Después de que el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro reclamara la región petrolera del Esequibo, controlada por Guyana, mediante un referéndum celebrado el 3 de diciembre, las tensiones militares en Sudamérica han seguido aumentando. Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones militares y Reino Unido las ha planeado con las Fuerzas de Defensa de Guyana, y Brasil, el país más grande de la región, envió tropas y armas a la región fronteriza con Venezuela y Guyana.

En un contexto internacional dominado por la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania, y el genocidio de Israel respaldado por las potencias imperialistas en Gaza que amenaza con engullir a Irán, Venezuela y Guyana se alinean con bandos rivales de una futura tercera guerra mundial.

Desde el Gobierno del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), Venezuela ha mantenido fuertes relaciones económicas y militares con China, Rusia y, en menor medida, Irán, países a los que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Laura Richardson, denunció en octubre como “competidores estratégicos [de Estados Unidos] que tienen intenciones malignas” en Sudamérica.

En una conversación telefónica entre Maduro y el presidente ruso, Vladimir Putin, el 21 de diciembre, ambos defendieron “un orden mundial multipolar justo” y “el rechazo a las sanciones ilegales”, que han sido utilizadas por el imperialismo estadounidense contra ambos países para socavarlos económicamente e intentar cambios de régimen. Putin también abogó por la adhesión de Venezuela a los BRICS, un bloque formado por Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, que recientemente incluyó a Irán y otros siete países para contrarrestar la hegemonía estadounidense.

Por otro lado, Guyana, una antigua colonia británica y miembro de la Commonwealth que en los últimos años ha experimentado un crecimiento económico vertiginoso debido a las enormes reservas marítimas de petróleo descubiertas y explotadas principalmente por la compañía estadounidense Exxon Mobil, ha buscado el apoyo de EE.UU. y Reino Unido frente a la amenaza de anexión del Gobierno de Maduro. Tras garantizar un “apoyo inquebrantable” a Guyana, el Pentágono llevó a cabo una operación aérea en Esequibo el 7 de diciembre, y el presidente guyanés, Irfaan Ali, ha repetido que podría permitir que Estados Unidos instale una base militar en el país.

El domingo 24 de diciembre, el Reino Unido anunció el despliegue del buque de guerra HMS Trent en Guyana para realizar ejercicios militares con sus Fuerzas de Defensa. Esto se produce después del ejercicio militar Tradewinds 23 patrocinado por el Comando Sur en julio, que por segunda vez en los últimos tres años fue auspiciado por Guyana y contó con la participación de 21 países, entre ellos el Reino Unido y Brasil.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, respondió ese mismo día escribiendo en X/Twitter que la decisión británica es parte de “provocaciones que ponen en riesgo la paz y estabilidad del Caribe y nuestra América”. Y agregó: “¿Un buque de guerra en aguas por delimitar? ¿Y entonces? ¿Y el compromiso con la buena vecindad y la convivencia pacífica? ¿Y el acuerdo de no amenazarse y utilizar la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia?”.

López se refería al acuerdo alcanzado entre los presidentes Maduro y Alí el 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas, cuyo presidente, Ralph Gonsalves, preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Según el acuerdo, los dos países se comprometieron a “no proferir amenazas ni hacer uso de la fuerza”, sino a buscar soluciones a la crisis de acuerdo con “el derecho internacional” y la “convivencia pacífica y la unidad de América Latina y el Caribe”. Está previsto celebrar otra reunión en Brasil en los próximos tres meses.

A pesar de estas afirmaciones, la crisis está lejos de haber terminado. Alí ha insistido en que “la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidirá la disputa sobre las fronteras entre Guyana y Venezuela”, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX. El Gobierno de Maduro, sin embargo, ha insistido en que no reconoce la jurisdicción de la CIJ, y que Guyana no tenía derecho a otorgar concesiones de exploración petrolera a Exxon Mobil en un territorio en disputa.

El Gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT) ha estado trabajando estrechamente con el Gobierno estadounidense del presidente Joe Biden para mediar en la crisis entre Venezuela y Guyana. Ante la posibilidad de que una invasión de Venezuela atraviese territorio brasileño, el ministro de Defensa bajo Lula, José Múcio, ha advertido: “si es necesario un 'por aquí no pasen' más enérgico, estamos preparados para ello”.

Esto ha llevado al Gobierno de Lula a intensificar su presencia militar como medida disuasoria ante cualquier iniciativa venezolana en la sensible región amazónica fronteriza entre ambos países. Ha adelantado dos años la transformación del 12º Escuadrón de Caballería Mecanizada en Boa Vista, capital del norteño estado de Roraima, en el 18º Regimiento de Caballería Mecanizada, lo que aumentará el número de efectivos de 230 a 700.

Dieciséis tanques blindados y docenas de misiles tierra-tierra similares al Javelin estadounidense, ampliamente utilizado por Ucrania contra Rusia, también están siendo enviados a la base militar de Boa Vista.

Desde la fraudulenta destitución de la presidenta del PT, Dilma Rousseff, en 2016, la región amazónica ha sido escenario de ejercicios militares con la participación de las fuerzas armadas estadounidenses. En 2017, Brasil y Estados Unidos, junto con Perú y Colombia (que albergan la mayoría de las bases estadounidenses en América Latina), llevaron a cabo los primeros ensayos de guerra en la región. El ejercicio militar marcó una nueva etapa del “pivote hacia América Latina” del imperialismo estadounidense para contrarrestar la creciente presencia de China en la región.

En 2020, bajo el Gobierno del fascistoide presidente Jair Bolsonaro, estrecho aliado del entonces presidente estadounidense Donald Trump, las fuerzas armadas brasileñas realizaron el mayor ejercicio militar en la región amazónica, simulando una guerra con un “país enemigo”, en clara referencia a Venezuela. Tuvo lugar en medio de las crecientes amenazas de Estados Unidos contra el Gobierno de Maduro y fue el mayor despliegue militar estadounidense reciente en América Latina.

Desde la toma de posesión de Lula a principios de este año, su Gobierno ha profundizado su asociación militar con los EE.UU. al tiempo que proporciona una cobertura política criminal a la Administración de Biden en su intento de afirmar los intereses estratégicos del imperialismo estadounidense en la región que históricamente considera su “patio trasero”. Como parte de este proceso, 1.200 militares brasileños y 300 militares estadounidenses llevaron a cabo un ejercicio militar entre el 1 y el 16 de noviembre en la frontera entre Brasil y la Guayana Francesa, el mismo entorno de selva amazónica que la triple región fronteriza entre Brasil, Venezuela y Guyana.

Según el general brasileño Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, jefe del Comando Militar Norte, el objetivo del Ejercicio Combinado de Operación y Rotación (CORE) fue “ampliar la interoperabilidad” entre los ejércitos de Brasil, Estados Unidos y “fuerzas compuestas por países miembros de la OTAN”, además de “garantizar que el Ejército brasileño esté entrenado para participar en operaciones internacionales”. Desde 2019, Brasil es un “Aliado importante extra-OTAN”, posición solo superada por Colombia, que desde 2018 es el único país latinoamericano que es “socio global” de la OTAN.

La crisis entre Venezuela y Guyana ha sido utilizada por la oposición al Gobierno de Lula liderada por Bolsonaro para impulsar una propuesta de enmienda constitucional que aumenta el presupuesto de Defensa del 1,1 por ciento al 2 por ciento del PIB de Brasil. Sin embargo, la medida también está siendo promovida por destacados funcionarios del Gobierno de Lula, incluido su ministro de Defensa. De aprobarse, se sumaría a una inversión de 53.000 millones de reales (11.000 millones de dólares) ya anunciada por Lula en julio para impulsar la industria nacional de Defensa. Estas acciones son el núcleo de la respuesta nacionalista burguesa del PT a las tensiones con las fuerzas armadas brasileñas que surgieron en el intento de golpe fascista del 8 de enero.

El reclamo de Maduro sobre el Esequibo se basa en el carácter capitalista de su Gobierno “bolivariano”. La burguesía venezolana no quiere quedarse al margen de esta explotación de petróleo, y el Gobierno de Maduro ve la empresa como una forma de impulsar una economía gravemente deteriorada y beneficiarse políticamente de cara a las elecciones generales previstas para el próximo año. Al parecer, su Gobierno también tiene la intención de reactivar PetroCaribe, una asociación entre Venezuela y 16 países caribeños para la venta de petróleo y combustible a precios favorables. Lanzada en 2005 por el Gobierno de Chávez, quedó prácticamente paralizada debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019.

A pesar de la retórica antiimperialista del Gobierno de Maduro, que ha apuntado principalmente a las acciones de Exxon Mobil en el Esequibo, ha buscado implacablemente un acercamiento diplomático con Estados Unidos. Al considerar la explotación de petróleo en Venezuela, el país con las mayores reservas conocidas del mundo, como una forma de minimizar el impacto de la guerra de Ucrania en los precios mundiales del combustible y de socavar la exportación de petróleo a China, el Gobierno estadounidense ha relajado ligeramente sus paralizantes sanciones económicas a Venezuela durante el último año.

Al mismo tiempo, Washington ve la relajación de las sanciones contra Caracas como una forma de conseguir que su candidata, María Corina Machado, participe en las elecciones generales del próximo año. Este proceso también ha sido supervisado por Brasil, que ha mediado en las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición venezolana, apoyada por Estados Unidos.

En el último acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos, el 20 de diciembre se anunció un intercambio de presos. Venezuela liberó a 30 presos, entre ellos dos exmiembros de las fuerzas armadas estadounidenses que participaron en una operación en 2020 para derrocar a Maduro, y Roberto Abdul, miembro de la comisión que coordinó las primarias de la oposición. A cambio, EE.UU. liberó a Alex Saab, un diplomático venezolano condenado por cargos falsos de lavado de dinero.

El reclamo de Maduro sobre el Esequibo no tiene nada que ver con los intereses de la clase trabajadora venezolana, ni mucho menos con los de los trabajadores de Guyana. En medio de una creciente crisis interna, Maduro está tratando de desviar una serie de tensiones internas hacia el exterior y, respondiendo a las crecientes tensiones geopolíticas, busca mantenerse en el poder y garantizar los intereses de un sector de la burguesía venezolana que se ha beneficiado del chavismo desde 1999.

Como han demostrado los últimos acontecimientos, el feroz impulso del imperialismo hacia una guerra mundial, junto con la bancarrota del nacionalismo burgués, incluida su variante de la “marea rosa”, amenazan con transformar Sudamérica —más pronto que tarde— en un campo de batalla. La única manera de responder a esta amenaza es que los trabajadores y la juventud de Venezuela, Guyana y toda América Latina se unan a la clase obrera norteamericana e internacional en un movimiento contra la guerra basado en un programa socialista e internacionalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de diciembre de 2023)