018), la agencia está considerablemente relacionada con nociones tales como propósito, intencionalidad, responsabilidad humana (lo que tradicionalmente se ha conocido como “libertad”. Es una libertad que se ha visto coartada por el pánico, por el terror, y la agencia que se está generando es la de la violencia, en la que ya todo se quiere resolver con violencia, y esto se puede percibir todos los días y a todas horas, las personas Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social 281 nos hemos vuelto intolerantes al otro, que si algo no nos parece reaccionamos violentamente y sin pensar en qué pasará, por eso es que coincido con las líneas anteriores de Giddens, el hombre tiene noción de su intención, tiene noción de la responsabilidad y sobre todo noción del propósito, es decir, el porqué, el qué y el cómo de mis acciones y aun así, decido llevarlas a cabo, lamentable que ante esto el hombre siga cometiendo crímenes atroces en los cuales no importe si al momento de llevar a cabo sus acciones se vulnere los derechos de los familiares o los propios de la persona afectada. En esta parte podemos decir que el hombre es consciente de su acciones y de sus consecuencias, pero entonces, el mismo sujeto que lacera a la sociedad, es el que tiene necesidades no satisfechas por la institución o instituciones por lo que se relaciona con personas que le ofrecen garantizar y subsanar sus necesidades, generando con ello una ruptura en el tejido social y separando a la misma en dos oposiciones los que afectan a un grupo social y los que son afectados por este grupo social resentido con las instituciones y estas instituciones están conformadas por personas que tienen necesidades qué subsanar ya sea laborales y/o económicas. El término estructura se explica en su referencia a reglas y recursos instanciados, siendo éste el proceso de lees o especificar información en los sistemas sociales, pero que sólo tienen existencia virtual por lo que Giddens (2018) hace una diferencia más clara entre “sistema” y “estructura”, y describe a los sistemas sociales como prácticas concretamente “situadas en el espacio y en el tiempo”, y a la estructura como “no temporal y no espacial”, como un “orden virtual de diferencias producidas y reproducidas en la interacción social como su medio y resultado”. En tanto rasgos de sistemas sociales concretos, las instituciones sociales son, básicamente, prácticas a través de las cuales las “propiedades estructuradas de la sociedad” —reglas y recursos— son instanciadas y aplicadas en el entorno espaciotemporal de la vida cotidiana. La instanciación interpretada como traducción de propiedades latentes en propiedades manifiestas resulta particularmente evidente en el caso de “recursos” mediante cuya aplicación se dice que las prácticas institucionalizadas “suceden” o “se las hace suceder” en la continuidad de la vida cotidiana. 282 Las desapariciones de personas En la actualidad los colectivos de familias son lo que podemos asemejar a un sistema social, esto derivado de la falta de respuesta por parte del gobierno, los familiares se han organizado en colectivos, los cuales se encuentran integradas mayormente por personas que al igual que las demás tienen un familiar desaparecido y que se unen a la lucha de otros cientos o miles que buscan saber qué fue de sus hijos, esposos, hermanos, sobrinos, nietos, etcétera. Estos colectivos de familias de desaparecidos son los que actualmente hacen que las instituciones tales como la Fiscalía de Personas Desaparecías, la Comisión de Búsqueda de Personas, y demás instituciones dedicadas a la búsqueda y localización de personas sean tangibles y que existan en nuestros días, se han vuelto parte de la continuidad de este grupo de colectivos. La sociedad y la estructuración En la teoría de la estructuración el acento recae sobre la comprensión del obrar humano y las instituciones sociales. La sociedad la define en dos sentidos como un sistema unido y como una asociación social y general. Para Villarreal (2016), la sociedad como sistema unido se sitúa con los colectivos de familias de desaparecidos, aunque la desaparición de personas, en el marco de la llamada Guerra Sucia, que en México se refiere a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano, forma parte de la agenda de varias organizaciones sociales las víctimas de desaparición forzada o no registradas en el actual contexto de inseguridad y violencia conformado a partir de los años noventa no habían sido reivindicadas, sino hasta que emergieron los nuevos colectivos de familiares de personas desaparecidas en los primeros años del siglo XXI, debido a que el primer colectivo registrado en México, fue en junio de 2009 en Coahuila, denominado Fuundec, el cual tuvo la primera reunión con la titular de la PGR, Maricela Morales, y el secretario de Gobernación, Francisco Blake; allí acordaron un siguiente encuentro para el 29 de julio, al que acudieron familiares de víctimas de diferentes entidades. Estos grupos tienen en su origen la lucha individual, primero, de algunos familiares de las víctimas que decidieron hablar y actuar en el espacio público donde se encontraron con otros que compartían el mismo dolor y las mismas exigencias, que después integraron Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social 283 colectivos que emprenden acciones organizadas y públicas. Sólo algunos han conseguido apoyo de asociaciones de derechos humanos, crear o integrarse a redes más amplias de actores solidarios con esta causa, y lograr reformas legales que tomen en cuenta a las víctimas. ¿Cuántas más asociaciones tienen que surgir?, ¿cuántas más marchas del silencio?, ¿marcha por la paz?, ¿cuántos más gritos de “vivos se los llevaron y vivos los queremos”?, ¿cuántas más familias ansiosas de los dictámenes periciales llevados a cabo en cada nueva fosa clandestina encontrada? ¿Cuantas más noticias de personas desmembradas y abandonadas en la calle?, ¿cuántos más cuerpos colgados de los puentes, cuántos? ¿Si otros países han logrado bajar el índice tanto de personas desaparecidas como de cadáveres no identificados, por qué nosotros no? Para Villarreal (2016) al igual que con el resto de los movimientos sociales, también en estos casos la emergencia de acciones colectivas organizadas depende de factores externos e internos. En los primeros destacan los grupos solidarios preexistentes, y también la estructura de oportunidades políticas que se manifiesta en las posibilidades de acceso a las élites políticas, la disponibilidad de aliados influyentes, la coincidencia con coyunturas favorables en ámbitos más amplios nacionales o mundiales. Aunque estas oportunidades son externas a los grupos movilizados, ellos mismos pueden crearlas o modificarlas con su actuación. En los factores internos destacan la disponibilidad de recursos materiales, organizativos, simbólicos; los significados y conceptos construidos por el grupo o el movimiento y que son compartidos socialmente para servir de puente entre las oportunidades para la acción colectiva y la realización de ésta. Este fenómeno social nos habla de dos cosas, la primera que no se ha implementado o generado una solución para bajar estos números de personas desaparecidas y no encontradas, y el número de familiares buscándolos, y la segunda que a nuestros gobernantes no les interesa tocar el tema y darle solución y nos piden que lo “superemos”, lo más reciente que se puede comentar es lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa (26 de septiembre de 2014), a quienes desaparecieron sin dejar rastro, pero a esos 43 habría que sumarles los miles que ya se han quedado en el olvido de las autoridades, “ni vivos, ni muertos” es lo que claman los familiares de los desaparecidos, en la marchas que organizan para la visibilización de este hecho ilícito. El lenguaje como medio del ser social 284 Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social Las desapariciones de personas La continuidad de proyectos se ve coartada cuando se violan los derechos de las personas, mediante la desaparición de la misma, decidiendo sobre ella, sobre sus bienes y patrimonio, no importando el caos que se genere al interior del núcleo que esta persona pertenencia, dejando a la deriva, tal vez a hijos, hermanos, padres, o cualquier otra persona, que también verá frenados sus proyectos, porque ahora dividirá su tiempo a la búsqueda del familiar, al andar cansado, tedioso y burocrático que significa ahora en día tener un familiar desaparecido y el cuidado de aquellos que dejo el que un día salió a trabajar, estudiar o a desenfadarse y ya nunca volvió, y con ello en el caso de quedar al cuidado de menores de edad, entrar en otro mundo burocrático para poder obtener la custodia o tutela del menor o de los menores en cuestión y llegar al momento de la explicación de por qué su mamá o su papá no han vuelto a casa, y el no fijar un día de retorno, y entonces ellos crecen también ya con estos proyectos un tanto frenados. Frente a la problemática que presenta el país y sin perder de vista, que uno de los primeros objetivos del país, debe y debiera ser la garantía de los derechos humanos de todos, en función el derecho a la seguridad y bienestar social, se deben buscar los formas de regresar a un Estado de derecho y la integración de la gobernanza y gobernabilidad del país. No obstante, no se debe olvidar que el problema por el que atraviesa el país a partir de sus desaparecidos es necesario regresarles la paz y dignidad a las familias de los desaparecido y encontrados muertos, si no se continuaría con la invisibilización de éstos y la constante violación a sus derechos humanos fundamentales de éstos y sus familiares. Esta necesidad de recuperar la paz y la dignidad, la vemos a través del lenguaje que utilizan los familiares de los desaparecidos, en las marchas que organizan para solicitar la búsqueda y localización de sus familiares, así como el encontrar información de las personas que asisten para apoyarlas, un lenguaje de solidaridad, de sororidad y de hermandad ante el dolor que es por la misma situación, pero vibra de diferentes maneras en cada uno de los integrantes de los colectivos. 285 El lenguaje analizado a través de los colectivos de familiares, la sociedad y las instituciones El lenguaje es el medio del ser social y de la autocomprensión, esta afirmación la podemos palpar, con los colectivos de familiares de desaparecidos, que están a nivel nacional, en el cual comparten un mismo lenguaje y hay cierta comprensión sobre la situación que les acontece, y que entre ellos llevan a cabo acompañamientos y asesorías del qué hacer, a dónde ir a buscar, cómo preguntar, darle palabras de aliento para seguir adelante, y no desistir en el camino, este tipo de organizaciones de individuos les da esa fortaleza y esa calidez que no encuentran en las instituciones que están hechas o se edificaron para la procuración de su seguridad. El lenguaje común es gobernado por normas sociales, y en este sentido Giddens (2018) establece que el lenguaje es el medio del ser social y de la autocomprensión. La verstehen depende de la pertenencia a un marco cultural de significado, o lo que Gademer denomina una “tradición”. Pude considerarse que la comprensión de períodos históricos distantes, o de culturas extranjeras, implica el establecimiento del diálogo entre tradiciones discrepantes. La tesis que de la historia es la expresión de la conciencia en expansión, que los seres humanos poseen de las circunstancias de su acción, se fusiona de esta manera —y se reduce a él— con el tema de que los seres humanos transforman el mundo material y a sí mismos a través del trabajo. Fuerzas que constriñen su autonomía racional para actuar, en esta parte me detengo un momento, y analizamos qué pasa cuando las familias de los desaparecidos salen a las calles a exigir ser visibles para la autoridad, el que su familiar no sea cosificado, el que su situación no se vuelva una situación más, en la que al igual que su carpeta de investigación ellos queden también en el olvido, se les deja actuar, se les crean más instituciones para la búsqueda de personas, se les invita a foros donde se habla de armonizar leyes estatales con leyes federales, para poder “garantizar” un mejor manejo de la situación, pero todo lo anterior sólo queda como un paliativo para alguien a quien hay que darle algo para que nos siga dejando caminar, y entonces con esto racionan el actuar de la sociedad, porque por un tiempo corto o largo no habrá una manifestación por parte de estos grupos hasta que nuevamente haya un detonante, y entonces habrá 286 Las desapariciones de personas que darles nuevamente un “paracetamol” tal y como en ocasión pasada lo hizo el gobernador del estado Enrique Alfaro, donde aseguró que no había una crisis forense, hasta incluso hizo del conocimiento de todos que aquel día todavía al instituto le quedan 89 espacios en gavetas (donde son resguardados los cuerpos, en el servicio médico forense), y a la vez externó que le hacía entrega de dinero al SEMEFO, para que con ello se ampliara el anfiteatro para que éste tuviera mayor capacidad de resguardo de cuerpos. La propagación de periódicos y otras publicaciones que no sólo colaboran con la opinión pública, sino que además contribuyen a formarla según lo mencionado por Giddens (2018), en la actualidad, Estado y sociedad se interpretan mutuamente: la esfera pública es comprimida o “refeudalizada” por el crecimiento de organizaciones a gran escala coordinadas con el gobierno, y por la comercialización de los medios. Como se ha mencionado que a partir del fenómeno de personas desaparecidas y de las encontradas sin vida dentro de las fosas clandestinas, se genera una crisis dentro de las instituciones, por lo que se ven en la necesidad de crear más instituciones que atiendan ese fenómeno de personas desaparecidas, pero todas bajo el subsidio del gobierno, por lo que todas dependen del mismo ente, del mismo punto que en lugar de resolver busca la manera de contener, al igual que con las fosas clandestinas y a ello se suma el número sin parar de personas sin vida que yacen en el servicio médico forense, pero ya esa parte ya está cubierta como se describió en líneas anteriores, con la ampliación del anfiteatro, tal parece que la solución no es el detener y resolver el fenómeno sino contenerlo. La crisis siempre es una amenaza contra la estabilidad del sistema social, en este sentido Habermas (2018) sostiene que el término “crisis” en sí mismo necesita aclaración. Originalmente, la palabra proviene del ámbito de la medicina, y de allí fue importado por las ciencias sociales. En medicina, se refiere a la fase de una enfermedad que determina si los procesos sanadores del organismo conducen a la recuperación del paciente o no. En el contexto de una enfermedad, una crisis no es simplemente una secuencian “objetiva” de hechos; es algo que el paciente experimenta, que toma la forma de una vulnerabilidad y contrasta con las capacidades normales del paciente como ser autónomo. Por lo tanto, hablar Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social 287 de una “crisis” implica otorgarle significación normativa a una serie de hechos, contraponiendo determinismo con liberación. Esta crisis por la que ciertamente está pasando el país, el Estado y la sociedad quienes son los que conforman a cada uno de los anteriores, y que sin estos individuos no pudieran existir, se visualiza que ciertamente estamos en un estado vulnerado, en el que no sabemos a quién temerle, a quién no, entonces frente a esta vulnerabilidad donde son unos cuantos quienes tienen tomado el control, como ya se había planteado líneas anteriores, estamos a la deriva y sobreviviendo día a día. El concepto de crisis, por lo menos en el contexto de la teoría critica, debe comprenderse en tanto une lo subjetivo con lo objetivo e involucra la experiencia del deterioro de la autonomía de la acción social bajo ciertas condiciones sociales definidas, en este sentido Giddens (2018) afirma que la integración social se refiere al “mundo de la vida”, “en el cual los sujetos que hablan y actúan se encuentran relacionados socialmente”, en tanto que la integración del sistema se encuentra relacionada con sistemas sociales concebidos de manera abstracta, los cuales, no obstante, habrán de considerarse arraigados a un orden normativo de símbolos. Es posible ver a la crisis como “problemas de dirección” no resueltos, de los cuales con frecuencia los actores en el “mundo de la vida” no son conscientes pero que se expresan en ese nivel a través de la tensión normativa y de una autonomía decreciente de la nación. Esta tensión normativa la vemos y la volvemos a mencionar con la institucionalitis y legislitis que tiene actualmente el Estado, en lugar de hacer una pausa, de seguir generando instituciones encargadas de lo mismo, y en lugar de seguir jugando con los individuos que son víctimas secundarias, y ver con qué herramientas cuenta y con qué instrumentos son los que puede trabajar, para en primer término, atacar la inseguridad y con ello bajar los índices de personas desaparecidas y posterior a ello, generar un cruce de información entre personas desaparecidas y cuerpos sin identificar, para estar en posibilidades de tener un número real de personas que están desaparecidas, y sobre ellas avocar las investigaciones, recurso humano y económico. 288 Las desapariciones de personas Significado de la persona en el núcleo social En la filosofía tradicional se denotaba esta diferencia con la distinción entre los “actos del hombre” y los “actos humanos”, concebidos estos últimos como los actos realizados con conocimiento y voluntad, y por eso se denominaban como “humanos”. La doctrina jurídica parte de esa distinción en su teoría del acto jurídico, el cual se considera como uno de los actos específicamente humanos, la doctrina jurídica parte de esta distinción en su teoría del acto jurídico, el cual se considera como uno de los actores específicamente humanos, a diferencia de los “hechos jurídicos” que ocurren con independencia de la voluntad. Schutz, en Perfiles y críticas en teoría social (2008) menciona que los fenómenos del mundo social implican el significado que los actores le dan, pero también la causa del acto y la causa de la interpretación. Lo anterior se puede pensar o analizar situado en la actualidad, en el sentido de qué significado tiene para la sociedad el cuerpo de una persona como tal, seguido del significado que tiene para ellos el que una persona desaparezca de un núcleo social y familiar, y no haya información al respecto de dónde pueda estar o cuál fue la causa o motivo de desaparición, en razón de que las desapariciones se volvieron un fenómeno social constante, que a la vez tiene un efecto en la sociedad y que tiene diversas maneras de interpretarse, tal como una incapacidad del gobierno para otorgar seguridad y un nulo Estado de derecho a sus habitantes, hasta la alza de violencia generada por una mal estrategia de confrontación a los grupos delictivos. Tomando algunos párrafos, Schutz dice que la comprensión del mundo se basa en experiencias previas, inmediatas y mediatas y las que se transmiten por los semejantes, principalmente familia y maestros, esto es el acervo de conocimiento, a través del cual se crea un marco lógico de referencia para explicar el mundo tanto para uno mismo como para los demás, y bajo ese proceso empiezan a crearse los aspectos o el carácter típico de las acciones y la intersubjetividad. De este modo, el mundo de la vida, se vuelve mundo cotidiano, espacio de la acción del sujeto donde la acción implica, si no obligatoriedad, sí necesidad en su actividad. Lo anterior se aterriza con una normalización de violencia en ambas esferas, tanto en el núcleo de las familias de los desaparecidos, siendo cada vez más normal el hecho de que a una persona conocida la desaparezcan, por motivos desconocidos, y a la vez dentro de los grupos delictivos o de la facilidad que puede Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social 289 ser el que una persona de alto rango dé la indicación de que “se desaparezca” a tal persona por no seguir indicaciones o la línea que se le había marcado, marcando con esto la facilidad de desaparecer a una persona y que el Estado no actuará en contra suya. Y se entra en un ir y venir de familias buscando a sus desaparecidos y de grupos delictivos y grupos de poder desapareciendo personas. La exclusión como estrategia y táctica de poder Uno de los grandes problemas que enfrenta el país es la violencia generada por el crimen organizado y la guerra en contra de éste, mismo que ha coadyuvado a la ruptura del tejido social a partir de violentar el Estado de derecho de sus habitantes. Lo cual ha traído como consecuencia un incremento en las personas desaparecidas, encontrados muertos, y clasificados como NN, rebasando el sistema de identificación de los SEMEFOS del país. Lo anterior ha significado la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales y dentro de ellos el derecho humano a la dignidad humana, de los cuales muchos de ellos han quedado sin ser identificados, dejando a la familia en una constante incertidumbre e incrementando con ello la huella de la violencia. Una comprensión de la acción humana debe captar la continuidad de proyectos que se despliegan en el tiempo, en el contexto de distintas estratos de relevancias, en este sentido para Naqvi (2006), las desapariciones forzadas de personas y otras violaciones manifiestas de los derechos humanos durante períodos de violencia masiva extrema auspiciada por el Estado, particularmente en diversos países de América Latina, pero también en otras partes del mundo, dieron lugar a una interpretación laxa del concepto del derecho a recibir información sobre las personas desaparecidas, y condujeron a la identificación y al reconocimiento del derecho a la verdad por parte de diferentes órganos internacionales, en particular la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dichos órganos invocaron en forma creciente este derecho a fin de hacer valer y reivindicar otros derechos humanos fundamentales, como el derecho al acceso a la justicia y el derecho a recursos eficaces y a la reparación. 290 Las desapariciones de personas La ONU se ha manifestado a favor de los derechos fundamentales, referentes al derecho humano a la identidad, dignidad humana y su relación con los derechos humanos. Donde la ONU, señalando que las familias de las personas desaparecidas en conflicto u otras situaciones violentas, deberían disfrutar del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Se establece esto, en función de lo acontecido en varios países desde 1980, sobre los desaparecidos por diferentes circunstancias, entre ellos la desaparición forzada, en la cual México y Colombia tienen una larga historia, en donde, además se han encontrado funcionarios públicos involucrados. En la búsqueda de la verdad, el hombre presupone su existencia que puede ser descubierta mediante la ciencia y la filosofía. Comprender lo que la cosa es, conocer su estructura, es decir la descomposición del todo mediante el concepto y la abstracción, el aislamiento de los fenómenos y el desdoblamiento de la realidad en lo esencial y lo secundario, por su parte Naqvi (2006) establece que al igual que las garantías procesales, el derecho a la verdad surge después de cometerse la violación de otro derecho humano, y aparentemente, es violado cuando las autoridades no proporcionan información particular sobre la violación inicial, sea mediante la revelación oficial de información o la aparición de esa información a raíz de un juicio, sea a través de otros mecanismos cuyo objetivo es esclarecer la verdad. La ONU cuenta con instrumentos legales para la protección de los derechos, y para ello se apoya en el Consejo de Seguridad, mismo que se encarga de la vigilancia y cuidado de los derechos humanos en zonas de conflicto, pudiendo utilizar medidas coercitivas en el caso de violación como: sanciones económicas, embargos de armas, penalizaciones y otras más. Sin embargo, no se conoce que se le haya aplicado ninguna sanción a México, por lo que está aconteciendo, pese a que se violan de manera sistemática los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 3, 8 y 22, en donde se señala que tenemos derecho a la vida, liberta y seguridad, y que tenemos derecho a que se nos ampare contra actos que violen nuestros derechos fundamentales, así como derecho a la seguridad social y la dignidad. La realidad que el sujeto ha adquirido del fenómeno de desapariciones es una en la que no pasa nada, si vulneras los derechos de otro sujeto, porque el Estado Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social 291 se ha visto tolerante ante esta situación, al no existir un freno de estas actuaciones, por lo que el fenómeno se percibe con total desinterés La representación con frecuencia es contradictoria respecto de la realidad, por lo que entender el fenómeno es explicar cómo se evidencia la estructura de las cosas (esencia) en la representación de éstas. La cosa es cualquier parte del mundo material con existencia y hasta cierto punto independiente y estable. En la búsqueda de la verdad, el hombre presupone su existencia que puede ser descubierta mediante la ciencia y la filosofía. Comprender lo que la cosa es, conocer su estructura, es decir la descomposición del todo mediante el concepto y la abstracción, el aislamiento de los fenómenos y el desdoblamiento de la realidad en lo esencial y lo secundario. La intervención de la corte interamericana de los derechos humanos, de la convención y demás organismos de nivel internacional en relación con los derechos humanos, revela la magnitud del problema y de la crisis en la que nos encontramos como Estado y es desalentador observar, leer o escuchar que nuestros gobernantes uno tras otro siguen invisibilizando el problema, restándole importancia, mientras que es la misma ciudadanía la que trata de recuperar a sus familiares de alguien que no tiene un rostro, un domicilio, siguen luchando contra un sistema, que en lugar de apoyar entorpece las pesquisas que pudiesen indicar qué pasó, en qué momento “alguien” decidió que ya no debería seguir en el núcleo de nuestra sociedad, y luego leemos todas las instancias que se han creado para defender el derecho a la verdad, para defender la obligación que el Estado tiene hacia sus gobernantes, de explicarles lo sucedido, esto no es más que un indicador de que el problema de desapariciones en nuestro Estado es grave, que estamos cosechando lo que mal se empleó lo que mal se diseñó la guerra contra el narco que no resolvió nada solamente dejó cerca de 85,53 familias en una ignominia a nivel nacional. Dominar las fuerzas peligrosas de nuestra sociedad no es asimilarlas sino excluirlas, en este sentido para Foucault (2016) el estatus que en una sociedad como la nuestra se da a los delincuentes, las minorías étnicas, religiosas y sexuales, los enfermos mentales, los individuos que quedan fuera de los circuitos de producción o de consumo; en síntesis, a todos los que podemos considerar como anormales o desviados. En este sentido todos los que menciona con anterioridad Foucault, son los que en su momento podemos referir que no son indispensables, o como en algunos momentos pueden llegar a decir algunas personas de la sociedad: “A él qué bueno que lo desaparecieron, estaba enfermo” o “no hay problema, un delincuente menos en la sociedad”, generando con esto una despersonalización del individuo, o queriendo hacer pensar que con esa condición el individuo vale menos, o significa menos que el resto de la sociedad, entonces no tendríamos por qué tener empatía con su situación. La noción de exclusión nos da el estatus del individuo excluido en el campo de las representaciones sociales, es aquí donde el excluido aparece como tal, ya no se comunica con los otros en el nivel del sistema de representaciones, en este sentido Foucault (2016) nos dice que la exclusión sería el efecto representativo de una serie de estrategias y tácticas de poder, que la noción deja que recaiga sobre la sociedad en general la responsabilidad del mecanismo en virtud del cual el excluido queda excluido. En otras palabras, no sólo se omite el mecanismo histórico, político, de poder, sino que existe el peligro de incurrir en un error en lo concerniente a la instancia que excluye, porque la exclusión parece referirse a algo así como un consenso social que rechaza, cuando, en realidad, detrás de esto hay tal vez unas cuantas instancias de poder perfectamente específicas y por consiguiente definibles que son responsables del mecanismo de la exclusión. Parecería aberrante creer o pensar que quienes están obligados a proporcionarnos los mínimos de seguridad, certeza, equidad, justicia y libertad, sean los mismos que nos coaccionen estos derechos, pero nuestra realidad es otra, tenemos una ley a nivel federal enfocada a la desaparición forzada y ésta no es otra cosa más que la desaparición llevada a cabo o por alguna persona con el visto bueno del Estado, todas estas personas que en su momento les “estorbaron” o dijeron o sabían algo que no tenían que saber; así que lo que Foucault comenta en su libro La sociedad punitiva no está nada alejado de la nuestra actualidad, ya que el mismo Estado se ha encargado de generar esta exclusión de sus propios miembros, al hacer declaraciones como las que Tamez Guajardo realizó cuando se localizaron las fosas clandestinas en la primavera, comentando que se habían encontrado bolsas 292 Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social En busca de la verdad Las desapariciones de personas 293 con restos humanos, pero que de los cuerpos que se habían logrado identificar se tenía registro que pertenecían al crimen organizado, pretendiendo generar con ello un nulo interés en la manera en que fueron violentados. Se habla de la guerra de todos contra todos como existía antes del pacto social y, entonces, ya no se trata de una guerra civil sino de la guerra natural, y, desde el momento en que hay contrato, la guerra civil no puede ser más que la prolongación monstruosa de la guerra de todos contra todos en una estructura social que normalmente debería ser regida por el pacto, en este tema Foucault (2016) establece que una guerra civil la cual dice que no es otra cosa que el efecto-retroactivo, en cierto modo de una guerra exterior sobre la ciudad misma, el reflujo de la guerra de este lado de las fronteras: aquí, es por tanto la proyección monstruosa de la guerra exterior sobre el Estado. Tanto en uno como en otro análisis, la guerra civil es el accidente, la anomalía y lo que hay que evitar, es la medida misma en que es la monstruosidad teórico-práctica, asimismo siguiendo el tema de la guerra civil, Foucault menciona que esta guerra es la matriz de todas las luchas de poder, de todas las estrategias del poder y, por consiguiente, también la matriz de todas las luchas acerca del poder y contra él. Tal pareciera que en esta declaratoria de guerra contra el crimen organizado, que se declaró en un sexenio anterior al que nos ocupa actualmente, pero que sigue habiendo consecuencias de la misma, puesto que fue una declaración de guerra sin una estrategia en la cual se procurara o se cuidara al civil, es una guerra a la cual no se le ve fecha de término, al contrario, da la impresión que, conforme pasan el tiempo y los gobernantes, ésta tomará mayor fuerza y su único objetivo fuera el de terminar o, ¿por qué no decirlo?, aniquilar a la sociedad misma. Foucault hace mención de que Julius no hace otra cosa que transcribir en el registro que le es propio lo que Napoleón mismo dijo o hizo decir, dado que en la introducción al Código de Instrucción Criminal encontramos lo siguiente: podéis juzgar que ninguna parte del Imperio está privada de vigilancia; que ningún crimen, ningún delito, ninguna contravención deben quedar sin perseguirse, y que el ojo del genio que sabe animarlo todo abarca la totalidad de esta vasta máquina sin que se le escape empero el más mínimo detalle (Foucault, 2016. p. 32). 294 Las desapariciones de personas Y con referencia a la función precisa del fiscal, el texto proseguía: el fiscal es el ojo del procurador general, como el procurador general es el ojo del gobierno. Gracias a una comunicación activa y fiel del fiscal imperial con el procurador general, y del procurador general con el ministro de su Majestad, pueden conocerse los abusos que se cuelan en las instituciones, la tibieza que se apodera de las personas, la indiferencia que puede perdonarse en un particular, pero es un vicio en un magistrado; y, si se supusieran laxitud, debilidad o disimulación en las comunicaciones de los procuradores generales e imperiales, el mal haría progresos inmensos antes de estallar y, sin necesidad de crisis alguna, nos encontraríamos de improviso ante un vasto estado de languidez y muy cerca de la decrepitud. Los cuerpos reclaman su identidad e historia y los familiares requieren y tienen derecho a saber qué pasó. Por lo que, derivado de la falta de respuesta por parte del gobierno, los familiares se han organizado en asociaciones civiles, que se encuentran integradas mayormente por personas que al igual que las demás tienen un familiar desaparecido y que se unen a la lucha de otros cientos o miles que buscan el saber qué fue de sus hijos, esposos, hermanos, sobrinos, nietos, etcétera. Conclusión Este documento se centra en el enfoque de los derechos humanos fundamentales, considerados como la herramienta que fomenta el respeto a la dignidad humana, inherente a la naturaleza de cada persona, porque sin ellos no es posible realizarse plenamente como ser humano. Por lo que el derecho a contar con una identidad permite, a su vez, el respeto a los derechos de los familiares a conocer el destino del cuerpo de las víctimas fallecidas bajo cualquier circunstancia. Una visión global sobre el fenómeno de la desaparición permite percibir que no afecta únicamente a las víctimas directas, los desaparecidos, sino también a sus familiares, quienes, de un momento a otro, se vieron obligados a lidiar con una situación de abandono e incertidumbre que no ha cesado con el paso del tiempo (Peralta, 2002). Por lo que se puede generar la percepción de que no existe un Estado de derecho que garantice los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de sus derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos Los derechos humanos en las familias de los desaparecidos y la teoría social 295 Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado: una mirada desde el ámbito jurídico y comunicacional consagrados en ella, en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos. Bibliografía Comité Internacional Cruz Roja (octubre 2003). Obtenido de https://www.icrc. org/es/doc/assets/files/other/personas_desaparecidas_y_recomendaciones_ desparecidas.pdf Foucault, M. (2016). La sociedad punitiva. Buenos Aires, Argentina. Fondo de Cultura Económica de Argentina. Giddens, A. (2018). Perfiles y críticas en teoría social. Buenos Aires, Argentina. Prometeo Libros. La agencia de la ONU para los refugiados, comité español. Mayo 2018, ¿Qué es un conflicto armado según el Derecho Internacional Humanitario? Recuperado de https://eacnur.org/blog/que-es-un-conflicto-armado-segun-el-derecho-internacional-humanitario-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ La persona humana. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/ bjv/libros/4/1939/7.pdf Lafer, Celso (1994). La reconstrucción de los derechos humanos. Un diálogo con el pensamiento de Hanna Arendt. México, Fondo de Cultura Económica. Lidia Arista. 85 053 personas están desaparecidas en México, según la Segob. Recuperado de https://politica.expansion.mx/estados/2021/04/08/85-053-personas-estan-desaparecidas-en-mexico-segun-la-segob Naqvi, Y. (2006). El derecho a la verdad en el derecho internacional ¿realidad o ficción? N. 862 de la version original. Ginebra. Internstional Review of the Red Cross. Solís, B (s.f). Evolución de los Derechos Humanos. Obtenido de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3100/9.pdf Villareal, M. (2016) Los colectivos de familiares de personas desaparecidas y la procuración de justicia. Revista Scielo. Versión online ISSN 2007-4964. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-49642016000100007 296 Las desapariciones de personas Amado Ceballos Valdovinos Lizbeth López Ramírez Linda Estefany Illanes Gómez Camila Sofía Ceballos Gómez Introducción En este capítulo que presentamos reflexionamos en torno a, en un primer momento, el pasado reciente respecto de la desaparición forzada. Es impensable al detallar esta cuestión, no pasar por los sucesos y represión de 1968, la Guerra Sucia, la toma del cuartel Madera y la crisis actual entre otros, asimismo queremos poner del conocimiento actual cómo ha venido tratando la presa el tema de la desaparición de personas sin justificación alguna. Por otro lado, señalamos cómo a pesar de ser una conducta delictiva a todas luces, el derecho formal de manera rara, extraña o interesada en su caso, la mantenía como una conducta atípica, y cómo ahora, gracias a dos factores; uno internacional como son los convenios internacionales (la cuestión de la venturosa convencionalidad), y por otro la presión de la sociedad civil es que se ha legislado y es ya reconocida como delito contenido en las leyes penales. Con este capítulo queremos abonar a la permanente reflexión sobre el uso de la violencia del Estado aunada a la acción concertada entre particulares con ese fin. Los desaparecidos nos faltan a todos¨. Ofelia Medida, actriz y activista “Hoy en nuestro México, nuestra principal preocupación es la inseguridad. Los noticiarios radiofónicos y televisivos [297] empiezan siempre con los crímenes más espeluznantes del día. o con casos sonados de secuestros, asaltos y extorsiones. Los periódicos no cantan mal las rancheras, de modo que nuestra actualidad está plasmada de una crónica permanente de muerte: desaparecidos, fosas comunes, ADN... esas tres letras han tomado un significado horrible”. Jean Meyer, historiador La desaparición forzada se ha convertido en uno de los temas más recurrentes a lo largo de los años; poco a poco este delito, tal como veremos más adelante ha ido evolucionando en el transcurso de la historia, desde su origen hasta su tipificación en los ordenamientos legales actuales, especialmente hablando de la historia de México; como se verá en estas líneas durante aproximadamente cuatro décadas han existido grandes cambios respecto a dicha problemática, empezando con el perfil de las víctimas, el modus operandi y desde luego en los sujetos activos que intervienen. Asimismo, dichos cambios no sólo han cobrado relevancia en esos aspectos, sino también en la legislación nacional e internacional de ahora en día, en la exigencia de familiares por encontrar a sus desaparecidos y por supuesto en la reacción del pueblo respecto al tema. Siendo para ello pertinente reflexionar el tema con estadísticas y con un lenguaje más numérico ya que tal como lo mencionan diversos periódicos, de acuerdo con los últimos cálculos oficiales, emitidos por el gobierno mexicano, en el país hay más de 85 000 personas desaparecidas, donde el 76% de dichas desapariciones se concentra en los estados de Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Estado de México (La Jornada, 8 de abril de 2021). Sin embargo, estas estadísticas se contrastan con lo expuesto por la sociedad civil que tras la impunidad del gobierno ha decidido actuar, buscando las respuestas que se le han ocultado, ingresando para ello a escenarios peligrosos, arriesgando su propia vida, sufriendo impotencia, dolor e incluso terror. Pues tal como lo señala el documental titulado “Ni vivos Ni muertos” (2014) desafortunadamente el 99% de las desapariciones forzadas denunciadas terminan siendo olvidadas, agreguemos a ello la cifra negra que sin duda existe en nuestro país, esos delitos que se cometieron, pero no se denunciaron, por distintas razones: amenazas a las víctimas, poca credibilidad en la eficacia del Estado para investigar, miedo, sobornos, extorsión. No se debe perder de vista que existen múltiples testimonios de familiares que a raíz de una denuncia o previo a ella son víctimas de amenazas, a través de llamadas telefónicas o mensajes anónimos, que tienen como finalidad inculcar miedo y provocar que muchos de los casos, no sean publicitados y en consecuencia no formen parte de la cifra que el gobierno presenta a la sociedad. Es por tales razones que, en esta aportación, nos resulta interesante y hasta un poco necesario abordar más a detalle tal cuestión y tropezar con un posible análisis de lo que ahora se conoce como desaparición forzada; para ello, el presente capítulo está fragmentado en cuatro subtemas; donde en un primer término se realiza un breve recuento histórico de los sucesos más emblemáticos que han marcado el desarrollo de la desaparición forzada en nuestro país; posterior a éste se establece un estado de la cuestión, el cual dará respuesta a las siguientes interrogantes: ¿qué se ha indagado en el tema? y ¿cuál ha sido el papel de las ciencias sociales en el ámbito investigativo y de difusión científica?; una vez concluido se prosigue con un análisis del papel de los medios de comunicación en el acallamiento o difusión del tema; para finalizar con la desaparición forzada y su reconocimiento como delito, ¿qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación?, ¿cuál ha sido la intervención de los organismos internacionales? En ese entendido, para dar inicio a esta intervención, recordemos el contexto en el que se encontraba el país durante las décadas sesenta y setenta que es de donde partiremos especialmente en estas líneas; como recordaremos de nuestras clases de historia, México se encontraba bajo un régimen de gobierno autoritario, especialmente dominado por el partido político denominado Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde la desaparición forzada empezó a ser utilizada como una estrategia política, una estrategia para erradicar a cualquier sujeto u organización que fuera contrario a los ideales partidistas dominantes, siendo el estado de Guerrero el primer escenario donde se materializó concretamente dicha figura, especialmente con el que se llegó a denominar el Partido de los Pobres (PDLP) encabezado principalmente por el profesor Lucio Cabañas, grupo 298 Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado Breve repaso histórico de la desaparición forzada en México Las desapariciones de personas 299 guerrillero que estaba integrado principalmente por campesinos, y tal como lo menciona Salgado (1987) esa “lucha campesina de copreros y cafeticultores que surgió en la región de Atoyac en los años cincuenta y sesenta fue un esfuerzo por combatir los cacicazgos y generar organizaciones independientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI)” (p. 220; citado por Ávila, 2016). Siendo en estas décadas donde se localiza el primer caso que se tiene registrado en medios de comunicación, que se encuadra en lo que después se tipificaría como desaparición forzada; éste es el caso de don Epifanio Avilés Rojas, quien fue detenido por autoridades militares el 19 de mayo de 1969 en Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero, quien de igual forma era parte de la ACNR (Asociación Nacional Revolucionaria) dirigida por el también profesor Genaro Vázquez Rojas, cuyos miembros, al igual que el Partido de los Pobres, fueron testigos de una de las mayores represiones brutales y sistémicas del entonces partido político que se encontraba en ese momento en la presidencia de la República Mexicana. Posterior a ello surgieron nuevos grupos guerrilleros en el estado, entre los más relevantes encontramos: “La Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres”, “Frente de Defensores de la Escuela Juan N. Álvarez” quienes fueron igualmente víctimas del período de represión, violencia y desapariciones forzadas por parte del Ejército Mexicano en donde “los soldados mexicanos secuestraban y torturaban a los civiles para obtener información sobre los guerrilleros, muchos de los cuales simplemente desaparecieron” (Rodríguez, 2017, p. 253). Asimismo el surgimiento de una serie de movimientos sociales encabezados dentro de las que rescatamos el movimiento estudiantil de 1968, en donde “los estudiantes salieron a las calles como medio de contestación a las violentas represiones que sufrían a manos de los policías. Los estudiantes estaban cansados del autoritarismo y exigían espacios de diálogo y entendimiento con las autoridades, la respuesta del gobierno fue represiva, mandando a las tropas del ejército a tomar diversos campus educativos, entre ellos el de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional (UNAM). El momento más trágico dentro de esta movilización estudiantil fue la llamada matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre del mismo año”. (Rodríguez, 2017, p. 255). Estos movimientos tuvieron una repercusión importante a largo plazo, pues, aunque fueron reprimidos o silenciados, cimbraron las estructuras de control y dominio de las élites gobernantes y contribuyeron a la democracia (Fuentes, 2005). Poco tiempo después la desaparición forzada siguió alimentándose principalmente de cuestiones políticas, en donde desaparecían personas con algún tipo de relación directa con guerrillas o luchas de izquierda, hasta el grado de que se fueron involucrando como sujetos activos ya no sólo el Ejército, sino otras instituciones estatales y federales; y donde el principal sujeto pasivo se encuadraba en personas jóvenes entre los 14 y 30 años. Por su parte en 1970 la desaparición forzada fue utilizada como un método de castigo por las personas que tenían el poder, donde su modus operandi “no se limitaba a la actuación aislada de funcionarios, sino a un fenómeno de carácter generalizado y operado por los cuerpos de las instituciones de seguridad, grupos paramilitares y organizaciones criminales” (Gravante, 2018, p. 14). Derivado de todo lo que aconteció en el período que se conoce como la “Guerra Sucia” y tras la reacción del gobierno mexicano, fue que algunos de los familiares de las víctimas, no se quedaron conformes con la impunidad por parte del gobierno mexicano sobre el tema, por lo que decidieron acudir a instancias internacionales, donde en el año de 1974 se manifiesta el caso de desaparición forzada más relevante para el Estado mexicano, el cual revolucionó el tema en el país, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos logró que México realizara por primera vez un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la desaparición, y un remedo de reparación del daño y de acciones estatales de desagravio. Además de múltiples y decisivas repercusiones culturales, constitucionales y jurisdiccionales que elevaron, como nuevo eje articulador de la Constitución, la defensa y protección de los derechos humanos (Carrillo, 2010, p. 44). Condenando al país a “una serie de obligaciones que van desde la reparación del daño, pasando por la petición pública de disculpas y la reivindicación de la víctima, además de recomendaciones de reforma jurídica como en el caso del llamado “fuero militar” (Carrillo, 2010, p. 120). Es así como, en el año 1977, se creó el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados por motivos políticos, donde su lucha central era contra la desaparición forzada, siendo así la primera agrupación nacional que atendía dicha problemática. 300 Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado Las desapariciones de personas 301 Unos años después el perfil de los desaparecidos empezaba a cambiar ya no sólo se trataban de civiles sino también de integrantes de las mismas fuerzas de seguridad del Estado como una medida de ajuste de cuentas o de silenciamientos de personal dentro de las diversas instituciones públicas. A raíz de ello en 1990 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien retomó algunos casos de desaparición forzada, incluso creó por un corto período el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos, que fue suspendido poco tiempo después, sin tener un buen avance en el tema, dicha comisión también se encargó de abordar el tema a través de informes especiales e investigación sobre presuntos desaparecidos. No es hasta el año 2002 con el cambio de régimen político en la presidencia, cuando el Partido Acción Nacional brindó la posibilidad de investigar crímenes de Estado del pasado reciente en tema de desaparición forzada. Posterior a este año sucedieron una serie de acontecimientos y sucesos que marcaron la historia de desaparición en México, y que en su momento llegaron a oídos de instituciones que protegen y defienden Derechos Humanos como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre los casos encontramos: el caso de Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, periodistas del noticiario TV Azteca Noreste que desaparecieron en 2007 o el de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz que en 2007 también fueron desaparecidos por elementos del Ejército o en el 2011 el caso de Nepomuceno Moreno padre de un desaparecido, que falleció sin causa alguna. En ese sentido, como lo menciona Corcuera (2010), en México no tenemos una ley de amnistía, pero sí tenemos otros obstáculos que producen impunidad, como por ejemplo la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, el principio de no retroactividad y la falta de garantía de imparcialidad de la justicia dentro del sistema militar; además de una falta de voluntad política para resolver el problema. Es así como mientras dichos problemas no sean resueltos, no sean considerados por el gobierno como de real importancia, la desaparición forzada seguirá siendo sólo carpetas de investigación inconclusas y olvidadas, manifestaciones sin respuestas y múltiples hijos, hermanos y amigos desaparecidos. Siguiendo con nuestro recuento histórico y ya en el período de Enrique Peña Nieto tras la guerra contra el narco se reconoció que las fuerzas de seguridad habían excedido sus facultades y funciones legales y había violentado derechos 302 Las desapariciones de personas humanos, por lo que en el 2014 se crea el Plan Nacional de Derechos Humanos para combatir algunas de estas violaciones entre ellas la de desaparición forzada. Pero en este mismo año sucede un gran retroceso en el tema donde el estado de Guerrero vuelve a ser foco de los medios de comunicación y por supuesto del tema motivo de este libro, ya que la noche del 26 de septiembre, se llevó a cabo la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparición que hasta la actualidad, es decir cinco años después no ha sido aclarada, sino que ha sido el emblema de múltiples manifestaciones, de familiares, amigos y del mismo pueblo que exige respuestas, que exige un cambio en el país, que exige un gobierno justo y trasparente, y que exige que la desaparición forzada por fin deje de ser una asignatura pendiente para México. Ya en el período actual, con el cambio de gobierno y la constante lucha contra la delincuencia, México se encuentra entre los países con más casos de desaparición forzada en la historia de América Latina, sin existir razón o motivo para ello, sino que, al contrario, cada día las cifras aumentan, cada vez hay más familias en busca de un hijo, hija, hermana, hermano, padre o madre; cada vez hay más carteles de búsqueda y preguntas sin responder. Tal como lo menciona el artículo periodístico “Desaparición forzada: tragedia y esperanza” (La Jornada, 31 de agosto de 2019): sólo queda retomar las palabras de los padres y madres de las personas desaparecidas, en el sentido de que la buena voluntad mostrada por el gobierno debe convertirse en acciones concretas, cuyas primeras manifestaciones pasan necesariamente por la asignación de un presupuesto acorde con la magnitud de la tarea, y por el compromiso de todas las autoridades en la consecución de la meta: presentación con vida y castigo a los culpables. De lo contrario sólo podemos estar hablando de promesas incumplidas, de corrupción, de malos funcionarios y servidores públicos y claro está de un país donde las personas pueden ser desaparecidas, sin razón y castigo alguno. Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado 303 Algunas referencias preliminares en torno a la desaparición forzada Según el derecho penal, particularmente la teoría del delito señala que éste para considerarse como tal debe reunir una serie de elementos los cuales son una conditio sine qua non en la conformación del mismo, primero una conducta que encierre una acción u omisión dolosa o culposa, es decir que la acción u omisión sea, o bien con toda la capacidad de querer y entender sobre el actuar dañino y saber conscientemente que se está ante el supuesto de un delito y aun así se realiza, y la otra posibilidad es que se esté cierto de la acción pero que no hay la voluntad de dañar pero que no se tiene los deberes de cuidado y previsibilidad. Por otro lado, debe tener esa conducta un resultado de daño en la persona que sufre la acometida, en sus bienes posesiones o derechos, asimismo que exista el nexo causal entre la acción y el daño, por tanto, existe sin duda uno o varios justiciables a los que en derecho se les conoce como sujetos pasivos del delito. También la teoría, que a la postre se ve materializada en las sentencias judiciales, señala que la conducta debe ser antijurídica, es decir que se actúe contra lo establecido o señalado como norma por los corpus legales, que sea contrario a la sana convivencia. Aunado a lo anterior, otro elemento menciona que el sujeto que comete el delito deba ser completamente imputables es decir que no sea menor de edad o que tenga un estado de interdicción o causa alguna que demuestre la capacidad de querer o entender cabalmente el hecho jurídico. Si así sucediera el ser es incapaz de recibir una sentencia. La conducta debe contener otro elemento muy importante: la posibilidad de que el juzgador imponga una pena, ya que esa sanción estará contenida en la ley penal, razón de que ésta no resulte violatoria de derechos fundamentales. Si alguno de esos elementos faltara en la conducta atribuible a alguien, simplemente no se podría imponer una pena. Esperamos no resultar muy técnicos jurídicos, estimamos no se nos considere tampoco formalistas en este apartado, pero consideramos pertinente señalarlo porque, como se demostrará líneas adelante es la forma en que el Estado pudo disfrazar por años la negativa para caracterizar como conducta delictiva la desaparición forzada. Hemos dejado deliberadamente el último elemento del delito para el final ya que en él se funda la posibilidad real de criminalizar el actuar del Estado como 304 Las desapariciones de personas sujeto activo del delito de desaparición forzada o de quien actúe en su nombre y beneficio: la tipicidad, que sirve como base para fundar este elemento un designio constitucional que dice “en materia penal nadie podrá ser juzgado por analogía o por mayoría de razón, si no que deberá fundarse estrictamente en los extremos de la ley”(art. 17, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), a fin de dejar subsistente de manera progresiva los derechos fundamentales. Bueno, ¿en qué consiste este elemento? Pues nada más y nada menos en que si la conducta no aparece debidamente descrita en la ley penal, aunque reúna los otros elementos, ésta no será considerada como tal, es decir no será considerada como delito, en tanto no sería susceptible de condenar. Como observamos ésta fue la base para el actuar impune y arbitrario del Gobierno mexicano, así pasó en todos los movimientos sociales del México moderno, y en los últimos diez o quince años, también con el actuar de particulares en contubernio con el Estado. Sirva este apartado como corolario a la reflexión más amplia que se hace en los subcapítulos siguientes. La prensa, ¿una ventana a la realidad mexicana? En la historia de México, es el silencio, siempre impuesto por otros (así, en masculino), el mejor molde de nuestra memoria colectiva, y en consecuencia, de la manera en que observamos el presente y construimos el futuro. Es innegable, además, la fuerza con que la prensa mexicana modela la opinión pública y la participación social. En ese sentido, y con la intención de profundizar en la comprensión de la desaparición forzada como una asignatura pendiente del Estado mexicano, nos parece de vital importancia el análisis del tratamiento que los periódicos del país brindan a través de sus notas a una serie de casos significativos de desaparición forzada. Para dicho análisis partimos de las teorías de la comunicación que abordan el estudio de las noticias como construcción social de la realidad, cuyo origen se remonta a la sociofenomenología propuesta por Alfred Schutz en las décadas de 1940 y 1950 y plasmada en su obra Collected Papers. Al delimitar el campo de análisis al estudio de la actividad periodística y la producción de noticias, es inevitable retomar al teórico Giorgio Grossi cuando manifiesta que el reconocimiento de la dimensión cognitiva, el estudio de Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado 305 la objetividad y de la problemática planteada por la narración de lo real y la capacidad de selección ejercida por el profesional de la información, representan los elementos centrales que han motivado a la aplicación de la sociofenomenología al estudio de la actividad comunicativa (Grossi, 1985 en Saperas, 1987, p. 145). Así, los estudios de Grossi afirman que es correcto hablar de información como construcción de la realidad, entendiéndose en el ámbito de investigación comunicativa como la producción de sentido mediante la acción de las prácticas productivas y de las rutinas organizativas de la profesión periodística, regido a través prácticas institucionalizadas y mecanismos de autolegitimación (Grossi, 1985 en Saperas, 1987, pp. 147-148). Se revela entonces el periodismo como parte del origen del proceso de construcción de la realidad social, pero no podemos olvidar que, al ser un proceso permeado por la intersubjetividad, depende de las rutinas profesionales propias del periodista, las competencias discursivas del mismo, y la confrontación de lo anterior con la realidad cotidiana del público receptor. Históricamente los mecanismos de institucionalización y autolegitimación que refiere Grossi han representado el medio idílico para legitimar el statu quo a través de los medios de comunicación y, específicamente, la prensa. Legitimar lo presente, el silencio de las y los desaparecidos, el grito de familiares en la búsqueda de eterna, la corrupción de autoridades y la falta de respuestas, es legitimar la violencia en sus niveles sistémico, simbólico y físico, y representa limitar a las víctimas a una existencia sin pasado ni futuro distinto. Es por ello que resulta de vital importancia el análisis del trato que la prensa ha prodigado al dolor de un país entero, a una problemática que permea la historia de México. Es crucial observar, reflexionar y cuestionar el silencio en el que la prensa entierra los miles de casos de desaparición forzada en México, y los discursos con los que moldea a víctimas y victimarios. En ese sentido, el análisis de notas periodísticas descubre el tratamiento mediático de cinco casos de desaparición forzada relevantes en la historia y la memoria de nuestro país: 2 de octubre de 1968, la Guerra Sucia, la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, el caso Ayotzinapa y la desaparición de Conny Caraballo en el estado de Colima. Los primeros cinco casos fueron seleccionados por su alto nivel de alcance mediático (regional, nacional e internacional) y por su representatividad de la problemática que es la desaparición forzada. El último caso fue seleccionado como una mirada local al espacio inmediato de análisis de las autoras y autor, pues se trata del primer caso de desaparición forzada (así legislado) en el estado de Colima. Gaye Tuchman afirma que “la noticia es una ventana al mundo [...] la noticia tiende a decirnos qué queremos saber, qué necesitamos saber, y qué deberíamos saber” (Tuchman, 1983 en Saperas, 1987, p. 50). Bajo estas premisas, comprendiendo que la producción noticiosa no es el resultado de una simple acción selectiva de la información a comunicar, sino que es una acción orientada a la construcción social de la realidad, nos aproximamos al análisis de nueve notas periodísticas de cinco periódicos digitales nacionales, La Jornada, El Universal, Gatopardo, Aristegui Noticias y El Proceso y un periódico regional (Diario de Colima) para, a través del método de análisis de contenido, identificar los siguientes aspectos de las notas periodísticas: 306 Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado Las desapariciones de personas • El titular y su papel al contextualizar una noticia, en el entendimiento de que la forma en que el medio de comunicación describe el evento noticiable, enmarca y modela al evento mismo. • Los actores clave en el caso, y la forma en que cada noticia los describe, enfocándonos principalmente en la relación inseparable entre víctima y victimario(s). • Palabras significativas: aquellas expresiones que funcionen como manifiesto directo de un proceso subjetivo de tratamiento de la noticia. Finalmente, en la intención de establecer el fenómeno de desaparición forzada como una “asignatura pendiente” en la historia de México, la selección de noticias está limitada a dos por caso: una cercana a la fecha del incidente, y una actual. 307 Tabla 1 Notas analizadas Caso Periódico de origen Nota 1 2 de octubre de 1968: Matanza de Tlatelolco. El Universal Nota 2 Fragmento Titular Nota 1 La Jorna- Tlatelolco, Camda po de Batalla. Fecha de publicación: 3 de octubre de 1968. Nota 2 Nota 1 Nota 2 La noche de Tlatelolco. Calificando a los estudiantes como agitadores y terroristas, relata cómo durante más de dos horas e incluso en la madrugada tanto Ejército como manifestantes se enfrentaron en Tlatelolco, calificando la zona donde sucedieron los hechos como un campo de batalla. El movimiento estudiantil de 1968 no se reduce al 2 de octubre y, al mismo tiempo, es imposible narrar los acontecimientos estudiantiles sin mencionarlo. La fecha constituye una de las referencias más importantes de la historia contemporánea de México. La imagen que el medio usó para su portada fue la de hombres y mujeres cargando a niños huyendo de la zona acompañados por el Ejército, calificándolos como víctimas inocentes. 308 El hecho documentable es que la matanza marcó el fin del movimiento y tuvo repercusiones negativas en la vida política del país durante la siguiente década, cerrando la participación para algunos sectores sociales. Las desapariciones de personas Guerra Sucia: Desaparición de Epifanio Avilés Rojas, 1969. Desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, 1974. La Jornada El Universal Gatopardo El Proceso Epifanio Avilés: 50 años de su desaparición forzada. A Epifanio Avilés lo han buscado por 50 años. El suyo fue el priFecha de mer caso publiregistrado cación: como des19 mayo aparición 2019 forzada en México. Fecha de publicación: 2 julio 2019. Rosendo Rosendo Radilla Radilla: Pacheco, 39 años a 41 años desaparede su cido, ocho desapasexenios rición de indoforzada. lencia. Fecha de publicación: 26 de agosto 2015. Fecha de publicación: 28 agosto 2013. Este día se cumple el “En la escuela nos 50 aniversario de la decían ‘los huérfadesaparición forzada del nos’, nuestra infancia profesor Epifanio Avilés se convirtió en un Rojas. calvario”, explicó Según el Comité Eureka, Nereida Avilés Avilés Rojas es el primer en entrevista para desaparecido político de Gatopardo. Tenía este país. ocho años cuando su padre, Epifanio Avilés Rojas, salió de casa y no volvió más. De ese entonces han pasado 50 años y la familia Avilés Jaimes sigue exigiendo información sobre su paradero. A 39 años de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco y casi cuatro de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH) sentenciara a México por ese caso, Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México (Afaddem), denunció la falta de voluntad del gobierno de Enrique Peña Nieto para indagar sobre el paradero del luchador social detenido el 25 de agosto de 1974 por militares acantonados en Atoyac, Guerrero. Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado Ayer se cumplieron 41 años de la desaparición forzada de Rosendo Padilla Pacheco, un campesino que mientras se dirigía en autobús hacia Chilpancingo, fue detenido en un retén militar en un poblado cerca de Atoyac de Álvarez, bajo la acusación de que componía corridos sobre luchas sociales y campesinas de la región. 309 Desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero. 2014. La Jornada Desaparición de Cony Caraballo, 1973. Diario de Colima Aristegui Padres de Atrapan Ante la falta de respuesta Alejandro Encinas, familia a otro del gobierno estatal, pasubsecretario de Noticias inician la implicado terfamilias y estudiantes Derechos Humanos búsqueda en caso de la Escuela Normal de de la Secretaría de 57 Ayotzi- Ayotzinapa iniciaron este de Gobernación desapare- napa… y domingo la búsqueda (Segob), reveló que cidos. lo sueltan de al menos 57 jóvenes hace 15 días se logró por 10 mil desaparecidos desde detener nuevamente a Fecha de pesos. el viernes pasado en la Marco Antonio Ríos publicaciudad de Iguala, luego Berber, un presunto ción: 29 Fecha de de que fueron atacados a sicaro de Guerreros septiem- publica- balazos por policías mu- Unidos, y ligado al bre 2014. ción: 11 nicipales provocando la caso Ayotzinapa; sin noviembre muerte de tres alumnos. embargo, un juez 2019. A su vez, organismos de le otorgó la libertad derechos humanos sosbajo las reservas de tuvieron que al momento ley por 10 mil pesos. no han regresado a las instalaciones del plantel 77 estudiantes, lo que generó confusión. Sin nota. Las Sin nota Lo de la Sin nota. buenas desaparición forzada contra de Constancia (Cony) contra el tampoco es mal goun mito, como dicen bierno. otros. Su desaparición es Primer real y su Encuendetención con vida por tro de el gobierno también es Exguerricierta. Ella lleras V. es una valiente mujer que existe por sus Fecha de propias publicaconvicciones y acciones. ción: 17 Ella no es una mentira, diciemsu bre 2007 existencia es verdad. Ella es una desaparecida por su lucha política contra el gobierno, al que consideró su enemigo y lo combatió con las armas en la mano. Desde la tragedia en Tlatelolco la noche del 2 de octubre de 1968, hasta la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, los periódicos han sido el lienzo de periodistas, jefes y patrocinadores, donde plasman una ideología con la que dibujan la realidad social. Esos dibujos cambian en el tiempo, y la pluralidad de voces, manos e interpretaciones permite la crítica y la exigencia de la verdad o, en su defecto, de respuestas. Es algo que se manifiesta de manera clara al comparar las notas periodísticas de la última mitad del siglo XX y las notas de mayor actualidad: tanto los titulares como las notas analizadas que datan de fechas cercanas a los casos más antiguos, plasman los hechos como inamovibles, elementos incuestionables donde quedan claros los personajes y sus atributos, y parece fácil adivinar quiénes son los malos y quiénes son los buenos, como si fueran una clasificación muy sencilla. Sin embargo, las notas más actuales demuestran lo que para nosotros representa un intento por desmentir aquello que erróneamente se dijo de víctimas y contextos, develar sin miramientos el tratamiento injusto de los casos y, de manera más sutil, exigir soluciones: “Atrapan a otro implicado en caso Ayotzinapa… y lo sueltan por 10 mil pesos” (Aristegui Noticias, 2019). Establecido lo anterior, es posible profundizar en la observación de los titulares. También en ellos es evidente el cambio en la manera con que la prensa se aproxima a los sucesos, demostrando mayor compromiso con las víctimas y el público lector, a través del uso de palabras como “indolencia” para calificar el manejo injusto del caso por parte de las autoridades. Además, resalta el empleo del término “desaparición forzada” en las notas actuales, pues contrasta con los términos erróneos como “asesinato”, “desaparición” (sin más) y “pérdida” utilizados en notas antiguas. Porque las palabras nos representan, nos permiten presencia y permanencia, el uso de los términos correctos es un cambio que parece insignificante, pero que tiene dentro de sí la lucha por el reconocimiento y la visibilización de un problema que, como sombra, pesa sobre México desde hace mucho tiempo. Fuente: Elaboración propia. 310 Las desapariciones de personas Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado 311 Aun en el análisis a través de la comparación de las notas, el ejemplo más importante de las discrepancias entre dos noticias del mismo caso es el del 2 de octubre de 1968. El periódico El Universal describe en su titular como un campo de batalla el lugar donde cientos de estudiantes, maestros, madres, padres y niños fueron acorralados, golpeados, asesinados y desaparecidos por fuerzas militares. Califica el terror y la opresión como una batalla en la que los dos bandos, estudiantes y militares, lucharon por horas. Sin embargo, las notas periodísticas, ensayos, crónicas y demás publicaciones posteriores respecto a lo que hoy se conoce como “la matanza de Tlatelolco” describen los sucesos de una manera muy distinta a la de El Universal en 1968; narran una masacre donde no existían sólo dos bandos, y en la que sólo uno de los actores se encontraba en condiciones de batalla. De nuevo, resulta claro en sus discrepancias, cómo la prensa escribe la realidad de una sociedad, agregando puntos y comas, determinando el presente con palabras que moldean el futuro. Afortunadamente, surgen cada día nuevas voces y nuevas historias que permiten contemplar las líneas y aristas de miles de casos que, aún hoy, quedan impunes. La búsqueda de las notas elegidas estuvo restringida al contenido del internet, e incluso en la red mundial de información, fue difícil encontrar notas digitalizadas cercanas a las fechas de los casos más antiguos. Y es por ello que casos como el del campesino Rosendo Radilla Pacheco y el de Epifanio Avilés Rojas, reconocido como el primero registrado bajo la figura de “desaparición forzada” cuentan únicamente con notas actuales, que comparten la intención de exigir, aún décadas después de las desapariciones, respuestas de su paradero y cese a la “indolencia”. Otro caso interesante al análisis por su falta de cobertura mediática es el del Constancia (Cony) Caraballo, feminista y trotskista colimense cuya desaparición parece un mito si se juzga exclusivamente a partir de la casi nula cantidad de notas periodísticas que existen al respecto. Cony Caraballo se esfumó sobre la tierra y, con el silencio que envolvió su desaparición, su nombre y su vida fueron borrados también de la memoria colectiva de todo un pueblo. Su caso es el de miles de mexicanos y mexicanas sobre los que se construye la realidad que hoy vivimos, y son ellos hacia quienes el Gobierno y los medios tienen una innegable respuesta pendiente: ¿dónde están? 312 Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado Las desapariciones de personas El tardío reconocimiento de la desaparición forzada de personas como delito A partir de los hechos históricos del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz en 1968 y de la denominada “Guerra Sucia” en México que se extiende a los períodos presidenciales de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo en la década de 1970 con especial relevancia en el municipio de Atoyac de Álvarez en Guerrero, la práctica sistemática de la desaparición forzada ha sido un medio de represión política y social que ha quedado como una asignatura pendiente bajo la sombra del Estado mexicano desconociéndose la cifra exacta del número de desaparecidos, la intervención de agentes del Estado, con evidentes deficiencias en las investigaciones derivadas de simulaciones, y con 3 024 fosas clandestinas encontradas de 2016 a 2019 en el país (Aristegui Noticias, 2019). El elemento normativo es fundamental para que el aparato estatal comience a operar en función de las demandas sociales, la legislación en materia de desaparición forzada fue una problemática que el Estado no abordó de manera oportuna, llevó años que se creara una ley general de la materia. Aquí se hace una descripción de la legislación sobre la desaparición forzada de personas, con el objetivo de que el lector identifique los distintos ordenamientos del ámbito internacional de los que México es parte y nacional, así como su tardía armonización. La desaparición forzada de personas es un delito que se caracteriza por la privación de la libertad, perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos con autorización o aquiescencia del Gobierno, seguido de una negativa de revelar el paradero de la víctima privándola de la protección de la ley; es un acto que vulnera diversos derechos humanos tales como la libertad, la seguridad, la integridad personal, la igualdad, legalidad, etc., y que no obstante genera incertidumbre y dolor a los familiares de la víctima, quienes emprenden una búsqueda desesperada que puede durar toda su vida. En México, se postergó el reconocimiento de la desaparición forzada como delito a pesar de existir instrumentos internacionales que penalizan dicho acto 313 desde la década de 1990, imposibilitando a las víctimas y familiares de éstas el acceso a la justicia, ya que este delito se consideró sólo como una conducta antisocial hasta antes del 2001 en México, a pesar de su reproducción sistemática y notoria a partir del movimiento social de 1968. Esta omisión se refleja en la falta de una política criminal efectiva, un Estado indolente y pasivo ante una problemática que ha sido denunciada por la sociedad de forma reiterada, una conducta grave que afecta el bien común y la convivencia social. Uno de los precedentes jurídicos de la desaparición forzada de personas a nivel internacional es la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU, que en su artículo 4, apartado 1, establece: “Todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito pasible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad” (1992, p. 2). A su vez en el artículo 5 señala que además de las sanciones penales aplicables, las desapariciones forzadas deben comprometer la responsabilidad civil de sus autores y la del Estado o las autoridades del Estado que hayan organizado, consentido o tolerado tales desapariciones, sin perjuicio de la responsabilidad internacional de ese Estado (1992, p. 2). Es hasta el 1 de junio del 2001 que en México se adiciona al título décimo del Código Penal Federal, un capítulo III Bis denominado “Desaparición Forzada de Personas”, con los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D, en el que se señalaba que: ARTÍCULO 215-A. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Este tipo penal resulta ineficaz para atender la problemática social, excluye la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean realizadas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno o con su apoyo 314 Las desapariciones de personas directo o indirecto, autorización o aquiescencia, limitando el acceso a la justicia por parte de las víctimas. En 2002 México ratifica la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas celebrada en Belém do Para, Brasil, en la que se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Esta convención señala que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable, y reafirma que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad. En el artículo III de dicha convención, los Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponer una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. En dicha convención el Estado mexicano interpuso la siguiente declaración interpretativa: Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política, el gobierno de México, al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, se entenderá que las disposiciones de dicha Convención se aplicarán a los hechos que constituyan desaparición forzada de personas, se ordenen, ejecuten o cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención (2004). Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el sentido de la declaración interpretativa no es que no se aplique a las conductas típicas de tal delito que de haberse iniciado antes de su vigencia, se continúen consumando Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado 315 durante ella, pues la desaparición forzada de personas tiene el carácter de permanente o continuo, puede darse el caso de que las conductas típicas se sigan produciendo durante la vigencia de la convención y en dicho supuesto se debe aplicar, y en consecuencia esta interpretación armoniza con el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14 constitucional (SCJN, 2004). El 6 de febrero del 2007 México firma la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas adoptada el 20 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se señaló: Los artículos 3 y 4 señalan que los Estados parte tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre la desaparición forzada de personas, que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables, así como la tipificación como delito en su legislación penal. Posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló en la Sentencia del 23 de noviembre de 2009 sobre el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos que, para que una investigación pueda ser efectiva, los Estados deben establecer un marco normativo adecuado para desarrollar la investigación, lo cual implica regular como delito autónomo en sus legislaciones internas la desaparición forzada de personas, puesto que la persecución penal es un instrumento adecuado para prevenir futuras violaciones de derechos humanos. También determinó que si bien el tipo penal en vigor permite la penalización de ciertas conductas que constituyen la desaparición forzada de personas, del mismo no se desprende una adecuación que haga plenamente efectiva la normativa internacional vigente sobre la materia. En tal sentido, la Corte Interamericana considera que el Estado no ha cumplido plenamente las obligaciones que le impone el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con los artículos I y III de la CIDFP, para garantizar debidamente la investigación y eventual sanción de los hechos constitutivos de desaparición forzada en el presente caso. Por lo tanto, el Estado debe adoptar en un plazo razonable todas las medidas que sean necesarias para armonizar dicha tipificación penal con los estándares internacionales, con especial atención a lo dispuesto en el artículo II de la CIDFP. Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto. En tal sentido, el Estado no debe limitarse a “impulsar” el proyecto de ley correspondiente, sino asegurar su pronta sanción y entrada en vigor, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico interno para ello. No obstante, existiendo diversas directrices de derecho internacional, en 2011 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la ONU señaló que sólo 7 entidades federativas legislaron sobre la desaparición forzada (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca) sin utilizar la misma definición, y sin incluir la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, autorización o aquiescencia; mientras que las 25 entidades restantes no tenían legislación al respecto, lo cual deja en manifiesto la omisión legislativa por parte de la federación y de los estados, incumpliendo con los estándares internacionales y con sus deberes de verdad, justicia y reparación, escudándose en el positivismo jurídico con una legislación deficiente para dejar impunes actos que vulneran de manera sistemática derechos humanos. El GTDFI recomendó al Estado mexicano, garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una Ley General sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. La Ley General debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo; crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida con la participación de los familiares de las víctimas; y establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que 316 Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado Artículo 2. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley (2006). Las desapariciones de personas 317 garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada tengan pleno acceso a este registro. Dicha Ley General debería permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada. Finalmente, la Ley General debería ser una herramienta jurídica para la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos, así como para garantizar el derecho a la reparación integral. Garantizar la armonización de la definición de desaparición forzada en la legislación penal con la establecida en la Declaración y otros instrumentos internacionales relevantes en materia de derechos humanos (Naciones Unidas, 2011). El hecho de que los Poderes de Gobierno aplacen la adecuación a los estándares internacionales de una conducta que es considerada por la comunidad internacional como delito de lesa humanidad, manteniéndose impasibles ante las recomendaciones y las exigencias sociales, provoca la ineficacia del sistema de justicia y de las funciones de las autoridades que lo componen. En 2014, 43 estudiantes de Ayotzinapa son desaparecidos por autoridades del estado de Guerrero (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, 2015), y de acuerdo con lo que se ha revelado ahora, no fueron solo 43 personas desaparecidas, sino que alrededor de 80 (Expansión Política, 2021). Ante estos hechos se hicieron diferentes manifestaciones sociales, entre ellas, en 2015 colectivos de familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil exigieron participar en la elaboración de la nueva ley sobre desaparición forzada, así como el reconocimiento de la problemática “en su verdadera dimensión y profundidad” (Ureste, 2015). El 17 de junio de 2015, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara la reforma del artículo 73, fracción XXI, inciso a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para legislar en materia de desaparición forzada de personas. El 12 de octubre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La nueva Ley establece la distribución de competencias y coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en la materia. Define los tipos penales en la materia, los delitos vinculados y sus sanciones, se crea el Sistema y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Entre sus objetivos está garantizar la protección integral de los derechos de estas personas hasta que se conozca su paradero. También se reformaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, a fin de armonizar y articular el sistema jurídico, al derogar tipos penales que ahora serán regulados por la nueva norma. El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, tiene constancia de más de 30 000 personas desaparecidas. Diversos organismos internacionales han establecido que este delito en nuestro país no responde a estándares internacionales, lo que impacta en su investigación, persecución y sanción. Finalmente, el 17 de noviembre del 2017 el Congreso expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se deroga el capítulo de “Desaparición forzada de personas” del Código Penal Federal. Sin duda, la presión internacional ha influido en la adopción de medidas legislativas por parte del Estado mexicano a pesar de haber sido un proceso tardío que comienza en 2001 con una deficiente legislación reconociendo por primera vez el delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal Federal, para después firmar y ratificar diversos instrumentos internacionales desde 2002 con la Convención interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y en 2007 la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, en 2009 la Corte Interamericana observa en la Sentencia Rosendo Radilla vs. México que el Estado carece de legislación apropiada para la persecución penal del delito, opinión que se reafirma en 2011 por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas señalando que no existe una legislación uniforme del 318 Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado Las desapariciones de personas 319 AN/GH. (30/08/2019) Datos del horror: Hay 3 024 fosas clandestinas en México. Aristegui Noticias. https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/datos-delhorror-hay-3024-fosas-clandestinas-en-mexico/ Asamblea General de la ONU (18/12/1992). Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas. Organización de las Naciones Unidas. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20 Humanos/INST%2022.pdf Asamblea General de Naciones Unidas (20/12/2006). Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI13BIS.pdf Ávila, F. (2016). Historiografía de la guerrilla del Partido de los Pobres (PDLP). Secuencia, (95), 152-187. https://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i95.1381 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (10/07/2015). DECRETO por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/proceso/docleg/62/225_DOF_10jul15.pdf Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (17/11/2017). Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. http://www. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C. (2013). El resurgimiento de la desaparición forzada en México. CMDPDH. http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-resurgimiento-desaparicion-forzada-mexico.pdf Comunicación Social (12/10/2017). Aprueba Pleno expedir Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Cámara de Diputados. http://www5.diputados.gob. mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/12/4197-Aprueba-Pleno-expedir-Ley-General-en-materia-de-Desaparicion-Forzada-de-Personas-y-del-Sistema-Nacional-de-Busqueda-de-Personas Corte Interamericana de Derechos Humanos (23/11/2009). Sentencia caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Gobierno de México. http:// www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM4.pdf Del Castillo, A. (2008). La noche de Tlatelolco. La Jornada Suplemento especial. https://www.jornada.com.mx/2008/10/02/5.html Departamento de Derecho Internacional (1994). Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Oea. http://www.oas.org/juridico/ spanish/firmas/a-60.html Gravante, T. (2018). Desaparición forzada y trauma cultural en México: el movimiento de Ayotzinapa. Convergencia. 25. (77). 13-28. https://www.redalyc. org/jatsRepo/105/10555363001/html/index.html Díaz, C. (2015). Rosendo Radilla Pacheco, a 41 años de su desaparición forzada. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-na- 320 Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado delito de desaparición forzada lo que implica el incumplimiento de sus deberes de justicia, verdad y reparación. Y no es hasta 2015 que se presentan la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a de la Constitución para legislar en materia de desaparición forzada y la iniciativa de ley para el tratamiento de la desaparición forzada. Finalmente, en 2017 se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se deroga el capítulo de Desaparición Forzada de personas del Código Penal Federal. Aún con una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se ha señalado por organismos internacionales que, en México “no existe un política pública integral y marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas”, ni coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales, además de no contar con un adecuado sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas forzosamente (Rainer, 2019, p. 74). Es necesario el constante mejoramiento de una política pública integral, elaborada con la participación de víctimas y la sociedad civil, sobre todo en los contextos en los que la desaparición forzada sea una práctica reiterada, procurando que la política pública incluya la búsqueda, la prevención, el derecho a la verdad, y la justicia, así como medidas de protección a víctimas. Bibliografía Las desapariciones de personas 321 cional-ciudadano/2015/08/26/rosendo-radilla-pacheco-41-anos-de-su-desaparicion Díaz, G. (2013). Rosendo Radilla: 39 años desaparecido, ocho sexenios de indolencia. Proceso. https://www.proceso.com.mx/351274/rosendo-radilla-39-anos-desaparecido-ocho-sexenios-de-indolencia Forbes Staff (2018). Así amanecieron las portadas el día después del 2 de octubre de 1968. Forbes México. Desde: https://www.forbes.com.mx/asi-amanecieron-las-portadas-tras-el-2-de-octubre-de-1968/ Guzmán, M. (2018). La argumentación jurídica de las desapariciones forzadas en México. ITESO. [Tesis de maestría]. https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5566/La%20argumentaci%C3%B3n%20jur%C3%ADdica%20 de%20las%20desapariciones%20forzadas%20en%20M%C3%A9xico.pdf?sequence=2 Hernández, S. (2019). A Epifanio Avilés lo han buscado por 50 años. Gatopardo. https://gatopardo.com/noticias-actuales/epifanio-aviles-desaparicion-forzada/ Hirales, G. (2017). México, ajustando cuentas con la historia (justicia transicional fallida). CNDH. http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/ Mexico-Ajustando-Cuentas.pdf La Jornada (2019). Epifanio Avilés: 50 años de su desaparición forzada. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/05/19/epifanio-aviles-50-anos-de-su-desaparicion-forzada-7100.html La Jornada en línea (31 agosto 2019). Desaparición forzada: tragedia y esperanza. La Jornada. Desde: https://www.jornada.com.mx/2019/08/31/edito Ocampo, S. (29 septiembre 2014). Padres de familia inician la búsqueda de 57 desaparecidos. La Jornada. Desde: https://www.jornada.com.mx/2014/09/29/ politica/005n1pol La Jornada (31 agosto 2019). Desaparición forzada: tragedia y esperanza. La Jornada en línea. https://www.jornada.com.mx/2019/08/31/edito Redacción AN (2019). Atrapan a otro implicado en caso Ayotzinapa… y lo sueltan por 10 mil pesos. Aristegui Noticias. https://aristeguinoticias.com/1111/ mexico/atrapan-a-otro-implicado-en-caso-ayotzinapa-y-lo-sueltan-por-10mil-pesos/ Revista DFensor (2010). Desaparición forzada: un crimen de impunidad y olvido. Editorial Un llamado de justicia contra el olvido. https://cdhcm.org.mx/ wp-content/uploads/2014/05/dfensor_04_2010.pdf Robledo, C. (2016). Genealogía e historia no resuelta de la desaparición forzada en México. Revista de Ciencias Sociales. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=509/50945652005 Rodríguez, O. (2017). Historia de la desaparición en México: perfiles, modus y motivaciones. Derecho y Ciencias Sociales. Núm. 17. 247-271. file:///C:/Users/usuario/Downloads/4059-Texto%20del%20art%C3%ADculo-11745-1-10-20171103.pdf Sala de Prensa (2011). El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias concluye su visita a México. Naciones Unidas. https:// www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=160:el-grupo-de-trabajo-sobre-las-desapariciones-forzadas-o-involuntarias-concluye-su-visita-a-mexico&Itemid=266 Saperas, Enric (1987). Los efectos cognitivos de la comunicación de masas. Editorial Ariel. Barcelona, España. Suprema Corte de Justicia de la Nación (2004). Desaparición forzada de personas a que se refiere la Convención Interamericana de Belém, Brasil, de nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XX. p. 967. Gravante, T. (2018). Desaparición forzada y trauma cultural en México: el movimiento de Ayotzinapa. Convergencia Revista de Ciencias Sociales. 77. https:// laoms.org/wp-content/uploads/2018/05/9728-13-36673-1-10-20180425.pdf La Jornada (08 de marzo de 2021). Menores de 18 años, más de la mitad de las desaparecidas por trata: Segob. La Jornada digital. https://www.jornada. com.mx/notas/2021/04/08/politica/persisten-casos-de-ninas-y-mujeres-desaparecidas-a-manos-de-trata-encinas/ Ni vivos ni muertos (2014). Documental Ni vivos Ni muertos. YouTube. [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=C4YsPZUj05I Huhle, R. (2019). La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas. ONU-DH México y CNDH. 322 Desaparición forzada en México, asignatura pendiente del estado Las desapariciones de personas 323 http://hchr.org.mx/images/doc_pub/UnaMiradaDesapForz_CNDH_ ONUDH_2019.pdf Ureste, M. (16/09/2015). Los 11 puntos que ciudadanos exigen se incluyan en la nueva Ley sobre Desaparición Forzada. Animal Político. https://www. animalpolitico.com/2015/09/estos-son-los-11-puntos-que-ciudadanos-exigen-se-incluyan-en-la-nueva-ley-sobre-desaparicion-forzada/ Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (2015). Informe Ayotzinapa. https://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/Informe_ayotzinapa.pdf Expansión Política (21/01/2021). Policías, militares y sicarios detuvieron a los 43 de Ayotzinapa, revela testigo. Expansión Política. https://politica. expansion.mx/mexico/2021/01/20/policias-militares-y-sicarios-detuvieron-a-los-43-de-ayotzinapa-revela-reporte 324 Las desapariciones de personas Acerca de los autores David Coronado. Estudió Economía, Psicogenética y Sociología; es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Profesor Investigador del Departamento de Sociología. Miembro del SNI y del PRODEP. Coordina el Laboratorio de Estudios sobre la Violencia. Su LGAC es la articulación de subjetivaciones y las diversas formas de expresión de la violencia en la sociedad contemporánea. Coordina dos investigaciones en proceso: “Los desaparecidos en Jalisco. Entre la degradación y la indiferencia” y “La subjetividad violenta. Entre la violencia destructiva y la estética de la violencia”. Contacto: davidcoronado22@hotmail.com Priscilla Hernández Rodríguez. Lic. en Psicopedagogía, Master en Docencia y Master en Criminología y Ciencias Forenses por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Dra. por la Universidad de Colima. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En la actualidad se encuentra realizando una estancia Posdoctoral en la Universidad de Guadalajara y es colaboradora en el Laboratorio de Estudios Sobre Violencia, donde coordina el área de Crimen Organizado. Autora de múltiples artículos que han sido publicados, tanto en revistas científicas como en diversos libros. Contacto: licphernandez@gmail.com Fátima Soto. Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras con la Licenciatura en Letras hispánicas, es fotógrafa y coordinadora de la dimensión de periodismo creativo, así como colaboradora en la investigación sobre Desaparición Forzada de Personas dentro del Laboratorio de Estudios sobre Violencia, [325] donde coordina la dimensión de Obra Creativa. Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Gestión y Desarrollo Social en la Universidad de Guadalajara. Contacto: fatimasotophoto@gmail.com Blanca Esthela Hurtado Escoto. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara, realizó una estancia académica en la Universidad Austral de Chile. Tiene una Maestría en Gestión y Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara, ha participado en diversos proyectos en relación a la prevención de violencia en jóvenes y en ponencias internacionales. Su tema de investigación es las subjetividades juveniles rurales en relación a las violencias de género. También ha participado en algunos otros procesos relacionados a las juventudes rurales, llevando a cabo talleres e intervención comunitaria, tanto en el contexto urbano como en el rural. Contacto: hurtadoescoto@hotmail.com Juan Alfonso Cruz Vázquez. Es Licenciado en Sociología y Maestro en Gestión y Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara. Fue Analista Relator de la Fiscalía General de Jalisco, periodo 2017-2018. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales sobre subjetividades juveniles, tecnopolítica, violencias sociales y acceso abierto. También ha sido acreedor de premios y reconocimientos, siendo el más reciente la obtención del tercer lugar en el Concurso Latinoamericano de Ensayo sobre Acceso Abierto 2020, organizado por UNESCO, Redalyc, CLACSO y AmeliCa. Actualmente coordina el área de Análisis de Estado, en el Laboratorio de Estudios sobre Violencia, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Contacto: ponchopyc@hotmail.com Katia Alejandra Ruiz Herrera. Licenciada en arquitectura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y Maestra en Arquitectura Sostenible por la Universidad Politécnica de Catalunya. Estudió Maestría y Doctorado en el Instituto Humanista de Sinaloa. Trabaja como Profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Sinaloa y es también docente en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa en las licenciaturas de Psicología Educativa e Intervención Educativa. Ha participado como colaboradora en proyectos de investigación por PROFIEB. Contacto: katiaruiz@uas.edu.mx Lourdes Nadsheli Coronado Arias. Licenciada en Arquitectura y Maestra en Proyecto y Edificación Sustentable, ambos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Trabajó en HOMEX Residencial y CONSTRULITA. Ambos del ámbito privado. Impartió clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el área de Ingeniería Civil. Actualmente trabaja para la SEPYC, en una escuela primaria rural. También elabora diversos proyectos arquitectónicos de índole residencial y comercial. Actualmente está cursando la Maestría en Educación Humanista en la Universidad NEXUM. Contacto: nadsheli@hotmail.com Rossely Barreras Miranda. Licenciada en Desarrollo Humano por la Universidad del Valle de El Fuerte. Maestra en Educación Humanista por el Instituto Humanista de Sinaloa, se encuentra en proceso de titulación en el Doctorado de la misma línea. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Autónoma de Sinaloa y como profesora de apoyo en la SEPyC. Ha participado como responsable y colaboradora en proyectos de investigación de PROFIEB. Contacto: rosselybarreras@uas.edu.mx Enrique Uribe Alva. Es licenciado en Sociología y Maestro en Gestión y Desarrollo Social, ambos de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor en la Universidad Cuauhtémoc. Su Línea de Investigación es la violencia en la educación en el nivel medio superior. Coordinó diversas intervenciones en el Laboratorio de Estudios sobre Violencia. Contacto: enrique.uribe@yahoo.com.mx Luis García Carrillo. Es Sociólogo egresado de la Universidad de Guadalajara con especialidad en estudios sobre la cultura. Estudia la Maestría en Gestión y Desarrollo Social, en esa Universidad. Su Línea de Investigación es “La desigualdad social, la violencia y los procesos de vulnerabilidad”. También está realizando una investigación sobre dimensión estética, particularmente en la música sinfónica y en las artes gráficas, actividades que armoniza con la docencia, la difusión cultural y las ciencias sociales. Contacto: luisgace@yahoo.com.mx César Oscar García Rea. Estudio música en la Universidad de Guadalajara, está en proceso de titulación de la licenciatura en Antropología en departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara, forma 326 Acerca de los autores Las desapariciones de personas 327 parte del Laboratorio de Estudios Sobre violencia, ha participado como implementador en DELIBERA A.C. Actualmente desarrolla la investigación sobre masculinidad y violencia titulada: Identidades violentas una mirada antropológica a la construcción de identidades masculinas con jóvenes en conflicto con la ley. en Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco (CAIJEJ) con Jóvenes sentenciados por delitos de alto impacto. Contacto: coscargr@gmail.com Amado Ceballos Valdovinos. Es licenciado en Derecho, Maestro en Pedagogía y Doctorado en Estudios Mexicanos, es Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Es profesor de las asignaturas Historia del Derecho, Teoría del Estado y Seminario de Investigación I y II. Es Perfil PRODEP. Es docente de pregrado y posgrado en la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga. Coordina la investigación Cultura de la ilegalidad, violencia y representación social de la norma. Contacto: amadovaldovinos@ucol.mx Enoc Morán Torres. Doctor en Derecho egresado con mención honorífica del Programa de Doctorado Interinstitucional en Derecho (DID), inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) e integrante del claustro de profesores del citado Programa; Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I del CONACYT; Perfil PRODEP; Líder del Cuerpo Académico UCOL-CA-72 “Derecho Constitucional”. Contacto: enocmoran@ucol.mx. Ian Ricardo Alcaraz Hernández. Cursa la Maestría en Gestión y Desarrollo Social, en la Universidad de Guadalajara. Es Licenciado en Sociología y es miembro del Laboratorio de Estudios sobre Violencia desde 2015. Cuenta con experiencia en proyectos de investigación e intervención social en temáticas como la prevención de la violencia, asuntos políticos, juventudes y género con diversas consultoras y organismos civiles dentro del Estado de Jalisco. Contacto: rickyphantom@hotmail.com Dayane Jetzabel Ortiz Torres. Estudiante del Doctorado en Derechos Humanos, por parte del Centro Universitario de Tonalá, Maestría en Ciencias Forenses y Criminología por parte del Centro de Ciencias de la Salud, Licenciada en Derecho, por parte de la Universidad Enrique Diaz de León, Diplomado en Criminalística por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, participación como ponente en congresos nacionales e internacionales con los temas: Migración y Derechos Humanos, Fosas Clandestinas, La normalización de la violencia, Los no nombre ¿Una cuestión de género de derechos humanos Fundamentales en México. Contacto: dayane.ortiz2975@alumnos.udg.mx Camila Sofía Ceballos Gómez. Estudiante del séptimo semestre de la Lic. En Comunicación por la Universidad de Colima, y estudiante del 4to cuatrimestre de la Lic. En Trabajo Social por la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga. Es diplomada en Estudios de Género por la Universidad de Colima. Actualmente realiza un intercambio académico virtual en la Tokyo University de Japón. Linda Estefany Illanes Gómez. Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, fue practicante en el despacho jurídico Silva Anguiano. Abogados de 2016 a 2017. Así mismo colaboró como Auxiliar jurídico en el Congreso del Estado de Colima de 2018 a 2019. Becaria en el Programa Semilla CEEAD de 2018 a 2019 y Becaria en un Proyecto PRODEP en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima de 2019 a 2021. Actualmente se desempeña como Jefa de lo Consultivo y lo Legislativo en el H. Congreso del Estado de Colima. Lizbeth López Ramírez. Recién egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, con Mención Honorifica. Fue becaria en el Proyecto de Investigación denominado "La Construcción de la Constitucionalización de la Sociedad Civil como sustento de Derechos de Tercera Generación en Políticas Públicas: Democracia, Medio Ambiente y Cultura Educativa", financiado con recursos del PRODEP; y también fue becaria en el Centro de Estudio sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho A.C. (CEEAD). Actualmente funge como auxiliar de investigación con el Mtro. Amado Ceballos Valdovinos, con quien ha participado como Coautor en diversos productos de investigación. Contacto: llopez32@ucol.mx 328 Acerca de los autores Las desapariciones de personas 329 Las desapariciones de personas. Entre la degradación y la indiferencia se terminó de editar en diciembre de 2021 en los talleres gráficos de Amateditorial, S.A de C.V. Prisciliano Sánchez, 612, Colonia Centro Guadalajara, Jalisco Tel.: 33 3612 0751 / 33 3612 0068 amateditorial@gmail.com www.amateditorial.com.mx La edición consta de 1 ejemplar. Corrección: Amateditorial

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Las desapariciones de personas

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