«No se cumplen los requisitos establecidos legalmente que permitan informar favorablemente el otorgamiento de la prórroga solicitada por el promotor de la ATE Valencia CF para la ejecución de la Actuación Territorial Estratégica Valencia CF». Con esa rotundidad finaliza el informe vinculante de once páginas con el que la conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad responde al Valencia CF para emitir su opinión desfavorable a la prórroga de los plazos de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) solicitada por la entidad. Del informe, de carácter preceptivo, se interpreta como caducada la ATE al no haberse cumplido los hitos de la Fase I y ha sido remitido a la conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, sobre quien pesa la competencia última y que deberá resolver en base al dictamen de la conselleria dirigida por Arcadi España. A expensas de que se cumpla el plazo de la Fase II, el 20 de agosto, la contundencia del presente escrito ya anticiparía el sentido del informe definitivo.

En las consideraciones jurídicas del informe se considera que los retrasos son achacables al Valencia y destaca que la propuesta de ampliación de cinco años firmada por el club carece de garantías y no se puede analizar con un mínimo de rigor jurídico porque se trata de una «simple mención». «El Valencia manifiesta en su escrito su compromiso de continuar con las negociaciones para obtener la financiación necesaria para ejecutar el nuevo Mestalla así como los trámites burocráticos y administrativos que le permitan reiniciar las obras del nuevo Mestalla. No aporta mayor compromiso que tal manifestación expresada en el escrito». «El contenido del escrito (…) es manifiestamente insuficiente tanto en el planteamiento de una nueva cronología como en el compromiso de su ejecución», señala. Asimismo, el club presidido por Anil Murthy justifica su falta de cumplimiento en el proceso infructuoso de la venta del antiguo Mestalla y en la complejidad de la licitación de la adjudicación de las obras «sobre la que no concreta plazos ni estimación de reanudación de las mismas».

El informe destaca que el Valencia, en su figura de promotor, insta a la ampliación de los plazos «una vez transcurridos casi tres años desde la fecha de finalización de la Fase I y apenas tres meses antes de que expire la Fase II», aportando un documento «que carece del contenido documental suficiente» que permita a las Administraciones competentes el «oportuno análisis de la propuesta formulada» y resolver sobre la nueva reorganización.

Además, Política Territorial recoge también un informe del Ayuntamiento de València que considera «ejecutada» la Fase I al entender que no es exigible al club la construcción del hotel (en contra del criterio de esta conselleria) e «incumplida en su totalidad» la Fase 2. La conselleria apunta en la responsabilidad del Valencia que no se haya levantado el hotel y acusa al club de una «notable falta de diligencia». De hecho, el informe apunta a que el estado de ejecución de las actuaciones incluidas al margen de la «improrrogable» Fase I y que culminan con la finalización de las obras, «permite aventurar su incumplimiento manifiesto».

La ATE es el plan urbanístico por el cual el Valencia CF se comprometía a finalizar las obras antes de mayo del presente año y que conllevaba ventajosas condiciones para el club, con los 39.855 metros de edificabilidad terciaria hotelera y comercial junto al nuevo estadio y 55.700 metros cuadrados de residencial y 41.500 de centro comercial en los terrenos del actual Mestalla. La posible extinción del convenio supondría un golpe patrimonial que podría hacer perder al Valencia CF unos 25 millones de euros.