Luego de un rezago legislativo de más de dos décadas, el pleno del Congreso de Puebla aprobó expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial que indemnizará a los ciudadanos víctimas de las omisiones de la autoridad estatal y municipal.
Durante la sesión ordinaria, los legisladores avalaron por unanimidad de votos la normativa que entrará en vigor a partir del próximo año por las adecuaciones presupuestales que deben realizarse.
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El objetivo principal de la ley es garantizar la reparación del daño para las personas que han visto vulnerados sus derechos por el actuar irregular, en cuanto a faltas administrativas.
Según el dictamen son sujetos obligados el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo a través de la Administración Pública Estatal, los organismos autónomos y los 217 municipios del estado mediante de su administración centralizada, así como cualquier otro ejecutor de gasto de carácter municipal o estatal.
Se entenderá por actividad administrativa irregular “aquella realizada por algún ejecutor de gasto en sus funciones administrativas y que cause daño a la persona, a sus bienes o derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar”.
En lo que corresponde al área del Ejecutivo local se buscará la destinación del 0.3 por ciento del millar del presupuesto, lo que corresponde a más de 15 millones de pesos que podrían cubrir hasta siete omisiones de las dependencias y entidades de la administración estatal, según lo declarado en ocasiones anteriores por la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Monica Silva Ruiz.
En tanto, los 217 ayuntamientos deberán destinar el monto que consideren adecuado para dicho rubro porque el parlamento poblano no está facultado para decirles el porcentaje a destinar porque se atentaría contra de su autonomía.
La indemnización por responsabilidad patrimonial podrá pagarse en moneda nacional o con pago en especie, la cuantificación se calculará de acuerdo la fecha en la que ocurrió el daño y según los criterios establecidos en la Ley de Expropiación, Ley de Bienes, el Código Civil y demás leyes aplicables.
La ley detalló que la indemnización quedará exceptuada en los casos de fuerza mayor, al acontecer hechos que no se hubieran podido prever, aquellos causados por los servidores públicos cuando no actúen en servicio de sus funciones y cuando no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular.
Al hacer uso de la palabra, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, resaltó que el cometido de la iniciativa es dejar por sentado la certeza de pagar las indemnizaciones a los ciudadanos.
“Lo que busca la iniciativa es que exista certeza para poder pagar las indemnizaciones a los ciudadanos y que haya una previsión presupuestal para el estado”, expresó.
Tras la aprobación en el pleno es necesario la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado (POE) para la entrada en vigor de la ley.
