Agresiones a funcionarios de prisiones en Catalunya: once a la semana y subiendo

Los centros penitenciarios catalanes registraron en el pasado año 2023 un total de 577 agresiones a funcionarios, según recientes estadísticas facilitadas por el Departament de Justícia. 80 de ellas –un 13,8%– fueron de carácter grave, que son las que causan la baja laboral de la persona agredida, 174 –un 30,1%– casos se catalogaron como leves y 323 –un 55,9%– fueron en grado de tentativa (no derivaron en lesión).

Desde 2017, los incrementos de las agresiones en Catalunya son notables. Aquel año, los registros de Justícia señalaron que se produjeron 202 incidentes. Fueron 271 en 2018, 291 en 2019, 284 en 2020, 351 en 2021 y 537 en 2022. Es un aumento del 185,6% en tan solo seis años y del 98,2% desde el ejercicio anterior al inicio de la pandemia.

Sin embargo, los datos que periódicamente publican los sindicatos de prisiones no coinciden con los que facilita la Generalitat. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) expone, en su informe de 2023, que se produjeron un total de 1.149 agresiones en las prisiones catalanas: 105 de ellas –un 9,1%– graves, 477 –un 41,5%– leves y 567 –un 49,3%– no causaron lesiones.

Este documento anual sí que desgrana y detalla las estadísticas por centros: con 338, 213 y 130 agresiones, Brians 1, Brians 2 y Joves son los que más incidentes registran. En el caso del Centre Penitenciari de Mas d’Enric de El Catllar, son, según CSIF, 71 agresiones en 2023: seis graves, 39 leves y 26 en grado de tentativa.

Un conflicto que viene de lejos

El de Núria López, trabajadora de las cocinas de Mas d’Enric desde hacía ocho años, es el primer asesinato de un trabajador de una prisión desde que se instauró la democracia. Precisamente, ese mismo día, cuatro funcionarios de la cárcel de Quatre Camins fueron agredidos por un preso.

Centenares de compañeros y compañeras se manifestaron en los centros del conjunto de Catalunya. Decenas de ellos se encontraban en Mas d’Enric y pidieron la dimisión del director de la prisión, Francisco Romero, del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, y de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart. Por otra parte, solicitaron «más seguridad, más protección y más recursos».

En los últimos meses, ha ido in crescendo el malestar y el descontento de los funcionarios de prisiones con las políticas penitenciarias de Justícia, que consideran demasiado laxas, sobre todo en materia de seguridad, y por el número de efectivos de la plantilla actual, que tachan de deficitaria.

Unas acusaciones que rebate el Departament, que aduce que es inminente la incorporación de centenares de trabajadores para ampliar la plantilla penitenciaria y reforzar su seguridad sin renunciar al modelo de reinserción, en el que el funcionariado no ejerza de solo de vigilante, sino que acompañe a los reclusos en su rehabilitación.

Sin embargo, para los sindicatos, estas medidas no garantizan la integridad física de los funcionarios de prisiones ni una reducción de las agresiones, puesto que buena parte de estos nuevos efectivos son profesionales del ámbito sanitario y no de materia de «estricta vigilancia», que es «muy necesaria».

Afirman que, con la actual política penitenciaria, se ha limitado el uso de las contenciones mecánicas para controlar a los presos ante episodios de conductas violentas, y se les impide además utilizar aerosoles, lo que pone en «riesgo» la vida de los trabajadores de las prisiones.

Las organizaciones sindicales denuncian que la plantilla actual es insuficiente y que está envejecida, ya que la media de edad es de 54 años. Cifran en 1.400 trabajadores el personal necesario para el buen funcionamiento de los centros. Sobre todo, piden que se incremente la plantilla en el área de rehabilitación y en el régimen interior.

El Departament aprobó hace dos semanas aumentar la plantilla penitenciaria con 407 nuevos efectivos, en un proceso pendiente de acordar la planificación, la selección y la formación y que podría hacerse antes de que acabe esta legislatura.