Stephany Echavarría

Editora Internacional

“En algún momento, pareciera ser que esperábamos el bombardeo, pero después se aplazó. El tiempo cobró otra dimensión. Cuando caen los primeros rockets nos fuimos a un sótano. El segundo piso era un infierno, lleno de humo y llamas. En el primer piso, algo pasó con las alcantarillas, porque estaba lleno de agua (…) Encontré (muerto) a (Augusto) ‘Perro’ Olivares -periodista chileno- justamente en el primer piso y a partir de ese momento recuerdo que empecé a gritar, a llamar a un médico a ver si algo podía hacer. Hasta el lugar llegó Allende, los médicos y todos. El presidente tuvo la fortaleza de ordenar un minuto de silencio en homenaje a la primera víctima del golpe de Estado en Chile”.

Carlos Tito Tolosa, periodista y asesor de prensa de Salvador Allende, recuerda de esta manera los hechos ocurridos el martes 11 de septiembre de 1973 cuando las Fuerzas Armadas y los Carabineros de Chile, liderados por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea —Augusto Pinochet, José Toribio Merino y Gustavo Leigh—, ejecutaron una acción militar para derrocar a Salvador Allende que hacía tres años, en 1970, se había convertido en el primer presidente socialista del mundo elegido democráticamente.

Tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron el Palacio de La Moneda, la sede de gobierno, donde se encontraba Tito Tolosa junto a otras decenas de personas, incluido el presidente Allende, quien, tras intentar ponerse en contacto con los tres comandantes comprendió lo que estaba ocurriendo y emitió a través de la radio su último discurso.

Poco más tarde comenzaron los disparos y bombardeos contra La Moneda y Allende fue hallado muerto en el salón principal junto al arma con la que, según el relato oficial, se suicidó.

A partir de entonces, se instauró en Chile una dictadura militar que duró 17 años. Augusto Pinochet se convirtió en el presidente de facto y cerró por tiempo indefinido el Congreso, con lo que concentró en sí mismo el “mando supremo de la nación”.

La vía al socialismo que Allende impulsó con el gobierno de coalición de la Unidad Popular había terminado y daba relevo a un sistema radicalmente diferente que reestructuró toda la sociedad, la economía y la política del país.

Hoy, 50 años después de un golpe de Estado que quebró la institucionalidad democrática y que marcó un hito en la historia de Latinoamérica, la sociedad sigue dividida entre quienes aún creen que los militares tenían razón -36 por ciento, según una encuesta de Barómetro de la política CERC-Mori- y quienes lo condenan flagrantemente.

Según testigos directos, los hechos acaecidos deben ser un recordatorio para no repetir “errores catastróficos”, en especial en tiempos en que la polarización parece hacer irreconciliables las posturas ideológicas, no solo en Chile, sino en gran parte de los países de Latinoamérica y del mundo.

“Los traumas políticos y sociales dejan heridas que no son sencillas de curar, y plantean un complejo reto a la democracia. Es lo que hemos vivido en Chile. Aunque, nuestro país avanzó en todos los terrenos en los últimos 30 años, el pasado sigue entrometiéndose…”, le dice a este diario Sergio Muñoz, prisionero de la dictadura por ser uno de los principales dirigentes de las Juventudes Comunistas en Chile.

Muñoz, quien terminó siendo un crítico del modelo impulsado por Allende luego de que en su exilio en Europa conoció de cerca los crímenes del estalinismo y del tipo de régimen totalitario establecido por los comunistas, recalca que en Chile no se puede “volver a perder la democracia” y hay que “rechazar sin ambigüedades la violencia como método político”.

“El reto de la democracia es convivir en la diversidad, y ello solo puede materializarse en el marco del Estado de Derecho que protege las libertades. La incomprensión de ello estuvo en la génesis de nuestra tragedia”.

“Aunque los años de Allende no habían sido de ningún modo placenteros, puesto que la crisis económico-social y la confrontación política no permitían ni dormir tranquilos, la llegada de la dictadura fue la entrada en otro país, en el que se derrumbó toda noción de derecho. Sobrevino entonces una represión inmisericorde contra los hombres y mujeres de izquierda. ¿Cómo llegó Chile a esa situación? Es doloroso admitirlo para quienes apoyamos a Allende, pero la dictadura de Pinochet no se entiende sin la experiencia del gobierno de la izquierda”, destaca el escritor y analista político.

En medio de los tiempos de la Guerra Fría y de su efervescencia ideológica, lo que se propusieron Allende y la coalición política de la Unidad Popular fue avanzar, por una vía pacífica y constitucional, hacia un socialismo que Allende caracterizaba como “democrático, pluralista y libertario”.

Y si bien en una primera etapa los resultados de tal empresa se mostraron positivos, no pasó mucho tiempo para que brotaran desequilibrios extremos en el sistema económico: una inflación que superó el 600 por ciento, escasez de alimentos y la caída de la capacidad de compra para el desarrollo de la industria.

En paralelo se produjo un desborde del programa original, especialmente en materia de expropiaciones de tierras e industrias, por presión de los propios trabajadores, estimulados por los grupos de izquierda más radicales.

El resultado fue la multiplicación de la protesta social, la agudización del conflicto político y una ola en ascenso de actos de violencia y terrorismo. En el eje de todo ese desencanto estuvo la polarización.

“En 1973, la sociedad chilena estaba profundamente dividida en dos bandos irreconciliables. Agotada y presa de una desesperanza aprendida, la población asumía que no había más salida que la imposición de un bando sobre el otro”, explica el sociólogo y consultor chileno Eugenio Tironi.

Para Tironi, el pecado de Allende fue que no ponderó la fuerza de los antagonistas que despertaría su proyecto. “No tomó el debido peso, por ejemplo, a lo que anticipaba el asesinato del comandante en jefe del Ejército, René Schneider, a días de asumir la Presidencia, por un comando de fanáticos de ultraderecha manejado por Estados Unidos y altos mandos militares. Tampoco calibró lo que implicaba la huida de capitales, que interpretó como una conspiración antes que como una reacción a su programa, que incluía la estatización de industrias y la total nacionalización del cobre. Menos aún sopesó las voces de alarma provenientes de la Casa Blanca: ganó aplausos denunciándolas como gestos imperialistas, pero no asumió que ellas indicaban que Washington jamás permitiría que en Chile prosperara un modelo que luego podía ser importado por las izquierdas de la Europa del Sur, colocando en riesgo los equilibrios estratégicos globales”, analiza el consultor.

La administración estadounidense —entonces presidida por Richard Nixon— vio con malos ojos el ascenso de un Gobierno socialista en Latinoamérica. Siendo el consejero de Seguridad Nacional de la época, Henry Kissinger, uno de los principales impulsores de la intervención en América Latina y en el gobierno de Allende.

“Salvador Allende representaba una búsqueda pacífica de cambio, de un cambio significativo que realmente despertó las esperanzas y los sueños de mucha gente, no sólo en Chile sino en todo el mundo. Kissinger lo entendió y por eso buscó que fracasara a través de un acto sangriento que resonó en todo el planeta”, afirma por su parte Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación de Chile del National Security Archive estadounidense.

El informe Church de 1975 —elaborado para investigar las operaciones y los abusos de poder de los servicios de inteligencia y del poder ejecutivo de Estados Unidos— menciona los diálogos entre Kissinger, Nixon y el director de la CIA, Richard Helms, en los cuales se establecía la necesidad de “evitar que Chile se fuera por el desagüe”, así como las órdenes a la CIA de evitar que Allende asumiera el Gobierno; cuando esto fracasó, comenzaron a planearse operaciones para minar su gobernabilidad.

Pero, en lugar de suavizar los aspectos más radicales de su programa o de ofrecer garantías a EE. UU., Allende creyó que podría sortear las amenazas recurriendo a su reconocida astucia política. “Cuando, a fines de 1972, Allende se dio cuenta de que el país iba hacia el abismo, integró a los jefes militares al Gobierno, pero ya era tarde. La ceguera ideológica llevó a aquella izquierda a actuar de modo suicida”, menciona Muñoz. Así, Chile llegó a aquel septiembre de 1973 en el que Pinochet y la junta militar lograron su objetivo: una toma del poder rápida y efectiva apalancada, entre otras razones, por los contactos con la Administración estadounidense. Irónicamente, Pinochet recibió la visita de Kissinger en 1976 cuando este iba a realizar un discurso por los derechos humanos en la OEA.

La era Pinochet

Una vez instaurado, Pinochet llevó a cabo una serie de reformas con el objetivo de liberalizar la economía y reducir el papel del Estado en ella mediante la ejecución de un proyecto económico conocido como El Ladrillo, que solo se dio a conocer poco tiempo después del fin de la dictadura, en 1992.

Chile fue el primer país en implementar el modelo económico neoliberal y sirvió como un experimento para evaluar la implementación y el resultado de dichas políticas plasmadas en la privatización de sectores como la salud, la educación y las pensiones.

“El país estaba en una situación desesperada y el resultado final fue que se convirtió en el primer país de América Latina en crecimiento, mucho más rico y con menos pobreza. Su política sirvió de ejemplo incluso a países más desarrollados, porque la libertad económica nunca había sido aplicada tan extensamente como en este caso”, afirma Hermógenes Pérez de Arce, quien fue diputado del derechista Partido Nacional cuando se produjo el bombardeo a La Moneda y quien ha escrito cerca de 16 libros relacionados con el régimen militar.

Leandro Lima, analista del Cono Sur de Control Risks, destaca que el principal legado del régimen fue una convicción por parte de la ciudadanía de que “un modelo económico neoliberal es el mejor para el crecimiento económico y la estabilidad”. “Esta percepción también existe en grupos sociales de otros países de la región, pero tiene raíces más sólidas en Chile y es la marca de las políticas públicas”, agrega.

Pero, con el crecimiento económico, en paralelo el país se sumió en una ola de terror. El régimen ordenó la ilegalización de los partidos políticos, los límites a la libertad artística y de expresión y la prohibición de las manifestaciones sociales y sindicales.

En 1974 se creó la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) encargada de aplicar la doctrina de la seguridad nacional para la persecución, detención y ejecución de toda clase de oposición política a la dictadura.

Gran parte de los oficiales que formaban parte de la Dina fueron entrenados en la Escuela de las Américas, donde se instruyeron en distintos mecanismos de tortura, interrogación y ejecución de grupos subversivos.

A través de la Dina —luego renombrada Central Nacional de Informaciones—, el régimen de Pinochet ejerció una política sistemáticamente violenta y represiva contra la población, sobre todo contra miembros de sindicatos, campesinos, obreros y estudiantes, pero también contra otros colectivos sociales.

De acuerdo con los informes oficialmente reconocidos por el Estado, la dictadura en Chile dejó más de 44.000 víctimas, entre ellas 3.216 muertos, de los cuales 1.185 fueron detenidos desaparecidos que fueron encontrados e identificados con el tiempo. A estas cifras se suman cerca de 33.000 detenidos y torturados, además de 200.000 exiliados.

El Estadio Chile y el Nacional se convirtieron en dos de los principales centros de detención del país, en los cuales muchas personas, como el cantautor chileno Víctor Jara, a quien le quebraron todos sus dedos y luego lo obligaron a intentar tocar su guitarra, fueron torturadas y asesinadas.

Después de 15 años, el plebiscito del 5 de octubre de 1988, el tercer referéndum para definir la continuidad de Pinochet en el poder, la tensión y polarización política estaban en su punto máximo en el país.

Finalmente, la Concertación de Partidos por el No ganó con un 54,7 % de los votos frente al 43 % del sí. El 11 de marzo de 1990 el candidato democristiano, Patricio Aylwin, se convertiría en el primer presidente de la transición a la democracia.

Cuando Pinochet murió en 2006, lo hizo con una orden de detención internacional y más de 400 querellas en su contra por crímenes de lesa humanidad, mientras todavía se desconoce el paradero de otras 1.162 víctimas.

Es por esto que el Estado chileno asumirá por primera vez la búsqueda de esos detenidos desaparecidos, una inédita política de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, que se suma a un proyecto de ley para levantar parcialmente el secreto del informe elaborado hace dos décadas por la Comisión de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, para esclarecer la identidad de los opositores encarcelados y torturados durante la dictadura.

Además, la Cámara de Diputados aprobó solicitar archivos secretos a Estados Unidos sobre su intervención en la desestabilización del gobierno de Allende, visto por muchos como un símbolo de la resistencia y por otros tantos más como el peligro máximo para la estabilidad social y económica del país.

Una herencia que sigue vigente

Si bien Chile ha vivido un proceso de democratización política, permanecen en el entramado institucional elementos heredados de la dictadura, a lo que se suma una polarización que aún hoy divide entre detractores y defensores del régimen de Pinochet.

“Yo justifico el golpe militar”, afirmó en julio pasado el diputado chileno Jorge Alessandri respecto al derrocamiento de Allende, eco de un sector de la derecha chilena que, según analistas, manifiesta “retrocesos” al justificar o negar la violencia de la dictadura y que ha crecido en los últimos meses en el seno de un Chile polarizado que puja por hacer memoria.

Sin ir más lejos, un estudio difundido por la Fundación Activa realizado en agosto reveló que al 56 por ciento de los chilenos no les interesa el aniversario del golpe de Estado.

La mayoría de los encuestados coinciden, asimismo, en que las diferencias y divisiones que genera el golpe nunca se superarán, y el 43,7 por ciento justifica un golpe de Estado dependiendo de “las condiciones que viva un país”.

“Hemos tenido un retroceso considerando que anteriormente el país daba ciertos pasos adelante en relación a reconocer las violaciones a los derechos humanos y condenarlas. Hoy hemos visto cómo el sector heredero de la dictadura ha tenido un discurso muy distinto, reivindicando el golpe, justificando, negando o minimizando las violaciones a los derechos humanos”, señala el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.

“Por un lado, los sectores más cercanos al pinochetismo duro han tenido mayor visibilidad producto de sus resultados electorales, hoy es un sector que tiene mayor fuerza política”, agregó.

A juicio del investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Rodrigo Pérez de Arce, Chile llega a esta conmemoración en un “clima político complejo” donde “no solo hay diferencias profundas respecto de la evaluación del golpe, sino que también en cómo se debiera organizar la sociedad”.

Con la llegada del gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric, quien asumió el poder en 2022 a sus 36 años mostrándose como una figura desligada de la política tradicional y con la promesa de hacer cambios sustanciales en el país que llevaran a una mayor igualdad y justicia tras el estallido social de 2019, las posturas ideológicas se han vuelto a distanciar, en especial por el tortuoso camino que ha significado cumplir con la decisión ciudadana de cambiar la Constitución heredada de Pinochet

Los partidos políticos habían acordado redactar una nueva carta magna como una forma de poner fin a la ola de protestas sociales que paralizaron el país a fines de 2019. Pero, los chilenos rechazaron hace un año el primer texto redactado por la Convención Constitucional, impulsado por el Gobierno y sus aliados, temiendo que diera demasiado poder a grupos indígenas y de izquierda radical, además de que rompiera los controles y equilibrios del poder gubernamental.

En una nueva votación, el país viró de extremo y se inclinó por las fuerzas conservadoras, siendo el segundo intento de Chile en tres años por redactar una nueva ley fundamental.

El Partido Republicano, que siempre se opuso al cambio constitucional, fue el más votado y lidera la redacción de la nueva propuesta que será votada el próximo 17 de diciembre.

Entre los cambios introducidos en el documento más reciente están la ausencia de una mayor autonomía de los grupos indígenas y un impulso para garantizar la paridad entre hombres y mujeres en las esferas de Gobierno.

“Sustituir la Constitución es difícil porque existe una polarización de fondo sobre el legado de Pinochet y su modelo socioeconómico. En la coyuntura actual, el debate es difícil para los defensores de una nueva carta magna, sobre todo una más progresista, porque la ventana de oportunidad para un cambio profundo ya está cerrada. El ímpetu reformador del estallido social de 2019 se ha debilitado y el presidente Boric no tiene la suficiente fuerza política para recuperarlo. La ciudadanía también está cansada del proceso constituyente y no me sorprendería demasiado que este año gane otra vez el No”, afirma el analista Leandro Lima.

Las amenazas de los nuevos tiempos

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren Stork, es claro en que el Chile actual enfrenta un nuevo fenómeno. “Ya no es la interrupción violenta de un proceso democrático, de la intervención de la fuerza armada o incluso de la intervención de una potencia extranjera; lo que estamos viendo es un fenómeno de erosión gradual de procesos democráticos en distintos países”.

“Hoy por hoy los golpes de Estado son más frecuentes, pero en el caso de América Latina más que surgir como producto de la acción de las fuerzas armadas, se dan como consecuencia de la acción de líderes electos como presidentes que empiezan a socavar las instituciones democráticas”, agrega.

Como lo advierte Peter Kornbluh, en los tiempos actuales la mayoría de los países se ven amenazados por la deriva hacia los extremos. “No sólo hacia la derecha, sino hacia cualquier extremo, hacia sistemas que no respetan la verdad, la dignidad y la gobernanza democrática”. Por eso, para él, Chile es una nación de la que se pueden extraer muchas lecciones.

Y es que todos los expertos coinciden en que la gran lección que dejó el golpe de Estado en Chile es la importancia de mantener y cuidar el Estado de derecho, las instituciones, la democracia y los acuerdos políticos, sea cual sea el signo político del gobernante de turno.

“La estabilidad democrática está en riesgo en distintos países de América Latina y esto significa que no podemos esperar que las instituciones se defiendan solas. La preservación activa de la cultura democrática en la sociedad es fundamental”, comenta Lima.

Por su parte, Sergio Bitar, preso político de la dictadura, ícono de los exiliados chilenos y quien fue ministro de Gobierno de Allende, considera que el gran cambio fue la valoración de la democracia y de lo sagrado que significa el respeto a los derechos humanos y de tener un sistema judicial autónomo.

“Este es un país que se inclina por las reformas graduales, pero tiene también un alma conservadora que hay que tener presente para quienes quieran gobernar. Pinochet sacó más del 40 por ciento de los votos en el plebiscito para seguir como dictador después de 17 años. Entonces, desde el punto de vista político, hay que pensar que hay un sector que privilegia la seguridad. Y esto, en los momentos actuales, no solo de Chile sino de América Latina, envuelta en redes de crimen organizado y una espiral de violencia, es un elemento a tener muy en cuenta. Debemos garantizar cómo asegurar un cambio democrático sin violencia, dando garantías de seguridad a la ciudadanía para tener esperanza de poder lograr mayor igualdad y mejores condiciones de vida para todos sin sacrificar la democracia”, sentenció.

Así registró EL TIEMPO uno de los episodios más violentos en Chile: la toma abrupta del poder de Augusto Pinochet y la dictadura que presidió.