El rol de las Fuerzas Armadas de Ecuador cambió de tono en los últimos 35 años

De enfrentar conflictos armados, como el de Paquisha o Cenepa, que mañana cumplirá 20 años, a dirimir ante un golpe de Estado contra un presidente en una de las mayores épocas de inestabilidad política que vivió el país, entre 1996 y 2006, cuando llegó a tener siete presidentes en diez años. Desde el retorno a la democracia, las Fuerzas Armadas han tenido un papel preponderante en el manejo del Estado, tanto que en la Constitución de 1998 se fijó entre sus funciones ser ‘garantes’ de la democracia.

Para Miguel Carvajal, exministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa y actual asambleísta de Alianza PAIS, esa función era una herencia de la dictadura que equivalía a “tener un juez con capacidad de intervención por encima del orden democrático”. La Constitución del 2008, en cambio, la definió como una institución de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos (art. 158). Y señala como su misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial.

El politólogo Iván Romero, en su investigación ‘Cambios en la política de Defensa Nacional: del Libro Blanco hacia la nueva Agenda de Seguridad Interna y Externa’, asegura que las FF.AA. con la Ley de Seguridad de 1979, a través del Cosena (Consejo de Seguridad Nacional), se quedaron “enraizadas al poder político como asesores permanentes del Ejecutivo” y desde allí se han pronunciado en ciertas ocasiones “como árbitros de la democracia”. En otras, “se atribuyó algunas decisiones fuera de su competencia”, como el golpe de Estado contra Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad y el retiro del apoyo a Lucio Gutiérrez.

El Gral. José Gallardo Román, exministro de Defensa, considera que hasta hoy las FF.AA. siguen defendiendo el orden de la patria. Y que estas intervenciones fueron puntuales. Con Bucaram, afirma, se le dijo que se le retiraba el apoyo porque el pueblo estaba rodeando el Palacio y no iban a usar las armas y fue el Congreso el que designó en la Presidencia a Fabián Alarcón. Con Mahuad y Gutiérrez, dice, entregaron el poder al vicepresidente. Por eso, no cree que las FF.AA. hayan tenido capacidad dirimente, sino que han buscado evitar un desorden que derive en una guerra civil dada la “encrucijada” que provocaron quienes hacen política.

Sin embargo, reconocen él y el Gral. Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), hechos como el suscitado por el entonces coronel Lucio Gutiérrez al dar un golpe contra Mahuad (ver cronología) sí afectaron a la institucionalidad de las FF.AA.

Para el Gral. René Yandún, comandante del Teatro de Operaciones Norte en la guerra del Cenepa y asambleísta de Carchi por el Movimiento Integración Democrática, a partir de la firma de Paz en 1998, el país llegó a alcanzar la estabilidad necesaria para su desarrollo y las FF. AA. avanzaron en su profesionalización. Pero cree que han perdido protagonismo y que el actual Gobierno ha debilitado su funcionamiento, al asignarles otros roles y buscar enmendar la Constitución.

Con la llegada al poder de Rafael Correa, el manejo de las FF.AA. experimentó cambios. El primero fue en la política de seguridad, que dejó de mirar netamente al Estado, y ahora “tiene como eje a la ciudadanía”. La política anterior se plasmaba en el Libro Blanco y la nueva en la Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa. Otro fue la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Pública y del Estado

en el 2009, en el llamado Congresillo. La norma reemplazó el Cosena por el Cosepe (Consejo de Seguridad Pública del Estado), con más presencia civil.

También se desarticuló a la Honorable Junta de Defensa Nacional, dedicada a la adquisición de equipos. Para el coronel (r) Alberto Molina, analista militar, el organismo fue reemplazado por un comité de bienes estratégicos, donde la voluntad de adquisición recae en última instancia en el ministro de Defensa. Consultado sobre la transparencia en compras reservadas (en 1995 se adquirieron armas obsoletas a Argentina), asegura que la entidad estaba integrada por el jefe de Estado, los ministros de Defensa y Finanzas, y el contralor. “La adquisición de armamento tenía que tener cierta reserva, pero no había forma de que haya duda de cómo se manejaba el dinero”, afirma.

Pese al cambio en la política de seguridad o la designación de civiles en el Ministerio de Defensa, el actual régimen concedió otros espacios a las FF.AA., como la reconstrucción vial del país, el manejo de Petroecuador o la seguridad en los pozos, oleoducto, poliductos en un contrato por $ 10 millones anuales.

Estas tareas, coinciden los militares consultados, han tenido relación con el conocimiento de FF.AA., pero algunas debieron ser momentáneas. “Son más de 20 actividades complementarias que están cumpliendo al momento. Unas, como brindar seguridad al oleoducto es algo estratégico, pero ir a las cachinerías o a controlar el microtráfico de drogas en los colegios no es su función”, dice Yandún.

Aunque en la Constitución la misión de las FF.AA. es la defensa de la soberanía e integridad territorial, en mayo del 2014 la Asamblea reformó la Ley de Seguridad Pública para que apoyen de forma complementaria las operaciones de la Policía, en temas de seguridad interna.

Ahora, dice Molina, se quiere legitimar ese cambio con una enmienda a la Constitución, que plantea modificar el art. 158 de esta manera: “Las FF.AA. tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley”.

“Imagínese, la seguridad integral es todo, inclusive entra la seguridad humana, la alimentaria, jurídica, ambiental. Se confunden un tanto los conceptos y en la reforma a la ley se incluye el término subsidiario. Subsidiario quiere decir que cuando un ente de menor jerarquía no puede asumir, el resto asume. No podemos ir a reemplazar totalmente a la Policía”, cuestionó el Gral. Ernesto González, exjefe del Comaco, en radio Visión el pasado 12 de enero.

Para el analista Simón Pachano, aprobar la enmienda implicaría un cambio en el rol de las FF.AA. “Pensemos que venga un gobierno autoritario, como los que ha habido mucho en América Latina, y utilice a las FF. AA. para la represión interna, con la justificación de que está controlando la seguridad ciudadana”, analiza. Los especialistas señalan otro riesgo: el desgaste y que sean cooptadas por grupos delictivos, como ocurre en México con el narcotráfico.

Carvajal defiende la reforma y afirma que la seguridad integral es un concepto contemporáneo que se aplica en otros países e implica seguridad, sobre todo preventiva. Y agrega: “Las instituciones tienen que irse adaptando a las necesidades de la sociedad, y no por eso se va a militarizar la Policía, ni las FF.AA. tienen que sustituir a otras instituciones, pero sí apoyar”.(I)

Las FF.AA. es, después de la Iglesia católica, la institución de mayor confianza en el país, con más del 60%, según Cedatos.