06 Julio de 2021 19:11
La Cámara Federal de Tucumán confirmó hoy el procesamiento del ex intendente de la localidad de Pinto, Emilio Rached, por "malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad". Se trata de la causa que investiga también en Santiago del Estero el destino del dinero que Rached recibió durante la administración de Mauricio Macri para destinar a obras públicas que nunca se concretaron. Cabe resaltar que la Justicia Federal en Santiago ya lo había procesado y el ex intendente procuró buscar asilo judicial en la provincia vecina, algo que le fue denegado.
La investigación se inició durante la propia gestión de Macri, después de que Rached perdiera las elecciones y el nuevo intendente se encontrara con la liquidación de fondos, pero sin las cloacas que debieron haberse construido en esos cuatro años. En concreto, el ex intendente sólo colocó un cartel y deberá ahora explicar ante la Justicia a dónde fueron a parar las partidas recibidas.
La resolución de la Cámara Federal de Tucumán fue contundente: "Malversar es invertir mal, distraer los fondos de su destino o darles una indebida aplicación. En el caso traído a consideración, se advierte que de manera correcta el señor juez instructor entendió que los imputados Rached y Vera (secretaria de Economía municipal) habrían dado parte de los desembolsos efectuados por el Estado Nacional para la ejecución de las obras públicas acordadas, un destino distinto al que fuera convenido, no evidenciándose que el desvío de los fondos haya estado motivado en la necesidad de cubrir déficits de partidas en áreas sensibles para la comunidad de Pinto y que resultaran imprescindibles a los fines de evitar graves daños”.
Rached recibió fondos millonarios para hacer cloacas y sólo puso tres años un cartel"
"En conclusión, englobando las tres figuras penales que se imputan, no cabe duda alguna de que Rached, en el carácter de intendente de la ciudad de Pinto, tenía la responsabilidad directa en la administración ejecución y supervisión de las obras, siendo él quien debía resguardar el principio de responsabilidad administrativa y de manejo transparente de los fondos públicos. En tanto que, la imputada Vera, en carácter de Secretaria de Economía de dicho municipio, era la responsable directa sobre la administración de los fondos y quien debía garantizar la legalidad en la ejecución de la obra", precisa la resolución.
Pese al intento del ex intendente de buscar un guiño judicial en Tucumán, la resolución de la Cámara Federal provincial concluyó: "De tal manera, se observa que los hechos investigados son objetivamente imputables a los nombrados como obra propia, habiendo tenido -durante la vigencia del Convenio- el dominio del hecho, en función de las competencias que les correspondían por los cargos públicos que detentaban, desviando y sustrayendo fondos públicos que tenían a su cargo y que, por tanto, se encontraban en su esfera de disposición y que tenían por destino la ejecución de obras con fines de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Pinto".
