Los ocho vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentarán este jueves una solicitud para convocar un pleno extraordinario en el que se reúna todo el órgano y se acuerde una declaración institucional para oponerse a la amnistía. Este movimiento llega después de que el presidente Pedro Sánchez haya anunciado un pacto con ERC y la medida de gracia esté a punto de ser presentada en el Congreso de los Diputados.

La solicitud, a la que ha tenido acceso El Independiente, la firman Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz y Mª Ángeles Carmona y piden que en el plazo de tres días se agende este pleno extraordinario con un único punto del día: "Debate y adopción de la declaración institucional". El presidente del órgano Vicente Guilarte está obligado a celebrarlo si la petición viene de ocho integrantes.

En dicha declaración explican que hasta ahora han sido meros observadores de las negociaciones de la amnistía, de lo que se estaba cociendo entre el Gobierno y "algunos partidos políticos minoritarios" en los que incluyen "algunos de ellos con responsabilidades de gobierno" refiriéndose a Sumar. En todo este tiempo, dicen, el presidente del Gobierno no había explicitado cuál era su plan y en la medida en la que todo eran rumores y frases sueltas el CGPJ "ha preferido mantenerse en una actitud de prudente expectativa".

Pero el silencio roto por Pedro Sánchez el pasado sábado 28 de octubre en el Comité Federal lo ha precipitado todo. El presidente reconoció entonces que habían pactado la amnistía "por el interés general" y que estará dirigida a, entre otros, Carles Puigdemont que lleva prófugo de la justicia más de cinco años.

Los vocales se quejan en primer lugar de que pese a que el Gobierno de España se presenta como promotor de la futura ley de amnistía "se tramitará como proposición de ley, con lo que eludirá una vez más, la función consultiva de este Consejo". Haciéndolo mediante este procedimiento, el Ejecutivo se libre de los informes que suelen aportar los órganos consultivos.

"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés de España", reza el comunicado.

Los vocales señalan que la Constitución es un valor superior al ordenamiento jurídico y que impedir el curso de los tribunales, la acción de los jueces y convertir "en papel mojado" las sentencias es algo "rotundamente incompable con el principio del Estado de derecho" que se promueve en el artículo 1 de la Carta Magna.

Que la amnistía se pacte "para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político" convierte el marco del Estado "en un objeto de mercadeo al servicio del interés personal de quienes puedan presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el 'interés de España'".

Los firmantes añaden que el hecho de que los responsables del 'procés' puedan queda impunes "supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley". "La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera".