EL DEBIDO PROCESO CONCEPTO Tenemos pues al debido ...

EL DEBIDO PROCESOCONCEPTOTenemos pues al debido proceso como un principio jurídico procesal osustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama degarantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativodentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener laoportunidad de ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquierjuez o autoridad administrativa 1 .El debido proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho,traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicialcomo administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de laactuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la leysustancial, traducido en los términos del artículo 29 de la C.P., al proceso ojuicio conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante juez o tribunalcompetente, y con observancia de las formas propias de cada juicio; asíentonces, el debido proceso es la máxima expresión de las garantíasfundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden ser alegadas porvía de violación al debido proceso en un sentido amplio, formando usualmenteparte de este: la preexistencia de la ley penal, el juez o tribunal competente, elacceso a la administración de justicia en condiciones de libertad e igualdad, laobservancia y cumplimiento de las formas propias del juicio, entendido ésteúltimo como todo el desarrollo del proceso, la aplicación de la ley penalfavorable, la presunción de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica ymaterial, el proceso público sin dilaciones injustificadas, el principio decontradicción, la imparcialidad del juez, a la doble instancia, entre otros. 2Sin embargo, para poder llegar a la concepción del debido proceso comoprincipio jurídico vemos a continuación el desarrollo histórico que se tuvo quedar como precedente para el perfeccionamiento de esta institución.HISTORIA Y GÉNESISEn la edad media en Europa, en 1184 se reunió en Verona un concilio,llamado así mismo, convocado y presidido por el Papa Lucio III 3 , conintenciones de adoptar medidas para exterminar los focos herejía y desorden,especialmente la albigense, que trataba de imponerse por la fuerza de lasarmas.Los obispos, instituidos en jueces y representantes del Papa, deberían fallar lascausas de herejía, imponiendo únicamente penas canónicas, o entregando alreo, en caso de contumacia o reincidencia, al brazo secular.1 Ver Art. 29 ins 1º Constitución Nacional de Colombia.2 Sentencia 099 del 27 de Agosto de 2007. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja SalaPenal. M.P. Luz Ángela Moncada Suarez.3 Lucio III (c. 1097-1185), papa (1181-1185). Durante su pontificado decretó la excomunióndirecta de los herejes. Ubaldo Allucingoli nació en la localidad italiana de Lucca.

El procedimiento para decretar la herejía no era muy preciso y elaborado,vulnerando todo tipo de derechos con fundamento en la fe, condenado infinidadde veces a inocentes.Así al llegar a una población se proclamaban dos edictos, el "edicto de fe",obliga a los fieles, bajo pena de excomunión, a denunciar a los herejes ycómplices, y el "edicto de gracia", en que el hereje, en un plazo de quince atreinta días, podía confesar su culpa sin que se le aplicase la confiscación desus bienes, la prisión perpetua ni la pena de muerte.Esto provocaba autoinculpaciones, pero también numerosas delaciones,protegidas por el anonimato. Los denunciados no conocían en ningún momentode qué se les acusaba. El secreto sumarial con que el Santo Oficio llevaba susprocesos, con el fin de evitar represalias, provocaba un gran temor en lapoblación y convertía a cualquier ciudadano en un posible delator ocolaborador del tribunal. Por otra parte, los acusados tienen derecho aproporcionar previamente el nombre de los que tendrían un motivo paraperjudicarles, lo que constituye un modo de recusar su denuncia. En caso defalso testimonio, la sanción equivale al castigo previsto para el acusado. Elprimer interrogatorio tiene lugar en presencia de un jurado local constituido porclérigos y laicos cuya opinión se escucha antes de promulgar la sentencia. Conel fin de evitar represalias, el nombre de los acusadores es secreto, pero elinquisidor debe comunicarlo a los asesores del juicio que deben controlar einvestigar la veracidad de las acusaciones.Si el acusado mantiene sus negativas, sufre un interrogatorio completo cuyo fines el de recibir su confesión.Las ejecuciones se realizaban en los autos de fe, actos públicos en los que sebuscaba la ejemplaridad del castigo y que terminaron convirtiéndose enaparatosos festejos. 4De esta manera entra en vigor el régimen inquisitorial en la primera mitad delsiglo XIII y se usó por varios siglos con el fin de castigar a cualquiera quehablara o tan siquiera pensara de manera diferente a la Iglesia Católica. Estainstitución diseminó terror por toda la Europa católica y además desde Españay Portugal, la Inquisición se esparció a las colonias que estas dos monarquíascatólicas tenían en América Central y del Sur, y en otros lugares.La Inquisición llegó a su fin cuando Napoleón invadió España a principios delsiglo XIX. Se volvió a establecer temporalmente después de la caída deNapoleón, pero finalmente se abolió en 1834.Tenemos como después de siglos de injusticias y enjuiciamientos macabros laprimera muestra del indebido proceso, el cual sirvió, posterior mente aldesarrollo de la justicia, dejando un claro legado de lo que no debe ser laadministración de justicia.4 es.wikipedia.org/wiki/Congregación_para_la_doctrina_de_la_Fe

Magna Charta Libertarum o Carta Magna de Inglaterra (1215) en la cualpodemos ver una clara manifestación del debido proceso como tal. En esta elrey Juan Sin Tierra, otorga a los nobles entre otras garantías la del dueprocess of law, que podemos observar en el numeral 39 de este documento:“39.Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de susderechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado oprivado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerzacontra el ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentenciajudicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino.” 5De la lectura de la Carta Magna dirigida al rey por los nobles ingleses, seaprecia que el debido proceso se consagra incluso para proteger la libertad dela persona antes de iniciado cualquier proceso judicial propiamente dicho, ymas aun, si se presentase la detención y la prisión estas mismas que seconcretizan previo juicio.Desde el reconocimiento del debido proceso legal “due process of law” elEstado monárquico ingles asumió el deber y el compromiso que al momento derestringir las libertades personales, el derecho de propiedad, la posesión, o decualquier otro bien perteneciente “solo a los nobles” deberían respetar lasgarantías previstas en la carta magna, que en ese entonces solo seexpresaban en el derecho a un juicio previo legal y a ser tratado con igualdad,es decir, sin discriminaciones. 6Mas adelante, en 1628 a través de la Petition Of Rigths o Petición deDerechos el parlamento reconfirma ante el rey las garantías obtenidas con laCarta Magna:“Los lores espirituales y temporales y los comunes, reunidos enParlamento, recuerdan humildemente a nuestro Soberano y Señor elRey que…… a través del estatuto llamado “Magna Carta de las Libertades deInglaterra”, se ha decretado y establecido que no podrá apresarse niencarcelarse a ningún hombre, ni desposeérsele de sus feudos,libertades o de sus franquicias, ni puesto fuera de la ley o desterrado, ni5 Magna Carta. http://www.ricardocosta.com/textos/magna.htm6 VISION TRIDIMENSIONAL DEL DEBIDO PROCESO Definición e historia. MAX BERAUNAbogado, Docente Universitario. MANUEL MANTARI Estudiante de Derecho UPLA. Pág. 2.Obtenido de www.justiciaviva.org.pe/jvnn/05/art/visiontridi.doc

perturbado de ningún otro modo, sino en virtud de juicio legal de suspares, o de la ley de la tierra.Y que en el vigésimo octavo año del reinado de Eduardo III se declaró yestableció por autoridad del Parlamento, que ninguna persona,cualquiera que fuese su rango o condición, podría ser despojada de sutierra o de sus bienes, ni apresada, encarcelada, desheredada oajusticiada, sin ser oído en procedimiento debido, conforme a la ley (dueprocess of law)……Por ello, suplican humildemente a Vuestra Excelentísima Majestadque nadie esté obligado en lo sucesivo a realizar donación gratuita,préstamo, ni pagar ninguna contribución, impuesto o carga similar sin elcomún consentimiento realizado mediante una Ley del Parlamento (Actof Parliament); que nadie sea citado a juicio ni obligado a prestarjuramento, ni requerido a realizar servicios, ni detenido, inquietado omolestado de ninguna otra manera, con motivo de dichas exacciones opor rehusar a pagarlas; y que ningún hombre libre sea detenido oencarcelado de la manera antes indicada;… 7De acuerdo con lo anterior, nos encontramos mas tarde con la ley de 1679 quereglaba el Habeas Corpus Act, un acta para completar las libertades de lossúbditos y evitar las deportaciones a Ultramar y en donde nos podemos darcuenta de un nuevo y muy importante principio, el de Legalidad:…“Ninguna persona puesta en libertad en virtud de un habeas corpuspuede ser aprisionada de nuevo por el mismo delito, a no ser por ordendel tribunal ante quién está obligada a comparecer, o de otra cualquieracompetente. El que aprisione, o a sabiendas mande aprisionar por elmismo delito a una persona puesta en libertad por el modo mencionado,será condenado a pagar 500 libras a la parte perjudicada.” 8Posteriormente en 1689 Bill of Rights (Declaración de Derechos) undocumento que es redactado por el Parlamento inglés en donde se dirige alpríncipe Guillermo de Orange y lo hace aceptar como condición para podersuceder al depuesto Jacobo. El fin principal de este documento era volverobtener y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas en elreinado absolutista de los Estuardo.Culminado, así con sus grandes aportes al desarrollo histórico del debidoproceso Inglaterra marco las pautas para esta garantía como tal.7 Petición de Derechos. http://constitucion.rediris.es/principal/constituciones-petitionofrights.htm8 Habeas Corpus Act. http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/62.html

Sin embargo tenemos también que tener en cuenta que en la historia delmundo contemporáneo, hubo un hito que marco y dio grandes aportes a lagarantía en estudio: la revolución francesa significó el paso de la sociedadestamental, heredera del feudalismo, a una sociedad de ideología capitalista,basada en una economía de mercado fuerte. La burguesía, aprovechándosedel papel preponderante que jugaba desde sus inicios en la vida económica,poco a poco fue desplazando del poder a la aristocracia y a la monarquíaabsoluta.Al igual que cambios económicos también se dieron cambios políticosimportantes, pues el aporte del estado de derecho es incalculable junto a larama de derechos que de este se derivan, siendo resultado visible de esta granrevolución en una Asamblea nacional constituyente formada tras la reunión delos Estados Generales durante esta revolución, “La Declaración de losDerechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789.En esta se incluye caramente El debido proceso en sus artículos 5º, 6º, 7º y 8ºa continuación:Artículo 5.- La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para lasociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadiepuede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene.Artículo 6.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos losciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o pormedio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea queproteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todosson igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo públicos, segúnsus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.Artículo 7.- Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como nosea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta haprescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenesarbitrarias deberán ser castigados; pero todo ciudadano convocado oaprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable siopone resistencia.Artículo 8.- La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentementenecesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida ypromulgada con anterioridad al delito, y aplicado legalmente. (…) 9 .9 Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano 1789.http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm

Pasado ahora al continente Americano, en su hemisferio norte con laIndependencia de Estados Unidos. Los Estados Unidos de América obtuvieronsu independencia en el año 1776 ayudador por el ejército francés y porEspaña, tras la firma del Tratado de Paris; para el año 1787 Estados Unidos deAmérica era la primera nación en consagrar una Constitución escrita. En 1791se ratifican 10 enmiendas a la Constitución, documento bien conocido comoThe Bill of Rights. En la quinta enmienda de este documento, se instituye elDue process of law (El Debido Proceso), garantía que sabemos heredada delos ingleses:(…)Artículos Adicionales y Enmiendas a la Constitución de los EstadosUnidos de América.Propuestos por el Congreso y Ratificados por las Asambleas Legislativas delos Diversos Estados, de Conformidad con el Artículo V de la ConstituciónOriginal.(…)ARTICULO V“Ninguna persona será obligada a responder por delito capital o infamante, sinoen virtud de denuncia o acusación por un gran jurado, salvo en los casos queocurran en las fuerzas de mar y tierra, o en la milicia, cuando se hallen enservicio activo en tiempos de guerra o de peligro público; ni podrá nadie sersometido por el mismo delito dos veces a un juicio que pueda ocasionarle lapérdida de la vida o la integridad corporal; ni será compelido en ningún casocriminal a declarar contra sí mismo, ni será privado de su vida, de su libertad ode su propiedad, sin el debido procedimiento de ley; ni se podrá tomarpropiedad privada para uso público, sin justa compensación.”Tenemos pues que esta enmienda consagra el Debido proceso, Non Bis InÍdem, auto-incriminación, propiedad privada.Gracias al devenir histórico y a todos aquellos acontecimientos ya nombradoshoy gozamos de dichas garantías que mas delante se mencionaran, tenemospues, como resultado “las garantías del debido proceso y del juicio público justoy equitativo se nutren con la participación del jurado, en nombre del pueblo, enla administración de justicia. Ahí se introduce igualmente la garantía universaldel non bis in idem. Ahí se consolida, además, el verdadero sistema acusatorioa cargo del Procurador General (attorney general) o ministerio publico strictosensu que reestructura la administración de justicia sobre la base de laigualdad de las partes en el proceso: el fiscal acusador (prosecutor) y el

defensor frente a un juez imparcial que dirige el juicio y un jurado que, ennombre del pueblo, emite el veredicto de culpabilidad o de inocencia.” 10TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALESEs bien sabido que el principio del Debido Proceso, es común tipo de derechoya sea este de carácter civil, laboral o comercial; en materia procesal penal elDebido Proceso se establece como el fundamento esencial de dicha materia,así mismo, resulta indefectiblemente necesario entrar al campo quecorresponde al ordenamiento de los derechos humanos.En la mayoría de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, seconsagra el Debido Proceso.Declaración Universal de los Derechos HumanosEn su art. 10 la Declaración de los D.H consagra los principios de igualdad, depublicidad, de imparcialidad, principios de los cuales no puede carecer elDebido Proceso:“PreámbuloConsiderando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base elreconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales einalienables de todos los miembros de la familia humana;(…)La Asamblea Generalproclama la presenteDeclaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el quetodos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuoscomo las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan,mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos ylibertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional einternacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tantoentre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorioscolocados bajo su jurisdicción.(…)10 Pedro Pablo Camargo: EL DEBIDO PROCESO, Bogotá, editorial Leyer, 4ª edición, pág. 26.

Artículo 10Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oídapúblicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para ladeterminación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquieracusación contra ella en materia penal.” 11La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del HombreEn su Art. XXVI, Titulado “Derecho al Proceso Regular”, también consagradichos principios y además el principio de Legalidad:"PreámbuloTodos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotadoscomo están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirsefraternalmente los unos con los otros. (…)CAPITULO PRIMERODerechosDerecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la personaDerecho a proceso regularArtículo XXVI: Se presume que todo acusado es inocente, hasta que sepruebe que es culpable.Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial ypública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdocon leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes oinusitadas.” 12El Pacto De San José Costa RicaDe la misma forma también consagra el Debido Proceso a su tenor:11 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 194812 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.1994

“CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto deSan José)PREAMBULOLos Estados Americanos signatarios de la presente Convención,Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadrode las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justiciasocial, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; (…)CAPITULO II - DERECHOS CIVILES Y POLITICOSArtículo 8. Garantías Judiciales(…)1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentrode un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente eimparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación decualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de susderechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otrocarácter.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma suinocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante elproceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientesgarantías mínimas:a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor ointérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para lapreparación de su defensa;d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido porun defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con sudefensor;e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por elEstado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no sedefendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido porla ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal yde obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas quepuedan arrojar luz sobre los hechos;g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararseculpable, yh) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción deninguna naturaleza.4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido anuevo juicio por los mismos hechos.5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario parapreservar los intereses de la justicia.” 13Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosEn su Art. 14 apartado 1 del reconoce:Preámbulo“Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosLos Estados Partes en el presente Pacto,Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de lasNaciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base elreconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familiahumana y de sus derechos iguales e inalienables, (…)Artículo 141. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Todapersona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantíaspor un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contraella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juiciospor consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en unasociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las13 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LACONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOSSan José,1969.

partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuandopor circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a losintereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosaserá pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exijalo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a latutela de menores.2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma suinocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, enplena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en formadetallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de sudefensa y a comunicarse con un defensor de su elección;c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o serasistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor,del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia loexija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere demedios suficientes para pagarlo;e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener lacomparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados enlas mismas condiciones que los testigos de cargo;f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla elidioma empleado en el tribunal;g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales setendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular sureadaptación social.5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallocondenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunalsuperior, conforme a lo prescrito por la ley.6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada,o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto unhecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona quehaya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá serindemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es

imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hechodesconocido.7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido yacondenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y elprocedimiento penal de cada país.” 14Podemos darnos cuenta que cada uno de los Arts. antes mencionadosconsagra que tienen en común el procurar la existencia, no solo de un procesolegal, sino también de un proceso justo que permita al Estado el ejercicio delpoder penal y al imputado la oportunidad de defenderse.EL INTERES GENERAL EN EL DEBIDO PROCESOPor: Ximena Soto Noreña“La constitución proclama la prevalencia del interés general por encima del interésparticular”.La constitución política en todos los artículos que ella contiene habla de unamanera general identificando el pueblo Colombiano como soberano 15 ejerciendoel poder de forma directa o a través de sus representantes.Por esto podemos afirmar que nos encontramos en un Estado Social deDerecho, donde no estamos sometidos a un régimen absolutista, tenemos vozy voto en todo lo que suceda en nuestra sociedad.Debido a esta necesidad de protección de los derechos de todos es que seresalta el papel del juez, especialmente del juez constitucional, que es capazde dar solución a un conflicto entre el interés general y los demás intereses quese le enfrenten dentro del marco de la Constitución. Es por este motivo que lassoluciones a los conflictos de intereses son resueltos sin necesidad de leyes,sino de manera directa por aquel juez capacitado para interpretar laconstitución, convirtiéndolo de manera automática en el garante del interésgeneral de la población.La constitución política en el Art. 228 consagra que la administración de justiciaes una función pública. Así mismo las actuaciones deberán ser publicas con lasexcepciones que establezca la ley y en ellas prevalece el derecho sustancial.Se afirma entonces que la Justicia Colombiana va para todo su pueblo enigualdad de cantidad y de condiciones sin tener ninguna discriminación, estopara hacer posible la igualdad de las personas ante la Ley.Esta igualdad ante la ley es principio jurídico que se deriva del reconocimientode la persona como criatura dotada de unas cualidades esenciales comunes a14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 197615 Art. 3 constitución política.

todo el género humano que le confieren dignidad en sí misma, lo que implica,que no exista ninguna clase de discriminación sea ella negativa o positiva, enlas relaciones entre gobernantes y gobernados así como en la creación,definición y aplicación de las normas que componen el ordenamiento jurídico.Este, en el Estado de Derecho, es un conjunto armónico puesto en relación conla comunidad a la cual obliga y, en acatamiento al referido principio, paraprocurar por una igualdad de derechos, deberes y obligaciones.La prevalencia del interés general se materializa en la adopción de medidaspara evitar que el sistema político sea infiltrado por la ilegalidad y sedesnaturalice el carácter democrático que el constituyentePrimario le impartió en la Constitución de 1991.El principio de prevalencia del interés general permite entonces preferir laConsecución de objetivos comunes sobre intereses particulares, siempre yCuando el interés particular no se encuentre amparado por un derechoConstitucional”Todo ciudadano esta capacitado para intervenir en la acción estatal planteandoiniciativas en desarrollo de un proceso, se adopten medidas en determinadamateria y así mismo denunciar hechos arbitrarios que lesionen derechos de lacomunidad.Por lo dicho y a la luz del Art. 23 de la Constitución Nacional, toda personatiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivosde interés general o particular y a obtener pronta respuesta. Por lo tanto todapersona esta facultada para poner en funcionamiento el órgano jurisdiccionaldel estado cada vez que lo crea necesario, sin ninguna clase de discriminación,para todos los ciudadanos Colombianos que lo deseen así.De igual manera el Art. 209 afirma que”…la función administrativa esta alservicio de los intereses generales…”esto fundamentado en los principios de laigualdad, moralidad, eficacia, imparcialidad…etc.…El carácter fundamental del derecho al debido proceso y de la prevalencia delinterés general aplicado a este va ligado estrechamente con el principio delegalidad 16 al que deben ajustarse no solo las autoridades judiciales sinotambién las administrativas.El derecho al debido proceso comprende no solo la observancia de los pasosque la ley impone a los procesos y tramites ya sean judiciales o administrativossino el respeto a las formalidades de cada juicio.El debido proceso es un conjunto de garantías que protegen a las personas enel mismo, para asegurar una rápida y cumplida justicia. Este principio es normarectora del código de procedimiento penal consagrado en su artículo sexto 17 ,como principio de legalidad.16 El principio de legalidad es un principio fundamental del Derecho público conforme al cualtodo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órganocompetente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por esta razón se diceque el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica.17 “Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momentode los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio….”

Como el debido proceso es una garantía base en la organización de unasociedad, pues es expresión del poder del estado; consagrado así por laconstitución resulta imprescindible para el procesado como para el ofendido yla colectividad.Sin lugar a duda la norma constitucional que establece el debido proceso esuna de las disposiciones de mayor importancia, como quiera qe consagra aquelconjunto de garantías, que contribuyen a mantener el orden social, la seguridadjurídica y la protección al ciudadano que esta sometido a un proceso y asíasegurarle una pronta y cumplida administración de justicia.INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL DEBIDO PROCESOPor: Ximena Soto Noreña"Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia conel derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, seandirectas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo".Al considerar la independencia individual de los jueces, se observa que hay dosmedios que garantizan esa autonomía:1. los jueces están protegidos de la amenaza de represalias para que el temorno les guíe en la toma de decisiones.2. el método de selección de los jueces y los principios éticos que se lesimponen, se estructuran de tal modo que se reduce al mínimo el riesgo decorrupción e influencias externas.Aunque el Art.29 de la Constitución Política no hable expresamente de laIndependencia Judicial lo podemos encontrar contenido en el Art.228, el cualafirma que las funciones del juez o tribunal competente deben serIndependientes.Se aplica, además, lo previsto en el Art. 14 del Pacto internacional de derechosciviles y políticos: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y conlas debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”...Y el Art. 8 de la Convención americana sobre derechos humanos reitera: “Todapersona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de unplazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente eimparcial”...Pero sin embargo la pregunta que se formula es sí, realmente, el juez y lostribunales en Colombia son independientes e imparciales.Salvo las excepciones de rigor, no son independientes ni imparciales, partiendode la premisa de que este Estado ha sido concebido para que el poder judicialsea dependiente y no libre, subjetivo en sus juicios y no objetivo, conexcepciones individuales.La derogada Constitución de 1886 se inventó la teoría "de las ramas del poderpúblico y del servicio público" para subordinar el poder judicial y el poder

legislativo a la monarquía presidencial. Por ello, su Art. 55 estableció que "elCongreso, el Gobierno y los Jueces tienen funciones separadas, perocolaboran armónicamente en la realización de los fines del Estado”. Lo cualafirma el autor es una manera de burlar el principio de separación de poderes.El Constituyente de 1991 siguió el mismo sendero cuando reiteró el conceptode "ramas del poder público" y en el Art. 113 de la Constitución Políticareprodujo la frase: "los diferentes órganos del Estado tienen funcionesseparadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines".Esto indica que se incurrió en el mismo error, que esto compromete laimparcialidad e independencia de los jueces.Se observa que buena parte de los fallos de los jueces y tribunales se fundanmás en normas de moral social que en preceptos legales, cuando ése no es elfin del derecho, por lo menos del positivo. En otras palabras, en la aplicacióndel derecho prima el jusnaturalismo sobre el positivismo, lo cual compromete laindependencia del poder judicial.A esto podemos agregar que el Poder Judicial no es independiente, pues sucomposición es política dirigida desde lo alto.El constituyente de 1991 avanzo mediante el establecimiento del ConsejoSuperior de la Judicatura 18 , al que corresponde la administración de la ramajudicial y ejercer la función disciplinaria 19 .La Corte Constitucional, en su sentencia C-1643/2000, indica que "el principiode independencia judicial, que se traduce desde su perspectiva axiológica, enel deber de garantizar a la comunidad que sus decisiones son objetivas,apoyadas en el principio de un tratamiento igual para todas las personas ysometidas exclusivamente al imperio de la ley".Agrega que "la conducta del juez, cuando administra justicia, no puede jamásestar sometida a subordinación alguna, al punto que dentro de esta óptica esposible reconocerlo como un sujeto único, sin superior del cual deba recibirórdenes, ni instrucciones, ni ser sujeto de presiones, amenazas o interferenciasindebidas" 20 ....Sin embargo, la Corte Constitucional, con su sentencia del 19 de octubre de2005, que declaró exequible el Acto Legislativo 02 sobre la reeleccióninmediata del Presidente de la República, ha demostrado que carece deindependencia e imparcialidad y que, no obstante las flagrantes violaciones a laConstitución Política y la ley en el trámite de dicho acto legislativo, inclinó labalanza a favor del presidente Álvaro Uribe Vélez. Quedan a la posteridad los18Art. 254 al 257 constitución política. Una Corporación bicéfala, con una Sala Administrativa, integrada por 6magistrados elegidos para un período de ocho años (uno por la Corte Constitucional, dos por la Corte Suprema deJusticia y tres por el Consejo de Estado) y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidospara un período de ocho años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el gobierno 59 .19Art.75 de la ley 270 de 1996.estatutaria de la administración de justicia.20Frente al fallo de la Corte Constitucional que en agosto de 2001 anuló en buena parte la ley de conciliación delMinistro de Justicia y Derecho, Rómulo González Trujillo, éste reaccionó airado y dijo: "Hay que devolverle a la CorteSuprema de Justicia la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, por que la inseguridad jurídica queimpera en el país tiene como causa la Corte Constitucional". El Presidente de la Corte, Alfredo Beltrán, replicó: "Losfallos de los despachos judicialesse toman con apego a la ley y no al vaivén de las reacciones emocionales de algunos funcionarios"...

valerosos salvamentos de voto de los magistrados Jaime Araujo Rentería yAlfredo Beltrán Sierra que demostraron su absoluta independencia.CONSTITUCIÓN COMO NORMA SUPREMAPor: Laura Osorio DuqueLa supremacía de la Constitución resulta, pues, del hecho de ser el primerfundamento del orden jurídico y del Estado; ella es la fuente o el principio delorden estatal entero, y hace que todo lo demás, dentro de la vida del estado,sea de determinada manera y no de otra diferente. Es por esta razón que sedice que la Constitución es la Ley de leyes.Como es el caso, en el artículo 4 se estipula:Artículo 4.- La Constitución es norma de normas. En todo caso deincompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicaránlas disposiciones constitucionales.Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar laConstitución y la leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.Se pretende entonces de restituir la salud y la unidad a través de la aplicaciónadecuada de la constitución como un instrumento jurídico común a gobernadosy gobernantes, ocupando éstos, lugar en los órganos constitucionales, comomedio de mecanismos representativos de elección.Esta organización del poder constituyente tiene pues, como objetivo, darse a símismo unas reglas de procedimiento para elaborar y aprobar la constitución (deahí que se diga que es un poder plenamente autónomo, de acuerdo tambiéncon su carácter originario).En Colombia tradicionalmente esto desemboca en la elección de una asambleaconstituyente dedicada en exclusiva a esta tarea de elaborar la constitución por

medio de las reglas que a sí misma se impone para hacerlo y que sueleterminar con la aprobación de la constitución por medio de referéndum popular.Todo lo cual se conoce con el nombre genérico de proceso constituyente,como conjunto de actos dirigidos a la elaboración y aprobación de unaconstitución, en la cual se incluyen además las normas que canalizaráncualquier futura expresión del poder constituyente dentro del marcoconstitucional.La Constitución Política de Colombia, dispone:“Articulo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuacionesjudiciales y administrativas.Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se leimputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de lasformas propias de cada juicio.En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, seaplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declaradojudicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a laasistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación yel juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; apresentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnarla sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debidoproceso.”Teniendo en cuenta las diferentes nociones de Supremacía Constitucional,Hans Kelsen expone: Pirámide Jurídica:«La norma que determina la creación de otra es superior a esta; la creada deacuerdo con tal regulación, es inferior a la primera. El orden jurídico,especialmente aquel cuya personificación constituye el Estado, trata de unaverdadera jerarquía de diferentes niveles de normas. La unidad de estas sehalla constituida por el hecho de que la creación de una norma -Ia de grado

mas bajo-, se encuentra determinada por otra -de grado superior, cuyacreación es determinada, a su vez, por otra todavía mas alta.Lo que constituye la unidad del sistema es precisamente la circunstancia deque tal regressus termina en la norma de grado más alto, o norma básica, querepresenta la suprema razón de validez de todo el orden jurídico.La estructura jerárquica del orden jurídico de un Estado puede expresarsetoscamente en los siguientes términos: supuesta la existencia de la normafundamental, la Constitución representa el nivel más alto dentro del derechonacional. » 21Se puede pensar que todo el orden jurídico emana de allí. Las otras normas, enprimer término las leyes, desarrollan los principios consignados en laconstitución para su aplicación a las situaciones de la vida social. Losmandatos de constitución se van concretando. Esa concreción se siguehaciendo, a medida que se desciende en la pirámide normativa, con losdecretos y demás disposiciones de carácter administrativo. De este modo, todoel sistema jurídico va teniendo su fuente en la constitución.Si corrientemente este es el proceso, y la Constitución se va comoincorporando a la ley para la regulación de las situaciones jurídicas, existesiempre una aplicación directa de la Constitución; esto se observa cuando esella la que regula algún punto de manera suficiente y, sobre todo, en materia delos llamados derechos fundamentales.La posición jerárquica que la Constitución ocupa, pues, respecto del resto elordenamiento jurídico de un Estado, es clara. No solo obedece esa ubicaciónen la cúspide al hecho de ser la norma fundamental - o contener el conjunto denormas fundamentales-, de la cual derivan su validez las demás normaspositivas, sino, además, por el hecho de llevar implícita toda una filosofíapolítica que sirve de orientación no solo a los agentes del poder – losgobernantes-, sino a la conducta de los gobernados, en cuanto miembrosactivos del conglomerado social.La superioridad de la constitución es tanto material como formal. Materialporque ella es el origen de la actividad del Estado y, en consecuencia, todaslas demás normas jurídicas Ie están subordinadas; naturalmente estasuperioridad compromete a los gobernantes (Legislativo y gobierno) y a los otroórganos del poder, puesto que sus atribuciones emanan de ella y allí tienen suslímites. La superioridad es formal en cuanto que, conforme al criterio de Iasconstituciones rígidas, la constitución solo puede variarse mediantemecanismos más o menos complejos de revisión, y las leyes no disponen porlo general de fuerza jurídica para cambiar sus mandatos. 2221 Teoría Constitucional e Instituciones Políticas – Vladimiro Naranjo Mesa.Novena edición. TEMIS, “La supremacía de la Constitución” Capítulo V, Págs. 381 -43122 Derecho Constitucional General e Instituciones Políticas Colombianas –

Esa aplicación directa, que puede corresponder a los jueces, y que evita que laconstitución quede condicionada a la reglamentación legal.En efecto, el artículo 85 utiliza la aplicación directa de la constitución comomecanismo de efectividad de los derechos enumerados allí.Dicha aplicación inmediata puede resultar también de la acción de tutelacontemplada en el artículo 86; el texto, que se ha prestado para ciertosdesbordamientos judiciales, menciona la protección inmediata de derechosconstitucionales fundamentales. Todo esto se volverá a ver en el capítulo delibertades y derechos.Esa fuerza normativa de la Constitución, que impone que se la aplique demanera directa e inmediata, se opone al valor programático de la misma, que lahace mirar hacia adelante y que, en cierto modo, la supedita a la expedición delas leyes de desarrollo o reglamentación.La aplicación directa de la constitución también está conforme al Artículo 4 –“que sea declarada norma de normas”. El precepto prosigue diciendo: “Que entodo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídicase aplicarán las disposiciones constitucionales”.Debido procesoEl hombre antes de la existencia del debido proceso realizaba todo consentimiento de venganza, pero cuando se dio la necesidad de que no sepermitiera el arbitrio de las autoridades superiores y el salvajismo del hombretomando la justicia con sus propias manos, se vio un primer avance en laépoca feudal dando paso a la humanidad civilizada que se impone frente alabsolutismo y la autocracia, pero en el primer documento escrito en donde seconsagro como derecho fundamental fue en la constitución de los EstadosUnidos gracias a los colonos ingleses, ellos mismos lo consagraron comofundamental según la revolución francesa de 1789. Pero la evolución de estederecho fundamental tiene sus fundamentos desde la carta magna, que acontinuación se hablara de la misma seguida de las diferentes e importantesépocas de la historia en las que el debido proceso se presento como tal. CartaMagna: “ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado desus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privadode su rango de cualquier otra forma, ni usaremos la fuerza contra el, nienviaremos a otros a que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de suspares y con arreglo a ley del reino”, la revolución francesa es la mayorrectificación del debido proceso junto con la declaración universal de losderechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789 e incorporadaa la constitución de Francia el septiembre de 1791. El juicio justo por laconstitución de Filadelphia vino a complementar la garantía del debido procesoJaime Vidal Perdomo. Octava Edición – Legis. “La Supremacía de la Constitución su AplicaciónInmediata” Pág. 35 Derecho Constitucional y Constitución.

legal con la garantía del juicio público justo y equitativo contenida en la sextaenmienda.Para el primer texto internacional sin carácter obligatorio pero si moral, uniendolos preceptos del debido proceso legal y el juicio publico y justoFinalmente la garantía universal del debido proceso adquiere la categoría deljus cogens como derecho humano y erga omnes en el artículo 14 del pactointernacional de derechos humanos de las Naciones Unidas de 1966.Este derecho al ser de carácter fundamental y fundado con obligatoriocumplimiento de las cortes, tratados y convenios para los países inscritos en elmismo, varias cortes de tipo internacional en su jurisprudencia ha definido elderecho al debido proceso como la garantía del cumplimiento de unos mínimosde derechos para las personas imputadas de un crimen, como el derecho a serescuchado, a tener un juez o autoridad competente para que le solucione lasituación, el principio de legalidad, a la doble instancia, presunción de inocenciay el nos bis in idem. Este es el caso de la Corte Interamericana de DerechosHumanos que por medio de su jurisprudencia ha manifestado que laprotección del debido proceso no solo era función y cumplimiento del poderjurídico, sino también deben ser respetadas por todo órgano que ejerzafunciones de carácter materialmente jurisdiccionalEl debido proceso puede ser la expresión de la evolución del proceso en todaslas áreas del derecho procesal especialmente del penal ya que son garantíasmínimas que se debe cumplir para que haya un juicio imparcial y justo ensentido legal y no moral.El debido proceso es el limitante tanto institucional y legal para que el Estadopueda afectar atreves de sanciones la libertad y los bienes de las personas, elconstituyente de 1991 lo declaro de aplicación inmediata, es decir basta consolamente invocarlo, esto fue lo que consagro la Constitución de 199, aldeclararlo derecho constitucional fundamental. Pero algo muy diferente sepresentaba con la Constitución de 1886, ya que este presentaba grandesrestricciones y estaba consagrado en el artículo 26, este artículo presentaba ladefinición del debido proceso de manera similar al artículo vigente, pero en elartículo 27 comenzaban las restricciones, aunque el articulo que le seguíaprohibía la aplicación de las penas ex post facto, al mismo tiempo autorizaba ladetención de ciudadanos por el gobierno sin mandato judicial y sin formula dejuicioEn este sentido ha señalado:"De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en elEstado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente alPoder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funcionesdel mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derechode toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la

"determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquierautoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de susresoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razónmencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerzafunciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación deadoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en lostérminos del artículo 8 de la Convención Americana".Protección internacional del Debido ProcesoEl debido proceso al ser uno de los mayores logros de la persona y eldesarrollo de unos mínimos de garantías para alguien que esta siendo juzgado,tiene carácter de cumplimiento en la mayoría de los países del mundo,resguarda su protección en instituciones internacionales que hacencomprometer a los Estados el cumplimiento de esos mínimos, entre otrasinstituciones o formas de protección se encuentran: Naciones Unidas: la declaración incluyo entre sus derechosfundamentales el debido proceso contenido en su articulo 11: “1. Toda personaacusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no sepruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se lehayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadieserá condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse nofueron delictivos según el Derecho interno o Internacional. Tampoco seimpondrá pena mas grave que la aplicable en el momento de la omisión deldelito”.Pero las Naciones Unidas al incluirlo como un derecho fundamental expresa lamanera en que se puede hacer cumplir y es por medio del Comité de DerechosHumano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, pero ¿Cómo?,aquí se presentaran y se explicaran los dos medios que tiene este pacto parahacerlo respetara. Comunicaciones Estatales: consiste en que si algún Estado parte delpacto en algún momento no halla cumplido con las estipulaciones del pacto, elotro Estado tiene la facultad de presentar comunicaciones diciendo que el otroEstado no cumple con las obligaciones que el impone el Pacto, si un asuntoremitido al comité no se resuelve a satisfacción de los Estados partesinteresados, el Comité, con el previo consentimiento de los Estados partesinteresados podrá asignar una Comisión especial de Conciliación.b. Comunicaciones de individuos: todo individuo que alegue unaviolación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que hayaagotado todos los recursos internos disponibles, podrá someter a consideracióndel Comité una comunicación escrita, siempre y cuando el Estado parte en elpacto que sea parte en el Protocolo facultativo del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos. Pero de acuerdo con el articulo 5 el Protocolo norevisara ninguna solicitud si no cumple con estos requisitos: el mismo asuntono ha sido sometido a otro procedimiento de examen y o arreglo internacional yque el individuo halla agotado todo los recursos de jurisdicción interna

En Europa: apareció la Convención de Roma la cual le dio aplicaciónlegal a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las NacionesUnidas, y es el primer sistema Europeo de Protección de los derechos ylibertades fundamentales. Esta convención es una garantía adicional ya queesta incorporada en la mayoría de los Estados miembros del Consejo deEuropaLo que para el connon law corresponde al debido proceso, quedo incorporadoen el artículo 6 de la convención para la protección de los derechos humanos ylibertades fundamentales: “1. En la determinación de sus derechos yobligaciones civiles o de cualquier acusación criminal contra ella, toda personatiene derecho a una audiencia equitativa y publica dentro de un plazo razonablepor un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley. La sentenciaserá pronunciada en público, pero podrá excluirse a la prensa o al público detodo o parte del juicio por consideraciones de moral, orden publico o seguridadnacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de menoreso la protección de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamentenecesaria a juicio del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asuntola publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia. 2. Toda personaacusada de un delito se presumirá inocente mientras no se haya probadolegalmente su culpabilidad. 3. Toda persona acusada de un delito tienederecho a las siguientes garantías mínimas: A. a ser informada sin demora, enun idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de laacusación formulada contra ella. B. a disponer de tiempo y de los mediosadecuados para la preparación de su defensa. C. a defenderse personalmenteo a ser asistida por un defensor de su elección, o si no tuviera medios pararemunerar a un defensor, a que se le otorgue uno cuando los intereses de lajusticia lo requieran. D. a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cargo ya obtener la comparecencia de los testigos de descargo y su interrogatorio enlas mismas condiciones que los testigos de cargo. E. a ser asistidogratuitamente por un interprete, sino comprende o habla el idioma empleado enel tribunal.Dándole un complemento a estos mínimos aparece en el artículo 7 laprohibición de aplicar retroactivamente la ley penal En América: en el caso de América la quinta enmienda a la constituciónde Los Estados Unidos de 1787 sirvió de inspiración para el resto deconstituciones de América Latina y del Caribe: “ninguna persona será detenidapara que responda por un delito capital, o infamante por algún otro concepto,sin un auto de denuncia o acusación formulado por un Gran Jurado, salvo enlos casos que se presenten en las fuerzas terrestres o navales, o en la Milicia,cuando estas estén en servicio efectivo en tiempo de guerra o de peligropublico; tampoco podrá someterse a una persona dos veces, por el mismodelito, al peligro de perder su vida o sufrir daños corporales; tampoco podráenajenarse la propiedad privada para darle usos públicos sin unacompensación justa”Se complementa el debido proceso con la garantía del juicio justo contenida enla sexta enmienda de la Constitución de Filadelfia Pacto de San José: en este pacto fue adoptada la convenciónAmericana sobre derechos humanos, el cual en su articulo 8 bajo el nombre degarantías judiciales, incluye tanto del debido proceso como el derecho a juiciojusto y equitativo: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en lasustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para ladeterminación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o decualquier otro carácter. 2. toda persona inculpada de delito tiene derecho a quese presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a lassiguientes garantías mínimas: A. derecho del inculpado de ser asistidogratuitamente por el traductor o interprete, si no comprende o habla el idiomadel juzgado o tribunal. B. comunicación previa y detallada al inculpado de laacusación formulada. C. concesión al inculpado del tiempo y de los mediosadecuados para la preparación de su defensa. D. derecho del inculpado dedefenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección yde comunicarse libre y privadamente con su defensor. E. derecho irrenunciablede ser asistido por un defensor de su elección proporcionado por el Estado,remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendierepor si mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. F.derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y deobtener comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedanarrojar luz sobre los hechos. G. derecho a no ser obligado a declarar contra simismo ni a declararse culpable. H. derecho de recurrir del fallo ante juez otribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es valida si es hechasin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentenciafirme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. Elproceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservarlos intereses de la justicia.El artículo 9 de la convención establece la prohibición de aplicarretroactivamente la ley penal, además de tener en cuenta el principio delegalidad¿Qué dice la corte constitucional en razón al debido proceso?La corte constitucional al ser el tribunal superior encargado de la guarda de laconstitución, es la encargada de conocer de derechos fundamentales entreellos esta el debido proceso, entre muchas de sus sentencias, la CorteConstitucional ha dado criterios, decisiones acerca de la aplicación y definiciónde lo que se puede considerar el derecho fundamental mas interesante y conmayor numero sentencias, tutelas normas entre otras.Pero entre tantas sentencias y fallos esta Corte ha tenido conceptos uniformesacerca del debido proceso diciendo lo siguiente: “es una estructura compleja

que se compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados,garantizan que la acción punitiva del Estado no resulta arbitraria” 23Así mismo en la sentencia T-458 del 24 de octubre de 1994 la Corte dijo: “eldebido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar al ciudadanoque ha acudido al proceso, una recta y cumplida administración de justicia y ladebida fundamentación de las relaciones judiciales, mediante el acatamientodel principio de juridicidad propio del Estado de derecho, y que excluye, porconsiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. En consecuencia,el debido proceso es un derecho fundamental, susceptible de ser protegido pormedio de la acción de tutela, ya que las actuaciones de los servidores públicosque solo obedezcan a motivaciones internas, desconocen la primacía de losderechos inalienables de la persona, la protección constitucional de losderechos fundamentales y la prevalencia del derecho sustancial”Para el año de 1995 la corte se manifestó en la sentencia T-158 del 26 de abrilde ese año de la siguiente manera: “el proceso es un juicio y es licito en cuantoimplica un acto de justicia. Y como es evidente por la naturaleza procesal, serequieren tres condiciones para que un proceso sea debido: la primera queproceda de una inclinación por la justicia; segunda, que proceda de la autoridadcompetente; tercera, que se profiera de acuerdo con la recta razón de laprudencia, en este caso, que se coteje integralmente toda pretensión, de talmanera que siempre este presente el derecho de defensa, y que el juez enningún momento se arregle prerrogativas que no están regladas por la ley, niexija, así mismo, requisitos extralegales. Siempre que faltaren estascondiciones, o alguna de ellas, el juicio será vicioso e ilícito”Y el Estado que respeto tiene por el debido proceso. ¿Hay o no violaciónde parte del Estado?En la jurisprudencia de instituciones Internacionales se puede ver claramentelas violaciones del Estado Colombiano al debido proceso, tales institucionesson: Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos, compilados por las Naciones Unidas, ComisiónInteramericana de Derechos HumanosPor su parte la Corte Constitucional en su Sentencia SU 159/02 24 preciso lasvías de hecho contra el debido proceso en decisiones judiciales: “en primero lautilización de un poder concebido al juez por el derecho para un fin no previstoen las disposiciones legales, segundo en el ejercicio de una atribución por unórgano del que no es titular, tercero en la aplicación del derecho sin contar conel apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebasvalidas, cuarto en la actuación por fuera del procedimiento establecido. Estacarencia sustancial de poder o de desviación del otorgado por la ley revelan23 Salvamento de voto de los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo Mesay Álvaro Tafur Galvis24 M.P.: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

una manifiesta desconexión entro lo establecido en el ordenamiento y lavoluntad del funcionario judicial y una clara violación de los derechosfundamentales de quien sufre las consecuencias del acto arbitrario”Por desgracia en la mayoría de los fallos, la corte Suprema de Justicia amparalas vías de hecho judicialesHABEAS CORPUSEn todo el desarrollo de la humanidad se han buscado normas para laconvivencia en sociedad. Por eso el habeas corpus es considerado uno de lasprotecciones al hombre mas importantes ya que establece el derecho a lalibertad corporal del hombre cuando esta es afectada injustamente.Cada momento de la historia tiene sus rasgos particulares, por eso para cadauno de esos momentos se presentaron figuras similares o primeras aparicionesde lo que hoy se conoce como el habeas corpus, el primero fue en las leyes deMoisés en el libro el Deuteronomio, en el cual algunas normas indicaban comoseria el trato para los pobre y esclavos, además de la administración de justiciaasignando en cada tribu o cuidad jueces o magistrados para que juzgaranrectamente, también se habla dentro del libro de la aplicación de las penasInterdictos del derecho romano: lo presentaba una persona libre que hasta esafecha se le había tratado como esclavo y se presentaba ante un pretor pararecuperar su libertad, había diferentes interdictos como el interdicto officii causasu fin era defender la persona libre injustamente detenida, no era invocado ennombre propio sino en sentido humanitario; también se presentaba el interdictohomine libero exhibendo el cual el pretor ordenaba la exhibición del hombreque se había encarcelado con dolo malo, concilio de Toledo: para el año de638 el VI concilio de Toledo impone que en todo juicio debe estar presente elacusador y así verificar la conducta del acusado frente a las leyes, evitando deesta manera la temeridad de los acusadores, y ya para la celebración de VIIIconcilio en 653 se presentan los primeros principios de lo que hoy es elprincipio de legalidad.La carta Magna firmada por Juan sin Tierra bajo presión por parte de losbarones ingleses quienes reclamaban derechos tanto para ellos mismos comopara los súbditos y realizado de buena fe por parte de todos para evitardisputas futuras y conceder libertades a sus herederos, otorgando derechoscomo que ninguna autoridad podía encarcelar a una persona sin previaautorización y por una causa pre escrita en alguna ley, en España se presentoel fuero de Vizcaya firmado en 1527 en el cual se confirió el principio de libertady prohibía a los magistrados y otros funcionarios la aprehensión a una personalibre sin sentencia de un juez, a menos que sea in fraganti, en caso contrario osin importar la causa o delito de la aprehensión, el juez competente deberádecretar libertad.

El habeas corpus el haber tenido tanta historia y tantas etapas para finalmenteconsagrarse como una de las máximas representaciones de libertad humana,debía tener una incidencia o importancia en el derecho internacional, en unprincipio este tuvo solo importancia moral pero con el tiempo se decidió por nosolo dejarlo en la parte moral sino que consiguiera un rango de obligatoriocumplimiento y de carácter jurídico considerablemente alto, hay varios tratadoso convenios internaciones que tienen en cuenta el habeas corpus generandoasí un cumplimiento y compromiso inmenso para los países que los firman,entre tantos de estos tratados esta la Declaración Americana de los Derechos yDeberes del hombre, la cual fue celebrada en razón de la IX conferenciainternacional Americana celebrada en Bogotá del 30 de marzo al 2 de mayo de1948, en la cual se ve plasmada el principio del derecho de defensa y elderecho a la libertad del hombre, entre muchos otros beneficios, ya para lafecha del 10 de diciembre de 1948, se aprobó la declaración Universal de losDerechos Humanos, en la cual se ve la voluntad de los Estados miembros porrespetar los derechos y libertades individuales fundamentales para todos loshombres, los cuales en este texto son divididos en dos categorías: derechosindividuales; y los económicos sociales y culturales; en su articulo 8 dice: “todapersona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionalescompetentes, que la ampare contra actos que violen sus derechosfundamentales reconocidos por la constitución o la ley”; y el articulo 9: “nadiepodrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado”Después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se pretendíaque esta no solo tuviera un carácter moral sino también obligatorio y de rangojurídico, por eso surge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,este documento impone a los Estados miembros, la obligación de promover elrespeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanas, pero entro aregir cuando se ratifico por 36 países, este entro a regir en Colombia a partirdel 23 de marzo de 1976.Pero el habeas corpus en Colombia tiene su respectiva historia, como apareció,como desapareció atreves de los años, ya sea por constituciones, decretos yaplicaciones diferentes para poder llegar a los que hoy tenemos en razón de laley 1095 de 2006 que rige todo acerca del habeas corpus, aunque en nuestropaís en 1832 se había realizado un control a la privación de la libertad personalpor medio de la constitución de ese respectivo año, se contempla el habeascorpus dentro de la legislación en 1964 como un recurso, por medio del decretoley 1358 de 1964: el cual explicaba que este recurso solo se podía aplicarcuando no se cumplía con las formalidades de la ley o si después de 48 añosno se le había puesto a ordenes de la autoridad competente, este lo podíainvocar el perjudicado, otra persona o el ministerio de publico ya sea por oficioo petición, pero este recurso no operaba cuando eran sentencias en firme, casoen el cual se consideraba que se utilizaban los recursos de revisión yapelación. Con la expedición del Código de Procedimiento Penal en el cual seelevo a garantía procesal el habeas corpus y se consagro por primera vez laprocedencia del Habeas Corpus, cuando existía prolongación ilícita de lalibertad, ya con el actual Código de Procedimiento penal (decreto 2700 de

1991), el cual consagra dentro de sus normas rectoras el habeas corpusarticulo 5: “quien estuviere ilegalmente privado de su libertad tiene derecho ainvocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por si o porinterpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el termino de36 horas contadas desde el momento de la solicitud y sin tener en cuenta elnumero de retenidos”, el articulo 430 se define el habeas corpus como unaacción publica otorgada a quien se encuentra privado de la libertad, bien seapor haber capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, obien porque se prolongue ilícitamente esa privación, con la ley 15 de 1992 y laexpedición de la constitución se presentaron varios casos de personasencerradas e investigadas por delitos de competencia de jueces regionales ytribunal nacional invocando el habeas corpus, ya que consideraban que existíaprolongación ilegal de privación de la libertad, por vencimiento de términos..Con la nueva constitución apareció la corte Constitucional encabeza y guardade la constitución, se le encargo el solucionar las sentencias en relación alhabeas corpus, algunas de considerable importancia como la sentencia C-557de 1992: en base en la inestabilidad que se podía presentar en el territoriodebido a la expedición del nuevo Código de Procedimiento Penal y el numerode procesados que solicitaban el habeas corpus por la antigua justicia de ordenpublico y la masiva libertad provisional sobreviviente. El gobierno declaraestado de conmoción por el decreto 1156 de 1992 art 3: “en los delitos decompetencia de los jueces regionales y del tribunal Nacional no procederá laacción de habeas corpus por causales previstas para obtener la libertadprovisional, las cuales deben alegarse dentro del proceso respectivo. Tampocoprocederá para efecto de revisar la legalidad de las providencias que hubierendecidido sobre la privación de la libertad”. Este respecto manifestó la CorteConstitucional: “se utiliza el recurso de habeas corpus en este articulo 3º, a lamanera de su primigenia expresión, no temiendo por la libertad individual porcausa de la actuación de los jueces, sino mas bien, por las actuaciones deautoridades no judiciales, frente a las cuales queda, para estos delitos, elhabeas corpus a disposición de quienes deban utilizarlos”Para la sentencia C-301 de 1993, en la cual se examina la constitucionalidadde la ley 15 de 1992 con argumentación de que tratándose de un derechoconstitucional fundamental como la libertad este necesitaba realizarse por unaley estatutaria como lo establece el articulo 152 de la constitución y no por unaley ordinariaSentencia C-010 de 1994: en esta sentencia se estudia la demanda deinconstitucionalidad de expresión: “pero el tramite corresponde exclusivamenteal juez penal” contenida en el articulo 431 del Código De Procedimiento penal,y la cual según el actor iba en contradicción con la constitución política en suarticulo 30 debe entenderse en conformidad con el principio de especialidadentre las distintas ramas de la administración de justicia. Aplicación del habeas corpus en Colombia: para entender de unamejor manera la practica del habeas corpus en Colombia es necesario dar aconocer los conceptos y las situaciones de captura legal y prolongación ilegalde privación de libertad

Captura legal 25 : la jurisprudencia y la doctrina la definen como: “en su masamplia significación, captura es el acto meramente físico mediante el cual losauxiliares de la rama jurisdiccional, en cumplimiento de ordenes legalmenteimpartidas u obrando por su cuenta en otros casos, o los simples particularesen circunstancia de flagrancia cuasi flagrancia, aprehenden a una personapara presentarla a la autoridad que la reclama o a la que puede definir susituación”Prolongación ilegal de la privación de la libertad: esta se presenta sidespués de interpuesta la solicitud de la libertad provisional fuere negadaLEY 1095 DE 2006DECRETA:Artículo 1°. Definición. El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a lavez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien esprivado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales,o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse oincoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio prohomine. El Hábeas Corpus no se suspenderá, aun en los Estados deExcepción.Artículo 2°. Competencia. La competencia para resolver solicitudes de HábeasCorpus se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:1. Son competentes para resolver la solicitud de Hábeas Corpus todos losjueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder Público.2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de susintegrantes como juez individual para resolver las acciones de Hábeas Corpus.Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido conantelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de Hábeas Corpus,deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias,de inmediato, al juez siguiente o del municipio más cercano de la mismajerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstospara ello.Artículo 3°. Garantías para el ejercicio de la acción constitucional de HábeasCorpus. Quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a lassiguientes garantías:25 Para el ordenamiento jurídico solo existe la captura por orden judicial, cuando se presentaesta captura se considera legal, siguiente con las reglas del debido proceso

1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el Hábeas Corpus paraque este sea resuelto en un término de treinta y seis (36) horas.2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sinnecesidad de mandato alguno.3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, mientras que laviolación persista.Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de lapresente ley, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará un sistema deturnos judiciales para la atención de las solicitudes de Hábeas Corpus en elpaís, durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados y las épocasde vacancia judicial.4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de díasfestivos o de vacancia judicial.5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nacióninvoquen el Hábeas Corpus en su nombre.Artículo 4°. Contenido de la petición. La petición de Hábeas Corpus deberácontener:1. El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción.2. Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad esilegal o arbitraria.3. La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de lalibertad.4. Si se conoce el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privaciónde la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa.5. El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante.6. La afirmación, bajo la gravedad del juramento; que se considerará prestadopor la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido elconocimiento de la solicitud de Hábeas Corpus o decidido sobre la misma.La ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámitedel Hábeas Corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello.La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá serentablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado.Artículo 5°. Trámite. En los lugares donde haya dos (2) o más autoridadesjudiciales competentes de la misma categoría, la petición de Hábeas Corpus sesometerá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. La autoridad judicial a

quien corresponda conocer del Hábeas Corpus no podrá ser recusada enningún caso; una vez recibida la solicitud, se podrá decretar una inspección alas diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición.También podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de lasautoridades que considere pertinentes, información urgente sobre todo loconcerniente a la privación de la libertad. La falta de respuesta inmediata aestas solicitudes constituirá falta gravísima.La autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos conla persona en cuyo favor se instaura la acción de Hábeas Corpus. Para ello sepodrá ordenar que aquella sea presentada ante él, con el objeto deentrevistarla y verificar los hechos consignados en la petición. Con este mismofin, podrá trasladarse al lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor seinstauró la acción, si existen motivos de conveniencia, seguridad u oportunidadque no aconsejen el traslado de la persona a la sede judicial.Con todo, la autoridad judicial podrá prescindir de esa entrevista, cuando no laconsidere necesaria. Los motivos de esta decisión deberán exponerse en laprovidencia que decida acerca del Hábeas Corpus.Artículo 6°. Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionaleso legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará laliberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra elcual no procede recurso alguno.Artículo 7°. Impugnación. La providencia que niegue el Hábeas Corpus podráser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a lanotificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas:1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de lassiguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. Elexpediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro delos tres (3) días hábiles siguientes.2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciadoy fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de laCorporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva.Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individualpara resolver las impugnaciones del Hábeas Corpus.Artículo 8°. Improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. Lapersona privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en laConstitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de lalibertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, soninexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad delcapturado cuando ella se conceda a consecuencia del Hábeas Corpus.Artículo 9°. Iniciación de la investigación penal. Reconocido el Hábeas Corpus,la autoridad judicial compulsará copias para que el funcionario competente

inicie las investigaciones a que haya lugar, sin detrimento de las accioneslegales restauradoras de perjuicios que estime adelantar el afectado.Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación yderoga en lo pertinente a toda aquella que le sea contrariaDEFENSA MATERIALPor: Luisa Fernanda Bermúdez“el derecho de defensa es el requisito sine cuanon para toda actuacióncontenciosa”La libertad del hombre se centra en la manifestación de su voluntad por mediode actos, o por medio de palabras, que en fin son la declaración de sus deseosmotivados por la razón y la conciencia, cosa que no se puede confundir con

desmedrar la voluntad de otros, por el hecho de que nadie es dueño ni rige lavida de nadie (los derechos terminan donde empiezan los de los otros) 26 . Estavoluntad debe estar libre de todo vicio, o constreñimiento de parte del medioexterno; para empezar a hablar de la defensa inexorablemente debemos puesreferirnos a la libertad, ya que la defensa es esa libertad autónoma de protegerlas cosas importantes para nosotros, tal y como se ha demostrado en lahistoria, en la cual se ha luchado por la libertad, la igualdad y la defensa.Por sobre todas las cosas el hombre se ha ideado métodos, por los cuales sebusca la igualdad y la libertad por medio de la defensa, por medio de laequidad dentro de lo proporcional; la defensa per se, es el medio idóneo paramantener un equilibrio justo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es lo quepermite contravenir lo imputado, (lo que a nuestro juicio no es cierto) pordesacuerdo propio evitando así la arbitrariedad y la mala fe de las personasque hacen imputaciones temerarias sin medir consecuencias so pretexto deperjudicar al querellado o al acusado, es esa forma de impedir que se nosarrebate la libertad (física y de expresión), la honra y la confianza en nuestroser físico y moral.La defensa, hablando en forma subjetiva, en un sentido amplio y ontológico dela palabra no es más que un simple instinto de supervivencia, es lamanifestación de nuestras propensiones primarias de defender las posesionesmas preciadas (o de evitar algo que no debe ser), como la vida, la familia, lalibertad entre otros aspectos inherentes al hombre hoy día denominadosderechos fundamentales y derechos inherentes al hombre.La defensa material es primaria a la defensa técnica, ya que a partir de que sedieron las primeras posibilidades de defensa propia, ante un proceso porimputación de un delito, la defensa se derivaba de la palabra propia o lapalabra absolutoria de otra persona en calidad de testigo 27 .La legalidad y con esta el derecho de defensa, sobrevinieron mucho tiempodespués de crearse ordenamientos jurídicos. Después de pasar por actos dearbitrariedad 28 , por medio del efecto prueba error, y extralimitación de poder porparte de la clase alta, se implementaron medidas para restringir estos poderesy así dar un poco de equidad.El derecho de defensa, en un sentido amplio, se puede ver reflejado en losmúltiples instrumentos procesales, los cuales son utilizados para evitar laarbitrariedad y defender los derechos de las personas, así que con esto se26 Principio del no abuso del derecho: a nadie se le permite aprovecharse en su beneficio particular deldolo o la mala fe cometido, especialmente cuando tal aprovechamiento busca perjudicar a otro, o seaque nadie puede alegar ante la justicia sus propias faltas o actos ilícitos cometidos con el fin deperjudicar a otro. Art. 156 divorcio. El cónyuge ofendido art. 1744 prohíbe al incapaz alegar su propiodolo para obtener la nulidad del contrato celebrado.27 forma de defensa y contravención de hechos imputados, propia del derecho probatorio y en virtud delos principios procesales de, inmediación de la prueba, valoración de la prueba y verdad procesal.28 oscurantismo

puede llegar a pensar que los diferentes instrumentos procesales insertados yconfigurados en nuestra carta del 91 son parte de una defensa tangible y nosólo de palabra, por ello se debe precisar su amplio sentido.En prima facie, el término de defensa material, en su sentido estrictamentejurídico, es la defensa personal, el derecho a ser oído, sin necesidad deapoderado o abogado.En este sentido estricto podemos conocer connotaciones históricas que hanpermitido el desarrollo del derecho de la defensa material. La defensa materialestricto sensu, se dio por primera vez en Inglaterra alrededor de los años 1628en la llamada petition of rigths que expidió el parlamento, con la intención derecordar al monarca que lo prescrito en la carta magna de Juan sin tierra debíarespetarse 29 , “declarando que los encarcelamientos sin causa justificada en laley eran contradictorios a la legislación del reino, y que nadie puede serdetenido o juzgado mas que por la ley ordinaria y nadie será ajusticiadocontrariando los mandatos de la ley:4. considerando que también se declaró y estableció por autoridad delparlamento en el vigésimo octavo año del reinado de Eduardo III, que ningunapersona, cualquiera que fuese su rango o condición, podría ser, encarcelada, oajusticiada, sin habérsele dado la posibilidad de defenderse en unprocedimiento regular.” 30Ampliando el panorama y dejando el sentido estricto de lado, podemos afirmarcon seguridad que los modos de defensa material serian tangibles mediante losinstrumentos procesales que no necesitan de apoderado o abogado(constitución política de Colombia de 1991 31 ), para la defensa de los derechos,pese a que defensa, también seria aplicable a todo aquel instrumento quepermita defender una pretensión por medio del derecho de acción.Pero aquí nos enfocaremos en los instrumentos procesales que no necesitande apoderado o de abogado.Nos introduciremos en primera instancia al habeas corpus el cual es uno de losmas trascendentes y antiguos que nos ha sucedido Inglaterra.Art. 30 constitución política de Colombia “quien estuviere privado de su libertad,y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridadjudicial, en todo tiempo, por si o por interpuesta persona, el habeas corpus elcual debe resolverse en el termino de treinta y seis horas.29 PORRAS Carlos. CANTOR Rafael. El habeas corpus. Editorial ediciones jurídicas GustavoIbáñez. Pág. 2730 PORRAS Carlos. CANTOR Rafael. El habeas corpus. Editorial ediciones jurídicas GustavoIbáñez. Pág. 2831 Habeas corpus, acción de tutela, acción popular, acción de inconstitucionalidad, excepciónde inconstitucionalidad, mandamus, todas estas que se realizan sin apoderado o abogado.

El habeas corpus, encuentra sus raíces en Roma a partir de los interdictos,que a grandes rasgos eran aquellos que restringían el poder imperativo yarbitrario de los pretores y demás personas. Existieron además diferentesclases de interdictos como la interdictio officii causa y interdicto homine liberoexhibendo; en la primera se hacia de oficio propio para defender los libres dedetenciones injustas, mientras que la segunda se ordenaba la exhibición delreo o sindicado al pretor para que se resolviera su situación legal.En Inglaterra apareció a partir de la carta de derechos de Juan sin tierra, en lacual se exponía que el encarcelamiento por mandato del rey, sin estar tipificadaen la ley, era contrario a la libertad personal, pero esto al ser letra muertadebido a los constantes contravenciones por parte de los funcionarios públicosrespecto del common law, obligó a la cámara de los comunes a emitir undocumento para evitar la contravención del habeas corpus el cual fue llamado“habeas corpus amendment act” cuyo texto expresa en un aparte que “ tendráderecho a dirigirse por si mismo, o por otro en representación suya, a lordcanciller o cualquier otro juez o magistrado, los cuales, a la vista de las copiasde los autos de prisión o previo el juramento de haberse denegado talescopias, y precediendo una petición por escrito de la persona detenida o decualquiera otra en su lugar, confirmada por dos testigos presentes en el acto deentregarla, tiene la obligación de expedir un habeas corpus con el sello deltribunal a que pertenezca uno de los jueces y dirigirlo al funcionario encargadode la custodia del detenido”. 32La acción de tutela 33 , la cual busca evitar y defender el menoscabo de losderechos constitucionales fundamentales y derechos fundamentales, evitar undaño irremediable, cuando estos son violados o amenazados por la acción o laomisión de cualquier autoridad publica, e inclusive en algunas condicionesespeciales frente a otros particulares, también consagra la impugnación contrasentencias judiciales que vulneren el debido proceso tal como lo afirma elarticulo 11 del decreto 2591 del 91Caducidad. La acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigidacontra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cualcaducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente.Así como las acciones populares, que se realizaron para la defensa de losderechos e intereses colectivos evitando que estos se queden sin una acciónpara cubrir la primacía del interés general. Seria entonces absurdo proteger losderechos particulares y saltearse este precepto, so pena de dejar desprovistoel interés general que consagra el articulo primero de la constitución política deColombia.32 Pese a que es indudable que el habeas corpus es un instrumento eficaz y que en verdad,salvaguarda la supremacía de los derechos a la libertad del hombre, es evidente que tienencortapisas, evitando así la perdida del control por medio de este instrumento por parte de losque ostentan el poder, haciendo mas difícil el acceso a este mecanismo, tal y como se nota enla historia del habeas corpus con sus restricciones y condiciones.33 Art. 86 constitución política de Colombia. Decreto 2591 de 1991

El mandamus o acción de cumplimiento 34 defiende el interés general y losderechos colectivos, además de las acciones de inconstitucionalidad 35 yexcepción de inconstitucionalidad 36 que protege la supremacía de laconstitución 37 y por antonomasia los derechos consagrados en esta.Todos estos recursos procesales permiten la defensa material de los derechosfundamentales y derechos colectivos, de las personas.En cuanto a materias, la defensa como se había dicho antes, se puede aplicartambién en el derecho civil, penal, familia, administrativo, laboral entre otrasmaterias,(por no decir que en todo forma de normatividad debe estar pormandato constitucional un mecanismo de defensa) todas estas, estáninterconectadas con el derecho probatorio como medio de defensa paracontravenir las imputaciones a las que se tenga además de los procesos en loscuales los particulares pueden ejercer su defensa per se.PROCEDIMIENTOS PERMISIVOS DE LA DEFENSA MATERIALDERECHO CIVIL: en el articulo 22 del código civil habla acerca de la fuerzaprobatoria de los instrumentos públicos, con esto intrínsecamente se entiendeel derecho de defensa de contravenir por medio de pruebas.Sección tercera, régimen probatorio. Titulo XIII pruebas, capitulo I disposicionesgenerales. Art. 174 (necesidad de la prueba), 175 (medio de prueba) 38 , Art. 176presunciones establecidas por la ley, Art. 177 carga de la prueba, Art. 63“derecho de postulación: las personas que hayan de comparecer al procesodeberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos enque la ley permite su intervención directa.”, Art. 101 C. P.Civil.El derecho de defensa por medio del derecho de acción en el derecho penal;defensa en cuanto a que se protege los intereses y derechos del demandante oquerellante, pero en penal, en virtud de la ley 1153 del 2007, el cual convierteen contravenciones conductas antes tipificadas como delitos, permite impetrarlas querellas sin conducto de abogado. esta ley se caracteriza por la eficacia yceleridad de los procesos, toda vez que estos no rebasen una cuantía, decuando fuere contravenciones en contra del patrimonio (10 salarios mínimos),se realza esta ley toda vez que una de la razones de la celeridad es que estasse interponen sin necesidad de apoderado y por medio de querella.En el art. 15 del C.P.Penal consolida el derecho a la contradicción.34 Art 87 constitución policía de Colombia.35 Art. 4, 242 de la constitución política de Colombia36 Art. 4 de la constitución política de Colombia37 Art. 4 constitución política de Colombia38 Art. 175 : “Declaración de parte, juramento, testimonio de tercero, dictamen pericial,inspección judicial, documentos, indicios y cuales quiera otros medios que sean útiles”

EN MATERIA LABORAL podremos encontrar formas de defensa sinnecesidad de apoderado cuando fueren “Art. 33 C.P. Laboral: para litigar encausa propia o ajena se requerirá ser abogado inscrito, salvo las excepcionesde que trata la ley 69 de 1945. Las partes podrán actuar por si mismas, sinintervención de abogados en juicio de única instancia y en las audiencias deconciliación.”En materia administrativaLa defensa material también tiene que ver con el principio de la buena fe,consignado en el art. 83 de la constitución, el cual es del siguiente tenor “Lasactuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse alos postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones queaquellos adelanten ante éstas. 39 la definición de buena fe simple, es el obrar deforma correcta, conforme a las leyes sin ninguna clase de error, dolo o fuerzacontra los demás (vicios del consentimiento), son aquellos que no seaprovechan del error ajeno o provocan insuperable coerción para lograr unapretensión. Pese a ello la buena fe deja de existir cuando hay indicios ypruebas en las cuales afirmen la mala fe, tal como lo confirma el art. 769 C.Civilel cual reza “presunción de buena fe: la buena fe se presume, excepto en loscasos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros casosla mala fe deberá probarse” con esto se infiere una verdadera garantía delegalidad para con el derecho de defensa material, el cual lo es la presunciónde buena fe, ya que se resalta que para que se pueda imputar un cargo aalguien tendrá que probarse el cargo. Esto hace que sin necesidad de unalegato se tenga la convicción de que la otra persona debe probar el hecho, yaque sin pruebas que confirmen lo demandado podría llegarse a pensar que esuna demanda temeraria o que simplemente no tiene el respaldo de pruebassuficiente como para que haya una sentencia o condena desfavorable. 40Artículo 105 - IV. Derechos y medios de defensaEl prisionero de guerra tendrá derecho a que lo asista uno de sus camaradasprisioneros, a que lo defienda un abogado calificado de su elección, a hacercomparecer testigos y a recurrir, si lo considera conveniente, a los oficios de unintérprete competente. La Potencia detenedora le pondrá oportunamente alcorriente de estos derechos antes de la vista de la causa.Si el prisionero no ha elegido defensor, la Potencia protectora le procurará uno;para ello, dispondrá de un semana al menos Si la Potencia protectora lasolicita, la Potencia detenedora le presentará un lista de personas calificadaspara garantizar la defensa. En el caso de que ni el prisionero de guerra ni laPotencia protectora hayan elegido defensor, la Potencia detenedora nombraráde oficio a un abogado calificado para defender al acusado.Para preparar la defensa del acusado, el defensor dispondrá de un plazo de39 Ley 962 del 2005, ley 80 del 93- Art. 5,24,25,28, 51, código civil - Art.768, 66940 “Lo que no se puede probar en derecho no existe”

dos semanas, por lo menos, antes de la vista de la causa, así como de lasfacilidades necesarias; podrá, en particular, visitar libremente al acusado yconversar con él sin testigos. Podrá conversar con todos los testigos dedescargo, incluidos prisioneros de guerra. Se beneficiará de estas facilidadeshasta la expiración de los plazos de apelación.El prisionero de guerra acusado recibirá, con suficiente tiempo, antes decomenzar la vista de la causa, comunicación, en idioma que comprenda, delauto de procesamiento así como de los autos que, en general, se notifican alacusado en virtud de las leyes vigentes en los ejércitos de la Potenciadetenedora. La misma comunicación deberá hacerse, en las mismascondiciones, a su defensor.Los representantes de la Potencia protectora tendrán derecho a asistir alproceso, a no ser que tenga lugar, excepcionalmente a puerta cerrada eninterés de la seguridad del Estado; en tal caso, la Potencia detenedora se locomunicará a la Potencia protectora. (convenio III de ginebra del 12 de agostode 1949)Artículo 10Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oídapúblicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para ladeterminación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquieracusación contra ella en materia penal.PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓNConcepto: consiste en que una parte tenga la oportunidad de oponerse a unacto realizado a instancia de la contraparte y a fin de verificar su regularidad.Por tanto, este principio únicamente se presenta en los procesos donde existeun demandante y un demandado, es decir, en los procesos de tipocontencioso.Aspectos: son dos los aspectos que integran la contradicción: 1) el derecho quetiene la parte de oponerse a la realización de un determinado acto, y, 2) laposibilidad que tiene la parte de controlar la regularidad y cumplimiento de lospreceptos legales.Finalidad: se persigue con este principio evitar suspicacias sobre lasproposiciones de las partes. Es por esto que "debe suponerse lógicamente quenadie habrá de tener más interés que el adversario en ponerse y contradecirlas proposiciones inexactas de su contraparte; y, por consiguiente, cabe admitir

que las proposiciones no contradichas deben suponerse exactas", como loafirma Eduardo J. Couture.La contradicción no requiere que la parte en cuyo favor se surte realice losactos que con tal efecto consagra la ley, sino basta que se le haga conocer larespectiva providencia, puesto esto le da la posibilidad de llevarlos a cabo. Deahí que el principio de contradicción tenga íntima relación con el principio depublicidad.INPUGNACION DE SENTENCIAPor: Luisa Fernanda Bermúdez“toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada salvo las excepcionesque consagre la ley.El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado seaapelante único.” (Art. 31 C.P.C). Art 29 C.P.C (….) “ derecho de impugnar lasentencia” (….)La impugnación de sentencia, por antonomasia es coetánea al derecho dedefensa o al derecho de contravenir con lo que no se esta de acuerdo o de quea juicio del desfavorecido por la condena o sentencia, no se surtieron losdebidos cuidados para llegar al veredicto final. Es bien sabido que todo procesose encuentra regido por normas que marcan los linderos para una correctaadministración de justicia, por ello, los juristas reconocen la posibilidad deerrores a la hora de impartir justicia, muchas veces causados por losnumerosos procesos de los cuales conocen los jueces y la prolongación de losjuicios, además de la temeridad y la dilación de algunos abogados, otro factorde posibles errores es la cantidad de normas al respecto, es casi imposible,saber por completo la normatividad que rige el procedimiento.Por todo esto se han creado mecanismos procesales para evitar estasarbitrariedades muchas veces surtidas por errores, mas que por la mala fe, delos jueces y magistrados, los recursos que son las formas ideadas para laimpugnación de las sentencias, cuyos motivos se encuentran taxativos en lasnormas del procedimiento de cada materia.En una primera mirada, el derecho a impugnar las sentencias no sólo seencuentra respaldado por el derecho colombiano sino también por el derechointernacional en sus tratados y convenios ratificados por el congreso 41 toda vezque el derecho de impugnación es un derecho fundamental impetrado en el41 Art. 93 constitución política de Colombia.

articulo 29 de la constitución y reforzado por medio del articulo 31 de laconstitución.El derecho de impugnación de sentencia se encuentra en la declaraciónuniversal de los derechos humanos 1948 – 1998 en su articulo 8 el cual es delsiguiente tenor:Artículo 8Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunalesnacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechosfundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.Convenio III de ginebra 12 de agosto de 1949 (derecho internacionalhumanitario)Artículo.106 -Todo prisionero de guerra tendrá derecho, en las mismas condiciones que losmiembros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora, a recurrir enapelación, en casación o en revisión, por toda sentencia dictada contra él. Seráplenamente informado acerca de sus derechos de recurso así como acerca delos plazos requeridos para ejercerlos.Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal (pacto de san jose de costa rica(O.E.A) 19691. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en lascondiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de losEstados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de sudetención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante unjuez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales ytendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta enlibertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estarcondicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez otribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad desu arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueranilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que seviera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a unjuez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal

amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursospodrán interponerse por sí o por otra persona.Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos deautoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberesalimentarios.La jurisprudencia de la corte constitucional también pone en firme y reitera elderecho de impugnación de sentencia la cual se manifiesta de la siguienteforma por medio de sentencia T-595 de 1992:“Las garantías procesales no pueden ser usadas como mecanismos orientadosal entorpecimiento o a la dilación del normal trámite de los asuntos judiciales ymenos todavía pretender que de su descuido y mora se deriven para elprocesado posibilidades de acción contra las autoridades judiciales que hanatendido oportunamente las prescripciones constitucionales y legales. Tododerecho comporta unos deberes correlativos. Tratándose de los que ahora nosocupan, tales deberes hacen indispensable que quien, siendo sindicado, recibede la autoridad las debidas garantías para su defensa haga oportuno y correctouso de ellas en vez de alegar la propia falta de atención procesal en subeneficio”. 42Reiterándolo en sentencia T- 576 del 92“El Derecho Fundamental al Debido Proceso Administrativo es un conjuntocomplejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para suordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados ypara la validez de sus propias actuaciones. Dentro de aquellas circunstancias,se encuentran los medios, que el conocimiento jurídico denomina"RECURSOS", a disposición de los administrados para defenderse de losposibles desaciertos de la administración, bien sea irregularidad formal,injusticia o inconveniencia, hipótesis todas previstas en la ley, y que provocancon su uso la denominada "vía gubernativa", a fin de permitir a laAdministración la corrección de sus propios actos mediante su modificación,aclaración o revocatoria, y, a los administrados la garantía de sus derechospor aquella, sin tener que acudir a la instancia judicial” 43Pese a que el ámbito circunstancial de las dos sentencias son completamentediferentes 44 , a lo que se quiere llegar es que todos los procesos judiciales,tienen parámetros definidos por la ley para la correcta realización de losprocesos cumpliendo con el derecho fundamental al debido proceso ycoetáneamente a la igualdad, ya que seria inicuo que se surtiera un proceso dedeterminada forma para unos y para otros de otra forma hablando en unamisma materia y en una misma circunstancia, ya que es obvio, que cadamateria tenga su propia forma de proceder, además se demuestra con lasentencia t- 595 del 92 que la buena fe o el principio de la lealtad procesal, elcual trata de la debida utilización de los recursos42 Sentencia T-595 de 1992. MP José Gregorio Hernández Galindo.43 Sentencia T- 576 del 92. MP. Fabio Morón Diaz

Suministrados por la justicia.El derecho procesal el cual es quien directamente dirige, los momentosprocesales en los cuales deben seguir y ser surtidos todos los componentes dela instancia en forma ordenada y sistemática como por ejemplo se impetra lademanda- auto admisorio- la notificación al demandado - contestación odemanda de reconvención si la hubiere y su respectiva contestación –audiencia de conciliación si así sea procedente, saneamiento y fijación dellitigio- presentación de pruebas y alegatos - sentencia- recursos si así esprocedente, si se utiliza el recurso de apelación se surtiría el principio de ladoble instancia.PRINCIPIO DE LAS DOS INSTANCIASSe entiende por instancia, en su acepción más simple – de acuerdo con DESANTO – cada uno de los grados del proceso, o, en sentido amplio, el conjuntode actuaciones que integran la fase del proceso surtida ante un determinadofuncionario y a la cual entre le pone fin mediante una providencia en la cualdecide el fondo del asunto sometido a su consideración.La instancia se caracteriza porque, de una parte, comprende toda la fase,grado o actuación del proceso efectuada por un funcionario judicial, y, de otra,por corresponderle decidir en forma amplia sobre el fondo de la cuestióndebatida. Se habla de primera instancia para referirse a la comprendida desdeque se inicia el proceso hasta cuando se profiere la correspondiente sentencia.La segunda se surte ante el superior jerárquico en virtud del recurso deapelación y va desde que este se admite hasta que se decide mediante lacorrespondiente sentencia. En una y otra sentencia, esto es, tanto la quedecide la primera como la segunda instancia, el juzgador goza de autonomíapara decidir en el marco señalado o establecido por la ley.El recurso de casación, al igual que la apelación, forma parte del proceso, porcomprender toda la actuación realizada por un funcionario, pero a diferencia deella, no tiene la condición de instancia, porque, como medio de impugnaciónextraordinario que es, solo faculta al juzgador para pronunciarse sobre lacausal invocada. Sin embargo, en nuestro medio, como el mismo funcionarioque decide la casación debe proferir la sentencia de reemplazo, en ese casoobra como juzgador de instancia.Este principio – como el de impugnación, del cual es solo una modalidad, quizála más importante – tiene por objeto que el funcionario jerárquicamentesuperior, con mayor conocimiento y experiencia, pueda, en virtud de laapelación, revisar la providencia del inferior y subsanar los errores cometidospor este.

Al principio de la doble instancia se opone el de única instancia, generalmenteconsagrado cuando el funcionario que decide el proceso es colegiado, por lamayor garantía que ofrece con respecto al singular. Sin embargo, no es esa laregla imperante en nuestro medio, en donde, excepto en el contenciosoadministrativo actual, cuando aún no han sido creados los juzgados, losasuntos de única instancia están a cargo de los juzgadores singulares.PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓNEste principio consiste en otorgarles a las partes la facultad de atacar lasprovidencias con el objeto de enmendar los errores in iudicando o inprocedendo en que incurra el juez y, subsidiariamente, evitar el perjuicio quecon la decisión pueda ocasionarse a las partes.Se cumple mediante recursos.LA IMPUGNACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVOEl sustento de la impugnación en el proceso ejecutivo se basa en :Los errores in iudicandoLos errores in procedendoLa revisión por un órgano jerárquicamente superior, quien puede anular (sicontiene algún error o vicio que invalida la resolución) o revocar (total oparcialmente)Disconformidad con el resultado de la sentenciaLa impugnación de la sentencia es regulada por el Artículo 691.- El plazo parainterponer apelación contra la sentencia es de cinco días contado desdenotificada ésta.En todos los casos en que en este Título se conceda apelación con efectosuspensivo, es de aplicación el trámite previsto en el Artículo 376. Este últimotrámite también se aplica a la apelación de la resolución final.Si la apelación es concedida sin efecto suspensivo, tendrá la calidad dediferida, siendo de aplicación el Artículo 369 en lo referente a su trámite.

Del análisis del artículo 691 se desprender tres tipos de apelación condiferentes efectos, los efectos se encuentran regulados en el Artículo 368 .- 45SEGÚN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL SE ENUMERARAN YEXPLICARAN LOS RECURSOS Y CONSULTASRECURSO DE REPOSICION (Art. 348) : Artículo modificado por el artículo 1,numeral 168 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Salvonorma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicteel juez, contra los del magistrado ponente no susceptibles de súplica y contralos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, a fin de que se revoqueno reformen.El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo quecontengan puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podráninterponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirsesu aclaración o complementación para los efectos de los artículo 309 y311,dentro del término de su ejecutoria.ARTÍCULO 349. TRAMITE. Si el recurso se formula por escrito, este semantendrá en la secretaría por dos días en traslado a la parte contraria, sinnecesidad de que el juez, lo ordene; surtido el traslado se decidirá el recurso.El secretario dará cumplimiento al artículo 108.La reposición interpuesta en audiencia y diligencia se decidirá allí mismo, unavez oída la parte contraria si estuviere presente. Para este fin cada parte podráhacer uso de la palabra hasta por quince minutos.El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten,por escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la notificación delauto, excepto cuando éste se haya dictado en una audiencia o diligencia, casoen el cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se pronuncie elauto.ARTÍCULO 350. FINES DE LA APELACION E INTERES PARAINTERPONERLA. El recurso de apelación tiene por objeto que el superiorestudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque oreforme.Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable laprovidencia; respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en elinciso segundo del artículo 52.45 Citado en www.Monografías. com

ARTÍCULO 351. PROCEDENCIA. Sonapelables las sentencias de primera instancia, excepto las que se dicten enequidad de acuerdo con el artículo 38 y las que las partes convengan enrecurrir en casación per saltum, si fuere procedente este recurso.También son apelables los siguientes autos proferidos en la primera instancia:1. El que rechace la demanda, su reforma o adición, salvo disposición encontrario.2. El que resuelva sobre la citación o la intervención de sucesores procesales ode terceros, o rechace la representación de alguna de las partes.3. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término parapracticar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o su práctica.4. El que deniegue el trámite de incidente, alguno de los trámites especialesque lo sustituye contemplados en los artículos 99, 142, 152, 155, 158, 159,162, 167, 338 parágrafo 3, 340 inciso final y 388, el que los decida y el querechace de plano las excepciones en proceso ejecutivo.5. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en procesos ejecutivos.6. El que decida sobre suspensión del proceso.7. El que decida sobre un desistimiento, una transacción, la perención, decreteo levante medidas cautelares, o por cualquier otra causa ponga fin al proceso.8. El que decida sobre nulidades procesales.9. El que decida sobre excepciones previas, salvo norma en contrario.10. Los demás expresamente señalados en este Código.ARTÍCULO 352. OPORTUNIDAD Y REQUISITOS. El recursode apelación deberá interponerse ante el juez que dictó la providencia, en elacto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres días siguientes.Si aquélla se dicta en el curso de una audiencia o diligencia, el recurso deberáproponerse en forma verbal inmediatamente se profiera; el juez resolverá sobresu procedencia al final de la misma.La apelación contra autos podrá interponerse directamente o en subsidio de lareposición.Cuando se accede a la reposición interpuesta por una de las partes, la otrapodrá apelar del nuevo auto si fuere susceptible de este recurso.

Proferida una providencia complementaria o que niegue la complementaciónsolicitada, dentro de la ejecutoria de ésta se podrá también apelar de laprincipal. La apelación contra una providencia comprende la del auto queresuelva sobre la complementación.Si antes de resolverse sobre la complementación de una providencia sehubiere interpuesto apelación contra ésta, en el auto que decida aquélla seresolverá sobre la concesión de dicha apelación.PARÁGRAFO 1o. El apelante deberá sustentar el recurso ante el juez otribunal que deba resolverlo, a más tardar dentro de la oportunidad establecidaen los artículos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para lasustentación del recurso, será suficiente que el recurrente exprese, en formaconcreta, las razones de su inconformidad con la providencia.PARÁGRAFO 2o. El Secretario deberá remitir el expediente o las copias alsuperior dentro del término máximo de quince (15) días contados a partir deldía siguiente al de ejecutoria del auto que concede el recurso o a partir del díasiguiente a aquel en que se paguen tas copias por el recurrente, según fuere elefecto en que se conceda el recurso, so pena de incurrir en causal de malaconducta sancionable con destitución.ARTÍCULO 353. APELACION ADHESIVA. Laparte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes,en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesiónpodrá presentarse ante el juez que lo profirió mientras el expediente seencuentre en su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del términopara alegar.La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelanteprincipal.ARTÍCULO 354. EFECTOS EN QUE SE CONCEDE LA APELACION. Podrá concederse la apelación:1. En el efecto suspensivo. En este caso, si se trata de sentencia, lacompetencia del inferior se suspenderá desde la ejecutoria del auto que laconcede hasta que se notifique el de obedecimiento a lo resuelto por elsuperior. Sin embargo, el inferior conservará competencia para conocer de todolo que se refiere a secuestro y conservación de bienes y al depósito depersonas, siempre que la apelación no verse sobre algunas de estascuestiones.

2. En el efecto devolutivo. En este caso, no se suspenderá el cumplimiento dela providencia apelada, ni el curso del proceso.3. En el efecto diferido. En este caso, se suspenderá el cumplimiento de laprovidencia apelada, pero continuará el curso del proceso ante el inferior en loque no dependa necesariamente de ella.La apelación de las sentencias se otorgará en el efecto suspensivo, salvodisposición en contrario; la de autos en el devolutivo, a menos que la leydisponga otra cosa. Cuando la apelación deba otorgarse en el efectosuspensivo, el apelante puede pedir que se le otorgue en el diferido o en eldevolutivo; y cuando procede en el diferido, puede pedir que se le otorgue en eldevolutivo.Cuando la apelación en el efecto suspensivo o diferido se haya interpuestoexpresamente contra una o vari as de las decisiones contenidas en laprovidencia, las demás se cumplirán, excepto cuando sean consecuencia delas apeladas, o si la otra parte hubiere interpuesto contra ellas apelaciónconcedida en el efecto suspensivo o en el diferido.Con las mismas salvedades, si la apelación tiene por objeto obtener más de loconcedido en la providencia recurrida, podrá pedirse el cumplimiento de lo queesta hubiere reconocido.En los dos últimos casos se procederá en la forma prevista en los incisossegundo y tercero del artículo 356.La circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelaciónen el efecto devolutivo o diferido, no impedirá que se dicte la sentencia. Si laque se profiera no fuere apelada ni tuviere consulta, inmediatamente elsecretario comunicará este hecho al superior, sin necesidad de auto que loordene, para que declare desiertos dichos recursos; en caso de apelación oconsulta de la sentencia, el superior decidirá en ésta todas las apelacionescuando fuere posible.Quedarán sin efecto las decisiones del superior que hayan resueltoapelaciones de los mencionados autos, cuando el inferior hubiere proferido lasentencia antes de recibir la comunicación de que trata el inciso segundo delartículo 359 y aquélla no hubiere sido apelada ni tuviere consulta. Si lacomunicación fuere recibida antes, el inferior no podrá proferir sentenciamientras no se haya notificado el auto de obedecimiento a lo resuelto por elsuperior; si a pesar de ello la profiere y éste hubiere revocado alguno de dichosautos, deberá declararse sin valor la sentencia por auto que no tendrárecursos.ARTÍCULO 355. APELACION DE AUTOS QUE NIEGAN PRUEBAS. Cuando se apelare el auto que niega el decreto o la

práctica de una prueba y el superior lo revocare o reformare, si al proferir elinferior el de obedecimiento estuviere vencido el término para practicarlas,concederá uno adicional que no podrá exceder del señalado para la instancia oel incidente con dicho fin, o señalará fecha para la audiencia o diligencia.Si el inferior dicta sentencia antes de que se haya decidido la apelación yaquélla hubiere sido apelada o consultada, el superior procederá a practicardichas pruebas dentro de un término igual al señalado en la primera instancia,o fijará fecha para la audiencia o diligencia, según fuere el caso.RECURSO DE SUPLICA: (Art. 363 del código de procedimiento civil)RECURSO DE CASACION: es por el cual se unifica la jurisprudencia nacionaly provee la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos;además procura reparar los agravios inferidos a las partes por la sentenciarecurridaEste se interpone cuando, haya error en una norma ya sea, en su aplicaciónO en su procedimiento y aplicación por omisión o extralimitación. Loextraordinario del recurso de casación es que solo procede cuando la cuantíasuperior a los 425 salarios mínimos mensuales vigentes, pero existe el recursode casación per saltum, el cual procede cuando las partes desisten del recursode apelación y dentro del termino, impugnan el recurso de casación per saltumpero solo para la primera causal del articulo 368 del C.P.C y en los casos desentencias proferidas en primera instancia por los jueces de circuito, el cualreza de la siguiente forma: cuando la sentencia viole un derecho sustancial.Esta también puede ocurrir de error de derecho por violación de una normaprobatoria, o por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, desu contestación o de su determinada prueba.RECURSO DE QUEJA: cuando el juez de primera instancia deniegue elrecurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja ante elsuperior, para que este la conceda si esta fuere procedente.RECURSO ESTRAODINARIO DE REVISION: este busca impedir los efectosde cosa juzgada a una sentencia injusta, que puede tener errores de fondo oforma, para que en un nueva sentencia que restablezca la justicia. Este recursose interpondrá por medio de demanda hasta por dos años después deejecutoria de la demanda.Las causales para invocar el extraordinario recurso de revisión, son el aporte ola desvinculación de pruebas ya sea por su ilicitud, ilegalidad o impericia de lavaloración de las pruebas que puedan llegar a variar la decisión contenida enella.

PRINCIPIO DE LEGALIDADPRINCIPIO DE IGUALDADPor: Geovanny Londoño G.“Con arreglo al principio de igualdad, desaparecen los motivos dediscriminación o preferencia entre las personas. Basta la condición de serhumano para merecer del Estado y de sus autoridades el plenoreconocimiento de la dignidad personal y la misma atención e igual protección

que la otorgada a los demás. El legislador está obligado a instituír normasobjetivas de aplicación común a los destinatarios de las leyes, sin concebircriterios de distinción que representen concesiones inmerecidas a favor dealgunos o trato peyorativo respecto de otros. Las diferencias que seintroduzcan deben estar inspiradas, bien en la realización del propósitoconstitucional de la igualdad real, o en el desarrollo de los postulados de lajusticia distributiva.” 46Marco HistóricoLas mujeres fueron protagonistas principales de la ola revolucionaria querecorrió Francia entre los años 1789 y 1795. No en vano, fue Théroigne deMericourt quien lideró al grupo de mujeres que protagonizaron la toma de laBastilla el día 14 de julio de 1789, la acción que sirvió para que el rey nodisolviese a los diputados de la Asamblea que acababan de juramentarse en lasala del juego de la pelota el 20 de junio de 1789. Asimismo, las mujeres,lideradas por Louison Chabry y Renée Audon, fueron protagonistas exclusivasde la marcha de varios cientos de mujeres, la mayoría vendedoras del mercadoparisiense de Les Halles, que se dirigieron a Versalles entre el 5 y el 6 deoctubre de 1789 para forzar al rey a trasladarse a París, con lo quecontribuyeron a poner el poder ejecutivo del monarca bajo el control del pueblode París.No obstante, frente a este protagonismo de las mujeres en los principalesacontecimientos revolucionarios, los diputados franceses reunidos en laAsamblea Nacional establecieron un cuerpo legislativo en el que la mujer eraexcluida de la esfera pública. Así, a pesar de que el 1 de enero de 1789 ungrupo organizado de mujeres del Tercer Estado presentó una petición al rey,pues quedaran excluidas del derecho a presentar sus peticiones en loscuadernos de quejas oficiales, en la que reclamaban para ellas el derecho a lainstrucción, la igualdad de derechos en el matrimonio, medidas legales contrala doble moral, el libre acceso a todos los oficios (incluido el militar) y garantíasde igualdad laboral, el 26 de agosto de 1789 la Asamblea proclamabasolemnemente la rousseauniana Declaración de derechos del hombre y elciudadano y, al día siguiente, esa misma Asamblea confirmaba la ley sálica,que impedía el acceso de la mujer al tronoEn 1789 las masas irrumpieron con fuerza en la historia: las mujeres, las clasespopulares, los campesinos, los desposeídos…, todos aquellos a quienes elsistema tardofeudal mantenía al margen, asaltaron el poder; no obstante, apesar del protagonismo esencial de las masas, apenas fue un pequeño grupo46 CORTE C. (Sentencia c- 588 de 1992)M.P JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

social el que obtuvo provecho de esa participación de las masas en lasrevoluciones liberales que recorrieron Europa y América a finales del siglo XVIIIy comienzos del XIX: los propietarios, un reducido grupo de hombrescompuesto por los industriales, comerciantes, banqueros y terratenientes.A pesar de que en la Declaración de sentimientos se sostiene que la causa dela inferioridad de la mujer deriva de la desigualdad frente al matrimonio yaunque apenas se recoge la cuestión social y la explotación de clase, las doceresoluciones que recoge el texto, entre las que se encuentra la exigencia de laigualdad legal de la mujer frente al hombre, del derecho a disponer depropiedades, la igualdad de oportunidades educativas y laborales…, todas ellasaprobadas por unanimidad, excepto la cuestión del derecho al voto, que seaprobó por mayoría, estamos ante un texto fundamental en la toma deconciencia de la igualdad civil de la mujer, que marcará la nueva travesía afavor de la igualdad de derechos.La lucha por la igualdad de derechosUna vez identificada la causa de la opresión de la mujer y establecidos losderechos a que tenía derecho como ciudadana, llega el momento de organizarla lucha por la igualdad y de articular un discurso que sirva de marco teórico aesa lucha.La conquista del derecho al voto: las sufragistasA lo largo de los años cincuenta y sesenta, mujeres como Elizabeth CadyStanton, a la que se unen en la lucha por la igualdad, Susan B. Anthony y LucyStone, despliegan una intensa actividad propagandista a través deconferencias, congresos y publicaciones a favor de la igualdad de derechos dela mujer. 47Marco InternacionalTratados y Convenios InternacionalesDeclaración de los derechos del hombre y el ciudadano. (RevoluciónFrancesa)La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue unadeclaración de principios de la Asamblea Constituyente francesa, realizada el26 de agosto de 1789, que fue el prefacio a la Constitución de 1791.La primeratraducción americana completa de sus 17 artículos al español es obra deAntonio Nariño, publicada en Bogotá, actual Colombia, en 1793.2 Historia del feminismo I. Las precursorasAlfredo Iglesias Diéguez

Por lo general, en los libros de historia se olvida que la "Declaración de losDerechos del hombre y del ciudadano" consistía en leyes exclusivamente paralos hombres (es decir, no se tomaba la palabra "hombre" como un sustituto dela palabra "ser humano"). No fue hasta que Olympe de Gouges, en1791,escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana quelas mujeres entraron, por lo menos a través de un documento no oficial, a lahistoria de los derechos humanos.En una declaración solemne han resuelto exponer los derechos naturalesinalienables y sagrados del hombre y el ciudadano, redactados en 17 Artículos.En el Art 1 habla lo siguiente: “los hombres nacen y permanecen libres eiguales en derechos” (C.N Suplemento)CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (Asamblea Generalresolucion 217 A )Art 1 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechosy, dotados como están de razón y de conciencia” (C.N Art 1)MARCO INTERNOConstitución Política de ColombiaPREAMBULOEl pueblo de Colombia,En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a laAsamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el finde fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, laconvivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y lapaz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice unorden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar laintegración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga lasiguiente: (Subrayado fuera de texto)Art 13 Igualdad ante la ley y las autoridades: “todas las personas necen libres eiguales ante la ley, recibiran la misma proteccion y trato de las autoridades ygosaran de los mismod derechos, libertades y oportunidades sin ningunadiscriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua oreligión, opinión o política….”

JURISPRUDENCIA“El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidadde los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el conceptode igualdad de la ley a partir de la igualdad abstracta, por el concepto de lageneralidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permiteregulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferentenormación a supuestos distintos. Con ello sólo se autoriza un trato diferente siestá razonablemente justificado.” 48“El derecho a la igualdad no se traduce en una igualdad mecánica ymatemática sino en el otorgamiento de un trato igual compatible con lasdiversas condiciones del sujeto. Lo que implica que la aplicación del derechoen una determinada circunstancia no puede desconocer las exigencias propiasde las condiciones que caracterizan a cada sujeto. Sin que ello sea óbice parahacerlo objeto de tratamiento igualitario. El derecho a la igualdad no excluyenecesariamente dar un tratamiento diferente a sujetos colocados en unasmismas condiciones, cuando exista motivo razonable que lo justifique. 49“La Sala considera que erraron los jueces de instancia en sus fallos, alconsiderar que no se está discriminando al actor, pues no existe dentro de lafundación demandada otra persona que padezca de SIDA y que continuédentro de la misma, esto no es un parámetro de comparación. La igualdadparte del supuesto de que todas las personas son iguales ante la ley, reciben lamisma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos,oportunidades y libertades. Lo que quiere decir, que el actor es una personacomo cualquier otra, que padezca de un enfermedad no la diferencia de lasdemás y el parámetro de comparación se debe hacer con el resto de personasvinculadas a la fundación, personas que al igual que el demandante tienen losmismos derechos y responsabilidades.”“El principio de igualdad impone la obligación al Estado de ofrecer un mismotrato y protección a todas las personas, sin diferencia de sexo, raza, origennacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Así, mientras noexistan razones legítimas para dispensar un trato diferente, el trato desigualestá prohibido; lo cual, anuncia la salvedad de que el principio de igualdad noproscribe el trato diferenciado, sino que obliga a justificarlo de manerasuficiente.” 50DOCTRINA:ANALISIS AL DEBIDOM PROCESO (Autor: Edgardo Niebles Osorio)48 Sentencia 13 de 1993 Corte Constitucional M.P EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ49 Sentencia 40 de 1993 Corte Constitucional M.P CIRO ANGARITA BARON50 Sentencia 314 de 2004 Corte Constitucional M.P MARCO GERARDO MONROY CABRA

Dice el autor: “Toda la evolución del hombre está marcada por su perenne ynunca abandonada lucha por la libertad, cuyo principal y esencial componentees la igualdad.” (Subrayado fuera de texto) P 130CODIGO PENAL:MARCO RESIDUALARTICULO 7o. IGUALDAD. La ley penal se aplicará a las personas sin teneren cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella. El funcionariojudicial tendrá especial consideración cuando se trate de valorar el injusto, laculpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito, en relación con laspersonas que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso final delartículo 13 de la Constitución Política.Sin duda, el derecho a la igualdad es uno de los principios fundantes en lacreación y aplicación de las normas penales; aunque el legislador puedeestablecer consecuencias jurídicas diferentes frente a las conductas quesanciona, en todo caso, ha de tener presente que esas diferencias de trato"deben tener un sustento objetivo y razonable muy claro, ya que todas laspersonas son iguales ante la administración de justicia" 51 . Sentencia C-1112/00LEY 823 DE 2003“ARTÍCULO 9o. El Estado garantizará el acceso de las mujeres a todos losprogramas académicos y profesionales en condiciones de igualdad con losvarones.Para el efecto, el Gobierno diseñará programas orientados a:1. Eliminar los estereotipos sexistas de la orientación profesional, vocacional ylaboral, que asignan profesiones específicas a mujeres y hombres.48 Sentencia 635 de 2003 Corte Constitucional

2. Eliminar el sexismo y otros criterios discriminatorios en los procesos,contenidos y metodologías de la educación formal, no formal e informal.3. Estimular los estudios e investigaciones sobre género e igualdad deoportunidades de las mujeres, asignando los recursos necesarios para surealización.4. Facilitar la permanencia de las mujeres en el sistema educativo, en especialde las que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o en desventajasocial o económica.5. Mejorar la producción y difusión de estadística e indicadores educativos conperspectiva de género.Para el logro de los objetivos previstos en los numerales 2 y 3 de este artículo,el Gobierno realizará, entre otras acciones, campañas a través de los mediosmasivos de comunicación con mensajes dirigidos a erradicar los estereotipossexistas y discriminatorios, y a estimular actitudes y prácticas sociales deigualdad y de relaciones democráticas entre los géneros.”El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de quecualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o elrestablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sinembargo, la función en comento no se entiende concluida con la simplesolicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivasinstancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justiciadebe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadascircunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes,analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y laley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechosamenazados o vulnerados 52 . Boletín 12 Corte Constitucional.A los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, les está vedadoactuar por fuera de las funciones atribuidas por la Constitución o la ley. ElEstado Social de Derecho (CP art. 1), los fines sociales del Estado (CP art. 2) yel principio de igualdad ante la ley (CP. art. 13), constituyen el marcoconstitucional de la doctrina de las vías de hecho, la cual tiene por objetoproscribir las actuaciones arbitrarias de la autoridad que vulneran los derechosfundamentales de las personas.Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptibledel control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agentecarece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tienecomo consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de lapersona.

Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a laConstitución y a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende desu fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige elejercicio de las funciones públicas (CP art. 121), es condición de existencia delos empleos públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera laresponsabilidad de los servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de laautoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejerciciode las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley(CP art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácterrazonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad delos servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, nopueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonarel ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones dehecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad. 53adopción, por considerar vulnerados los derechos fundamentales y los de suhijo, específicamente, la igualdad real y efectiva, el debido proceso, el derechode defensa, el libre desarrollo de la personalidad, la protección especial quemerece el núcleo familiar, los derechos de la mujer y los derechos del niño. LaCorte Constitucional encontró error manifiesto del fallador, falta defundamentación de la sentencia y el incumplimiento del control de legalidaddispuesto por la ley respecto de las resoluciones de abandono proferidas porlas autoridades administrativas. Así mismo, se colocó a la peticionaria enposición de desventaja frente a la contraparte, vulnerando el principio deigualdad procesal y sus derechos fundamentales de defensa y debido procesopor parte de la autoridad administrativa, al no atender las exigencias legales derecepción y práctica de las pruebas en condiciones de igualdad para las partes.Actuó como juez de tutela, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia queconfirmó la sentencia de primera instancia que concediera la tutela porconsiderar que la violación del derecho fundamental era manifiesta. 54La Constitución establece una extensa Carta de deberes, algunos de ellos yadesarrollados por la ley y otros aún desprovistos de sanción que los hagajurídicamente aplicables. La doctrina moderna clasifica los deberes según losvalores superiores en que se asientan: la igualdad, la justicia y la solidaridad.En su orden, corresponden éstos a los deberes en un Estado democrático, enun Estado de derecho y en un Estado social de derecho, respectivamente. 55(art.2: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover laprosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos ydeberes consagrados..."; Art. 5 "El Estado reconoce, sin discriminación alguna,53 7 Boletín décimo de la C.C.54 Boletín séptimo de la C.C55 Boletín quinto de la C.C

la primacía de los derechos inalienables..."; Art 13 inc. 2:" El Estado promoverálas condiciones para que la igualdad sea real y efectiva..." ) 56Se57 entiende por igualdad de oportunidades la misma disposición enabstracto frente a una eventual situación; es compartir la expectativa ante elderecho, así luego, por motivos justos, no se obtengan exactamente lasmismas posiciones, o los mismos objetivos. 58Protección y carácter vinculanteLa Carta de 1991, es una Constitución esencialmente humanista. El derechoconstitucional colombiano protege la dignidad y autonomía no en abstracto,sino en las relaciones materiales, concretas, por ello el respeto a la dignidadhumana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Los funcionariospúblicos, están en la obligación de tratar a toda persona sin distinción alguna,de conformidad con su valor intrínseco (C.P. art. 1º, 5º y 13). El principio de ladignidad no es sólo una declaración ética, sino una norma jurídica de caráctervinculante para todas las autoridades; es, en consecuencia, un valor fundante yconstitutivo del orden jurídico y de los derechos fundamentales, que se expresaen el respeto a la vida y a la integridad física de los demás; es un sentido moraly jurídicamente extenso que no se reduce sólo a un ámbito policivo o penal;también compromete el deber de las autoridades y de los particulares de nomaltratar ni ofender ni torturar ni inflingir tratos crueles o degradantes a laspersonas por razón de sus opiniones, creencias, ideas políticas o filosóficas,pues cualquier acción contraria desconoce el derecho a la igualdad que implicaque todas las personas deben recibir la misma protección y trato de lasautoridades, sin ninguna discriminación o consideración en razón de sexo,raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, etc.PRINCIPIO DE GRATUIDAD DE LA JUSTICIAPor: Isis Sofía FernándezUno de los pilares esenciales del Estado social de derecho es la prestaciónseria, responsable y eficiente de la justicia, a través de la cual es posible lamaterialización de un orden justo, caracterizado por la convivencia, la armoníay la paz. Sin embargo, como lo ha señalado la Corte constitucional, laaplicación y operatividad de la justicia “se hace efectiva cuando lasinstituciones procesales creadas como instrumentos para asegurar su vigencia,56 Boletín cuarto de la C.C58 Boletin tres C.C

arbitran los mecanismos idóneos para que puedan acceder a ellas todas laspersonas en condiciones de igualdad”.El principio de gratuidad apunta, pues, a hacer efectivo el derechoconstitucional fundamental a la igualdad con ello no se quiere significar queaquellos gastos que originó el funcionamiento o la puesta en marcha delaparato judicial, debido a la reclamación de una de las partes, tenganigualmente que someterse al principio de gratuidad. Por el contrario, si bientoda persona tiene el derecho de acceder sin costo alguno ante laadministración de justicia, no sucede lo mismo con los gastos necesarios paraobtener la declaración de un derecho. Por tal razón, la mayoría de laslegislaciones del mundo contemplan la condena en costas.En conclusión como la justicia es un servicio que presta el Estado a lacolectividad, a él le corresponde sufragar todos los gastos que esa funciónentraña, como proporcionar los locales y elementos necesarios, atender laremuneración de los funcionarios y empleados, etc. para que todas la personaspuedan acceder de manera eficiente a la justicia, sin ningún tipo dediscriminación, que cause la vulneración de sus derechos y por tanto ponga enpeligro su bienestar.Tratados y convenios internacionales con respecto al principio degratuidad de la justicia.A continuación se puede observar como este principio es pieza fundamental yesencial de las garantías judiciales y la correcta administración y acceso a lajusticia. Como se puede observar enfocada a la protección de igualdad, respetoy debido cumplimiento de los derechos fundamentales de defensa que gozantodas las personas, para no vulnerar de manera alguna la dignidad humana yen virtud de hacer que la justicia sea accesible para todo aquel que la requieraeste principio se consagra en los tratados que a continuación se desarrollan:Declaración Universal de Derechos HumanosArtículo 7Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protecciónde la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminaciónque infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.Derecho de igualdad ante la LeyArtículo II: Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos ydeberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma,credo ni otra alguna.Convención Americana sobre los Derechos Humanos llamada Pacto deSan José de Costa RicaCon arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puederealizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si secrean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechoseconómicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles ypolíticosPacto de San José de Costa RicaArtículo 8. Garantías Judiciales1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentrode un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente eimparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación decualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de susderechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otrocarácter. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado porel Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no sedefendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido porla ley;Art. 3 -Obligación de no discriminación- del Protocolo Adicional a laConvención Americana sobre Derechos humanos en materia de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales -"Protocolo de San Salvador"(PIDESC)- ley nacional n° 24.658)Obligación de no DiscriminaciónLos Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar elejercicio de losderechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza,color, sexo, idioma,religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosArtículo 141. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Todapersona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantíaspor un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contraella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o serasistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor,del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia loexija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere demedios suficientes para pagarlo.ONU~Derechos EconómicosConsiderando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de lasNaciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base elreconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familiahumana y de sus derechos iguales e inalienables.JurisprudenciaSe entiende por jurisprudencia las reiteradas interpretaciones que de lasnormas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones, y puedeconstituir una de las Fuentes del Derecho, según el país. También puededecirse que es el conjunto de fallos firmes y uniformes dictados por los órganosjurisdiccionales del Estado.Por tanto es de vital importancia mencionar algunas de las sentencias masimportantes que hacen referencia la principio de gratuidad de la justicia, con elanimo de comprender mejor este concepto y apropiarlo para si, a continuaciónse desarrollan algunas de tantas jurisprudencias proferidazas por la corteconstitucional:Sentencia C-102/03 59Gratuidad de la justicia en derecho laboral, El trabajador o ex trabajador quecarezca de los medios económicos para asumir las cargas y expensasestablecidas por la ley para el desarrollo del proceso, puede acudir a lainstitución del amparo de pobreza, lo que conduce a que el recurso no sedeclare desierto por no suministrar los dineros necesarios para las copias.591. Sentencia C-102/03 magistrado ponente: Dr. Alfredo Beltran Sierra2. Sentencia No. C-480/95 magistrado ponente: Dr. Jorge A rango Mejia.3. Sentencia C-1512/00 magistrado ponente: Dr. Alvaro Tafur Gálvis.

Sentencia No. C-480/95No existe contradicción entre la gratuidad de la justicia civil consagrada en elartículo 1o. del Código de procedimiento civil, y las normas relativas a lacondena en costas y a la imposición de multas. Las primeras se imponen allitigante vencido, en favor de quien triunfó en el litigio; las segundas castigan elabuso del derecho de litigar. Y ni unas ni otras representan un precio que debapagarse por la justicia que administra el juez.Sentencia C-1512/00La Corte en varias ocasiones ha señalado que el principio de gratuidad de lajusticia no tiene expreso reconocimiento en nuestro ordenamiento superior,pero que ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial a partir del claro arraigoconstitucional que presenta en los valores fundamentales del Estado como sona la justicia, la convivencia, la paz, la igualdad y a un orden justo. Así lo haestablecido:“De la Constitución se puede inferir el principio de gratuidad de la circunstanciade que la justicia constituye uno de los pilares o fundamentos esenciales paralograr la convivencia, la paz y un orden justo que haga realidad la igualdadjurídica y material, enmarcado dentro de la filosofía y el realismo del EstadoSocial de Derecho, justicia cuya aplicación, operatividad y eficacia se haceefectiva cuando las instituciones procesales creadas como instrumentos paraasegurar su vigencia, arbitran los mecanismos idóneos para que puedanacceder a ellas todas las personas en condiciones de igualdad. La gratuidades, en esencia, la condición para hacer realidad el acceso a la justicia encondiciones de igualdad, pues la situación económica de las partes no puedecolocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra ni propiciar, porconsiguiente, la discriminación.” 60Sentencia C-037 de 1996El principio de gratuidad apunta, pues, a hacer efectivo el derechoconstitucional fundamental a la igualdad. Con ello no quiere la Corte significarque aquellos gastos que originó el funcionamiento o la puesta en marcha delaparato judicial, debido a la reclamación de una de las partes, tenganigualmente que someterse al principio de gratuidad. Por el contrario, si bientoda persona tiene el derecho de acceder sin costo alguno ante laadministración de justicia, no sucede lo mismo con los gastos necesarios paraobtener la declaración de un derecho. Por tal razón, la mayoría de laslegislaciones del mundo contemplan la condena en costas -usualmente a quienha sido vencido en el juicio-, así como las agencias en derecho, esto es, los601. Sentencia C-037 de 1996 magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.2. Sentencia No. T-518/94 magistrado ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz.

gastos en que incurrió la parte favorecida o su apoderado (a través de escritos,diligencias, vigilancia, revisión de expedientes) durante todo el trámite judicial.Se trata, pues, de restituir los desembolsos realizados por quienes presentaronuna demanda o fueron llamados a juicio y salieron favorecidos del debateprocesal.Sentencia No. T-518/94El auto proferido por el Juez, grava en exceso a quien solicitó que se ledispensara justicia, cuando el deber jurídico del juez consistía, precisamente,no sólo en protegerlos sino en velar por ellos de manera especial, por ser sutitular acreedor a ese trato, conforme a la Constitución vigente. Tal actuaciónconstituye una vía de hecho. Gratuito es lo opuesto a oneroso; y si el servicioque prestan los peritos avaluadores sobre la base de la gratuidad de la justiciacivil, tiene un precio mayor al del mismo avalúo en el mercado (donde lasrelaciones entre las personas se caracterizan por su onerosidad), entonces hayrazón para pensar que se está gravando en exceso a quien debe pagar por talprestación. Pero, si esa diferencia es de más de ocho (8) veces el precio delmercado (como ocurre en el proceso que originó la tutela), ya no cabe duda deque se transgredieron los límites legales y constitucionales al fijar taleshonorarios.artículo 6o. de la Ley Estatutaria de la Administración de Justiciacuando se refiere a la posibilidad de que en los procesos se establezcanexpensas, agencias en derecho y demás costos judiciales, de la siguientemanera:“... Gratuidad. La administración de justicia será gratuita y su funcionamientoestará a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho ycostos judiciales que habrán de liquidarse en todos los procesos sin excluir alas entidades públicas”.Decreto 4133 de 1948.Art .39. -Principio de gratuidad. La actuación en los juicios del trabajo seadelantará en papel común, no dará lugar a impuesto de timbre nacional ni aderechos de secretaría, y los expedientes, despachos, exhortos y demásactuaciones cursarán libres de porte por los correos nacionales.Constitución política y ley.la constitución política es la norma fundamental, escrita o no, de un Estadosoberano, establecida o aceptada para regirlo. Por ende en el desarrollo de suarticulado hace referencia indefectiblemente al principio de gratuidad de lajusticia al estar este en estado total de conexidad con el principio de igualdad,algunos de los artículos que hacen referencia expresa de este principio son lossiguientes:

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibiránla misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismosderechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones desexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política ofilosófica.El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva yadoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condicióneconómica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidadmanifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuacionesjudiciales y administrativas.Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se leimputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de lasformas propias de cada juicio.En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, seaplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declaradojudicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a laasistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación yel juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; apresentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnarla sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debidoproceso.Código de procedimiento civilArt. 1o. GRATUIDAD DE LA JUSTICIA CIVIL. Artículo modificado por elartículo 1 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: El servicio de lajusticia civil que presta el Estado es gratuito, con excepción de las expensasseñaladas en el arancel judicial para determinados actos de secretaría. Laspartes tendrán la carga de sufragar los gastos que se causen con ocasión de laactividad que realicen, sin perjuicio de lo que sobre costas se resuelva.DoctrinaEn el ámbito jurídico, doctrina significa el conjunto de opiniones efectuadasen la interpretación de las normas por los conocedores del derecho y formaparte de las fuentes del derecho aunque en un lugar muy secundario. Por tanto

me permito citar el pensamiento de uno de los mejores doctrinantes delderecho como lo es el Dr. Hernán Fabio López blanco :“la administración de justicia es gratuita, esta característica, consagrada en elart. 2º del C. de P. C. y reiterada en el art. 6 de la ley estatutaria, según elcual” el servio de la justicia civil que presta el estado es gratuito”, significa quees el estado quien asume el costo del aparto jurisdiccional, y que losasociados nada deben pagar por la 61 prestación de tales servicios, aspecto quedista mucho de una absoluta gratuidad debido a la existencia de gravámeneseconómicos que deben afrontar quienes litigan, los honorarios de losabogados, las expensas legales previstas todo lo cual hace que pleitear seacostoso y, tan evidente es lo anterior que se consagra el amparo de pobrezacomo ayuda para quien contando con apenas lo necesario para susnecesidades no podría afrontar las erogaciones propias de la actuación, sindetrimento de lo esencial para su subsistencia y la de quienes de el dependan.Además, desarrollo de instituciones tales como los consultorios jurídicos, lasdefensorias publicas, las defensorias de menores y la asesoria estatal paraciertos procesos (de pertenencia de pequeñas propiedades rurales) sonmedios en orden a buscar ese ideal de la absoluta gratuidad y en algo hancontribuido a mejorar el acceso a la justicia, problema que tanto preocupa hoya los juristas del mundo occidental.DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA JUDICIALPor: Isis Sofía FernándezDoble grado de jurisdicción o doble instancia e instancia única son los doscriterios rectores en materia de recursos. La doble instancia significa que lasresoluciones definitivas pueden ser trasladadas a un Tribunal superior para querealice un nuevo enjuiciamiento mediante la interposición de un recurso alefecto, recurso ordinario y devolutivo (recurso de apelación).El sentido y la función de la doble instancia no es otro que el fundamento de losrecursos, el reconocimiento de la falibilidad humana; si se considera que losjueces pueden errar al interpretar o aplicar la ley, es conveniente que las partestengan la posibilidad de solicitar que la sentencia dictada sea modificada por unTribunal superior.En conclusión la doble instancia es el derecho que tiene el imputado de solicitarla revisión de su sentencia, con el fin de obtener una modificación que lefavorezca.Convenios y tratados internacionales.61 Procedimiento civil tomo I Hernán Fabio López Blanco.

Siendo la doble instancia una garantía judicial para el imputado que permiteapelar la sentencia con el fin de obtener una decisión que le sea masfavorable, constituye una garantía para la protección de los derechosjudiciales de todas las personas que consideran que se ha incurrido en un errorpor parte del juez por tanto se consagra en los siguientes tratados y convenios:CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOSSUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADAINTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOSSan José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969Artículo 8. Garantías Judiciales1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentrode un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente eimparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación decualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de susderechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otrocarácter.derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.la doble instancia es otra de sus manifestaciones concretas, es decir a laposibilidad de revisión de las resoluciones judiciales, en cuanto a los hechos yel derecho aplicable, por parte de otro juez o tribunal superior al que las dictó.Tanto el art.8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos como elart.14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con rangosupremo por el art.75 inc. 22 de la Constitución Nacional, establecen estagarantía en el proceso penal, reconociendo el derecho de recurrir del fallo anteun juez o tribunal superior.Antes de la reforma de 1994, en el caso "Jauregui"-1988-(2) la Corte Supremainterpretaba que la garantía de la doble instancia no constituía requisitoconstitucional de la defensa en juicio en toda clase de procesos, bastando conla posibilidad de interponer el recurso extraordinario federal. Sin embargo, conposterioridad, en el caso "Gorriarán Merlo"(3) declaró inconstitucional lairrevisibilidad establecida por la ley 23077.El derecho a la doble instancia no debe ser, en principio, solo limitado alproceso penal, ya que la instancia única como regla, puede resultarincompatible con la prohibición de la arbitrariedad y la concentración del poderen un régimen democrático.Jurisprudencia.Siendo esta considerada como una fuente de derecho me permito citar lasjurisprudencias que mas hacen referencia a este derecho y que refleja el

significado y concepto que da la corte suprema de justicia sobre la dobleinstancia judicial:Sentencia C-103/05Se trata de una disposición excepcional, puesto que el Legislador exceptuó dela norma general de la doble instancia un tipo específico y concreto deprocesos ejecutivos –los de mínima cuantía-, sin hacer extensiva esta decisióna los demás procesos ejecutivos –los de mayor y menor cuantía-, ni a otro tipode procedimientos judiciales. De allí no se deduce que vayan a terminarprevaleciendo dentro del ordenamiento jurídico las sentencias de únicainstancia.La Constitución Nacional consagra expresamente el principio de la dobleinstancia en los artículos 29 62 , 31 63 y 86 64 . Estas normas indican, en suconjunto, que el principio de la doble instancia no tiene un carácter absoluto, enel sentido de que necesariamente toda sentencia o cualquier otra providenciajudicial deba tener la posibilidad de ser apelada; más aún cuando el artículo 31Superior expresamente faculta al Legislador para introducir las excepcionesque considere procedentes a dicho principio, siempre y cuando no desconozcamandatos constitucionales expresos –como los de los artículos 29 y 86Superiores, recién citados, que consagran dos hipótesis en las cuales se prevéexpresamente la impugnación-. La Corte Constitucional ya ha reconocido elcarácter relativo del principio de la doble instancia en múltiples oportunidades.Sentencia C-900/03La doble instancia no es aplicable a todas las providencias judiciales Estederecho de rango constitucional fundamental se concreta en la posibilidad deque una decisión judicial sea estudiada por el superior jerárquico del juez ofuncionario judicial que instruye un proceso, para que la revoque o la reforme.Es una garantía en la medida que habilita que otro funcionario, con mejorpreparación y distinto del que adoptó la decisión recurrida, analice lospresupuestos de hecho y de derecho en que se fundamentó una decisiónjudicial.Sentencia C-248/04Esta Corporación ha sostenido de manera reiterada, que del contenidonormativo del artículo 31 de la Constitución, se deduce que no esimprescindible e imperativa la aplicación de la doble instancia en todos losasuntos que son materia de decisión judicial, puesto que la ley se encuentra62 Artículo 29. “Quien sea sindicado tiene derecho a (...) impugnar la sentencia condenatoria”.63 Artículo 31. “Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones queconsagre la ley”.64 Artículo 86. “El fallo (de tutela), que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse anteel juez competente (...).”1. sentencia C-103/05 magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.2. sentencia C-900/03 magistrado ponente: Dr. Jaime Araujo Rentaría.3. sentencia C-248/04 magistrado ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.

habilitada para introducir excepciones, siempre y cuando sean razonables yproporcionales, no vulneren el derecho a la igualdad y respeten las garantíasconstitucionales fundamentales del debido proceso, como lo son, los derechosde defensa, de contradicción y de acceso a la administración de justicia.Sentencia C-095/03En el origen de la institución de la doble instancia subyacen los derechos deimpugnación y de contradicción. En efecto, la garantía del derecho deimpugnación y la posibilidad de controvertir una decisión, exigen la presenciade una estructura jerárquica que permita la participación de una autoridadindependiente, imparcial y de distinta categoría en la revisión de una actuaciónprevia, sea porque los interesados interpusieron el recurso de apelación oresulte forzosa la consultaSentencia No. T-458/92COMPETENCIA DE TUTELA/PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIASi bien conforme a la reglamentación legal, es posible para el accionanteescoger ad libitum el juez de primera instancia para presentar su petición, esmenester que la autoridad elegida tenga jurisdicción en el lugar donde seprodujo el acto u omisión lesivo del derecho fundamental. Determinada lacompetencia para el trámite de la tutela en la ley, dicha regulación es deobservancia obligatoria para el juez, por ser elemento constitutivo del debidoproceso que debe regir, sin excepción, todas las actuaciones judiciales. Laacción de tutela para reclamar el derecho debe proponerse ante el juez, paraque imparta orden de inmediato cumplimiento a la autoridad o al particular queha vulnerado el derecho a fin de que actúe o se abstenga de hacerlo y el falloque contiene esa orden debe ser susceptible de impugnarse. Como el juez deprimera instancia sólo puede ser determinado por el petente al momento deelevar su solicitud, no podría exigirse al juez que carece de competencia paraadelantar el trámite de la acción de tutela, que la envíe al juez competente,para corregir la equivocación en que incurrió el actor, salvo que se trate deacciones de tutela contra la prensa o los medios de comunicación, caso en elcual, el juez de circuito del lugar, es el competente para el conocimiento de laacción de tutela y sería entonces posible la remisión de la solicitud para sureparto a un juez de esa categoría.Sentencia No. T-410/9365 DERECHO A LA IMPUGNACION/PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIALa impugnación tiene la naturaleza de derecho reconocido por la Constitución,derecho en virtud del cual las partes que intervienen dentro del proceso al65 1. sentencia C-095/03 magistrado ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.2. sentencia T-458/92 magistrado ponente : Dr. Jaime Sanin Greiffenstein.3. sentencia T-410/93 magistrado ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara.

sentirse desfavorecidas o insatisfechas con la decisión de primera instancia seencuentran en la posibilidad de acudir ante el Juez competente en procura deun nuevo examen de la situación planteada. El derecho constitucional a laimpugnación supone la existencia de jueces inferiores y superiores, de modoque la ausencia de superior jerárquico torna imposible su ejercicio,circunstancias que contradice los postulados que el Constituyente plasmó en elartículo 86 de la Carta 66 y que tuvo en cuenta el legislador al reglamentar laacción de tutela.Auto No. 019/94IMPUGNACION FALLO DE TUTELA-Vulneración/PRINCIPIO DE LA DOBLEINSTANCIALa impugnación dentro del proceso de tutela es, en sí misma, un derecho decarácter constitucional, toda vez que responde al cumplimiento del mandatosuperior de que toda actuación judicial se someta a un debido proceso, y quetoda sentencia pueda ser apelada o consultada, es decir, que impere elprincipio democrático de la doble instancia. El acatamiento de estos postuladossignifica, ni más ni menos, el cumplimiento del deber supremo de todo juez deadministrar justicia. El juez de tutela ha omitido su deber constitucional y legalde dar el trámite correspondiente a la impugnación, esto es, remitir elexpediente a su superior jerárquicoSentencia No. T-035/94IMPUGNACION FALLO DE TUTELA/PRINCIPIO DE LA DOBLEINSTANCIA/ACCION DE TUTELATodo fallo de tutela es susceptible de impugnación. La Constitución no plasmó,por lo tanto, ningún motivo de rechazo "in limine" de aquella, ni tampoco razónalguna para su improcedencia. Aún en los casos en los cuales la tutela en símisma haya sido considerada improcedente por el juez, debe ser posible laimpugnación contra el contenido de la determinación adoptada.Sentencia No. T-570/94PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA/LAUDO ARBITRAL-Anulación/DEBIDO PROCESO/TRIBUNAL DE ARBITRAMENTONo hay una norma que expresamente diga que no procede el recurso deapelación en contra de la sentencia que decide sobre la nulidad de un laudoarbitral. Pero sí existe regulación legal que, desarrollando el mandatoconstitucional, otorga a los particulares la posibilidad de sustraerse a laaplicación de justicia por parte de la Rama Judicial -en cuyo funcionamiento66 1. auto # 019/94 magistrado sustanciador: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.2. sentencia T-035/94 magistrado ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

operan los recursos ordinarios-, para acudir a un proceso excepcional, elarbitral, en el que las decisiones de primera instancia pueden ser impugnadas,no ante un superior jerárquico inexistente, sino ante el Tribunal Superior delDistrito Judicial correspondiente y la Corte Suprema de Justicia, a través de losrecursos de anulación y revisión, con los que la ley complementó el trámitedebido de un proceso, se insiste, excepcional. Es claro entonces que no huboviolación del debido proceso, ni las decisiones del Tribunal y de la CorteSuprema de Justicia constituyen, bajo ningún aspecto, vías de hecho pasiblesde ser corregidas mediante tutela. Además, los peticionarios contaban con otromecanismo de defensa judicial diferente a la tutela, el recurso de revisiónprocedente ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quesegún el expediente, no interpusieron.Doctrina.La regla técnica de las dos instancias, propugna porque las actuaciones que sesurtan ante los funcionarios encargados de administrar justicia seansusceptibles de tramitarse ante funcionarios de diferente categoría yjerárquicamente superiores, a fin de asegurar al máximo la eliminación del errorjudicial. Es una aplicación del conocido dicho popular de que cuatro ojos venmas que dos, y se halla expresamente mencionada en el art. 31 de la C.P.,donde se advierte que: “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada,salvo las excepciones que consagra la ley”. 67PRINCIPIO DEL LIBRE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAPor: Guillermo Castañeda SandovalConsagrado en nuestra constitución en el art. 229 este principio tiene uncarácter especial para todas las personas que se encuentran bajo el imperio dela ley colombiana, ya que a través de él se protege este necesario acceso,como medio de garantía de que cualquier persona tenga un eficiente acceso a67 Procedimiento civil tomo I Hernán Fabio López Blanco.

este servicio y que este será resuelto de la manera más pronta y eficaz paraesto la corte a través de jurisprudencia dice que “El acceso a la administraciónde justicia no es un derecho apenas formal que se satisfaga mediante lainiciación del proceso sino que su contenido es sustancial, es decir, implica quela persona obtenga a lo largo de la actuación y hasta la culminación de lamisma, la posibilidad real de ser escuchada, evaluados sus argumentos yalegatos y tramitadas, de acuerdo con la ley, sus peticiones, de manera que lasresoluciones judiciales sean reflejo y realización de los valores jurídicosfundamentales. En tal sentido, el acceso a la administración de justicia esinescindible del debido proceso y únicamente dentro de él se realiza concerteza” 68 .Este principio presenta una conexión muy importante, que se debe tener encuenta, tal conexión es la que existe con el art. 13 de la C.P. que reza “Todaslas personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección ytrato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades yoportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origennacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, teniendo comobase esto dicho en la carta magna, debemos entender que ha dicho la corte alrespecto citando “El acceso a la administración de justicia implica, entonces, laposibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes laprotección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitucióny la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con lasimple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante lasrespectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administraciónde justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadascircunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes,analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y laley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechosamenazados o vulnerados 69 . Es dentro de este marco que la CorteConstitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión lanorma que se revisa -que está contenido en los artículos 29 y 229 de la CartaPolítica- como uno de los derechos fundamentales 70 , susceptible de protecciónjurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista enel artículo 86 superior.” 71 .El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva yadoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condicióneconómica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidadmanifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” Y68 Sentencia T-173 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo Págs. 2 y 1969 Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 5. Sentencia No. T-173 del 4 de mayo de1993. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.70 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias Nos. T-006/92, T-597/92, T-348/93, T-236/93, T-275/93 y T-004/95, entre otras.71 Sentencia C-1341 de 2000 M.P. Cristina Pardo Schlesinger Págs. 11, 12

que por su naturaleza todo tipo de personas tienen los mismos derechos ydeberes sin ningún tipo de discriminación.Este principio se divide en 2 aspectos: la tramitación y la resolución de laspeticiones, esto es, el rango de acción y aplicabilidad y consiste en que enestas dos etapas se deben cumplir siguiendo las formalidades expuestas por laley, de ahí que se diga que los jueces son los guardianes de la igualdad de laspartes en el proceso como lo explica la corte diciendo “El derecho fundamentalde acceso efectivo a la administración de justicia impone a los jueces el deberde actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partesvinculadas al proceso. La notificación, presupuesto esencial para que una partepueda ejercitar su derecho de defensa, no puede ser reducido a mero requisitode forma y sobre el juez recae la obligación de garantizar el derechofundamental a ser notificado de conformidad con la ley de manera efectiva yreal.” 72Ya teniendo como precedente lo que la doctrina explica y las aclaracioneshechas por la corte constitucional al respecto de este tema nos preguntamos sies posible aplicar el bloque de constitucionalidad, esta respuesta se encuentraen una sentencia citada anteriormente en la sentencia C.1341/00 donde por laconexidad que este tiene con el art. 29 de la carta es posible tenerlo en cuentacomo un derecho fundamental y tiene protección a través del el art 86 de lacarta. Finalmente concluimos que podemos usar la técnica de la reversa alentender que encontramos como mínimo 3 sentencias relacionando el mismotema, tales son las sentencias T-030/05 M.P. Jaime Cardona Triviño, C-1342/00 M.P. Cristina Pardo, T-275/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero,encontrando que hay línea jurisprudencial y que tiene fuerza vinculante para laadministración de justicia en nuestro país. Como complemento citaremosalgunos tratados internacionales y sentencias adicionales en donde se puedeampliar aún más el espectro de entendimiento de este importante principio paranuestro ordenamiento jurídico; tales son: La convención americana sobre losderechos humanos en su artículo 7 derecho a la libertad personal, 8 garantíasjudiciales y 25 protección judicial; C- 242/97 M.P. Hernando Herrera Vergara;C-392/00 M.P. Antonio Barrera CarbonellDERECHO PROCESAL PÚBLICO Y SIN DILACIONESPor: Guillermo Castañeda SandovalEste derecho busca tener una balanza equilibrada entre el principio de laceleridad y el derecho a la defensa “El derecho a un debido proceso sindilaciones injustificadas implica un equilibrio razonable entre el principio deceleridad y el derecho de defensa. La ley debe buscar entonces armonizar el72 Sentencia T-006 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz Págs. 3 y 50

principio de celeridad, que tiende a que el proceso se adelante en el menorlapso posible, y el derecho de defensa que, implica que la ley debe prever untiempo mínimo para que el imputado pueda comparecer al juicio y puedapreparar adecuadamente su defensa” 73 . Esto consiste en que todo debehacerse en el menor tiempo basado en el principio de la celeridad y que la leydebe pactar un tiempo adecuado para que el imputado pueda defenderseadecuadamente “Aunque los desarrollos de la jurisprudencia internacional,acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, respecto del derecho a undebido proceso sin dilaciones injustificadas y a la determinación del plazorazonable, se han efectuado fundamentalmente respecto del debido procesojudicial, la extensión que hace el artículo 29 de la Constitución colombiana delas garantías del debido proceso a las actuaciones administrativas, autorizaaplicar estos criterios al asunto bajo examen. Los parámetros señalados porestos entes, definen la razonabilidad del plazo según (i) la complejidad delasunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de lasautoridades judiciales y (iv) el análisis global de procedimiento. De lospostulados constitucionales se sigue el deber de todas las autoridades públicasde adelantar actuaciones y resolver de manera diligente y oportuna los asuntossometidos a ella. En ese sentido, la dilación injustificada y la inobservancia delos términos judiciales o administrativos pueden conllevar la vulneración de losderechos al debido proceso y al acceso a la administración en general, y a laadministración de justicia en particular.” 74Cuando este derecho se refiere a que sea procesal Público se está refiriendo aque debe haber un debido proceso y que este debe estar fundado en elprincipio de publicidad.Basado en el derecho a la defensa, se debe entender que el imputado bajo laayuda técnica de su abogado deben presentar y controvertir las pruebasexistentes en el proceso, la celeridad se presentaría e el momento en que elproceso lo necesita y este se da como garantía a una efectiva actuaciónjudicial, una manera errónea de entenderlo sería tomar alguno de estoselementos pertenecientes a la dilación para afectar o tornar un desequilibrio, finfundamental que se busca en este derecho.La corte ha dicho que este es un derecho autónomo y fundamental “Puedeafirmarse que el derecho a un debido proceso público sin dilacionesinjustificadas comporta para el imputado conocido la garantía constitucional deque podrá intervenir, previo el llamado a versión libre o a rendir indagatoria,que habrán de producirse “tan pronto resulte posible formular, en su contra,una imputación penal”, oportunidades a partir de las cuales el aludido podráconocer los medios probatorios e intervenir en su práctica” 75Por su naturaleza se trata de una derecho fundamental expresamentedeclarado por la corte “En la sentencia T-292 de 1999, la Corte anotó que entanto la Constitución Colombiana consagra el derecho fundamental a un debidoproceso público sin dilaciones injustificadas (art.29 C.P), la inobservancia de73 Sentencia C-699/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero Pág. 174 Sentencia T-297/06 M.P. Jaime Córdoba Triviño75 Sentencia T-057/06 M.P. Álvaro Tafur Galvis Pág. 2

los términos judiciales configura prima facie, la vulneración de esta garantíasuperior. El respeto y ceñimiento estricto a los plazos señalados en la ley paraadelantar un trámite permite a los ciudadanos, de conformidad con lo indicadoen la providencia, confiar en la solución pacífica, oportuna y eficaz de susconflictos a través de los procedimientos señalados para ello en el sistemajurídico y, en última instancia generar una importante instancia de legitimidadinstitucional. Lo contrario, es decir la demora injustificada en el trámite de susconflictos desemboca, continúa la Sala, en la pérdida de confianza de lossujetos en sus instituciones y en el surgimiento de mecanismos privados dejusticia. Recordó, igualmente, que la garantía de acceder a la administración dejusticia, no puede concebirse desde una óptica simplemente formal o restrictivaque la circunscriba a la facultad del particular de acudir físicamente ante laRama Judicial -de modo que sean reciban sus demandas, escritos y alegatos yse les dé trámite-, sino que es necesario entenderla desde un punto de vistamaterial, esto es, como la posibilidad que tiene toda persona de poner enmarcha el aparato judicial, en el entendido -imprescindible para que se puedahablar de la efectividad de aquélla- de que la autoridad competente resuelva elasunto que le ha sido planteado, y de que lo haga oportunamente. Respecto dela mora judicial enfatizó que:“Las situaciones, para que configuren justificación en cuanto a la mora del juez,deben ser examinadas en cada caso específico con el carácter extraordinarioque les corresponde, tanto por el juez de tutela como por el disciplinario, con unsentido exigente y sin laxitud, con el fin de impedir que la extensión de lasrazones justificativas convierta en teórica la obligación judicial de resolver conprontitud y eficacia. Solamente una justificación debidamente probada yestablecida fuera de toda duda permite exonerar al juez de su obligaciónconstitucional de dictar oportunamente las providencias a su cargo, en especialcuando de la sentencia se trata. La justificación es extraordinaria y no puedeprovenir apenas del argumento relacionado con la congestión de los asuntos aldespacho. Para que pueda darse resulta necesario determinar en el proceso detutela que el juez correspondiente ha obrado con diligencia y cumplido acabalidad la totalidad de sus obligaciones constitucionales y legales, de modotal que la demora en decidir sea para él el resultado de un estado de cosassingularizado y probado que se constituya en motivo insuperable deabstención. Es por eso que se hace obvio que se trata de un derechofundamental que puede ser protegido mediante la acción tutelar consagrada enla constitución.PRIMACÍA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOSHUMANOSPor: Andrea Liliana MoralesLa enunciación de los derechos y garantías contenidosen la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debeentenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona

humana,no figuren expresamente en ellos.El artículo 93 de nuestra Carta Política nos habla del valor de los tratadosinternacionales sobre derechos humanos:“Los tratados y convenios internacionales ratificado por el Congreso, quereconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en estados deexcepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberesconsagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratadosinternacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” 76Dejando claro así, que en nuestro ordenamiento jurídico, los tratados yconvenios internacionales que reconocen los derechos humanos y queprohíben su limitación en los estados de excepción y que son ratificados por elcongreso, prevalecen sobre las demás normas, ubicados así a un nivelsupraconstitucional.El artículo 93 de nuestra constitución además concuerda con algunas normasinternacionales como lo son:*Declaración Universal de Derechos Humanos.*Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.*Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José deCosta Rica.*Protocolo adicional a la convención americana sobre Derechos Humanos enmateria de Derechos Económicos, Sociales y culturales “Protocolo de SanSalvador”.“Ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido deconceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprenderactividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de osderechos y libertades reconocidos en el pacto o a su limitación en mayormedida que la prevista en él.” 77Por otra parte el Código Penal en el Título II del libro segundo se encuentrancontemplados aquellos delitos contra las personas y bienes que estánprotegidos por el derecho internacional, entre los cuales podríamos mencionar :el Homicidio en persona protegida, Prostitución forzada o esclavitud sexual,Toma de rehenes, Actos de discriminación racial, entre otros.La jurisprudencia de la Corte Constitucional, también se pronuncia respectodel valor preferente de los principios del derecho internacional humanitario enel orden interno así:76 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Artículo 93.77LEY 73 DE 1968. PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Art. 5° NUM. 1°.

“La constitución Colombiana limita expresamente la competencia de lasinstancias creadoras y aplicadoras del derecho, en beneficio de laobligatoriedad plena de los principios del derecho internacional humanitario.Los expertos en derecho constitucional suelen presentar objeciones a esta ideade limitación del derecho nacional, en vista de que la obligatoriedad de estasnormas supraconstitucionales, cuya contingencia escapa a los poderespúblicos nacionales, violaría el postulado de soberanía nacional. Frente asemejante temor es preciso hacer algunas aclaraciones:En primer lugar, la idea de soberanía nacional no puede ser entendida hoybajo los estrictos y precisos límites concebidos por la teoría constitucionalclásica. La interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemasnacionales cuya solución sólo es posible en el ámbito planetario y laconsolidación de una axiología internacional, han puesto en evidencia laimposibilidad de hacer practicable la idea de soberanía nacional. En su lugar,ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y adecuada. Queproteja el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación, sin que elloimplique un desconocimiento de reglas y principios de aceptación universal.Solo de esta manera puede lograrse el respeto de una moral internacionalmínima que mejore la convivencia y el entendimiento común e interdependientede la humanidad.” 78La Doctrina en general destaca, que con fundamento en lo ordenado en alartículo 93 de la constitución Política vigente, los tratados y conveniosinternacionales ratificados por el congreso , que reconocen los derechoshumanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen enel orden interno, es decir, que la constituyente a elevado al rangosupraconstitucional esa clase de tratados y convenios, lo que implica laobligación de observarlos y respetarlos por su jerarquía, en ese orden de ideas,el concordato desconoce un sinnúmero de normas de ius congens de derechointernacional de los derechos humanos, en materia de libertad religiosa, de laigualdad de derechos en cuanto al matrimonio. Y en caso de disolución delvínculo, de la libertad de enseñanza, dek respeto a la autonomía, y derechos ylibertades de los indígenas, del derecho a la educación. Estas normas seimponen por efecto vinculante del jus congens, preexistente a la celebracióndel concordato, o por la fuerza jurídica de los instrumentos internacionales dederechos humanos, de carácter multilateral y esenciales para la comunidadinternacional.De otra parte la doctrina también destaca que las normas del ius congens nosólo tienen prevalencia en el ordenamiento interno sino que son inderogablespor el consentimeinto de las partes en un tratado internacional.Es indispensable advertir que en materia de prevalencia de tratadosinternacionales en el orden interno, el artículo 93 de la Constitución establecela de los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos y queprohíben su limitación en los estados de excepción; sin que sea dable sostenerque esa prevalencia tiene el alcance de la supraconstitucionalidad, porque,78 SENTENCIA C-574, oct 22/92.

desde la perspectiva del derecho constitucional colombiano, la Constitución es"norma de normas", y al armonizar ese mandato con lo preceptuado por elartículo 93 superior resulta que "el único sentido razonable que se puedeconferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos y dederecho internacional humanitario es que éstos forman con el resto del textoconstitucional un ‘bloque de constitucionalidad’, cuyo respeto se impone a laley". 79PRINCIPIO DE FAVORABILIDADPor: Andrea Liliana MoralesEn la definición más sencilla, podemos decir que el principio de favorabilidadconsiste en que los ciudadanos, podrán aplicar preferentemente las normasmás favorables para sus intereses, aunque esta norma sea posterior a larestrictiva o desfavorable.Este principio universal se aplica en materia penal, laboral, disciplinaria, entreotras tantas, y por supuesto tiene cabida en la legislación tributaria.El principio de favorabilidad, rige ciando existe concomitancia entre dos normasque son aplicables y regulan la misma situación de hecho.Este principio se deriva del artículo 29 de la Constitución política en su inciso2°: “En materia Penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior,se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.”También la ley 16 de 1972 por la cual se aprueba la Convención Americanasobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en su artículo 9° : “Nadie puedeser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse nofueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer penamás grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si conposterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una penamás leve, el delincuente se beneficiará de ello.”“Este principio según. Lo afirma RUIZ RENGIFO, es propio de un Estado libredemocrático en el cual se pone en contraposición el derecho de castigar deEstado ius puniendi y el derecho a la libertad ius libertais del procesado, en elcual se le da prevalencia a la libertad del individuo, único fin humanista ygarantista del derecho penal.” 80En derecho procesal, de acuerdo con este principio, cuando se trate de aplicarnormas nuevas que reglamenten el trámite del proceso que se encuentre encurso, deben preferirse aquellas que favorecen al procesado.79 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-256 del 9880 MARIO ARBOLEDA VALLEJO, JOSE ARMANDO RUIZ SALAZAR, Principios Orientadoresde la actividad penal, Bogotá, D.C.,Junio de 2002, pag. 73

Este principio parece oponerse al criterio jurisprudencial y doctrinario de que laley procesal tiene efecto general inmediato, porque es neutra y no favorece niperjudica a nadie dentro del trámite. Pero la contradicción es más aparente quereal.Si se trata de normas procesales que establecen a crean actuacionesfavorables al procesado, se aplicarán de preferencia. Las normas que serefieren a otros aspectos como la jurisdicción, la competencia y el trámite porser neutras, tienen aplicación inmediata en los procesos que estén en curso.Entonces el principio de favorabilidad, se hace aplicable a la ley penal procesalde efectos sustanciales y no a las otras.En la legislación Colombiana, para algunos tratadistas la norma procesalsiempre es neutra y, por tanto no favorece, ni perjudica a nadie. Para otros, encambio, las normas procesales pueden favorecer o perjudicar, y no siempreson neutras. Por ello se autoriza la aplicación del principio de favorabilidad enlas que tienen carácter sustancial, o como las llama la ley, de efectossustanciales, en lo demás no.En materia laboral, se aplica para el trabajador el principio de favorabilidadcuando surjan diferencias de interpretación de la ley utilizándolo como métodode interpretación a situaciones para la aplicabilidad de la misma; LaConstitución Política ordena la aplicación del principio in dubio pro operario,que impide emplear la favorabilidad en beneficio del patrono.De conformidad con este artículo retomamos que cuando una misma situaciónjurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho o en unamisma, es deber de quien interpreta las normas para el conflicto en particular,escoger aquella que resulte más beneficiosa al trabajador. Tenemos también laaplicación del principio de favorabilidad cuando existe una sola norma queadmite varias interpretaciones; así la norma escogida debe ser aplicada en suintegridad, dado que no le está permitido al juez adoptar de cada norma lo másconveniente o provechoso y crear una nueva, pues se estaría convirtiendo enlegislador.AUTONOMÍA FUNCIONALPor: Juan David López G.El principio democrático de la autonomía funcional del juez, hoy expresamentereconocido en la Carta Política, busca evitar que las decisiones judiciales seanel resultado de mandatos o presiones sobre el funcionario que las adopta. Aúncuando el superior jerárquico debe efectuar el estudio de una sentenciaapelada o consultada 81 , aquél no está autorizado por las disposiciones sobrecompetencia funcional para impartir órdenes a su inferior respecto al sentido81 Constitución política de Colombia, articulo 31

del fallo, sino que, en la hipótesis de hallar motivos suficientes para surevocatoria, debe sustituir la providencia dictada por la que estima se ajusta alas prescripciones legales pero sin imponer su criterio personal en relación conel asunto controvertido. De ningún modo se podría preservar la autonomía eindependencia funcional de un juez de la República si la sentencia por élproferida en un caso específico quedara expuesta a la interferencia provenientede órdenes impartidas por otro juez ajeno al proceso correspondiente,probablemente de especialidad distinta y, además, por fuera de losprocedimientos legalmente previstos en relación con el ejercicio de recursosordinarios y extraordinarios.Además se debe tener presente que en el Estado de Derecho no sonadmisibles las atribuciones implícitas ni las facultades de alcanceindeterminado, lo cual equivale al rechazo del acto proferido por quien carecede autoridad previa y claramente definida por norma positiva para actuar en lamateria correspondiente 82 ; de este postulado se concluye con facilidad que “enel campo de la administración de justicia quien cumpla tan delicada funciónpública únicamente puede hacerlo revestido de jurisdicción y competencia. Yaque la segunda tiene a la primera por presupuesto, si falta la jurisdiccióntampoco se tiene la competencia para fallar en el caso concreto". 83Estos principios deben reafirmarse ahora, pues habiendo establecido elConstituyente ramas y jurisdicciones autónomas y separadas (Títulos V y VIIIde la Constitución) y dadas las características de desconcentración yautonomía con las cuales el artículo 228 de la Carta ha distinguido la funciónjudicial, de ninguna manera encajaría dentro de la normativa fundamental unsistema que permitiera a un juez de jurisdicción distinta, o a órganos o ramasdiferentes, invadir la esfera de esa autonomía funcional sometiendo a juicio elfondo de las decisiones judiciales“La responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar elcampo funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación yaplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho deproferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrarjusticia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno. Si secomprueba la comisión de un delito al ejercer tales atribuciones, la competentepara imponer la sanción es la justicia penal en los términos constitucionales yno la autoridad disciplinaria. Ello resulta de la autonomía garantizada en losartículos 228 y 230 de la Constitución.” 84Por ultimo vale la pena resaltar que “la autonomía judicial en virtud del cual,cuando el juez aplica una ley, debe fijar el alcance de la misma, es decir, debedarle un sentido frente al caso concreto -función interpretativa propia de laactividad judicial-, a menos que la disposición tenga un único y exclusivoentendimiento. Las decisiones judiciales que se profieran por fuera delordenamiento jurídico y en desconocimiento abierto y ostensible de las normas82 Constitución política de Colombia, artículos 6, 122 y 123.83 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-543 de octubre 1 de 1992).84 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-417 de 1993

constitucionales y legales, no pueden ser consideradas compatibles con eldebido proceso, y en consecuencia deben ser anuladas” 85DERECHO A PRESENTAR PRUEBAS Y A CONTROVERTIR LAS QUE SEALLEGUEN EN CONTAR DEL ACUSADOPor: Geovanny Londoño G.El artículo 29 de la constitución política dice:« Que toda persona imputada o acusada se le garantiza el derecho, apresentar pruebas y controvertir las que se allegue en su contra »Por su parte el Art 250 C.P tal como fuer renovado por el art 2 del actolegislativo del 03 del 2002, le impone a la fiscalía general de la nación, lafunción de : « presentar escrito de acusación ante el fue de conocimiento, conel fin de dar inicio o un juicio publico, oral, inmediación de las pruebascontradictorio, concentrado y con todas las garantías ».Con introducción del sistema acusatorio, que despoja a la fiscalía general de lanación de la practica de pruebas, y su debate contradictorio, que de ahora enadelante se llevaran a cabo bajo el juez de Conocimiento, se garantiza, porprimer ves en la historia, el Derecho fundamental del acusado de presentarpruebas y de controvertir las que el fiscal preste en su contra en su audienciapublica.Y « para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formularacusación, la fiscalía general de la nación deberá, por conducto del juez deconocimiento, suministrar todos los elementos probatorios, e informes de quese tengan noticias, incluidos los que se tengan favorables al procesando. »La Corte Constitucional, en su sentencia SU 960/1999 a sostenido al respecto:« en cuanto al testimonio el preciso destacar, el derecho que le confiere alacusado, el pacto de derechos civiles y políticos (Art 14 #3 literal e), 86 para“interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y que estos seaninterrogados en las mismas condiciones, que los testigos de cargo”85 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia T-121 de 1999, MP Martha Victoria Sachica Méndez86“ …y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”.

Muchos testimonios secretos, especialmente de agentes de inteligencia, de lasfuerzas militares, de la Policía y el D. A.S fueron utilizados para condenarpersonas inocentes, incluso la Fiscalía utilizo la llamada « clonación detestigos » y durante la practica tenebrosa de los fiscales de Bogota, los mismosgenerales se prestaban a actuar como testigos secretos ante al acusa que nopodía ver ni contrainterrogar a su falso acusador.Tanto ala prueba pericial, como la prueba documetal, se llevan acabo en alaudiencia de fusión oral y publico. En cambio, la inspección en el nuevoenjuiciamiento, penal pasa hace una prueba de exención.Conforme al principio de inmediación, ”el juez deberá tener en cuenta solo lasque hayan sido practicas y controvertidas en su presencia”y, conforme al principio de contradicción, durante la actuación procesal, lapractica de pruebas, y el debate deberá realizar de manera continua, conpresencia a un mismo dia. Si ello no fuere posible se ara en díasconsecutivos.Finalmente es preciso señar, dado el principio de publicidad, no hay pruebassecretas, y estas deben ser sometidas el debate contridctoria ante el Juez,durante la audiencia oral y publico. El mismo principio de descubrieminto de laspruebas obliga a las partes (defensor del acusado y Fiscal acusador) alintercambio de pruebas.NULIDAD DE LA PRUEBA OBTENIDA CON EL DEBIDO PROCESOSe trata de una nulidad constitucional, Ipso jure o defectos inmediatos que dejasin valor legal una prueba recaudada con violación al debido precedo, obtenidade los procesos procesales, a que tiene derecho todo acusado a un estado dederecho.Precisamente el Art23 de Nuevo Código de Procedimiento Penal, Consagracomo norma rectora la cláusula de exclusión : « toda prueba obtenida conviolación de las garantías fundamentales será nula de todo derecho, por lo quedeberá excluirse de la actuación procesal ». estos se examinan, XIVEl nuevo Código de Procedimiento Penal, impone al Juez el deber de excluir, lapráctica o adición de medios de pruebas o medio ilegales, incluyendo los quese han practicado, aducidos con violación, de los requisitos formales, previstosen dicho código.En todo caso cuando el Juez excluya, rechace o in admita una prueba, deberámotivar oralmente su decisión, y contra esta procedera los recursos ordinario,o se la reposición y, el subsidio, la apelación.

VÍAS DE HECHO EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. 87 El examen querealiza el juez de tutela frente a la valoración judicial de las pruebas dentro deun proceso de otra jurisdicción, debe partir de la plena vigencia del principioconstitucional de la autonomía e independencia de los jueces (C.P., art. 228),precisamente, por la falta de inmediatez respecto de su práctica, lo que enconsecuencia vuelve excepcional la configuración de una vía de hecho 88 , sinembargo, no se puede perder de vista que a pesar de ese gran poderdiscrecional judicial, la decisión no puede basarse en un juicio arbitrario, sinoque debe reunir unos criterios que garanticen una decisión imparcial, objetiva yajustada a la legalidad, como lo ha establecido la Corte en la forma que sedestaca enseguida, y que son los que verifica el juez constitucional durante suexamen:“(...) si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar elmaterial probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente suconvencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica(arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L), dicho poder jamás puede ser arbitrario; suactividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criteriosobjetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum,la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que sepresenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración osin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que dela misma emerge clara y objetivamente 89Debe resaltarse, así mismo, que el ejercicio del poder discrecional no puedeconducir a la arbitrariedad judicial contra los derechos fundamentales de laspersonas, cuando en la valoración del material probatorio se desconoce unasituación de hecho que de considerarla los haría realizables: “Se aprecia másla arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuandoprecisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite laactuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios dederechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justiciaque materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante laaplicación de los principios, derechos y valores constitucionales.”.En el evento de que la respectiva autoridad judicial omita la apreciación de laprueba allegada, o no estime probado el hecho y adopte la decisióndesconociendo y contraviniendo la realidad probatoria de los hechos ycircunstancias que ese material arroja, la Corte ha señalado que se produceuna actuación arbitraria constitutiva de una vía de hecho, cuyo fundamentoconstitucional es el siguiente: “ Para la Corte es claro que, cuando un juezomite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en sudecisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía dehecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. Lavía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrioprocesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en lospertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta87 Sentencia T-204 de 1998. M.P Alfredo Beltrán Sierra8889 Sentencia T-442 de 1.994 M.P Antonio Barrera Carbonell

indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, encuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esencialespara su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora,fortaleciendo injustificadamente la posición contraria. Ello comporta una rupturagrave de la imparcialidad del juez y distorsiona el fallo, el cual -contra su mismaesencia- no plasma un dictado de justicia sino que, por el contrario, laquebranta.”. (Sentencia T-329 de 1.996). Comoquiera que el vicio confirmativode una vía de hecho, derivado de la evaluación judicial de las pruebas, debeconfigurar una situación de trascendencia, esta Corporación ha sostenido que“el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que seaostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directaen la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instanciarevisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamenteconoce de un asunto, según las reglas generales de competencia...” 90 (subrayafuera del texto), debiendo el juez de tutela limitarse a constatar que la decisión“...se funda en algún elemento de juicio razonable, con independencia de susuficiencia o de la corrección de la valoración judicial”.LA PUBLICIDAD EN EL DEBIDO PROCESOPor: Farleiby Copete A.Para hablar del principio de publicidad en el proceso debemos tener claro elconcepto del término publicidad.Concepto: consiste en dar a conocer las actuaciones realizadas en el procesopor el funcionario judicial, se puede considerar desde dos puntos de vista:Interno y Externo.Publicidad interna: se refiere a que las partes conozcan todos los actosllevados a cabo por el juez en el proceso. Así, por ejemplo, el demandado nose entera de manera directa de la demanda sino que se entera de ellamediante la notificación del auto que la admite. Es por esto que la publicaciónse cumple mediante la notificación de la providencia.

Publicidad externa: es la posibilidad de que personas extrañas al procesosepan lo que está ocurriendo en el mismo y presencien la realización dedeterminada diligencia. Ejemplo: la audiencia pública de juzgamiento, enmateria penal, y la recepción de pruebas, en el área civil y laboral.El art. 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos garantiza elderecho de toda persona a ser oído públicamente y con las debidas garantíaspor un tribunal competente, independiente e imparcial. 91La publicidad hace relación al derecho que tienen todas las personas a undebido proceso público sin dilaciones injustificadas como lo señala el art. 29CPN, pero este principio de publicidad según varios autores ha sido malentendido; de manera tal que los medios solo publican sanciones sin tener encuenta como se celebro el proceso y esto causa malestar en la personaimplicada en el juicio; en la mayoría de los casos, se olvida el principio deinocencia del cual hace referencia el art. 7 del código de procedimiento penal,imputándole la culpa al que a penas empieza a ser juzgado 92 , por ello lainformación que brindan los medios masivos de comunicación acerca de lasactuaciones policiales y judiciales, implican una de las consecuencias másnefastas de los efectos del proceso penal: la estigmatización que producesobre el imputado lo que pasa durante el proceso.Lo que los autores señalan y quizás pretenden es que la medida de lapublicidad del sistema no implique “una publicidad sólo de las acusaciones –laincriminación, la privación de la libertad o quizá la prueba de cargo– sinotambién la publicidad de las defensas, cumpliendo de esta manera su funciónde garantía frente al arbitrio en instrumento añadido de penalización socialpreventiva” 93De lo anterior pueden surgir varias aclaraciones, que sirvan para dejar claro elconcepto de publicidad en el proceso, la primera interpretación podríaperfeccionar la forma como los medios brindan todo tipo de información ocomunicación relativas a causas penales en las cuales no haya aún sentenciafirme, o una censura respecto de la etapa instructora y no respecto del juiciooral, esto para lograr un proceso más democrático y enmarcado en un derechopenal garantista, sería la reforma del sistema procesal, tendiente a reducir lasinformaciones preliminares que brindan los medios y televisar acríticamente eljuicio oral.En nuestro sistema procesal la publicidad nace como principio garantista frentea los juicios secretos de la inquisición este principio debe garantizarseindependientemente de las modificaciones sensibles de los sujetos procesales.Pero también, fundamentalmente, porque la publicidad es un derecho tanto delas partes como de los ciudadanos.91 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES ART. 1492 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTS. 7-1893 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ARTS. 8.2-8.5

La corte constitucional de acuerdo con sus facultades señala que en el debidoproceso se debe respetar la integridad de la persona, es por ello que en casoque el principio de publicidad menos cabe a la persona no se da lugar a esteprincipio y se exceptúan los casos en los que la norma lo señale. 94Este principio se encuentra consignado en el art. 18 del código deprocedimiento penal en el que dispone “la actuación judicial será pública.Tendrá acceso a ella además de los intervinientes, los medios de comunicacióny la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juezconsidere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a lasvictimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte laseguridad nacional, se exponga a un daño sicológico a los menores de edadque deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo ose comprometa seriamente el éxito de la investigación 92 ”.Por las razones ya mencionadas “la prensa puede ser excluida de la totalidad oparte de los juicios por consideraciones de moral, orden publico o seguridadnacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vidaprivada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinión deltribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudieraperjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal ocontenciosa será publica, excepto en los casos que el interés de menores deedad exija lo contario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales oa la tutela de menores”. 95En conclusión el principio de publicidad en el debido proceso atañe tanto lasactuaciones judiciales como las administrativas y es la oportunidad que la le dala ley al sindicado a controvertir las pruebas aportadas y lograr que seandecretadas y practicadas, es el derecho a ser notificados del inicio del juicioque se adelante en su contra al igual que de las notificaciones de fondo que seden dentro del proceso, y es el mismo derecho que le brinda a las personas deenterarse de los procesos sin ser parte de ellos, con el fin de informar a lasociedad de las decisiones tanto judiciales como administrativas.EL PRINCIPIO DE BUENA FEPrincipio general del Derecho, consistente en el estado mental de honradez, deconvicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, ola rectitud de una conducta. Ella exige una conducta recta u honesta en94 CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA C-038/9695 LEY 190/95 DE LA INTERVENCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ARTS. 77-78-79

elación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. Enocasiones se le denomina principio de probidad.Según la doctrina en cabeza de Arturo Valencia Zea “el concepto de buena fees más fácil entenderlo si se le compara con el de la mala fe. Siendo ésta laforma de obtener ventaja o beneficio, contrariando los usos sociales y lasbuenas costumbre”En roma era la creencia real de adquirir el dominio de propiedad.La buena fe se refiere pues, una actitud o disposición de fidelidad o lealtad enel ejercicio de los derechos y las obligaciones. En lo concerniente al marcolegal en nuestro Código Civil (la primera parte del articulo 768) “la buena feestá definida como la conciencia de haber adquirido el dominio por medioslegítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio” 96 .ELEMENTOSLa buena fe reúne dos elementos esencialmente:1. Subjetivo: deber u obligación de comportarse en una forma adecuada(cada persona debe actuar con lealtad); este elemento propicia la buena feactiva. Es un deber.2. Objetivo: confianza de esperar que los demás actúen con lealtad yfidelidad (que se comporten sin maniobras, ni engaños en la realización de susnegocios), es propiamente un derecho y en consecuencia, apunta a la buena fepositiva. Es un derecho.Sino que abraza su entero comportamiento considerado en su intrínsecacoherencia y en su totalidad.CLASESSimpleEs la que exige normalmente en los negocios como conciencia de actuaradecuadamente. Articulo 1603 y 964 Código CivilCualificada o creadora de derechosConvierte la apariencia en realidad. Es la que crea de la nada una determinadarealidad jurídica dando por existente ante el orden jurídico, un Derecho osituación que realmente no existe. Se basa en un error justo o invencible oexente de culpa. Es fuente de derechos por sí misma. Artículos 1548, 1744,1766 Código Civil.96 Citado en www.docentes.unal.esdu.co

La Buena Fe es por ende un principio general de Derecho que se aplica yreconoce como fuente de Derecho, incluso antes de la vigencia de laConstitución del 91, esto en la medida en que el artículo 8 de la Ley 153 de1.887 establece: "Art. 8º.- Cuando no haya ley exactamente aplicable al casocontrovertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes,y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho" 97EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE BUENA FELa fides en el Derecho RomanoEs preciso comentar, que a diferencia de muchos autores, quienes sostienenque el principio de la buena fe solo surge a partir de la edad media con laaportación del Derecho Canónico de dicha institución, se considera que elsurgimiento de la buena fe, tiene sus inicios en el Derecho Romano, puesaunque no se habla de buena fe, en sentido gramatical, si se hace referencia ala denominada fídes o "fe, a secas, como virtud y comportamiento honesto,diligente, leal, a la que luego se le agregó el adjetivo calificativo de buena,especialmente con referencia a la posesión... que no tiene que confundirse conla denominada buena fe negocial" 98Siguiendo al profesor Georges Rouhette, citado por LÓPEZ SANTAMARÍA "Lafides es un principio ético de honorabilidad, fundamento de la justicia, motor delDerecho contractual romano. En De Officiis, Cicerón la representa como laFuente de Vida. La fides implica en lo contractual, el respeto de la palabra y delas promesas; la obligatoriedad del contrato. La fides tiene un contenidonormativo: impone la obligación de cumplir o ejecutar lo prometido” 99 .El Aporte del Derecho CanónicoFue el Derecho Canónico, el que continuó desarrollando la figura de la fidesromana, convirtiéndola en la institución que hoy en día se conoce con elnombre de Buena fe (bona fides), pues, siguiendo la doctrina de IglesiaCatólica, el hombre es bueno por naturaleza, por lo que sus propios actosgozan de la presunción de buena fe, para lo cual hay que añadir, que solo elconsentimiento basta para que se obligue, sin necesidad de mediación deformulas sacramentales que vinculen a las partes.97 www.wikipedia.com enciclopedia libre. Principio de buena fe98 JARAMILLO GONZALEZ Diana. RAMIREZ URIBE Andrés. Introducción Al Derecho. Teoríageneral.99 José Luis de los M. El principio de la buena fe.

Más adelante, se puede observar, que si bien es cierto que el derechocanónico realizó un gran aporte en torno al principio de buena fe, es un errorafirmar que fue este derecho el que introdujo y desarrolló completamente estainstitución, ya que frente al Derecho Canónico existía una gran limitante,referente a que su ámbito de aplicación se circunscribía a los fieles católicos,por lo tanto no tenían mayor relevancia o fuerza vinculante con relación a otrossujetos intervinientes en las relaciones jurídicas contractuales. El conflicto entrecomerciantes y clérigos por la aplicabilidad del derecho canónico a loscontratos comerciales no reflejó ninguna considerable diferencia de opinión conrespecto a la subordinación del contrato a consideraciones morales.JURISPRUDENCIA RESPECTOAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE(Art. 83 de la CONSTITUCIÒN POLÌTICA)El principio aparece desarrollado de manera directa en veintisiete (27)sentencias constitucionales, que abarcan el periodo comprendido entre Juniode 1.992 y Diciembre de 2.000. Nueve (9) de las sentencias estudiadasanalizan problemas de exequibilidad o inexequibilidad de normas, es decirSentencias Tipo C, dos (2) sentencias de unificación de jurisprudencia oSentencias Tipo Su, y el resto sentencias que resuelven problemas específicosrelativos a la protección de derechos fundamentales vía acción de Tutela, esdecir, Sentencias Tipo T. Junto a estos fallos de aplicación directa delprincipio 100 , se encuentran referencias indirectas y esporádicas en múltiplessentencias que se remiten al principio de la Buena Fe para resolver problemasdiversos.En el Art. 83 101 de la Carta política, se pueden deducir dos (2) líneasjurisprudenciales claramente estructuradas:1. Una primera que hace referencia al deber ser de las autoridadesadministrativas de obrar con lealtad y sinceridad y ajustados a una concienciarecta, en la realización de todas y cada una de las actuaciones de laadministración, actuación que encuentra su justa contrapartida en la obligaciónde los particulares de ajustar su comportamiento frente a la administración en100 LOPEZ MEDINA Diego Eduardo. El Derecho De los Jueces.101 Articulo 83 de La Constitución Política de Colombia.

los mismos términos. La obligación de la administración de aplicar en formaestricta el principio de la buena fe en los eventos de convocatorias publicas,concursos de méritos para llenar vacantes de carrera administrativa y engeneral en los procedimientos de selección de personal, principio que setraduce en el hecho concreto de respetar el orden fijado en la lista de elegiblesasí como cumplir los procedimientos de selección a través de exámenes yprocedimientos de selección públicos y transparentes.2. Una segunda línea, que predica el deber y la obligación del Estado y de losparticulares de obrar con lealtad y sinceridad y ajustados a una concienciarecta, en la realización de todas y cada una de las actuaciones que se originanen la celebración de contratos, una faceta de la actividad del Estado y de losparticulares, que propugna por una especial modalidad de participación ocolaboración, que se sustenta en la confianza mutua y en la credibilidad en lapalabra del otro.A.- SENTENCIA Nº T-427/92:M. P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.1. HECHOS.- Un ciudadano fue declarado insubsistente del cargo que comofuncionario publico venia ocupando en CAPRECOM, resolución sustentada enla discrecionalidad que la administración tiene para remover funcionarios delibre nombramiento y remoción. El afectado ejercito la acción de tutelaargumentado que con el acto administrativo se violó el Derecho Fundamental alTrabajo, en la medida en que el tutelante es minusválido relativo, ya queestando al servicio de la entidad fue operado para corregir una graveOSTEONEOCROSIS avascular que afecta su motricidad respecto a susextremidades inferiores. El tutelante alega que en su actual condición física nopuede desempeñarse laboralmente en ningún empleo. La tutela fue conocidapor el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien la negó por considerarlaimprocedente, habida cuenta de la existencia de otros recursos o medios dedefensa judicial. En desarrollo de la función de revisión de los fallos de tutela, laH. Corte Constitucional revisó el caso y previamente solicitó un conceptomédico a los profesores que atendieron al tutelante encontrando que dichosgalenos conceptuaron que el paciente estaba para la época de la revisiónprácticamente asintomático, y que por ende no puede considerarse minusválidoni siquiera parcial.2. CONSIDERACIONES O ARGUMENTOS DE LA CORTE.- La Corteconsidera que el tema central de discusión es la legalidad de la Resolución deinsubsistencia y el límite de discrecionalidad que tiene la administración enrelación con tales actos, discrecionalidad de la administración que debe serconsiderada en aplicación del principio de la Buena Fe. Dicho límite debe serponderado a la luz del derecho fundamental al trabajo, pero igualmente frente ala protección especial que la Constitución en el Art. 47 otorga a losminusválidos, esto desde la óptica de promover las condiciones para que laigualdad predicada por la Carta Política sea real y efectiva.

En relación con el tema de la legalidad de la Resolución de insubsistencia, laCorte considera que opera frente a la facultad discrecional que el Art. 26 delDecreto ley 2400 de 1.968 otorga a la administración como entidad nominadorade funcionarios no vinculados por carrera administrativa.Esa discrecionalidad sin embargo esta sometida a unos limites, que buscanque la discrecionalidad no sea arbitraria, discriminatoria y que se sustente enfalsas motivaciones. Desde esta óptica, la administración debe incorporar ensus actuaciones el valor ético de la confianza que desarrolla la aplicación delprincipio de la Buena Fe. "Las facultades discrecionales de la administracióndeben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". Esto implica encriterio de la Corte que la administración no puede adoptar la medidadiscrecional en forma desproporcionada o con indiferencia a la situaciónespecial de la persona afectada por la decisión.En ese orden de ideas la Corte analiza la especial condición y trato que laConstitución otorga a los minusválidos, quienes deben ser favorecidos por sucondición desigual frente a los demás ciudadanos. Esto ocurre porencontrarnos inmersos en un Estado Social de Derecho que es un Estado deprestaciones y de redistribución con fines de asistencia social obligatoria enaras de la igualdad sustancial y no meramente retórica o formal. Confundamento en 13 este criterio y la consideración del Derecho al Trabajo comoun derecho no simplemente fundamental sino como una obligación social quese fundamenta en el principio de la estabilidad (Art. 53 del C. P.), se concluyeque en el caso de empleados públicos de libre nombramiento y remoción quesean minusválidos, se deben hacer especiales consideraciones de índole éticay humana a la hora de emitir una resolución de insubsistencia, en aras deproteger el derecho a la igualdad que estos ciudadanos indefensos tienen,criterio valorativo que deberá hacer el Juez de tutela con base en la buena omala fe que deduzca de la actuación de la administración.3. DECISION.- Al no haberse probado en el caso concreto del tutelante sucondición de minusválido, la discrecionalidad de la administración frente a ladisponibilidad del cargo opera de manera plena, por ende no se ha violadoningún derecho fundamental y no se tutela el derecho. Se confirma entonces laSentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.B-. SENTENCIA Nº T-460/92:M. P. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.1. HECHOS.- Una persona jurídica, sociedad Ltda., dedicada a la prestacióndel servicio de Transporte Aéreo mediante vuelos chárteres, interpuso acciónde tutela en contra de la DIAN quien mediante Resolución administrativaordenó el DECOMISO de los motores y las hélices que hacían parte de unaavioneta que previamente había sido inmovilizada y retenida por cuenta de un

Juzgado Especializado y colocada a ordenes del Consejo Nacional deEstupefacientes por la presunta vinculación de la aeronave a actividades denarcotráfico, vinculación que posteriormente fue desvirtuada y que dio origen ala orden de entrega del vehículo a sus propietarios, momento en el cual laDIAN retuvo los motores y las hélices alegando que eran de contrabando. Laresolución administrativa emitida por la DIAN fue oportunamente recurrida porlos propietarios agotándose la vía gubernativa, mediante confirmación de ladecisión por parte de la Administración. El tutelante sustenta la tutela en elhecho de que para el año 1.965 fecha en la cual se importó la avioneta, losmotores y las hélices eran partes integrantes del avión y por esto no existemanifiesto de importación de dichas piezas. Igualmente manifiesta el tutelanteque a la avioneta posteriormente se le montaron motores y hélices de avionesaccidentados, respecto de los cuales no es posible probar su importación enforma legal. El proceso fue conocido por el Juez 16 Penal Municipal de Bogotáquien negó el amparo solicitado con fundamento en que con la actuaciónrealizada no se había violado el derecho al debido proceso, y que el accionantedispone de otros medios para la defensa legal de sus intereses.Agrega por otra parte que no esta demostrada la procedencia licita de losmotores y las hélices, razón por la cual la ley no puede proteger un derechoilegitimo. El fallo fue impugnado y conoció el Juez 13 Penal del Circuito deBogotá, quien confirmo el fallo del Juez penal municipal con prácticamente losmismos argumentos. La Corte Constitucional en desarrollo de la revisión detutelas entra a considerar el caso.2. CONSIDERACIONES O ARGUMENTOS DE LA CORTE.- La Corte inicia suanálisis considerando el punto relativo a la procedencia o improcedencia de laacción de tutela. Observa la Corte que lo que se ataca es una actoadministrativo que es susceptible de ser cuestionado a través de accionesordinarias, un proceso de Nulidad y 14 Restablecimiento del Derecho ante elContencioso Administrativo, razón por la cual en principio la tutela seríaimprocedente. Sin embargo observa la Corte que de conformidad con loestablecido por el Decreto 2591 de 1.991 artículo 6º, hay posibilidad de recurrira la acción de tutela a pesar de existir otros mecanismos jurídicos queresuelvan la violación del derecho alegado, en los casos en que con laviolación se genere al afectado un perjuicio irremediable, entendido como talaquel que solo pueda ser reparado en su integridad mediante unaindemnización. La Corte analiza los hechos y concluye que no se encuentraante un perjuicio irremediable de forma tal que la tutela impetrada esimprocedente. Sin embargo entra a considerar el aspecto sustantivo del asuntoen estudio, cual es el análisis de la protección al derecho fundamental alDebido Proceso (Art. 85 C. P.) y encuentra que el desarrollo de este principiono se limita a la posibilidad de otorgar al afectado el derecho de defensa o laoportunidad para interponer recursos, sino que exige además, tal y como loseñala el Art. 29 de la Carta, "(...) el ajuste a las normas preexistentes al actoque se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa queorienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal;el derecho a una resolución que defina cuestiones jurídicas planteadas sindilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir lasque se alleguen en contra y, desde luego, la plena observación de las formas

propias de cada proceso según sus características". Todo lo anterior descansaen la presunción de inocencia que acompaña al procesado. Frente al caso enestudio, llama la atención la aplicación de normas con carácter retroactivo y laexigencia de pruebas que en últimas le correspondía aportar a laadministración y no al afectado. La Corte analiza la figura del Decomiso, ladistingue de la confiscación pues esta última implica despojo de la propiedaddel bien a titulo de pena, mientras que la otra es una mera medida cautelar quese impone en el caso del contrabando como sanción fiscal.Finalmente considera la Corte la aplicación del postulado de la Buena Fe enrelación con la actuación de la administración y concluye que se trata de unprincipio que "(...) se erige en arco toral de las instituciones colombianas (...)Si este principio es fundamental en las relaciones entre particulares, con mayorrazón tiene validez cuando ellos actúan ante las autoridades públicas, bien endemanda de sus derechos, ya en cumplimiento de sus deberes y obligaciones,toda vez que el Estado y quienes lo representan deben sujetar su actividad alobjetivo de realizar el bien común, sobre la base de las previsiones trazadaspor el legislador (...) el servidor público que formule exigencias adicionales a lasque han sido legalmente establecidas, vulnera abiertamente la Constitución eincurre en abuso y extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones (...) de loanterior puede colegirse que es inaceptable el argumento según el cual laactuación de la autoridad aduanera, en cuanto pone en marcha procedimientosencaminados a comprobar si en determinado caso se configuró el contrabando,vulnera el principio de la buena fe, toda vez que demostrado aquel con arregloa las disposiciones legales correspondientes y con estricta observancia deldebido proceso, lo que acontece es que se desvirtúa mas no se desconoce lapresunción (de inocencia) que en principio amparaba a la persona". 153. DECISION.- En consideración a lo expuesto la Corte confirma el falloproferido tanto por el Juzgado16 Penal del Circuito como el fallo emitido por el Juzgado 13 Penal del Circuito.C.- SENTENCIA Nº T-469/92:M. P. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO.1. HECHOS.- Ciento veintiocho (128) personas, todos presuntamentedomiciliados en el municipio de Castilla la Nueva (Meta), presentaron acción detutela ante el Juez Promiscuo Municipal de Castilla la Nueva (Meta), solicitandose les tutele el derecho al voto consagrado en el Art. 258 de la C. P. Lostutelantes se inscribieron para ejercitar el derecho al voto en el municipiomencionado, a efectos de participar en los comicios electorales de marzo de1.992. El Consejo Nacional Electoral detectó un aumento irregular en el censoelectoral de Castilla la Nueva y por tal razón expidió una ResoluciónAdministrativa mediante la cual dejó sin efecto las inscripciones de cédulasrealizadas en este municipio entre el 8 y el 17 de enero de 1.992. El Juez

Promiscuo Municipal de Castilla la Nueva (Meta) se declaró incompetente paraconocer de la tutela, argumentando que la sede principal del Consejo NacionalElectoral era Bogotá, y remitió la tutela a los Jueces municipales de estaciudad. Conoció de la demanda por reparto el Juzgado 42 Penal Municipal,quien resolvió desfavorablemente la tutela argumentada que se trata de unasunto eminentemente político y que existen otros mecanismos legales paradilucidar los aspectos reseñados, razón por la cual la tutela es improcedente entérminos del Decreto 2591 de 1.991. La Corte conoce del asunto en razón de lafacultad que tiene para revisar los fallos de tutela.2. CONSIDERACIONES O ARGUMENTOS DE LA CORTE.- Observa la Corteen primer lugar que fue irregular que el Juzgado Promiscuo Municipal deCastilla la Nueva se declarara incompetente para conocer del asunto.La presunta violación del derecho tutelado ha ocurrido en jurisdicción delmunicipio donde tiene asiento el Juzgado, pero además las Resoluciones delConsejo Nacional Electoral son de orden nacional y por tanto pueden ser objetode acción de tutela en todos los municipios del país. Pasa luego la Corte aanalizar el problema concreto, y encuentra que lo que se busca tutelar sonderechos políticos y específicamente el Derecho al Voto. Analiza la Corte quecon la vigencia de la nueva Constitución, pasamos de una democraciarepresentativa a una democracia participativa, lo que implica que losadministrados no se limitan a votar cada cierto tiempo, sino que tienen unainjerencia directa en las decisiones, ejecución y control de la gestión estatal.Así lo dispone el Art. 40 de la Carta, derecho que es de aplicación inmediata.En una democracia participativa, el derecho político es un derechofundamental, y dentro de dicha clasificación el derecho al voto constituye nosoloun derecho sino un deber ciudadano que la ley puede reglamentar paraimplementar su ejercicio. Las elecciones para la escogencia de autoridadeslocales están revestidas de la protección constitucional a fin de garantizar laefectividad del derecho. Esto es expresión de la autonomía territorialconsagrada en el Art. 1º en concordancia con el numeral 1º del artículo 287 dela Carta Política. De acuerdo con el Art. 1º de la Ley 2ª de 1.992 se entiendeque quien vote en las elecciones del 8 de marzo de 1.992, declara bajogravedad del juramento residir en el respectivo municipio donde ejerce elderecho. El ejercicio de este derecho como el de todos16 Los derechos del ciudadano, esta sometido al respeto al principio de laBuena Fe, que la Corte entiende como "(...) una causa o creación deespeciales deberes de conducta exigibles en cada caso, de acuerdo con lanaturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las partes através de ella (...) La buena fe es una causa de limitación del ejercicio de underecho subjetivo o de cualquier otro poder jurídico. La buena fe se consideracomo una causa de exclusión de la culpabilidad en un acto formalmente ilícito ypor consiguiente como una causa de exoneración de la sanción o por lo menosde atenuación de la misma (...) Con la constitucionalización del principio de labuena fe, se logra que éste se convierta en eficaz instrumento para lograr quela administración obre con el criterio rector de la efectividad del servicio públicopor encima de las conductas meramente formales que han desnaturalizado suesencia". De acuerdo con el planteamiento de la Corte luego de citar a

Wieacker, Larenz y González Pérez, reconoce que la Buena Fe es en últimasel principio que protege el valor ético de la confianza. Sobre esta base la Corteconcluye que estando consagrado el Derecho Político como base de lademocracia participativa, y el derecho al voto como el mecanismo idóneo departicipación, su ejercicio se sustenta en la confianza que la administracióntiene en sus administrados, de que estos obran con lealtad y sinceridad en suejercicio y que por ende la Buena Fe se presume. Ahora bien, independiente deeste hecho, lo cierto es que frente al asunto en estudio, si bien el Derechofundamental al voto pudo haber sido violado, los tutelantes podían recurrir aotro medio ordinario que les permitiera proteger su derecho, ese medio era laacción de nulidad ante el Contencioso Administrativo. Por otra parte observa laCorte que revisando la resolución atacada, esta no viola de manera directa elderecho al voto, por que si bien anula la inscripción efectuada en Castilla laNueva, permite que los afectados con esta medida ejerzan su derecho al votoen el municipio donde tenían derecho a votar conforme al Censo Electoralvigente con anterioridad a la resolución.3. DECISION.- Con fundamento en los argumentos atrás expuestos la Cortedecide confirmar el fallo delJuzgado 42 Penal Municipal de Bogotá.D.- SENTENCIA T-475/92:M. P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.1. HECHOS.- La secretaría de Planeación de Popayán mediante resoluciónadministrativa, otorgó licencia de funcionamiento a un ciudadano, para que esteexplotara un establecimiento de comercio destinado al juego de billar. Losvecinos de la urbanización en la que se encontraba ubicado el establecimientode comercio, presentaron una queja a la Alcaldía Municipal alegando que elestablecimiento de comercio y las actividades allí realizadas eran nocivas parasus hijos, así como para la imagen de decoro y tranquilidad de la comunidad.En respuesta a la petición formulada por los vecinos, la Alcaldía Municipal dePopayán remitió oficio al propietario del establecimiento de comerciosolicitándole abstenerse de adelantar la adecuación de su establecimiento.Posteriormente otro grupo de vecinos dirigió comunicación a la AlcaldíaMunicipal manifestando su apoyo a la17 instalación del billar y defendiendo el juego como hidalgo y un medio idóneopara el esparcimiento de la ciudad. El propietario del local afectado con lamedida de suspensión de la licencia de funcionamiento, interpuso acción detutela ante el Juez Laboral del Circuito de Popayán alegando la inminencia deun perjuicio económico irremediable, pues mientras la justicia contenciosaAdministrativa decide la acción, habría dejado de percibir los frutos económicosde una inversión de dinero cercana a los DIEZ MILLONES DE PESOS($10.000.000,oo). El Juzgado Laboral del Circuito de Popayán tuteló el derechoy ordenó la suspensión de la orden impartida por la Alcaldía Municipal dePopayán. El Juzgado consideró que los derechos de petición y trabajo fueronviolados con el acto administrativo atacado, y que a pesar de que estos

derechos podían ser protegidos a través de otros medios legales, el perjuicioque reportaría el tutelante mientras ejercitaba esas acciones era considerable einminente. La Corte entra a revisar el fallo en cumplimiento de su funciónconstitucional.2.- CONSIDERACIONES O ARGUMENTOS DE LA CORTE.- El Derecho quese busca tutelar, en consideración de la Corte es el Derecho al Trabajo. El actoque ataca ese derecho fundamental es una actuación de la administración querevoca una decisión previa que era favorable al tutelante. La Corte consideraque con la conducta de la administración además de este derecho se habríanpodido violar otros derechos fundamentales, así por ejemplo el derecho aescoger profesión u oficio (C. P. Art. 26), al libre desarrollo de la personalidad(C. P. Art. 16) y los derechos constitucionales de libre empresa y libertadeconómica (C. P. Art. 333). Reitera la Corte que en el caso de la protección alDerecho al Trabajo, la concepción de este es amplia pues tiene que ver contoda actividad humana libre, consciente y noble, necesaria para la vida ygeneradora de capital y de instrumento de labores. Asegura la existenciamaterial del hombre y su familia, y se protege no solo el trabajo subordinado ydependiente, sino igualmente el trabajo no subordinado y libre ejercido ainiciativa personal de cada individuo. En este tipo de trabajo el derecho altrabajo implica el derecho a explotar un establecimiento de comercio donde sedesarrollen actividades honestas y dignas, caso del billar que es un deporte deinteligencia y habilidad. El ejercicio del derecho al trabajo comporta igualmenteel acceso al sitio de trabajo o lugar donde se desempeña la labor. Este derechoesta íntimamente relacionado con el derecho a escoger profesión u oficioregulado por el Art. 26 de la Carta Política, esta libertad constituye un límitepara el legislador, esto por cuanto la ley puede regular la práctica de lasprofesiones, más no es lícito regular su escogencia. La escogencia de un oficioes una libertad civil de primer orden. Dentro del marco de reglamentación queel legislador tiene frente al ejercicio de profesiones o actividades laborales, seenmarca el otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientosde comercio. Dicha actividad tiene que ver con el ejercicio de la facultad depolicía administrativa que le compete a la rama ejecutiva del poder público.Facultad de policía que le permite limitar las libertades individuales cuando lanecesidad de preservar el orden público así lo exija, entendido éste como laconservación material de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidadpublicas. "(...) La actuación de la autoridad publica en desarrollo de susfunciones de policía administrativa debe adecuarse a un margen objetivo deapreciación, evitando la desviación o abuso de las competencias estatales. Losparámetros utilizados para verificar el cumplimiento de los precisos requisitosque habilitan el ejercicio de una libertad individual son aquellos socialmenteaceptados, predecibles y racionalmente justificables y, ante todo,proporcionales a la finalidad que se pretende 18 alcanzar. La objetividad de loscriterios de apreciación depende del contexto social y del momento histórico enque se encuentra el individuo y la autoridad". Esa facultad de policíaadministrativa y en general las actuaciones de la administración, está sometidaal imperio de la Constitución y de la Ley, pero igualmente a la aplicación de losprincipios generales del derecho, dentro de los cuales la Buena Fe resulta serun principio fundamental. "(...) La buena fe ha pasado de ser un principiogeneral del derecho para convertirse en un postulado constitucional (C.P. art.

83). Este trascendental principio exige de los particulares y de las autoridadesceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con elcomportamiento que puede esperarse de una persona correcta ("virbonus")...La administración y el administrado deben adoptar uncomportamiento leal en el perfeccionamiento, desarrollo y extinción de lasrelaciones jurídicas. Este imperativo constitucional no sólo se aplica a loscontratos administrativos, sino también a aquellas actuaciones unilaterales dela administración generadoras de situaciones jurídicas subjetivas o concretaspara una persona. El ámbito de aplicación de la buena fe no se limita alnacimiento de la relación jurídica, sino que despliega sus efectos en el tiempohasta su extinción (...) El principio de la buena fe incorpora la doctrina queproscribe el "venire contra factum proprium", según el cual a nadie le es lícitovenir contra sus propios actos. La buena fe implica el deber de observar en elfuturo la conducta inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende engran parte la seriedad del procedimiento administrativo, la credibilidad delEstado y el efecto vinculante de sus actos para los particulares. La revocatoriadirecta que se manifiesta en la suspensión o modificación de un actoadministrativo constitutivo de situaciones jurídicas subjetivas, puede hacerpatente una contradicción con el principio de buena fe y la doctrina de los actospropios, si la posterior decisión de la autoridad es contradictoria, irrazonable,desproporcionada y extemporánea o está basada en razones similares". En elcaso en estudio, encuentra la Corte que el Municipio de Popayán al haberoriginalmente otorgado la Licencia de funcionamiento del Billar al tutelante yluego proceder a revocar tal licencia, actúo la administración de mala fe, puesincurrió en el "venire contra factum proprium", de modo que se vulneraron losderechos del ciudadano y se birló su confianza y la buena fe puesta en elEstado. Concluye la Corte que frente a un riesgo inminente de sufrir perjuicio eltutelante, debe salvaguardarse su derecho al trabajo, y por ende confirma laSentencia emitida por el Juez Laboral del Circuito. El Dr. EDUARDOCIFUENTES MUÑOZ discrepó de la decisión de la mayoría y en salvamento devoto sostiene que el acto administrativo atacado con la tutela era susceptible deser protegido mediante una acción ordinaria ante el contencioso administrativo,"(...) la institución de la tutela no vino a sustituirla ni a desplazarla y que resultaindispensable armonizar, en esta como en otras materias, el artículo 36 de laConstitución y las normas del Decreto 2591 de 1.991 con los demás preceptosde la Carta y con el resto del ordenamiento jurídico, de modo tal que losdiversos ámbitos de competencia se enmarquen dentro de la órbita que elsistema jurídico señala a cada uno" en conclusión en el caso presente para elmagistrado que hace el salvamento, el caso no era de aquellos que pudieran19 calificarse como de irremediables, y por ende el acto administrativo debióser atacado mediante procedimientos ordinarios.3. DECISION.- Con fundamento en los argumentos atrás expuestos la Corteresuelve confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito dePopayán, pero adiciona la Sentencia tutelando transitoriamente, hasta elpronunciamiento definitivo de la Justicia Contencioso Administrativa, losderechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad deescoger profesión u oficio.

COMPETENCIA DEL TRIBUNALPor: Claudia Perea CossioPor competencia se entiende en el Derecho Constitucional y en el DerechoProcesal la idoneidad o atribución conferida a un órgano judicial (juez otribunal) para conocer o llevar a cabo determinados actos judiciales, conexclusión de los órganos ejecutivo y legislativo, que no administran justica, y delos particulares que son sujetos de la justicia.No da lugar a confundir competencia con jurisdicción, pues aquélla determinala capacidad del juez o tribunal, en tanto que la jurisdicción es la facultad-deberimpuesta a los órganos de la administración de justicia, para juzgar o pararesolver litigios mediante la aplicación del derecho.Factores para la determinación de la competencia externa.El objetivo: Se deriva de la naturaleza del pleito o de la relación jurídica objetode la demanda, como el estado civil de las personas (se llama entoncescompetencia por materia), o del valor económico de tal relación jurídica(competencia por cuantía).El subjetivo: Mira a la calidad de las personas que forman las partes delproceso: nación, departamentos, municipios, área metropolitana y regiones, oal cargo publico que desempeña el sindicado, en lo penal, en razón de ella seadscribe los procesos civiles en los cuales es parte alguna de esas entidades,a los jueces del circuito cualquiera que sea su valor, y los procesos penalescontra ciertos funcionarios a los tribunales o la Sala Penal de la CorteSuprema.El territorial: Hace relación a la circunscripción territorial dentro de la cual eljuez puede ejercer su jurisdicción, en principio los diversos procesos de igualnaturaleza pueden ser conocidos por todos los jueces que existen en el país,de igual clase y categoría, y por esto para ser distribuidos se tiene en cuenta ellugar del domicilio de las partes especialmente el del demandado, y a falta deaquel su residencia, o el lugar de cumplimiento de la obligación contractual, o elde la ubicación del objeto materia del proceso, o el de ocurrencia del hecho quegenera responsabilidad penal o extracontractual, o el del centro de laadministración de los negocios.El funcional: Se deriva de la clase especial de funciones que desempeña eljuez en un proceso; según la instancia o la casación y revisión, y suconocimiento se halla distribuido entre varios jueces de distinta categoría. Así,tenemos jueces de primera instancia y de segunda instancia, y competenciaespecial para los recursos de casación y revisión.COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOSLos Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesosprivativamente y en única instancia:1. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía yen los cuales se controviertan actos administrativos del orden departamental,distrital o municipal.2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan decuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativasdistintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio.

3. De los de definición de competencias administrativas entre entidadespúblicas del orden Departamental, Distrital o Municipal o entre cualesquiera deellas cuando estén comprendidas en el territorio de su jurisdicción.4. De las acciones sobre pérdida de investidura de los miembros de losConcejos Municipales y Distritales, de conformidad con el procedimientoestablecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena delTribunal.5. De las observaciones que formule el Gobernador del Departamento acercade la constitucionalidad y legalidad de los Acuerdos Municipales, y sobre lasobjeciones, por los mismos motivos, a los Proyectos de Ordenanzas.6. De las observaciones que los Gobernadores formulen a los actos de losAlcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.7. De las objeciones que formulen los Alcaldes a los proyectos de AcuerdosMunicipales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior.8. De las acciones de nulidad y restablecimiento contra los actos deexpropiación de que tratan las leyes sobre Reforma Urbana.COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERAINSTANCIA.Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de lossiguientes asuntos:1. De los de nulidad de los Actos Administrativos proferidos por funcionarios uorganismos del orden Departamental, Distrital y Municipal, o por las personas oentidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas de loscitados órdenes.2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que noprovengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan ActosAdministrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cien (100)salarios mínimos legales mensuales.3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertanActos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda detrescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.4. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación deimpuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales oDistritales, cuando la cuantía sea superior a trescientos (300) salarios mínimoslegales mensuales.5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintosórdenes y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de serviciospúblicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a laprestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salariosmínimos legales mensuales.6. De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500)salarios mínimos legales mensuales.7. De los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por lajurisdicción contencioso-administrativa, cuando la cuantía exceda de milquinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales.8. De los relativos a la acción de nulidad electoral de los Gobernadores, de losDiputados a las Asambleas Departamentales, de cualquier otra eleccióncelebrada dentro del respectivo Departamento, de los Alcaldes y miembros delos Concejos de los municipios capital de Departamento o poblaciones de más

de setenta mil (70.000) habitantes de acuerdo con la certificación que expida elDepartamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, del AlcaldeMayor, Concejales y Ediles de Santa Fe de Bogotá. Cuando se trate deelecciones nacionales, la competencia será del Tribunal correspondiente allugar donde se haga la declaratoria de elección.9. De los de nulidad de los Actos Administrativos de las entidades territoriales ydescentralizadas de carácter departamental, distrital o municipal que debansometerse para su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayansido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por la misma10. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores oex servidores públicos y personas privadas que de conformidad con la leycumplan funciones públicas, cuando la cuantía exceda de quinientos (500)salarios mínimos legales mensuales, y cuya competencia no estuviereasignada al Consejo de Estado en única instancia.11. De las acciones de nulidad contra las resoluciones de adjudicación debaldíos.12. De las acciones de expropiación de que tratan las Leyes Agrarias.13. De las acciones contra los actos de expropiación por vía administrativa.COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDAINSTANCIA.Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia:1. De las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas en primerainstancia por los Jueces Administrativos y de las apelaciones de autossusceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de quejacuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto delque corresponda.2. De las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia deexcepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decretenulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdiccióncoactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando lacuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.3. De los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso deapelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, en losasuntos de que trata el numeral anterior.COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS CUANDO LANACION SEA PARTE DEMANDANTE.En los asuntos del conocimiento de los Tribunales Administrativos en que seaparte demandante la Nación o una entidad del orden nacional, la competenciapor razón del territorio se determinará por el domicilio del demandado.LA PROTECCIÓN JUDICIAL EN EL DEBIDO PROCESOPor: Alexandra M. Ruda R.

La Protección judicial es una de aquellas garantías derivadas del debidoproceso como un instrumento que lo desarrolla a cabalidad, permitiendo así laasimilación de una justicia recta y ante todo aplicada de la forma más correctaa la ciudadanía y por ende con mayores beneficios y garantías para losmismos, en la aplicación del derecho que poseen para exigir la aplicación dejusticia.La convención americana sobre derechos humanos, define la protecciónjudicial en su articulo 25 (Suscrita en San José de Costa Rica el 22 denoviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobrederechos humanos) así: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo yrápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunalescompetentes, que la ampare contra actos que violen sus derechosfundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presenteConvención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúenen ejercicio de sus funciones oficiales. Los Estados partes se comprometen:a. A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal delEstado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;b. A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; c. A garantizar elcumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que sehaya estimado procedente el recurso.” 102Aquí se expresa la necesidad de que el ente judicial radique única yexclusivamente en velar por la protección de las personas y no permitir el maluso de la ley para beneficio de unos pocos. De igual forma es un derecho quecada persona posee de invocar el ente judicial para la administración de justiciaen el menor tiempo posible y con la mayor disponibilidad de las autoridadescompetentes para obtener amparo o protección acerca de la violación decualquiera de los derechos fundamentales reconocidos ante la ley, laconstitución, tratados y en otros mas que tienen como objetivo cumplircabalmente los instrumentos para los cuales fue invocado el llamamiento“administración de justicia”La protección judicial va ligada a las garantías constitucionales pues lacomplementa y permite su desarrollo dentro de unos parámetros específicos,pues como se dijo anteriormente la protección judicial es en igual medida unagarantía judicial que le permite al ciudadano conocer sus derechos a la hora deencontrarse en un proceso judicial y de una forma mas precisa lo encontramosen la convención americana sobre derechos humanos en su Art 8 así: “ Todapersona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de unplazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquieracusación penal formulada contra ella, o para la determinación de susderechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otrocarácter”.En igual medida este articulo en su segundo inciso especifica cuales son esasgarantías mínimas que cada persona adquiere: tales como lo son la presunción102http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/carceles/2_Interamericanos/1_Instrumentos/1_Generales_DH/2112_Conv_Americana_DD_HH.doc.

de inocencia, a obtener un traductor si no conoce el idioma del juzgado otribunal, a la información del porque de la acusación, el derecho a su defensapropia por medio de un abogado ya que este es un derecho irrenunciable, elderecho a interponer un recurso en caso que no se este desacuerdo con el falloproferido, y su proceso penal deberá ser publico. Esto es lo que determina quese generen pasos a seguir y por ende un proceso que los desarrolle de unaforma ágil para permitir que no se violen estas garantías mínimas expresadas.Por su parte muchas sentencias invocan la protección judicial para asegurarsede la trasparencia de su resultado, estas se invocan en materias penales,laborales, civiles… ya que dicha protección abarca de manera general paratodas las ramas del proceso que invoquen la administración de justicia.Por ello la Sentencia T-1059/05 haciendo alusión al derecho a la estabilidadlaboral, hace un llamamiento a la protección judicial de personas vinculadas enprovisionalidad de nombramiento de docentes, ya que estas al ser removidasde su cargo pierden dicha estabilidad. Para ello se apegan a la protecciónjudicial para adquirir una solución pronta y que genere buenos resultados.En la Sentencia C-1001/05 la corte constitucional enfoco su protección judicialen el ámbito de la libertad diciendo: “La protección judicial de la libertad tieneentonces un doble contenido, pues no solamente será necesario mandamientoescrito de autoridad judicial competente para poder detener a una persona,sino que una vez se le haya detenido preventivamente en virtud de dichomandamiento deberá ser puesta a disposición del juez competente, en elmenor tiempo posible y en todo caso máximo dentro de las treinta y seis horassiguientes” 103De igual forma en la Sentencia C-979/05 se determina que el juez de controlde garantías responda al principio de necesidad efectiva de protección judicial,por la sencilla razón a que la mayoría de las medidas procesales que segeneran al iniciar la investigación del caso en materia penal, produce tensióncon el principio de inviolabilidad de algunos derechos fundamentales, aquellosque no pueden ser alterados o afectados, pues esto únicamente puede verseafectado en la sede jurisdiccional respectiva. “Se trata de un juez (juez decontrol de Garantías), en principio el juez penal municipal del lugar de comisióndel delito, a quien se le remite por parte de la fiscalía general de la Nación elasunto en el cual resolvió aplicar el principio de oportunidad, para que examinela legalidad del mismo, lo cual será objeto de decisión en una audiencia que secitará para el efecto” 104Por ultimo esta protección judicial podría decirse que es aquella medida deseguridad con que se cuenta para que no se vulneren nuestros derechosfundamentales, ni se violen las mediadas correctas que se generan en cadaproceso, para que de esta manera se logre y se adopte a cabalidad laaplicación plena del debido proceso.103 www.constitucional.gov.co/Relatoria/Busqueda/Busqueda+especializada104 http://derechopenalcolombia.blogspot.com/2005/08/el-juez-de-control-de-garantas.html

OBSERVANCIA DE LA PLENITUD DE LA FORMAS PROPIAS DE JUICIOPor: Ana María Alonso GarzónEn el artículo 29 de la constitución política, se expone la definición y aplicacióndel debido proceso, en el mismo artículo podemos encontrar la expresión“observancia de la plenitud de las formas propias de juicio” dando porentendido que el debido proceso se refiere a las leyes preexistentes, y que lafrase mencionada hace alusión al procedimiento preestablecido por la ley.Para tratar este principio es de suma importancia saber que significaprocedimiento por tal se dice, que procedimiento es aquel conjunto deformalidades a las cuales se someten el juez y las partes a la hora de tramitarun proceso. Este procedimiento lo compone una serie de actos que conformala instancia o proceso, en las cuales al actor formula sus pretensiones, eldemandado encara sus defensas, ambas partes ofrecen pruebas y basándoseen todo lo anterior el juez dicta sentencia, es decir es una serie o cadena deactos coordinados para el logro de un fin jurídico. Todo lo anterior se refiere alas normas de desarrollo del proceso, tramitación, o formalidades para larealización de los derechos subjetivos con el debido respeto a los derechos ygarantías. El procedimiento varía según el tribunal que este en la obligación deaplicarlo, aunque en el fondo se obedece a los mismos principios.Por su parte juicio es el medio para resolver un litigio, en el cual el juezdecidirá.Las garantías procesales están creadas para proteger el debido proceso, elderecho de defensa deteniéndose en la observancia de las formas propias decada juicio. El objeto de todo proceso judicial es la relación jurídica o los actosjurídicos o los hechos, a la cual o a los cuales debe aplicarse en el casoconcreto las normas que los regulan, para decidir sobre su existencia y susconsecuencias jurídicas.Hay que tener en cuenta que cuando no se observan a plenitud las formaspropias de cada juicio esta circunstancia conlleva a la violación del debidoproceso y por ende podría conllevar a la nulidad de la actuación, si se tiene encuenta que dentro de las causales de nulidad esta la existencia deirregularidades fundamentales que afectan el debido proceso y la violación delderecho a la defensa. En otras palabras si no se lleva adecuadamentecumpliendo cada etapa del procedimiento se estaría incurriendo en una falta aldebido proceso.Dichas formas que expone este principio a artículo, son aquellas vigentes en elmomento en que la persona es juzgada, por tal se presupone la existencia dela ley previa para que en razón de esta se juzgue.Tal principio atribuye a los jueces y corporaciones la competencia “paraconocer de los procesos en única, primera o segunda instancia, así como para

pronunciarse sobre los recursos extraordinarios, es atribuida por el legislador alos funcionarios de la Rama Judicial del Poder Público bajo la forma de unacompetencia reglada y no discrecional” 105Se ha dicho que la observancia de la plenitud de las formas propias de juicio,esta establecida con la finalidad de otorgar una igualdad real refiriéndose a laadministración de justicia, para que se pueda desarrollar esta igualdad serequiere de normas especiales que señalen el procedimiento a seguir en cadauno de los distintos campos, ya que se ha dicho que “en lo referente a laadministración de justicia, la igualdad se logra al disponer que todos seanjuzgados por el mismo procedimiento” 106 , aunque en la propia constitución seexponen algunas excepciones como lo son los fueros especiales para ciertosfuncionarios. El resultado de un juicio depende en gran parte del procedimientocon el que se tramite.Con la observancia de la plenitud de las formas propias de juicio se aleja delabuso en la administración de justicia y se exige pleno cumplimiento de loprescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el asunto en trámite al igualque se trata es de evitar que la suerte del particular quede en manos del enteadministrativo. Por lo cual, todo acto arbitrario de éste, entendido por tal el quese aparta de las normas aplicables, para realizar su propia voluntad, implicaviolación del debido proceso.El debido proceso implica que el Estado se sujete a las reglas precisadas en elordenamiento jurídico, no solamente en las actuaciones que se adelantencontra los particulares para colegir responsabilidades de carácter disciplinario oaquellas relativas al control y vigilancia de su actividad, sino en los trámites queellos inician para ejercer un derecho ante la administración o con el objeto decumplir una obligación.El debido proceso, desarrolla el principio de legalidad en la observancia de laplenitud de las formas propias de juicio ya que maraca un criterio al legisladorpara que al crear diferentes procesos y procedimientos tenga en cuenta estasformas incluyendo los componentes del debido proceso, ya que éste es unagarantía instrumental que posibilita la defensa jurídica de los derechossubjetivos y objetivos de los individuos.Respecto a la observancia existen nulidades, las nulidades procesales sonmecanismos procedimentales que invalidan las actuaciones procesales cuandono pueden ser objeto de corrección o convalidación, y que se aplican cuandose presentan actuaciones judiciales contrarias a la legitimidad del ordenestablecido en materia de administración de justicia, con el fin de mantener lavigencia de un orden justo tanto para los procesados como para la sociedadorganizada políticamente. Los funcionarios judiciales tienen la labor de impedirque los procesos se vicien de nulidades y de corregirlas de oficio, por ser losresponsables de la conducción procesal. Las solicitadas por las partesresponden al derecho de defensa que les asiste. Cualquier proceso se puede105 Sentencia T-501/98 CORTE CONSTITUCIONAL M.P CARLOS GAVIRIA DÍAZ106 Sentencia C-407/97 CORTE CONSTITUCIONAL M.P. JORGE ARANGO MEJÍA

generar nulidades desde su inicio hasta más allá de su terminación porviolación de la legalidad.DERECHO DE IMPUGNACIONPor: Ana María Alonso GarzónEl derecho de impugnación es la facultad de atacar las providencias con elobjeto de enmendar los errores de derecho sustancial o de procedimiento, enque incurra el juez y así, evitar el perjuicio que con la decisión tomada por eljuez ocasione. Es de rango constitucional. Este derecho se lleva a cabo por losrecursos, estos son medio de impugnación.El proceso de impugnación es una sucesión de actos, de los sujetosprocesales, que se van incorporando válidamente, sólo así forman parte de él ysurten sus efectos. Cuando se realiza un acto jurídico procesal, se notifica a laspartes ofreciéndoles dos opciones: Consentir o impugnar. Si el acto esconsentido, de manera tácita cuando no se impugna; o expresa, cuando seacepta indiscutiblemente, se incorpora al proceso y genera sus efectos. Encambio, si sucede lo contrario, es decir, si se impugna, ese acto no seincorporará al proceso ni surtirá sus efectos hasta que no quede ejecutoriadacuando es confirmada. Si la impugnación prospera, dicho acto nunca habráexistido en virtud de la anulación o revocación.En el proceso vinculado a la impugnación se pueden deducir los siguienteselementos que hacen parte de la impugnación: Acto procesal viciado, agravio,medio impugnatorio y finalidad.El acto procesal viciado, por error o defecto. Este es el acto procesal que unavez producido pretende incorporarse al proceso y que al ser notificado a laspartes, es objeto de cuestionamiento dando lugar a la impugnación y toda latramitación que ello implica.El agravio, es el perjuicio que el acto viciado ocasiona a las partes o a losterceros legitimados motivando su inconformidad, siendo la razón que serviráde fundamento a la impugnación.El medio impugnatorio, es el remedio o el recurso previsto por la normaprocesal para impugnar el acto procesal viciado en atención al agravio queocasiona. Los recursos (reposición, apelación, queja y casación) han sidoprevistos para atacar o cuestionar los actos jurídicos procesales consistentesen resoluciones (decretos, autos y sentencias) respectivamente. En cambio, losremedios (que adquieren la forma de nulidad, cuestión probatoria, etc.), estándiseñados para impugnar los actos jurídico procesales que no tienen la formade resolución (acto de notificación, audiencias, ofrecimiento de medioprobatorio, etc.)

La finalidad, es el objetivo de la impugnación, la anulación o revocación, total oparcial del acto viciado. Por la anulación se deja sin efecto el acto viciado y seordena la reposición al estado anterior a fin de que se rehaga o simplementequede así. En la revocación se modifica o reforma el acto cuestionado conarreglo a derecho. Si la impugnación no prospera, el acto cuestionado quedaráfirme y se incorporará válidamente al proceso para generar sus consecuenciasSe ha dicho que el derecho de impugnación no es solo una facultad dirigidacontra las decisiones del juez ya que existen las nulidades, entre otros.Como se expone en la sentencia T- 41º de 1993 la impugnación tiene lanaturaleza de derecho reconocido por la Constitución, derecho en virtud delcual las partes que intervienen dentro del proceso al sentirse desfavorecidas oinsatisfechas con la decisión de primera instancia se encuentran ante laposibilidad de acudir ante el Juez competente en la búsqueda de un nuevoexamen de la situación planteada. El derecho constitucional a la impugnaciónsupone la existencia de jueces inferiores y superiores, de modo que laausencia de superior jerárquico torna imposible su ejercicio, circunstancias quecontradice los postulados que el Constituyente plasmó en el artículo 86 de laCarta y que tuvo en cuenta el legislador al reglamentar la acción de tutela.Los medios de impugnación sirven para rectificar, ya sea por revocación omodificación esos errores que cometen los funcionarios en sus decisiones.El derecho a impugnar sólo se puede ejercer, y por una sola vez, dentro delplazo establecido por la normativa aplicable. Concluido el plazo sin haber sidoejercido el derecho de impugnación, éste se extingue, lo que trae comoconsecuencia la firmeza del acto o resolución reclamados, de donde deriva elcarácter de inimpugnable, ya sea a través del medio que no fue agotadooportunamente o mediante cualquier otro proceso impugnativo. Laconsecuencia inevitable de que transcurran los términos legales para entablarlos medios de defensa contra los actos que las partes estiman les perjudican,sin aprovecharlo, es precisamente la extinción de ese derecho a laimpugnación, sin que sea posible su resurrección bajo circunstancia alguna,como sería, verbigracia, lo que pretende el actor en el caso, a saber, intentarrevivir el derecho a la impugnación, al combatir un acto nuevo que estárelacionado con aquél o aquellos respecto de los cuales ya se había extinguidoinexorablemente esa facultad legal.Se puede equiparar la impugnación a la doble instancia, siendo un derechofundamental consagrado en la constitución política de Colombia, en el articulo29 donde se expresa este derecho en lo siguiente: “a impugnar la sentenciacondenatoria”. Este derecho tiene respaldo en bloque constitucional al estartambién consagrado en el artículo 15 numeral 5 del pacto internacional dederechos civiles y políticos, asienta: 'Toda persona declarada culpable de undelito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le hayaimpuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por laley". Y el Art. 8, numeral 2, literal h) de la Convención americana sobrederechos humanos reafirma el "derecho de recurrir del fallo ante el juez otribunal superior”, los pactos de derechos humanos ratificados por Colombia,

como la Convención Interamericana o el Pacto de Derechos Civiles y Políticosde las Naciones Unidas, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad(CP art. 93), prevén el derecho a impugnar la sentencia en materia penal, perono establecen esa posibilidad en los otros campos del derecho, para los cuálesexigen únicamente que la persona sea oída, con las debidas garantías y dentrode un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente eimparcial, establecido con anterioridad por la ley artículo 8 de la ConvenciónInteramericana y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos. Aunque es de resaltar que la carta sólo establece el derecho aimpugnar la sentencia adversa en materia penal y en las acciones de tutela (CParts 28 y 86)La doble instancia tiene gran importancia en nuestro ordenamiento jurídico ytiene una relación estrecha con el derecho al debido proceso, como forma degarantizar la recta administración de justicia, Así en la sentencia C-153 de1995, se señaló que "el recurso de apelación hace parte de la garantía generaly universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o estánlegitimados para intervenir en la causa para obtener la tutela de un interésjurídico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija losdefectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia en quehubiere podido incurrir el a-quo."No es obligatorio que todos los procesos judiciales sean de doble instancia.La consagración de la doble instancia tiene un vínculo estrecho con el debidoproceso y el derecho de defensa, ya que busca la protección de los derechosde quienes acuden al aparato estatal en busca de justicia. Sin embargo, laposibilidad de apelar una sentencia desfavorable no hace parte del contenidoesencial del debido proceso ni del derecho de defensa en todos los campos,pues la propia Constitución, en su artículo 31, establece que el legislador podráconsagrar excepciones al principio general, según el cual toda sentencia esapelable o consultable.El principio de la doble instancia no reviste un carácter absoluto, ya que nohace parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso, ya que laprocedencia de la apelación puede ser determinada por el legislador deacuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el montodel agravio referido a la respectiva parteEl hecho de que la doble instancia sólo haga parte del contenido esencial deldebido proceso en las acciones de tutela y en materia penal, no significa que laley pueda establecer excepciones a la doble instancia en cualquier tipo deproceso, por las siguientes tres razones: Iniciando por una parte en la cual, elprincipio general establecido por el artículo 31 superior es que todos losprocesos judiciales son de doble instancia. Por lo tanto, como los procesos deúnica instancia son una excepción a ese principio constitucional, es obvio quedebe existir algún elemento que justifique esa limitación. Otra interpretaciónconduciría a convertir la regla de doble instancia en excepción, tornarla deúnica instancia. Aunque el legislador puede establecer excepciones a la dobleinstancia y tiene una amplia libertad de creación de la ley para establecer los

distintos procesos y recursos, sin embargo es claro que debe garantizar entodos los casos el derecho de defensa y la plenitud de las formas de cadajuicio. Por tales razones, al consagrar un proceso de única instancia, ellegislador debe establecer suficientes oportunidades de litigio, que aseguren unadecuado derecho de defensa, según la naturaleza del caso en controversia.En la acción de tutela, las partes involucradas en el trámite tienen el derecho aimpugnar, estando este derecho reconocido por la misma Carta Política, y aacceder, de ese modo, a la segunda instancia, sin que para tal efecto les seaexigido exponer, con absoluta precisión conceptual técnico-jurídica, los motivosde disconformidad con el fallo de primera instancia. Cuando la impugnación secondiciona a la satisfacción de este requisito, ajeno a la naturaleza y a lasfinalidades de la acción de tutela, se quebranta el debido proceso y,adicionalmente, se desconoce el derecho fundamental a acceder a laadministración de justicia.PERMISIBILIDAD Y FAVORABILIDAD DE LALEY PENALPor: Alexandra M. Ruda R.El principio de favorabilidad de la ley penal se desarrolla en Colombia a partirdel siglo XIX siendo esta la consecuencia que se genero tras la búsqueda deuna dignidad humana y de unos derechos fundamentales bien establecidospara que así pudiesen ser respetados por las personas que se encontrabanejerciendo una monarquía, por ello se dice que esta técnica o modalidad surgiógracias a la revolución francesa.El principio de favorabilidad empezó a regir en el Art. 26 de la constituciónpolítica de 1886 que decía así: “En materia criminal, la ley permisiva ofavorable, aun cuando sea posterior, se aplicara de preferencia a la restrictiva odesfavorable” 107 pero este articulo no era aplicable si se trataba de una leyprocesal o de procedimiento, (por ello se citaban los Arts 40 y 44 de la ley 153de 1887), a diferencia de cómo si era aplicable a la ley sustancial107 CAMARGO Pedro Pablo. El debido Proceso. Editorial Leyer. Segunda edición. BogotáD.C. 2002 Cap. XI Pág. 241

Por ello la Ley 153 de 1887 en su Art. 44 manifiesta “En materia penal la leyfavorable ó permisiva prefiere en los juicios á la odiosa ó restrictiva, aúncuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito. Esta reglafavorece á los reos condenados que estén sufriendo su condena”. En su Art. 40expresaba “Las leyes concernientes á la sustanciación y ritualidad de los juiciosprevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar áregir. Pero los términos que hubieren empezado á correr, y las actuaciones ydiligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempode su iniciación” y por ultimo esta misma ley en su Art. 43 agrega que “La leypreexistente prefiere á la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá serjuzgado ó penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho queda lugar al juicio. Esta regla solo se refiere á las leyes que definen y castiganlos delitos, pero no á aquellas que establecen los tribunales y determinan elprocedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al Art. 40.”En mi opinión esta ley es una de aquellas de las garantías que le otorga eldebido proceso a las personas para que en concordancia en lo suscitado en laley se le sean aplicados beneficios favorables que le permitan evitar lavulneración de sus derechos y de su integridad como ser humano.De igual forma hoy por hoy el constituyente se limito a transcribir este mismoArt. 26 de la constitución de 1886 en nuestra constitución actual, plasmándoseentonces en el Art. 29 en su inciso tercero así “ En materia penal, la leypermisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicara de preferencia a larestrictiva o desfavorable”. También se encuentra en el código penal en su Art.6 referido legalidad, en su inciso segundo tal cual como lo expresa la cartaaunque aumenta un pequeño fragmento que dice: “Ello también rige para loscondenados”, en el código de procedimiento penal se encuentra en su art 10.Al igual que se plasma en la ley 600 de 2.000 y en la ley 906 de 2.004afirmando: “La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, auncuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva odesfavorable”, normas que ostentan la condición de rectoras y que por tal razónprevalecen “sobre cualquier otra disposición” de los mencionados estatutos, ala vez que prestan utilidad como “fundamento de interpretación”, deconformidad con lo establecido en los artículos 24 de la ley 600 de 2.000 (elcual trata: Prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecensobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas comofundamento de interpretación) y 26 de la ley 906 de 2.004 (que dice:Prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquierotra disposición de este código. Serán utilizadas como fundamento deinterpretación)La ley aquí no se esta convirtiendo en retroactiva de forma neta, sino que seaplica cuando dicha ley anterior le favorece mas al implicado en la comisión deun delito.En el Proceso Nº 23567 de la corte suprema de Justicia. Sala de casaciónPenal, con magistrada ponente Marina Pulido de Barón, y aprobado por el ActaNº 034 en Bogotá D.C a la fecha del 4 de mayo del año 2005, expresa deforma clara el principio de favorabilidad así: “Si bien por regla general la ley

penal rige para las conductas cometidas durante su vigencia, en virtud delprincipio de favorabilidad es posible excepcionar tal postulado mediante suaplicación retroactiva o ultractiva. En el primer caso, la ley es aplicada a hechosocurridos antes de que entrara a regir, mientras que en el segundo, suaplicación va más allá de su vigencia en el tiempo y, por regla general, seocupa de sucesos acaecidos cuando aún regía, siempre que ello reportetratamiento benéfico a la situación del sujeto pasivo de la acción penal. Laaplicación de la ley penal permisiva o favorable supone, como lo tienereconocido la jurisprudencia penal y constitucional, sucesión de leyes en eltiempo con identidad en el objeto de regulación, pero también tiene lugar frentea la coexistencia de legislaciones que se ocupan de regular el mismo supuestode hecho.” 108La Suprema corte de Justicia lo ha dicho. Así, por ejemplo, el 10 de diciembrede 1981, expresó que “Toda decisión judicial en punto a la favorabilidadsupone, pues, la existencia de dos leyes, al menos: una vigente cuando elhecho ocurrió y otra en vigor cuando el juez debe decidir sobre él”La Corte Constitucional, por su parte, mediante sentencia C-207 de 2003, alrespecto precisó: “Y ya esta Corporación ha señalado cómo el principio defavorabilidad no puede tener un carácter relativo, sino que por el contrario, sucontenido es absoluto, es decir, no admite restricciones en su aplicabilidad,como elemento fundamental del debido proceso, aspecto en relación con elcual la Corte ha señalado que el debido proceso es un derecho de estructuracompleja que se compone de un conjunto de reglas y principios que,articulados, garantizan que la acción punitiva del Estado no resulte arbitraria”Esto permite pensar y asimilar que la postura del ente judicial siempre tiene ytendrá como visión la prevalencia de los intereses de los ciudadanos de lanación buscando herramientas como lo seria el principio de favorabilidad parano sobrepasar ni atropellar los derechos de las personas que buscan obtenerla condición mas beneficiosa del caso que se les atribuye. Aunque lo mismoocurre cuando hay dos normas en discordia o que podrían ser ambas de validaaplicación, pero se debe analizar cual de esas dos normas entraría en lacondición más favorable del implicado.A su vez la aplicación del principio de favorabilidad por parte de los Jueces deEjecución de Penas y Medidas de Seguridad, facultad consagrada en el Art.79-7 del Código de Procedimiento penal de 2000 y en el 38-7 del Código deProcedimiento penal de 2004, en los siguientes términos: “Conocen de laaplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posteriorhubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción dela acción penal”. 109108http://www.google.com/search?q=cache:civNVqnWjwYJ:www.pfyaj.com/checchi/biblioteca/x04-0109http://:www.pfyaj.com/checchi/biblioteca/Favorabilidad_libertad_provisionalMayo_4.doc

También cabe mencionar que este principio también se encuentra regido comouna norma Jus cogens del derecho internacional, el cual esta siendo protegidoo amparado en el Art. 15 del pacto internacional de derechos civiles y políticosaquel que dispone: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en elmomento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional ointernacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en elmomento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delitola ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente sebeneficiará de ello”A su vez considero que este principio de favorabilidad radica en buscaralternativas que medien el proceso de la forma mas debida y correcta,respetando y siguiendo las pautas que a su vez el art 29 de la constituciónpolítica nos enseña para no dañar la finalidad de la ley o el hecho de cometeratropellos que puedan perjudicar mas adelante la credibilidad de las leyes y delas personas encargadas de realizarlas, para crear un denominado debidoproceso impartiendo justicia, equidad y confiabilidad en un proceso puro, paraquienes son participes de este.PRIMACIA DE LOS DERECHOS INALIENABLESPor: Laura Osorio Duque.La preservación del orden no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograrla efectividad de los derechos, uno de los fines supremos del Estado, según elartículo 20 de la Constitución. En el fondo, el cambio más significativo es elreconocimiento de que los derechos no son declaraciones filosóficas sinopoderes reales en cabeza del individuo.Declaración Universal de los Derechos humanosPreámbuloConsiderando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base elreconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales einalienables de todos los miembros de la familia humana……Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunalesnacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechosfundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.”Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, aser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen decualquier acusación contra ella en materia penal.”Para dar un ejemplo, con particular interés se puede leer a Robinsón Crusoe y“Viernes”, náufragos en una isla perdida. Un paraíso. Ambos podían hacer ydisponer lo que se les ocurriese. Todo para sobrevivir en abundancia ygratuitamente, de un uso ilimitado. Cada quién era dueño de los suyo. Noexistía el conflicto social, derivado de la presente o futura provisión de losbienes requeridos por cada uno. Sólo cuando adviene la “escasez” de algunode los bienes demandados es que se produce el “enfrentamiento”, De laescasez, deriva la negociación y, por tanto, la determinación del “precio”,tasados por ambos en el “valor” que cada uno le da lo suyo para intercambiarlopacíficamente. Es decir, los “bienes escasos” se convierten en “económicos”.Esto, en tanto en cuanto, “Viernes” sea un humano y no un gorila, un caníbal yun monstruo. Ahí no habría negocio ni trato. Lo que no es un problema técniconi económico sino ético, es decir de sobre vivencia.“El hombre tiene ciertos derechos naturales a los cuales no puede renunciarporque de ellos depende su supervivencia”. Son “los derechos inalienables delhombre a su vida, su libertad y su propiedad”, iniciando así lo que se conocecomo la “sociedad civil”. Thomas Hobbes, fue quien acuñó la gigante yhermosa frase que es el soporte de los derechos humanos y del derechoconstitucional.Porque esos “derechos inalienables”, derivados de un “contrato social” con suscongéneres, permiten su supervivencia dentro del Estado. Su defensa debe serinclaudicable. No puede cederlos y por ellos debe luchar, sin desmayo. 110Así pues, en la sociedad actual se han tenido varias reclamaciones para con elEstado, en cuanto al cumplimiento de los derechos inalienables, como sepuede extraer de la Sentencia C-309/97 – Primacía de los derechosinalienables de la persona:»Esta Corte considera que armoniza mejor con los valores constitucionalesdenominar estas políticas como medidas de protección de los intereses de lapropia persona, o de manera más abreviada, medidas de protección, ya que envirtud de ellas, el Estado, respetando la autonomía de las personas, buscarealizar los fines de protección que la propia Carta le señala.110 Rómulo López Sabando. El Expreso de Guayaquil. Centro para la prosperidad Global – El institutoIndependiente.

Estas medidas de protección, algunas de las cuáles tienen expresoreconocimiento constitucional, son constitucionalmente legítimas en un Estadofundado en la dignidad humana, ya que en el fondo buscan proteger también lapropia autonomía del individuo.«La Constitución no sólo protege la vida como un derecho (CP art. 11) sino queademás la incorpora como un valor del ordenamiento, que implicacompetencias de intervención, e incluso deberes, para el Estado y para losparticulares. Así, el Preámbulo señala que una de las finalidades de laAsamblea Constitucional fue la de "fortalecer la unidad de la Nación y asegurara sus integrantes la vida".Por su parte el artículo 2º establece que las autoridades están instituidas paraproteger a las personas en su vida y asegurar el cumplimiento de los deberessociales del Estado y de los particulares. Igualmente el artículo 95 ordinal 2consagra como uno de los deberes de la persona actuar humanitariamenteante situaciones que pongan en peligro la vida de sus semejantes.El inciso último del artículo 49 establece implícitamente un deber para todos loshabitantes de Colombia de conservar al máximo su vida. En efecto, esa normadice que toda persona debe cuidar integralmente su salud, lo cual implica afortiori que es su obligación cuidar de su vida. Esas normas superioresmuestran que la Carta no es neutra frente al valor vida sino que es unordenamiento claramente en favor de él, opción política que tieneimplicaciones, ya que comporta efectivamente un deber del Estado de protegerla vida. 111La Concurrencia de Derechos Humanos en uno de los capítulos menosresueltos por la ciencia jurídica es justamente el de la prevalencia entre dosderechos. Salvo algunas expresiones de primacía de un derecho sobre otro,por ejemplo, la establecida en el artículo 5o. de la Carta que beneficia losderechos inalienables de la persona, en el derecho positivo, no existesuficiente previsión para dilucidar la supresión de un derecho amparado, enbeneficio de otro, principalmente cuando son de igual o similar naturaleza, enlos casos de concurrencia competitiva o complementaria de los distintosderechos, de modo que se presenta un amplio campo en esta temática para lainterpretación jurisprudencial, con la limitante para el asunto, de que éstaencuentra su alcance reducido al caso concreto de que se ocupa. 112Para concluir, salvo algunas expresiones de primacía de un derecho sobre otro,por ejemplo, la establecida en el artículo 5o. de la Carta que beneficia losderechos inalienables de la persona, en el derecho positivo, no existesuficiente previsión para dilucidar la supresión de un derecho amparado, enbeneficio de otro, principalmente cuando son de igual o similar naturaleza, enlos casos de concurrencia competitiva o complementaria de los distintosderechos, de modo que se presenta un amplio campo en esta temática para la111 Sentencia C-239/97.CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz.112 Sentencia no. T-598/92 –CORTE COSTITUCIONAL. Magistrado Ponente Fabio Muron Días

interpretación jurisprudencial, con la limitante para el asunto, de que éstaencuentra su alcance reducido al caso concreto de que se ocupa.PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESALPor: Carolina Bertieri ArcilaA continuación se pretende explicar el principio de celeridad del proceso desdediferentes perspectivas y como se ha venido desarrollando este principio en losdiferentes E sobre derechos humanos. El principio de celeridad procesal es degran importancia dentro del derecho al debido proceso ya que en base a esteprincipio se pretende evitar alargar el proceso y hacerlo menos traumático paralas parte, el juez y el aparato judicial en general.PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL DESDE LA DOCTRINA.En el campo de la doctrina es complejo el estudio de la celeridad procesal encuanto la mayoría de los tratadistas convergen en puntos similares, yestablecen este principio no como uno individual sino la complementación deotros. Así por ejemplo azula Camacho nos da la siguiente definición:“El principio de Celeridad consiste en que el proceso se concrete a las etapasesenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por lanorma. En observancia de este principio se descartan los plazos o términos

adicionales a una determinada etapa, esto es, los que se surten comocomplemento del principal y las prórrogas o ampliaciones. También implica quelos actos se surten en la forma más sencilla posible, para evitar dilacionesinnecesarias.” 113Seguido a este se encuentra Deveis Echandia el cual se refiere a que principiode celeridad procesal se encuentra enmarcado dentro del principio de laeconomía procesal el cual se refiere a que se debe tratar de obtener el mayorresultado con el mínimo de empleo de actividad procesal. 114 . También puedereferirse o analizarse la celeridad procesal dentro del principio de concentracióndel proceso el cual tiende a que el proceso se realice en el menor tiempoposible y con la mejor unidad. 115Tenemos también que el principio de la celeridad significa “ que laadministración de justicia debe ser pronta y cumplida, que los términosprocesales sean perentorios y de estricto cumplimiento por parte de losfuncionarios judiciales. En este marco, el derecho fundamental de acceder a laadministración de justicia implica necesariamente que el juez resuelva de formaimparcial, efectiva y prudente las diversas situaciones que las personassometen a su cumplimiento para lo anterior es requisito indispensable que eljuez propugne la vigencia del principio de seguridad jurídica, es decir, queasuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos ael sometidos dentro de los plazos que define el legislador por ello, es parteintegrante del derecho del debido proceso y de acceder a la administración dejusticia el derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sinretrasos impedidos.” 116Vemos entonces la importancia de la labor de juez, en cuanto debe estar regidopor los plazos dispuestos por el legislador para el desarrollo del proceso, y esel quien en desarrollo del proceso el que hace efectivo y real el principio deceleridad procesal, viéndose investigado al no realizar y acatar los plazos, yaque ello puede perjudicar a las partes en el proceso, creando tambiéninseguridad en la administración de justicia.PRINCIPIO DE CELERDAD PROCESAL DESDE LA JURISPRUDENCIAEn la jurisprudencia por ejemplo se complementa el principio de celeridadprocesal con otros, tales como el debido proceso sin dilaciones injustificadas.Así en sentencia C 699/00 se enuncia:“El derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas implica unequilibrio razonable entre el principio de celeridad y el derecho de defensa. Laley debe buscar entonces armonizar el principio de celeridad, que tiende a que113 AZULA CAMACHO .Manual De Derecho Procesal. Tomo 1 séptima edición, editorialTemis, Pág. 75114 DEVIS HECHANDIA HERNANDO. Compendio de derecho procesal, teoría general delproceso. Tomo 1 decimoquinta edición, editorial ABC. Pág. 48115 Ídem. Pág. 49116 RIVERA MARTINEZ ALFONSO. Manual teórico practico del derecho procesal civil.Editorial Leyer. Pág. 25

el proceso se adelante en el menor lapso posible, y el derecho de defensaque, implica que la ley debe prever un tiempo mínimo para que el imputadopueda comparecer al juicio y pueda preparar adecuadamente su defensa”. 117En otra oportunidad la corte se ha referido al principio de celeridad de lasiguiente manera:“Las dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirtúan laeficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que elartículo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justiciade las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factoresinherentes a la Administración de Justicia que exige cierto tiempo para elprocesamiento de las peticiones y que están vinculados con un sano criteriode seguridad jurídica, conjuntamente con otros de orden externo propios delmedio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivoDespacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, porapartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan elcorrelativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sinretrasos indebidos”. 118Es esencial la aplicación del principio de celeridad en la administración dejusticia. Una dilación por una causa imputable al Estado no podría justificar unademora en un proceso penal. Todo lo anterior nos lleva a concluir que frente aldesarrollo del proceso penal, se deben aplicar las disposiciones sobre fijaciónde términos en desarrollo del principio de respeto a la dignidad de la persona,como límite a la actividad sancionadora del Estado. El caso sub-exámine esuna tutela contra una providencia judicial, que en principio tiene recursosjudiciales de defensa y por tanto podrían excluir la tutela, que es subsidiaria,según el artículo 86 de la Constitución Política. 119PRINCIPIO DE CLERIDAD ROCESAL DESDE LA LEGISLAIONEn nuestra legislación se establece el principio de celeridad procesal desde lamisma constitución política y se desarrolla en los diferentes códigos deprocedimiento y leyes del ordenamiento jurídico. Así las cosas enunciaremoslos diferentes artículos que tratan el principio de celeridad procesal a lo largodel sistema normativo:Articulo 228 constitución nacional: “la administración de justicia es funciónpublica. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán publicas ypermanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevaleceráel derecho sustancial. Los términos procesales se observaran con diligencia y117 Sentencia C-699/00. CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado ponente Alejandro MartinezCaballero.118 Sentencia T-006/92. CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado ponente. Jose GregórioHernandez.119 Sentencia T-450/93 CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado ponente. Alejandro MartinezCaballero.

su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado yautónomo. -Subrayado fuera de texto- 120Articulo 2º del código de procedimiento civil: “los procesos solo podrániniciarse por demanda de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los juecesdeben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquierdemora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya.- Subrayadofuera de texto- 121Articulo 3° del Código Contencioso Administrativo. Las actuacionesadministrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía,celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general,conforme a las normas de esta parte primera.En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas deprocedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientosse adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienesintervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que losestrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personalsino cuando la ley lo ordene en forma expresa.En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficiosode los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizaránformularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo hagaposible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerartodos los argumentos y pruebas de los interesados. 122Articulo 48 del Código Procesal de Trabajo: “el juez asumirá la dirección delproceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de losderechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez ensu tramite. -Subrayado fuera de texto 123Articulo 156 del Código de Procedimiento Penal: “las actuaciones sedesarrollaran con estricto cumplimiento de los términos procesales. Suinobservancia será sancionada. –Subrayado fuera de texto- 124LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 270 DE 1996:ARTICULO 4º CELERIDAD: la administración de justicia debe ser pronta ycumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimientopor parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala120 CONSTITUCIÓN NACIONAL121 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVL122 CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO123 CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO124 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

conducta, sin perjuicio de las sanciones penales que haya lugar. Lo mismo seaplicara respecto de los titulares de la función disciplinaria.LEY 1149 DE 2007: la cual en el artículo 7º modifica el artículo 48 delcódigo de procedimiento laboral. “el juez asumirá la dirección del procesoadoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechosfundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en sutramite.”La celeridad bien puede observarse como uno de los requerimientosprimordiales del debido proceso, pues tanto la sociedad como las personas queintervinientes en el proceso esperan de la Rama Judicial la definición oportunade sus peticiones para una convivencia pacífica, confiando en los jueces todasaquellas diferencias surgidas de las relaciones con las demás personas.El principio de celeridad debe conciliar, primero, la oportunidad de laadministración de justicia para conocer las peticiones formuladas, laprocedencia de la vía procesal escogida y la pertinencia de las pruebas parauna decisión justa y, segundo, el interés de las partes o de los sujetosprocesales, para que sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez.El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana deDerechos Humanos.El derecho al plazo razonable de duración de un proceso (artículo 8.1 dela Convención Americana)El artículo 8.1 de la Convención Americana señala que toda persona tienederecho a ser oída con las debidas garantías "dentro de un plazo razonable",derecho exigible en todo tipo de proceso.La referencia al plazo razonable también se encuentra prevista en el art. 7.5 dela Convención Americana, en relación a la libertad personal, en el cual seestablece que "toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funcionesjudiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a serpuesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.El derecho al plazo razonable de duración de un proceso tiene unaconnotación adicional en el ámbito penal, pues en caso de no cumplirse esaobligación, el inculpado detenido o retenido tiene derecho a que se decrete sulibertad. Ha sido precisamente a propósito de este tipo de procesos que laCorte ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema del plazo razonable.Para la Corte, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable "tiene comofinalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación yasegurar que ésta se decida prontamente"

Principio de la Preexistencia de la Ley PenalPor: Manuel Alejandro Bertieri A.Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, stricta et certa.El principio de Preexistencia de la ley penal en relación directa con el Principiode Legalidad son un pilar fundamental que marca la diferencia en el Estado deDerecho, en donde se establece que nadie podrá ser juzgado por ningunaconducta que no se encuentre antes tipificada en la ley.En la Constitución Política lo consagra este principio de la siguiente manera:Debido proceso, favorabilidad y derecho de defensaArt. 29.- (…)

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se leimputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de lasformas propias de cada juicio.125(…)Y este a su vez desarrollado por el Artículo 6º del Código Penal de la siguientemanera:Art. 6º.LegalidadNadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que sele imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitudde las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también seaplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. (…)126Vale la pena aclarar que “por ley preexistente debe entenderse aquella que hasido emitida material y formalmente por el congreso de la República y por elprocedimiento previsto en el capitulo III, DE las leyes, del titulo VI, De la ramalegislativa, de la Constitución Política” 127 (en el caso de Colombia)De esta manera tenemos que “el principio de la estricta y preexistente legalidadpunitiva es propio del constitucionalismo y pilar esencial de su doctrina, ycorresponde a los siguientes rasgos esenciales de normatividad:Toda norma de naturaleza punible, tanto delictiva, como contravencional,disciplinaria o correccional, debe ser de carácter y jerarquía constitucional olegal, o autorizada por la ley conforme a la constitución.Debe ser preexistente a la comisión del hecho prescrito como punible y estarvigente al momento en que se haya cometido.Debe ser expresa, cierta, clara, nítida, inequívoca, exhaustiva y de limitativa.No puede por lo tanto admitirse como valida cuando es implícita, incierta,ambigua, equivoca, extensiva o analógica, a no ser que respecto de esta125 Art. 29 ins 2º Constitución Política de Colombia126 Art. 6º ins 1º Código Penal Colombiano127 CAMARGO Pedro Pablo. El debido Proceso. Editorial Leyer. Segunda edición. BogotáD.C. 2002 Pág. 222

ultima característica su aplicación sea para favorecer y no para desfavorecer alsindicado o condenado.” 128De esta manera nos podemos dar cuenta que gracias a los procesos históricosy avances de las ciencias humanas cada vez se van logrado la adquisición devaliosas conquistas de derechos y garantías que propenden por la protecciónde la persona y su integridad en el completo sentido. Como lo dice la CorteConstitucional en la Sentencia 843/99:El principio de legalidad penal constituye una de las principales conquistas delconstitucionalismo, pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica delos ciudadanos, ya que les permite conocer previamente las conductasprohibidas y las penas aplicables. De esa manera, ese principio protege lalibertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad detodas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que lostratados de derechos humanos y nuestra Constitución lo incorporenexpresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conformea leyes preexistentes al acto que se le imputa (CP art. 29). 129Este importante principio tiene reconocimiento expreso tanto en la ConstituciónColombiana, como en leyes internas (Ley 599 del 2000 art. 6º) y en Tratados yConvenios Internacionales a saber:1. Declaración americana de los derechos y deberes del hombreDerecho a proceso regularArtículo XXVI: Se presume que todo acusado es inocente, hasta que sepruebe que es culpable.Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial ypública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos deacuerdo con leyes preexistentes 130 y a que no se le imponga penas crueles,infamantes o inusitadas2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosArtículo 14128 ARBOLEDA VALLEJO Mario - RUIZ SALAZAR José Armando, Principios orientadores dela actividad Penal, editorial Leyer, Bogotá D.C 2002. pág. 50.129 Sentencia 843/99. CORTE CONSTITUCIONAL.M.P. Alejandro Martínez Caballero130 Resaltado fuera de Texto

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidasgarantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación decarácter penal formulada contra ella o para la determinación de susderechos u obligaciones de carácter civil. 131 La prensa y el público podránser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral,orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando loexija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamentenecesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales delasunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero todasentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos enque el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusacionesreferentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.3. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOSGarantías JudicialesArtículo 8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías ydentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley 132 ,en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o parala determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,fiscal o de cualquier otro carácter.Principio de Legalidad y de RetroactividadArtículo 9.Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momentode cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampocose puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de lacomisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley disponela imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.3. Convención sobre los Derechos del Niño131 Resaltado fuera de Texto132 Resaltado fuera de Texto

Artículo 401. (…)2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de losinstrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni seacuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, poractos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales ointernacionales en el momento en que se cometieron;(…)De esta manera vemos como no solo internamente se vela por el cumplimientode esta garantía de carácter constitucional sino que además también hayconsenso en la comunidad internacional en protege y dar rango de fundamentala esta garantía y De lo que se trata en definitiva es de extremar la competenciareservada al legislador ordinario, en su carácter de único representante de lasoberanía popular en este punto (Constitución Política. Art 2, 29-2 y 150), parala definición de delitos y penas, bajo el ámbito de la constitución, a fin deregular con la mayor seguridad el ejercicio del poder punitivo y dispensar frentea el las demás garantías formales y materiales al ciudadano.IMPARCIALIDAD JUDICIALPor: Ana María González SuárezLa imparcialidad constituye una garantía necesaria, el juez debe ser imparcial.La autonomía judicial es la garantía principal de la imparcialidad del juicio, en lamedida en que el juez no se compromete con las partes o con cualquier otrofactor externo, justamente porque juzga por si mismo, sin intermediarios.Por un lado la garantía del juez o tribunal imparcial deriva tanto del Art. 14 delpacto internacional de los derechos civiles y políticos de las naciones unidas 133 ,como del Art. 24 de la convención americana de derechos humanos 134 . A suvez esta garantía no proviene sólo del Art. 13 de nuestra constitución queconsagra la igualdad de todos ante la ley, sino también del Art. 153 de la Ley270 de 1996, Estatutaria de la administración de justicia, que impone a losfuncionarios y empleados del poder judicial el deber de: "2. Desempeñar conhonorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidadlas funciones de su cargo".AL respecto la corte ha señalado:133 “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia”. Ver Anexos.134“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia tiene derecho sindiscriminación, a igual protección de la ley”. Ver Anexos.

“18- Una lectura aislada y literal del artículo 116 parecería indicar que la leypuede atribuir funciones judiciales a cualquier autoridad administrativa, puestoque esa disposición constitucional no establece que el funcionario a quien se leconfieran esas competencias jurisdiccionales deba reunir determinadosrequisitos. Sin embargo, una interpretación constitucional sistemática lleva a lainevitable conclusión de que para que un funcionario administrativo puedaejercer funciones jurisdiccionales debe contar con ciertos atributos deindependencia e imparcialidad. En efecto, la Carta es clara en señalar que lasdecisiones de la justicia son independientes (CP art. 228), mientras que lasnormas internacionales de derechos humanos, conforme a las cuales se debeninterpretar los derechos constitucionales (CP art. 93), indican que toda personatiene derecho a ser oída, por un juez o tribunal competente, independiente eimparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (art. 8.1 Convención Interamericanay art. 14-1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos). En tales condiciones, esnecesario armonizar la posibilidad que confiere el artículo 116 de la Carta deconferir funciones judiciales a las autoridades administrativas con los requisitosde imparcialidad, predeterminación e independencia que deben tener laspersonas que ejercen funciones jurisdiccionales. Una conclusión se impone: Laley puede conferir atribuciones judiciales a las autoridades administrativas, perosiempre y cuando los funcionarios que ejercen concretamente esascompetencias no sólo se encuentren previamente determinados en la ley sinoque gocen de la independencia e imparcialidad propia de quien ejercita unafunción judicial.” 135Ese Juicio que el juez hace por sí mismo, surge dentro de unos parámetrosdenominados “elementos de juicio” los cuales a pesar de su autonomía nopuede desconocer; estos elementos son el derecho (Constitución, ley, actosadministrativos, sentencias de constitucionalidad o inconstitucionalidad,sentencias de nulidad, jurisprudencia, costumbre, etc.) y la realidad (los hechosdebidamente probados en el proceso); el juez tampoco puede desconocerseasí mismo como sujeto que juzga, no puede ignorar el derecho, pasar por altolos hechos (o las pruebas) y dejar de ser quien es al momento de juzgar.Su calidad de hombre le exige al juez no actuar en contra de su conciencia, nopasar por alto todas aquellas circunstancias fácticas en las que se originan lasconductas que juzga y, en tanto hombre de ciencia, el juez no puede olvidar lasconsagraciones que el derecho establece para el juzgamiento de esasconductas. Es así como el juez no puede sucumbir ante la tentación de juzgar apartir de sus simpatías o sus odios, o de sus deseos de beneficiar a las partesmovido por el miedo (amenaza) o el ánimo de "provecho" personal (soborno,coima, etc.), o de su debilidad ante las presiones de su entorno (familia,superiores, grupo social, opinión pública). El juez debe ser el hacedor de susdecisiones, y, por tanto, el responsable de ellas. La autonomía permite queesto ocurra en forma imparcial. Los límites de la autonomía (la propiaconciencia, el derecho y la realidad) posibilitan que la decisión seadirectamente imputable a la persona de su autor, jurídicamente adecuada ytácticamente veraz.135 Sentencia C-1641 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Pero la imparcialidad del juez no significa la indiferencia o neutralidadabsolutas. El juez no permanece imperturbable en su labor, ciego, sordo omudo, él es sujeto activo de la controversia, está inmerso en la vida, y lo estáde manera radical: como "administrador" de justicia. De ahí que se encuentrecomprometido con los valores esos valores que reconoce en su propiaconducta, en las conductas que juzga y en las conductas que le sirven como"elementos de juicio" (la conducta mentada anticipadamente (norma), laconducta vivida realmente (hecho), y frente a las cuales asume una posición;los valores lo “humanizan”, no lo hacen imperturbable en su indiferencia, sinoque por el contrario le permiten jugar su rol viviendo y experimentando elproceso no desde la barrera como un espectador, sino en el campo de juegocomo una parte activa de éste.MARCO NORMATIVO DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIALCONSAGRADO EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES1. Declaración Universal de Derechos HumanosArtículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, aseroída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, parala determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquieracusación contra ella en materia penal.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Todapersona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantíaspor un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contraella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juiciospor consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en unasociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de laspartes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuandopor circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a losintereses de la justicia;Pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto enlos casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en lasacusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos

(Convención Americana)Artículo 8. Garantías judiciales1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentrode un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente eimparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación decualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de susderechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otrocarácter.INSTRUMENTOS NORMATIVOS COMPLEMENTARIOSLos Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura, aprobadosen la Asamblea General de las Naciones Unidas en1985, constituyen un aportevalioso para la interpretación del concepto del derecho a ser oído por untribunal competente, independiente e imparcial 136 .De particular importancia son los cuatro primeros principios, que merecen sertranscritos:1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado yproclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las institucionesgubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de lajudicatura.2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad,basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricciónalguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisionesindebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquiermotivo.3. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial ytendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sidosometida está dentro de la competencia que le haya atribuido a ley.4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el procesojudicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales.Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la136 Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito ytratamiento del delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, yaprobados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y40/146 del 13 de diciembrede 1985.

mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuadapor las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley.Los principios también reconocen el principio de inamovilidad de los jueces, yestablecen salvaguardias relativas a medidas y procedimientos disciplinarios.Se han adoptado posteriormente dos instrumentos complementarios, losPrincipios básicos sobre la función de los abogados y las directrices sobre lafunción de los fiscales.Como se observa entonces, la imparcialidad del juez y del tribunal, además deser una exigencia de la Constitución, la ley y los pactos internacionales dederechos humanos, es también un atributo y un deber de quien detenta lamisión de impartir justicia.DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓNPor: Ana María González SuárezEl artículo 33 de nuestra constitución política preceptúa “Nadie podrá serobligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañeropermanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundode afinidad o primero civil” 137 , es así como el uso de la fuerza en lasconfesiones y declaraciones para condenar a los acusados no sólo no seconcibe dentro de la ejecución de un proceso basado en parámetros devaloración jurídica de la justicia y la dignidad humana en un Estado social dederecho que ha de propender por asegurar para sus ciudadanos por laprotección y realización efectiva de ese mínimo de garantías en las quefundamenta su democracia sustancial , sino también dentro de los diferentesinstrumentos internacionales que consagran esta garantía.Así, La convención americana sobre derechos humanos en su artículo 8ºinciso segundo, literal g señala “2. Toda persona inculpada de un delito tienederecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmentesu culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plenaigualdad, a las siguientes garantías mínimas: g. Derecho a no ser obligado adeclarar contra sí mismo ni a declararse culpable” 138Por su parte El Pacto internacional de derechos civiles y políticos consagraen su artículo 14 inciso 3, literal g “. Durante el proceso, toda persona acusada137 Constitución política de Colombia artículo 33.138 Convención Americana sobre derechos humanos. Artículo 8.

de un delito tendrá, en plena igualdad, las siguientes garantías mínimas: g) Ano ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable” 139Mientras que El Comité de derechos humanos, y a manera de ejemplo en elcaso Ne 52/1979 (López Burgos v. Uruguay), se ha pronunciado al respectoconcluyendo que "el Estado parte no ha refutado las alegaciones de la autorade que el Sr. López Burgos fue obligado a firmar una declaración falsa contra simismo y de que ese testimonio fue usado contra él durante el juicio" 140 .En lo que a la jurisprudencia corresponde la Corte se ha pronunciado enmúltiples ocasiones respecto de este derecho; en sentencia C- 102 de 2005ha señalado “PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION-No se limita aasuntos penales, correccionales o de policía.Este privilegio constituye una de las garantías civiles más importantes en elproceso penal, que está directamente relacionado con la prohibición de latortura. El origen inmediato de estas prohibiciones se remonta a la respuestaque tuvo el mundo liberal frente a las prácticas inquisitoriales del Tribunal de laSanta Inquisición, que estuvo presente en varios lugares del mundo. En losprocesos que realizaba el Tribunal, como se recuerda, se consideraba que elmismo tenía por función investigar acusados, extraer la confesión y “salvar elalma”. De allí que la confesión fuera la prueba reina – probatio probatissima-, ypara lograrla, los jueces debían procurar del encartado su confesión, utilizandocualquier medio : tormentos, amenazas, dádivas, todo con el fin de ahorrarle alfuncionario la obligación de probar los cargos, pues con la confesión erasuficiente. Aunado a las circunstancias de que se trataba de procesos oscurosy secretos, en los que los jueces no le informaban al acusado los motivos de ladetención y, sin embargo, se les obligaba a contestar preguntas que no sólo losautoincriminaba, sino que podían constituir indicios para otras acusacionesdistintas a las que originaron su detención e iniciar de esta forma otro procesoigualmente oscuro y secreto.Contra estas prácticas, hoy en día el derecho contra la tortura – art. 12 de laConstitución, y la prohibición de la autoincriminación – art. 33 ibídem, songarantías esenciales a favor del inculpado. Estas garantías no admiten matices,ni modulaciones, ni salvedades, pues están directamente relacionadas convalores y principios tan importantes como la vida, la dignidad de la persona,asuntos que son de la esencia de la Constitución colombiana. Además, laprohibición de la autoincriminación y de la tortura está consagrada comoderechos fundamentales de aplicación inmediata (art. 85 de la Carta)” 141Cabe señalar que a lo largo de estos once años, la Corte ha hechoprecisiones, dentro del concepto que se ha denominado “derecho viviente”-sentencia C-557 de 2001-, precisiones encaminadas a resaltar que laaplicación del artículo 33 constitucional puede proyectarse en todos los ámbitosde actuación de las personas, siempre y cuando se esté frente a una posible139 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Art. 14.140 CDH Informe de 1981 . También caso Ns 73/1980. Ver Anexo141 Sentencia C-102 de 2005. Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra.

autoincriminación. En estas circunstancias le corresponde al funcionario judicialo administrativo adoptar las previsiones pertinentes para garantizar el artículo33 de la Carta.“La Corte se referirá brevemente a la jurisprudencia sobre el artículo 33 de laCarta; al proceso, en general, sus presupuestos y etapas, y a las facultades deljuez; los conceptos confesión, indicio, presunción, en los procesos civiles ylaborales y su valoración por el juez; y, de acuerdo con los parámetros que seexpondrán, se analizarán las disposiciones acusadas frente a la acusación devulneración de la garantía constitucional.Breve descripción del contenido de la jurisprudencia constitucional enrelación con la garantía de la prohibición de la autoincriminaciónconsagrada en el artículo 33 de la Carta.En primer lugar, se encuentra la sentencia 129 del 17 de octubre de 1991, dela Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, actuando como juezconstitucional de la Carta de 1991, en la que examinó una disposición delCódigo de Procedimiento Civil, y determinó que la garantía constitucional sólorige en asuntos criminales, correccionales y de policía. Para llegar a estaconclusión, quien era juez constitucional en ese momento, examinó losantecedentes que determinaron la adopción del actual artículo 33, las GacetasConstitucionales que hasta la fecha de esa providencia se habían publicado,las intervenciones de los miembros de las comisiones. De este estudio, la CorteSuprema de Justicia concluyó que “Las publicaciones reseñadas no le permitena la Corte concluir que hubiese en el constituyente el ánimo de modificar eltexto del antiguo artículo 25 y dejar abierta la posibilidad de aplicar laprohibición de declarar a asuntos distintos.” Agrega que a esta conclusióntambién se llega si, no obstante cuando se allegue la totalidad de las Gacetas,apareciere que la intención positiva hubiese sido la intención de eliminar lamención de los procesos penales, correccionales y de policía, esta única razónno sería suficiente para variar este entendimiento, pues el artículo 33 “no puedehacerse tomando aisladamente uno solo de sus textos; ya que el genuinosentido de los mandatos constitucionales solamente resulta de unainterpretación sistemática de todo su articulado de manera tal que no resultenjamás antinomias que destruyan la lógica y la coherencia interna que como“norma de normas” forzosamente debe tener la Constitución Política.” Dentrode las disposiciones constitucionales que indican el mencionado entendimientorestringido, la providencia señala el artículo 13 de la Carta. Explica que “encaso de un litigio que enfrentara a dos personas, una de las cuales no fuese unser humano, resultaría roto el principio de igualdad al serle posible a una deellas el valerse de la declaración de su contra parte contra sí misma mientrasque a la otra tal proceder le está vedado.” 142Una vez entró en funciones la Corte Constitucional, esta Corporación examinóla prohibición de la autoincriminación y el deber del ciudadano de colaborar con142 IBIDEM.

la administración de justicia, en la sentencia C-052 de 1993. Encontróexequibles disposiciones penales en cuanto a los beneficios a testigos para noser acusados en relación con los hechos sobre los que rindieron declaración.Posteriormente, la Corte analizó la garantía en lo concerniente a la excusa deun ciudadano de comparecer ante la Comisión de Investigación y Acusación dela Cámara de Representantes, quien alegaba que esta comparecenciavulneraba el artículo 33 de la Carta. La Corte, en auto No. E-004 de 1995, noaceptó la excusa, pero hizo la salvedad de que al ciudadano debenrespetársele las garantías constitucionales.En la sentencia C-403 de 1997, la Corte señaló que “no se viola el principio delartículo 33 de la Carta, cuando el funcionario judicial competente ordena lacaptura del imputado que se niega a rendir indagatoria, pues, lo que pretendeel artículo 33 de la Carta Política “es proscribir toda actuación de lasautoridades que pretenda la confesión involuntaria de quien es parte en unproceso. Ello, por supuesto, no afecta ni se contrapone a la obligaciónconstitucional que tienen los ciudadanos de colaborar con la administración dejusticia, ni al deber constitucional que tiene el funcionario judicial de comunicaral imputado, por todos los medios legales posibles, la existencia de unainvestigación penal en su contra.” 143La sentencia C-1287 de 2001, la Corte reiteró nuevamente la interpretaciónrestringida a asuntos penales, correccionales y de policía del artículo 33 de laCarta. Señaló lo siguiente:“Ahora bien, a pesar de que la redacción el artículo 33 de la Carta pareciera dara entender que la garantía que contiene resulta aplicable a cualquier tipo dedeclaraciones en juicio, la jurisprudencia de esta Corporación, con fundamentoen la interpretación histórica de la norma, y en otros argumentoscomplementarios, ha precisado que su alcance se restringe a las declaracionesque deben producirse en asuntos penales, correccionales y de policía. Enefecto, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 202 y 203 del Decreto1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil), referentes al interrogatorio ycareo de las partes por decreto oficioso del juez y al interrogatorio a instanciade parte, respectivamente, dentro del proceso civil, la Corte, en la Sentencia C-426 de 199M.P Jorge Arango Mejía, descartó el cargo de inconstitucionalidadesgrimido en contra de dichas normas por desconocimiento del artículo 33 dela Constitución, considerando que esta disposición superior no resultabaaplicable a tal procedimiento.” 144Finalmente en sentencia C-422 de 2002, la Corte hizo algunas precisionessobre el alcance del principio de la no autoincriminación. Explicó que estagarantía cabe en todos los ámbitos de la actuación de las personas y puedeproyectarse en los más variados ámbitos de la interrelación de las personas. Esdecir, que el ciudadano puede abstenerse de suministrar a las autoridadescompetentes, información que lo incrimine.143 sentencia C-403 de 1997, MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.144 sentencia C-1287 de 2001, MP, doctor Marco Gerardo Monroy Cabra

Este pronunciamiento se realizó con ocasión del examen del artículo 31 delDecreto 522 de 1971, que establece como contravención especial que afecta lafe pública, la siguiente conducta : “El que requerido por funcionario o empleadopúblico en ejercicio de sus funciones, declare falsamente o rehúse dar datossobre la identidad, estado u otras generalidades de la ley acerca de su propiapersona o de otra conocida incurrirá en multa de cien a quinientos pesos.” 145La Corte declaró exequible esta disposición con la siguiente salvedad : “en elentendido que dicha norma se refiere a los requerimientos de informaciónhechos por las autoridades administrativas en ejercicio de funcionesadministrativas y que el requerido podrá abstenerse de suministrar informaciónque lo autoincrimine.” 146 Expresó esta providencia lo siguiente :“Entonces, ante diversas disposiciones del ordenamiento que concretan eldeber constitucional de la persona y del ciudadano de colaborar con laadministración de justicia en la obligación de rendir declaración sobre loshechos objeto de investigación o de litigio, la jurisprudencia constitucional se hapronunciado destacando el valor de la prueba testimonial en el esclarecimientode la verdad, sin perjuicio del derecho del detenido, sindicado o procesado a noser obligado a incriminarse, como tampoco a declarar en contra de su cónyuge,compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,segundo de afinidad o primero civil.Ahora bien, debe la Corte llamar la atención acerca de que no obstante queen las decisiones que, entre otras muchas, se han relacionado surge comocriterio orientador de la proyección y alcance del artículo 33 de la Constituciónel relativo a la naturaleza de las actuaciones para señalar que la protección ala no auto incriminación “solo debe ser aplicada en los asuntos criminales,correccionales y de policía” es lo cierto que tal principio en los términostextuales mismos de la regla Constitucional reviste una amplitud mayor puesésta no restringe la vigencia del principio a determinados asuntover SentenciaC-776/01 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y por ello bien cabe su exigencia entodos los ámbitos de la actuación de las personaVer S.P.V. Eduardo CifuentesMuñoz Sentencia C-622/98 M.P. Fabio Morón Diaz. Ver igualmente laSentencia T-1031/01 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet..Así las cosas, considera la Corte que más que a la naturaleza específica delos asuntos de que se trate debe atenderse como criterio preponderante,definidor del ámbito de aplicación de la regla contenida en el artículo 33constitucional, el carácter relevante de la información en función de laprotección de la garantía de no autoincriminación, que se repite, puedeproyectarse en los más variados ámbitos de la interrelación de las personascon el Estado.”Sentencias C-600ª/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-955 M.P. MarcoGerardo Monroy Cabra. , la Corte no encuentra que ésta vulnere el texto145 sentencia C-422 de 2002, MP, doctor Alvaro Tafur Galvis146 IBIDEM.

constitucional y en consecuencia rechazará el cargo planteado en este sentidopor los demandantes.” 147PRUEBA OBTENIDA CON VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍASPor: Martha L. ArangoEn estas normas de superior jerarquía se reiteran como Valores imperativo yderechos fundamentales, la dig- Nidad humana, la prohibición de la pena demuerte, la prohibición de torturas, tratos o penas crueles inhumanas ydegradantes, la libertad, el derecho a la intimidad, a la libertad, la legalidad, lafavorabilidad, el derecho de defensa, la libertad provisional comoregla general y no como excepción, el derecho a la presunción de inocencia, elderecho a un debido proceso, la celeridad en las actuaciones, los plazos razonables,el derecho a un juicio público, el derecho a un juicio justo,a apelar lasdecisiones adversas y el beneficio de la duda probatoria, entre otros aspectos.Por eso a partir del sistema de derechos humanos, del concepto de dignidad dela persona humana, y la Constitución Política que, nos ubica como un EstadoSocial de Derecho, se establecen principios y valores que, definen, delimitan,dan contenido y estructura a las garantías procesales.Esa es la razón por la cual el derecho procesal no puede verse como unaestructura rígida, sino como una estructura en permanente movimiento quecambia y fluye desde el Sistema de Derechos Humanos y la ConstituciónPolítica hacía la Dignidad Humana. Tal afirmación en caja perfectamente con lamanifestada por Robert Alexy cuando hace referencia al «efecto radiador» queejerce la Constitución sobre el sistema legal 3, postura que, a su vez, confirma147 Op Cit.

la propuesta por Claus Roxin al indicar que el Derecho procesal penal es elsismógrafo de la Constitución del Estado 4 En nuestro sistema el «efectoradiador» de la Constitución es mayor en la medida que ésta se encuentra enBloque de Constitucionalidad 5 con los Tratados Internacionales que reconocenlos Derechos Humanos:Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968) 6 yConvención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Ley 16de 1972)7 , y por eso cuando de garantías procesales se trata se deben observar lasque corresponden a un Estado Social de Derecho como es el Colombiano,en armonía con las principios reconocidos en el sistema de DerechosHumanos, dirigidos, como lo señalábamos hacía la dignidad humana.Tomamos como base las palabras de Eduardo Ortiz cuando indica que laConstitución «es la condición más importante para que se realicen aquellasaspiraciones y valores supremos, la dignidad y la libertad dentro de la igualdadde los hombres», porque es precisamente a través de la Norma Superior y desus leyes en donde el Estado materializa el reconocimiento de estos derechostan anhelados por la humanidad. Así, debemos observar que, una constituciónpolítica legítima es una declaración de la voluntad popular soberana querecoge dos pilares fundamentales de toda sociedad políticamente organizada:a) una declaración de los derechos fundamentales que esa sociedad reconocecomo legítimos y b) una declaración de la forma de organización política quedesea8 Al respecto de lo dispuesto por el inciso final del artículo 29 de laConstitución, en cuanto a que es nula, de pleno derecho, la prueba obtenidacon violación del debido proceso, ha considerado la Corte Constitucional quese trata de un remedio constitucional para evitar que los derechos de quienesparticipan en actuaciones judiciales o administrativas, sean afectados por laadmisión de pruebas practicadas de manera contraria al debido proceso, cuyosrequisitos y condiciones, bajo los cuales pueden ser válidamente obtenidas, seencuentran regulados en la leyAhora bien, vale la pena preguntarnos cuál es el debido proceso que se debeobservar para que pueda predicarse que es nula o no una prueba, y enconsecuencia proceda su exclusión?Consideramos que en primer lugar se debe observar el concepto definido en elArt. 29 constitucional que establece:“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales yadministrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes alacto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de laplenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisivao favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictivao desfavorable.Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declaradojudicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a laasistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación yel juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; apresentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnarla sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

Y en segundo lugar debemos observar los principios que rigen la ConstituciónPolítica 10 con el conjunto de derechos que comprenden su primacía11 y los que se integran en el bloque de constitucionalidad que forma con losTratados Internacionales que reconocen los Derechos Humanos.Tales aspectos constitucionales no son otros que el derecho a la dignidadhumana 12, los fines del Estado y las obligaciones de las autoridades de laRepública 13, la primacía de los derechos inalienables de la persona 14, laresponsabilidad de los servidores públicos Ver sentencia SU-159 de 2002, M.P.Manuel José Cepeda Espinosa.10 PREÁMBULO: El Pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano,representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente,invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de laNación y asegurar as sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, lajusticia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marcojurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económicoy social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidadlatinoamericana (…).11 Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso deincompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, seaplicarán las disposiciones constitucionales.Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar laConstitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.12 Artículo 1.- Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en formade República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidadesterritoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de ladignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integrany en la prevalencia del interés general.13 Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promoverla prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechosy deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos enlas decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa ycultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener laintegridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un ordenjusto.Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas laspersonas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, ydemás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberessociales del Estado y de los particulares.14 Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de losderechos inalienables de la persona y ampara a la familia como instituciónbásica de la sociedad.11, el derecho a la vida 16, la prohibición de: la desaparición forzada, lastorturas, los tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes17, la igualdad ante la ley 18, el derecho a la intimidad 19, el derecho a lalibertad20, la prohibición de la autoincriminación 21, la prohibición de destierro,confiscación y prisión perpetúa 22, la prevalencia del derecho sustancial 23 y elacceso a la justicia24 De ésta manera se construye entonces el debido proceso. Sin embargo, ennuestro sentir y apoyados en la descripción del Art. 23 25 de la Ley 906 de

2004, que hace referencia a la prueba obtenida con violación de las garantíasfundamentales, y en recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional 26,consideramos, que existen dos fuentes jurídicas de exclusión, una referente ala prueba constitucional y otra a la prueba ilegal.En cuanto a la primera se debe hacer referencia a la 15 Artículo 6. Losparticulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir laConstitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa ypor omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.EL DEBIDO PROCESO Y LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN PENAL:CONCEPTO Y OBJETO.Se tiene que el debido proceso es un conjunto inacabado de factores quetienden hacia un objetivo común: Garantizar el ejercicio pleno de la justicia enel proceso penal. Tal conjunto inacabado está formado por ingredientes de muyvariada estirpe, que al tenor del artículo 29 de la Constitución comienzan con elpostulado de la legalidad, de contradicción, publicidad, lealtad procesal,juridicidad, transparencia, imparcialidad, celeridad, hasta la idea deinmaculación de la prueba obtenida en el proceso. Y es debido a estamultiplicidad de postulados que el debido proceso se manifiesta en dosgrandes facetas: por un lado, la forma: al propugnar por el respeto a las formaspropias de cada juicio, lo cual se refiere al trámite, al procedimiento y lasactuaciones que se desarrollan en sede jurisdiccional; y por otra parte, eldebido proceso también se refiere al contenido, que se relaciona con elconjunto de garantías que acompañan al encausado dentro del procedimiento.La cláusula de exclusión es un principio o mandato constitucional quecorresponde a un elemento esencial del debido Proceso, dispuesto a partir dela interpretación del parágrafo final del artículo 29, en virtud del cual se ordenaanular "de pleno derecho", excluir del acervo probatorio, y no tener en cuentalas pruebas ilícitas, que son aquellas recaudadas, aducidas o practicadas sin laobservancia de los requerimientos sustanciales o formales que le son propios,o con violación de los derechos fundamentales de las personas que intervienendentro del Proceso. Regla que igualmente se predica de las pruebas que sederivan de las ilícitas.Siguiendo fielmente el artículo señalado se tiene que las pruebas obtenidas conviolación de los derechos fundamentales resultan plenamente ineficaces, locual guarda plena armonía con un Estado social de derecho y un DerechoPenal Garantista. Así, el tema de la prueba ilícita se halla inmerso dentro deldebido proceso, siendo susceptible por consiguiente de la aplicación de lacláusula de exclusión, previsión constitucional que consiste en excluir delarsenal probatorio o en desconocerle valor probatorio a aquellos medios deprueba que al ser obtenidos, recolectados o practicados no se ajusten al debidoproceso bien sea en su esfera material o formal, lo cual corresponde a unaprueba ilícitaSe tiene entonces que la prueba ilícita es aquella que se opone al debidoproceso como dice el artículo 29 superior, entiendo por éste el conjunto defactores que se agrupan en el procedimiento, las garantías superiores del

destinatario de la norma los derechos fundamentales y las normas rectoras delCódigo de Procedimiento Penal, cuya fuerzasuperior es desarrollada por elartículo 23 de la nueva Ley Procedimental Penal.Ahora bien, a pesar de la existencia de la categórica norma de exclusión a nivelconstitucional (Artículo 29) y a nivel legal (Artículo 23 Ley 906 de 2004), laspruebas prohibidas tienen supuestos justificativos previstos dentro del artículo455 del nuevo código de Procedimiento Penal, eventos en los cuales se lesdeberá reconocer valor probatorio.Se tiene a partir de un análisisdel artículo 23 de la Ley 906 de 2004, que lanulidad de pleno derecho comprende a la prueba que se deriva de la ilícitacomo aquella que solo puede explicarse en razón de su existencia. Sinembargo, el artículo 455 de la Ley 906 de 2004 consagra las siguientesexcepciones a saber: "El vínculo atenuado, la fuente independiente y eldescubrimiento inevitable, lo cual significa que, no obstante la práctica ilegal delmedio de conocimiento, valen las eventuales derivaciones suyas siempre ycuando se estime razonablemente roto o debilitado el nexo entre el acto ilegal yel que de él se derive (relación de necesidad), o el producto obtenido deriva deun medio lícito concurrente, o en fin, el producto definitivamente habría de serconocido de esa o de otra cualquiera otra fuente (relación de eficacia)".Siguiendo este planteamiento, nuestro máximo Tribunal Constitucional ensentencias SU-159 de 2002 y C-805 de 2002, delimitó para el ámbito nacionalla Teoría de la exclusión de la prueba denominada "doctrina de los frutos delárbol envenenado", tesis que señala que toda prueba obtenida mediante elquebrantamiento de una norma fundamental aun cuando sea por efecto reflejoo derivado, será ilegítima igual que la prueba ilegal que la originó, de talmanera, que la prueba ilícita inicial no solo afecta a si misma, sino a todos losfrutos o consecuencias que derivan de ella. Doctrina que en apariencia acogefielmente nuestra legislación en su artículo 23, para luego recibir las discutiblesexcepciones del artículo 455 de la ley 906 de 2004.Por lo anterior surge la imperiosa necesidad de indagar y denunciar las gravesconsecuencias que pueden llegar a afectar significativamente la indemnidad delos derechos fundamentales del procesado y la integridad del debido ProcesoPenal, surgidas a raíz de la relativización de la regla de exclusión probatoria.Así pues, debemos ser categóricos al precisar que no existe forma legal depracticar la prueba prohibida.Aquí, la sentencia T-1303 de 2005 está citando la SentenciaT-490 de 1992. Si todavía les quedan dudas, sostiene la sentencia T-020/98:“DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Posibilidad de controvertir antes deimponersanciónLa Corte, en numerosas sentencias, ha explicado el alcance de este principio,especialmente cuando se refiere al debido proceso administrativo, ha señaladoque excluir al administrado del conocimiento previo de la sanción a aplicar ynegar, por ende, la posibilidad de controvertirla antes de su imposición, vulnera

el derecho fundamental al debido proceso, pues puede convertirse en un actoarbitrario, contrario al Estado de derecho. Lo que la norma constitucionalpretende es que la aplicación de una sanción sea el resultado de un proceso,por breve que éste sea, aún en el caso de que la norma concreta no lo prevea.En cuanto a la posible interpretación de que no existe violación al debidoproceso, pues el afectado puede controvertir la decisión de la administracióninterponiendo los recursos administrativos, la Corte ha manifestado que noobstante existir esta posibilidad, no es posible eludir el proceso previo a laimposición de la sanción.”“ART. 29, C.P..—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuacionesjudiciales y administrativas.Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se leimputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de lasformas propias de cada juicio.En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, seaplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declaradojudicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a laasistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación yel juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; apresentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnarla sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debidoproceso”Sentencia C-093/98NULIDAD DE PLENO DERECHO-Obtención con violación del debidoproceso/NULIDAD-Previa declaración de autoridad competenteComo consecuencia de su carácter procesal, y para efectos de garantizar elprincipio de la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y el principiosegún el cual está prohibido a los particulares hacer justicia por su propiamano, la nulidad constitucional referida requiere para su realización la previadeclaración de autoridad competente, es decir, de aquella que vieneconociendo del proceso y, por tanto, la que tiene potestad para declararla. Bajoel entendido de que la nulidad prevista en el artículo 29 es de naturalezaprocesal y debe ser declarada previamente por autoridad competente, comoocurre con las demás nulidades procesales de orden legal, se hace necesarioestablecer si la misma es aplicable al trámite notarial.En lo que tiene que ver con vía de hecho por defecto fáctico, recuerda la CorteConstitucional que:

“En primer lugar, la Sala debe advertir que, de acuerdo con la jurisprudenciacorrespondiente, no toda irregularidad procesal que involucre la obtención,recaudo y valoración de una prueba implica la violación del debido proceso.Los defectos procesales relativos a la prueba pueden ser de diversa índole ydistinta intensidad y es claro que no todos tienen la potencialidad de dañar eldebido proceso del afectado.Por ello la Corte Constitucional ha establecido como regla inicial que la simpletransgresión de las normas procesales que regulan la inclusión de pruebas enlas diligencias no implica afectación del debido proceso. Estas irregularidadesmenores se refieren a la afectación de las formas propias de los juicios, perodada su baja intensidad en la definición del conflicto, no quedan cobijadas porel inciso final del artículo 29 constitucional.” (citado de la sentencia)También distingue esa providencia entre prueba ilegal y pruebainconstitucional:“En segundo lugar, de la existencia de irregularidades probatorias de contenidomeramente procesal, es decir, que sólo afectan el aspecto formal delprocedimiento, la Corte ha entendido que la irregularidad de la prueba puedederivarse tanto de su incompatibilidad con las formas propias de cada juiciocomo de su oposición a la vigencia de los derechos fundamentales. De allí quepueda establecerse una distinción entre la prueba ilegal, es decir, aquella queafecta el debido proceso en su concepción procesal formal y la pruebainconstitucional, esto es, aquella que afecta el debido proceso por vulneraciónde derechos fundamentales de contenido sustancial.” (citado de la sentencia)Igualmente, aclara que la prueba ilegal o inconstitucional, en sede de análisisde violación del debido proceso, no necesariamente supone la nulidad delproceso, sino que afecta en principio esa prueba:“En efecto, la Corte Constitucional ha sido enfática en reconocer que la nulidadde la prueba obtenida con violación del debido proceso no implicanecesariamente la nulidad del proceso que la contiene. La reflexión anteriorencuentra sustento en jurisprudencia previa de la Corte Constitucional, en laque la Corporación señaló que la valoración de la prueba ilegítima no conducea la nulidad del proceso, sino de la prueba. En este sentido, la jurisprudenciadefine la interpretación que debe dársele al artículo 29 constitucional, cuandoadvierte que es “nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación deldebido proceso”, al precisar que la nulidad de dicha prueba se restringe a ellamisma, no al proceso. ” (citado de la sentencia)Tesis que también es sostenida por la Corte Suprema de Justicia, en palabrasdel mismo fallo:“La Corte Suprema de Justicia coincide con dicha posición. Su jurisprudenciapertinente sostiene que en el evento en que la prueba ilícita deba excluirse delproceso, ello no implica la nulidad de todo lo actuado, pues sólo en la medidaen que la prueba resulta esencial para la solución del litigio, puede concluirse

que todo el trámite se ha visto afectado por dicha nulidad.” (citado de lasentencia)Y es después de esto donde la Corte Constitucional recuerda, tal como hasostenido reiteradamente, que es la incidencia de esa prueba en la suerte delproceso lo que define el pronunciamiento de fondo:“La Corte Constitucional ha dicho al respecto que si la prueba ilegal oinconstitucional es crucial para la adopción de la providencia judicial, esto es, sisu incidencia en la decisión judicial es de tal magnitud que, de no habersetenido en cuenta, el fallo racionalmente habría podido ser otro, el juez de tutelaestá obligado a anular el proceso por violación grave del debido proceso delafectado.Concretamente, en materia penal, la Corte Constitucional ha establecido que elerror fáctico por apreciación de prueba ilegítima no afecta la integridad delproceso, a menos que su peso en la definición de la responsabilidad penal seadecisivo, es decir, que sin la prueba ilícitamente apreciada, la conclusiónjudicial respecto de la responsabilidad del procesado habría sido posiblementedistinta. ” (citado de la sentencia)Y agrega a modo de conclusión luego de un extenso análisis, que debeexaminarse en el texto completo de la sentencia, aquí solamente extraigopuntos ilustrativos:“Por lo anterior, la Sala Plena de esta Corporación precisa que el análisis de laviolación del debido proceso por admisión de una prueba ilegal oinconstitucional y la anulación del proceso en que se inscribe corresponde alestudio particular del caso, pues es necesario verificar, en el texto del falloconcreto, si la decisión judicial tiene como base el contenido probatorioilegítimo. ” (citado de la sentencia)Pasando en concreton al tema de la grabación ilegal presuntamente tenidacomo prueba, la Corte Constitucional advierto que lo primero que debiódemostrarse es que se trató de una grabación no autorizada (en este caso unvideo):“De hecho, no podría el demandante calificar de inconstitucional la pruebaaportada al proceso si implícitamente no aceptara que la grabación que fuetomada sin su consentimiento es la que se hizo valer en el juicio y queconsigna la reunión que sostuvo en Yopal. La acusación de inconstitucionalidadde la prueba la dirige el demandante no contra cualquier grabación, no contrael hecho de haber sido filmado sin su consentimiento, sino, exclusiva ydirectamente, contra la grabación que le fue puesta de presente en laindagatoria. En últimas, no es posible hacer el análisis de la constitucionalidadde la grabación si previamente no se admite que aquella consigna los hechosen que participó el peticionario y cuya filmación no autorizó. Ello porque laCorte no podría detectar la violación del derecho a la intimidad respecto de unagrabación cualquiera, en la que no pudieran precisarse las circunstancias de

modo, tiempo y lugar en que fue conseguida; debe hacerlo, por tanto, sobre laque se hizo valer en el expediente.” (citado de la sentencia)En este caso no se discute que la grabación se obtuvo sin autorización.Entonces se pregunta la Corte Constitucional:“Independientemente de lo que ocurriera dentro de la casa y en la reunión, locierto es que esos hechos, que luego se exhibieron en el proceso, fuerongrabados sin la autorización de Pérez Suárez. Esta Sala se pregunta entonces,si las imágenes obtenidas en las circunstancias previstas pueden ser utilizadasprocesalmente.” (citado de la sentencia)Analiza la Corte Constitucional el derecho a la intimidad, como parte del juiciosobre la ilegalidad de la prueba, reconociendo finalmente que“…las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de lapersona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violacióndel derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadasdirectamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no hansido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente. Elresultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización deltitular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, portanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto.” (citado de lasentencia)Y advierte sobre el caso en concreto:“La Sala considera que la grabación de la reunión que se hizo sin elconsentimiento del procesado vulneró el derecho a la intimidad de éste enaspectos como el de la reserva de la propia imagen, la reserva de lascomunicaciones personales y la reserva del domicilio –entendido en el sentidoamplio pertinente al derecho a la intimidad-. En esas condiciones, la grabaciónno podía presentarse como prueba válida en el proceso y debió ser expulsada.”(citado de la sentencia)Un aspecto importante, es que la Corte Constitucional, en franca diferencia conla Corte Suprema de Justicia, señala que no puede entenderse que “seconvalidó” la grabación:“En estas condiciones, no es posible coincidir con la Corte Suprema en que lagrabación de la reunión pueda haber quedado convalidada por la autorizaciónde la víctima, pues ni el señor Pérez Suárez autorizó la filmación, ni él esvíctima del delito que se investiga.Finalmente, frente a la consideración de la Sala Penal según la cual lagrabación que se hizo valer en el proceso fue convalidada por el imputado alhaber admitido en la indagatoria que la reunión videograbada era la quesostuvo en Yopal, esta Sala debe precisar que la nulidad de pleno derecho queestablece la Constitución como consecuencia de haberse recaudado la pruebacon violación de derechos fundamentales impide considerarla válidamente en

el proceso, así el demandante admita que esa prueba consigna hechos que sele endilgan en el proceso penal.” (Citado de la sentencia).Derecho al juez natural en el debido procesoPor: Verónica Franco O.El juez natural, es dentro del debido proceso es una garantía mas entre las yaconocidas, que lo único que buscan es asegurar la protección de los derechosdel ciudadano frente al poder judicial y así poder resolver debidamente unconflicto o una acusación por medio de un proceso realizado, tal cual como loindica el artículo 29 de la constitución política de Colombia, que expresa lafundamentalidad de este derecho, reconociéndose para cada una de laspersonas residentes en Colombia y en el mundo por ser de carácter juscogens, respetado por el derecho internacional, presente en pactos yconvenios ratificados.Para que un proceso sea correctamente llevado, es necesario que existan losjueces naturales, y que todos los proceso sean llevados por estos, resolviendoadecuadamente los litigios y las acusaciones criminales, pero ¿por qué tienenque ser resueltos o atendidos por estos?, pues porque como lo indica elartículo 29 de la constitución “ nadie podrá ser juzgado sino conforme a lasleyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o tribunal competente ycon observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”,también presente en el artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles ypolíticos de las naciones unidas de 1966, en el artículo 8 de la convenciónamericana de derechos humanos de 1969, y la convención para la protecciónde derechos humanos y libertades fundamentales , adoptadas en Roma en1950 en su artículo 6, y en el artículo 11 del anterior código penal el cual indica“nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal especiales instituidos conposterioridad a la comisión del hecho punible, ni con violación de las formaspropias de cas juicio”. Los jueces naturales, son llamados así, porque pornaturaleza, han sido adjudicados o establecidos por la ley, siendo imparciales eindependientes, encontrando su historia u origen con la división tripartita delpoder ejecutivo, legislativo y judicial de Montesquieu, enunciada en su libro, delespíritu de las leyes, de 1750. Siendo esta una gran conquista de Francia en laépoca de la ilustración; a partir de allí esta teoría fue retomada por los estadosunidos y los demás países siendo encontrada dentro sus respectivasconstituciones 148 .El juez natural representa la verdadera organización de la jurisdicción que alser creada por el constituyente, pensó principalmente como lo indica la cartapolítica del 91, en los derechos fundamentales, en la preeminencia de las148 La constitución de Francia del 3 de septiembre de 1791.La constitución de Cádiz, de 1812 en España.La constitución de la república de Colombia del 6 de octubre de 1821.

amas del poder público por independiente, y otorgándole a la judicial uncarácter preponderante, puesto que al ser una institución completamenteindependiente e imparcial, podría obrar a favor de todas aquellas personasque tuvieran en determinado momento un litigio, siendo tanto victimas comovictimarios de las malas atribuciones o falta de respeto al derecho ajeno; poresa razón fueron también adjudicados especialmente para estos cargos, losjueces y magistrados, que por medio de las cortes y los juzgados podríanatender tales inconvenientes, con total disposición y amparo.Pero lamentablemente la justicia de excepción 149 (la justicia regional o sinrostro 150 , la justicia especializada), que han sido cambiadas de nombre ypasado de momentáneas a permanentes, han violentado el derechofundamental de todo imputado o litigante a ser juzgado por un órganojurisdiccional de la jurisdicción ordinaria basado en los principios de igualdad,independencia y sometimiento a la Ley siendo perjudiciales para las personasque acuden ante la justicia, siendo violado su derecho a la igualdad, creandodiscriminación, atentando directamente contra la norma normarum que es laconstitución política que vela por todos sus artículos pero en esta caso enmayor importancia el 29 y 116 151 , ya que con estas justicias especializadas,algunos serian juzgados de diferente manera y con entidades no establecidasde por ley (jurisdicción ordinaria) sino creadas en momentos de conmoción(estado de sitio) o para combatir algunos delitos específicos como lo son: *eltráfico de droga (según la cuantía embargada y la naturaleza de los productosestupefacientes: heroína, cocaína, marihuana, hachís).*rebelión 152 y sedición.*extorsión de fondos (más allá de 1.500 000 pesos). *perjuicio a la conducciónde fluidos o fuerzas motrices por oleoductos. *terrorismo, concierto paradelinquir, porte, fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzasmilitares, conformación de grupos paramilitares, utilización ilegal de prendas deuso privativo de las fuerzas militares, el secuestro extorsivo y el homicidio confines terroristas; Pero que tomaron el carácter de ordinaria, encontrándonoscon conflictos de competencia aberrantes.149 “Un sistema de administración de justicia paralelo al ordinario y de carácter permanente, lo cualcontradice los preceptos constitucionales y desvertebra la organización que contempla la carta políticapara la rama judicial”, en respuesta de la corte constitucional en la sentencia C-393/00.150 "la Jurisdicción especial compuesta por el Tribunal de orden público y los Jueces especializadosrespondía a la estrategia del Estado que tiene como objetivo hacer eficaz la lucha contra el terrorismo ylos demás delitos que generen una profunda conmoción social".151 Sentencia C-176/94, ponencia del magistrado Alejandro Martínez caballero, al declarar exequibledicha reserva, establece que el ejercicio de la función judicial deriva del art 116 de la constituciónpolítica:a)Jurisdicción ordinaria, b) jurisdicción contencioso administrativa, c) jurisdicción constitucional, d)jurisdicción disciplinaria, e) jurisdicción penal militar)jurisdicción especial indígena, g)jurisdicciónespecial de paz, F) y de manera excepcional y con carácter transitorio, el congreso, determinadasautoridades administrativas y los particulares en condición de árbitros y conciliadores.Las anteriores son los organismos que, tal como la corte lo subraya, de “manera ordinaria, permanentey habitual administran justicia, y cuya competencia es genérica, propia y de orden constitucional”.152 Según el RAE: Delito contra el orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar,consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin dederrocarlos.

“No es posible la existencia de una jurisdicción especial para que a través deella se ejerza la función punitiva del Estado, pues ello pugna con la concepcióndel Estado Social Democrático de Derecho que sólo admite que el juzgamientode las conductas tipificadas como delitos por el juzgador han de ser juzgadasde manera permanente por los funcionarios y órganos que integran lajurisdicción ordinaria, con el fin de asegurar plenamente, el derechofundamental al debido proceso, el cual comprende la garantía del juzgamientopor el juez natural; es decir, la existencia de órganos judiciales permanentespreestablecidos por la ley a los cuales deben tener acceso todas las personas,y así mismo la aplicación concreta del principio de igualdad. En virtud de esteprincipio se garantiza a todos los justiciables el acceso a unos mismos jueces,eliminando toda suerte de privilegios o discriminaciones, y se excluyenaturalmente el juzgamiento de algunas personas por jueces pertenecientes auna jurisdicción especial” 153Prevalencia del derecho sustancialPor: Verónica Franco O.Según el artículo 228 de la constitución política. “La Administración de Justiciaes función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones seránpúblicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellasprevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observaráncon diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento serádesconcentrado y autónomo”.Para comprender mejor, es necesario saber completamente que es el derechosustancial, dándole un significado sencillo y comprensible; “ conjunto denormas que regulan la conducta de las individuos en la sociedad y reglamentanlas relaciones de interés en orden a la distribución que se da a los bienes de lavida” 154 ;es también el que se encuentra encerrado en normas de contenidosustantivo, como lo es el Código Civil, o el Código Penal, entre otras. Paraalgunos tratadistas el derecho sustantivo establece derechos u obligaciones oestablece sanciones como en el caso de las normas contenidas en el CódigoPenal; el derecho sustantivo va muy de la mano del derecho adjetivo que153 Sentencia C-392/00154 Manual de derecho procesal - Azula Camacho.

constituye el mecanismo procedimental que permite hacer valer ese derecho odarle efectividad a esa relación, en otras palabras ejecutan las normassustantivas, por ejemplo, la norma según la cual aquel que cause un daño aotro, debe repararlo, es una típica norma de Derecho Sustantivo o Material,porque impone una obligación jurídica de reparación o indemnización a favorde la víctima, por parte de aquel que realizó contra ella el hecho ilícito. Yvendría siendo norma de derecho adjetivo la efectividad que se le da a esanorma por medio de los órganos jurisdiccionales encargados, definiendo pormedio de la sentencia en firme, acerca de cuál será la pena impuesta a talinfractor. 155Cabe citar el artículo 4 del código de procedimiento civil que confirma elcarácter instrumental de la ley procesal civil, y recuerda a quienes la apliquenque deben tener en cuenta que “el objeto de los procedimientos es laefectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial”“Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones dela Administración de Justicia "prevalecerá el derecho sustancial", estáreconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es larealización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo,y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente queen relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, elderecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio” 156 .Después de entendido esto, debemos darle al derecho sustancial, un carácterrelevante en el debido proceso, ya que las normas en si existentes lo único quebuscan es la buena estructura y orden social basadas en los derechos queposeen los ciudadanos y su vital protección.La importancia del derecho sustancial radica en que como estamos reguladospor normas contenidas en códigos que representan no solo derechos sinotambién obligaciones, si estas no son respetadas correctamente acarreara unaconsecuencia; lo que se busca entonces, como los jueces según el artículo 230de la constitución política, están sometidos al imperio de la ley, tal cual comoesta indica en cualquiera que sea el ámbito, deben ser ejecutadas por losórganos encargados, haciendo respetar los derechos y estableciendo lasobligaciones, dándole fin a un litigio como a un problema social; si el derechosustancial no es respetado entonces que podremos esperar de las sentenciasproferidas, si no irían acorde con lo que hay escrito en nuestra legislación quees básicamente lo que nos da una verdadera organización y proporciona unasverdaderas garantías para cuando se nos está incumpliendo o violandoindirecta o directamente. Es así como el derecho sustancial debe ser respetadocomo el mayor de los tesoros ya que sin él los jueces en su poderío harían loque quisieran y tendrían en sus manos miles de procesos los cual podrían155 “no debe olvidarse, sin embargo, que las normas procesales son normas esencialmenteinstrumentales cuyo fin es hacer posible la actuación de otras normas jurídicas” Micheli Gian Antonio156 Sentencia No. C-029/95

ejecutar indebidamente o mejor dicho a su total arbitrio, mas no basado en algoestablecido por nuestros legisladores y constituyente, es así que los juecesdeben estar sometidos estrictamente para no violentar el espíritu o la esenciadel derecho, que son las normas que crean derechos, y buscan por encima detodo protegerlos, para poder crear una verdadera, debida y efectiva justicia.En conclusión, se podría decir que, el derecho sustancial influye completa ypositivamente en una sentencia, basada por encima de todo en el debidoproceso, porque ningún proceso sería bien realizado si no se brindaran unasverdaderas garantías al ciudadano frente al poder judicial, si no se tienen encuenta las leyes, que son las guardadoras y dadoras de legalidad.PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADAPor: Alex Jamber MarínBreve historiaHablar de la cosa juzgada nos presupone hacer una referencia del tema, desdetiempos vetustos a lo que normalmente uno podría imaginar. El primer vestigiolo ubicamos en el único código prácticamente completo de la antigüedad, elllamado código de HAMMURABI, allí nos dice Ley 5: “Si un juez ha sentenciadoen un proceso y dado un documento sellado (una tablilla) con su sentencia, yluego cambió su decisión, este juez será convicto de haber cambiado lasentencia que había dictado y pagará hasta 12 veces el reclamo que motivó elproceso y públicamente se le expulsará de su lugar en el tribunal y noparticipará más con Los jueces en un proceso”.No otra cosa dijeron los juristas romanos, en repetidas ocasiones, que el “juez,una vez que pronuncio su sentencia, deja de ser juez después. El juez quecondeno em mas o en menos, no puede ya corregir su sentencia; porque yauna vez desempeño bien o mal su oficio”. Esto significa que se prohíbe al juezrepetir un juicio. No existe una constancia histórica de conexión entre las leyesde hammurabi y las del derecho romano, pero lo claro es la analogía delcontenido que es exactamente el mismo.No otra cosa dijeron los juristas romanos, una y otra vez, que el “juez, una vezque pronuncio La sentencia, deja de ser juez después. El juez que una vez

condeno en mas o en menos, no puede ya corregir su sentencia; porque yauna vez desempeño bien o mal su oficio”. Es decir de nuevo se prohíbe al juezreiterar un juicio. No existe constancia histórica de una conexión entre Lasleyes de hammurabi y las del derecho romano, pero lo cierto es que elcontenido de lo dispuesto es exactamente el mismo.Lo que es difícil de creer es que algo tan sencillo como lo descrito en esostextos, y que es la pura realidad y esencia de la cosa juzgada, se hayacomplicado de una manera radical después. Pero las razones de lacomplicación se descubren en el propio Digesto. Sus libros 42 y 44 detallanuna multitud de casos prácticos que leídos con los ojos de un abogado, o de unjuez, es obvio que solo pretendían ayudar al jurista ofreciendo una multitud decasos concretos en los que apoyarse ante situaciones similares. Pero en loabsoluto pretendieron ofrecer soluciones generalistas, que no alcanzaron apergeñar.Pero sin embargo esos preceptos, en manos de interpretadores ycomentaristas medievales, se convirtieron en excusas para elaborar las masdogmaticas e inútiles teorías, produciéndose de ese modo la primeradogmatizacion del concepto, que solo con el paso de los siglos pudo serdesentrañada en parte por juristas franceses como POTHIER, a quien lecorresponde le merito de la teoría de las tres identidades, y jurista germanicocomo savigny, el cual describió la realidad virtual que crea la cosa juzgada conuna genial aunque muy malinterpretada expresión: “ficción de verdad”.Ademas, también hay que reconocerle el logro de haber explicado que la cosajuzgada no puede ser analizada solamente a través del fallo de la sentencia,sino que es preciso acudir a sus fundamentos. Y fue también quien endefinitiva, puso las bases modernas de todo el estudio posterior de la cosajuzgada desde el siglo XIX hasta nuestros días.De una indebida lectura de sus ideas surgieron las tan repetidas como inútiles,teorías material y procesal de la cosa juzgada. Y de las ideas en las que seasentaban las mismas nacieron las llamadas cosa juzgada material y formal,dividiéndose la primera en dos subcategorias mas: cosa juzgada positiva ynegativa.LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONALEl 157 artículo 243 de la Carta dispone lo siguiente:“Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacentránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir elcontenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones defondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron parahacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.El antecedente de esta norma se encuentra en el Informe presentado en laAsamblea Nacional Constituyente por el Delegatario José María VelascoGuerrero, en el cual se lee lo siguiente:157 C-131 de 1993.

“Y ya desde entonces los fallos que el plenario de la Corte emite en ejerciciodel control jurisdiccional, producen efectos universales, "erga omnes" y hacentránsito a la (sic) juzgada constitucional. Por ello el gobierno ni el congresopueden reproducir el contenido material jurídico del acto declarado inexequibleen el fondo, mientras subsistan en la Carta las mismas normas que sirvieronpara confrontar la norma ordinaria en el texto superior. Si así no fuere, la Corte,por virtud de los imperativos universales que emanan de sus fallos deinexequibilidad, se convertiría en una pequeña asamblea nacionalconstituyente, en función permanente.” 158Alcance de la cosa juzgada constitucionalEl 159 artículo 243 de la Constitución Política le reconoce fuerza de cosa juzgadaa los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del controljurisdiccional. Ello significa que las decisiones judiciales adoptadas por laCorporación en cumplimiento de su misión de asegurar la integridad y lasupremacía de la Carta, adquieren un carácter definitivo, incontrovertible einmutable, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y dilucidados enprocesos anteriores, no resulta admisible replantear litigio alguno ni emitir unnuevo pronunciamiento de fondo. 160Así entendida, la cosa juzgada constitucional, además de salvaguardar lasupremacía normativa de la Carta, está llamada a garantizar la efectivaaplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítimade los administrados, pues, por su intermedio, se obliga al organismo de controlconstitucional a ser consistente con las decisiones que adopta previamente,impidiendo que casos iguales o semejantes sean estudiados y resueltos por elmismo juez en oportunidad diferente y de manera distinta. En este sentido, ypara el caso específico del control de constitucionalidad de las leyes, la LeyEstatutaria de la Administración de Justicia por una parte (Ley 270 de 1996,arts. 46 y 48), y el Decreto 2067 de 1991 por la otra (art. 22), se han encargadode dar aplicación al concepto de la cosa juzgada constitucional,particularmente, al imponerle a la Corte el deber de ejercer un control integralsobre las leyes; es decir, confrontar las disposiciones sometidas a su escrutiniocon la totalidad de los preceptos de la Carta, e igualmente, al reconocer quesus decisiones serán de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes.Teniendo en cuenta que los pronunciamientos de la Corte Constitucionaladquieren valor jurídico y fuerza vinculante por provenir del órgano a quien sele confía “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, y enningún caso por el alcance negativo o positivo de aquellos, la jurisprudenciaconstitucional, interpretando el contenido de los artículos 241 y 243-1Superiores, ha venido precisando que la cosa juzgada constitucional “sepredica tanto de los fallos de inexequibilidad como de los de exequibilidad,vincula a todas las autoridades -incluida la misma Corte Constitucional- y se158 Cfr. Gaceta Constitucional N° 36, de abril 4 de 1991, pag 26159 C-310/02.160 Cfr, entre otras, las siguientes providencias: Sentencias C-397/95 y C-774/200; los Autos A-174 y A-289ª de 2001.

extiende, por igual, al continente de la norma como a su contenido material -precepto o proposición jurídica en sí misma considerada.” 161En 162 el artículo 243 de la Carta se consagra la denominada "cosa juzgadaconstitucional", en virtud de la cual las sentencias de constitucionalidad de laCorte Constitucional presentan las siguientes características:- Tienen efecto erga omnes y no simplemente inter-partes.- Por regla general obligan para todos los casos futuros y no sólo para el casoconcreto.- Como todas las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, no se puedejuzgar nuevamente por los mismos motivos sino que el fallo tiene certeza yseguridad jurídica. Sin embargo, a diferencia del resto de los fallos, la cosajuzgada constitucional tiene expreso y directo fundamento constitucional -art.243 CP-.- Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, tanto deexequibilidad como de inexequibilidad, tienen una característica especial: nopueden ser nuevamente objeto de controversia. Ello porque la Corte debeconfrontar de oficio la norma acusada con toda la Constitución, de conformidadcon el artículo 241 superior, el cual le asigna la función de velar por la guardade la integridad y supremacía de la Carta. Mientras que los fallos por ejemplodel contencioso administrativo que no anulen una norma la dejan vigente peroella puede ser objeto de futuras nuevas acciones por otros motivos, porque eljuez administrativo sólo examina la norma acusada a la luz de los textosinvocados en la demanda, sin que le esté dado examinar de oficio otrasposibles violaciones, de conformidad con el artículo 175 del código contenciosoadministrativo (cosa juzgada con la causa petendi).- Todos los operadores jurídicos de la República quedan obligados por el efectode la cosa juzgada material de las sentencias de la Corte Constitucional.Esta Corporación, en Sentencia C-104 de 1993, dijo 163 :Se observa que entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el resto dejurisprudencia de los demás jueces y tribunales del país -en la que seencuentra la del Consejo de Estado-, existen semejanzas y diferencias.Las semejanzas consisten en que se trata de un pronunciamiento jurisdiccionalcon fuerza de cosa juzgada. Las providencias tanto de la Corte Constitucional -art. 21 del Decreto 2067 de 1991-, como del Consejo de Estado que declaren onieguen una nulidad -art. 175 del código contencioso administrativo- tienenefectos erga omnes, mientras que en general las sentencias judiciales sólotienen efectos inter partes.161 Sentencia C-301/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.162 C-131 de 1993.163 Corte Constitucional. Sala Sentencia N° 104 de marzo 11 de 1993.

Las diferencias estriban en el hecho de que mientras la jurisprudencia de losjueces y tribunales no constituyen un precedente obligatorio 164 , salvo loestablecido en el artículo 158 del código contencioso administrativo(reproducción del acto suspendido). Tales providencias sólo tienen un carácterde criterio auxiliar -art. 230 CP-, para los futuros casos similares, lajurisprudencia constitucional tiene fuerza de cosa juzgada constitucional -art.243 CP-, de suerte que obliga hacia el futuro para efectos de la expedición o suaplicación ulterior.Así lo había establecido la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema deJusticia, cuando afirmó lo siguiente:No hay duda de que en el proceso constitucional que se sigue ante la CorteSuprema de Justicia, rige y existe la institución de la COSA JUZGADA que leda firmeza a las decisiones que adopte...Pero en el proceso constitucional dicho instituto no está rigurosamenteasentado en la triple identidad que lo caracteriza en el proceso civil, ya que laíndole propia que lo distingue de los demás procesos establece matices omodalidades a dichos ingredientes, o los excluye como presupuestos de dichainstitución.Con respecto a la IDENTIDAD DE PARTES, requisito fundamental de la cosajuzgada en el proceso civil, en el constitucional no se da, pues, en él no sepresenta enfrentamiento entre litigantes con intereses contrapuestos, y nisiquiera el Estado autor de la norma general que se acusa, asume estaposición por conducto del Procurador General de la Nación ya que laintervención de éste en dicho proceso, se impone en guarda y prevalencia delordenamiento constitucional. Por ello en la revisión oficiosa deconstitucionalidad de los decretos legislativos que el Presidente de la Repúblicadicta con fundamento en las facultades de los artículos 121 y 122 de laConstitución, y en la de los proyectos de ley objetados de inconstitucionalidadpor el gobierno, el proceso nace y se adelanta sin que medie demanda osolicitud de parte.En cuanto a la identidad de la causa petendi (eadem causa petendi) debetenerse en cuenta que el juez de la constitucionalidad no está limitado aexaminar la norma acusada que (sic) sólo a través de los motivos que hayaaducido el demandante, ya que la Corte debe confrontar el acto acusado con lanorma fundamental no solo por las razones que presente el actor, sino a la luzde todos los textos constitucionales y por todas las posibles causas deinconstitucionalidad que exista, a fin de que la decisión final produzca efectosabsolutos y erga omnes respecto de los textos acusados 165 .¿Hacen tránsito a cosa juzgada formal y material las sentencias de laCorte Constitucional?164 El precedente obligatorio es denominado "stare decisis" en el sistema anglosajón.165 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 16 de febrero 13 de 1990. Expediente 1891. Magistrado Ponente JairoE. Duque Pérez.

Para responder a esta pregunta es necesario establecer si cuando unaautoridad "reproduce el contenido material del acto jurídico declaradoinexequible por razones de fondo" -art. 243 CP-, viola un criterio obligatorio -art. 230 inciso 1° CP- o un criterio auxiliar -art. 230 inciso 2°-.En otras palabras, ¿la sentencia de la Corte Constitucional es para un juezfuente obligatoria o es fuente auxiliar?Para esta Corporación es muy claro que la respuesta a tal pregunta no es otraque la de considerar que tal sentencia es fuente obligatoria. Así lo dispone elartículo 243 superior precitado e incluso el inciso 1° del artículo 21 del Decreto2067 de 1991, que dice:Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosajuzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas lasautoridades y los particulares.Este texto es idéntico al artículo 243 de la Carta, salvo la parte en negrilla, quees una adición novedosa del Decreto 2067.Es de anotar que tal norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional,cuando afirmó:El inciso primero se limita a copiar parcialmente el inciso primero del artículo243 de la Carta, para concluir, refiriéndose a las sentencias que profiera laCorte Constitucional, que "son de obligatorio cumplimiento para todas lasautoridades y los particulares". Declaración que, en rigor no quita ni pone rey,por ser redundante. Pues el hacer tránsito a cosa juzgada, o el tener "el valorde la cosa juzgada constitucional", no es en rigor un efecto de la sentencia: no,más bien es una cualidad propia de ella, en general. 166Piénsese que aún en los casos en que la Corte declara exequible una normaacusada por vicios de forma en su creación, la sentencia hace tránsito a cosajuzgada, pues en lo sucesivo será imposible pedir la declaración deinexequibilidad por tales vicios.Y la sentencia en firme, sobra decirlo, es de obligatorio cumplimiento. Además,las que recaigan en las acciones públicas de inconstitucionalidad, tienen efectoerga omnes, por la naturaleza misma de la acción y por su finalidad.El inciso primero del artículo 21 no presenta, en consecuencia, disparidad ocontrariedad en relación con norma alguna de la Constitución (negrillas nooriginales). 167¿Hace tránsito a la cosa juzgada toda la sentencia de la CorteConstitucional o solamente una parte de ella?166 Sentencia N° C-113/93 precitada.167 Sentencia N° C-113/93 precitada.

La Corte responde este nuevo interrogante en el sentido de afirmar queúnicamente una parte de sus sentencias posee el carácter de cosa juzgada.¿Que parte de las sentencias de constitucionalidad tiene la fuerza de lacosa juzgada?La respuesta es doble: poseen tal carácter algunos apartes de las sentenciasen forma explícita y otros en forma implícita.Primero, goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las sentencias,por expresa disposición del artículo 243 de la Constitución.Segundo, goza de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva queguarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal formaque no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos.En efecto, la parte motiva de una sentencia de constitucionalidad tiene enprincipio el valor que la Constitución le asigna a la doctrina en el inciso segundodel artículo 230: criterio auxiliar -no obligatorio-, esto es, ella se considera obiterdicta.Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias de la CorteConstitucional que guarden relación directa con la parte resolutiva, así comolos que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida enque tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y,en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen lajurisprudencia.La ratio iuris de esta afirmación se encuentra en la fuerza de la cosa juzgadaimplícita de la parte motiva de las sentencias de la Corte Constitucional,consiste en que esta Corporación realiza en la parte motiva de sus fallos unaconfrontación de la norma revisada con la totalidad de los preceptos de laConstitución Política, en virtud de la guarda de la integridad y supremacía queseñala el artículo 241 de la Carta. Tal confrontación con toda la preceptivaconstitucional no es discrecional sino obligatoria. Al realizar tal confrontación laCorte puede arribar a una de estas dos conclusiones: si la norma es declaradainexequible, ella desaparece del mundo jurídico, con fuerza de cosa juzgadaconstitucional, como lo señala el artículo 243 superior, y con efecto ergaomnes, sin importar si los textos que sirvieron de base para tal declaratoriafueron rogados o invocados de oficio por la Corporación, porque en amboscasos el resultado es el mismo y con el mismo valor. Si la norma es declaradaexequible, ello resulta de un exhaustivo examen del texto estudiado a la luz detodas y cada una de las normas de la Constitución, examen que lógicamentese realiza en la parte motiva de la sentencia y que se traduce desde luego en eldispositivo.Son pues dos los fundamentos de la cosa juzgada implícita: primero, el artículo241 de la Carta le ordena a la Corte Constitucional velar por la guarda ysupremacía de la Constitución, que es norma normarum, de conformidad con elartículo 4° idem. En ejercicio de tal función, la Corte expide fallos con fuerza de

cosa juzgada constitucional, al tenor del artículo 243 superior. Segundo, dichosfallos son erga omnes, según se desprende del propio artículo 243constitucional.Considerar lo contrario, esto es, que únicamente la parte resolutiva tiene fuerzade cosa juzgada, sería desconocer que, admitiendo una norma diferenteslecturas, el intérprete se acoja a lo dispositivo de una sentencia de la CorteConstitucional e ignore el sentido que la Corporación -guardiana de laintegridad y supremacía de la Carta-, le ha conferido a dicha norma paraencontrarla conforme o inconforme con la Constitución. Ello de paso atentaríacontra la seguridad jurídica dentro de un ordenamiento normativo jerárquico,como claramente lo es el colombiano por disposición del artículo 4° superior.Ahora en respaldo de esta posición se encuentra la tradición jurídica del país,que la Corte Constitucional recoge.En efecto, la Corte Suprema de Justicia afirmó en 1916 lo siguiente:La cosa juzgada ha de hallarse en lo general en la parte definitiva de lasentencia, pero los motivos de ésta carecen de fuerza de fallo, porque sonsimples elementos de la convicción del juez, que pudiendo ser idóneos enocasiones, no afectan sin embargo la decisión misma. Empero tiene unaexcepción este principio, también aceptada generalmente en teoría y enjurisprudencia, y es que cuando los motivos son, no ya simples móviles de ladeterminación del juez sino que se liga (sic) internamente al dispositivo y soncomo "el alma y nervio de la sentencia" constituye entonces un todo con laparte dispositiva y participa entonces de la fuerza que ésta tenga. Numerososson los casos en que sin conexionar los motivos determinantes de un fallo, ellasería incompatible e inejecutable. 168La misma doctrina fue reiterada por aquella Corporación en 1928 1691967. 170y enEl Consejo de Estado, en providencia de 1981 sostuvo la misma tesis de lacosa juzgada implícita, así:Considera esta Sala que el pronunciamiento sobre competencia que hizo laCorte en relación con las materias del Decreto autónomo 2617 de 1973constituye cosa juzgada implícita que, conforme a doctrina reiterada de estaCorporación, debe acatarse, así se compartan o no los fundamentos mismosdel citado fallo...Sobre lo que es la cosa juzgada implícita dijo esta Sala en fallo dictado el 20 dejunio de 1979 lo siguiente:168 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 20 de octubre de 1916. Magistrado Ponente Juan Méndez. GacetaJudicial N° 25 pag 250.169 Idem. Sentencia de julio 9 de 1928. Gaceta Judicial N° 35, pag 550.170 Idem. Septiembre 17 de 1967. Gaceta Judicial N° 86, pags 42 y 43.

"En un fallo de inexequibilidad, como en cualquiera otra sentencia, hacetránsito a cosa juzgada no solamente lo decidido explícitamente, vale decir, loexpresado en la parte resolutiva, sino también lo implícito en ella. A esterespecto dice Carnelutti:Ello no significa que la cosa juzgada se limite a las cuestiones que encuentreen la decisión una solución expresa: no se olvide que la decisión es unadeclaración como las demás, en la que muchas cosas se sobreentiendenlógicamente sin necesidad de decirlas. Especialmente cuando la solución deuna cuestión supone como 'Prius' lógico la solución de otra, esta otra se hallatambién implícitamente contenida en la decisión (al llamado 'Judicato' implícito).Se halla implícitamente consultadas todas las cuestiones cuya solución seanlógicamente necesarias para llegar a la solución expresadas en la decisión. Si,por ejemplo, el juez se pronuncia sobre la resolución de un contrato, afirmaimplícitamente su validez (Sistema de Derecho Procesal Civil Utena-Argentina1944 T.I. N° 92)..."Si la decisión implícita, tal y como se ha delimitado no hiciera tránsito a cosajuzgada, sería factible entonces que la Corte Suprema de Justicia pudierareexaminar de nuevo la competencia constitucional en la materia ya dicha, conla posibilidad de un cambio de criterio que, a su vez, implicara la conclusión deque la competencia no fuera del Congreso sino del Gobierno. De ser elloposible la Corte asumiría, prácticamente, un poder que se habilitaría para variarlas competencias constitucionales de los poderes públicos al vaivén de loscambios jurisprudenciales, equiparándose al poder constituyente yconvirtiéndose, de guardián que es de la integridad, en órgano con capacidadpara modificarla, lo cual sería manifiestamente absurdo."Obviamente la cosa juzgada implícita no comprende las elaboracionespuramente doctrinales, o sea, aquellas que dentro del desarrollo lógico delrazonamiento, constituyan el sustento de una conclusión fundamental, puestales elaboraciones apenas pueden tener el valor y el alcance de lajurisprudencia como fuente de derecho y como tales, participan de su movilidado de su versatilidad". 171¿Quién determina los efectos obligatorios de una sentencia de la CorteConstitucional?Como ya lo ha establecido esta Corporación, sólo la Corte Constitucional,ciñéndose a la preceptiva superior, puede fijar los alcances de sus sentencias.Se trata pues de un problema de competencia: en rigor la norma acusada nopodía regular sin violar la Constitución los efectos de los fallos de esta Corte,sobre cuya determinación la única entidad competente es la CorteConstitucional (C.P. art. 241).Así lo estableció esta Corporación cuando dijo:171 Vid Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de septiembre 9 de 1981. Consejero Ponente Jacobo PérezEscobar

A lo anterior, cabría agregar que la declaración de inexequibilidad de esteinciso, no obsta para que la Corte, en ejercicio de sus funciones propias, señaleen la sentencia que los efectos de la cosa juzgada se aplican sólo respecto delas disposiciones constitucionales consideradas en la sentencia. Al fin y alcabo, sólo a la Corte compete determinar el contenido de sus sentencias. 172Para mayor abundamiento la Corte ha sostenido en la sentencia precitada que"en síntesis, entre la Constitución y la Corte Constitucional, cuando estainterpreta aquélla, no puede interponerse ni una hoja de papel".Sólo 173 será de obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito acosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencias de la CorteConstitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, estaconstituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de lasnormas de derecho en general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptosconsignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa einescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de laargumentación que se considere absolutamente básica, necesaria eindispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de lassentencias y que incida directamente en ella.En 174 el entendido que es la propia Corte la llamada a fijar los efectos desus fallos 175 , en razón a su labor de intérprete directa y autorizada de la Carta,el alcance de la cosa juzgada constitucional presente distintos matices ocategorías, definidos en forma prolífica por la jurisprudencia constitucional apartir de la necesidad de armonizar, “tanto el objetivo de seguridad jurídica quetiene la cosa juzgada, como las garantías ciudadanas propias del proceso deconstitucionalidad...” 176 De este modo puede afirmarse que por vía dejurisprudencia se han establecido diferencias claras entre lo que se entiendepor cosa juzgada absoluta y por cosa juzgada relativa, y entre la cosa juzgadaformal y la cosa juzgada material.Ha dicho la Corporación que se presenta la cosa juzgada absoluta “cuando elpronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del controlabstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, seentiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente atodo el texto Constitucional.” 177 En oposición a lo anterior, considera lajurisprudencia que existe cosa juzgada relativa cuando el juez constitucionallimita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidadpara que en un futuro “se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidadcontra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte yaha analizado.” 178 Respecto a la cosa juzgada relativa, se ha afirmadoigualmente que ésta puede ser explícita, en aquellos eventos en los cuales los172 Sentencia N° C-113/93 precitada.173 C-037 de 1996.174 C-310/02.175 En la Sentencia C-113/93 (M.P. Jorge Arango Mejía) la Corte precisó que: “sólo la Corte Constitucional, deconformidad con la Constitución, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio, válido engeneral, es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad”.176 Sentencia C-774/2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.177 Sentencia Ibídem178 Auto de Sala Plena ,A-174/2001.

efectos de la decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícitacuando tal hecho tiene ocurrencia en forma clara e inequívoca en la partemotiva o considerativa de la providencia, sin que se exprese en el resuelve. 179Por su parte, ha entendido la Corte que hay lugar a declarar la existencia de lacosa juzgada formal, en aquellos eventos en los que existe un pronunciamientoprevio del juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a unnuevo y posterior escrutinio constitucional. 180 Así mismo, la jurisprudencia hasido enfática en manifestar que se presenta el fenómeno de la cosa juzgadamaterial cuando a pesar de haberse demandado una norma formalmentedistinta, su materia o contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otrasdisposiciones que ya fueron objeto del juicio de constitucionalidad, sin que elentorno en el cual se apliquen comporte un cambio sustancial en su alcance ysignificación. 181 En este contexto, ha precisado la doctrina constitucional que lacosa juzgada material se predica de la similitud en los contenidos normativosde distintas disposiciones jurídicas y, en ningún caso, respecto de la semejanzao coincidencia que exista entre el problema jurídico propuesto y el que fueobjeto de pronunciamiento en la decisión precedente. Al respecto, dijo laCorte:“[e]l fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de unanorma jurídica: [y] tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve elfondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenidonormativo de un precepto, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política.”(Sentencia C-427/96).Y en reciente pronunciamiento, reiteró:“El fenómeno de la cosa juzgada material opera, así, respecto de loscontenidos específicos de una norma jurídica, y no respecto de la semejanzadel problema jurídico planteado en la demanda con el ya decidido en un falloanterior.” (Sentencia C-1064/2001).Es de interés destacar que, frente al sentido positivo o negativo que puedatener el fallo, esta Corporación ha precisado que si la norma enjuiciada ha sidodeclarada inexequible y, en consecuencia, retirada del ordenamiento jurídico, elefecto de la cosa juzgada material limita la competencia del legislador, demanera que éste queda impedido para reproducir el contenido normativo delacto mientras subsistan las disposiciones constitucionales que dieron lugar alcitado pronunciamiento. En esta forma, se da estricto cumplimiento al mandatocontenido en el artículo 243 según el cual, “Ninguna autoridad podrá reproducirel contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones defondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron parahacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”. 182179 Cfr. Sentencia 478/98.180 Cfr, entre otras, las Sentencias C-427/96, C - 489 de 2000 y C-774/2001.181 Cfr, entre otras, las Sentencias C-427/96, C-447/97, C-774/2001 y C-1064/2001.182 Cfr. Sentencias C-301/93, C-426/97 y C-774/2001.

De igual manera, la jurisprudencia señala que si la disposición es declaradaexequible, la cosa juzgada material, en principio, imposibilita al juezconstitucional para “pronunciarse sobre la materia previamente resuelta, ya quepuede conducir a providencias contradictorias que afecten la seguridad delordenamiento jurídico, o alteren la confianza legítima de los administrados en laaplicación de la Constitución, o vulneren el principio de la igualdad.” 183 Noobstante, atendiendo al carácter dinámico de la Constitución, que sederiva de su relación directa con la realidad sociopolítica del país, esposible que el juez constitucional se vea obligado a revaluar la interpretaciónpreviamente adoptada en torno al alcance de un determinado texto jurídico,debiendo adelantar un nuevo juicio de inconstitucionalidad; esta vez, a partir deacontecimientos distintos a los que respaldaron la decisión positiva que seadoptó en el pasado –cambios sociales, económicos, políticos o culturales-,aún cuando no se hayan presentado cambios sustanciales o formales en lasdisposiciones constitucionales que suscitaron su aval inicial. Por supuesto que,en estos casos, la actividad desplegada por el organismo de controlconstitucional no atenta contra la cosa juzgada material, pues “el nuevo análisisparte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorioconduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar ocomplementar el alcance y sentido de una institución jurídica” 184 . Sobre esteparticular, sin perjuicio de pronunciamientos precedentes, expresó la Corterecientemente:“El concepto de ‘Constitución viviente’ puede significar que en un momentodado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e inclusoideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de laConstitución, -que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos yvalorativos, de esas realidades-, un pronunciamiento que la Corte haya hechoen el pasado, con fundamento en significaciones constitucionalesmaterialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio deConstitucionalidad de una determinada norma.” (Sentencia C-774/2000).Por 185 otra parte, está la llamada cosa juzgada aparente. Esta ocurre cuandoen la parte motiva de una sentencia la Corte no se pronuncia en lo absolutosobre el contenido normativo de un texto, pero por error resuelve de fondo enrelación con tal contenido normativo. 186 Sin embargo, la existencia de una cosajuzgada aparente no depende de que determinados cargos hayan sidoestudiados en la parte motiva de la sentencia, sino de que el texto sobre el cualrecae el pronunciamiento haya sido analizado. 187 Por lo tanto, no hay cosa183 Sentencia C-774/2001, también se pueden confrontar Sentencias ibídem.184 Sentencia C-774/2000, citando a su vez la Sentencia C-447/97.185 C-505/02.186 En la misma Sentencia C-925/00 estableció: “En cambio, cuando esta Corporación ha desarrollado el concepto de lacosa juzgada aparente, ha querido referirse a situaciones en las cuales en realidad la norma de que se trata no fueobjeto de examen de constitucionalidad alguno, aunque parezca que lo haya sido, como cuando en la parte resolutivade la sentencia se declara exequible un artículo sobre cuyo contenido nada se expresó en los considerandos y, por lotanto, no se produjo en realidad cotejo, ni absoluto o exhaustivo, ni relativo, ni parcial. (resaltado fuera de texto).187 Así lo muestran los pronunciamientos a través de los cuales la Corte ha acogido esta figura. En efecto, en laSentencia C-397/95 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), analizó el caso en que una disposición no había sidodemandada, la Corte en Sentencia C-262/94 no se había pronunciado sobre ella en la parte motiva, y aun así, por error,aparecía declarada exequible en la parte resolutiva. En dicha oportunidad “... resulta evidente, consultado el texto dedicho fallo, que los incisos primero y tercero no habían sido entonces demandados ni entró la Corte a ocuparse de suconstitucionalidad

juzgada aparente sólo porque en la parte motiva no se haga una referenciaexplícita a un cargo hipotético planteado a posteriori en relación con algúnelemento contenido en una de tales disposiciones, salvo que lainconstitucionalidad suscitada por el nuevo cargo sea evidente.Distinción entre cosa juzgada relativa y cosa juzgada condicionada 188La limitación de la cosa juzgada tiene que ver con la posibilidad de que unadisposición que ya fue analizada por la Corte, pueda o no ser estudiada en elfuturo. Por ende, existe cosa juzgada relativa cuando la disposición esdeclarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado suescrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidadde esa misma norma pueda ser nuevamente reexaminada en el futuro. Encambio, la constitucionalidad condicionada consiste en que la Corte delimita elcontenido de la disposición acusada para, en desarrollo del principio deconservación del derecho, poder preservarla en el ordenamiento. Así, lasentencia condicionada puede señalar que sólo son válidas algunasinterpretaciones de la misma, estableciéndose de esta manera cuáles sentidosde la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico ycuales no son legítimos constitucionalmente. Pero si la Corte no limita elalcance de la cosa juzgada, entonces ese pronunciamiento material deconstitucionalidad condicionada tiene efectos jurídicos definitivos y erga omnes.188 C-492/00.

DOCTRINA CONSTITUCIONALPoder vinculante de las Sentencias de la Corte ConstitucionalLa 189 Corte Constitucional ha distinguido los efectos de sus fallos respecto de lacosa juzgada y de la doctrina constitucional. Porque se tiene definido queposeen poder vinculante la parte resolutiva de las sentencias, los fundamentosque guarden relación directa con ella, y aquellos que la Corporación indique, entanto el resto de la argumentación constituye criterio auxiliar no obligatorio 190 .Además, la Corte ha precisado la necesidad de distinguir su labor de intérpreteautorizado de la Carta, en virtud del cual sus pautas de interpretación obligan atodos aquellos que recurren a la aplicación directa de la norma constitucional,de sus criterios y apreciaciones sobre la aplicación de normas de inferiorjerarquía, los que pueden ser acogidos o ignorados por los jueces debido a queconcurren con otras fuentes como criterios auxiliadores de la actividad judicial(C.P., art. 230). 191189 C-739/01.190 Sentencia C-131 de 1993, M.P. Alejando Martínez Caballero.191 Al respecto resulta de gran utilidad tener presente este pronunciamiento:“ b. La doctrina constitucional. Las normasde la Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia laindividualización, tal como lo ha subrayado Kelsen191 al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por unafase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren,bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen.Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamentecontempladas en la ley.Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad),aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directade las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notasdistintivas advertidas en la ley.Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley,se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayansido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de lasnormas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art.241 C.P.)Pero como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica la ley, en su expresiónmás primigenia y genuina. Es preciso aclarar que no es la jurisprudencia la que aquí se consagra como fuenteobligatoria. A ella alude claramente otra disposición, el artículo 4° de la ley 69 de 1896, para erigirla en pautameramente optativa para ilustrar, en ciertos casos, el criterio de los jueces. Así dice el mencionado artículo en su partepertinente:"Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación sobre un mismo puntode derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos ..." (Subraya la Sala).Es claro entonces que la norma transcrita resulta armónica con lo dispuesto en el artículo 230 de la Carta del 91.Así mismo, conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis que aquí se afirma y la sentencia C-131/93, quedeclaró inexequible el artículo 23 del Decreto legislativo 2067 del 91 en el cual se ordenaba tener "como criterio auxiliarobligatorio" "la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional", mandato, ese sí,claramente violatorio del artículo 230 Superior. Lo que hace, en cambio, el artículo 8° que se examina -valga lainsistencia- es referir a las normas constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan comofundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está previsto en la ley. La cualificación adicional deque si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse,constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica.Es necesario distinguir la función integradora que cumple la doctrina constitucional, en virtud del artículo 8°, cuyaconstitucionalidad se examina, de la función interpretativa que le atribuye el artículo 4° de la misma ley, al disponer:"Los principios del Derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casosdudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes" (Subraya la Corte).La disposición transcrita corrobora, además, la distinción que atrás queda hecha entre doctrina constitucional yjurisprudencia. Es apenas lógico que si el juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérpretesupremo de la Carta deba guiar su decisión. Es claro eso sí que, salvo las decisiones que hacen tránsito a la cosajuzgada, las interpretaciones de la Corte constituyen para el fallador valiosa pauta auxiliar, pero en modo alguno criterioobligatorio, en armonía con lo establecido por el artículo 230 Superior.Lo anterior encuentra claro apoyo, además, en el artículo 5° de la misma ley (153 de 1887), cuyo texto reza:"Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica servirán para fijar el pensamientodel legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o incongruentes" (Subraya la Corte).

La 192 parte motiva de una sentencia de constitucionalidad tiene en principioel valor que la Constitución le asigna a la doctrina en el inciso segundo delartículo 230: criterio auxiliar -no obligatorio-, esto es, ella se considera obiterdicta.Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias de la CorteConstitucional que guarden relación directa con la parte resolutiva, así comolos que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida enque tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y,en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen lajurisprudencia.La ratio iuris de esta afirmación se encuentra en la fuerza de la cosa juzgadaimplícita de la parte motiva de las sentencias de la Corte Constitucional, queconsiste en esta Corporación realiza en la parte motiva de sus fallos unaconfrontación de la norma revisada con la totalidad de los preceptos de laConstitución Política, en virtud de la guarda de la integridad y supremacía queseñala el artículo 241 de la Carta. Tal confrontación con toda la preceptivaconstitucional no es discrecional sino obligatoria. Al realizar tal confrontación laCorte puede arribar a una de estas dos conclusiones: si la norma es declaradainexequible, ella desaparece del mundo jurídico, con fuerza de cosa juzgadaconstitucional, como lo señala el artículo 243 superior, y con efecto ergaonmes, sin importar si los textos que sirvieron de base para tal declaratoriafueron rogados o invocados de oficio por la Corporación, porque en amboscasos el resultado es el mismo y con el mismo valor. Si la norma es declaradaexequible, ello resulta de un exhaustivo examen del texto estudiado a la luz detodas y cada una de las normas de la Constitución, examen que lógicamentese realiza en la parte motiva de la sentencia y que se traduce desde luego en eldispositivo.Son pues dos los fundamentos de la cosa juzgada implícita: primero, el artículo241 de la Carta le ordena a la Corte Constitucional velar por la guarda ysupremacía de la Constitución, que es norma normarum, de conformidad con elartículo 4° idem. En ejercicio de tal función, la Corte expide fallos con fuerza decosa juzgada constitucional, al tenor del artículo 243 superior. Segundo, dichosfallos son erga omnes, según se desprende del propio artículo 243constitucional.La 193 doctrina constitucional. Las normas de la Constitución política, y éstano es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocablehacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen 194 al tratar delordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente ensu desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no loLa disposición destaca, nítidamente, la función que está llamada a cumplir la doctrina constitucional en el campointerpretativo. Es un instrumento orientador, mas no obligatorio, como sí ocurre cuando se emplea como elementointegrador: porque en este caso, se reitera, es la propia Constitución -ley suprema-, la que se aplica.” sentencia citadaen el la nota 10.192 C-131/93.193 C-083/95.194 Op. cit.

equieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión nodesvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, seraplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no estánexplícitamente contempladas en la ley.Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que amenudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora deinseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuacióndirecta de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir enellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley.Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales comofundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional,consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia,hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de laConstitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores estétamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérpretesupremo. (art. 241 C.P.)Pero como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica laConstitución aplica la ley, en su expresión más primigenia y genuina. Espreciso aclarar que no es la jurisprudencia la que aquí se consagra comofuente obligatoria. A ella alude claramente otra disposición, el artículo 4° de laley 69 de 1896, para erigirla en pauta meramente optativa para ilustrar, enciertos casos, el criterio de los jueces. Así dice el mencionado artículo en suparte pertinente:"Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia comoTribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrinaprobable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos ..." (Subraya de laSala).Es claro entonces que la norma transcrita resulta armónica con lo dispuesto enel artículo 230 de la Carta del 91.Así mismo, conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis que aquíse afirma y la sentencia C-131/93, que declaró inexequible el artículo 23 delDecreto legislativo 2067 del 91 en el cual se ordenaba tener "como criterioauxiliar obligatorio" "la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de laCorte Constitucional", mandato, ese sí, claramente violatorio del artículo 230Superior. Lo que hace, en cambio, el artículo 8° que se examina es referir a lasnormas constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para quesirvan como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judiceno está previsto en la ley. La cualificación adicional de que si las normas quevan a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese mododeben aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de laseguridad jurídica.Es necesario distinguir la función integradora que cumple la doctrinaconstitucional, en virtud del artículo 8°, cuya constitucionalidad se examina, de

la función interpretativa que le atribuye el artículo 4° de la misma ley, aldisponer:"Los principios del Derecho natural y las reglas de la jurisprudencia serviránpara ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es, asu vez, norma para interpretar las leyes"La disposición transcrita corrobora, además, la distinción que atrás quedahecha entre doctrina constitucional y jurisprudencia. Es apenas lógico que si eljuez tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérpretesupremo de la Carta deba guiar su decisión. Es claro eso sí que, salvo lasdecisiones que hacen tránsito a la cosa juzgada, las interpretaciones de laCorte constituyen para el fallador valiosa pauta auxiliar, pero en modo algunocriterio obligatorio, en armonía con lo establecido por el artículo 230 Superior.Lo anterior encuentra claro apoyo, además, en el artículo 5° de la misma ley(153 de 1887), cuyo texto reza:"Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la crítica y lahermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar oarmonizar disposiciones legales oscuras o incongruentes" (Subraya la Corte).La disposición destaca, nítidamente, la función que está llamada a cumplir ladoctrina constitucional en el campo interpretativo. Es un instrumento orientador,mas no obligatorio, como sí ocurre cuando se emplea como elementointegrador: porque en este caso, se reitera, es la propia Constitución -leysuprema-, la que se aplica.Respeto a los precedentes y cambio de jurisprudencia 195El respeto a los precedentes cumple funciones esenciales en losordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho legislado como elcolombiano. Por ello, tal y como esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y enespecial el juez constitucional, debe ser consistente con sus decisionesprevia 196 , al menos por cuatro razones de gran importancia constitucional. Enprimer término, por elementales consideraciones de seguridad jurídica y decoherencia del sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que gobiernen laconducta de los seres humanos, deben tener un significado estable, por lo cuallas decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles. Ensegundo término, y directamente ligado a lo anterior, esta seguridad jurídica esbásica para proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico,ya que una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone enriesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de lastransacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a loscambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programarautónomamente sus actividades. En tercer término, en virtud del principio deigualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de maneradistinta por un mismo juez. Y, finalmente, como un mecanismo de control de la195 SU.047 de 1999196 Ver, por ejemplo, entres otras, las sentencias T-13 de 1995 y C-400 de 1998.

propia actividad judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces unamínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el problemaque les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otrocaso diferente pero que presente caracteres análogos. Por todo lo anterior, esnatural que en un Estado de derecho, los ciudadanos esperen de sus juecesque sigan interpretando las normas de la misma manera, por lo cual resultaválido exigirle un respeto por sus decisiones previas.El respeto al precedente es esencial en un Estado de derecho; sin embargo,también es claro que este principio no debe ser sacralizado, puesto que no sólopuede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocarinaceptables injusticias en la decisión de un caso. Así, las eventualesequivocaciones del pasado no tienen por qué ser la justificación deinaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro. O, en otros eventos,una doctrina jurídica o una interpretación de ciertas normas puede haber sidoútil y adecuada para resolver ciertos conflictos en un determinado momentopero su aplicación puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptablesen casos similares, pero en otro contexto histórico, por lo cual en tal eventoresulta irrazonable adherir a la vieja hermenéutica. Es entonces necesarioaceptar que todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensiónpermanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica -que implica unosjueces respetuosos de los precedentes- y la realización de la justicia materialdel caso concreto -que implica que los jueces tengan capacidad de actualizarlas normas a las situaciones nuevas-.En general la doctrina y la práctica de los tribunales admiten que, dentro deciertos límites, un juez puede distanciarse de sus propios precedentes. Esto esmuy claro en los sistemas de derecho legislado, en donde la fuente esencial delderecho es la ley, y no la jurisprudencia, por lo cual un funcionario judicial, enejercicio de su autonomía interpretativa, puede modificar, aunque obviamenteno de manera caprichosa, su entendimiento de las disposiciones legales yapartarse de sus decisiones previas. Pero incluso en los sistemas del CommonLaw, en donde el derecho derivado de los precedentes judiciales o “case Law” esfuente básica del ordenamiento jurídico, el principio del “stare decisis” o estarse alo resuelto en casos anteriores, no es absoluto, puesto que las más altasCorporaciones admiten que pueden apartarse de un precedente, con el fin deprecisar, corregir o modificar una línea jurisprudencial 197 . Así, Inglaterra durantesiglos adhirió de manera muy rígida a la fuerza vinculante de los precedentes; sinembargo, las propias necesidades del derecho en una sociedad complejallevaron a la Cámara de los Lores a abolir, en julio de 1966, la regla según la cualella quedaba atada de manera absoluta a sus decisiones anteriores 198 . Según lamás alta corporación judicial inglesa, el respeto al precedente es "indispensable"para decidir casos concretos ya que "provee al menos un cierto grado de certezasobre la cual los individuos pueden confiar para llevar a cabo sus negocios y es labase para un desarrollo ordenado de las reglas jurídicas". Sin embargo, precisanlos Lores, una "adhesión demasiado rígida al precedente puede conducir ainjusticias en casos concretos y también restringir indebidamente el adecuadodesarrollo del derecho". Por ello concluyen que a partir de ese momento la197 Para esta práctica en derecho inglés, ver Denis Keenan. English Law. (9 Ed) Londres: Pitman, 1989, pp 130 y ss.198 Ver al respecto la declaración de Lord Gardiner, Presidente de ese tribunal, citada en Keenan. Op-cit, p 135

Cámara de los Lores va a considerar que si bien los precedentes son"normalmente vinculantes", será posible para esa corporación "apartarse de unadecisión previa cuando sea justo hacerlo". El tribunal precisó empero que esanueva regla sólo era aplicable a la Cámara de los Lores, pero no a los otrosjueces, que siguen entonces vinculados a los precedentes de la más altacorporación judicial inglesa, al menos hasta que ésta no los varíe, o seanmodificados por una ley del Parlamento.Si bien las altas corporaciones judiciales, y en especial la Corte Constitucional,deben en principio ser consistentes con sus decisiones pasadas, lo cierto esque, bajo especiales circunstancias, es posible que se aparten de ellas. Comoes natural, por razones elementales de igualdad y seguridad jurídica, el sistemade fuentes y la distinta jerarquía de los tribunales implican que estos ajustes yvariaciones de una doctrina vinculante sólo pueden ser llevados a cabo por lapropia corporación judicial que la formuló. Por tal razón, y debido al especialpapel de la Corte Constitucional, como intérprete auténtico de la Carta yguardiana de su integridad y supremacía, corresponde a esa Corporación, ysólo a ella, modificar las doctrinas constitucionales vinculantes que hayadesarrollado en sus distintos fallos.De otro lado, y debido a las funciones esenciales que juega en un Estado dederecho el respeto al precedente, la variación de una jurisprudencia o unadoctrina constitucional no es un asunto de poca monta sino que debe sercuidadosamente evaluado por los jueces. Por ello, en anterior oportunidad, estaCorporación había explicado qué requisitos debía cumplir un cambio dejurisprudencia para que fuera legítimo. Dijo entonces la Corte:“En ese orden de ideas, un tribunal puede apartarse de un precedente cuandoconsidere necesario hacerlo, pero en tal evento tiene la carga deargumentación, esto es, tiene que aportar las razones que justifican elapartamiento de las decisiones anteriores y la estructuración de una nuevarespuesta al problema planteado. Además, para justificar un cambiojurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretación actual esun poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho deserlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema jurídico de determinadamanera. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario esnecesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerzatales que, en el caso concreto, primen no sólo sobre los criterios que sirvieronde base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones deseguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respetodel precedente en un Estado de derecho. 199Para comprender el alcance de la obligatoriedad de un precedente, resultaindispensable distinguir entre los diversos aspectos de una decisión judicial. Así,siguiendo en parte la terminología de los sistemas del Common Law, que es endonde más fuerza tiene la regla del "stare decisis 200 , y en donde por ende más199 Sentencia C-400 de 1998. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico No 57200 Ver al respecto Denis Keennan. Op-cit. p 134. Igualmente ver Francisco Rubio Llorente. "La jurisdicciónconstitucional como forma de creación del derecho" en La forma del poder. Madrid: Centro de EstudiosConstitucionales, 1993, pp 500 y ss.

se ha desarrollado la reflexión doctrinal en este campo, es posible diferenciar muyesquemáticamente entre la parte resolutiva, llamada a veces "decisum", la "ratiodecidendi" (razón de la decisión) y los "obiter dicta" (dichos al pasar).Estos conceptos son formulados de distinta manera y con lenguajes diversos porlos autores 201 , lo cual ha generado a veces agudas discusiones conceptuales. Sinembargo, su sentido esencial es relativamente claro: Así, el decisum es laresolución concreta del caso, esto es, la determinación específica de si elacusado es o no culpable en materia penal, si el demandado debe o noresponder en materia civil, si al peticionario el juez le tutela o no su derecho, si ladisposición acusada es o no retirada del ordenamiento, etc. Por su parte, la ratiodedicendi es la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantesdel caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de ladecisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de laparte resolutiva. En cambio constituye un mero dictum, toda aquella reflexiónadelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión,por lo cual son opiniones más o menos incidentales en la argumentación delfuncionario.Estos diversos componentes de una sentencia tienen distinta obligatoriedad en elCommon Law. Así, el decisum, una vez que la providencia está en firme, hacetránsito a cosa juzgada y obliga a los partícipes en el proceso. Sin embargo, ycontrariamente a lo que a veces se piensa, esta parte resolutiva no constituye ensí misma el precedente, ni vincula a los otros jueces, por la sencilla razón de quea éstos no corresponde decidir ese problema específico sino otros casos, quepueden ser similares, pero jamás idénticos. Por ello, en el sistema del CommonLaw es claro que el precedente vinculante es la ratio decidendi del caso, ya queese principio abstracto, que fue la base necesaria de la decisión, es el que debeser aplicado por los jueces en otras situaciones similares. Así lo señaló conclaridad en Inglaterra Lord Jessel, en el caso Osborne v Rwlet de 1880, en dondeprecisó que "la única cosa que es vinculante en una decisión judicial es elprincipio que sirvió de base a la decisión" 202 . Finalmente, los obiter dicta tienenuna fuerza persuasiva, que puede ser mayor o menor según el prestigio yjerarquía del tribunal, pero no son vinculantes; un dictum constituye entonces, enprincipio, un criterio auxiliar pero no obligatorio para los otros jueces.Estos diversos efectos no son caprichosos sino que derivan naturalmente deciertas características del derecho. Así, en la medida en que el sistema judicialpretende resolver definitivamente los conflictos que se le plantean, es natural queel decisum obligue a las partes en el litigio, con fuerza de cosa juzgada, pues deno ser así, el derecho no cumpliría su función básica de pacificación social. Sinembargo, por obvias razones de debido proceso, en principio, esa decisión sólovincula a quienes participaron en la controversia judicial, salvo algunasexcepciones, como los casos de acciones colectivas o cuando el ordenamientoconfiere efectos erga omnes a determinadas sentencias, tal y como sucede conlos procesos de control constitucional en nuestro país.201 La terminología no es siempre idéntica. Así, algunos autores, en especial estadounidenses, prefieren hablar del"holding", en vez de ratio decidendi, y de "disposition", que es la parte resolutiva, pero la idea es básicamente la misma202 Citado por Denis Kenan. Op-cit, p 133

Un poco más compleja, pero particularmente importante, es la explicación de porqué únicamente la ratio decidendi constituye doctrina vinculante para losotros jueces, mientras que los dicta, incluso de los tribunales máximos,tienen una simple fuerza persuasiva.Para entender el fundamento de esa diferencia es necesario tener en cuenta queel respeto al precedente se encuentra íntimamente ligado a una exigencia quepesa sobre toda actuación judicial, para que pueda ser calificada deverdaderamente jurídica y racional, y es la siguiente: los jueces debenfundamentar sus decisiones, no en criterios ad-hoc, caprichosos ycoyunturales, sino con base en un principio general o una regla universal quehan aceptado en casos anteriores, o que estarían dispuestos a aplicar en casossemejantes en el futuro. Y es que no puede ser de otra forma, pues de losjueces se espera que resuelvan adecuadamente los conflictos, pero no decualquier manera, sino con fundamento en las prescripciones delordenamiento. El juez debe entonces hacer justicia en el caso concreto pero deconformidad con el derecho vigente, por lo cual tiene el deber mínimo deprecisar la regla general o el principio que sirve de base a su decisión concreta.Esta exigencia de universalidad de la argumentación jurídica es tan importante,que muchos teóricos contemporáneos hacen de ella el requisito mínimo deracionalidad que debe tener una decisión judicial en una sociedad democrática.Así, y por no citar sino a algunos de los doctrinantes más conspicuos sobreeste tema, tal es la base de la conocida tesis de Wechsler, según la cual losjueces deben decidir sus casos con base en “principios neutrales ygenerales” 203 ; igualmente allí radica la importancia conferida por Perelman yMacCormick al respeto que deben tener los jueces por el principio de justiciaformal, que obliga a decidir de manera igual los casos iguales 204 . O también,ésta es la base de la tesis de Alexy según la cual toda decisión judicial debeestar fundada al menos en una norma universal 205 .Por ende, la existencia de una ratio decidendi en una sentencia resulta de lanecesidad de que los casos no sean decididos caprichosamente sino confundamento en normas aceptadas y conocidas por todos, que es lo único quelegitima en una democracia el enorme poder que tienen los jueces -funcionariosno electos- de decidir sobre la libertad, los derechos y los bienes de las otraspersonas.Es también natural que únicamente la ratio decidendi tenga efectosvinculantes sobre otros jueces y adquiera la obligatoriedad de unprecedente. En efecto, en general, los jueces no son electos democráticamente,ni tienen como función básica formular libremente reglas generales. A ellos lescorresponde exclusivamente resolver los casos que les son planteados por laspartes; es lo que algunos autores denominan la "virtud pasiva" de la jurisdicción,para hacer referencia al hecho de que los jueces no tienen la facultad de poneren marcha autónomamente el aparato judicial ya que sólo actúan a petición de203 Ver el artículo de Wechsler. “Towards neutral principles of Constitutional Law” en Harvard Law Review, 73, 1959204 Ver Neil MacCormick. Legal reasoning and Legal Theory. Oxford: Clarendon, 1995, capítulo IV205 Ver Robert Alexy. Teoría de la argumentación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp 214 yss,

parte, y no por voluntad propia, y su intervención está destinada a resolver loscasos planteados. Esto explica que desde prácticamente el inicio de susactividades la Corte Suprema de los Estados Unidos se haya abstenido deformular consejos y recomendaciones, ya que su función es estrictamenteresolver casos; igualmente, por la misma razón, esta Corte Constitucional haprecisado que cuando una norma ha sido acusada, pero no se encuentra vigente,ni produce efectos, el pronunciamiento de esta Corporación debe ser, en general,inhibitorio, por carencia actual de objeto 206 .Esta cualidad pasiva de la jurisdicción es esencial para preservar el principiodemocrático y la separación de poderes. Unicamente el principio general quesirvió de sustento directo para resolver el caso, esto es la ratio decidendi, puedeaspirar a convertirse en precedente vinculante, mientras que las otras opinionesincidentales, al no estar inescindiblemente ligadas al asunto planteado al juez, alo sumo tienen un valor pedagógico y persuasivo.El anterior análisis justifica no sólo por qué únicamente la ratio decidendi esvinculante como precedente sino que además lleva a una conclusión ineludible: eljuez que decide el caso no puede caprichosamente atribuir el papel de ratiodecidendi a cualquier principio o regla sino que únicamente tienen tal carácteraquellas consideraciones normativas que sean realmente la razón necesaria paradecidir el asunto.Estas distinciones y criterios han sido reiterados por la Corte en decisionesposteriores, en especial en la sentencia C-037 de 1996, en donde estaCorporación precisó:“Sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito acosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencias de la CorteConstitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, estaconstituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de lasnormas de derecho en general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptosconsignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa einescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de laargumentación que se considere absolutamente básica, necesaria eindispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de lassentencias y que incida directamente en ella.”La 207 Corte Constitucional, como interprete autorizado y supremo de laConstitución, define la opción más compatible con la Constitución dentro delas alternativas concebibles, opción que precisamente queda fijada en ladoctrina constitucional y en la ratio decidendi que concretan el alcance de lapropia Constitución.La jurisprudencia ha distinguido entre obiter dicta y ratio decidendi, parasostener que el carácter vinculante se refiere a esta última y no a la primera. Laratio decidendi abarca el criterio jurídico determinante así como las razonesinescindiblemente relacionadas con el decisum y sin las cuales la decisión delcaso no sería comprensible o carecería de fundamento. El obiter dicta, lo que206 Ver, entre muchas otras, la sentencia C-397 de 1995207 SU.1219/01.

se dice de paso, carece del carácter vinculante de la ratio decidendi. Ladoctrina constitucional reúne tanto dicho criterio determinante de la decisiónadoptada como las razones específicas para justificarla y aplicarla en un casoconcreto. Es un concepto más amplio que el de ratio decidendi puesto quecomprende las consideraciones que justifican la decisión y lo resuelto.La ratio decidendi surge de la propia lectura autorizada de la Constitución porparte del órgano constitucional encargado de velar por su interpretación yaplicación integrales. Exhibe un grado mayor de abstracción que el decisum, elcual surte efectos en el caso concreto. La ratio decidendi se proyecta – envirtud del principio de igualdad, de la seguridad jurídica, del principio deconfianza legítima, y de la supremacía de la Constitución– más allá del casoconcreto y tiene la fuerza y el valor de precedente para todos los jueces en susdecisiones. Una vez fijado con autoridad, por el órgano competente y siguiendoel procedimiento constitucional para ese fin, el significado de la normaconstitucional, éste se integra a ella y adquiere fuerza vinculante al ser partedel derecho a cuyo imperio están sometidas todas las autoridades en unEstado Social de Derecho. El artículo 230 de la Constitución establece que losjueces están sometidos al imperio de la ley, concepto que no abarcaexclusivamente las leyes en sentido formal, sino que comprende obviamente laConstitución y, en un sentido amplio, el derecho dentro del cual la ratio de lassentencias ocupa un lugar primordial puesto que le confieren efectividad a lasnormas, al concretar sus alcances. Además, de lo contrario - es decir, deescindirse la norma de la ratio que le fija su significado para asegurar suaplicación efectiva y la concreta para precisar sus alcances - se rompería launidad del ordenamiento jurídico y se resquebrajaría su coherencia endesmedro de la seguridad jurídica, de la aplicación igual de las normas a casosiguales y de la confianza legítima de los habitantes en que el derecho seráaplicado de manera consistente y predecible.La Corte, advierte que los jueces son independientes y autónomos. Subraya,también, que su independencia es para aplicar las normas, no para dejar deaplicar la Constitución (artículo 230 de la C.P.). Un juez no puede invocar suindependencia para eludir el imperio de la ley, y mucho menos, para dejar deaplicar la ley de leyes, la norma suprema que es la Constitución. La alternativa,inaceptable en una democracia constitucional, es que el significado de laConstitución cambie según el parecer de cada juez. Entonces, será vinculanteno la norma constitucional objetiva, sino la opinión de cada funcionario judicialque puede variar de despacho en despacho y cambiar de tiempo en tiempo,según evolucionen las tesis de cada juez. Nada más contrario al conceptomismo de derecho. Nada más lesivo para la efectividad de un Estado Social deDerecho. Nada que le reste más vigencia y eficacia a la Constitución.Doctrina constitucional en tutela 208Respecto de la observancia o aplicación de la doctrina constitucionalconsignada en los fallos de tutela, la Corte Constitucional, en la sentencia T-175/97, reiteró y precisó que la función que cumple la Corte en la revisión delos fallos de tutela consiste en unificar a nivel nacional los criterios judiciales en208 T-715/01.

la interpretación y aplicación de las normas constitucionales, precisando elalcance de los derechos fundamentales, trazando pautas acerca de laprocedencia y desarrollo del amparo como mecanismo de protección yefectividad de los mismos y estableciendo la doctrina constitucional que esobligatoria para los jueces en todos los casos en que no haya normas legalesexactamente aplicables al caso controvertido. Igualmente, el principio deautonomía funcional del juez no implica ni se confunde con la arbitrariedad delfallador al aplicar los mandatos de la Carta Política.En dicha providencia se insistió en que las pautas doctrinales que traza laCorte en los fallos de revisión de tutelas "indican a todos los jueces el sentido ylos alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse" (Cfr.Sentencia T-260 de 1995), por lo cual, cuando, no existiendo norma legalaplicable al caso controvertido, ignoran o contrarían la doctrina constitucionalno se apartan simplemente de una jurisprudencia -como podría ser la penal, lacivil o la contencioso administrativa- sino que violan la Constitución, en cuantola aplican de manera contraria a aquella en que ha sido entendida por el juezde constitucionalidad.Igualmente, se puso de presente que la Corte Constitucional interpreta lospreceptos fundamentales y señala sus alcances cuando revisa las sentenciasproferidas al resolver sobre acciones de tutela, toda vez que en talesocasiones, sin perjuicio del efecto particular e inter partes del fallo dereemplazo que deba dictar cuando corrige las decisiones de instancia, fija elsentido en que deben entenderse y aplicarse, consideradas ciertascircunstancias, los postulados y preceptos de la Constitución.Finalmente, se ha reiterado que resultaría inútil la función de revisareventualmente los fallos de tutela si ello únicamente tuviera por objeto resolverla circunstancia particular del caso examinado, sin que el análisis jurídicoconstitucional repercutiera, con efectos unificadores e integradores y con algúnpoder vinculante, en el quehacer futuro de los jueces ante situaciones que porsus características respondan al paradigma de lo tratado por la Corte en elmomento de establecer su doctrina.Esta 209 Corporación ya ha precisado en distintas ocasiones que en el caso delas sentencias de tutela la Corte actúa como tribunal de unificación dejurisprudencia, y que los jueces que consideren pertinente apartarse de ladoctrina fijada en esas providencias, en uso de su autonomía funcional, debenargumentar y justificar debidamente su posición. De lo contrario, es decir sicada juez pudiera fallar como lo deseara y sin tener que fundamentar suposición, se vulneraría abiertamente los derechos de los ciudadanos a laigualdad y de acceso a la justicia. El primero, porque la aplicación de la ley y laConstitución dependería del capricho de cada juez - y se habla de caprichoprecisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican porqué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que casosidénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente pordistintos jueces e incluso por el mismo juez. Y el segundo, en la medida en quelas decisiones de la Corte y su interpretación de la Constitución serían209 T-566 de 1998.

ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los asociados a que existauna cierta seguridad jurídica acerca de la interpretación de las normas.Obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 210El artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “las sentencias en que serevise una decisión de tutela solo surtirá efectos en el caso concreto”. Ello hadado pie para que algunas autoridades judiciales consideren que lassentencias proferidas por la Corte en ejercicio de su función constitucional, novincula sino a las partes en el proceso.La jurisprudencia se ha ocupado de este asunto en innumerables ocasiones yha señalado que la función de la Corte, en materia de derechosconstitucionales, consiste en lograr “la unidad interpretativa de laConstitución” 211 , razón por la cual se ha entendido que la doctrinaconstitucional en la materia es obligatoria 212 , en especial, la ratio decidendi 213 ,que construye el precedente judicial 214 . De ahí que la Corte haya consideradoque existe vía de hecho cuando el juez se aparta, sin justificar debidamente suposición, de las decisiones de la Corte Constitucional 215 .El valor normativo de los precedentes constitucionales 216La Sala Plena considera oportuno reiterar su jurisprudencia sobre el valornormativo de los precedentes constitucionales en materia de control abstractode constitucionalidad, ya que el peticionario alega que la regla de derecho quefue inaplicada en su caso, es una supuesta regla establecida por la CorteConstitucional en la sentencia C-127 de 1993.La Corte Constitucional ha dicho reiteradamente, desde sus comienzos, que lasdecisiones de la Corporación que hacen tránsito a cosa juzgada constitucionalson fuente formal de Derecho, y constituyen doctrina constitucional obligatoria (C-131/93, C-083/95, C-037/96, SU-047/99, C-836/2001).En la construcción de la teoría de la obligatoriedad de los precedentes judiciales,la Corte Constitucional ha usado los conceptos de Decisum, ratio decidendi, yobiter dicta, para determinar qué partes de la decisión judicial constituyen fuenteformal de derecho. El decisum, la resolución concreta del caso, la determinaciónde si la norma debe salir o no del ordenamiento jurídico en materia constitucional,tiene efectos erga omnes y fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos.La ratio decidendi, entendida como la formulación general del principio, regla orazón general que constituyen la base necesaria de la decisión judicial específica,también tiene fuerza vinculante general. Los obiter dicta o "dichos de paso", no210 SU.062/01.211 Sentencia SU-640 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz212 Sentencia C-600 de 1998.213 Sentencia SU-047 de 1999214 Sentencia T-1625 de 2000215 Ibídem. En la sentencia SU-640 de 1998, la Corte señaló:“En segundo término, la revisión eventual de las sentencias de tutela contribuye a homogeneizar la interpretaciónconstitucional de los derechos fundamentales. En este campo, la revocación de las sentencias o actos de los jueceslesivos de los derechos fundamentales, como puede ocurrir en aplicación de la doctrina sobre las vías de hecho, serevela como un instrumento eficaz y necesario para preservar la unidad interpretativa de la Constitución.”216 SU.1300/01.

tienen poder vinculante , sino una "fuerza persuasiva" que depende del prestigio yjerarquía del Tribunal, y constituyen criterio auxiliar de interpretación. (se sigueaquí la sentencia SU-047/99)En el mismo sentido, en la sentencia C-037 de 1996 la Corte admitió que"tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en la parte motiva queguarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; enotras palabras, aquella parte de la argumentación que se considereabsolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directoa la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella."En la SU-047 de 1999, la Corte Constitucional entendió que el fundamento delcarácter vinculante general de la ratio decidendi de las decisiones judiciales, esque los jueces deben fundar sus decisiones, no en criterios ad-hoc, caprichosos ocoyunturales, sino en principios generales, o en reglas universales que hanadoptado en casos anteriores, o que estarían dispuestos a aplicar en casossemejantes en el futuro. El juez debe hacer justicia en el caso concreto pero deconformidad con el derecho vigente, por lo cual tiene el "deber mínimo" deprecisar la regla general o el principio que sirve de base a su decisión concreta.En la sentencia que se viene siguiendo, se precisa que "en realidad son losjueces posteriores, o el mismo juez en casos ulteriores, quienes precisan elverdadero alcance de la ratio decidendi de un asunto, de suerte que la doctrinavinculante de un precedente 'puede no ser la ratio decidendi que el juez quedecidió el caso hubiera escogido sino aquella que es aprobada por los juecesposteriores'". El juez que decide el caso no puede caprichosamente atribuir elpapel de ratio decidendi a cualquier principio o regla sino que únicamente tienental carácter aquellas consideraciones normativas que sean realmente la razónnecesaria para decidir el asunto.Fuerza normativa de la doctrina probable de la jurisdicción ordinaria 217La fuerza normativa de la doctrina probable proviene (1) de la autoridadotorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla, unificandola jurisprudencia ordinaria nacional; (2) del carácter decantado de lainterpretación que dicha autoridad viene haciendo del ordenamiento positivo,mediante una continua confrontación y adecuación a la realidad social y; (3)del deber de los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b) la igualdadde trato por parte de las autoridades y; (4) del principio de buena fe que obligatambién a la rama jurisdiccional, prohibiéndole actuar contra sus propios actos.Por otra parte, la autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudenciatiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentalesde las personas y esta atribución implica que la Constitución le da un valornormativo mayor o un “plus” a la doctrina de esa alta Corporación que a la delresto de los jueces de la jurisdicción ordinaria. Ello supone que la cargaargumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de lajurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la quecorresponde a éste órgano para apartarse de sus propias decisiones porconsiderarlas erróneas.217 C-836/01.

¿Cómo resultan vinculantes las decisiones judiciales?Si la parte de las sentencias que tiene fuerza normativa son los principios yreglas jurídicas, ello significa que no todo el texto de su motivación resultaobligatorio. Para determinar qué parte de la motivación de las sentencias tienefuerza normativa resulta útil la distinción conceptual que ha hecho en diversasoportunidades esta Corporación entre los llamados obiter dicta o afirmacionesdichas de paso, y los ratione decidendi o fundamentos jurídicos suficientes, queson inescindibles de la decisión sobre un determinado punto de derecho. 218Sólo estos últimos resultan obligatorios, mientras los obiter dicta, o aquellasafirmaciones que no se relacionan de manera directa y necesaria con ladecisión, constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial en los términosdel inciso 2º del artículo 230 de la Constitución. Por supuesto, la definicióngeneral de dichos elementos no es unívoca, y la distinción entre unos y otrosen cada caso no resulta siempre clara. Sin embargo, la identificación,interpretación y formulación de los fundamentos jurídicos inescindibles de unadecisión, son labores de interpretación que corresponden a los jueces, yprincipalmente a las altas Cortes. La ratio decidendi de un caso, por supuesto,no siempre es fácil de extraer de la parte motiva de una sentencia judicial comotal, y por lo tanto, su obligatoriedad no implica la vinculación formal del juez adeterminado fragmento de la sentencia descontextualizado de los hechos y dela decisión, aun cuando resulta conveniente que las altas Cortes planteendichos principios de la manera más adecuada y explícita en el texto de laprovidencia, sin extender ni limitar su aplicabilidad, desconociendo osobrevalorando la relevancia material de aquellos aspectos fácticos y jurídicosnecesarios para su formulación en cada caso concreto.Con todo, los obiter dicta o dichos de paso, no necesariamente deben serdescartados como materiales irrelevantes en la interpretación del derecho. Enefecto, en muchos casos permiten interpretar cuestiones jurídicas importantesen casos posteriores que tengan situaciones de hecho distintas, aunque nonecesariamente deban ser seguidos en posteriores decisiones. Así, puedeocurrir que carezcan completamente de relevancia jurídica, que contenganelementos importantes pero no suficientes ni necesarios para sustentar larespectiva decisión, que sirvan para resolver aspectos tangenciales que seplantean en la sentencia, pero que no se relacionan directamente con ladecisión adoptada, o que pongan de presente aspectos que serán esencialesen decisiones posteriores, pero que no lo sean en el caso que se pretendedecidir.Adicionalmente, el juez puede observar que a pesar de las similitudes entre elcaso que debe resolver y uno resuelto anteriormente existen diferenciasrelevantes no consideradas en el primero, y que impiden igualarlos, y enconsecuencia, estaría permitido que el juez se desviara de la doctrina judicialque en apariencia resulta aplicable. A contrario sensu, puede haber dos casos218 Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta ver las siguientes providencias: SU-168/99, (M.P. EduardoCifuentes Muñoz), SU-047/99 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), SU-640/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-961/00 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-937/99 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), Auto A-016/00 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), T-022/01 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-1003/00 (M.P. Alvaro Tafur Galvis)

que en principio parezcan diferentes, pero que, observados detalladamente,tengan un término de comparación –tertium comparationis- que permitaasimilarlos en algún aspecto. En esa medida, resulta adecuado que el juezemplee criterios de igualación entre los dos, siempre y cuando la equiparaciónse restrinja a aquellos aspectos en que son equiparables, y solamente en lamedida en que lo sean. En este caso, el juez debe hacer explícitas las razonespor las cuales, a pesar de las similitudes aparentes, los casos no merezcan untratamiento igualitario o, a la inversa, debe argumentar porqué, a pesar de lasdiferencias aparentes, los casos deben recibir un trato idéntico o similar. Tantoen una como en otra hipótesis, los criterios de igualación o de diferenciacióndeben ser jurídicamente relevantes, y el trato debe ser proporcional a ladiferencia en la situación de hecho.MARCO RESIDUAL DE LA COSA JUZGADALEY 270 DE 1996ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIACAPÍTULO IV.JURISDICCIÓN CONSTITUCIONALARTÍCULO 43. ESTRUCTURA DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. LaCorte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de laConstitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 dela Constitución Política. El Consejo de Estado conoce de las acciones denulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el GobiernoNacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.También ejercen jurisdicción constitucional, excepcionalmente, para cada casoconcreto, los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones de tutelao resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechosconstitucionales.ARTÍCULO 44. INTEGRACIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. La CorteConstitucional está integrada por nueve (9) Magistrados, elegidos por elSenado de la República para períodos individuales de ocho años, de ternasque presentan: tres (3) el Presidente de la República, tres (3) la Corte Supremade Justicia y tres (3) el Consejo de Estado.Las ternas deberán conformarse con abogados de distintas especialidades delderecho y el Senado elegirá un Magistrado por cada terna, procurando que lacomposición final de la Corte Constitucional responda al criterio de diversidaden la especialidad de los Magistrados.Cuando se presente una falta absoluta entre los Magistrados de la CorteConstitucional, corresponde al órgano que presentó la terna de la cual fueelegido el titular, presentar una nueva para que el Senado de la República hagala elección correspondiente.Producida la vacante definitiva, la Corte Constitucional la comunicará deinmediato al órgano que debe hacer la postulación para que, en un lapso dequince días, presente la terna ante el Senado de la República. La eleccióndeberá producirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de

presentación de la terna o de la iniciación del período ordinario de sesiones encaso de que a la presentación de la misma el Congreso se encontrare enreceso.Mientras se provee el cargo por falta absoluta o por falta temporal de uno desus miembros la Corte Constitucional llenará directamente la vacante.ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIASPROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DECONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucionalsobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de laConstitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corteresuelva lo contrario.ARTÍCULO 46. CONTROL INTEGRAL Y COSA JUZGADACONSTITUCIONAL. En desarrollo del artículo 241 de la Constitucion Política,la Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a sucontrol con la totalidad de los preceptos de la Constitución.ARTÍCULO 47. GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Todas lasprovidencias que profiera la Corte Constitucional serán publicadas en la"Gaceta de la Corte Constitucional", la cual deberá publicarse mensualmentepor la Imprenta Nacional. Sendos ejemplares de la Gaceta serán distribuidos acada uno de los miembros del Congreso de la República y a todos losDespachos Judiciales del País.La Corte Constitucional dispondrá de un sistema de consulta sistematizada dela jurisprudencia a la cual tendrán acceso todas las personas.ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DELCONTROL CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en cumplimiento delcontrol constitucional tienen el siguiente efecto:1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de lasnormas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo delejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatoriocumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motivaconstituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de lasnormas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridadhace, tiene carácter obligatorio general.2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienencarácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituyecriterio auxiliar para la actividad de los jueces.ARTÍCULO 49. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOSDICTADOS POR EL GOBIERNO CUYA COMPETENCIA NO HAYA SIDOATRIBUIDA A LA CORTE CONSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON ELNUMERAL SEGUNDO DEL ARTÍCULO 237 DE LA CONSTITUCIÓNPOLITICA. El Consejo de Estado decidirá sobre las acciones de nulidad porinconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuyacompetencia no corresponda a la Corte Constitucional ni al propio Consejo deEstado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.La decisión será adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativodel Consejo de Estado.CAPÍTULO IV.JURISDICCIÓN CONSTITUCIONALARTÍCULO 43. ESTRUCTURA DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. LaCorte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la

Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 dela Constitución Política. El Consejo de Estado conoce de las acciones denulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el GobiernoNacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.También ejercen jurisdicción constitucional, excepcionalmente, para cada casoconcreto, los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones de tutelao resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechosconstitucionales.ARTÍCULO 44. INTEGRACIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. La CorteConstitucional está integrada por nueve (9) Magistrados, elegidos por elSenado de la República para períodos individuales de ocho años, de ternasque presentan: tres (3) el Presidente de la República, tres (3) la Corte Supremade Justicia y tres (3) el Consejo de Estado.Las ternas deberán conformarse con abogados de distintas especialidades delderecho y el Senado elegirá un Magistrado por cada terna, procurando que lacomposición final de la Corte Constitucional responda al criterio de diversidaden la especialidad de los Magistrados.Cuando se presente una falta absoluta entre los Magistrados de la CorteConstitucional, corresponde al órgano que presentó la terna de la cual fueelegido el titular, presentar una nueva para que el Senado de la República hagala elección correspondiente.Producida la vacante definitiva, la Corte Constitucional la comunicará deinmediato al órgano que debe hacer la postulación para que, en un lapso dequince días, presente la terna ante el Senado de la República. La eleccióndeberá producirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha depresentación de la terna o de la iniciación del período ordinario de sesiones encaso de que a la presentación de la misma el Congreso se encontrare enreceso.Mientras se provee el cargo por falta absoluta o por falta temporal de uno desus miembros la Corte Constitucional llenará directamente la vacante.ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIASPROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DECONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucionalsobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de laConstitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corteresuelva lo contrario.ARTÍCULO 46. CONTROL INTEGRAL Y COSA JUZGADACONSTITUCIONAL. En desarrollo del artículo 241 de la Constitucion Política,la Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a sucontrol con la totalidad de los preceptos de la Constitución.ARTÍCULO 47. GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Todas lasprovidencias que profiera la Corte Constitucional serán publicadas en la"Gaceta de la Corte Constitucional", la cual deberá publicarse mensualmentepor la Imprenta Nacional. Sendos ejemplares de la Gaceta serán distribuidos acada uno de los miembros del Congreso de la República y a todos losDespachos Judiciales del País.La Corte Constitucional dispondrá de un sistema de consulta sistematizada dela jurisprudencia a la cual tendrán acceso todas las personas.

ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DELCONTROL CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en cumplimiento delcontrol constitucional tienen el siguiente efecto:1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de lasnormas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo delejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatoriocumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motivaconstituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de lasnormas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridadhace, tiene carácter obligatorio general.2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienencarácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituyecriterio auxiliar para la actividad de los jueces.ARTÍCULO 49. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOSDICTADOS POR EL GOBIERNO CUYA COMPETENCIA NO HAYA SIDOATRIBUIDA A LA CORTE CONSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON ELNUMERAL SEGUNDO DEL ARTÍCULO 237 DE LA CONSTITUCIÓNPOLITICA. El Consejo de Estado decidirá sobre las acciones de nulidad porinconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuyacompetencia no corresponda a la Corte Constitucional ni al propio Consejo deEstado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUSPor: Alex Jamber MarínARTICULO 31. “Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo lasexcepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la penaimpuesta cuando el condenado sea apelante único”.Sentencia T-178 de 1998. Principio de la no reformatio in pejus,características. En reiterada jurisprudencia, se ha señalado que el artículo31 superior constitucionalizó la no reformatio in pejus, el cual es un principiode imperativa aplicación por parte de todos los jueces. Esta Corporación hainterpretado el alcance de esta garantía, para lo cual ha precisado estascaracterísticas:- Cuando la apelación se interpone exclusivamente por el condenado opor su defensor, el juez de segunda instancia no puede empeorar susituación agravando la pena impuesta por el juez de primera instancia.- La competencia del juez de segunda instancia se adquiere sólo en losaspectos objeto de impugnación y en lo que pueda ser desfavorable para elcondenado, puesto que la apelación y las pretensiones que se involucranen ella limitan la competencia del superior jerárquico.- Este principio impone al superior la prohibición de actuar ex-oficio yexige un carácter dispositivo.

- El principio de la no reformatio in pejus opera sólo en favor del imputado.- El principio de legalidad de la pena no cede frente al derecho a lalibertad en la segunda instancia cuando hay apelante único.- La responsabilidad para mantener la legalidad de la pena ante unasentencia de primera instancia ajena a este deber, le corresponde alMinisterio Público y a la Fiscalía, como representantes de los intereseslegítimos del Estado o de la sociedad, como quiera que se encuentranfacultados para interponer el recurso de apelación y los demás recursosque contempla el ordenamiento jurídico penal.- "La prohibición de fallar en mayor perjuicio del apelante único cobija atoda clase de decisiones judiciales -salvo las excepciones que contemple laley-"- La prohibición de agravar la condena en perjuicio del apelante único seextiende a la condena por responsabilidad civil o consecuencias civiles delilícitoEn relación con la preocupación del Tribunal Nacional referente a lanecesidad de corregir errores aritméticos en que incurrió el juez regional deprimera instancia, la Corte Constitucional mediante sentencia que unificójurisprudencia, dijo:"La no interposición oportuna del recurso de apelación por el Fiscal o elMinisterio Público, revelan la conformidad del titular de la pretensión punitivacon los términos del fallo, e implican la preclusión de la oportunidad que elEstado tenía de revisar su propio acto.Si el procesado se abstiene de recurrir la decisión o desiste del recursointerpuesto, tal como se lo permite el artículo 212 del Código de ProcedimientoPenal, ante la ausencia de impugnación de los demás sujetos procesales, lasentencia de primera instancia, aún con todos los vicios de que se la puedaacusar, hace tránsito a cosa juzgada, sólo alterable o anulable con lainterposición de la acción de revisión, que opera frente a causales muyespecíficas y sólo cuando se trata de sentencias condenatorias, con el objetode favorecer al reo que ha sido ilegalmente sancionado. Ni siquiera cabe argüir,en el plano de la conveniencia, que la interpretación prohijada por la Corte en elcaso subjudice es propiciatoria de impunidad, pues resulta excepcional einsólito que si existe un vicio sustancial en la sentencia ni el Ministerio Públiconi la Fiscalía interpongan contra ella el correspondiente recurso. Esa conductaemisiva comporta la aquiescencia del Estado, a través de los funcionariosinvestidos de competencia precisamente para esos efectos, con la sentencia deprimera instancia que, de ese modo, queda convalidada en cuanto a lasconsecuencias favorables que ella comporte con respecto al apelante único. Siel a quo incurrió en un error y el Estado, por intermedio del Ministerio Fiscal, nolo consideró tal o fue negligente en el ejercicio de su función, tal apreciación uomisión no puede subsanarla el ad quem mediante el desconocimiento de unagarantía consagrada en la Carta y no sujeta a condición." 219219 Corte Constitucional. Sentencia SU-327 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

SU. 327 de 1995. HECHOS. Los señores XX y YY fueron condenados por elJuez Penal a 24 años de prisión, como autores responsables del concurso delos delitos de homicidio y hurto calificados, ambos en circunstancias deagravación punitiva. Apelada la decisión únicamente por los condenados, laSala Penal del Tribunal Superior resolvió decretar la nulidad de la sentenciaimpugnada y ordenó dictar una nueva que se ajuste a las consideracionesesgrimidas por la Corporación. Dos fueron los motivos, entre ellas, a juicio delTribunal, el Juez Penal violó el principio de la legalidad de la pena, pues “loshechos investigados que integran el concurso de hechos punibles, secometieron bajo el imperio de la Ley 40 de 1993, y los mínimos y máximos dela pena a aplicar fueron modificados por los artículos 29 y 30 de la Ley citada,quedando en la actualidad de 25 a 40 años para el primer caso y de 40 a 60para el segundo. Es esta graduación la que debió tener entonces el juez dePrimera instancia, al fijar la pena, y no la anterior como lo hizo”. Concluyó elTribunal “de no ser por la nulidad que se presenta, el Tribunal bien podía hacerlos ajustes correspondientes en relación con esta última situación, desde luegosi se confirmara la sentencia, pues en nada se contraría la prohibición dereforma traída por el artículo 31 de la Constitución Nacional, pues se trata deun error de aplicación de la pena que tiene que ver con la legalidad de lamisma”. Con base en las anteriores consideraciones, el Juez Penal profirió unnuevo fallo, mediante el cual aumentó la pena de prisión a 44 años.Inconformes con esta nueva decisión, los condenados, en el escrito deimpugnación, sostienen que el error jurídico en que incurrió el juez de primerainstancia no puede ser asumido por ellos a costa de su propia libertad, si setiene en cuenta que, para subsanarlo, dicho funcionario les aumentódesproporcionadamente la pena de prisión. El Tribunal resolvió confirmar lorelativo a la pena principal de prisión pues, en su criterio, “se trata de un erroren la aplicación de la pena en la primera sentencia, que tiene que ver con lalegalidad de la pena, y en nada contraría la prohibición de reforma traída por elartículo 31 de la Constitución nacional.”PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS/PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.De acuerdo con el principio de la no “reformatio in pejus”, cuando el recurso deapelación sea interpuesto exclusivamente por el procesado o su defensor, eljuez de segunda instancia no podrá empeorar la situación del procesado,agravando la pena impuesta por el juez de primera instancia. Es unamanifestación del principio de congruencia, según el cual las pretensiones delrecurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competenciadel juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de susderechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el adquem: “Tantum devolutum quantum appellatum”. Es decir, que para que el juezde segundo grado pueda pronunciarse, no sólo debe mediar un recurso válido,sino que él debe ser presentado por parte legítima, esto es, aquélla quepadezca un perjuicio o invoque un agravio y persevere en el recurso.PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS-Sistema penal acusatorio. Ennuestro ordenamiento la garantía de la no "reformatio in pejus" ha sidoconstitucionalizada, y su elevación a ese rango es congruente con la adopcióndel sistema penal acusatorio, cuya esencia radica en separar las funciones deacusación y juzgamiento, para colocar en cabeza del Ministerio Fiscal la

titularidad de la primera, y en esa medida convertir al juez en un terceroindependiente, desligado de muchas de las funciones que oficiosamente debíacumplir en el sistema inquisitivo anterior; por ello se le entrega a la FiscalíaGeneral de la Nación la “carga de la prueba” y la responsabilidad derepresentar durante la etapa del juicio el interés del Estado en que se castigueal delincuente. Por este camino resulta cierto que frente a un fallo decontenidos ilegales, cuando el mismo parece tocar los intereses legítimos delEstado o de la sociedad, la impugnación del mismo corresponde, a través delrecurso de apelación o de casación, al Fiscal y al Ministerio Público; pero todaesa estructura, se destruye cuando el fallador, de oficio, se da a la tarea desuplir las omisiones de aquéllos.PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS-Competencia restringida del adquem.Si el juez de segundo grado adquiere competencia sólo en función delrecurso interpuesto por el procesado y sólo para revisar la providencia en losaspectos en que pueda serle desfavorable no puede so pretexto de que haencontrado alguna irregularidad en el proceso o en la sentencia, cuyaenmienda conduce a un empeoramiento de la situación del apelante, declararlasi tal empeoramiento fatalmente habrá de producirse. Eso equivaldría ni más nimenos, que a encubrir la violación de la norma superior. Tal es lo que ocurreen el caso a estudio. Decretar la nulidad arguyendo que la pena impuesta noes la que corresponde porque la pertinente es la contemplada en otra norma,que la ha aumentado de manera considerable, equivale a agravar la situacióndel condenado, en contravía de lo que la Constitución dispone.LEGALIDAD DE LAS DECISIONES JUDICIALES. Aducir que la nulidad sejustifica por haberse violado el principio de la legalidad de la pena es unargumento inaceptable. Porque la pena impuesta no es gratuita ni caprichosa,ni ha sido creación arbitraria del juez. Simplemente el juez de primera instanciaha basado su decisión en una norma distinta a la que juzga pertinente el adquem y, por ende, a juicio de éste ha cometido un error. Pero resulta que losrecursos son mecanismos tendentes a eliminar errores, pero errores que eljuez de segunda instancia pueda jurídicamente enmendar. Es decir, para cuyaenmienda tenga competencia. Y en un caso como el subjúdice tal funcionariotiene su competencia expresamente limitada por la norma constitucional. Si ela quo incurrió en un error y el Estado, por intermedio del Ministerio Fiscal, no loconsideró tal o fue negligente en el ejercicio de su función, tal apreciación uomisión no puede subsanarla el ad quem mediante el desconocimiento de unagarantía consagrada en la Carta y no sujeta a condición.PREVALENCIA DE LA PARTE DOGMATICA DE LA CONSTITUCION.Aplicando el principio de interpretación constitucional indicado en jurisprudenciade esta Corporación, es indudable que la tutela procede en este caso, pues:“La prevalencia de la parte dogmática sobre la parte orgánica de laConstitución involucra el principio de la interpretación más favorable para losderechos fundamentales. La interpretación conforme a la Constitución setraduce, en materia penal, en la limitación de las facultades y del poder punitivodel Estado, en el grado y en la extensión necesarios a fin de garantizar eldebido proceso y los demás derechos constitucionales que la Carta consagraen favor de los procesados”.

RECURSO DE CASACION PENAL-Ineficacia/PRINCIPIO DE LEGALIDAD DELA PENA-Violación/PREVALENCIA DE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL.En el caso concreto, existe certidumbre sobre la ineficacia del recurso decasación, por la razón anotada (es la Sala de Casación Penal de la H. CorteSuprema la que ha sentado la doctrina sobre la violación del principio delegalidad como excepción a la garantía del artículo 31). Pero puede agregarseun motivo adicional: si hay discrepancia sobre el sentido de una normaconstitucional, entre el juez ordinario (dentro del cual, para estos efectos, hayque incluír al de casación) y la Corte Constitucional, es el juicio de ésta el queprevalece, tal como se desprende, con toda nitidez, del fallo C-083 de 1995que, al declarar la exequibilidad del artículo 8° de la Ley 153 de 1.887, fijó elalcance de la expresión “doctrina constitucional”Sentencia T-468/99. PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS ENACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Varios trabajadores de la empresaotorgaron poder con el fin de que se promoviera acción de tutela contra elConsejo de Justicia, por estimar que les había vulnerado sus derechos altrabajo, a la salud y a una vida digna, al ordenar el cierre delestablecimiento. Manifestaron los demandantes que la fábrica vienefuncionando desde hace más de 50 años y comenzó a desarrollar susactividades en el mismo sector y lugar en que hoy se encuentra, en elcual residen muchos de sus trabajadores. Señalaron que la fábrica cuentacon los correspondientes permisos para su funcionamiento y que elcierre de ella ocasiona graves perjuicios, pues deja sin empleo a unos 35trabajadores, de los cuales depende totalmente un igual número defamilias, que además quedan sin seguridad social, educación para sushijos, y sin remuneración alguna. Aspiraban los accionantes a que se lesconcediera la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicioirremediable y a que el Consejo de Justicia suspendiera la orden de cierredefinitivo mientras el Tribunal Contencioso Administrativo deCundinamarca decide de fondo.Violación del derecho a un debido proceso. Reforma de la sanción en perjuiciodel apelante único. La Corte reitera que el debido proceso no es aplicableúnicamente a los procesos judiciales. También debe respetarse plenamente enlas actuaciones administrativas, como resulta del muy específico lenguajeutilizado por el artículo 29 de la Constitución. Y el amparo tendría que consistiren la inaplicación del acto a la circunstancia concreta de los trabajadores, conel fin de garantizar que su actividad laboral profiera reanudarse, con base en loya expuesto y a partir de la previsión contenida en el artículo 8 del Decreto2591 de 1991. Por tanto, en el caso materia de estudio, el Consejo de Justiciaestaba obligado a resolver sobre la impugnación del acto administrativoproferido por el Alcalde Menor con estricta sujeción a los preceptos superioresy a las garantías procesales. No lo hizo así, como pasa a examinarse.La Ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan normas para elfuncionamiento de los establecimientos comerciales, consagra en el artículo 2los requisitos para el ejercicio del comercio en establecimientos abiertos al

publico. La misma Ley 232 de 1995 consagra en el artículo 4 el procedimientoque se debe seguir en los casos en que no se cumplan los señaladosrequisitos.La Sala encuentra que la decisión del Consejo de Justicia, según el estudiopreliminar propio de la tutela enderezada a evitar un perjuicio irremediable,vulnera el derecho al debido proceso de la sociedad afectada, pues, siendoúnico el apelante, no podía hacerse más gravosa la pena impuesta en primerainstancia por el Alcalde Local. A juicio de la Corte, tal determinación significó ensí misma un claro y abierto desconocimiento del principio constitucional queproscribe la reformatio in pejus. Como lo ha precisado esta Corporación, esagarantía opera no solamente en procesos penales sino en todo tipo dedecisiones judiciales y administrativas. Así lo ha señalado la Corte:"Como una de las formas de asegurar el derecho que la persona tiene a sudefensa, la Constitución Política establece que toda sentencia puede serapelada o consultada, con las salvedades que la ley consagre. Esta primeraparte de la disposición hace referencia a los fallos que se profieran en cualquierclase de procesos, pues no se entendería su aplicación exclusiva a una ramadel derecho cuando respecto de todas ellas se explica y justifica que quien nose encuentre conforme con la decisión judicial tenga la oportunidad de acudirante el superior a exponer los motivos de su discrepancia y a obtener que, enguarda de los principios de justicia y equidad que la Carta aspira a realizar, semodifiquen, aclaren o revoquen las determinaciones adoptadas si así resulta deuna cabal y recta aplicación del ordenamiento jurídico al caso controvertido. Lanorma plasmada en el segundo inciso del texto constitucional parte de lahipótesis en la cual ya existe una condena y, por tanto, de una situación en quela persona objeto de ella tiene mayor interés en la revocación o disminución dela pena impuesta, que el Estado en su agravación. Así pues, ejercido elderecho que corresponde al condenado según el principio de la doble instancia,es entendido que el objetivo del recurso consiste en que, en caso de prosperar,conduzca a una definición de favor y no a una modificación de la sentencia ensu perjuicio"."La norma constitucional habla de "la pena impuesta", lo cual podría llevar alequivocado concepto de que la garantía sólo cubre el ámbito propio delDerecho Penal, pero esta idea resulta desvirtuada si se observa que elprecepto superior considerado en su integridad hace referencia a "todasentencia", sin distinguir entre los diversos tipos de proceso. De tal modo quela prohibición de fallar en mayor perjuicio del apelante único cobija a toda clasede decisiones judiciales -salvo las excepciones que contemple la ley- e impideque el juez de segundo grado extienda su poder de decisión a aquellosaspectos de la sentencia apelada que no han sido materia de alzada por la otrao las otras partes dentro del proceso y que, de entrar a modificarse, daríanlugar a unas consecuencias jurídicas más graves para el apelante de las queya de por sí ocasiona la sentencia objeto del recurso"."La libertad del juez para resolver sin este límite constitucional sobre laapelación interpuesta únicamente puede configurarse sobre la base de quetambién apele la otra parte en el proceso". (...) "Así, pues, la garantía

econocida por el artículo 31 de la Carta al apelante único tiene el sentido dedar a la apelación el carácter de medio de defensa del condenado y no el depropiciar una revisión "per se" de lo ya resuelto. Así que, mientras la otra parteno apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia enaquello que le es desfavorable. Es ésta, por tanto, una competencia definidade antemano en su alcance por el propio Constituyente".(Cfr. CorteConstitucional. Sala Plena. Sentencia C-055 del 18 de febrero de 1993).También, prima facie, considera la Corte que se violó el derecho al debidoproceso de los trabajadores de la fábrica, quienes, no obstante los gravísimosperjuicios que sufrirían con su cierre, que los privaba de su única fuente deingresos, no fueron tenidos en cuenta en el trámite adelantado. Ellos, comodirectamente concernidos, debieron ser consultados, al tenor de lo dispuestoen el artículo 2 de la Carta, que atribuye al Estado, como uno de sus finesesenciales, el de "facilitar la participación de todos en las decisiones que losafectan...". La Corte considera que cuando las normas legales vigentescontemplan como sanción aplicable a empresas o establecimientos industrialeso comerciales, por causas como la contaminación u otras similares, el cierre delas mismas, su ejecución está supeditada no solamente al trámite del procesoadministrativo correspondiente, con la plenitud de las garantías procesales,sino a la oportunidad de participación efectiva de los trabajadores que puedanverse perjudicados por la medida. Ellos, que normalmente no son responsablespor los descuidos del empresario, por su negligencia o por las deficienciastécnicas o industriales susceptibles de crear el daño o el peligro del que setrate, no deben correr con las contingencias de la actuación iniciada sinposibilidad de intervención o sin su audiencia. Así las cosas, la Sala procederáa conceder la protección solicitada por los peticionarios, trabajadores de lafábrica, directamente afectados con el cierre definitivo del citadoestablecimiento, otorgando la tutela como mecanismo transitorio, mientras lajurisdicción contencioso administrativa decide acerca de la legalidad oilegalidad del acto proferido por el Consejo de Justicia, pues ya está en trámiteel proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por laLadrillera.Sentencia T-1005 de 1999. PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS ENACCION DE TUTELA-Improcedencia. Es importante recordar que el principiode no reformatio in pejus en materia de tutela no es aplicable -salvo lo yaexpuesto por esta Corte en relación con condenas que no recaen directamentesobre el tema de los derechos fundamentales en juego-, precisamente enconsideración a los valores, principios y preceptos que son prevalentes yconstituyen objeto primordial de esta clase de procesos. Es así como los juecesde segunda instancia y el juez de revisión tienen plena competencia para variarel fallo sometido a su análisis si estiman que contraviene las disposicionesconstitucionales o que están afectados o consagrados derechos fundamentalesque no fueron objeto de aquél pero que, a la luz de la Carta Política, esimperativo tutelar.

Sentencia SU.1722/00. Principio no reformatio in pejus en grado deconsulta. A juicio de la Corte, el principio de la no reformatio in pejus, nopuede condicionarse bajo la idea de que el grado jurisdiccional de la consulta lodesplaza, pues si bien es cierto, el legislador cuenta con un amplio espaciopara regular el debido proceso, en el caso que nos ocupa, su intención,conforme quedó consagrado en los artículos 206, 217 y 227 del C.P.P., fue lade hacer operante dicha garantía, al disponer que la consulta tiene un alcancesubsidiario. Como resultado de la consulta, el aumento de la pena quedasupeditado a dos supuestos: i) que se haya interpuesto recurso de apelaciónpor cuenta del Fiscal, el Ministerio Público o la parte civil, y ii) Que ningúnsujeto procesal haya recurrido la sentencia y se conozca el asunto por elsuperior en grado de consuta.De no entenderse así, sería desvirtuada la naturaleza jurídica de la noreformatio in pejus que como garantía establece la imposibilidad jurídica dehacer más gravosa la situación del condenado, en aquellos casos en que ésteactúe como apelante único. Adicionalmente, admitir que por el grado deconsulta, cuando concurre con la apelación, que es automático y no provocado,pueda favorecer un aumento en la condena del procesado, resta toda eficaciaal principio constitucional, como que comienzan a serle introducidasexcepciones que repugnan con el contenido mismo de dicha garantía. Admitirinterpretación en contrario, es decir, aceptar que el operador jurídico puedeentrar a aumentar la condena en los casos de apelante único por el sólo eventodel grado de consulta, es introducir una cláusula interpretativa que no admitela norma del inciso 2º del articulo 31 constitucional, conforme al cual "elsuperior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelanteúnico".Sentencia T-082 de 2002El principio de la no reformatio in pejus.Pues bien, dentro del núcleo esencial del derecho al debido proceso y comouna garantía fundamental del derecho a la defensa, se encuentra el principio dela no “reformatio in pejus”, vigente en el ordenamiento jurídico colombiano porexpreso mandato del artículo 31 constitucional.La no reformatio in pejus o prohibición de la reforma peyorativa, es unainstitución jurídica a través de la cual se busca limitar y controlar a lasinstancias judiciales superiores en la aplicación de su poder sancionatorio. Así,el funcionario de segundo grado, que por competencia le corresponda conocerde un recurso de apelación, no podrá hacer más gravosa la situación delcondenado cuando éste sea apelante único. De este modo, se le garantiza alimputado que, en tanto los demás sujetos procesales no apelen la decisión, larevisión de la Sentencia sólo se surte en torno a los aspectos que le hayan sidodesfavorables y dentro de los parámetros fijados por él en las pretensiones.La prohibición de la reforma peyorativa, lo ha dicho esta Corporación, comportauna clara “manifestación del principio de congruencia, según el cual las

pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionanla competencia del juez que conoce del mismo”, de manera que, “Lo que elprocesado estime lesivo de sus derechos, [cuando actúa como apelante único]constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem” 220 . Elloimplica, necesariamente, que la situación jurídica del recurrente puede sermejorada por el superior, o incluso mantenida en los términos de la providenciaimpugnada, pero un ningún caso agravada, pues tal proceder desbordaría elámbito de competencia funcional que, en virtud de la aplicación del principioconstitucional en cuestión, se le ha reconocido a la autoridad judicial. Dicho enotros términos, por la vía del recurso de apelación, la competencia del jueztiene un alcance restrictivo si el condenado hace uso exclusivo del derecho deimpugnación.Así las cosas, el artículo 31 de la Carta Política, al consagrar la prohibiciónsegún la cual “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando elcondenado sea apelante único”, le otorgó al régimen de impugnación elcarácter de garantía fundamental de defensa, descartando cualquier posibilidadde que, por esa vía judicial, el condenado pudiera sufrir un menoscabo de susituación jurídica, mayor a la que motivó o justificó la interposición del recurso.Un entendimiento distinto de la institución, llevaría al condenado a tener quesoportar el riesgo de un posible aumento de la pena impuesta en primerainstancia, desestimulando su interés por recurrir y, en consecuencia, haciendonugatorio el ejercicio de los derechos al debido proceso y a la defensa,proyectados por el artículo 29 Superior en la posibilidad que tiene todosindicado “a impugnar la sentencia condenatoria”.En relación con el tema, la Corte Constitucional, en uno de sus múltiples fallos,sostuvo:“Así, pues, la garantía reconocida por el artículo 31 de la Carta al apelanteúnico tiene el sentido de dar a la apelación el carácter de medio de defensa delcondenado y no el de propiciar una revisión "per se" de lo ya resuelto. Así que,mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo seexamine la sentencia en aquello que le es desfavorable. Es ésta, por tanto,una competencia definida de antemano en su alcance por el propioConstituyente.” (Sentencia C-055/93, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).Y en reciente pronunciamiento reiteró:“Nótese cómo, si bien el artículo 31.1 consagra la segunda instancia, el artículo31.2 le impone un límite al impedir que el superior agrave la pena impuesta alcondenado que es apelante único. El artículo 31.1 consagra un derechoconsistente en que el superior examine la decisión del inferior pero el artículo31.2, si bien limita la competencia del superior, también consagra un derecho algarantizarle al condenado en quien concurre la calidad de apelante único quela pena que se le ha impuesto no será agravada.Esa prohibición es coherente con el principio de limitación que rige en el ámbitodel recurso de apelación y de acuerdo con el cual la competencia del superiorse circunscribe a los puntos a los que se extiende la inconformidad delapelante.” (Sentencia T-533/2001, M.P. Jaime Araujo Rentería).Cabe precisar que la garantía constitucional de la no reformatio in pejus esaplicable no solo al juez de segunda instancia que conoce del recurso deapelación, sino también a la autoridad judicial a quien se le asigna la función de220 Sentencia SU-327/95, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

ejercer el control de legalidad de las decisiones judiciales, esto es, al tribunalde casación. Esta Corporación, al interpretar el alcance del inciso segundo delartículo 31 de la Constitución Política, ha sido enfática en señalar que laprohibición según la cual “el superior no podrá agravar la pena impuestacuando el condenado sea apelante único”, se extiende también a la labordesarrollada por la Corte Suprema de Justicia, pues dicha institución, cuandoopta por casar una decisión y dictar la respectiva sentencia sustitutiva, fungecomo tribunal de instancia y se convierte en Juez “superior”, siendo este últimola autoridad a la que hace expresa referencia la norma constitucional citada.La vinculación de la Corte Suprema de Justicia a la prohibición de la reformapeyorativa, no pretende deslegitimar o hacer inoperante su función comotribunal de casación. En realidad, lo ha dicho esta Corporación, lo que sepersigue con la incorporación del precitado principio al trámite de casación, eshacer plenamente efectivas las garantías constitucionales que son aplicables alproceso de configuración de la pena, concretamente, cuando la Corte Supremaadquiere competencia para proferir un nuevo fallo. Sobre este particular, laCorte Constitucional, en uno de sus primeros pronunciamientos, tuvooportunidad de explicar:"En principio, podría estimarse que cuando el artículo 31 se refiere al superioren ejercicio del recurso de apelación está limitando la garantía constitucional dela reformatio in pejus a la segunda instancia y excluyendo, por tanto, lassentencias de casación. Tal sería la conclusión de interpretar el requisitoconstitutivo de la interdicción, "apelante único", en sentido literal y referibleúnicamente al recurso de apelación, sin que su aplicación pudiera hacerseefectiva en el campo de la casación. Sin embargo, el principio de efectividad delos principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, queconstituye un fin esencial del Estado (CP art. 2), impone otra conclusión.Cuando la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, profiere unasentencia sustitutiva de la decisión casada, actúa como Tribunal de instanciapara todos los efectos y se convierte en el Juez "Superior" al cual alude elartículo 31 de la Constitución Política. En dicho sentido, la Sala de CasaciónPenal está plenamente vinculada a la garantía constitucional de la reformatioin pejus, quedando obligada a verificar las circunstancias concretas - partesapelantes, carácter y naturaleza de las pretensiones - a fin de determinar elquantum de la condena y dejar a salvo de esta forma los derechosfundamentales del procesado." 221Lo anterior no significa desvirtuar la función especialísima del control delegalidad sobre todo el proceso ejercida por la Sala de Casación Penal de laCorte Suprema de Justicia, como Tribunal de casación, sino precisar laaplicación de las reglas y principios que rigen la estimación de la pena aimponer cuando se actúa como juez o tribunal de instancia.Posteriormente, en sentencia de unificación de jurisprudencia, la Sala Plena deesta Corporación reiteró:“En efecto, el artículo 31 superior es claro cuando afirma que ‘el superior’ noestá autorizado para agravar la pena del apelante único. Obsérvese que elConstituyente no se refirió a la garantía en la segunda instancia, sino ante elsuperior, lo cual incluye sin duda al tribunal de casación. En talescircunstancias, si el Constituyente hubiese querido que la non reformatio in221 Sentencia T-474 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz

pejus se predicara únicamente en el trámite ordinario o en los recursosordinarios, no hubiese utilizado la palabra ‘superior’ sino seguramente, falladorde segunda instancia.” (Sentencia SU.1553/2000, M.P. Antonio BarreraCarbonell).La aplicación del principio de no agravación dentro del trámite del recursoextraordinario de casación, además de encontrar un claro fundamento deprincipio en el artículo 31 Superior, aparece expresamente desarrollado en elartículo 215 del actual Código de Procedimiento Penal, al prescribir éste que:“Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la penaimpuesta, salvo que el fiscal, el Ministerio Público o al parte civil, cuandotuvieren interés, la hubieren demandado.” (Negrillas fuera de texto).En este orden de ideas, atendiendo los mandatos constitucionales y legalessobre la materia, el superior - entiéndase juez de segunda instancia o casación-, ex-officio, no está facultado para empeorar la condena impuesta alimpugnante cuando éste ostenta la calidad de apelante único. Una actitudcontraria, colocaría al recurrente en manifiesta indefensión, reflejada en laimposibilidad de conocer y controvertir las razones que el ad quem tuvo paramodificar la decisión de instancia, desconociéndose su derecho de defensa y,por contera, el debido proceso.Limites a la aplicación del principio de la no reformatio in pejus. Doctrinaconstitucional sobre la materia.Como es sabido, se ha venido suscitando a nivel de la judicatura colombianauna gran controversia jurídica sobre el alcance que se le debe reconocer a lagarantía constitucional de la no reformatio in pejus (C.P. art. 31-2). El debate hagirado en torno a determinar si dicha garantía admite excepciones en suaplicación, particularmente, cuando el funcionario judicial de primera instanciaactúa por fuera del marco legal aplicable.Concretamente, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal,viene sosteniendo que no se trata de un principio absoluto y que el mismoencuentra límites claros en otros principios como el de la legalidad de la pena(C.P. art. 29). En este sentido, afirma ese alto tribunal que la proscripción de lareforma en perjuicio del procesado o condenado, cuando éste actúa comoapelante único, no puede convertirse en un obstáculo insalvable para elsuperior que pretende corregir los errores en que incurrió el a quo al momentode imponer la pena. Según su propio criterio, reiterado dentro del proceso detutela que ahora se revisa, “...la prohibición de empeoramiento suponelógicamente que el juzgador ha partido de los límites legales de la pena, no deuna sanción que a él se le antoja o que inventa en medio de la confusión dentrode un acto de sustitución arbitraria del legislador.” Por eso, “cuando el juez deinstancia, sin justificación alguna, desconoce dichos límites (...) el superiorfuncional simplemente procede a corregir una manifiesta ilegalidad, sin quepara ese momento preciso constituya obstáculo el principio de reformatio inpejus, pues éste estaría en juego después de decantado su presupuestológico”.A manera de conclusión, puede afirmarse que el máximo organismo de lajurisdicción ordinaria considera que el principio de la no reformatio in pejusdebe interpretarse sistemáticamente con el principio de la legalidad, de formatal que el primero ceda ante el segundo. Así, el acto jurisdiccional sujeto acontrol puede ser modificado, en perjuicio del condenado, cuando aquéldesborde abiertamente los límites de la juridicidad y afecte el interés público.

Con este criterio, en sede de casación, la Sala Penal de la Corte Supremaviene modificando aquellas sentencias condenatorias en las que encuentraviolado el principio de legalidad de la pena, sin perjuicio de que las mismashayan sido demandadas únicamente por el condenado.Esta Corporación, en ejercicio de su función de guardiana “de la integridad ysupremacía de la Constitución” (C.P. art. 241), en reiterada jurisprudencia, seha encargado de establecer una línea doctrinal uniforme en torno al tema,concluyendo “que la garantía constitucional que prohíbe la reformatio in pejusno admite excepciones cuando el condenado es apelante único, pues sólo asíse garantiza la efectividad del artículo 31 de la Carta y del principio de certezajurídica en el fallo.” 222 A juicio de la Corte, la incorporación de esta garantía enla parte dogmática de la Constitución, sin que a ese mismo nivel se hubierenprevisto restricciones sobre su alcance, le otorga a dicho instituto un efectoimperativo y prevalente frente a otros principios constitucionales, resultandocontraria a su propia naturaleza jurídica - medio de defensa- cualquierinterpretación que desfavorezca los intereses del condenado, y que desbordeel ámbito de competencia funcional reconocida por el propio precepto a lasautoridades judiciales llamadas a ejercer el control de legalidad.Para la Corte, es claro que la defensa del interés público y la preservación delprincipio de legalidad, no radica en cabeza del condenado ni le corresponde aéste asumir su carga. De acuerdo con lo establecido en la Constitución y lasleyes, es el propio Estado, a través del Ministerio Público y la Fiscalía Generalde la Nación, el llamado a proteger y garantizar la efectividad de los derechos,valores e intereses de la comunidad - frente a las actuaciones judiciales -,debiendo cumplir su función dentro de los términos y condiciones previamenteestablecidos por el ordenamiento jurídico, evitando con ello que su inactividad otardía participación pueda afectar el núcleo esencial de otras garantíasconstitucionales de alcance individual y subjetivo como es la prevista en elartículo 31-2 Superior.En consecuencia, este Tribunal, como intérprete autorizado de la Carta Política,discrepa abiertamente de la tesis expuesta por la Corte Suprema de Justicia,en cuanto considera que ni el principio de legalidad de la pena, ni ningún otroprincipio procesal, constituyen un límite constitucional válido a la garantíaprevista por el artículo 31-2 Superior, según la cual, “El superior no podráagravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”. En lasSentencias de Unificación de Jurisprudencia SU.327 de 1995 (M.P. CarlosGaviria Díaz) y SU.1553 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), la SalaPlena de la Corte explicó y justificó su posición en los siguientes términos:- “El principio de legalidad no puede ser interpretado de manera estrecha alpunto que desconozca el sentido mismo que dio origen a su elaboración. Enefecto, la legalidad es una conquista en el derecho penal que garantiza certezajurídica, no sólo de la conducta reprochada o de la sanción sino de la decisiónjudicial que impone una pena o que absuelve al procesado. Dicho de otromodo, este principio se convierte en una protección de la confianza en elproceso penal, el cual, incluye naturalmente la sentencia. De ahí pues que si lapena sólo esta determinada en la decisión judicial -antes de la sentencia lasanción es solamente determinable entre un mínimo y un máximo que seráconcretada por el juez-, es en la sentencia cuando se logra el máximo de222 Sentencia SU- 1553 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

certeza jurídica que se propone el Estado de Derecho. Por este motivo, si elsuperior empeora la situación del apelante único, no sólo quebranta laconfianza en el fallo que el principio de legalidad protege, sino que se generanconsecuencias sorpresivas naturalmente no calculadas por el sindicado.”- “[L]a protección del principio de legalidad que asume el superior al pretendercorregir los errores del A quo no es posible si el juez no tiene competencia paraello. En efecto, en razón a que la función judicial es reglada, ella sólo puede serejercida por quienes la norma positiva les reconoce, no sólo jurisdicción sinocompetencia para ejercerla válidamente. Por lo tanto, si el superior ‘adquierecompetencia sólo en función del recurso interpuesto por el procesado’ 223 , nopuede modificar para peor la sanción so pretexto de ejercer la función decontrol de legalidad.”- “Pero incluso si en gracia de discusión se acepta que la tesis de la CorteConstitucional lleva a que el principio de legalidad debe ceder frente al respetode los derechos individuales del procesado, la pregunta que surge es lasiguiente: ¿quién debe soportar la carga del error del juez?. La respuesta nopuede incluir al condenado. En efecto, no existe ni debe existir norma que leimponga al sujeto activo de un delito la obligación de colocar en funcionamientoel aparato judicial para preservar el principio de legalidad de la pena, en contrasuya. De hecho, si la propia Constitución exceptúa al sindicado de la obligaciónde declarar contra sí mismo (C.P. art. 33), con mayor razón lo exonera de laobligación de interponer un recurso que menoscaba su defensa o su situacióncomo apelante.”- “En nuestro ordenamiento la garantía de la no ‘reformatio in pejus’ ha sidoconstitucionalizada, y su elevación a ese rango es congruente con la adopcióndel sistema penal acusatorio, cuya esencia radica en separar las funciones deacusación y juzgamiento, para colocar en cabeza del Ministerio Fiscal latitularidad de la primera (art. 250 de la Carta), y en esa medida convertir al juezen un tercero independiente, desligado de muchas de las funciones queoficiosamente debía cumplir en el sistema inquisitivo anterior; por ello se leentrega a la Fiscalía General de la Nación la ‘carga de la prueba’ y laresponsabilidad de representar durante la etapa del juicio el interés del Estadoen que se castigue al delincuente. Por este camino resulta cierto que frente aun fallo de contenidos ilegales, cuando el mismo parece tocar los intereseslegítimos del Estado o de la sociedad, la impugnación del mismo corresponde,a través del recurso de apelación o de casación, al Fiscal y al MinisterioPúblico; pero toda esa estructura, se destruye cuando el fallador, de oficio, seda a la tarea de suplir las omisiones de aquéllos. La no interposición oportunadel recurso de apelación por el Fiscal o el Ministerio Público, revelan laconformidad del titular de la pretensión punitiva con los términos del fallo, eimplican la preclusión de la oportunidad que el Estado tenía de revisar supropio acto”.- “Ni siquiera cabe argüir, en el plano de la conveniencia, que la interpretaciónprohijada por la Corte en el caso subjudice es propiciatoria de impunidad, puesresulta excepcional e insólito que si existe un vicio sustancial en la sentencia niel Ministerio Público ni la Fiscalía interpongan contra ella el correspondienterecurso. Esa conducta omisiva comporta la aquiescencia del Estado, a travésde los funcionarios investidos de competencia precisamente para esos efectos,223 Sentencia SU-327 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz

con la sentencia de primera instancia que, de ese modo, queda convalidada encuanto a las consecuencias favorables que ella comporte con respecto alapelante único”.No sobra precisar que la posición asumida por esta Corporación en relacióncon el alcance del artículo 31-2 Superior, se convierte en criterio obligatoriopara todas las autoridades judiciales a quienes les compete interpretar y aplicarla norma. Inicialmente, por cuanto la misma constituye doctrina constitucionalintegradora, emanada de la aplicación directa del propio Estatuto Superior 224 .Pero además, por cuanto tales pautas de interpretación forman parte de unalínea jurisprudencial uniforme y coherente que, por provenir del órgano decierre de la jurisdicción y hacer parte de la ratio decidendi de sus fallos, “fungecomo auténtica dentro del ordenamiento jurídico colombiano” 225 .En lo que corresponde a esto último, ya la Corte había señalado que “si haydiscrepancia sobre el sentido de una norma constitucional, entre el juezordinario (dentro del cual, para estos efectos, hay que incluir al de casación) yla Corte Constitucional, es el juicio de ésta el que prevalece, tal como sedesprende, con toda nitidez, del fallo C-083 de 1995 que, al declarar laexequibilidad del artículo 8° de la Ley 153 de 1.887, fijó el alcance de laexpresión ‘doctrina constitucional’ ” 226 . En el mismo sentido, precisórecientemente, que “...la función de la Corte, en materia de derechosconstitucionales, consiste en lograr ‘la unidad interpretativa de laConstitución’ 227 , razón por la cual se ha entendido que la doctrina constitucionalen la materia es obligatoria 228 , en especial, la ratio decidendi 229 , que construyeel precedente judicial 230 ” 231 .Así las cosas, los jueces que integran la jurisdicción ordinaria, dentro de loscuales se cuenta a la Corte Suprema de Justicia, están en la obligación deaplicar el principio de la no reformatio in pejus, consagrado en el artículo 31 dela Carta, de la forma en que éste resulte más garantista a los intereses jurídicosdel condenado, por ser él quien detenta la titularidad del derecho subjetivoprevisto en la norma. Cualquier interpretación contraria a este postulado, queconlleve un desconocimiento flagrante del Estatuto Superior e implique undesafío de la doctrina constitucional sobre la materia, “permite que lajurisdicción constitucional exija el respeto por los principios de supremacíaconstitucional y de eficacia de los derechos fundamentales” 232 .En otras palabras, la aplicación del artículo 31-2 Superior, por fuera de loscánones establecidos en la preceptiva constitucional citada y en contra de lodispuesto por el intérprete autorizado de la Carta, constituye una vía de hechoque puede ser declarada en sede de tutela, cuando no existan otros medios de224 Cfr. La Sentencia C-083/95, M.P. Carlos Gaviria Díaz225 Sentencia C-386/96, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Al respecto, se puede confrontar también la Sentencia SU-1553/2000.226 Sentencia SU-327/95. En relación con el efecto vinculante de las decisiones de la Corte Constitucional, también sepueden consultar, entre otras, las Sentencias C-037/96 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y SU-640/98 (M.P. EduardoCifuentes Muñoz).227 Sentencia SU-640 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz228 Sentencia C-600 de 1998.229 Sentencia SU-047 de 1999230 Sentencia T-1625 de 2000231 Sentencia SU-062/2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.232 Sentencia SU-1553/2000.

defensa judicial que garanticen el restablecimiento efectivo de los derechosfundamentales afectados. Ello, por cuanto el desconocimiento del precedenteconstitucional, en últimas, se traduce en un desconocimiento directo de la CartaPolítica.MARCO HISTÓRICODEFENSA TÉCNICAPor: Leonardo Parra C.Sin duda, el derecho humano a la defensa tiene en la lucha incesante de los sereshumanos oprimidos y vejados contra los poderosos opresores, primero en el clan,después en la tribu, más tarde en la nación y finalmente en el Estado.Siempre la defensa del débil ante el poderoso ha sido desconocida en todas lasépocas, incluso en la época moderna, por diversos motivos: la ideología, el poder, elsistema socioeconómico, la discriminación, la injusticia y la guerra.Antes de la revolución francesa predominaba la tesis de que el acusado no necesitabadefensor si era inocente; y si era culpable no debería ser defendido, y enconsecuencia apresuraban su condena. Lugo, el derecho de defensa que pregona suinocencia es una conquista del siglo XVIII, pues antes, o el reo confesabaespontáneamente para evitar males mayores, o era obligado a confesar mediantetormentos para justificar la sentencia del “juez”. La presunción de inocencia existía.El derecho de defensa es esgrimido por los ingleses en la Declaración deIndependencia del 4 de julio de 1776. hacia el 12 de julio de 1776 los representantesdel pueblo estado de Virginia, reunidos en asamblea, emiten la Declaración deDerechos, en la cual, por primera vez, se incorpora el derecho de defensa en todoproceso criminal. Después en la sexta enmienda a la Constitución de los EstadosUnidos de América de 1787, de las diez primeras reformas que integran la Declaraciónde Derechos o Hill Of Rights, ratificadas el 15 de diciembre de 1791, seintrodujo por primera vez como derecho fundamental o constitucional el derecho a ladefensa (fair trial).La convención europea para la protección de derechos humanos y libertadesfundamentales, hecha en Roma en 1950, fue el primer tratado internacional que,siguiendo los lineamientos de la Declaración Universal, incorporó el derecho dedefensa, en general, en su art. 6. En 1966 el Pacto Internacional de derechos civiles ypolíticos de las Naciones Unidas incluye el derecho a la defensa en materia civil ypenal._____________________Programa “Del juicio criminal”, Bogotá, Temis, 1973 pág. 60.

Art. 37 A, B y C del Código de >Procedimiento Penal de 1991 y Art. 40 del Código deProcedimiento de 2000.LA DEFENSA TÉCNICAPuesto que el art. 29 de la Constitución política garantiza el derecho fundamental, deaplicación inmediata, de todo imputado o acusado “a la defensa y a la asistencia de unabogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”, esevidente que cualquier persona señalada de haber quebrantado la ley penal tienederecho a defenderse desde que entable el proceso mediante un abogado de su libreelección (defensa técnica) y que, si no lo designa, el Estado deberá nombrarle unletrado de oficio. El art. 14, numeral 3º.; literal d) del Pacto Internacional de derechosciviles y políticos, le garantiza a toda persona acusada de un delito, en plena igualdad,el derecho de “hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o serasistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, delderecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a quese le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios para hacerlo”.El Código de Procedimiento Penal garantiza a toda persona el derecho a “disponer detiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. Demanera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas ynecesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer”.RESTRICCIONES AL DERECHO DE DEFENSA TÉCNICAEl derecho a la defensa técnica del acusado ha venido siendo restringido gravementeen Colombia, sin que el Estado haya adoptado medidas urgentes en su protección, talcomo a continuación se analizará:En primer lugar, Colombia es uno de los pocos países del mundo donde el controlético y disciplinario de los letrados no lo ejercen los colegios, asociaciones o barras deabogados, sino el Estado a través de la Sala Disciplinaria Del Consejo Superior de laJudicatura.Se trata de una práctica totalitaria o fascista mediante la cual el Estado y, en concreto,el poder judicial, ejerce el control disciplinario y deontológico de la profesión liberal dela abogacía.Manual de Derechos Humanos, de Pedro Pablo CAMARGO, Bogotá, Editorial Leyer,2ª Ed. 2004 .Ley 74 de 1968. PEDRO PABLO CAMARGO: Manual de Derechos Humanos, op. Cit.PEDRO PABLO CAMARGO: Derechos Humanos y democracia en América Latina,Bogotá, Editorial Leyer, 1996PEDRO PABLO CAMARGO: Manual de enjuiciamiento penal colombiano.Decreto 196 de 1971Y en segundo lugar, en la justicia regional, secreta o de orden público, que fuereemplazada por la “especializada”, se hizo costumbre la obstaculización del trabajode los abogados defensores y no pocas veces se les ha censurado y agraviado.Incluso, en algunos casos, se ha llegado a confundir al abogado con el infractor de laley penal que defiende. E incluso algunos abogados fueron encarcelados por unsupuesto delito de enriquecimiento ilícito por el pago de sus honorarios profesionales.

El derecho de defensa en general, la asesoría del abogado en su cliente y el ejerciciode la libre profesión del abogado, están amparados por el art. 29 de la ConstituciónPolítica, el art. 14 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, el art. 8 de laConvención Americana de derechos humanos y el Estatuto de la abogacía.Dichas reglas reconocen, además, que “los abogados, al igual que los demásciudadanos, gozarán de libertad de expresión, creencias, asociación, reunión. Enparticular, tendrán derecho a participar en debates públicos sobre cuestiones relativasa las leyes y a los derechos humanos, y afiliarse a organizaciones locales, nacionaleso internacionales, o constituirlas, y asistir a sus reuniones, sin sufrir por ellorestricciones profesionales. Y las reglas del proceso penal de 1992, conocidas como“reglas de Mallorca”. Reafirman el derecho de todo imputado a la asistencia de unabogado de su libre elección.De otra parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha venido intimidando alos defensores de los ciudadanos colombianos por nacimiento solicitados enextradición, compulsando copias al Consejo Superior de la Judicatura. La interposiciónde los recursos ordinarios previstos en la ley, como la reposición, puesto que ante laC.S.J. no hay segunda instancia y, por consiguiente, apelación contra sus decisiones,o la interposición de un incidente de nulidad, son garantías judiciales lícitas. Otra cosaes que la Corte resuelva negativamente los recursos interpuestos, como ocurre con lapetición de pruebas dentro del trámite de extradición, las cuales son negadassistemáticamente con manifiesta violación del debido proceso y, por consiguiente, delderecho de defensa, el cual no existe en los procesos de extradición, ni en losprocesos de única instancia de la Sala Penal de la C.S.J. En cuanto a los“mecanismos dilatorios” en los trámites de extradición el señalamiento de la Corte caepor su propio peso, pues el Código de Procedimiento Penal no prevé términos paraque ella emita su concepto favorable o desfavorable a la extradición._______________________Art. 14, numeral 3, literal a), del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.Art. 29 Constitución Política de Colombia.PEDRO PABLO CAMARGO: La extradición, Bogotá, Leyer, 2ª ed., 2002.Art. 127 del Código de Procedimiento Penal.Art. 289 del Código de Procedimiento Penal.Ahora bien, el art. 47, numerL 6, DEL Dwecreto 196 de 1971, “por el cual se dicta elestatuto de ejercicio de la abogacía, consagra como deber profesional del abogado el“atender con celosa diligencia sus encargos profesionales”, pudiendo interponer todoslos recursos y acciones que puedan favorecer a su cliente. Precisamente el art. 2º dedicho Estatuto destaca que la principal misión del abogado es defender los derechosde los particulares. El abogado esta obligado, según los principios básicos sobre lafunción de los abogados, atrás citados, a presentarles a sus cleientes “asistencia entodas las formas adecuadas, y adoptar medidas jurídicas para proteger sus intereses”.Incluso va más allá el documento y sostiene que “los abogados procurarán apoyar losderechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacionale internacional y actuar en todo momento con libertad y diligencia, de conformidad conla ley y las reglas reconocidas en su profesión”.ANALISIS E IMPORTANCIA DE LA DEFENSA TÉCNICA

La normativa internacional de los derechos humanos reconoce el derecho fundamentalde toda persona acusada de la comisión de una conducta punible a contar, en todoslos momentos de la actuación procesal, con la asistencia letrada. De conformidad conla jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta garantíahace parte de los elementos esenciales del debido proceso legal. Tal asistencia, segúnlos pactos internacionales, ha de ser recibida aun en las diligenciasPreliminares que realice el funcionario judicial para cumplir sus funciones deindagación e investigación.Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia ha expresado en su jurisprudenciaque el derecho a la asistencia de un abogado —esto es, a la defensa técnica—,demanda en quien asume el papel de defensor no sólo un mínimo de conocimientosjurídicos para enfrentar las exigencias del proceso, sino también una actitud diligenteen el empleo de las acciones y recursos judiciales. Para la Corte todo posible conflictoentre el derecho a la defensa técnica y la eficacia de la administración de justicia deberesolverse en favor de la efectividad de ese bien jurídico, pues el cumplimiento de losobjetivos de la función judicial no puede alcanzarse con el sacrificio de un derechocuya pérdida dejaría a la persona en estado de indefensión absoluta frente a lospoderespúblicos.Colombia por la Ley 74 de 1968, y de la Convención Americana sobre DerechosHumanos, aprobada por la Ley 16 de 1972, toda persona tiene derecho a un juicioimparcial. Como bien lo ha recordado el Comité de Derechos Humanos, laimparcialidad en el proceso hace imperativo que en él se respeten dos principiosbásicos: el de la igualdad de posibilidades y el del procedimiento contradictorio._______________________Citado en www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.Estos dos principios se desconocen cuando, al privar a la persona de la asistencia deun abogado, se vulnera su derecho a disponer del tiempo y de los medios suficientespara la preparación de su defensa. Si, como lo afirma el artículo 10º de la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho, en condiciones deplena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia, las garantías mínimas deldebido proceso deben reconocerse a la luz del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos, aprobado en Todo aquél que se halle sometido a la potestadjurisdiccional del Estado, y cualquier diferencia de trato en este campo deberá ser vistacomodiscriminatoria.Por lo demás, el derecho de defensa es también reconocido por el ordenamientointernacional humanitario. El artículo 6º del Protocolo II adicional a los cuatroConvenios de Ginebra, aprobado en Colombia mediante la Ley 171 de 1994, disponeque en situaciones de conflicto armado sin carácter internacional el enjuiciamiento y lasanción de infracciones penales cometidas en relación con ese conflicto deberánsometerse a la regla según la cual es obligatorio garantizar al acusado “todos losderechos y medios de defensa necesarios”_________________Ley 74 de 1968

Ley 16 de 1972Art. 10 de la Declaración Universal de Derechos HumanosLOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA DEFENSA TÉCNICA:El derecho de defensa no es, "stricto sensu", un derecho subjetivo renunciable; noconcierne únicamente a su beneficiario, sino que es una institución inherente alproceso penal desde sus mismos comienzos, una condición de la propia validez delproceso cuya observancia interesa a toda la sociedad en su conjunto: "La designacióndel Abogado no sólo interesa al propio imputado, sino a la sociedad entera y muyespecialmente al órgano jurisdiccional". Como ha expuesto la sentencia del TribunalSupremo de fecha 30 de noviembre de 1992 “la asistencia letrada no es renunciablesalvo en los casos de hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente comodelitos contra la seguridad del tráfico”.Es también un derecho original por cuanto se compone de un binomio integrado por laautodefensa o defensa material, y la heterodefensa o defensa técnica, y amboscomponentes deben ir encaminados hacia un mismo fin, hacia un mismo objetivo,deben ser coincidentes, en definitiva . La doctrina ha hablado del abogado como un"alter ego" procesal (Vargha), así como del "ejercicio unitario" de un mismo derechopor dos personas distintas (Moreno Catena). Naturalmente tal coincidenciaComporta la discusión, el diálogo, el intercambio entre ambas partes, que debe quedarexpedito y no sujeto a obstáculos, trabas o impedimentos de ninguna clase, pues de locontrario ambas defensas no coincidirían, que es lo mismo que afirmar, que noexistiría defensa alguna.LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS SUPUESTOS EN QUE BASTA LEGALMENTELA AUTODEFENSA:El debido equilibrio entre las parte, el derecho a un proceso con todas las garantías aque se refiere la Constitución vigente, entre las que se encuentra la de contradicción.El derecho a un proceso con todas las garantías, como dice la sentencia del TribunalConstitucional de 22 de abril de 1987, tiene por objeto "asegurar la efectiva realizaciónde los principios de igualdad de las partes y de contradicción que imponen a losórganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posiciónprocesal de las partes o limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellasresultado de indefensión". En esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional indicacon claridad: "El hecho de poder comparecer personalmente ante un Juez o Tribunalno es causa de que haga decaer ese derecho de asistencia letrada, pues elcumplimiento de los presupuestos de validez de los actos procesales no bastanecesariamente para satisfacer las exigencias de un derecho fundamental garantizadopor la Constitución". Y más adelante añade este Tribunal: "La_____________________www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/po0561.docnegación del derecho a la asistencia letrada gratuita en un proceso que permite lacomparecencia personal, sólo constituirá vulneración constitucional si la autodefensaejercitada por aquel a quien se niega el derecho se manifiesta incapaz de compensarla ausencia de abogado que lo defienda y, por lo tanto, de contribuir satisfactoriamenteal examen de las cuestiones jurídicas suscitadas en el proceso, lo cual será

determinable, en cada caso concreto, atendiendo a la mayor o menor complejidad deldebate procesal y a la cultura y conocimientos jurídicos del comparecidopersonalmente, deducidos de la forma y nivel técnico con que haya realizado sudefensa".A diferencia de una de las partes, que acude asistida de letrado, la otra no tieneasistencia letrada en el acto de juicio oral, no pudieron contestar a la demanda, oponerexcepciones o efectuar alegaciones en apoyo de sus pretensiones y, lo que resultaaún más grave, no puede proponer prueba. Por tanto no es sólo el derecho de defensalo que aparece conculcado, sino otros principios constitucionales directamenteconectados al mismo, como el derecho a valerse de todos los medios de prueba quesean pertinentes, al proceso debido, a la contradicción, etc.LA LIBRE DESIGNACIÓN DE ABOGADO DEFENSOR:Las relaciones y comunicaciones entre abogado e imputado, no solamente debenencontrarse libres de obstáculos, sino que deben reunir dos requisitos imprescindibles:a) deben inspirarse en la confianza mutua, para lo cual el imputado debe poderelegir al profesional que estime mejor para la defensa de sus interesesb) deben permanecer secretas y reservadas entre ambos, de modo que no puedanser utilizadas contra el cliente las conversaciones entabladas entre ambos.En efecto, es un principio general del Derecho que la asistencia y defensa deben serprestadas por quien libremente elija y designe el interesado. Así, un viejo principio dela jurispruden-cia francesa afirmaba que "La asistencia no es nada, la designación loes todo".La asistencia y defensa letradas deben prestarse por un letrado de libre elección,según disponen los arts.6-3 del Convenio de Roma y el 14-3 b) del Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos de Nueva York. El primero de ellos se refiere expresamentetambién al derecho a "comunicarse con un defensor de su elección", en tantoque el segundo reconoce el derecho a obtener "las facilidades necesarias para lapreparación de su defensa"._____________________Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de abril de 1987Se trata de normas de ineludible aplicación. El art.10-1 de la Constitución califica de"inviolables" estos derechos. Además, el contenido de los arts. 17-3 y 24 de laConstitución debe interpretarse, por imperativo del propio art.10-2 de la normafundamental, a tenor de ambos preceptos de Derecho Internacional que, en virtud delart.27 del Tratado de Viena de 21 de mayo de 1969, no pueden ser desconocidosaduciendo normas de Derecho meramente interno. Según esta disposición, "Una parteno podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación delincumplimiento de un tratado". Y lo mismo determina el art.96-1 de la Constitución:"Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en España,formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones podrán ser derogadas,modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdocon las normas generales del Derecho internacional".También el Tribunal Constitucional en la sentencia de 24 de julio de 1981 inicialmentelo había interpretado de ese modo, al afirmar claramente que "el derecho a la defensa

y asistencia de letrado, consagrado en el art.24-2 de la Constitución, interpre-tado deacuerdo con los textos internacionales mencionados, comporta de forma esencial elque el interesado pueda encomendar su representación y asesoramiento técnico aquien merezca su confianza y considere más adecuado para instrumentar su propiadefensa".El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su Resolución 1989/64 hizosuyas las recomendaciones de la Reunión Preparatoria del____________________Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Resolución 1989/64art.27 del Tratado de Viena de 21 de mayo de 1969VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento delDelincuente, aprobando los principios Básicos acerca de la Función de los Abogadoscon arreglo a la Resolución 1990/23 del referido Consejo de fecha 24 de mayo de1990, cuyo art.1 dice: "Toda persona está facultada a recurrir a la asistencia de unabogado de su elección para que proteja y exponga sus derechos y lo defienda entodas las fases del procedimiento penal". Y el art.4 reitera: "Los gobiernos velaránporque la autoridad competente informe inmediatamente a todas las personasacusadas de haber cometido un delito o arrestadas o detenidas de su derecho a estarasistidas por un abogado de su elección". En idéntico sentido se expresa el artículosiguiente.Por su parte, la Norma Deontológica 1.7 aprobada por la Asamblea de Decanos de losColegios de Abogados de 29 de mayo de 1987 dice igualmente que "el cliente eligelibremente a su Abogado y, todo Abogado tiene el deber de facilitar el ejercicio de estederecho". Y la Norma 6.2 por su parte, establece: "La relación del Abogado con elcliente tiene que fundarse en una recíproca confianza".Si se impone un abogado desconocido para el inculpado, la defensa no es nada. Larelación profesional abogado-defendido es personalísima y no puede ser sustituída,asimilada o confundida con situaciones ajenas y extrañas a los conceptos deasistencia letrada y de defensa, que se llamarán con el nombre que se quiera, peroque no son asistencia ni defensa, sino algo muy distinto. Como ha expuesto lasentencia del Tribunal Constitucional de 180/90 de 15 de noviembre, "la obligación delEstado de proveer en ciertos casos de asistencia letrada gratuita no se satisface por elsimple nombramiento o designación de Abogado del turno de oficio, pues dichoprecepto del Convenio [se refiere al art.6-3 c) del Convenio de Roma] no habla de'nombramiento' sino de 'asistencia' Arts. 344 a 347 del Código de ProcedimientoPenal.Asamblea de Decanos de los Colegios de Abogados de 29 de mayo de 1987expresión idéntica a la del art.24.2 C.E. de donde se infiere que lo que la normaconstitucional dispone es que el acusado tenga derecho a gozar de una 'asistenciatécnica' ya que si se interpreta de una manera formal y restrictiva 'la asistencia judicialgratuita' tendría el riesgo de revelarse como una palabra vacía en más de unaocasión".Esta es la situación que se engendra en las incomunicaciones en virtud del art.527 a)de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según redacción de 1983: absoluta ausencia deasistencia y defensa desde un principio, pese al nombramiento nominal, retórico oformal de un abogado de oficio.Sentencia No. C-150/93

DERECHO DE DEFENSA TECNICASi la Constitución Política no consagra restricción al derecho a una defensa técnica enlas diferentes etapas, y los artículos 161 y 322 acusados, si lo hacen para los casos deflagrancia, tales normas son inconstitucionales. El derecho de defensa técnica en loque se relaciona con la asistencia del defensor en los asuntos de carácter penal, noadmite o no debe admitir restricción alguna. Para que exista un proceso penal propiode un Estado de Derecho es indispensable la protección del sindicado a través de undefensor, quien no sólo cumple esta función sino otra también muy importante,colaborar en la investigación de la verdad. Así, para el Constituyente es tan importantela defensa técnica, que se constitucionalizó el defensor de oficio en el artículo 282.4 dela Constitución, como una de las funciones del Defensor del Pueblo.Sentencia No. C-592/93DERECHO DE DEFENSA TECNICAEl derecho a la defensa técnica como una modalidad específica del debido procesopenal constitucional se aplicará en todo caso en que exista sindicado de un delito, yaque, además, aquella es una regulación categórica y expresa de carácter normativo yde rango superior en la que se establecen las principales reglas de carácterconstitucional que en todo caso deben regir la materia del proceso penal.LEY 270 DE 1996 (marzo 7)Estatutaria de la Administración de JusticiaEl Congreso de Colombia,ARTICULO 3o. DERECHO DE DEFENSA. En toda clase de actuaciones judiciales yadministrativas se garantiza, sin excepción alguna, el derecho de defensa, de acuerdocon la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes ratificados porColombia y la ley. Los estudiantes de derecho pertenecientes a los consultoriosjurídicos de las universidades debidamente reconocidas por el Estado podrán ejercerla defensa técnica con las limitaciones que señales la ley, siempre y cuando launiversidad certifique que son idóneos para ejercerlaLEY 941 DE 2005 (enero 14)Diario Oficial No. 45.791 de enero 14 de 2005Por la cual se organiza el Sistema Nacional de Defensoría PúblicaARTÍCULO 4o. DERECHO DE DEFENSA. El Sistema Nacional de Defensoría Públicagarantizará el derecho a una defensa integral, ininterrumpida, técnica y competenteSentencia T-361/97

DERECHO DE DEFENSA TECNICA/DEBIDO PROCESO PENAL-Sindicado definido eidentificado/DEBIDO PROCESO PENAL-Sindicado ausente no identificadoplenamente debe ser oidoLa persona tiene derecho a que se le informe que en su contra cursa una investigaciónpenal, y a hacerse o no presente en el proceso, sea que designe a un abogado de suconfianza para que la represente, o que se atenga a la labor que cumpla el defensorde oficio, puesto que el proceso penal no puede adelantarse válidamente sin cumplircon el requisito de la defensa técnica del implicado. Pero la presencia de un abogadoque atienda a la defensa del procesado, sólo remedia la falta de éste último, en el casoen que ha sido plenamente establecida su identidad, se le ha emplazado y, ante sucontinuada ausencia -voluntaria o no-, se le ha declarado ausente y se le ha nombradodefensor de oficio. Es que si la validez del proceso penal depende, entre otras cosas,de la defensa técnica del inculpado, la existencia misma del proceso depende de la deun sindicado definido. Y éste, una vez identificado, si se hace presente en el proceso,o es capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, tienederecho a que se le oiga y se defina su situación jurídica en los plazos taxativamenteseñalados por la Constitución y la ley; más aún, tienen derecho a que se le oiga enampliación de indagatoria cuantas veces considere necesarias, "en el menor términoposible". El sindicado que permaneció ausente -por o sin su voluntad-, durante unaparte del trámite de la investigación que se adelanta en su contra, una vez concurre alproceso o es capturado, cuenta con iguales derechos a los de aquél que estuvopresente desde la iniciación de la investigación previa y, por tanto, tiene derecho a seroído por el funcionario a cargo del proceso, y a "solicitar sin necesidad de motivaciónalguna cuantas ampliaciones de indagatoria considere necesarias". El funcionariojudicial que falte al deber de recibirlas (injustificadamente) en el menor tiempo posible,viola el derecho fundamental a la defensa material del sindicado. Pero en este caso laviolación es más grave, puesto que se suma a la declaración de persona ausente dequien no había sido plenamente identificado, y se da en el marco de una investigaciónque se mantuvo abierta mucho más allá de lo que la ley permite.PRESUNCION DE INOSENCIAPor: Yiria Yineth MachadoLa presunción de inocencia como derecho fundamental fue proclamada por 1vez en el mundo por el art 9 de la declaración de los derechos del hombre y delciudadano de la revolución francesa del 26 de agosto de 1789, y fueincorporada a la primera constitución de Francia el 3 de septiembre de 1791.Antes de la revolución la presunción de inocencia no tenia carácter de derechofundamental, aunque en otras saciedades europeas se aplicaba el principioquilibet praesemitus bonus, donec probetur contrarium se presume lobueno hasta que se pruebe lo contrario, aunque con anterioridad a este seaplicaba lo contrario todo hombre es culpable hasta que se demuestre locontrario.La presunción de inocencia adquiere carácter de derecho humano el 10 dediciembre de 1948 por la asamblea general de las naciones unidas.El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídicopenal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a travésde un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona,podrá el Estado aplicarle una pena o sanción.

La contracara de la presunción de inocencia son las medidas precautoriascomo la prisión preventiva. En el derecho penal moderno solamente se admitenmedidas precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de que lapersona afecte la investigación del hecho de forma indebida.Presunción de inocencia en el ámbito de los derechos humanosLa presunción de inocencia es una garantía consagrada en la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales sobrederechos humanos como, por ejemplo, la Convención Americana sobreDerechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocenciamientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley en un ejercicio públicoen el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensaArticulo 11 de la Declaración Universal de los Derechos HumanosSegún la constituciónCP -Articulo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuacionesjudiciales y administrativas.Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se leimputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de lasformas propias de cada juicio.En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, seaplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declaradojudicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a laasistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación yel juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; apresentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnarla sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debidoproceso.Según la legislaciónLey 734 de 2002Por la cual se expide el Código Disciplinario ÚnicoLegislación artículo 9o. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. A quien se atribuyauna falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare suresponsabilidad en fallo ejecutoriado.Ley 600 de 2000Por la cual se expide el Código de Procedimiento PenalArticulo 7o. PRESUNCION DE INOCENCIA. Toda persona se presumeinocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentenciacondenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal.En las actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del procesado.

Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen lacalidad de antecedentes penales y contravencionales.Articulo 3o. LIBERTAD. Toda persona tiene derecho a que se respete sulibertad. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni privado de sulibertad, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito deautoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y pormotivos previamente definidos en la ley.La detención preventiva, en los términos regulados en este código, estarásujeta a la necesidad de asegurar la comparecencia al proceso del sindicado,la preservación de la prueba y la protección de la comunidad.Según la jurisprudenciaSentencia del Tribunal Constitucional 218/2002Vulneración del derecho por una medida de control sobre las comunicacionesíntimas de los presos que no se encuentra justificada específicamente. STC57/1994.Sentencia del Tribunal Constitucional 207/2002Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE): virtualidad de lasdeclaraciones de los coimputados para enervar la presunción de inocencia.Sentencia del Tribunal Constitucional 200/2002Derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE): necesidad derespetar los principios de inmediación y contradicción en la valoración de laprueba en la segunda instancia. STC 167/2002.Sentencia del Tribunal Constitucional 196/2002Derecho de reunión (art. 21 CE): doctrina sobre este derecho fundamental;pautas que han de informar la labor interpretativa de los órganos judiciales,especialmente cuando las resoluciones incidan en el contenido de un derechofundamental sustantivo.Sentencia del Tribunal Constitucional 192/2002Derecho al secreto de las comunicaciones de los ciudadanos recluidos en uncentro penitenciario (art. 18.3 CE, en relación con el art. 25.2 CE): requisitosque deben cumplir los Acuerdos o medidas de intervención de las mismas.STC 106/2001.Sentencia del Tribunal Constitucional 183/2002Derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa(derecho a la prueba) (art. 24.2 CE): falta de respuesta a la petición de pruebatestifical formulada por un recluso, que vulnera el derecho fundamental.Sentencia del Tribunal Constitucional 181/2002Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE): necesidad de unacorroboración mínima de las declaraciones de los coimputados para que lasmismas permitan desvirtuar la presunción de inocencia.Sentencia del Tribunal Constitucional 180/2002Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE): derecho a no sercondenado sin pruebas válidas.

PREVALENCIA DERECHOS DE LOS NIÑOSPor: Yiria Yineth MachadoLos derechos de los niños a pesar de en igualdad con los derechos que tienentodas las personas, gozan de cierto privilegios que están por encima de losderechos de las personas. Los niños estarán protegidos contra, violenciafísica o moral, secuestro, venta o abuso sexual, etc.Convención internacional de lo derechos de los niños, este tratado ha sidoaprobado por todos los pises del mundo, con fecha 20/11/1989 por AsambleaGeneral de las Naciones Unidas. España los ratificó el 6/12/1990.Que dice, que los niños gozaran de los siguientes derechos:DERECHO A LA VIDA: El niño debe disfrutar de las mejorescondiciones para su desarrollo, alimentación adecuada y hogar.En definitiva de buena calidad de vida.DERECHO A LA SALUD: Siempre que el niño esté enfermo, debeser atendido por un médico y con los medicamentos y cuidadosnecesarios para su curación.DERECHO A LA EDUCACIÓN: Todos los niños deben aprender aleer y escribir. También tienen el derecho a disfrutar de su tiempolibre y a participar en actividades culturales y artísticas.DERECHO A LA FAMILIA: El niño necesita que le cuiden suspadres y cuando esto no sea posible o no tenga familia, lasociedad le buscará un hogar donde crecer feliz. DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA CUALQUIERDISCRIMINACIÓN: Todos los niños poseerán los mismosderechos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA LOS MALOSTRATOS: Todos los niños deben ser respetados por los adultos,nadie les podrá humillar ni maltratar.DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN:Ningún niño debe realizar actividades que pongan en peligro susalud. Por debajo de la edad reglamentada, no debe trabajar bajoningún concepto.DERECHO A LA PAZ: Los niños no deben intervenir en guerraalguna ni ser torturados, encarcelados o condenados a muerte.Las medidas educativas deben prevalecer sobre las represalias.DERECHO A LA IDENTIDAD: Todo niño tiene derecho a elegir ypracticar su religión, hablar su idioma, conservar sus costumbres ysu cultura.DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Todos los niñostiene derecho a opinar de aquellos temas que le conciernen ysiempre que sus intereses así lo requieran.

Adamas de estar plasmados en el artículo 44 de la constitución política de 1991y en la ley 12 del 1991 estableciendo la corresponsabilidad de la familia, elEstado y la sociedad en general frente a la protección de la infancia.En conclusión, los derechos de los niños siempre estarán por encima de losderechos que tenemos las personas.DEBIDO PROCESOPor: Estephany Peña PatiñoEl hombre antes de la existencia del debido proceso realizaba todo consentimiento de venganza, pero cuando se dio la necesidad de que no sepermitiera el arbitrio de las autoridades superiores y el salvajismo del hombretomando la justicia con sus propias manos, se vio un primer avance en laépoca feudal dando paso a la humanidad civilizada que se impone frente alabsolutismo y la autocracia, pero en el primer documento escrito en donde seconsagro como derecho fundamental fue en la constitución de los EstadosUnidos gracias a los colonos ingleses, ellos mismos lo consagraron comofundamental según la revolución francesa de 1789. Pero la evolución de estederecho fundamental tiene sus fundamentos desde la carta magna, que acontinuación se hablara de la misma seguida de las diferentes e importantesépocas de la historia en las que el debido proceso se presento como tal. CartaMagna: “ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado desus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privadode su rango de cualquier otra forma, ni usaremos la fuerza contra el, nienviaremos a otros a que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de suspares y con arreglo a ley del reino”, la revolución francesa es la mayorrectificación del debido proceso junto con la declaración universal de losderechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789 e incorporadaa la constitución de Francia el septiembre de 1791. El juicio justo por laconstitución de Filadelphia vino a complementar la garantía del debido procesolegal con la garantía del juicio público justo y equitativo contenida en la sextaenmienda.Para el primer texto internacional sin carácter obligatorio pero si moral, uniendolos preceptos del debido proceso legal y el juicio publico y justoFinalmente la garantía universal del debido proceso adquiere la categoría deljus cogens como derecho humano y erga omnes en el artículo 14 del pactointernacional de derechos humanos de las Naciones Unidas de 1966.Este derecho al ser de carácter fundamental y fundado con obligatoriocumplimiento de las cortes, tratados y convenios para los países inscritos en elmismo, varias cortes de tipo internacional en su jurisprudencia ha definido elderecho al debido proceso como la garantía del cumplimiento de unos mínimosde derechos para las personas imputadas de un crimen, como el derecho a serescuchado, a tener un juez o autoridad competente para que le solucione lasituación, el principio de legalidad, a la doble instancia, presunción de inocenciay el nos bis in idem. Este es el caso de la Corte Interamericana de DerechosHumanos que por medio de su jurisprudencia ha manifestado que laprotección del debido proceso no solo era función y cumplimiento del poder

jurídico, sino también deben ser respetadas por todo órgano que ejerzafunciones de carácter materialmente jurisdiccionalEl debido proceso puede ser la expresión de la evolución del proceso en todaslas áreas del derecho procesal especialmente del penal ya que son garantíasmínimas que se debe cumplir para que haya un juicio imparcial y justo ensentido legal y no moral.El debido proceso es el limitante tanto institucional y legal para que el Estadopueda afectar atreves de sanciones la libertad y los bienes de las personas, elconstituyente de 1991 lo declaro de aplicación inmediata, es decir basta consolamente invocarlo, esto fue lo que consagro la Constitución de 199, aldeclararlo derecho constitucional fundamental. Pero algo muy diferente sepresentaba con la Constitución de 1886, ya que este presentaba grandesrestricciones y estaba consagrado en el artículo 26, este artículo presentaba ladefinición del debido proceso de manera similar al artículo vigente, pero en elartículo 27 comenzaban las restricciones, aunque el articulo que le seguíaprohibía la aplicación de las penas ex post facto, al mismo tiempo autorizaba ladetención de ciudadanos por el gobierno sin mandato judicial y sin formula dejuicioEn este sentido ha señalado:"De conformidad con la separación de los poderes públicos que existeen el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional competeeminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicaspueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando laConvención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un"juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos",esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, seaadministrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resolucionesdetermine derechos y obligaciones de las personas. Por la razónmencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado queejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene laobligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debidoproceso legal en los términos del artículo 8 de la ConvenciónAmericana".Protección internacional del Debido ProcesoEl debido proceso al ser uno de los mayores logros de la persona y eldesarrollo de unos mínimos de garantías para alguien que esta siendo juzgado,tiene carácter de cumplimiento en la mayoría de los países del mundo,resguarda su protección en instituciones internacionales que hacencomprometer a los Estados el cumplimiento de esos mínimos, entre otrasinstituciones o formas de protección se encuentran:

Naciones Unidas: la declaración incluyo entre sus derechosfundamentales el debido proceso contenido en su articulo 11: “1. Todapersona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocenciamientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juiciopúblico en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesariaspara su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que enel momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho internoo Internacional. Tampoco se impondrá pena mas grave que la aplicableen el momento de la omisión del delito”.Pero las Naciones Unidas al incluirlo como un derecho fundamentalexpresa la manera en que se puede hacer cumplir y es por medio delComité de Derechos Humano del Pacto Internacional de DerechosCiviles y políticos, pero ¿Cómo?, aquí se presentaran y se explicaran losdos medios que tiene este pacto para hacerlo respetarc. Comunicaciones Estatales: consiste en que si algún Estado partedel pacto en algún momento no halla cumplido con las estipulacionesdel pacto, el otro Estado tiene la facultad de presentarcomunicaciones diciendo que el otro Estado no cumple con lasobligaciones que el impone el Pacto, si un asunto remitido al comiténo se resuelve a satisfacción de los Estados partes interesados, elComité, con el previo consentimiento de los Estados partesinteresados podrá asignar una Comisión especial de Conciliación.d. Comunicaciones de individuos: todo individuo que alegue unaviolación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto yque haya agotado todos los recursos internos disponibles, podrásometer a consideración del Comité una comunicación escrita,siempre y cuando el Estado parte en el pacto que sea parte en elProtocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos. Pero de acuerdo con el articulo 5 el Protocolo no revisaraninguna solicitud si no cumple con estos requisitos: el mismo asuntono ha sido sometido a otro procedimiento de examen y o arreglointernacional y que el individuo halla agotado todo los recursos dejurisdicción interna En Europa: apareció la Convención de Roma la cual le dio aplicaciónlegal a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las NacionesUnidas, y es el primer sistema Europeo de Protección de los derechos ylibertades fundamentales. Esta convención es una garantía adicional yaque esta incorporada en la mayoría de los Estados miembros delConsejo de EuropaLo que para el connon law corresponde al debido proceso, quedoincorporado en el artículo 6 de la convención para la protección de losderechos humanos y libertades fundamentales: “1. En la determinaciónde sus derechos y obligaciones civiles o de cualquier acusación criminalcontra ella, toda persona tiene derecho a una audiencia equitativa y

publica dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente eimparcial establecido por la ley. La sentencia será pronunciada enpúblico, pero podrá excluirse a la prensa o al público de todo o parte deljuicio por consideraciones de moral, orden publico o seguridad nacionalen una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de menores ola protección de la vida privada de las partes o, en la medidaestrictamente necesaria a juicio del tribunal, cuando por circunstanciasespeciales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses dela justicia. 2. Toda persona acusada de un delito se presumirá inocentemientras no se haya probado legalmente su culpabilidad. 3. Todapersona acusada de un delito tiene derecho a las siguientes garantíasmínimas: A. a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda yen forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formuladacontra ella. B. a disponer de tiempo y de los medios adecuados para lapreparación de su defensa. C. a defenderse personalmente o a serasistida por un defensor de su elección, o si no tuviera medios pararemunerar a un defensor, a que se le otorgue uno cuando los interesesde la justicia lo requieran. D. a interrogar y hacer interrogar a lostestigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos dedescargo y su interrogatorio en las mismas condiciones que los testigosde cargo. E. a ser asistido gratuitamente por un interprete, sinocomprende o habla el idioma empleado en el tribunal.Dándole un complemento a estos mínimos aparece en el artículo 7 laprohibición de aplicar retroactivamente la ley penalEn América: en el caso de América la quinta enmienda a la constituciónde Los Estados Unidos de 1787 sirvió de inspiración para el resto deconstituciones de América Latina y del Caribe: “ninguna persona serádetenida para que responda por un delito capital, o infamante por algúnotro concepto, sin un auto de denuncia o acusación formulado por unGran Jurado, salvo en los casos que se presenten en las fuerzasterrestres o navales, o en la Milicia, cuando estas estén en servicioefectivo en tiempo de guerra o de peligro publico; tampoco podrásometerse a una persona dos veces, por el mismo delito, al peligro deperder su vida o sufrir daños corporales; tampoco podrá enajenarse lapropiedad privada para darle usos públicos sin una compensación justa”Se complementa el debido proceso con la garantía del juicio justocontenida en la sexta enmienda de la Constitución de FiladelfiaPacto de San José: en este pacto fue adoptada la convenciónAmericana sobre derechos humanos, el cual en su articulo 8 bajo elnombre de garantías judiciales, incluye tanto del debido proceso como elderecho a juicio justo y equitativo: “1. Toda persona tiene derecho a seroída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por unjuez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido conanterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos yobligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2.toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma suinocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Duranteel proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a lassiguientes garantías mínimas: A. derecho del inculpado de ser asistidogratuitamente por el traductor o interprete, si no comprende o habla elidioma del juzgado o tribunal. B. comunicación previa y detallada alinculpado de la acusación formulada. C. concesión al inculpado deltiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D.derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistidopor un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamentecon su defensor. E. derecho irrenunciable de ser asistido por undefensor de su elección proporcionado por el Estado, remunerado o nosegún la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por simismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. F.derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en eltribunal y de obtener comparecencia, como testigos o peritos, de otraspersonas que puedan arrojar luz sobre los hechos. G. derecho a no serobligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable. H. derechode recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión delinculpado solamente es valida si es hecha sin coacción de ningunanaturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podráser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penaldebe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar losintereses de la justicia.El artículo 9 de la convención establece la prohibición de aplicarretroactivamente la ley penal, además de tener en cuenta el principio delegalidad¿Qué dice la corte constitucional en razón al debido proceso?La corte constitucional al ser el tribunal superior encargado de la guarda de laconstitución, es la encargada de conocer de derechos fundamentales entreellos esta el debido proceso, entre muchas de sus sentencias, la CorteConstitucional ha dado criterios, decisiones acerca de la aplicación y definiciónde lo que se puede considerar el derecho fundamental mas interesante y conmayor numero sentencias, tutelas normas entre otras.Pero entre tantas sentencias y fallos esta Corte ha tenido conceptos uniformesacerca del debido proceso diciendo lo siguiente: “es una estructura complejaque se compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados,garantizan que la acción punitiva del Estado no resulta arbitraria” 233233 Salvamento de voto de los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo Mesa y ÁlvaroTafur Galvis

Así mismo en la sentencia T-458 del 24 de octubre de 1994 la Corte dijo: “eldebido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar al ciudadanoque ha acudido al proceso, una recta y cumplida administración de justicia y ladebida fundamentación de las relaciones judiciales, mediante el acatamientodel principio de juridicidad propio del Estado de derecho, y que excluye, porconsiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. En consecuencia,el debido proceso es un derecho fundamental, susceptible de ser protegido pormedio de la acción de tutela, ya que las actuaciones de los servidores públicosque solo obedezcan a motivaciones internas, desconocen la primacía de losderechos inalienables de la persona, la protección constitucional de losderechos fundamentales y la prevalencia del derecho sustancial”Para el año de 1995 la corte se manifestó en la sentencia T-158 del 26 de abrilde ese año de la siguiente manera: “el proceso es un juicio y es licito en cuantoimplica un acto de justicia. Y como es evidente por la naturaleza procesal, serequieren tres condiciones para que un proceso sea debido: la primera queproceda de una inclinación por la justicia; segunda, que proceda de la autoridadcompetente; tercera, que se profiera de acuerdo con la recta razón de laprudencia, en este caso, que se coteje integralmente toda pretensión, de talmanera que siempre este presente el derecho de defensa, y que el juez enningún momento se arregle prerrogativas que no están regladas por la ley, niexija, así mismo, requisitos extralegales. Siempre que faltaren estascondiciones, o alguna de ellas, el juicio será vicioso e ilícito”Y el Estado que respeto tiene por el debido proceso. ¿Hay o no violaciónde parte del Estado?En la jurisprudencia de instituciones Internacionales se puede ver claramentelas violaciones del Estado Colombiano al debido proceso, tales institucionesson: Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos, compilados por las Naciones Unidas, ComisiónInteramericana de Derechos HumanosPor su parte la Corte Constitucional en su Sentencia SU 159/02 234 preciso lasvías de hecho contra el debido proceso en decisiones judiciales: “en primero lautilización de un poder concebido al juez por el derecho para un fin no previstoen las disposiciones legales, segundo en el ejercicio de una atribución por unórgano del que no es titular, tercero en la aplicación del derecho sin contar conel apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebasvalidas, cuarto en la actuación por fuera del procedimiento establecido. Estacarencia sustancial de poder o de desviación del otorgado por la ley revelanuna manifiesta desconexión entro lo establecido en el ordenamiento y lavoluntad del funcionario judicial y una clara violación de los derechosfundamentales de quien sufre las consecuencias del acto arbitrario”Por desgracia en la mayoría de los fallos, la corte Suprema de Justicia amparalas vías de hecho judiciales234 MAGISTRADO PONENTE: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

HABEAS CORPUSPor: Estephany Peña PatiñoEn todo el desarrollo de la humanidad se han buscado normas para laconvivencia en sociedad. Por eso el habeas corpus es considerado uno de lasprotecciones al hombre mas importantes ya que establece el derecho a lalibertad corporal del hombre cuando esta es afectada injustamente.Cada momento de la historia tiene sus rasgos particulares, por eso para cadauno de esos momentos se presentaron figuras similares o primeras aparicionesde lo que hoy se conoce como el habeas corpus, el primero fue en las leyes deMoisés en el libro el Deuteronomio, en el cual algunas normas indicaban comoseria el trato para los pobre y esclavos, además de la administración de justiciaasignando en cada tribu o cuidad jueces o magistrados para que juzgaranrectamente, también se habla dentro del libro de la aplicación de las penasInterdictos del derecho romano: lo presentaba una persona libre que hasta esafecha se le había tratado como esclavo y se presentaba ante un pretor pararecuperar su libertad, había diferentes interdictos como el interdicto officii causasu fin era defender la persona libre injustamente detenida, no era invocado ennombre propio sino en sentido humanitario; también se presentaba el interdictohomine libero exhibendo el cual el pretor ordenaba la exhibición del hombreque se había encarcelado con dolo malo, concilio de Toledo: para el año de638 el VI concilio de Toledo impone que en todo juicio debe estar presente elacusador y así verificar la conducta del acusado frente a las leyes, evitando deesta manera la temeridad de los acusadores, y ya para la celebración de VIIIconcilio en 653 se presentan los primeros principios de lo que hoy es elprincipio de legalidad.La carta Magna firmada por Juan sin Tierra bajo presión por parte de losbarones ingleses quienes reclamaban derechos tanto para ellos mismos comopara los súbditos y realizado de buena fe por parte de todos para evitardisputas futuras y conceder libertades a sus herederos, otorgando derechoscomo que ninguna autoridad podía encarcelar a una persona sin previaautorización y por una causa pre escrita en alguna ley, en España se presentoel fuero de Vizcaya firmado en 1527 en el cual se confirió el principio de libertady prohibía a los magistrados y otros funcionarios la aprehensión a una personalibre sin sentencia de un juez, a menos que sea in fraganti, en caso contrario osin importar la causa o delito de la aprehensión, el juez competente deberádecretar libertad.El habeas corpus el haber tenido tanta historia y tantas etapas para finalmenteconsagrarse como una de las máximas representaciones de libertad humana,debía tener una incidencia o importancia en el derecho internacional, en unprincipio este tuvo solo importancia moral pero con el tiempo se decidió por nosolo dejarlo en la parte moral sino que consiguiera un rango de obligatoriocumplimiento y de carácter jurídico considerablemente alto, hay varios tratadoso convenios internaciones que tienen en cuenta el habeas corpus generandoasí un cumplimiento y compromiso inmenso para los países que los firman,entre tantos de estos tratados esta la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del hombre, la cual fue celebrada en razón de la IX conferenciainternacional Americana celebrada en Bogotá del 30 de marzo al 2 de mayo de1948, en la cual se ve plasmada el principio del derecho de defensa y elderecho a la libertad del hombre, entre muchos otros beneficios, ya para lafecha del 10 de diciembre de 1948, se aprobó la declaración Universal de losDerechos Humanos, en la cual se ve la voluntad de los Estados miembros porrespetar los derechos y libertades individuales fundamentales para todos loshombres, los cuales en este texto son divididos en dos categorías: derechosindividuales; y los económicos sociales y culturales; en su articulo 8 dice: “todapersona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionalescompetentes, que la ampare contra actos que violen sus derechosfundamentales reconocidos por la constitución o la ley”; y el articulo 9: “nadiepodrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado”Después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se pretendíaque esta no solo tuviera un carácter moral sino también obligatorio y de rangojurídico, por eso surge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,este documento impone a los Estados miembros, la obligación de promover elrespeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanas, pero entro aregir cuando se ratifico por 36 países, este entro a regir en Colombia a partirdel 23 de marzo de 1976.Pero el habeas corpus en Colombia tiene su respectiva historia, como apareció,como desapareció atreves de los años, ya sea por constituciones, decretos yaplicaciones diferentes para poder llegar a los que hoy tenemos en razón de laley 1095 de 2006 que rige todo acerca del habeas corpus, aunque en nuestropaís en 1832 se había realizado un control a la privación de la libertad personalpor medio de la constitución de ese respectivo año, se contempla el habeascorpus dentro de la legislación en 1964 como un recurso, por medio del decretoley 1358 de 1964: el cual explicaba que este recurso solo se podía aplicarcuando no se cumplía con las formalidades de la ley o si después de 48 añosno se le había puesto a ordenes de la autoridad competente, este lo podíainvocar el perjudicado, otra persona o el ministerio de publico ya sea por oficioo petición, pero este recurso no operaba cuando eran sentencias en firme, casoen el cual se consideraba que se utilizaban los recursos de revisión yapelación. Con la expedición del Código de Procedimiento Penal en el cual seelevo a garantía procesal el habeas corpus y se consagro por primera vez laprocedencia del Habeas Corpus, cuando existía prolongación ilícita de lalibertad, ya con el actual Código de Procedimiento penal (decreto 2700 de1991), el cual consagra dentro de sus normas rectoras el habeas corpusarticulo 5: “quien estuviere ilegalmente privado de su libertad tiene derecho ainvocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por si o porinterpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el termino de36 horas contadas desde el momento de la solicitud y sin tener en cuenta elnumero de retenidos”, el articulo 430 se define el habeas corpus como unaacción publica otorgada a quien se encuentra privado de la libertad, bien seapor haber capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, obien porque se prolongue ilícitamente esa privación, con la ley 15 de 1992 y laexpedición de la constitución se presentaron varios casos de personasencerradas e investigadas por delitos de competencia de jueces regionales y

tribunal nacional invocando el habeas corpus, ya que consideraban que existíaprolongación ilegal de privación de la libertad, por vencimiento de términos..Con la nueva constitución apareció la corte Constitucional encabeza y guardade la constitución, se le encargo el solucionar las sentencias en relación alhabeas corpus, algunas de considerable importancia como la sentencia C-557de 1992: en base en la inestabilidad que se podía presentar en el territoriodebido a la expedición del nuevo Código de Procedimiento Penal y el numerode procesados que solicitaban el habeas corpus por la antigua justicia de ordenpublico y la masiva libertad provisional sobreviviente. El gobierno declaraestado de conmoción por el decreto 1156 de 1992 art 3: “en los delitos decompetencia de los jueces regionales y del tribunal Nacional no procederá laacción de habeas corpus por causales previstas para obtener la libertadprovisional, las cuales deben alegarse dentro del proceso respectivo. Tampocoprocederá para efecto de revisar la legalidad de las providencias que hubierendecidido sobre la privación de la libertad”. Este respecto manifestó la CorteConstitucional: “se utiliza el recurso de habeas corpus en este articulo 3º, a lamanera de su primigenia expresión, no temiendo por la libertad individual porcausa de la actuación de los jueces, sino mas bien, por las actuaciones deautoridades no judiciales, frente a las cuales queda, para estos delitos, elhabeas corpus a disposición de quienes deban utilizarlos”Para la sentencia C-301 de 1993, en la cual se examina la constitucionalidadde la ley 15 de 1992 con argumentación de que tratándose de un derechoconstitucional fundamental como la libertad este necesitaba realizarse por unaley estatutaria como lo establece el articulo 152 de la constitución y no por unaley ordinariaSentencia C-010 de 1994: en esta sentencia se estudia la demanda deinconstitucionalidad de expresión: “pero el tramite corresponde exclusivamenteal juez penal” contenida en el articulo 431 del Código De Procedimiento penal,y la cual según el actor iba en contradicción con la constitución política en suarticulo 30 debe entenderse en conformidad con el principio de especialidadentre las distintas ramas de la administración de justicia. Aplicación del habeas corpus en Colombia: para entender de unamejor manera la practica del habeas corpus en Colombia es necesariodar a conocer los conceptos y las situaciones de captura legal yprolongación ilegal de privación de libertadCaptura legal: la jurisprudencia y la doctrina la definen como: “en sumas amplia significación, captura es el acto meramente físico medianteel cual los auxiliares de la rama jurisdiccional, en cumplimiento deordenes legalmente impartidas u obrando por su cuenta en otros casos,o los simples particulares en circunstancia de flagrancia cuasiflagrancia, aprehenden a una persona para presentarla a la autoridadque la reclama o a la que puede definir su situación”Prolongación ilegal de la privación de la libertad: esta se presenta sidespués de interpuesta la solicitud de la libertad provisional fuerenegadaLEY 1095 DE 2006

DECRETA:Artículo 1°. Definición. El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a lavez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien esprivado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales,o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse oincoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio prohomine. El Hábeas Corpus no se suspenderá, aun en los Estados deExcepción.Artículo 2°. Competencia. La competencia para resolver solicitudes de HábeasCorpus se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:1. Son competentes para resolver la solicitud de Hábeas Corpus todos losjueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder Público.2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de susintegrantes como juez individual para resolver las acciones de Hábeas Corpus.Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido conantelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de Hábeas Corpus,deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias,de inmediato, al juez siguiente o del municipio más cercano de la mismajerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstospara ello.Artículo 3°. Garantías para el ejercicio de la acción constitucional de HábeasCorpus. Quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a lassiguientes garantías:1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el Hábeas Corpus paraque este sea resuelto en un término de treinta y seis (36) horas.2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sinnecesidad de mandato alguno.3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, mientras que laviolación persista.Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de lapresente ley, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará un sistema deturnos judiciales para la atención de las solicitudes de Hábeas Corpus en elpaís, durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados y las épocasde vacancia judicial.4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de díasfestivos o de vacancia judicial.5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nacióninvoquen el Hábeas Corpus en su nombre.Artículo 4°. Contenido de la petición. La petición de Hábeas Corpus deberácontener:1. El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción.2. Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad esilegal o arbitraria.3. La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de lalibertad.4. Si se conoce el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privaciónde la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa.5. El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante.

6. La afirmación, bajo la gravedad del juramento; que se considerará prestadopor la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido elconocimiento de la solicitud de Hábeas Corpus o decidido sobre la misma.La ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámitedel Hábeas Corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello.La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá serentablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado.Artículo 5°. Trámite. En los lugares donde haya dos (2) o más autoridadesjudiciales competentes de la misma categoría, la petición de Hábeas Corpus sesometerá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. La autoridad judicial aquien corresponda conocer del Hábeas Corpus no podrá ser recusada enningún caso; una vez recibida la solicitud, se podrá decretar una inspección alas diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición.También podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de lasautoridades que considere pertinentes, información urgente sobre todo loconcerniente a la privación de la libertad. La falta de respuesta inmediata aestas solicitudes constituirá falta gravísima.La autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos conla persona en cuyo favor se instaura la acción de Hábeas Corpus. Para ello sepodrá ordenar que aquella sea presentada ante él, con el objeto deentrevistarla y verificar los hechos consignados en la petición. Con este mismofin, podrá trasladarse al lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor seinstauró la acción, si existen motivos de conveniencia, seguridad u oportunidadque no aconsejen el traslado de la persona a la sede judicial.Con todo, la autoridad judicial podrá prescindir de esa entrevista, cuando no laconsidere necesaria. Los motivos de esta decisión deberán exponerse en laprovidencia que decida acerca del Hábeas Corpus.Artículo 6°. Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionaleso legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará laliberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra elcual no procede recurso alguno.Artículo 7°. Impugnación. La providencia que niegue el Hábeas Corpus podráser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a lanotificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas:1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de lassiguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. Elexpediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro delos tres (3) días hábiles siguientes.2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciadoy fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de laCorporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva.Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individualpara resolver las impugnaciones del Hábeas Corpus.Artículo 8°. Improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. Lapersona privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en laConstitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de lalibertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, soninexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad delcapturado cuando ella se conceda a consecuencia del Hábeas Corpus.

Artículo 9°. Iniciación de la investigación penal. Reconocido el Hábeas Corpus,la autoridad judicial compulsará copias para que el funcionario competenteinicie las investigaciones a que haya lugar, sin detrimento de las accioneslegales restauradoras de perjuicios que estime adelantar el afectado.Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación yderoga en lo pertinente a toda aquella que le sea contraria

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