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Jueces de la Corte Suprema de EEUU se reunieron con donantes y promovieron libros

Archivo - Los jueves de la Corte Suprema de Estados Unidos
Archivo - Los jueves de la Corte Suprema de Estados Unidos posan para un retrato grupal en el edificio de la Corte Suprema en Washington, el 7 de octubre de 2022. En la fila inferior, de izquierda a derecha, aparecen la jueza Sonia Sotomayor, el juez Clarence Thomas, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, el juez Samuel Alito y la jueza Elena Kagan. Fila superior, de izquierda a derecha: la jueza Amy Coney Barrett, el juez Neil Gorsuch, el juez Brett Kavanaugh y el juez Ketanji Brown Jackson.
(J. Scott Applewhite / Associated Press)
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Cuando Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, encabezó un evento de 2017 en el McLennan Community College en Texas, sus anfitriones tenían más que un discurso en mente. Los directivos de la escuela trabajaron con el destacado abogado conservador Ken Starr para elaborar una lista de invitados para una cena en la casa de un empresario adinerado de Texas, con la esperanza de que una audiencia con Thomas fuera una recompensa para los patrocinadores de la escuela, y un incentivo para donantes potenciales.

Antes de que la jueza Elena Kagan visitara la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado en 2019, un funcionario en Boulder sugirió una “mayor proporción de donantes que de personal” para una cena con ella. Después de que la jueza Sonia Sotomayor confirmara que asistiría a una sesión de preguntas y respuestas de 2017 en la Universidad de Clemson y a un almuerzo privado, los directivos allí se aseguraron de invitar a donantes de más de 1 millón de dólares a esa universidad de Carolina del Sur.

The Associated Press obtuvo decenas de miles de páginas de correos electrónicos y otros documentos que revelan hasta qué punto algunos colegios comunitarios y universidades públicas de Estados Unidos han contemplado las visitas de los jueces como oportunidades para generar donaciones, al poner regularmente a los jueces en espacios con donantes influyentes, incluidos algunos cuyas industrias han tenido intereses ante el máximo tribunal del país.

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Los documentos también revelan que los jueces de todo el espectro ideológica de la Corte han otorgado el prestigio de sus cargos a actividades partidistas, al encabezar discursos con políticos prominentes, o promoviendo sus propios intereses personales, como la venta de sus libros a través de visitas a las universidades.

Esta conducta probablemente está prohibida si la realizan jueces federales de tribunales de menor instancia, pero la definición de la Corte Suprema de recaudación de fondos prohibida es tan estrecha —un evento que recaude más de lo que cuesta o uno donde se solicitan donaciones a los invitados— que no cuenta si se solicitan fondos a los contribuyentes más adelante, cuando se les recuerda el acceso especial que se les otorgó.

“Los jueces deberían ser conscientes de que hay personas que les están vendiendo el acceso a ellos”, advierte Amanda Frost, profesora de Derecho de la Universidad de Virginia y experta en ética. “No creo que sean ingenuos, pero ciertamente se han estado poniendo en situaciones en las que las personas pueden afirmar de manera creíble: ‘Te estoy dando acceso’, o ‘Voy a recaudar fondos por mi supuesta cercanía o acceso’. Y eso es un problema”.

En una declaración en respuesta a varias preguntas, la Corte Suprema respondió: “La Corte solicita de manera rutinaria a los organizadores de eventos que confirmen que un evento en el que hablará un juez no es una recaudación de fondos, y proporciona una definición de ‘recaudación de fondos’ para evitar malentendidos”.

“Posteriormente, la Corte hace un seguimiento con los organizadores del evento para obtener más información según corresponda”, agregó el comunicado. “La costumbre de la Corte ha sido útil: los jueces se han negado a participar en eventos a pesar de que los organizadores del evento dijeron expresamente a las cámaras industriales que los eventos no eran para recaudar fondos, luego de que un cuestionamiento adicional de la Corte confirmó que eran recaudaciones de fondos”.

Sin embargo, las revelaciones llegan en un momento tenso para la Corte, que por diseño constitucional resuelve disputas que establecen límites fundamentales en la vida estadounidense. La integridad de la Corte está siendo cuestionada debido a preocupaciones sobre abusos éticos por parte de ciertos jueces y fallos judiciales polarizados, incluida la decisión del año pasado que revirtió el fallo histórico Roe vs. Wade. Una encuesta de 2022 puso la confianza en la Corte en su nivel más bajo en 50 años: solo el 18% expresó un alto nivel de confianza.

En el centro de algunas de las dudas que ahora se plantean sobre la Corte está el hecho de que opera sin un código de conducta formal, lo que deja a los jueces sin un “punto de referencia común”, expresa Jeremy Fogel, un jubilado juez federal que fue designado por el entonces presidente Bill Clinton.

“Sin uno, no tienes un conjunto de reglas acordadas y se convierte en una cuestión de ‘¿Esto me incomoda?’, o ‘¿Esto me parece bien?’”, agrega Fogel, quien dirigió una agencia dentro del poder judicial federal encargada de educar a los jueces en asuntos de ética. “Eso luego es refractado a través de una lente política y conduce a preguntas de legitimidad. Ese es un problema real”.

Los jueces federales de los tribunales de menor instancia generalmente tienen prohibido participar en eventos de recaudación de fondos, actividad política y “otorgar el prestigio de un cargo judicial” para promover los propios “intereses privados” de un juez.

Pero a los jueces de la Corte Suprema solo se les pide que se adhieran a lo que el presidente de la Corte Suprema John Roberts, en una declaración firmada por los nueve miembros de la Corte, se refirió en abril como un conjunto de “principios y prácticas éticos”. Los jueces sólo brindan una contabilidad limitada de los gastos de viajes pagados y, a veces, pasan por alto revelar los eventos por completo.

La Corte se ha beneficiado desde hace mucho tiempo de la presunción de que los jueces, a quienes este año se les pagarán 285,400 dólares—Roberts ganará más—, han elegido el servicio público en lugar de oportunidades mucho más lucrativas.

Pero esa percepción ha comenzado a resquebrajarse, después de que varios medios de comunicación informaran este año sobre lagunas éticas, incluidas las investigaciones de ProPublica que muestran que Thomas aceptó repetidamente vacaciones de lujo, incluso un viaje de 500.000 dólares a Indonesia en 2019 de parte de Harlan Crow, un empresario multimillonario, donante republicano y amigo suyo desde hace mucho tiempo.

El escrutinio ha incitado las peticiones de un código de ética y una mayor transparencia de los viajes de los jueces. Para llenar algunos de los vacíos de información, la AP usó más de 100 solicitudes de registros públicos para obtener detalles que incluían las identidades de los donantes y los políticos invitados a recepciones privadas, así como sobre las ventajas de los viajes publicitados como académicos.

Más allá de las instituciones públicas, la AP también contactó a más de 100 escuelas privadas, organizaciones y grupos de beneficencia donde los jueces dieron discursos, pero esas instituciones no están sujetas a las leyes de registros públicos y la mayoría declinó proporcionar detalles.

Al menos una jueza, Sotomayor, parecía muy consciente del peligro de estar en un entorno donde había donantes. Al principio de su mandato en la Corte Suprema, rechazó una sugerencia de que cenara con los principales contribuyentes de la Universidad de Hawai durante una visita de 2012.

“No, la jueza no participará en una cena privada en un ‘club’ con el señor Boas, quien es donante de la Facultad de Derecho”, escribió un asistente a los funcionarios de la escuela, refiriéndose a Frank Boas, un benefactor de larga data.

“El Canon 2(B) del Código de Conducta para Jueces de Estados Unidos establece que un juez ‘debe evitar otorgar el prestigio de un cargo judicial para promover los intereses privados del juez o de otros’”, agregó el asistente. “La Justicia es exigente sobre seguir esta directriz”.

Antes de la visita de Sotomayor a Clemson en 2017, su personal aconsejó evitar asistir a un almuerzo con donantes. Sin embargo, la lista de invitados incluía invitados que habían donado millones de dólares a la escuela —algunos de ellos posaron para fotos con la jueza—, y las discusiones internas en los correos electrónicos muestran que los funcionarios consideraron la visita como una oportunidad para generar dinero para un consejo universitario de humanidades. Eso muestra nuevamente las formas en que la definición limitada de recaudación de fondos de la Corte ha permitido que los jueces sean utilizados para estimular las donaciones.

“Esperamos que la visibilidad de esta visita genere conciencia”, escribió Donna Dant, directora sénior de Desarrollo, a un funcionario de relaciones con exalumnos de Clemson. “Y al final, generar recursos”.

Brian O’Rourke, otro funcionario de relaciones con exalumnos, escribió: “Cuando hable de donantes de 1 millón (de dólares), por favor asegúrese de incluir también a nuestros donantes corporativos en ese nivel”. Un profesor de inglés, Lee Morrissey, quien ayudó a organizar la visita, al comentar sobre los costos más altos de lo esperado de la misma, la describió como un “momento en el que ‘se necesita dinero para ganar dinero’”. Contactado más tarde, aseguró que no lo decía literalmente, sino que se refería a la perspectiva general de una mayor atención para el programa de humanidades.

Cuando se le preguntó sobre el evento, Joe Galbraith, el portavoz de Clemson, dijo a la AP en un comunicado que el evento no fue para recaudar fondos y que no hubo “peticiones de donaciones solicitadas en relación con la visita”.

Entre los jueces que están más solicitados, Thomas es muy popular entre los conservadores. Los funcionarios del McLennan Community College vieron en él un atractivo especial para cierta clase de donantes.

“Tenía algunas otras ideas sobre las personas que podrían ser apropiadas para invitarlas a la cena de Clarence Thomas, principalmente porque son católicos conservadores ricos que se alinearían con Clarence Thomas y que no han donado anteriormente”, escribió en un correo electrónico Kim Patterson, directora ejecutiva de la McLennan Community College Foundation (Fundación del McLennan Community College).

En septiembre de 2017, Thomas visitó Waco, Texas, para ser entrevistado por Starr, un viejo amigo y exabogado independiente cuya investigación sobre la conducta sexual inapropiada de Clinton lo convirtió en un nombre familiar en la década de 1990.

Algunos profesores de la escuela se mostraron escépticos ante la invitación, pero los planes siguieron adelante, y la escuela programó una entrevista pública, una firma de libros y dos cenas privadas.

La viuda de Starr, Alice, defendió la práctica con el argumento de que las solicitudes de donaciones estaban separadas de la visita, aunque se invitó a los objetivos adinerados de los intentos de recaudación de fondos de la universidad.

“No es dar al evento de Clarence Thomas”, dijo en una entrevista reciente. “Es dar al colegio (comunitario) en una fecha posterior, porque fueron tratados con cortesía e (invitados) a un evento muy especial. Todas las universidades de Estados Unidos hacen eso. Y si no lo hacen, no están recaudando fondos”.

“‘Friendraising’ (‘recaudación de amigos’) es como se llama”, agregó. “Y, con suerte, haces la petición grande más tarde”.

Se esperaba que uno de esos amigos fuera Crow.

“¿Podemos Alice y yo compartir esto con Harlan Crow? Como bien saben, él querrá conectarse con el juez si es posible”, preguntó Ken Starr por correo electrónico a un funcionario de la Corte. Crow y su esposa declinaron la invitación. Crow no respondió a las solicitudes de comentarios. Starr murió el año pasado.

Los aproximadamente 100 invitados incluyeron empresarios locales prominentes, líderes políticos, abogados y donantes de la escuela y el Partido Republicano. Los invitados fueron trasladados a bordo de autobuses a la mansión de estilo mediterráneo del empresario local Clifton Robinson, la cual tiene 26 columnas de mármol y vistas panorámicas del lago Waco. Cenaron bocadillos de cangrejo, lomo de res y salmón con cítricos, según muestran los registros escolares.

La escuela ordenó suficientes copias de la biografía de Thomas de 2007, “My Grandfather’s Son” (“El hijo de mi abuelo”), para cada pareja, además de cientos más para la firma de autógrafos después de la conferencia de Thomas.

Durante el evento, Robinson era parte del consejo de administración de Hilltop Holdings, una empresa de capital privado con un caso pendiente en un tribunal federal. El año pasado, la Corte Suprema se negó a tomar el caso, un resultado favorable para National Lloyds Insurance Co., una aseguradora subsidiaria de Hilltop fundada por Robinson.

Robinson refirió que se sentó junto a Thomas en la cena, pero que nunca discutió el caso. “Yo sólo estaba en el consejo. No tengo idea sobre eso”, respondió.

El día después de la cena, Thomas asistió a una comida más íntima con varios funcionarios de la escuela, los Starr, Robinson y media decena de invitados más. La universidad se negó a identificar a esas personas, citando una guía de la fiscalía general de Texas que permite a las instituciones de educación superior retener en el anonimato a los donantes.

Thomas no fue el único que asistió a eventos a los que se invitó a donantes.

Mientras los funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado elaboraban una lista de invitados a la cena antes de la visita de Kagan en 2019, un organizador propuso una mayor “proporción de donantes que de personal”, mientras que otra dijo que estaba abierta a sugerencias sobre con cuáles “donantes VIP” a la Facultad “le gustaría cultivar relaciones”.

Un portavoz de la universidad dijo en un comunicado que “no hubo solicitudes” relacionadas con el evento y que no se hicieron obsequios como resultado de este.

A veces, un viaje de un juez ha incluido tanto conferencias tradicionales como encuentros con donantes. En enero de 2020, Thomas mezcló una asignación docente de cuatro días en la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida con reuniones en las que participaron donantes de la universidad y figuras políticas.

La Facultad hizo arreglos para que el jet privado Embraer Phenom 300 de su asociación atlética volara a Washington para transportar a Thomas y su ex asistente legal, Kathryn Mizelle, a un costo de 16.800 dólares. En un comunicado, una portavoz de la universidad calificó el vuelo chárter como “práctica estándar” para muchos oradores invitados “para quienes es necesario viajar en avión”.

Thomas y Mizelle impartieron un curso sobre religión y la Primera Enmienda constitucional y se reunieron con estudiantes. El juez también asistió a eventos VIP con donantes de la escuela, según los materiales de la agenda de la universidad.

El ex director general de Burger King, John Dasburg, exmiembro del consejo de administración de la universidad, y su esposa, Mary Lou, se encontraban entre quienes estaban incluidos, según muestran los registros escolares. En conjunto, la pareja ha donado alrededor de 600.000 dólares a los candidatos republicanos a cargos federales.

Dasburg dijo que asistieron por invitación del decano de la Facultad de Derecho, que pidió a Thomas que le firmara un libro sobre los derechos de la Primera Enmienda y aprovechó la ocasión para discutir una opinión disidente de Thomas que admiraba: un caso del 2000 que mantenía las restricciones de Colorado sobre protestas afuera de las clínicas de aborto.

Thomas y Mizelle, graduada de la Facultad de Derecho en 2012, extendieron su estadía hasta el fin de semana para asistir a una reunión de una rama de Florida de la Federalist Society (Sociedad Federalista), un grupo legal conservador cuyos donantes adinerados han ayudado a orquestar el giro a la derecha de la Corte Suprema.

En un salón de baile lleno de gente en un resort de Disney World, los homenajes a Thomas fueron efusivos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ayudó a presentar a Thomas y quien ahora busca la nominación presidencial republicana, lo llamó el “juez viviente más grandioso”. Después, Thomas y DeSantis cenaron en un restaurante de carnes a la parrilla con el activista legal conservador Leonard Leo, quien ha ayudado a elegir a varios jueces conservadores en la Corte, según una persona familiarizada con la cena. CNN reportó la cena por primera vez.

Ese septiembre, el presidente Donald Trump nominó a Mizelle a la banca federal, a pesar de que un comité de una Asociación de la Barra de Abogados de Estados Unidos la determinó “no calificada”.

En 2014, Thomas visitó la Universidad de Texas en Tyler para una conferencia y una cena patrocinada por un grupo de donantes del entonces representante republicano Louie Gohmert, quien en 2020 encabezó una demanda que buscaba facultar al vicepresidente Mike Pence para que pudiera anular las elecciones presidenciales que Trump perdió ante el demócrata Joe Biden.

Thomas posó para fotografías con los invitados en una recepción privada antes de una cena patrocinada por Louise Herrington Ornelas, una importante donante de la escuela. Entre los invitados se encontraban Gohmert, ejecutivos petroleros locales y abogados de la industria, y simpatizantes del Partido Republicano.

“El juez Thomas fue un orador maravilloso y nos ayudó simplemente con su presencia”, declaró Rodney Mabry, quien era el presidente de la escuela en ese momento, en una entrevista. “Gracias a la cena, ayudó a recaudar dinero”.

Thomas no fue el único que tuvo un matiz político en algunos de sus viajes.

En septiembre de 2016, Sotomayor visitó Colorado para una serie de discursos y eventos de libros que no figuran en su declaración financiera, por lo que no está claro quién pagó el viaje. Hizo una parada en la Universidad Estatal Metropolitana en Denver a instancias de su vieja amiga Polly Baca, una activista demócrata, según muestran los correos electrónicos.

Baca, exlegisladora del estado de Colorado y funcionaria del Comité Nacional Demócrata, solicitó 15.000 dólares en contribuciones de grupos sin fines de lucro, filántropos, donantes demócratas, bufetes de abogados y corporaciones para ayudar a compensar el costo de 30.000 dólares.

Los patrocinadores consiguieron entrar a una recepción privada con Sotomayor, donde se mezclaron dignatarios locales y donantes de la universidad. Baca dijo que no recordaba haber recaudado dinero para el evento.

Ha habido varios momentos en los que un juez da la apariencia de devolver un favor político.

Menos de seis meses después de que el juez Neil Gorsuch prestara juramento como el primer candidato a la Corte Suprema de Trump —gracias en gran medida a los esfuerzos de Mitch McConnell, entonces líder de la mayoría en el Senado— Gorsuch apareció en un evento que los organizadores esperaban ayudaría a recaudar dinero para un centro académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kentucky en honor a uno de los amigos más cercanos de McConnell, el difunto juez de distrito John Heyburn II.

Buscando alcanzar la meta de donación de 3.5 millones de dólares de la iniciativa, Martha Heyburn, la viuda del juez y fundadora de la Heyburn Initiative (Iniciativa Heyburn), una organización dedicada al estudio de la historia judicial federal de Estados Unidos, redactó un documento de recaudación de fondos para posibles donantes que destacaba la cobertura mediática de una aparición anterior de Roberts y daba a entender la próxima visita de Gorsuch.

La universidad “no ha anunciado (públicamente) que el juez Gorsuch será el orador, así que mantenga esta información confidencial”, enunció el documento.

El portavoz de la universidad, Jay Blanton, dijo en un comunicado que el evento no era para recaudar fondos y que “esa no era la intención de los eventos de ninguna manera”.

Después de la conferencia pública de Gorsuch, la agenda requería que Gorsuch y McConnell, republicanos de Kentucky, cenaran con un pequeño grupo privado antes de una recepción en la casa del rector de la universidad.

Los registros muestran que entre los presentes en la recepción se encontraba un importante donante republicano y propietario de una de las compañías mineras de carbón más grandes del país, Joe Craft III, y su esposa, Kelly, quien se desempeñaría como embajadora de Trump en Canadá, y quien este año buscó sin éxito la candidatura republicana a gobernadora.

La pareja ha donado al menos 13,3 millones de dólares a candidatos republicanos y causas a nivel federal desde 2010.

Craft estaba entonces montando una campaña enérgica para presionar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Trump a fin de que eliminara algunas regulaciones de la industria. El año pasado, la mayoría conservadora de la Corte Suprema emitió un fallo de 6-3 que limita la autoridad de la EPA para frenar las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas.

Los Craft han donado millones de dólares a programas universitarios, pero Kelly Craft dijo que la pareja no conocía a Gorsuch ni habló con él. “Les puedo asegurar que no se discutió nada”, aseguró.

En su declaración a la AP, la Corte dijo: “Los jueces deben actuar con prudencia al asistir a eventos que podrían describirse como de naturaleza política, siguiendo las instrucciones del Código de Conducta que advierte a los jueces no involucrarse en actividades políticas. El simple hecho de asistir a un evento en el que también podría estar presente un funcionario electo —como varios de los eventos descritos en su correo electrónico— no necesariamente hace que el evento sea de naturaleza política inadmisible”.

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The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa sobre las elecciones y la democracia. AP es la única responsable de todo el contenido.

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