Del oasis de estabilidad al estallido social: Chile vota qué país quiere ser

Milagro económico, oasis de estabilidad, un país que poco tiene que ver con el resto de América Latina. Hasta el mes de octubre de 2019, para referirse a Chile, estas afirmaciones estaban en boca de tertulianos, expertos y medios de comunicación de todo el mundo.

Sin embargo, el 18 de octubre de 2019, toda esa sensación de bonanza mutó en un estallido social. Y lo hizo desde lo subterráneo, para subir, con el paso de los días, hasta las calles de todo el país. 

Subterráneo porque las protestas empezaron contra una subida de 30 pesos (3 centavos de dólar) en el billete del metro de Santiago. Una cantidad mínima pero que representaba mucho más. Los jóvenes empezaron a colarse de forma masiva en el sistema de transporte y comenzaron los enfrentamientos con la policía. 

El 21 de octubre, el Senado ya había paralizado la medida, pero la mecha estaba prendida y las masivas protestas no dejaron de suceder. De este modo, quedó descubierta la parte oculta de aquel Chile alabado internacionalmente. Por ejemplo, la violencia policial, como demuestran las al menos 34 personas muertas en manos de agentes de la fuerza pública, así como miles de heridos.

Un año después, los chilenos votarán este domingo 25 de octubre en un referendo constitucional. Por un lado, la opción 'Apruebo', favorita en las encuestas; por otro lado, la opción 'Rechazo', que da carta blanca a la Constitución de 1980, sancionada en plena dictadura de Augusto Pinochet.

De votar 'Apruebo' los chilenos tienen que decidir entre una Convención Mixta o una Convención Constitucional. La primera opción contempla un órgano constituyente formado por un 50% de representantes votados por la ciudadanía y otro 50% de miembros del Congreso. La segunda opción daría lugar a un órgano constituyente  formado exclusivamente por representantes civiles y, además, sería paritario. Entre estas dos opciones, las encuestas están más disputadas.

El plebiscito debía haberse celebrado el 26 de abril, pero la emergencia sanitaria, derivada de la pandemia del Covid-19, obligó a buscar una nueva fecha, que llega, al fin, este 25 de octubre. 

Si vence el cambio constitucional, la elección de los constituyentes se realizará en abril y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en un nuevo plebiscito, por lo que esta no estará vigente hasta 2022.

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Pero, ¿qué piden exactamente los chilenos? 

3 centavos de dólar escondían problemas estructurales, que durante décadas fueron acumulándose hasta desencadenar un brote de ira ciudadana contra todas las instituciones del Estado. Un año después, el 61,7% de la población chilena, según un estudio de Activa, considera que las protestas iniciadas el 18 de octubre han sido positivas para el país. 

Sin embargo, en los últimos 30 años, Chile ya ha registrado 53 cambios constitucionales. Algo que no parece suficiente para la población civil, que tilda la Carta de "ilegítima" por su origen y por la desigualdad que vive el país. 

Para muchos, como Francisca Crispi, del Colegio Médico de Chile, la nueva Constitución es básica para poder "blindar los derechos básicos", aseguró en declaraciones a la Agencia EFE.

• Un nuevo sistema de Gobierno

Chile tiene un sistema presidencialista, inspirado en el modelo de Estados Unidos. Se trata de una forma de Gobierno habitual en América Latina. Sin embargo, sectores de la sociedad chilena, tanto de derechas, como de izquierdas, piden un nuevo modelo. 

La Constitución de 1980 definió un sistema que para muchos es "hiperpresidencialista", en el que el jefe de Estado tiene competencias que tradicionalmente pertenecen al Parlamento. El dictador Augusto Pinochet la definió de 'protegida y autoritaria', tal y como explica el abogado Ignacio Walker, en el diario El País: "¿Protegida de quién? De la ciudadanía. Y autoritaria por la concentración del poder en el presidente de la República". 

Esto deriva en una gran distancia entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Por ello, muchos constitucionalistas discuten si es mejor una fórmula representativa como la de España o bien, si hay que avanzar hacia un presidencialismo parlamentarizado, al estilo francés. 

• Una verdadera reforma policial

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó el 31 de julio de 2020 ante los tribunales a 2.825 víctimas de la violenta represión policial, tras registrar 4.075 hechos en los que se vulneraron los derechos humanos. Unos números en los que figuran al menos 34 fallecidos, 3.400 civiles hospitalizados durante las protestas y 460 personas con ojos mutilados.

Para gran parte de la sociedad chilena, el foco se ha puesto en la policía. Chile tiene la Policía de Investigaciones, de carácter civil, y los Carabineros, de esencia militar. Este cuerpo policial, en los últimos años, ha estado actuando de forma autónoma con múltiples casos de corrupción, fraude fiscal y abuso de la fuerza. Asociaciones como Human Rights Watch pidieron durante las protestas la reforma de los Carabineros.

Con las manifestaciones, el Gobierno optó inicialmente por la criminalización de estas, decretando un estado de Emergencia y un toque de queda en las principales ciudades chilenas. Además, se aplicó la Ley de Seguridad del Estado y el Gobierno aprobó leyes como la Ley Antiencapuchados, aumentando el número de agentes policiales y aprobando un estatuto de protección para las fuerzas de seguridad.

Este contexto sirve para explicar que 5.000 personas hayan sido procesadas en el contexto del estallido social, muchas de ellas, muy jóvenes. Por su parte, tan solo hay 75 policías acusados de violencia institucional, con 25 encarcelados de forma preventiva y solo uno condenado.

• Hacia un sistema de salud sin segregación

Un estudio de Activa aseguraba que la salud es la principal preocupación de la ciudadanía. 

Con el estallido social quedó al descubierto el estado del sistema de salud chileno; surgieron múltiples voces que denunciaban listas de espera interminables, personas que fallecían antes de ser operadas, escasez de medicamentos e insumos, así como grandes deudas hospitalarias. Además, Chile, según datos de Fonasa, segrega en materia de salud, con más del 80 % de la población siendo atendida con menos del 50 % de los recursos disponibles. 

El actual sistema chileno se remonta a los años 80, cuando se aprobó el principio de subsidiariedad, consagrado en la Constitución, y que se basa en que el Estado solo actuará donde la sociedad civil no llegue. Este sistema ha privilegiado a las instituciones privadas, algo que para Katiuska Rojas, presidenta metropolitana del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, ha provocado que se negocie con las enfermedades de la gente. 

• Reforma pensional

Junto al sistema de salud, muchos jóvenes chilenos protestan por el modo en el que viven sus abuelos. Es el resultado de unas condiciones de vida en las que no quieren verse reflejados. Las personas mayores en Chile deben sobrevivir con una pensión, que para muchos jóvenes "es miserable", tal y como asegura el portavoz de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina.

Las personas que cotizaron entre 30 y 35 años de trabajo en Chile tienen una pensión promedio de 220.000 pesos, lo que supone 280 dólares, un tercio del ingreso mínimo. 

Chile fue pionero en este sistema de capitalización individual, manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y es una estructura privada única y obligatoria.

• Reconocimiento al pueblo mapuche

Cada vez es más habitual en las marchas de Chile ver la bandera de los indígenas mapuche. De hecho, una encuesta de Activa muestra cómo un 64,2 % de la población se encuentra muy de acuerdo o de acuerdo con que el pueblo mapuche debe tener más ayuda y beneficios por parte del Estado.

Desde el INDH, Salvador Millaleo, consejero de la institución, asegura que "es el plebiscito más importante de la historia de Chile". El abogado considera que es una oportunidad "única" para que los pueblos originarios sean reconocidos en la nueva Ley Fundamental, ya que significan más del 10 % de la población. 

• ¿Primera Constitución paritaria de la historia?

"El violador eres tú" resonó con fuerza durante las performances que tuvieron lugar en protestas de todo Chile y terminaron expandiéndose por todo el mundo. El colectivo de 'Las Tesis' logró una de las canciones de 2019 y se convirtió en el preámbulo de una de las manifestaciones feministas más masivas de la historia de Chile el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, justo antes de la pandemia.

La fuerza de los colectivos feministas se plasma en el logro de que la primera Constitución chilena sea redactada de forma paritaria, en caso de ganar la opción de Convención Constituyente. En ese supuesto, la Carta Magna sería redactada exclusivamente por población civil y sería la primera vez en el mundo que una Ley Suprema se elabore de esa manera.

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¿Cuál fue la respuesta social del Gobierno a las protestas?

De la criminalización, el presidente Sebastián Piñera fue evolucionando su discurso hasta implementar medidas sociales, con las que trató de apaciguar el descontento social. Un movimiento que también llegó al Congreso.

Piñera fue elegido en 2017 con el 54,58 % de los votos. Sin embargo, con las protestas, su aprobación llegó a caer, según algunas encuestas, hasta un 4,6 %. Un mínimo histórico.

En el primer mes de manifestaciones, Piñera anunció la llamada Nueva Agenda Social, que trataba de responder al descontento en las calles, y con el compromiso de reformar las pensiones, las instituciones y el sistema de salud. Además, modificó en noviembre su equipo ministerial, recortó las dietas parlamentarias, inició la negociación para una reforma tributaria y hasta planteó un ingreso mínimo garantizado.

También el Congreso se movilizó para dar respuesta a las demandas sociales y, coincidiendo con la pandemia en julio, los chilenos pudieron retirar el 10 % de sus ahorros provisionales. Las fuerzas políticas, además, fueron las que acordaron de forma histórica el 15 de noviembre la realización de este plebiscito nacional.

¿En qué punto se encuentra la movilización?

Pese a los esfuerzos del Legislativo y el Ejecutivo de conseguir la paz social en las calles de Chile, para parte de la sociedad, las medidas no han sido suficientes. Aunque se aprobó el referendo, las protestas continuaron durante meses en las calles de Chile, e incluso muchos manifestantes iniciaron 2020 concentrados en la Plaza Italia, que muchos hoy conocen como Plaza de la Dignidad, por ser el punto central de concentración para las marchas en Santiago. 

Hasta la llegada de la pandemia, las protestas se mantuvieron fuertes, y justo en marzo, cuando empezaba un nuevo curso académico y con la confianza de retomar las marchas tras el parón veraniego, el Covid-19 interrumpió el envión de las manifestaciones. Sin embargo, lejos de desaparecer, el descontento se mantuvo en la sombra, de forma latente. 

En abril, hubo varias jornadas de protesta en conmemoración de los 6 meses del estallido social; a finales de agosto, llegó un paro camionero, en el que exigían más seguridad en las carreteras; y a comienzos de octubre, volvió la tensión social, tras difundirse un vídeo en el que se veía cómo un policía empujaba a un menor de 16 años por un puente durante una marcha.

Todo esto culminó el 18 de octubre, cuando masivas manifestaciones inundaron las calles para recordar el aniversario de las mayores protestas de Chile en las últimas décadas, que se saldaron con más de 500 detenidos, dos iglesias incendiadas y la investigación sobre un posible fallecido a manos de la policía. 

Un descontento que los chilenos, por fin, podrán plasmar el 25 de octubre en las urnas, donde podrán decidir qué país quieren ser. Quedará por ver si el voto, y el resultado, sirven para que el estallido social sea historia, o bien, continúe en el tiempo.