Mientras que durante años el Pentágono prometió que le facilitaría la ciudadanía en los Estados Unidos a todos aquellos inmigrantes que se alistaran en el ejército, ahora podría favorecer su deportación.
De acuerdo con una nota de The Washington Post, la más alta institución militar del país estaría considerando un plan para cancelar los contratos de reclutamiento de unos mil reclutas nacidos en el extranjero, quienes todavía se encuentran sin un estatus migratorio legal, exponiéndolos evidentemente a la deportación.
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Lo anterior parte de un memorando del Departamento de Defensa sin fecha definida, preparado para el secretario de Defensa Jim Mattis por personal y funcionarios de inteligencia del Pentágono.
Este documento, no fechado, describe posibles amenazas para la seguridad de los inmigrantes reclutados en un programa diseñado para conceder la ciudadanía de manera expedita, a cambio de urgentes habilidades médicas y lingüísticas.
Por otra parte, unos 4.100 soldados -la mayoría de los cuales son ciudadanos naturalizados- podrían enfrentarse a “chequeos de antecedentes más estrictos”, si bien el Pentágono ya ha expresado su preocupación sobre cómo lidiar con “las limitaciones legales significativas” del “monitoreo continuo” de los ciudadanos sin causa judicial alguna.
Los oficiales encargados de este sector ya han colocado en niveles de amenaza a los casi diez mil reclutas del Programa de Intercambio Militar Vital con Interés Nacional (MAVNI, por sus siglas en inglés), tanto a quienes están en servicio, como a aquellos que esperan para servir, basados en características como la proximidad a información clasificada o la exhaustividad con que han sido investigados.
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Desde que el Departamento de Defensa inició este programa en 2009, más de 10.400 soldados, la mayoría de ellos en el ejército, han demostrado poseer conocimientos médicos y especializaciones lingüísticas -como el ruso, el mandarín y el pashto-, elementos identificados por el Pentágono como vitales para el éxito de las operaciones militares, pero que escasean entre los nacidos en los Estados Unidos.
El año pasado, los funcionarios aumentaron las pruebas de seguridad, específicamente para los reclutas de MAVNI, desviando para ello “los ya limitados recursos fiscales y de mano de obra del Ejército”, según detalla el memorando.
La sobrecarga del proceso investigativo, así como un mayor riesgo para la seguridad, llevaron a los oficiales a recomendar la cancelación del programa y de los contratos de alistamiento de unos 1.800 casos pendientes de entrenamiento básico, según el memorando.
Esos reclutas se encuentran en lo que el ejército califica como programa de entrada diferida, asignándoles fechas de entrenamiento en el futuro. De ahí que cerca de mil de ellos han sufrido la expiración de sus visas mientras esperan órdenes de viaje, lo que los pondría a merced de una deportación si sus contratos son cancelados.
El portavoz del Departamento de Defensa, Johnny Michael, aseguró este lunes que la agencia está revisando los requisitos del programa, pero declinó confirmar la existencia del memorando o de discusiones internas.
La copia obtenida por The Washington Post fue firmada por el oficial de personal del Pentágono, Tony Kurta, el pasado 19 de mayo. No está claro cuándo se emitió este memorándum ni cuál es su estado actual.
Margaret Stock, una oficial retirada del Ejército que laboró en 2009 en la implementación de este programa, revisó el documento y calificó la decisión como un incumplimiento de contrato de mala fe.
“Es terrible -apuntó-, uno confió en el ejército, donde retrasaron el proceso, y ahora le cancelan su contrato y lo deportan”.
Como el gobierno posee las direcciones, números de teléfono y estados legales de estos reclutas, estos se convierten en un blanco ideal para las deportaciones; aunque no está claro si los responsables del ejército les entregarían esta información a la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Por último, el Pentágono también está considerando ponerle fin a las carreras de 2,400 soldados a tiempo parcial que se encuentran en un programa que todavía no les ha dado una formación básica.
Stock rechazó las preocupaciones de los oficiales de que los reclutas del MAVNI representan un mayor riesgo para la seguridad.
“Está bien investigar a alguien que pueda ser una amenaza de seguridad legítima -abundó-, pero no que se difundan las características que no les agraden, como que son extranjeros. Por esta razón, estos reclutas serían tratados como ciudadanos de segunda clase durante toda su carrera”.
Stock recordó un error reciente del ejército -el alistamiento de un ciudadano estadounidense que luchó junto a los separatistas rusos en Ucrania- como un ejemplo de la investigación exhaustiva que se lleva a cabo con los reclutas del programa para extranjeros, pero no para las tropas nativas.
“Esto va en contra de las políticas de igualdad de oportunidades que anuncia el Pentágono”, opinó.
“No podemos tratar de manera diferente a personas que poseen ciertas características -concluyó-. A nadie se le ocurriría vigilar a todo aquel que sea irlandés-estadounidense, simplemente porque Mike Flynn violó la ley al comunicarse con los rusos”.