Ourense, líder en minifundismo, con 3,6 millones de fincas rústicas en manos de 406.000 propietarios

La provincia de Ourense, con casi 3.600.000 fincas rústicas repartidas entre 406.000 propiedades, es la capital española del minifundio. Muchos de esos propietarios están dispersos por el mundo, lo que dificulta hipotéticas transacciones comerciales o implantación de proyectos empresariales en esos terrenos, dado que no siempre es posible dar con el paradero de todos los propietarios de una sola finca. Esa postal bucólica de Galicia en lo ambiental y que preserva su esencia, es también compleja a la hora de vender o crear proyectos generadores de empleo en el rural.

A eso se suma que casi el 42% de los 3.000 montes mancomunados que hay en Galicia, están ubicados en la provincia de Ourense, una situación que, según la Federación Gallega de Empresa Inmobiliarias urge un cambio en la Ley de Montes, para dar seguridad jurídica y evitar posibles cierres o deslocalizaciones como la que amenaza a dos pizarreras de Valdeorras, ubicadas en montes mancomunales.

Más herencias que ventas

Esas realidad del minifundismo, tan acentuada en Galicia, y que tiene su máxima expresión en Ourense, provoca que de las 2.287 transmisiones de propiedad de fincas rústicas que se produjeron en el primer semestre de este año en la provincia, el 72 por ciento fueran herencia, donaciones o permuta y solo el 28% restante por compraventa.

Cierto es que el número de transacciones de propiedad que se han ejecutado en el primer semestre, casi ha duplicado a las de todo el 2022, que en el que hubo 2.640 en la provincia de Ourense.

Claro que hay exenciones y beneficios, pero no son suficientes para dinamizar un rural en caída libre. Según explica el presidente de Fegein, Benito Iglesias, “desde la entrada en vigor de impuestos cero en el rural gallego la compra y agrupación de fincas rústicas tienen una exención fiscal, por lo que ningún comprador tiene que abonar el tributo de transmisiones patrimoniales al adquirir un parcela rústica.

Exención de impuestos

El comprador está exento por tanto de pagar igualmente el impuesto de actos jurídicos documentados, señala el presidente de Fegein. Además el sector forestal y agroganadero acaparan la práctica totalidad de las compraventas de parcelas rústicas, añade.

No obstante “el reto de alimentar a una población europea y los cambios en los hábitos de consumo de la sociedad hacía una alimentación más sana son el potencial de inversión en el sector agroalimentario gallego, lo que fijaría población con empleos estables y de calidad en una Galicia vaciada” indica Benito Iglesias.

Usos como fincas ganaderas, agrícolas o de recreo y ocio ,o para complementar fincas ya en propiedad son el destino habitual de las transacciones, según Fegein, que indica que “el perfil de vendedor habitual son herederos de esas fincas, donde el interés por parte de muchos de ellos en mantenerlas es reducido”.

Es habitual que en esta situación de diseminación de propiedades a veces ínfimas en tamaño ”muchos propietarios incluso desconocen su ubicación localización de las mismas, y niu siquiera saben que son poseedores de las mismas, al ser transmitidas muchas de ellas por hijuelas cuyo nombre del propietario catastralmente es de padres, abuelos o incluso bisabuelos” advierte Benito Iglesias.

Este escenario complica aún más documentalmente los trámites para un compraventa y la puesta en valor de estas pequeñas propiedades tan valiosas y tan costosas de conseguir, en el rural de hace apenas unas décadas.

“Sin empleó y trabajo local jamás se fijará población en la Galicia cada vez más vaciada, por muchas bonificaciones fiscales que se creen i se puede hablar de una oportunidad de negocio en las parcelas grandes o donde exista la gran asignatura pendiente de nuestro rural que no es otro que la concentración parcelaria para buscar rentabilidades y oportunidades reales de negocio” sostiene el presidente de Fegein.

Se refiere en concreto a que el reparto actual no cumple las expectativas de “grandes fondos de inversión buscan grandes extensiones de terreno” para sus proyectos.

De ahí que como presidente de Fegein, defienda una una nueva ley del montes comunales o “una regulación del monte comunal para finiquitar con los conflictos que amenazan a empresas, con su deslocalizaciones,y al empleo” .

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