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Dentro de los 10 países del mundo con las tasas más elevadas de encarcelamiento femenino, se encuentran tres países de la región: Estados Unidos, El Salvador y Uruguay. Foto: Especial

Encarcelamiento femenino aumentó en países de América

Estados Unidos, El Salvador y Uruguay son las naciones de la región con mayor incremento de mujeres privadas de su libertad por cuestiones como la falta de oportunidades económicas y educativas 

El porcentaje de las mujeres encarceladas en las Américas tuvo un aumento del 56.1 por ciento del 2000 al 2022, de acuerdo con datos del Institute for Criminal Policy Research.

De manera particular, donde se registró un mayor incremento de mujeres privadas de su libertad fue en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

Dentro de los 10 países del mundo con las tasas más elevadas de encarcelamiento femenino, se encuentran tres países de la región: Estados Unidos en primer lugar, con una tasa de 64; El Salvador en tercero, con 42; y Uruguay en octavo, con 29.

Reducidas oportunidades económicas, educativas y violencia influyen en el aumento del encarcelamiento femenil

Respecto a las causas de esta tendencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala en el informe “Mujeres privadas de libertad en las Américas” que el incremento se deriva principalmente por las reducidas oportunidades económicas y educativas, violencia previa, coacción, amenazas e influencia para involucrar a las mujeres con la comisión de delitos y consumo de drogas.

Al respecto, la Comisión destaca que estos factores sociales y económicos limitan las opciones de vida de las mujeres, privándolas de tomar decisiones libres y colocándolas en situaciones que conducen a su encarcelamiento.

Asimismo, se detectó que el uso excesivo de la prisión preventiva contra las mujeres en algunos países también es uno de los factores que ha contribuido al incremento de la población penitenciaria femenina en la región.

En Argentina, por ejemplo, las tasas de aplicación de prisión preventiva son de 58.9 por ciento en mujeres y de 52.8 en hombres; en Bolivia, 70.9 por ciento en mujeres y 63.3 en hombres; en Colombia, 34.16 en mujeres y 21 en hombres; en Costa Rica, 56.9 en el sector femenino y 18.9 en el masculino; y en México el 52.2 y el 42 por ciento, respectivamente.

“Estas cifras demuestran que a pesar de que las mujeres mayormente están detenidas por delitos no violentos, tienen más probabilidades de ser detenidas previamente que los hombres”, se detalla en el informe.

Por defender los derechos humanos de sus países, las mujeres también son encarceladas, al igual que las afrodescendientes e indígenas

La Comisión también tomó en cuenta que otras situaciones de riesgo que derivan en el encarcelamiento femenino son el hecho de ser defensoras de derechos humanos o pertenecientes a comunidades afrodescendientes o indígenas y, en otros casos, por sufrir emergencias obstétricas al carecer de servicios de salud reproductiva.

Respecto a las defensoras de derechos humanos, en el informe se detalla que entre los motivos de su detención se destaca el intentar manifestarse en defensa de las personas detenidas por razones políticas, formar parte de movimientos estudiantiles y participar en protestas y ejercer el periodismo y denunciar represión estatal contra manifestantes.

Ejemplo de estas detenciones fue el caso de 27 mujeres nicaragüenses que fueron privadas de su libertad por supuestamente participar en un fallido golpe de Estado, por lo que fueron acusadas de delitos como crimen organizado, terrorismo, conspiración, exposición de personas al peligro, entre otros.

En Guatemala, la Comisión recibió información sobre la intensificación de hechos de criminalización contra mujeres operadoras de justicia, abogadas, defensoras de exoperadores de justicia y exfuncionarias públicas. En particular, se registró su detención como forma de hostigamiento por su trabajo de investigación por hallar vinculaciones entre estructuras criminales y el poder político y económico.

Las mujeres afrodescendientes e indígenas también son detenidas porque se enfrentan a riesgos específicos derivados de factores de vulnerabilidad como el género o el origen étnico-racial. Igualmente, se resalta su situación de pobreza o pobreza extrema, lo que les dificulta sus posibilidades de vivir en forma plena y efectiva, incitándolas a ser parte de actividades ilegales.

Brasil es uno de los países de la región donde más mujeres afrodescendientes hay tras las rejas, pues entre enero y junio de 2022 representaron el 59 por ciento de la población carcelaria femenina total, mientras que en las prisiones canadienses casi el 50 por ciento de la población carcelaria femenina son mujeres originarias.

En El Salvador 67 mujeres fueron condenadas por abortar

Potro otro lado, parte de las mujeres encarceladas en la región son por razones obstétricas al vivir un aborto por complicaciones durante sus embarazos, lo cual pudo derivarse por situaciones de pobreza, exclusión social y reducidas oportunidades educativas.

En El Salvador, por ejemplo, se criminaliza sistemáticamente a las mujeres que sufren emergencias obstétricas, condenándolas a penas de hasta 50 años de prisión por los delitos de homicidio agravado o aborto. En ese escenario, entre 1998 y 2019, al menos 181 mujeres fueron procesadas por haber sufrido una pérdida obstétrica, de las cuales al menos 67 fueron condenadas.

Según datos de sociedad civil, del total de mujeres salvadoreñas privadas de su libertad por delitos relacionados con emergencias obstétricas, el 42 por ciento eran analfabetas o tenían como máximo el segundo ciclo de educación primaria, y el 53 por ciento carecía de ingresos estables o permanentes.

Ya en prisión, cuando las mujeres son encarceladas, lo que puede afectar gravemente su salud emocional es la separación o pérdida de los vínculos afectivos con sus familiares, pues sufren una carga psicológica al no cumplir con su función de cuidadoras.

En adición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la separación no solo afecta a las progenitoras, sino a sus hijos o hijas, quienes pueden tener un impacto sobre los derechos de su desarrollo integral, sobre todo en la primera infancia.

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