LEGISLACION MEXICANA - Orden Jurídico Nacional

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA 

Disposiciones preliminares 

1º.- Las disposiciones de este Código regirán en todo el territorio del Estado de Oaxaca 

en asuntos del orden común. 

2º.- La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. 

Cuando en esté Código o en otras Leyes del Estado se use el genérico masculino por 

regla gramatical, se entenderá que las normas son aplicables tanto al varón como a la 

mujer, salvo disposición expresa en contrario. 

La protección que concede la Ley a todo varón y a la mujer abarca todos los derechos 

inherentes a la personalidad y a la dignidad humana. 

3º.- Las leyes, reglamentos, circulares, o cualesquiera otras disposiciones de 

observancia general obligan y surten sus efectos desde la fecha de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

En los lugares distintos del en que se publique el Periódico Oficial, para que las leyes, 

reglamentos, etc., se reputen publicados y sean obligatorios se necesita que transcurra 

un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la 

mitad. 

Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, fija el día en que 

debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de que la publicación haya sido 

anterior a esa fecha. 

4º.- A ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna. 

5º.- La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni 

alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten 

directamente el interés público, cuando la renuncia no perjudique derecho de tercero. 

6º.- La renuncia autorizada en el artículo anterior no produce efecto alguno, si no se 

hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho que se 

renuncia. 

7º.- Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público 

serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa.

8º.- La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare 

expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la 

ley anterior. 

9º.- Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en 

contrario. 

10.- Las leyes que establecen excepciones a las reglas generales, no son aplicables a 

caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes. 

11.- Las leyes del Estado de Oaxaca, incluyendo las que se refieren al estado y 

capacidad de las personas, se aplicarán a todos los habitantes del Estado ya sean 

nacionales o extranjeros, estén domiciliados en él o sean transeúntes. 

12.- Los bienes inmuebles sitos en el Estado de Oaxaca y los bienes muebles que en él 

se encuentren, se regirán por las disposiciones de este Código; cuando los dueños 

fueren extranjeros se tendrán en cuenta, además, las disposiciones de las leyes 

federales sobre la materia. 

13.- Los actos jurídicos, en todo lo relativo a su forma, se regirán por las leyes del lugar 

donde pasen. Sin embargo, los mexicanos o extranjeros residentes fuera del Estado, 

quedan en libertad de sujetarse a las formas prevenidas por este Código cuando el acto 

haya de tener ejecución dentro del Estado. 

En cuanto a los actos del Estado civil ajustados a las leyes de los otros Estados, del 

Distrito Federal y territorios, tendrán validez en el territorio del Estado de Oaxaca. 

14.- Los efectos jurídicos de los actos y contratos celebrados fuera del Estado, siempre 

que deban ser ejecutados dentro de su territorio, se regirán por las disposiciones de 

este Código. 

15.- Los habitantes del Estado tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y 

disponer de sus bienes, en forma que no perjudique derecho ajeno, bajo las sanciones 

establecidas en este Código y en las leyes relativas. 

16.- Cuando alguno explotando la ignorancia, inexperiencia, miseria o estado de 

necesidad de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado 

a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho de pedir la nulidad del 

contrato y de ser ésta imposible, la reducción equitativa de su obligación. 

El derecho concedido en este artículo dura un año contado desde el día de la 

celebración del contrato. 

(Reformado por Decreto Núm. 291, publicado en el Periódico Oficial de 20-IV- 

2001).

17.- El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no autoriza a los jueces o tribunales 

para dejar de resolver una controversia. 

18.- Las controversias judiciales del orden civil, deberán resolverse conforme a la letra 

de la ley o conforme a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a 

los principios generales de Derecho tomando en consideración las circunstancias del 

caso. 

19.- Cuando haya conflicto de derechos a falta de ley expresa que sea aplicable, la 

controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que 

pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma 

especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados. 

20.- La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento pero los jueces teniendo en 

cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías 

de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el 

Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de 

cumplimiento de la ley que ignoraban; o de ser posible, concederles un plazo para que 

la cumplan, siempre que no se trate de leyes que afecten al interés público. 


2001). 

20 BIS. Cuando en este Código se usen las expresiones “salario mínimo” o “salarios 

mínimos”, se entenderá el salario mínimo vigente en la capital del Estado. 

(Adicionado por Decreto Núm. 291, publicado en el Periódico Oficial de 20-IV- 

2001). 

LIBRO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS 

TITULO PRIMERO 

De las personas físicas 

21.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se 

pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido entra 

bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el 

presente Código. 

22.- La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas 

por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la 

dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia; pero los incapaces 

pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. 

23.- El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus 

bienes, salvo las limitaciones que establece la ley.

24.- Las personas de ambos sexos que no han cumplido dieciocho años, son menores 

de edad. La mayor edad comienza a los dieciocho años. 

TITULO SEGUNDO 

De las personas morales 

25.- Son personas morales: 

I.- La Nación, los Estados y los Municipios; 

II.- Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; 

III.- Las sociedades civiles y mercantiles; 

IV.- Las instituciones, fundaciones y agrupaciones reconocidas por la ley o permitidas 

por ésta, cualquiera que sea el objeto que con ella se persigue inclusive fines políticos, 

científicos, artísticos, de recreo y cualquier otro. 

26.- Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios 

para realizar el objeto de su institución. 

27.- Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las 

representen, sea por disposición de la ley o conforme a la disposiciones relativas de sus 

escrituras constitutivas o de sus estatutos. 

28.- Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura 

constitutiva y por sus estatutos. 

TITULO TERCERO 

Del domicilio 

29.- El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de 

establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus 

negocios y a falta de uno y otro el lugar en que se halle. 

30.- Se presume el propósito de establecerse en un lugar, cuando se reside por más de 

seis meses en él. Transcurrido el mencionado tiempo, el que no quiera que nazca la 

presunción de que se acaba de hablar, declarará dentro del término de quince días 

tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio, como a la autoridad municipal 

de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. 

La declaración no producirá efecto alguno si se hace en perjuicio de tercero. 

31.- El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley fija su residencia para el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no 

esté allí presente. 

32.- Se reputa domicilio legal:

I.- Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está 

sujeto; 

II.- Del menor que no está bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su 

tutor; 

III.- El domicilio de los casados es el lugar donde hayan establecido la morada 

conyugal, para los efectos de relaciones entre ambos; 

IV.- De los militares en servicio activo el lugar en que están destinados; 

V.- De los empleados públicos el lugar donde desempeñan sus funciones por más de 

seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán 

domicilio en el lugar donde la cumplan, sino que conservarán su domicilio anterior; 

VI.- De los sentenciados a sufrir una pena privativa de libertad por más de seis meses, 

la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a 

la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el 

último domicilio que hayan tenido. 

33.- Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su 

administración. Las que tengan su administración fuera del territorio del Estado, pero 

que ejecuten actos jurídicos dentro de él, se considerarán domiciliadas en el lugar en 

donde los hayan ejecutado en todo lo que a esos actos se refiera. 

Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán 

su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 

aquéllas. 

34.- Se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de 

determinada obligación. 

TITULO CUARTO 

Registro Civil 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

35.- El Registro Civil es la Institución de carácter público y de interés social, por medio 

de la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos 

constitutivos y modificativos del estado civil de las personas. 

Corresponde al Ejecutivo Estatal la función registral, quien la ejercerá por conducto de 

la Dirección del Registro Civil y estará encomendado su desempeño a los Oficiales 

encargados de este.

36.- Las inscripciones hechas en el Registro Civil tienen validez plena y surten sus 

efectos legales desde el momento de su realización, salvo disposición legal en contrario. 

37.- La Institución del Registro Civil orgánicamente se integra por: La Dirección, las 

oficialías, el archivo central y demás unidades administrativas que determine su 

reglamento interior, quienes tienen las funciones que se establecen en el presente 

Código y en el Reglamento del Registro Civil. 

38.- El Ejecutivo del Estado, mediante acuerdo determinará el número y ubicación de 

las oficialías del Registro Civil en el Territorio de la Entidad. La jurisdicción de las 

mismas se determinara conforme lo establezca el reglamento interior. 

39.- La titularidad de las Oficialías del Registro Civil corresponde a los funcionarios 

estatales denominados Oficiales del Registro Civil, quienes tendrán fe pública en todos 

los actos que certifiquen y autoricen conforme a las disposiciones del presente 

ordenamiento. 

Los oficiales del Registro Civil serán nombrados por el Gobernador del Estado a 

propuesta de la Dirección del Registro Civil, y sus ausencias temporales o incapacidad 

procesal, serán cubiertas por el Oficial que designe la Dirección. 

40.- En el asentamiento de las Actas del Registro Civil, intervendrán: el Oficial del 

Registro Civil que autoriza y da fe, los particulares o apoderados y los testigos que 

corroboren el dicho de los interesados, con excepción de estos últimos, en los casos de 

inscripción de resoluciones judiciales. 

41.- El Oficial del Registro Civil se asistirá de un Secretario, quien tendrá las 

obligaciones previstas en el Reglamento correspondiente. 

42.- Las Actas del Registro Civil se asentarán en formatos especiales que contendrán los 

datos propios de cada acto. Las inscripciones se harán en forma mecanográfica o en 

medios electrónicos, en los tantos que marque el reglamento. 

La infracción de esta disposición producirá la nulidad del acta y la destitución del Oficial 

del Registro Civil. 

43.- Para asentar las Actas del Registro Civil en el Estado, habrá las siguientes formas: 

Nacimiento, Reconocimiento de hijos, Adopción, Matrimonio, Divorcio, Defunción, 

Inscripción de las Sentencias Ejecutorias que declaren la emancipación, la ausencia, la 

Presunción de Muerte, la Tutela y la Pérdida o la limitación de la capacidad legal para 

administrar bienes. 

44.- Al asentar las actas en los formatos del Registro Civil, se observarán las 

prevenciones siguientes:

I.- Las actas se numerarán en orden progresivo y se colocarán una a continuación de 

otra, sin dejar entre ellas ningún formato en blanco. 

II.- Tanto el número ordinal como el de las fechas o cualquier otro, se escribirán en 

cifras aritméticas y además en palabras, con excepción de la Clave Unica del Registro de 

Población o alguna otra que no forme parte del texto del acta. 

III. - No se emplearán abreviaturas al asentarse nombres de personas físicas. 

IV.- No se hará raspadura alguna ni tampoco se permitirá borrar lo escrito. Cuando sea 

necesario testar alguna palabra se pasará sobre ella una línea de manera que quede 

legible. En el caso del Artículo 385 primer párrafo, la testadura se hará por completo 

advirtiéndose al final del acta la causa porque se ha hecho. La infracción de esta 

disposición se sancionará conforme lo establezca el reglamento interior. 

V.- Al fin de cada acta se salvará con toda claridad lo entrerrenglonado y testado. 

VI.- Los testigos que intervengan en las actas del Registro Civil serán mayores de edad, 

prefiriéndose los que designen los interesados aun cuando sean sus parientes, 

asentándose en el acta su nombre, edad, domicilio y nacionalidad. 

VII.- Extendida el acta, ésta será leída por el Oficial del Registro Civil a los interesados y 

testigos; la firmarán todos y si alguno no puede hacerlo imprimirá su huella en el 

espacio expresamente señalado en el formato. También se expresará que el acta fue 

leída y quedaron conformes los interesados con su contenido. El Oficial entregará un 

tanto del acta al interesado. 

VIII.- Si alguno de los interesados quisiera imponerse por sí mismo del tenor del acta, 

podrá hacerlo, y si no supiere leer, uno de los testigos, designado por él leerá aquella y 

la firmará si el interesado no supiere hacerlo. 

IX.- Los Apuntes dados por los interesados y los documentos que presenten se anotarán 

poniéndoles el número del acta y el sello del registro y se agregarán al apéndice 

respectivo. 

45.- Si el acto comenzado se entorpeciere porque las partes se nieguen a continuarlo, o 

por cualquier otro motivo, se inutilizará el acta marcándola con dos líneas transversales 

y expresándose el motivo por el que se suspendió, razón que deberán firmar el Oficial 

del Registro Civil, los interesados y los testigos. 

46.- La falsificación, alteración o enmienda de propia Autoridad de las Actas del Registro 

Civil y las inserciones en ellas de circunstancias o declaraciones prohibidas por la Ley, 

causarán la destitución del Oficial del Registro Civil o empleado que incurra en estos 

hechos, sin perjuicio de las penas que le correspondan en la forma y términos previstos 

en el Código Penal. 

47.- No podrá asentarse en las actas ni por vía de nota o advertencia sino lo que deba 

ser declarado para el acto preciso a que ellas se refieren y lo que esté expresamente 

prevenido. 

Las anotaciones hechas en contravención a esta disposición, se tendrán por no puestas 

y harán incurrir al Oficial del Registro Civil, en las penas que el Reglamento establezca.

48.- Con las actas del Registro Civil se integrará un legajo que contará con un apéndice. 

Este apéndice estará constituido por todos los documentos relacionados con el acto 

registrado, los que se relacionarán con el número de control de las Actas respectivas. 

49.- Si se perdiere o destruyere alguna de las Actas del Registro Civil, se sacará 

inmediatamente copia de los otros ejemplares existentes, bajo la responsabilidad del 

funcionario titular del lugar donde ocurra la pérdida, quien dará aviso a los que tengan 

los otros ejemplares. Esta reposición se hará en la forma que establezca el reglamento 

respectivo. 

50.- Cuando de la pérdida aparecieren indicios sobre la probable comisión de un delito, 

quien tenga conocimiento del mismo, hará la denuncia correspondiente al Ministerio 

Público. 

51.- Los formatos del Registro Civil serán autorizados y distribuidos anualmente por el 

Director del Registro Civil. Los Oficiales del Registro Civil remitirán mensualmente dos 

ejemplares de los legajos de actas levantadas a la Dirección del Registro Civil 

adjuntando el apéndice respectivo; otro tanto quedará en el archivo de la Oficialía. 

52.- Toda persona puede solicitar certificación de datos y/o fotocopia certificada de las 

actas del Registro Civil. El Director, los Oficiales del Registro Civil y el Jefe del Archivo 

Central están obligados a expedirlas, así como aquellas relativas a los documentos del 

apéndice, pudiéndose utilizar para tal efecto la firma autógrafa de los servidores 

públicos o la firma facsimilar digitalizada. El Estado garantizará la certeza de los actos 

que se validen con el uso de la firma facsimilar digitalizada. 

(Reformado por Decreto Núm. 484, publicado en el Periódico Oficial de 24- 

VII-2004) 

Ninguna otra autoridad, podrá expedir certificaciones de las actas del Registro Civil, 

salvo lo dispuesto por el Reglamento Interior. 

53.- El estado civil de las personas sólo se comprueba con las actas y sus 

certificaciones, inscritas y expedidas, en los términos previstos en el artículo anterior por 

el Registro Civil. Ningún otro medio de prueba es admisible para ese efecto, salvo los 

casos expresamente previstos por la Ley. 

54.- Para establecer el estado civil adquirido por los mexicanos fuera de la República, 

bastarán las constancias que los interesados presenten en los actos relativos, 

sujetándose a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto a su 

legalización, debiendo insertarse en el formato correspondiente que para ese efecto se 

autorice en la Oficialía del Registro Civil en cuya jurisdicción se encuentre el domicilio 

del interesado. 

55.- Cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, estuvieren ilegibles o 

faltaren las actas en que se pueda suponer se encontraba registrado el acto, sólo podrá 

probarse éste en la forma que establece el presente Código.

56.- Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente ante el Oficial del 

Registro Civil, podrán solicitar que éste acuda al lugar donde se encuentren o hacerse 

representar por un mandatario especial para el acto, pero el mandato se hará constar 

en escritura pública. 

57.- La nulidad del acto inscrito y la falsificación de las Actas del Registro Civil serán 

materia de controversia judicial. 

58.- Para la inscripción de los actos del Registro Civil, dispondrán los interesados del 

plazo que este Código señala en forma específica para cada uno de ellos. 

59.- Todo acto del estado civil relativo a otro ya registrado, deberá anotarse a petición 

de los interesados, al margen del acta relativa. La misma anotación deberá hacerse 

cuando lo mande la Autoridad Judicial o lo disponga expresamente la Ley. 

Se hará referencia de las anotaciones que modifiquen el estado civil de las personas en 

todas las certificaciones de datos que se expidan. 

60.- Los actos y actas del estado civil del propio Oficial, de su cónyuge, ascendientes y 

descendientes de cualquiera de ellos, no podrán autorizarse por el mismo Oficial. Se 

asentarán en las formas correspondientes autorizadas por el sustituto legal. 

61.- En los Municipios en los que no exista Oficial del Registro Civil, los Presidentes 

Municipales auxiliarán a los Oficiales de Registro Civil a cuya jurisdicción pertenezcan en 

el registro de Nacimientos y Defunciones, sujetándose a las disposiciones de la presente 

Ley y su Reglamento. 

62.- Los Presidentes Municipales podrán celebrar matrimonios y certificar 

reconocimientos de hijos, cuando sean autorizados por escrito por el Oficial del Registro 

Civil a cuya jurisdicción pertenezca la Municipalidad de que se trate. 

63.- Los interesados en los actos a que se refiere el artículo anterior, deberán dirigir 

solicitud escrita al Oficial del Registro Civil de cuya jurisdicción se trate, expresando y 

justificando el motivo por el cual se solicita la autorización para celebrar estos actos. Los 

Oficiales del Registro Civil pueden conceder discrecionalmente el permiso para la 

celebración, cuando encuentren justificada la causa, y le remitirán el formato 

correspondiente. 

64.- Para la validez de los actos a que se refieren los dos artículos anteriores, es 

requisito esencial que en las actas respectivas se mencione la autorización concedida 

para levantarlas. 

65.- La Dirección del Registro Civil supervisará las actuaciones de los Oficiales del 

Registro Civil conforme a las disposiciones del presente Código y aquellas que 

establezca el Reglamento del Registro Civil.

CAPITULO II 

De las actas de nacimiento 

66.- Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el Oficial del 

Registro Civil o solicitando la comparecencia de éste al lugar donde se encuentre aquél. 

67.- Tienen obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de 

ellos dentro de los ciento ochenta días de ocurrido. Si el menor no es registrado dentro 

de este plazo, hasta los seis años, se aplicará a los responsables una multa de uno a 

diez días de salarios mínimos; después de transcurrido este plazo, el registro se 

considerará extemporáneo y se realizará previa autorización emitida en los términos 

establecidos por el reglamento del Registro Civil. La multa que se aplicará en este 

último caso, será de diez a veinticinco salarios mínimos. 


2001). 

68.- El acta de nacimiento contendrá: 

I.- El año, mes, día, hora y lugar del nacimiento. 

II.- La impresión digital del registrado. 

III.- La especificación del sexo del registrado. 

IV:- El nombre que le asignen los padres o persona distinta que presente al registrado. 

V.- El primer apellido de los padres, si ambos se presentaren a reconocer, o, los dos 

apellidos del que presentare. 

VI.- Si lo presentare persona distinta, se le pondrán al registrado el nombre y los 

apellidos que ésta determine. 

VII.- La razón de si se ha presentado vivo o muerto. 

VIII.- El nombre, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de los padres. 

IX.- El nombre, domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos y de los 

testigos. 

X.- El nombre, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de la persona distinta de los 

padres que haga la presentación, en su caso, y el grado de parentesco del registrado 

con esta última, y aquellos datos precisados en disposiciones legales o convenios 

expresados firmados sobre el particular por el Ejecutivo Estatal y otras dependencias 

oficiales. 

69.- Cuando al presentar al menor se exhiba copia certificada del acta de matrimonio de 

sus padres, salvo sentencia judicial definitiva en contrario, se asentarán como 

progenitores a los cónyuges. 

70.- Cuando no se presente la copia certificada del acta de matrimonio, la madre del 

niño o niña cuyo nacimiento se manifieste, deberá exhibir en su caso, y en ese acto, 

copia certificada de la sentencia ejecutoriada en la que se declaró procedente la acción 

sobre investigación de la paternidad del progenitor que no comparezca al acto, 

debiendo el Oficial del Registro Civil o sus auxiliares, los Presidentes Municipales de la

Jurisdicción que corresponda, asentar en el acta de nacimiento, nombre, edad y 

nacionalidad del padre a que se refiera la resolución. 

71.- Si el acta de matrimonio no es presentada en el momento del registro, pero se 

hiciere con posterioridad, se hará la anotación marginal correspondiente en el acta de 

nacimiento, anotándose los datos que establece el Artículo 68 de este Ordenamiento, 

relativos al progenitor cuyo nombre se hubiere omitido en dicha acta. 

72.- En las actas de nacimiento, por ningún concepto se asentarán palabras que 

califiquen a la persona registrada. En cualquier acta de nacimiento que contenga dicha 

nota se testará de oficio por quién tenga a su cargo las formas. 

73.- Toda persona que encontrare un recién nacido o en cuya casa o propiedad fuere 

expuesto o abandonado alguno, deberá presentarlo ante el Agente del Ministerio 

Público de su jurisdicción con los vestidos, valores o cualesquiera otros objetos, 

encontrados con él, quien levantara el acta de averiguación respectiva, mencionando en 

ella las circunstancias que rodean el caso y la persona o institución que se haga cargo 

de su protección, quien deberá presentarlo ante el Oficial del Registro Civil para su 

inscripción. 

74.- La obligación del artículo anterior, también la tienen las Instituciones de Asistencia 

Social, los Jefes, Directores o Administradores de los establecimientos penitenciarios, 

especialmente los de los hospitales, clínicas de maternidad y casas de cuna, respecto de 

los niños nacidos y expuestos en ellas. 

75.- En las actas que se asienten en los casos a que se refiere el artículo anterior, se 

expresarán la edad aparente del niño, el nombre y apellidos que se le pongan, su sexo 

y el nombre de la persona o institución que se encargue de él. 

76.- Si con el expósito se hubiere encontrado papeles, alhajas u otros objetos que 

puedan conducir al reconocimiento de aquél, quedaran bajo la custodia del Ministerio 

Público, quien dará a la persona o institución ante quien se haya expuesto o que lo 

haya encontrado, copia del acta de averiguación y formal recibo de los objetos, 

documentos o alhajas encontrados con el. 

77.- Se prohibe al Oficial del Registro Civil y a los testigos que conforme al Artículo 68, 

deban asistir al acto, hacer inquisición sobre la paternidad o maternidad. En el acta solo 

se expresará lo que deban declarar las personas que presenten al niño, aunque 

parezcan sospechosas de falsedad, sin perjuicio de que estas sean castigadas conforme 

a las prescripciones del Código Penal. 

78.- Si el nacimiento ocurriere a bordo de un transporte marítimo nacional, los 

interesados solicitarán al capitán o patrono de la embarcación y dos testigos de los que 

se encuentren a bordo, una constancia del acto, en que aparecerán las circunstancias a 

que se refieren los artículos del 68 al 73 en su caso, y solicitarán que la autoricen.

En el primer puerto del estado a que arribe la embarcación, los interesados entregarán 

el documento al Oficial del Registro Civil, para que a su tenor asiente el acta. 

79.- Si al dar aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte del recién 

nacido, se extenderán dos actas, una de nacimiento y otra de defunción, en las formas 

del Registro Civil que correspondan. 

80.- Cuando se trate de parto múltiple se levantará un acta por cada uno de los 

nacidos, en la que además de los requisitos que señala el artículo 68, se hará constar 

las particularidades que los distingan, según las noticias que proporcione el Médico, el 

Cirujano, la Matrona o las personas que hayan asistido al parto. 

CAPITULO III 

De las actas de reconocimiento 

81.- El Acta de Nacimiento surte efectos de reconocimiento de hijo en relación a los 

progenitores que aparezcan en el acta. 

82.- En el reconocimiento de un hijo hecho con posterioridad a su registro de 

nacimiento, es necesario recabar su consentimiento para ser reconocido si es mayor de 

edad, si es menor de edad pero mayor de catorce años, su Consentimiento y el de su 

tutor, y si es menor de catorce años, el consentimiento de su tutor. 

83.- Si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios establecidos en este 

Código, se presentará dentro del término de quince días, al encargado del registro el 

original o copia certificada del documento que lo compruebe. En el Acta se insertará la 

parte relativa de dicho documento, observándose, en lo conducente las demás 

prescripciones contenidas en este Capítulo y en el Capítulo IV del Título Séptimo de este 

libro. 

84.- En el Acta de Reconocimiento que se extienda con posterioridad a la del nacimiento 

correspondiente, se hará mención de esta última poniendo en ella la anotación marginal 

respectiva. 

85.- Si el reconocimiento se hiciere en Oficialía diferente a aquella en que se levantó el 

Acta de Nacimiento, se enviará copia certificada del acta de reconocimiento al Oficial 

correspondiente para que se haga la anotación marginal. 

CAPITULO IV 

De las actas de adopción 

86.- Dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción, el adoptante o los 

adoptantes, dentro del término de quince días presentarán al Oficial del Registro Civil 

copia certificada de la misma, a efecto de que se asiente el acta respectiva.

La falta de registro de la adopción no deja a ésta sin efectos legales. A los responsables 

se les impondrá una multa de catorce hasta veintiocho salarios mínimos, que hará 

efectiva el Oficial del Registro Civil correspondiente. 


2001). 

87.- El acta de adopción contendrá los nombres, edad, domicilio, estado civil y 

nacionalidad del o de los adoptantes, nombre y nacionalidad de los abuelos y nombre 

del adoptado, el nombre y demás generales de las personas cuyo consentimiento 

hubiere sido necesario para obtener la adopción y los datos esenciales de la resolución 

judicial y del Tribunal que la haya dictado. 

88.- Extendida el Acta de adopción, se anotará la de nacimiento del adoptado y con la 

copia de las diligencias relativas se formará el apéndice conforme a las disposiciones de 

este Código. 

Las copias certificadas de nacimiento que en lo sucesivo se expidan no deberán 

contener ninguna anotación respecto a que se trata de un hijo adoptado, en los 

términos del artículo 915 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

89.- El Juez o Tribunal que resuelvan que queda sin efecto una adopción, dentro del 

término de ocho días, remitirá copia certificada de la resolución al Oficial del Registro 

Civil para que cancele el acta de adopción y anote la de nacimiento. 

CAPITULO V 

De las actas de tutela 

90.- Levantada la diligencia de discernimiento de tutela y publicada en los términos que 

disponga el Código de Procedimientos Civiles, el tutor, dentro de setenta y dos horas 

siguientes a la publicación presentará copia certificada de dichas diligencias al Oficial del 

Registro Civil, para que levante el acta respectiva. 

91.- El curador cuidará del cumplimiento del artículo anterior y el Juez que haga el 

discernimiento lo comunicará inmediatamente al Oficial del Registro Civil respectivo. 

92.- La omisión del registro de tutela no impide al tutor entrar en el ejercicio de su 

encargo, ni puede alegarse por persona alguna como causa para dejar de tratar con él; 

pero hace responsable al tutor y al curador de esta omisión, la que se sancionará con 

multa catorce hasta veintiocho salarios mínimos, que impondrá el Oficial del Registro 

Civil. 


2001). 

93.- El acta de tutela contendrá:

I.- Nombre, apellido y edad del incapacitado; 

II.- La clase de incapacidad por la que se haya discernido la tutela; 

III.- El nombre y demás generales de las personas que han tenido al incapacitado 

bajo su patria potestad antes del discernimiento de la tutela; 

IV.- El nombre, apellido, edad, profesión, domicilio y nacionalidad del tutor y del 

curador; 

V.- La garantía dada por el tutor, expresando el nombre, apellido y demás generales 

del fiador, si la garantía consiste en fianza; o la ubicación y demás señas de los bienes, 

si la garantía consiste en hipoteca o prenda; 

VI.- El nombre del Juez que discernió el cargo y la fecha de la diligencia. 

94.- Extendida el acta de tutela, se anotará la de nacimiento del incapacitado, 

observándose, para el caso de que no exista en la misma Oficina del Registro, lo 

prevenido en el Artículo 85 de este mismo Ordenamiento. 

CAPITULO VI 

De las actas de emancipación 

95.- En los casos de emancipación por efecto de matrimonio, no se formará acta 

separada; el Oficial del Registro Civil anotará las respectivas actas de nacimiento de los 

cónyuges, expresándose al margen de ellas quedar éstos emancipados en virtud del 

matrimonio y citando la fecha en que se celebró, así como el número y la fecha del acta 

relativa. 

96.- Las actas de emancipación por decreto judicial, se formarán insertando a la letra la 

resolución del Juez que autorizó la emancipación. Se anotará el acta de nacimiento 

expresando al margen de ella haber quedado emancipado el menor, citando la fecha de 

la emancipación y el número de foja del acta relativa. 

97.- Si en la Oficialía en que se registró la emancipación no existe el acta de nacimiento 

del emancipado, el Oficial del Registro Civil remitirá copia del acta de emancipación al 

del lugar en que se registró el nacimiento para que haga la anotación correspondiente. 

98.- La omisión del registro de emancipación no quita a esta sus efectos legales, pero 

sujeta al responsable el pago de una multa de quinientos a mil pesos. 

CAPITULO VII 

De las actas de matrimonio 

99.- Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al Oficial 

del Registro Civil del domicilio de cualquiera de ellos, que exprese: 

I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio, nacionalidad y lugar de 

nacimiento tanto de los pretendientes como de sus padres, si éstos fueran conocidos. 

Cuando alguno de los pretendientes o los dos hayan sido casados, se expresará también

el nombre de la persona con quien se celebró el anterior matrimonio, la causa de su 

disolución y la fecha de ésta; 

II.- Que no tienen impedimento legal para casarse o si éste ha sido dispensado, y 

III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio. 

Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes y si alguno no pudiere o supiere 

hacerlo, lo hará otra persona conocida, mayor de edad y vecina del lugar. 

100.- Al escrito a que se refiere el Artículo anterior se acompañarán: 

I.- Copia Certificada del Acta de Nacimiento o de algún documento expedido por 

Autoridad competente por el que se acredite la mayoría de edad e identidad, de cada 

uno de los pretendientes. 

II.- La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se 

celebre, las personas a que se refieren los Artículos 148, 149 y 150 de este mismo 

Código: 

III.- La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los 

pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para casarse. Si no hubiere 

dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por 

cada uno de ellos. 

IV.- Certificado suscrito por un Médico Titulado que asegure, bajo protesta de decir 

verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, tuberculosis, ni enfermedad alguna 

crónica e incurable, que sea, además, contagiosa o hereditaria. 

V.- El convenio que los pretendientes celebren con relación a sus bienes presentes y 

a los que adquieran durante el matrimonio cuando éste se contraiga bajo el régimen de 

sociedad voluntaria o de separación de bienes. 

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 fuera necesario que las capitulaciones 

matrimoniales consten en escritura pública será acompañado del testimonio de esa 

escritura. 

VI.- Copia certificada del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los 

contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia definitiva de divorcio, o 

de nulidad del Matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido 

casado anteriormente. 

VII.- Copia certificada de la dispensa de impedimento, si lo hubo. 

101.- En el caso de que los pretendientes, por falta de conocimientos no puedan 

redactar el convenio a que se refiere la Fracción V del artículo anterior, el Oficial del 

Registro Civil tendrá obligación de redactarlo con los datos que los mismos 

pretendientes le suministren. 

102.- El Oficial del Registro Civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que 

llene los requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes y 

los ascendientes o tutores que deben prestar su consentimiento; reconozcan ante él y 

por separado sus firmas, las declaraciones de los testigos a que se refiere la Fracción III 

del artículo 100 de este ordenamiento, serán ratificadas bajo protesta de decir verdad, 

ante el mismo Oficial del Registro Civil. Este cuando lo considere necesario, se 

cerciorará de la autenticidad de la firma que calce el Certificado Médico presentado.

103.- El matrimonio se celebrará en público, dentro de los ocho días siguientes a la 

fecha de la solicitud que resulte procedente, en el lugar, día y hora que señale el Oficial 

del Registro Civil. 

104.- En el lugar, día y hora designados para la celebración del matrimonio, deberán 

estar presentes ante el Oficial del Registro Civil, los pretendientes o su apoderado 

especial constituido en escritura pública y los testigos que acrediten su identidad. 

Acto continuo, el Oficial del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud de matrimonio, 

los documentos que con ella se hayan presentado y las diligencias practicadas e 

interrogarán (sic ¿interrogará?) a los testigos acerca de si los pretendientes son las 

mismas personas a que se refiere la solicitud. En caso afirmativo, preguntará a cada 

uno de los pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio y si están conformes 

los declarará unidos en nombre de la Ley y de la Sociedad, haciéndoles exhortación 

sobre la naturaleza y efectos del matrimonio. 

105.- Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar: 

I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, nacionalidad y lugar de nacimiento de 

los contrayentes; 

II.- Si son mayores o menores de edad; 

III.- Los nombres, apellidos y domicilio de los padres; 

IV.- El consentimiento de éstos, de los abuelos o tutores, o el de las autoridades que 

deban suplirlos si son menores de edad los contrayentes; 

V.- Que no hubo impedimento para el matrimonio o que éste se dispensó; 

VI.- La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio y la 

de haber quedado unidos, que hará el Oficial del Registro Civil en nombre de la Ley y de 

la Sociedad; 

VII.- La manifestación de los cónyuges de que contraen matrimonio bajo el régimen 

de sociedad conyugal o de separación de bienes; 

VIII.- Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos, así como 

su declaración sobre si son o no parientes de los contrayentes; 

IX.- Que se cumplieron las formalidades exigidas por el Artículo anterior. 

El Acta será firmada por el Oficial del Registro Civil, los contrayentes, los testigos y las 

demás personas que hubieren intervenido si supieren o pudieren hacerlo. 

En el Acta se imprimirán las huellas digitales de los contrayentes. 

106.- El Oficial del Registro Civil que tenga indicios suficientes de que los pretendientes 

están impedidos para contraer matrimonio, levantará un acta ante dos testigos en la 

que hará constar los datos que le hagan suponer que existe el impedimento. El Oficial 

suspenderá el trámite o la celebración del matrimonio y remitirá el acta firmada por los 

que en ella intervinieron al Juez correspondiente para que haga la calificación del 

impedimento sin perjuicio de dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de un 

delito.

107.- En los mismos términos procederá cuando haya denuncia expresa del 

impedimento asentándose en el acta, además, el nombre, edad, domicilio, ocupación y 

estado civil del denunciante insertándose al pie de la letra la denuncia. 

108.- La denuncia de impedimento pueden (sic ¿puede?) hacerse por cualquier persona. 

Las que sean falsas sujetan al denunciante a las penas establecidas para el falso 

testimonio sin perjuicio de la responsabilidad que pudieran (sic ¿pudiera?) derivarse en 

materia civil, en este caso el denunciante será condenado al pago de los daños y 

perjuicios que resulten. 

109.- Antes de remitir el Acta al Juez, el Oficial del Registro Civil hará saber a los 

pretendientes el impedimento denunciado, aunque sea relativo solamente a uno de 

ellos, absteniéndose de todo procedimiento ulterior, hasta que se decida en forma 

definitiva sobre el impedimento. 

110. - Las denuncias anónimas o hechas por cualquier otro medio si no se presentare 

personalmente el denunciante, sólo serán admitidas cuando estén justificadas con 

prueba documental. En este caso, el Oficial del Registro Civil procederá en los términos 

de los artículos que anteceden. 

111.- Denunciado un impedimento, el matrimonio no podrá celebrarse aunque el 

denunciante se desista, mientras no recaiga resolución definitiva que declare la 

inexistencia de aquel o se obtenga su dispensa. 

112.- El Oficial del Registro Civil que autorice un matrimonio teniendo conocimiento de 

que hay impedimento legal o de que éste se ha denunciado, será castigado como lo 

disponga el Código Penal, incluyendo la destitución del cargo. 

113.- El Oficial del Registro Civil que sin motivo justificado retarde la celebración de un 

matrimonio, será sancionado, la primera vez con una multa de hasta cincuenta salarios 

mínimos y en caso de reincidencia, con la destitución de su cargo. 


2001). 

114.- El Oficial del Registro Civil que reciba una solicitud de matrimonio, está 

plenamente autorizado para exigir de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad 

todas las declaraciones que estime convenientes, a fin de asegurarse de su identidad y 

de su aptitud para contraer matrimonio. 

115.- También podrá exigir declaración bajo protesta a los testigos que los interesados 

presenten y a las personas que figuren como padres o tutores de los pretendientes, así 

como a los Médicos que suscriban el Certificado exigido en la Fracción IV del artículo 

100 de este Código. 

CAPITULO VIII

De las actas de divorcio 

116.- La sentencia ejecutoria que decrete el divorcio, se remitirá en copia certificada al 

Oficial del Registro Civil para que éste levante el acta correspondiente. 

117.- El acta de divorcio expresará el nombre, apellido, edad, ocupación, domicilio, 

lugar de nacimiento y nacionalidad de los divorciados, la fecha y lugar en que se celebró 

el matrimonio y la parte resolutiva de la sentencia que haya decretado el divorcio. 

118.- Extendida el acta se anotarán las de nacimiento y matrimonio de los divorciados, 

y la copia de la sentencia mencionada servirá para formar el apéndice correspondiente 

conforme a las disposiciones de este Código. 

119.- Cuando el nacimiento o matrimonio de los divorciados se haya inscrito en lugar 

distinto de aquél en que se siguió el divorcio y se pronunció la sentencia, el Oficial del 

Registro Civil a quien se comunique la ejecutoria remitirá copia del acta que levante y 

de la sentencia al Oficial del Registro Civil que corresponda para que haga las 

anotaciones del caso. 

CAPITULO IX 

De las actas de defunción 

120.- Ninguna inhumación o incineración se hará sin autorización escrita dada por el 

Oficial del Registro Civil, quien se asegurará del fallecimiento, y después de 

transcurridas veinticuatro horas de haber acaecido aquél, excepto en los casos en que 

se ordene otra cosa por la autoridad competente. 

121.- Toda inhumación o incineración se hará en los sitios oficialmente autorizados para 

ese fin, salvo que la autoridad competente autorice el depósito de las cenizas en lugar 

distinto y conveniente. 

122.- En el acta de defunción se asentarán los datos que el Oficial del Registro Civil 

adquiera, le sean proporcionados o declarados y será firmada por dos testigos, 

prefiriéndose para el caso, los parientes si los hay, o los vecinos. 

123.- El acta de defunción contendrá: 

I.- El nombre, apellido, edad, ocupación, nacionalidad, sexo y domicilio que tuvo el 

difunto; 

II.- El estado civil de este último, y si era casado, el nombre y apellido de su 

cónyuge; 

III.- Los nombres, apellidos, edad y domicilio de los testigos, y si fueren parientes, el 

grado en que lo sean; 

IV.- Los nombres de los padres del difunto si se supieren; 

V.- La clase de enfermedad o causa que determinó la muerte y especificación del 

lugar de inhumación del cadáver o depósito de las cenizas;

VI.- La hora, día y el lugar de la muerte si se supiere y los datos que se obtengan en 

caso de muerte violenta. 

124.- Los que habiten la casa en que ocurra el fallecimiento, los directores y 

administradores de establecimientos de reclusión, de hospitales, de colegios o de 

cualquiera otra casa de comunidad, los encargados de hoteles, mesones o casas de 

vecindad, tienen obligación de dar aviso al Oficial del Registro Civil, a más tardar dentro 

de las veinticuatro horas siguientes de ocurrido el deceso. La infracción a esta 

disposición será sancionada con multa de uno hasta veintiocho salarios mínimos, que 

impondrá el Oficial del Registro Civil. 


2001). 

125.- Cuando el Oficial del Registro Civil sospeche que la muerte fue violenta, dará 

parte al Ministerio Público, comunicándole todos los informes que tenga para que 

proceda a la averiguación conforme a derecho. Cuando el Ministerio Público, averigüe 

un fallecimiento, dará parte al Oficial del Registro Civil para que asiente el acta 

respectiva. Si se ignora el nombre del difunto, se asentarán las señas de éste, la de los 

vestidos y objetos que con él se hubieren encontrado, y en general, todo lo que pueda 

conducir a su identificación. Cuando se adquieran mayores datos se comunicarán al 

Oficial del Registro Civil para que los anote al margen del acta. 

126.- En los casos de inundación, naufragio, incendio o cualquier otro siniestro en que 

no sea fácil identificar el cadáver, se formará el acta con los datos que ministren los que 

lo recogieron, expresando en cuanto fuere posible, las señas del mismo y describiendo 

los vestidos y objetos que con él se hayan encontrado. 

127.- Cuando el Oficial del Registro Civil o quien haga sus veces, reciba la constancia a 

que se refiere el Artículo 125 del Código Civil del Distrito Federal en vigor sobre la 

defunción de alguna persona, ocurrida en el mar, procederá a levantar el acta 

correspondiente, archivando el documento extendido por el Capitán o Patrono de la 

embarcación y anotándolo con el número que corresponda al acta en el apéndice 


128.- Cuando alguno tenga que inhumarse en lugar distinto del de su fallecimiento, se 

remitirá al Oficial del Registro Civil del lugar donde deba efectuarse la inhumación, copia 

del acta respectiva para que la transcriba en el formato correspondiente. El remitente 

anotará la remisión al margen del acta original. 

129.- El Jefe de cualquier cuerpo o destacamento Militar o de Policía, tiene obligación de 

dar parte al Oficial del Registro Civil, de los muertos que haya habido en campaña o en 

servicio, proporcionando los datos y filiación correspondiente. 

130.- En todos los casos de muerte en las prisiones o en las casas de detención, no se 

hará en los registros mención de estas circunstancias y las actas solamente contendrán 

los requisitos que establece el Artículo 123 del presente Código.

131.- Si por haber ocurrido la muerte en despoblado, o por cualquier otro motivo no se 

hubiere levantado oportunamente el acta de defunción, los interesados o el Ministerio 

Público promoverán información testimonial ante el Juez del lugar en que haya acaecido 

la defunción y con esas diligencias el Oficial del Registro Civil levantará el acta omitida. 

132.- En los registros de nacimiento y matrimonio se hará referencia al acta de 

defunción expresándose los folios y el legajo en que conste ésta. Cuando el 

fallecimiento ocurra en lugar distinto de aquél en que se haya registrado el nacimiento o 

el matrimonio, el Oficial del Registro Civil remitirá copia del acta de defunción al de 

aquél lugar para las anotaciones correspondientes. 

CAPITULO X 

De las actas de inscripción de sentencias 

133.- Las Autoridades Judiciales que declaren el divorcio, la ausencia, la presunción de 

muerte, la tutela o la pérdida o limitación de la capacidad para administrar bienes, 

remitirán al Oficial del Registro Civil correspondiente, dentro del término de ocho días, 

copia certificada de la ejecutoria respectiva. 

134.- El Oficial del Registro Civil levantará el acta que corresponda que contendrá el 

nombre, edad, estado civil, domicilio y nacionalidad de la persona de que se trata, los 

puntos resolutivos de la sentencia y los datos del Tribunal que dictó la resolución. 

135.- Cuando se recupere la capacidad legal para administrar bienes y la patria 

potestad, se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se presumía, o se 

revoque la adopción, se dará aviso al Oficial del Registro Civil por el mismo interesado o 

por la Autoridad correspondiente para que se haga la cancelación del acta a que se 

refiere el artículo que antecede. 

CAPITULO XI 

De la rectificación, modificación y aclaración de las actas del registro civil. 

136.- La rectificación o modificación de una Acta del Estado Civil, no puede hacerse sino 

ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de éste. 

137.- Ha lugar a pedir la rectificación o modificación: 

I.- Por error de los datos contenidos en el acta respectiva; 

II.- Por enmienda, cuando se solicite variar, agregar o suprimir un nombre o alguna 

otra circunstancia esencial del acto registrado. 

138.- Pueden pedir la rectificación o modificación de un acta del estado civil: 

I.- La persona de cuyo estado se trate; 

II.- Las personas que se mencionan en el Acta como relacionadas con el estado civil 

de alguno;

III.- Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores; 

IV.- Las que según los artículos 361, 362 y 363 de este Código puedan continuar o 

intentar la acción de que en ellos se trata. 

139.- El juicio de rectificación o modificación de acta se seguirá en la forma que se 

establezca en el Código de Procedimientos Civiles. 

140.- La sentencia que cause ejecutoria se comunicará al Oficial del Registro Civil y éste 

hará una referencia de ella al margen del acta impugnada, observando además las 

disposiciones contenidas en la respectiva ejecutoria, sea que ésta conceda o niegue la 

rectificación. 

141.- Ha lugar a pedir la aclaración de las actas del estado civil, cuando existan: 

I.- Errores ortográficos y lingüísticos; 

II.- Ubicación inadecuada de datos en los respectivos casilleros; 

III.- Errores mecanográficos o de escritura; 

IV.- Inversión de nombres o apellidos, si de los demás datos proporcionados para el 

acto registrado se hace evidente esa inversión; 

V.- Falta de datos no esenciales, cuya deducción sea posible en razón a los demás 

datos existentes en el acta y que se relacionen con el mismo acto registrado. 

142.- La aclaración de las actas del estado civil deberá tramitarse ante la Dirección del 

Registro Civil conforme a las disposiciones del Reglamento correspondiente. 

TITULO QUINTO 

Del matrimonio 

CAPITULO I 

Requisitos necesarios para contraerlo 

143.- El matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola 

mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. 

El contrato de matrimonio solamente se disuelve por la muerte de alguno de los 

cónyuges o por el divorcio. 

El estado procurará, por todos los medios que estén a su alcance que las personas que 

vivan en concubinato contraigan matrimonio para la realización de este fin, que es de 

orden público, se efectuaran campañas periódicas de convencimiento. 

Hay concubinato cuando un solo hombre y una sola mujer solteros se unen, como si 

estuvieren casados. Salvo disposición de la ley en otro sentido, cuando este Código 

hable de concubina o concubino, se entenderá que se refiere a las personas que viven 

en las condiciones supuestas en este precepto. 

144.- La Ley no reconoce esponsales de futuro.

145.- El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la Ley y con las 

formalidades que ella exige. 

146.- Cualquiera condición contraria a la comunidad intima de vida y a la ayuda mutua 

que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta. 

147.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la 

mujer catorce. Los Jueces Mixtos de Primera Instancia en los Distritos y los Jueces de lo 

Civil en la capital, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas. 

148.- El hijo o la hija que no hayan cumplido 18 años, no puede contraer matrimonio 

sin consentimiento de su padre o de su madre si vivieren ambos o del que sobreviva. En 

el caso de que alguno de los padres hubiere perdido la patria potestad o estuviere en 

suspenso en el ejercicio de este derecho, el consentimiento lo dará quien lo ejerza. Este 

derecho lo tiene la madre aunque haya contraído segundas nupcias si el hijo o hija vive 

con ella. 

149.- A falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los 

abuelos paternos, si vivieren ambos, o del que sobreviva. 

A falta o por imposibilidad de los abuelos paternos, se requiere el consentimiento de los 

abuelos maternos en los términos anteriormente prevenidos. 

150.- Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento del tutor; faltando éste, 

el Juez Mixto de Primera Instancia de la residencia del menor suplirá el consentimiento. 

151.- Los interesados pueden ocurrir al Juez Mixto de Primera Instancia, cuando los 

ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que hubieren 

concedido. Esas autoridades judiciales suplirán o no el consentimiento respectivo en la 

forma que determine el Código de Procedimientos Civiles. 

152.- Si el Juez en el caso de los dos artículos anteriores se niega a suplir el 

consentimiento para que se celebre el matrimonio, los interesados ocurrirán a la Sala 

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los términos que disponga el 

Código de Procedimientos Civiles. 


2001). 

153.- El ascendiente o tutor que ha prestado su consentimiento firmando la solicitud 

respectiva y ratificándola ante el Oficial del Registro Civil, no puede revocarlo después, 

a menos que haya justa causa para ello. 

154.- Si el ascendiente o tutor que ha firmado o ratificado la solicitud de matrimonio, 

falleciere antes de que se celebre, su consentimiento no puede ser revocado por la

persona que, en su defecto, tendría el derecho de otorgarlo; pero siempre que el 

matrimonio se verifique dentro del término fijado en el artículo 103. 

155.- El juez que hubiere autorizado a un menor para contraer matrimonio, no podrá 

revocar el consentimiento, una vez que lo haya otorgado, sino por justa causa 

superveniente. 

156.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 

I.- La falta de edad requerida por la Ley, cuando no haya sido dispensada; 

II.- La falta de consentimiento del que, o de los que ejerzan la patria potestad, del 

tutor o del juez en sus respectivos casos; 

III.- El parentesco de consanguinidad legítimo o natural, sin limitación de grado en la 

línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual el impedimento se 

extiende a los hermanos y a los medios hermanos. En la colateral desigual, el 

impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer 

grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV.- El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 

V.- El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio 

cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; 

VI.- El atentado contra (la) vida de alguno de los casados para contraer matrimonio 

con el que quede libre; 

VII.- La fuerza o miedo graves. 

En caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada mientras ésta no 

sea restituida a lugar seguro donde libremente pueda manifestar su voluntad; 

VIII.- La embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el uso indebido y 

persistente de las demás drogas enervantes. La impotencia incurable para la cópula, la 

sífilis, la locura y las enfermedades crónicas e incurables, que sean además, contagiosas 

o hereditarias; 

IX.- Padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción II del 

artículo 465; y 

X.- El matrimonio subsistente con persona distinta de aquélla con quien se pretende 

contraer. 

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco en línea 

colateral desigual. 

157.- El adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes, 

en tanto que dure el lazo jurídico resultante de la adopción. 

158.- Derogado. 

159.- El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o que está 

bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se le concederá por la 

autoridad judicial respectiva, sino cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela. 

Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de éste y del 

tutor.

160.- Si el matrimonio se celebrase en contravención con lo dispuesto en el artículo 

anterior, el juez nombrará inmediatamente un tutor interino que reciba los bienes y los 

administre, mientras se obtiene la dispensa. 

CAPITULO II 

De los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio 

161.- Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno por su 

parte a los fines del matrimonio y a ayudarse mutuamente. 

162.- Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio 

conyugal el lugar establecido de común acuerdo por ellos, en el cual ambos tendrán 

autoridad propia y consideraciones iguales. 

Los tribunales, con conocimiento de causa, eximirán de aquella obligación a alguno de 

los cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo 

haga en servicio publico o social, o se establezca en un lugar insalubre o sitio 

indecoroso. 

163.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su 

alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos, en los términos que 

la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que 

acuerden para este efecto, según sus posibilidades. 

A lo anterior no está obligado el que se encuentra imposibilitado para trabajar y 

careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos. 

La mujer tendrá a su favor la presunción de la necesidad de alimentos, salvo prueba en 

contrario. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los 

cónyuges, entendiéndose los quehaceres del hogar como aportación económica, de tal 

manera que si alguno de ellos, contribuyera a esa subsistencia, con su trabajo en el 

hogar y en el cuidado de los hijos, el otro cónyuge deberá sufragar por si solo los 

gastos de subsistencia. 

164.- Los cónyuges y los hijos, en materia de alimentos, tendrán derecho preferente 

sobre los sueldos, ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento 

económico de la familia, y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer 

efectivos estos derechos. 

165.- Derogado.

166.- Los cónyuges de común acuerdo, arreglarán todo lo relativo a la dirección y 

cuidado del hogar, la formación y educación de los hijos y a la administración de los 

bienes que a estos pertenezcan. 

En caso de que el marido y la mujer no estuvieren de acuerdo respecto de alguno de los 

puntos indicados, el Juez de lo Familiar competente procurará avenirlos, y si no lo 

lograse, resolverá de inmediato sin forma de juicio lo que fuere más conveniente a la 

familia e intereses de los hijos. 

167 a 170 Derogados. 

171.- El marido y la mujer, mayores de edad, tienen capacidad para administrar, 

contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las 

excepciones que a ellos correspondan, sin que para tal objeto necesite el esposo del 

consentimiento de la esposa ni ésta de la autorización de aquél; salvo lo que se estipule 

en las capitulaciones matrimoniales. 

172.- El marido y la mujer, menores de edad, tendrán la administración de sus bienes, 

en los términos del artículo que precede; pero necesitarán autorización judicial para 

enajenarlos, gravarlos e hipotecarlos y un tutor para sus negocios judiciales. 

173.- El contrato de compraventa sólo puede celebrarse entre los cónyuges cuando el 

matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes. 

174.y 175.- Derogados. 

176.- El marido y la mujer, durante el matrimonio, podrán ejercitar los derechos y 

acciones que tengan el uno en contra del otro, pero la prescripción entre ellos no corre 

mientras dure el matrimonio. 

176.- BIS.- Los derechos y obligaciones a que se refiere este Capitulo son extensivos a 

un solo hombre y a una sola mujer que vivan en unión estable, libres de vinculo 

matrimonial y sin impedimentos para contraerlo, en los términos y condiciones a que se 

refiere el artículo 1502 – Bis. 

CAPITULO III 

Del contrato de matrimonio con relación a los bienes 

Disposiciones Generales 

177.- El contrato de matrimonio se celebrará bajo el régimen de sociedad conyugal o 

bajo el de separación de bienes. 

178.- La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal.

179.- La sociedad voluntaria se regirá estrictamente por las capitulaciones 

matrimoniales que la constituyan: en todo lo que no estuviere expresado en ellas de un 

modo terminante regirán los preceptos que arreglan la sociedad legal. 

180.- La sociedad voluntaria y la legal se regirán por las disposiciones relativas a la 

sociedad común en todo lo que no estuviere comprendido en los capítulos relativos de 

este Código. 

181.- La sociedad conyugal legal, nace desde el momento en que se celebra el 

matrimonio; la voluntaria puede nacer desde la celebración del matrimonio o durante 

éste, según que las capitulaciones matrimoniales respectivas se pacten al celebrarse el 

matrimonio o durante el mismo. 

182.- La sociedad conyugal, voluntaria o legal, terminará por la muerte de cualquiera de 

los cónyuges, por divorcio declarado, o por voluntad de los consortes; pero si éstos son 

menores de edad, deben intervenir en la disolución de la sociedad por el último motivo, 

prestando su consentimiento, las personas a que se refieren los artículos 148, 149 y 150 

de este Código, o con autorización judicial cuando falten estas personas. 

Esta última regla se observará también cuando la sociedad conyugal se modifique 

durante la menor edad de los consortes. 

183.- Puede también terminar la sociedad legal durante el matrimonio, a petición de 

alguno de los cónyuges cuando siendo voluntaria, ocurra cualquiera de los siguientes 

motivos: 

I.- Si el socio administrador, por su notoria negligencia o torpe administración 

amenaza arruinar a su consorte o disminuir considerablemente los bienes comunes; 

II.- Cuando el socio administrador hace cesión de bienes a sus acreedores o es 

declarado en quiebra. 

184.- El abandono injustificado del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, por más 

de seis meses, hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad 

conyugal en cuanto le favorezcan; éstos no podrán comenzar de nuevo sino por 

convenio expreso. 

185.- La separación de bienes se rige por las capitulaciones matrimoniales que 

expresamente la establezcan y por los preceptos legales que la regulan. 

186.- Se llaman capitulaciones matrimoniales los pactos que los esposos celebren para 

constituir ya sea sociedad voluntaria, ya separación de bienes, y para administrar éstos 

en uno y en otro caso. 

187.- Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del 

matrimonio, o durante él; y pueden comprender no sólo los bienes de que sean dueños 

los esposos o consortes al tiempo de celebrarlo, sino también los que adquieran 

después.

188.- El menor que con arreglo a la Ley pueda contraer matrimonio, puede también 

otorgar capitulaciones, las cuales serán válidas, si a su otorgamiento concurren las 

personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. 

189.- Son nulos los pactos que los esposos hicieren contra las leyes o los naturales fines 

del matrimonio. 

190.- El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la 

sociedad. 

191.- La sentencia que declara la ausencia de alguno de los cónyuges, modifica o 

suspende la sociedad conyugal en los casos señalados en este Código. 

192.- En los casos de nulidad del matrimonio, la sociedad se considera subsistente 

hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria, si los dos cónyuges proceden de buena fe. 

193.- Cuando sólo uno de los cónyuges tuvo buena fe, la sociedad subsistirá también 

hasta que cause ejecutoria la sentencia, si la continuación es favorable al cónyuge 

inocente; en caso contrario se considerará nula desde el principio. 

194.- Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se considerará nula desde 

la celebración del matrimonio, quedando en todo caso a salvo los derechos que un 

tercero tuviere contra el fondo social. 

195.- Si la disolución de la sociedad procede de nulidad de matrimonio, el consorte que 

hubiere obrado de mala fe no tendrá parte en las utilidades. Estas se aplicarán a los 

hijos y, si no los hubiere, al cónyuge inocente. 

196.- Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, las utilidades se aplicarán a los hijos 

y si no los hubiere se repartirán en proporción de lo que cada consorte llevó al 

matrimonio. 

197.- Disuelta la sociedad, se procederá a formar inventario, en el cual no se incluirán el 

lecho, los vestidos y los objetos de uso personal de los consortes, que serán de éstos o 

de sus herederos. 

198.- Terminado el inventario se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo 

social, se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio y el sobrante, si lo 

hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma convenida. En caso de que 

hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá del haber de cada consorte en 

proporción a las utilidades que debían corresponderle y si uno solo llevó capital, de éste 

se deducirá la pérdida total. 

199.- Muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la posesión y 

administración del fondo social, con intervención del representante de la sucesión, 

mientras no se verifique la repartición.

Todo lo relativo a la formación de inventarios y solemnidades de la partición y 

adjudicación de los bienes, se regirá por lo que disponga el Código de Procedimientos 

Civiles. 

CAPITULO IV 

Sociedad voluntaria 

200.- Las capitulaciones matrimoniales que establezca(n) la sociedad voluntaria, se 

extenderán forzosamente en escritura pública y en la misma forma se harán constar las 

modificaciones a ellas. 

201.- La escritura de capitulaciones matrimoniales deberá contener: 

I.- Lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad con 

expresión de su valor y de los gravámenes que reporten; 

II.- Lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la 

sociedad; 

III.- Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada cónyuge al pactarse las 

capitulaciones, con expresión de si la sociedad ha de responder de ellas, o únicamente 

de las que contraigan durante la sociedad ya sea por ambos consortes o por cualquiera 

de ellos; 

IV.- Declaración expresa de si la sociedad ha de comprender todos los bienes de cada 

consorte o sólo parte de ellos, precisando, en este último caso, cuáles son los bienes 

que hayan de entrar a la sociedad; 

V.- La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes 

de los consortes en todo o en parte y sus productos o sólo estos últimos. En uno y otro 

caso se determinará con toda claridad la parte que en los productos corresponda a cada 

cónyuge, si no comprende la sociedad los bienes mismos; 

VI.- La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde 

exclusivamente al que lo ejecute, o si debe dar participación de ese producto al otro 

consorte y en qué proporción; 

VII.- Declaración terminante acerca de quién debe ser el administrador de la sociedad, 

expresándose con claridad las facultades que se le conceden; 

VIII.- Declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante 

el matrimonio, pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre 

ellos y en qué proporción; 

IX.- Las bases para liquidar la sociedad. 

202.- Es nula la capitulación en cuya virtud uno de los consortes haya de percibir todas 

las utilidades; así como la que establezca que alguno de ellos sea responsable por las 

pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda a la que proporcionalmente 

corresponda a su capital o utilidades.

203.- Cuando se establezca que uno de los consortes sólo debe recibir una cantidad fija, 

el otro consorte o sus herederos deben pagar la suma convenida, haya o no utilidad en 

la sociedad. 

204.- Todo pacto que importe cesión de una parte de los bienes propios de cada 

cónyuge, será considerado como donación y quedará sujeto a lo prevenido en el 

capítulo correspondiente de este título. 

205.- No pueden renunciarse anticipadamente las ganancias que resulten de la sociedad 

conyugal, pero disuelto el matrimonio o establecida la separación de bienes, pueden los 

cónyuges renunciar a las ganancias que les correspondan. 

CAPITULO V 

SECCION PRIMERA 

De la sociedad legal 

206.- A falta de capitulaciones expresas, se entiende celebrado el matrimonio bajo el 

régimen de sociedad legal. 

207.- Son propios de cada cónyuge: 

I.- Los bienes de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que 

adquiera por prescripción durante la sociedad, así como los que durante la misma 

adquiera por don de la fortuna, por donación de cualquier especie o por herencia o 

legado constituido a favor de uno de ellos; 

II.- Los bienes adquiridos durante la sociedad por compra o permuta de los raíces 

que pertenezcan a cada uno de ellos antes de celebrarse el matrimonio; 

III.- Los adquiridos por consolidación de la propiedad y el usufructo, cuando se hace 

en beneficio de uno solo de ellos. 

208.- Forman el fondo de la sociedad legal: 

I.- Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de una 

profesión científica, del comercio o de la industria o por cualquier otro trabajo; 

II.- Los bienes provenientes de herencia, legado o donación hecha a ambos 

cónyuges sin designación de partes; 

III.- Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal 

común, ya que la adquisición sea para la comunidad o para uno de los consortes; 

IV.- Los frutos, acciones, rentas e intereses percibidos o devengados durante la 

sociedad, procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los 

consortes; 

V.- Los edificios construidos durante la sociedad con fondos de ella, sobre suelo 

propio de alguno de los cónyuges, pero se abonará a éste el valor del terreno. 

209.- Todos los bienes que existan en poder de cualquiera de los cónyuges al hacerse la 

separación de ellos, se presumen gananciales, mientras no se pruebe lo contrario.

210.- Ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya una cosa, ni la 

confesión del otro, ni ambas juntas, se estimarán pruebas suficientes, aunque sean 

judiciales. 

SECCION SEGUNDA 

Administración de la Sociedad Legal 

211.- El dominio y la posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges 

mientras subsista la sociedad; será necesario el consentimiento de ambos para la 

enajenación y gravamen de los bienes que forman el fondo de la sociedad, pudiendo el 

juez respectivo suplir el consentimiento de cualquiera de los esposos en caso de 

injustificada oposición para la enajenación o gravamen. 

212.- Ni el marido ni la mujer pueden repudiar o aceptar la herencia común sin el 

consentimiento del otro. En caso de disenso el Juez resolverá tomando en cuenta el 

interés superior de los hijos. 

213.- La administración de la sociedad conyugal legal, recaerá en ambos cónyuges o 

bien, por acuerdo mutuo en cualquiera de los dos. 

En caso de desacuerdo entre los cónyuges, se estará a lo dispuesto en el último párrafo 

del artículo 166 de este Código. 

214.- Las deudas contraídas durante el matrimonio por ambos cónyuges o por el marido 

o por la mujer con autorización del otro cónyuge, son carga de la sociedad legal. 

Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo: 

I.- Las deudas que provengan de delito de alguno de los cónyuges o de un hecho 

moralmente reprobado, aunque no sea punible por la Ley; 

II.- Las deudas que graven los bienes propios de los cónyuges, no siendo por censos 

o pensiones cuyo importe haya entrado al fondo social. 

215.- Las deudas de cada cónyuge, anteriores al matrimonio, no son carga de la 

sociedad legal, a no ser en los casos siguientes: 

I.- Si el otro cónyuge estuviere personalmente obligado; 

II.- Si hubieren sido contraídas en provecho común de los cónyuges. 

Se comprenden entre estas deudas las que provengan de cualquier hecho de los 

consortes, anterior al matrimonio, aun cuando la operación se haga efectiva durante la 

sociedad. 

216.- Los créditos anteriores al matrimonio, en caso de que el cónyuge obligado no 

tenga con qué satisfacerlos, sólo podrán ser pagados con los gananciales que le 

correspondan, después de disuelta la sociedad legal.

217.- Los acreedores del cónyuge deudor podrán también hacer uso, respecto de los 

bienes de éste, del derecho que conceden los artículos 2877 y 2878. 

218.- Son carga de la sociedad legal: 

I.- Las pensiones y réditos devengados, durante el matrimonio, de obligaciones a 

que estuvieren afectos los demás bienes propios de los cónyuges y los que formen el 

fondo social; 

II.- Los impuestos y los gastos de conservación y reposición indispensables para la 

conservación de los bienes propios de cada cónyuge, o los que se hicieren en relación 

con los bienes del fondo social; 

III.- El mantenimiento de la familia, educación de los hijos comunes, y de los 

entenados, hijos legítimos o menores de edad o impedidos; 

IV.- Los gastos de inventario y los demás que se causen en la liquidación y entrega 

de los bienes que formaron el fondo social. 

CAPITULO VI 

De la separación de bienes. 

219.- Puede haber separación de bienes en virtud de capitulaciones anteriores al 

matrimonio o durante éste por convenio de los consortes, o bien por sentencia judicial. 

La separación puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los consortes 

al celebrarse el matrimonio, sino también los que adquieran después. 

220.- La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los 

bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto de 

la sociedad conyugal que deben constituir los esposos de acuerdo con las estipulaciones 

consignadas en el presente código. 

221.- Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser 

substituida por la sociedad conyugal; pero si los consortes son menores de edad se 

observará lo dispuesto en el artículo 188. Lo mismo se observará cuando la capitulación 

de separación se modifique durante la menor edad de los cónyuges. 

222.- No es necesario que consten en escritura pública las capitulaciones en que se 

pacte la separación de bienes, antes de la celebración del matrimonio, siendo suficiente 

el contrato que se celebre ante el Juez del Estado Civil. Si se pacta durante el 

matrimonio, se observarán las formalidades exigidas para la transmisión de los bienes 

de que se trate. 

223.- Las capitulaciones que establezcan separación de bienes al contraerse el 

matrimonio, únicamente contendrán la voluntad expresa de los consortes para que esta 

separación quede definida por el convenio. Las capitulaciones que establezcan la misma 

separación de bienes después de haber regido la sociedad conyugal, sea voluntaria o 

legal, contendrán la separación de los bienes que hayan formado el fondo de la 

sociedad conyugal, y la determinación de los bienes propios de cada consorte; sin

perjuicio de la prueba que sobre la propiedad de los bienes adquiridos antes del 

matrimonio y de todos aquéllos que no formen el fondo de la sociedad conyugal puedan 

aducirse en caso de objeción a aquellas capitulaciones. 

224.- En el régimen de separación de bienes, los cónyuges conservarán la propiedad y 

administración de los bienes que respectivamente les pertenezcan y, por consiguiente, 

todos los frutos y las accesiones de dichos bienes no serán comunes sino del dominio 

exclusivo del dueño de ellos, sin perjuicio de las cargas que sobre esos bienes deban 

pesar de acuerdo con los fines de la sociedad conyugal. 

225.- Serán propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos o 

ganancias que tuvieren por servicios personales, y por el desempeño de un empleo o el 

ejercicio de una profesión, comercio o industria. 

226.- Cada uno de los cónyuges debe contribuir a la educación, alimentación de los 

hijos y las demás cargas del matrimonio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 163. 

227.- Los bienes que los cónyuges adquieran en común, por donación, herencia, 

legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, entretanto se hace la 

división, serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro; pero 

en este caso el que administre será considerado como mandatario. Para la enajenación 

de estos bienes y para todo cuanto con ellos se relacione, se seguirán las reglas de la 

mancomunidad. 

228.- Ni el marido podrá cobrar a la mujer ni ésta a aquél, retribución u honorario 

alguno por los servicios personales que le prestare o por los consejos y asistencia que le 

diere; pero si uno de los consortes por causa de ausencia o impedimento del otro no 

originada por enfermedad, se encargare temporalmente de la administración de sus 

bienes, tendrá derecho a que se le retribuya por este servicio, en proporción a su 

importancia y al resultado que produjere. 

229.- El marido y la mujer que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí por partes 

iguales la mitad del usufructo que la Ley les concede. 

230.- Las sentencias dictadas contra uno de los cónyuges en el régimen de separación 

de bienes, no producirán efectos contra los del otro. 

231.- Todas las obligaciones que se contraigan para el sostenimiento y amparo de la 

familia en el régimen de separación de bienes, estarán a cargo solidaria y 

mancomunadamente de ambos cónyuges, en los términos del artículo 163. 

CAPITULO VII 

De las donaciones antenupciales

232.- Se llaman antenupciales las donaciones que antes del matrimonio hace un esposo 

al otro, cualquiera que sea el nombre que la costumbre les haya dado. 

233.- Son también donaciones antenupciales las que un extraño hace a alguno de los 

esposos o a ambos, en consideración al matrimonio. 

234.- Las donaciones antenupciales entre esposos aunque fueren varias, no podrán 

exceder, reunidas, de la sexta parte de los bienes del donante. En el exceso la donación 

será inoficiosa. 

235.- Las donaciones antenupciales hechas por un extraño, serán inoficiosas en los 

términos en que lo fueren las comunes. 

236.- Para calcular si es inoficiosa una donación antenupcial, tienen el esposo donatario 

y sus herederos la facultad de elegir la época en que se hizo la donación o la del 

fallecimiento del donador. 

237.- Si al hacerse la donación no se formó inventario de los bienes del donador no 

podrá elegirse la época en que aquélla se otorgó. 

238.- Las donaciones antenupciales no necesitan para su validez de aceptación expresa. 

239.- Las donaciones antenupciales no se revocan por sobrevenir hijos al donante. 

240.- Tampoco se revocarán por ingratitud, a no ser que el donante fuere un extraño, 

que la donación haya sido hecha a ambos esposos y que los dos sean ingratos. 

241.- Las donaciones antenupciales son revocables y se entienden revocadas por el 

adulterio o el abandono injustificado del domicilio conyugal por parte del donatario, 

cuando el donante fuere el otro cónyuge. 

242.- Los menores pueden hacer donaciones antenupciales, pero sólo con intervención 

de sus padres o tutores, o con aprobación judicial. 

243.- Las donaciones antenupciales quedarán sin efecto si el matrimonio dejare de 

efectuarse. 

244.- Son aplicables a las donaciones antenupciales las reglas de las donaciones 

comunes, en todo lo que no fueren contrarias a este capítulo. 

CAPITULO VIII 

De las donaciones entre consortes 

245.- Los consortes pueden hacerse donaciones; pero sólo se confirman con la muerte 

del donante, con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales, ni 

perjudiquen el derecho de los ascendientes o descendientes a recibir alimentos.

246.- Las donaciones entre consortes pueden ser revocadas libremente y en todo 

tiempo por los donantes. 

247.- Estas donaciones no se anularán por la supervivencia (sic) de hijos, pero se 

reducirán cuando sean inoficiosas, en los mismos términos que las comunes 

CAPITULO IX 

De los matrimonios nulos e ilícitos. 

248.- Son causas de nulidad de un matrimonio: 

I.- Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo alguno de los impedimentos 

señalados en el artículo 156 de este Código; 

II.- Que se haya celebrado en contravención con lo dispuesto en los artículos 99, 

100, 102, 104 y 105. 

249.- La menor edad de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de 

ser causa de nulidad: 

I.- Cuando haya habido hijos; 

II.- Cuando aunque no los haya habido el menor hubiere llegado a los dieciocho años 

y (sic ¿ni?) él ni el otro cónyuge hubieren intentado la nulidad. 

250.- La nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes sólo podrá alegarse 

por aquél o aquéllos a quienes tocaba prestar dicho consentimiento, dentro de treinta 

días contados desde que tengan conocimiento del matrimonio. 

251.- Cesa esta causa de nulidad: 

I.- Si han pasado los treinta días sin que se haya intentado; 

II.- Si dentro de este término, el ascendiente ha consentido expresamente en el 

matrimonio; o tácitamente, haciendo donación a los hijos en consideración al 

matrimonio, recibiendo a los consortes a vivir en su casa, presentando a la prole como 

legítima al Registro Civil, o practicando otros actos que, a juicio del juez, sean tan 

conducentes al efecto como los expresados. 

252.- La nulidad por falta de consentimiento del tutor o del juez, podrá pedirse dentro 

del término de treinta días por cualquiera de los cónyuges, o por el tutor; pero dicha 

causa de nulidad cesará si antes de presentarse demanda en forma sobre ella se 

obtiene la ratificación del tutor o la autorización judicial, confirmando el matrimonio. 

253.- El parentesco de consanguinidad no dispensado anula el matrimonio; pero si 

después se obtuviere dispensa y ambos cónyuges, reconocida la nulidad, quisieren 

espontáneamente reiterar su consentimiento por medio de un acta ante el Oficial del 

Registro Civil, quedará revalidado el matrimonio y surtirá todos sus efectos legales 

desde el día en que primeramente se contrajo

254.- La acción que nace de esta clase de nulidad y la que dimana del parentesco de 

afinidad en línea recta pueden ejercitarse por cualquiera de los cónyuges, por sus 

ascendientes y por el Ministerio Público. 

255.- La acción de nulidad que nace de la causa prevista en la fracción V del artículo 

156, podrá deducirse por el cónyuge ofendido o por el Ministerio Público, en el caso de 

disolución del matrimonio anterior por causa de divorcio; y sólo por el Ministerio Público 

si el matrimonio se ha disuelto por muerte del cónyuge ofendido. 

En uno y otro caso la acción debe intentarse dentro de los seis meses siguientes a la 

celebración del matrimonio de los adúlteros. 

256.- La acción de nulidad proveniente del atentado contra la vida de alguno de los 

cónyuges, para casarse con el que quede libre, puede ser deducida por el cónyuge 

inocente, por los hijos y herederos del cónyuge víctima del atentado y por el Ministerio 

Público, dentro del término de seis meses contados desde que se celebró el nuevo 

matrimonio. 

257.- El miedo y la violencia serán causas de nulidad del matrimonio si concurren las 

circunstancias siguientes: 

I.- Que uno u otro importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o 

una parte considerable de los bienes; 

II.- Que el miedo haya sido causado, o la violencia hecha, al cónyuge o a la persona 

o personas que lo tienen bajo su patria potestad o tutela al celebrarse el matrimonio; 

III.- Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio. 

La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge 

agraviado dentro de los sesenta días contados desde la fecha en que cesó la violencia o 

la intimidación 

258.- La nulidad que se funda en alguna de las causas expresadas en la fracción VIII 

del artículo 156 sólo puede ser pedida por los cónyuges dentro del término de sesenta 

días contados desde que se celebró el matrimonio. 

259.- Tiene derecho de pedir la nulidad a que se refiere la fracción IX del artículo 156, 

el otro cónyuge y el tutor del incapacitado. 

260.- El vínculo de un matrimonio anterior, existente al tiempo de contraerse el 

segundo, anula éste, aunque se contraiga de buena fe, creyéndose fundadamente que 

el consorte anterior había muerto. La acción que nace de esta causa de nulidad puede 

deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos o herederos y por los 

cónyuges que contrajeron el segundo. No deduciéndola ninguna de las personas 

mencionadas, la ejercitará el Ministerio Público. 

261.- La nulidad que se funde en la falta de formalidades esenciales para la validez del 

matrimonio, puede alegarse por los cónyuges o por cualquiera que tenga interés en

probar que no hay matrimonio. También podrá declararse esa nulidad a instancia del 

Ministerio Público. 

262.- No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades en el acta de 

matrimonio celebrado ante el Oficial de Registro Civil, cuando a la existencia del acta se 

una la posesión de estado matrimonial. 

263.- El derecho para demandar la nulidad del matrimonio corresponde a quienes la Ley 

lo concede expresamente, y no es transmisible por herencia, ni de cualquiera otra 

manera. Sin embargo los herederos podrán continuar la demanda de nulidad entablada 

por aquél a quien heredan. 

264.- Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad, el tribunal de oficio, enviará 

copia certificada de ella al Oficial del Registro Civil ante quien pasó el matrimonio, para 

que al margen del acta ponga nota circunstanciada en que conste: la parte resolutiva de 

la sentencia, su fecha, el tribunal que la pronunció y el número con que se marcó la 

copia, la cual será depositada en el archivo. 

265.- El matrimonio tiene a su favor la presunción de ser válido; sólo se considerará 

nulo cuando así lo declare una sentencia que cause ejecutoria. 

266.- Los cónyuges no pueden celebrar transacción ni compromiso en árbitros acerca de 

la nulidad del matrimonio. 

267.- El matrimonio contraído de buena fe aunque sea declarado nulo, produce todos 

sus efectos civiles en favor de los cónyuges mientras dure; y en todo tiempo, en favor 

de los hijos nacidos antes de la celebración del matrimonio, durante éste y trescientos 

días después de la declaración de nulidad, si no se hubieren separado los cónyuges, o 

desde su separación en caso contrario. 

268.- Si ha habido buena fe de parte de uno solo de los cónyuges, el matrimonio 

produce efectos civiles únicamente respecto de él y de los hijos. Si ha habido mala fe de 

parte de ambos consortes el matrimonio produce efectos civiles solamente respecto de 

los hijos. 

269.- La buena fe se presume; para destruir esa presunción se requiere prueba plena. 

270.- Si la demanda de nulidad fue entablada por uno solo de los cónyuges, desde 

luego se dictarán las medidas provisionales que establece el artículo 294. 

271.- Luego que la sentencia sobre nulidad cause ejecutoria, los hijos varones mayores 

de cinco años quedarán al cuidado del padre; y las hijas al cuidado de la madre, si de 

parte de ambos cónyuges hubiere habido buena fe. 

272.- Si uno solo de los cónyuges ha procedido de buena fe, quedarán todos los hijos 

bajo su cuidado; pero siempre, y aun tratándose de divorcio, los hijos e hijas menores

de cinco años se mantendrán al cuidado de la madre hasta que cumplan esa edad a 

menos que la madre se dedicare a la prostitución, al lenocinio, hubiere contraído 

hábitos de embriaguez, tuviere alguna enfermedad contagiosa o por su conducta 

ofreciere peligro grave para la salud o la moralidad de los hijos. 

273.- Declarada la nulidad del matrimonio se procederá a la división de los bienes 

comunes y se liquidará la sociedad conyugal si existiere. Los productos repartibles, si los 

dos cónyuges hubieren procedido de buena fe, se dividirán entre ellos en la forma que 

corresponda. Si sólo hubiere habido buena fe de parte de uno de los cónyuges, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 195 de este Código. Si se ha habido mala fe de parte 

de ambos cónyuges los productos se aplicarán a los hijos. 

274.- Declarada la nulidad del matrimonio, se observarán respecto de las dotaciones 

(sic ¿donaciones?) antenupciales las reglas siguientes: 

I.- Las hechas por un tercero a los cónyuges, podrán ser revocadas; 

II.- Las que hizo el cónyuge inocente al culpable quedarán sin efecto y las cosas que 

fueron objeto de ellas se devolverán al donante con todos sus productos; 

III.- Las hechas al inocente por el cónyuge que obró de mala fe quedarán 

subsistentes; 

IV.- Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, las donaciones que se hayan hecho 

quedarán en favor de sus hijos. Si no los tienen, no podrán hacer los donantes 

reclamación alguna con motivo de la liberalidad. 

275.- Si al declararse la nulidad del matrimonio la mujer estuviere encinta, se tomarán 

las precauciones a que se refiere el capítulo I del título quinto del libro tercero. 

276.- Es ilícito pero no nulo el matrimonio: 

I.- Cuando se ha contraído estando pendiente la decisión de un impedimento que 

sea susceptible de dispensa; 

II.- Si no se ha otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 159 o si se 

celebra sin transcurrir los términos que fija el artículo 301. 

277.- Los que infrinjan el artículo anterior, así como los que siendo mayores de edad 

contraigan matrimonio con un menor sin autorización de los padres de éste, del tutor o 

del juez en sus respectivos casos, y los que autoricen esos matrimonios, incurrirán en 

las penas que señala el Código de la materia. 

CAPITULO X 

Del divorcio 

278.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de 

contraer otro.

279.- Son causas de divorcio: 

I.- El adulterio de uno de los cónyuges; 

II.- El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido 

antes de celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado que no es hijo de 

su cónyuge; 

III.- La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo 

marido lo haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o 

cualquiera remuneración, con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones 

carnales con su mujer; 

IV.- La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún 

delito, aunque no sea de incontinencia carnal; 

V.- Los actos inmorales efectuados por el marido o por la mujer con el fin de 

corromper a los hijos, ya sean de ambos o bien de uno solo de ellos, así como la 

tolerancia de su corrupción; 

VI.- Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquier otra enfermedad crónica o incurable que 

sea, además, contagiosa o hereditaria; y la impotencia incurable que sobrevenga 

después de celebrado el matrimonio; 

VII.- Padecer enajenación mental incurable; 

VIII.- La separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada; 

IX.- La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para 

pedir el divorcio, si se prolonga más de un año sin que el cónyuge que se separe 

entable la demanda de divorcio; 

X.- La declaración de ausencia legalmente hecha, o la de presunción de muerte, en 

los casos de excepción en que no se necesita, para que se haga ésta, que preceda la 

declaración de ausencia; 

XI.- La sevicia, las amenazas, o las injurias graves de un cónyuge para el otro; 

XII.- La negativa de los cónyuges de darse alimentos de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 163, siempre que no puedan hacer efectivos los derechos que conceden los 

artículos 164 y 165; 

XIII.- La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que 

merezca pena mayor de dos años de prisión; 

XIV.- Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea 

infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años; 

XV.- Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas 

enervantes; 

XVI.- El mutuo consentimiento; y 

XVII.- Las conductas de violencia intrafamiliar: 

a). Cometidas por uno de los cónyuges contra el otro; 

b). Cometidas por uno de los cónyuges hacia los hijos de ambos o de algunos de ellos; 

y 

c). Las permitidas hacia algunos de los cónyuges o hacia los hijos de ambos o de alguno 

de ellos. 

XVIII.- El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades 

administrativas o judiciales que se hayan ordenado, tendientes a eliminar los actos de 

violencia intrafamiliar hacia el otro cónyuge o lo s hijos, por el cónyuge obligado a ello.

(Reformado por Decreto Núm. 334, publicado en el Periódico Oficial de 15-IX- 

2001). 

(Adicionado por Decreto Núm. 334, publicado en el Periódico Oficial de 15-IX- 

2001). 

280.- Cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del matrimonio por causa 

que no haya justificado o que haya resultado insuficiente, el demandado tiene a su vez 

el derecho de pedir el divorcio; pero no podrá hacerlo sino pasados tres meses de la 

notificación de la ultima sentencia. Durante estos tres meses, los cónyuges no están 

obligados a vivir juntos. 

281.- Cualquiera de los esposos puede pedir el divorcio por el adulterio de su cónyuge. 

Esta acción dura seis meses, contados desde que se tuvo conocimiento del adulterio. 

282.- Para que la tolerancia en la corrupción de los hijos sea causa de divorcio, debe 

consistir en actos positivos o en omisiones, siempre que en este último caso se 

demuestre que hubo un descuido grave o reiterado o una omisión dolosa. 

283.- Para que pueda pedirse el divorcio por causa de enajenación mental que se 

considere incurable, es necesario que hayan transcurrido dos años desde que comenzó 

a padecerse la enfermedad. 

284.- El divorcio por mutuo consentimiento se obtendrá ocurriendo ante el juez 

competente en los términos que ordene el Código de Procedimientos Civiles. 

285.- Los cónyuges que pretendan divorciarse por mutuo consentimiento estarán 

obligados a presentar al juzgado un convenio en que se fijen los siguientes puntos: 

I.- Designación del progenitor, o en su caso, personas a quienes sean confiados los 

hijos del matrimonio, menores o incapaces. Asimismo se especificará la casa que 

habitarán tales hijos y la forma y condiciones en que se ejercerá el derecho de visita o 

convivencia de los hijos con el progenitor que no tenga la custodia; 

II.- En el mismo caso de la fracción anterior el modo de subvenir a las necesidades 

de los hijos tanto durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio; 

III.- La casa en donde vivirá cada uno de los cónyuges mientras dure el 

procedimiento; 

IV.- La cantidad que a título de alimentos el cónyuge debe pagar al otro durante el 

procedimiento, la forma de hacer el pago y la garantía que deba darse para asegurarlo; 

V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el 

procedimiento y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio así 

como la designación de liquidadores, cuando se haya celebrado el matrimonio bajo el 

régimen de sociedad conyugal. A este efecto, se acompañará un inventario y avalúo de 

todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad. 

286.- El divorcio por mutuo consentimiento no puede pedirse sino pasado un año de la 

celebración del matrimonio.

287.- Mientras que se decreta el divorcio, el juez autorizará la separación de los 

cónyuges de una manera provisional y dictará las medidas necesarias para asegurar la 

subsistencia de los hijos a quienes haya obligación de dar alimentos. 

288.- Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio por mutuo consentimiento, podrán 

reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo, con tal de que el divorcio no hubiere 

sido decretado. No podrán volver a solicitar el divorcio por mutuo consentimiento sino 

pasado un año desde su reconciliación. 

289.- El cónyuge que no quiera pedir el divorcio fundado en las causas enumeradas en 

las fracciones VI y VII del artículo 279 podrá, sin embargo, solicitar que se suspenda su 

obligación de cohabitar con el otro cónyuge, y el juez, con conocimiento de causa podrá 

decretar esa suspensión, quedando subsistentes las demás obligaciones creadas por el 

matrimonio. 

290.- El divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a 

él y dentro de los seis meses siguientes al día en que haya llegado a su noticia los 

hechos en que funde la demanda. Se exceptúan las causas a que se refieren las 

fracciones VI, VII, XII y XV del artículo 279, que podrán alegarse en cualquier tiempo 

como causa de divorcio. 

291.- Ninguna de las causas enumeradas en el artículo 279 puede alegarse para pedir el 

divorcio, cuando haya mediado perdón expreso. Se exceptúan las marcadas con los 

números VI y VII del propio artículo 279. 

292.- La reconciliación de los cónyuges pone término al juicio de divorcio en cualquier 

estado en que se encuentre, si no hubiere sentencia ejecutoria. En este caso los 

interesados deberán denunciar su reconciliación al juez, sin que la (o)misión de esta 

denuncia destruya los efectos producidos por la reconciliación. 

293.- El cónyuge que no haya dado causa al divorcio, puede, antes de que se pronuncie 

la sentencia que ponga fin al litigio, prescindir de sus derechos y obligar al otro a 

reunirse con él; mas, en este caso, no puede pedir de nuevo el divorcio por los mismos 

hechos que motivaron el juicio anterior, pero sí por otros nuevos, aunque sean de la 

misma especie. 

294.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, y solo mientras 

dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes, conforme a las 

disposiciones siguientes: 

I.- Separar a los cónyuges en todo caso; 

II.- Establecerá las modalidades del derecho de visita o convivencia de los menores o 

incapaces con el progenitor que no los tenga en custodia, en caso de disenso, el Juez 

resolverá lo conducente teniendo presente el interés superior de los hijos; 

III.- Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el cónyuge obligado al cónyuge 

acreedor y a los hijos;

IV.- Dictar las medidas necesarias para que los cónyuges no se causen daños o 

perjuicios en sus personas ni en sus bienes, ni en las personas, bienes o derechos de 

los hijos; 

V.- Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la Ley establece respecto de la 

mujer que quede encinta; 

VI.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren 

designado los cónyuges pudiendo ser uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, el 

cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deban quedar 

provisionalmente los hijos. El juez, previo el procedimiento que fije el Código respectivo, 

resolverá lo conveniente. 

En todo caso el Juez atenderá al interés superior de los menores y, si fuere necesario, 

los escuchará respecto de las medidas que piensa tomar. 

VII. Separar al cónyuge agresor del domicilio familiar y la prohibición de acudir a dicho 

domicilio; prohibir al cónyuge agresor ir a lugar determinado, tales como el lugar donde 

habitan, trabajan o estudian los agraviados. Siempre que la gravedad del caso así lo 

requiera el Juez podrá prohibir al cónyuge agresor, que se acerque a los agraviados, 

escuchando previamente a estos. Así como las medidas necesarias para evitar actos de 

violencia intrafamiliar. 


2001). 


2001). 

295.- La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, para lo cual el Juez gozará 

de las facultades que le concede este Código y en especial, la referida en el ultimo 

párrafo del artículo que antecede, para resolver todo lo relativo a los derechos y 

obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación, según 

el caso, así como la custodia y el cuidado de los hijos, debiendo evaluar 

pormenorizadamente todos los elementos de juicio a su alcance y razonando 

debidamente su determinación. También llamará al ejercicio de la patria potestad a 

quien legalmente tenga derecho a ello, o cuando proceda, designar tutor, de acuerdo 

con las disposiciones correspondientes. 

En cuanto a las modalidades del derecho de visita serán acordadas por ambos 

progenitores y en caso de desacuerdo, será el Juez quien resuelva discrecionalmente 

tales modalidades, en ejecución de sentencia, con audiencia tanto de la madre como del 

padre. 


2001). 


2001). 

(Derogado por Decreto Núm. 291, publicado en el Periódico Oficial de 20-IV- 

2001). 


2001).

NOTA IMPORTANTE: El anterior artículo 295 originalmente decía: “295.- La sentencia 

de divorcio fijará la situación de los hijos conforme a las reglas siguientes:.-.- Cuando la 

causa de divorcio estuviere comprendida en las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, XIV, y 

XV del artículo 279, los hijos quedarán bajo la patria potestad del cónyuge no culpable. 

Si los dos fueren culpables quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que 

corresponda, y si no lo hubiere se nombrará tutor;.- II.- Cuando la causa de divorcio 

estuviere comprendida en las fracciones IX, X, XI, XII y XIII del artículo 279, los hijos 

quedarán bajo la patria potestad del cónyuge inocente; pero a la muerte de éste el 

cónyuge culpable recuperará la patria potestad. Si los dos cónyuges fueren culpables, 

se les suspenderá en el ejercicio de la patria potestad hasta la muerte de uno de ellos, 

recobrándola el otro al acaecer ésta. Entre tanto los hijos quedarán bajo la patria 

potestad del ascendiente que corresponda, y si no hay quien la ejerza se le nombrará 

tutor;.- III.- En el caso de las fracciones VI y VII del artículo 279 los hijos quedarán en 

poder del cónyuge sano; pero el consorte enfermo conservará los demás derechos 

sobre la persona y bienes de sus hijos.” Fue reformado por primera vez, en su párrafo 

primero, por el Decreto núm. 222 de 12-XII-1997 (P. O. núm. 6 de 7-II1998) como 

sigue: “295.- La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, para lo cual el Juez 

gozará de las facultades que en materia familiar le otorga este Código y en especial a 

las que se refiere el artículo anterior y deberá observar las normas del presente Código, 

para los fines de llamar al ejercicio de la patria potestad a quien legalmente tenga 

derecho a ello o, cuando proceda, a designar tutor. Ambos progenitores acordarán las 

modalidades del derecho de visita. En caso de desacuerdo será el Juez quien, 

discrecionalmente fije tales modalidades en ejecución de sentencia, con audiencia tanto 

de la madre como del padre:”. El Decreto núm. 291 de 23-III-2001 (P. O. Núm. Extra 

de 20-IV-2001) reformó este primer párrafo y adicionó un segundo, que son los 

actuales. Este mismo Decreto, en su artículo único dice: “SE DEROGAN las fracciones I, 

II y III del artículo 295… del Código Civil…”. El Decreto núm. 334 de 7-VIII-2001 (P. O. 

Núm. 37, 2ª sec. 15-IX-2001) dice en su artículo primero: “SE REFORMAN: (…) la 

fracción I del artículo 295 (…) del Código Civil (…) para quedar como sigue: (…).- 

ARTÍCULO 295.-…- I.- Cuando la causa de divorcio estuviere comprendida en las 

fracciones I, II, III, IV, V, VIII, XIV, XV, XVII y XVIII del artículo 279, los hijos quedarán 

bajo la patria potestad del cónyuge no culpable. Si los dos fueren culpables quedarán 

bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda, y si no lo hubiere se nombrará 

tutor; .-II a III.-…” No tenemos noticia de fe de erratas al respecto de estos dos 

Decretos, por lo que advertimos a nuestros lectores de esta situación. 

296.- Antes de que se provea definitivamente sobre la patria potestad o tutela de los 

hijos y de las hijas, el Juez podrá acordar, de manera provisional, a petición de los 

ascendientes, parientes colaterales o de los propios menores, cualquier medida que se 

considere benéfica para estos últimos. 

El Juez podrá modificar está decisión si las circunstancias en que la tomo varían y se 

demuestra que la modificación es en interés de los menores. 

297.- El padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad quedan sujetos a todas las 

obligaciones que tienen para con sus hijos.

298.- El cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo lo que se hubiere dado o 

prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste; el cónyuge 

inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho. 

299.- Ejecutoriado el divorcio, se procederá desde luego a la división de los bienes 

comunes y, en su caso a la liquidación de la sociedad conyugal; se tomarán las 

precauciones necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los 

cónyuges, o en relación a los hijos. Los consortes divorciados tendrán obligación de 

contribuir, en proporción a sus bienes, a la subsistencia y educación de los hijos hasta 

que lleguen a la mayor edad. 

300.- El cónyuge que haya dado causa al divorcio, sólo podrá ser condenado a ministrar 

alimentos si el otro está imposibilitado para trabajar o careciere de bienes propios. 

La mujer que haya estado dedicada exclusivamente a las labores del hogar, tendrá a su 

favor la presunción de la necesidad de alimentos. 

La obligación de dar alimentos cesará, si el acreedor alimentario hace vida en común 

con otra persona como su pareja. 

Cuando por el divorcio se originen daños y perjuicios a los intereses del cónyuge que no 

dio origen al divorcio, el otro responderá de ellos como autor de un hecho ilícito. 

En el divorcio por mutuo consentimiento el cónyuge que estuviere imposibilitado para 

trabajar y careciere de bienes propios, tendrá derecho a percibir alimentos del otro. La 

obligación de este, cesará en el mismo caso que tratándose del divorcio necesario. 

301.- En virtud del divorcio los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer 

nuevo matrimonio. 

El cónyuge que haya dado causa al divorcio, no podrá volver a casarse sino después de 

un año, a contar desde que se decretó el divorcio. 

Para que los cónyuges que se divorcian voluntariamente puedan volver a contraer 

matrimonio, es indispensable que haya transcurrido el mismo término desde que 

obtuvieron el divorcio. 

302.- La muerte de uno de los cónyuges pone fin al juicio de divorcio y los herederos 

del muerto tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrían si no hubiera 

existido dicho juicio. 

303.- Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el Juez de Primera Instancia remitirá copia 

de ella al Oficial del Registro Civil, ante quien se celebró el matrimonio, para que 

levante el acta correspondiente y haga las anotaciones respectivas y, además, para que

publique el extracto de la resolución durante quince días en las tablas destinadas al 

efecto. 

TITULO SEXTO 

Del parentesco, de los alimentos y de la violencia intrafamiliar 


2001). 

CAPITULO I 

Del parentesco 

304.- La Ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad, afinidad y civil. 

305.- El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden 

de un mismo progenitor. 

306.- El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre el varón y 

los parientes de la mujer; y entre la mujer y los parientes del varón. 

307.- El parentesco civil es el que nace de la adopción; existe entre el adoptante y el 

adoptado y entre éste y los parientes del primero. 

308.- Cada generación forma un grado de parentesco. 

309.- La línea es recta o transversal: la recta se compone de la serie de grados entre 

personas que descienden unas de otras; la transversal se compone de la serie de 

grados entre personas, que, sin descender de otras, proceden de un progenitor o tronco 

común. 

310.- La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la que liga a una 

persona con su progenitor o tronco de que procede; descendente es la que liga al 

progenitor con los que de él proceden. La misma línea es, pues, ascendente o 

descendente, según el punto de partida y la relación a que se atiende. 

311.- En la línea recta, los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el 

de personas, excluyendo al progenitor. 

312.- En la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, 

subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra; o por el número de personas 

que hay de uno a otro de los extremos que se consideren, excluyendo la del progenitor 

o tronco común. 

CAPITULO II 

De los alimentos

313.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el 

derecho de pedirlos. 

314.- Los cónyuges deben darse alimentos. La Ley determinará cuándo queda 

subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma Ley señale. 

El concubino y la concubina se deben mutuamente alimentos en los mismos términos 

señalados para los cónyuges. 

El concubino y la concubina tienen el derecho de preferencia que a los cónyuges 

concede el artículo 164 de este Código para el pago de alimentos. 

315.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad 

de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, que 

estuvieren más próximos en grado. 

316.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad 

de los hijos lo están los descendientes más próximos en grado. 

317.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación 

recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los que fueren de 

madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de padre. 

318.- Los hermanos tienen obligación de dar alimentos a sus hermanos menores, 

mientras llegan a la edad de dieciocho años. También deben alimentar a los hermanos 

que fueren incapaces. 

319.- El adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos en los casos en 

que la tienen el padre y los hijos. 

320.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en 

caso de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los 

gastos necesarios para la educación primaria del alimentario y para proporcionarle un 

oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 

321.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación, asignando una pensión 

competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a su familia. Si el acreedor se 

opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de 

ministrar los alimentos. 

322.- El deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia al que deba 

recibir los alimentos, cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos del 

otro, o cuando haya inconveniente legal para hacer esa incorporación.

323.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a 

las necesidades del que deba recibirlos. 

La pensión alimenticia que se haya fijado por convenio o sentencia judicial tendrá un 

incremento inmediato y equivalente al que tenga el salario mínimo general de la zona 

económica. De la petición del acreedor alimentario se dará vista a su contrario. El Juez 

resolverá sin más tramite. 

324.- Si fueren varios los que deban dar alimentos y todos tuvieren posibilidad para 

hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes. 

325.- Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los 

alimentos; y si uno solo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación. 

326.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos 

para que ejerzan el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 

327.- Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos: 

I.- El acreedor alimentario; 

II.- El ascendiente que lo tenga bajo su patria potestad; 

III.- El tutor; 

IV.- Los hermanos; 

V.- El Ministerio Público. 

328.- Si las personas a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo anterior no 

pueden representar al acreedor alimentario en el juicio en que se pida el aseguramiento 

de alimentos, se nombrará por el juez un tutor interino. 

329.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza o depósito de 

cantidad bastante a cubrir los alimentos. 

330.- El tutor interino dará garantía por el importe anual de los alimentos. Si 

administrare algún fondo destinado a ese objeto, por él dará la garantía legal. 

331.- En los casos en que los que ejerzan la patria potestad gocen de la mitad del 

usufructo de los bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá de dicha mitad 

y, si ésta no alcanza a cubrirla, el exceso será de cuenta de los que ejerzan la patria 

potestad. 

332.- Cesa la obligación de dar alimentos: 

I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

II.- Cuando el alimentario deja de necesitar los alimentos; 

III.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la 

falta de aplicación al trabajo o al estudio del alimentario mayor de edad, mientras 

subsistan estas causas;

IV.- Si el alimentario, sin consentimiento del que deba dar los alimentos, abandona la 

casa de éste, por causas injustificadas. Si las causas fueron atendibles, podrá el 

alimentario solicitar su desincorporación. 

333.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de 

transacción. 

334.- Cuando un cónyuge no estuviera presente, o estándolo rehusare entregar al otro 

lo necesario para los alimentos y el sostenimiento de los hijos, será responsable de las 

deudas que se contraiga para cubrir esa exigencia; pero sólo en la cuantía 

estrictamente necesaria para ese objeto; al efecto, deberá tomarse en consideración las 

circunstancias particulares y sociales del acreedor alimentario. 

335.- El cónyuge que, sin culpa, se vea obligada a vivir separada del otro, podrá pedir al 

Juez de Primera Instancia del lugar de su residencia que obligue al otro a darle 

alimentos durante la separación y a que le ministre todos los que haya dejado de darle 

desde que lo abandonó. El juez, según las circunstancias del caso, fijará la suma que el 

culpable deba ministrar mensualmente, dictando las medidas necesarias para que dicha 

cantidad sea debidamente asegurada y para que pague los gastos que el inocente haya 

tenido que erogar, con tal motivo. 

Lo expuesto en esté artículo es aplicable también a la obligación alimentaria respecto a 

los hijos. 

336.- Cuando alguna persona muera por motivo del desempeño de funciones o empleos 

públicos, sin dejar bienes propios que basten al sostenimiento de sus hijos menores de 

edad o inválidos, el Estado y los Municipios tendrán obligación de proporcionar 

alimentos a dichos hijos en los mismos términos que si se tratare de hermanos. 

TITULO SEPTIMO 

DE LA FILIACION 

CAPITULO I 

DE LOS HIJOS 

336 BIS. La filiación es el vinculo existente entre los hijos y sus progenitores. La misma 

confiere e impone a los hijos, al padre y a la madre, los derechos y obligaciones 

establecidos por este Código. 

La filiación queda probada por el nacimiento, las presunciones legales, el 

reconocimiento que el padre o la madre hagan de su hijo, la sentencia ejecutoria que 

declare la paternidad o la maternidad, o por la adopción. 


2001).

TITULO SEXTO 

Del parentesco, de los alimentos y de la violencia intrafamiliar 

CAPITULO III 

De la Violencia Intrafamiliar 


2001). 

336 Bis A.- Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les 

respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo 

para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contarán con 

la asistencia y protección de las instituciones publicas de acuerdo con las leyes. 


2001). 

336 Bis B. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen 

violencia intrafamiliar. 

Por violencia intrafamiliar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la 

omisión grave en contra de un miembro de la familia por otro de la misma, que atente 

contra su integridad física, psíquica, o ambas, independientemente de que pueda o no 

producir otro delito; siempre y cuando el agresor y el agraviado cohabiten el mismo 

domicilio y exista un a relación de parentesco, matrimonio o concubinato. 


2001). 

337. - Se presumen hijos de los cónyuges: 

I.- Los nacidos después de la celebración del matrimonio; y 

II.- Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del 

matrimonio, ya provenga ésta de nulidad del contrato, de muerte del marido o de 

divorcio. Este término se contará en los casos de divorcio o nulidad, desde que de 

hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial. 


2001). 

337. - BIS.- La filiación es el vinculo existente entre el padre y los hijos así como entre 

la madre y los hijos. Les confiere e impone derechos, deberes y obligaciones 

establecidas por la ley. 

La filiación queda probada por el nacimiento, por el reconocimiento que el padre o la 

madre hagan de su hijo, por sentencia ejecutoria que declare la paternidad o la 

maternidad, o por la adopción. 

338. - Contra esta presunción no se admite otra prueba que la de haber sido 

físicamente imposible al cónyuge o al concubino en su caso, tener acceso carnal con su 

cónyuge o con su concubina, en los primeros ciento veinte días de los trescientos que 

han precedido al nacimiento.


2001). 

339.- El cónyuge no podrá desconocer a los hijos, alegando adulterio de la madre, 

aunque ésta declare que no son hijos de su cónyuge, a no ser que el nacimiento se le 

haya ocultado, o que demuestre que, durante los diez meses que precedieron al 

nacimiento, no tuvo acceso carnal con su cónyuge. 


2001). 

340.- El cónyuge podrá desconocer al hijo nacido después de trescientos días contados 

desde que judicialmente y de hecho, tuvo lugar la separación provisional prescrita para 

los casos de divorcio y nulidad; pero la cónyuge, el hijo, o el tutor de éste, pueden 

sostener en tales casos la paternidad del cónyuge. 


2001). 

341.- El cónyuge no podrá desconocer que es padre del hijo nacido después de la 

celebración del matrimonio: 

I.- Si se probare que supo antes de casarse del embarazo de su futura cónyuge; 

II.- Si concurrió al levantamiento del acta de nacimiento y ésta fue firmada por él, o 

contiene su declaración de no saber firmar; 

III.- Si ha reconocido expresamente por suyo al hijo de su mujer; 

IV.- Si el hijo no nació capaz de vivir. 


2001). 

342. - Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después de trescientos 

días de la disolución del matrimonio o a partir del día siguiente al en que cesó la vida en 

común entre el concubino y la concubina, podrán promoverse en cualquier tiempo por 

la persona a quien perjudique la filiación. 


2001). 

343.- En todos los casos en que el cónyuge tenga derecho de contradecir que el nacido 

es hijo habido en su matrimonio, deberá deducir su acción dentro de sesenta días 

contados desde el nacimiento, si estuvo presente; desde el día en que llegó al lugar, si 

estuvo ausente; o desde el día en que descubrió el engaño, si se le ocultó el 

nacimiento. 


2001). 

344. - Si el marido está bajo tutela por cualquiera de las causas señaladas en la fracción 

II del artículo 465, este derecho puede ser ejercitado por su tutor. Si éste no lo hiciere 

así, podrá hacerlo el marido después de haber salido de la tutela, pero siempre en el

plazo antes designado, que se contará desde el día en que legalmente se declare haber 

terminado el impedimento. 

345. - Cuando el cónyuge, teniendo o no tutor, ha muerto sin recobrar la razón, los 

herederos pueden contradecir la paternidad en los casos en que podría hacerlo el 

cónyuge. 


2001). 

346. - Los herederos del cónyuge, excepto en el caso del artículo anterior, no podrán 

contradecir la paternidad de un hijo nacido después de la celebración del matrimonio, 

cuando el cónyuge no haya comenzado esa demanda. En los demás casos, si el 

cónyuge ha muerto sin hacer la reclamación dentro del plazo hábil, los herederos 

tendrán, para proponer la demanda, sesenta días contados desde aquél en que el hijo 

haya sido puesto en posesión de los bienes del padre, o desde que los herederos se 

vean turbados por el hijo en la posesión de la herencia. 


2001). 

347.- Si la viuda, la divorciada o aquélla cuyo matrimonio fuere declarado nulo, 

contrajera nuevas nupcias dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del 

primero, la filiación del hijo que naciere después de celebrado el nuevo matrimonio, se 

establecerá conforme a las reglas siguientes: 

I.- Se presume que el hijo es del primer marido, si nace dentro de los trescientos 

días siguientes a la disolución del primer matrimonio y antes de ciento ochenta días de 

la celebración del segundo; 

II.- Se presume que el hijo es del segundo marido, si nace después de ciento 

ochenta días de la celebración del matrimonio, aunque el nacimiento tenga lugar dentro 

de los trescientos días posteriores a la disolución del primer matrimonio. 

El que negare las presunciones establecidas en las dos fracciones que preceden, deberá 

probar plenamente la imposibilidad física de que el hijo sea del marido a quien se 

atribuya. 

348. - El desconocimiento de un hijo de parte del marido, o de sus herederos se hará 

por demanda en forma ante el juez competente. Todo desconocimiento practicado de 

otra manera es nulo. 

348 BIS.- Son aplicables al concubino, por analogía, las disposiciones de los artículos 

343, 344, 345, 346 y 348 de este Código. 


2001). 

349. - En el juicio de contradicción de la paternidad serán oídos la madre, en su caso la 

concubina y el hijo, a quien, si fuere menor, se proveerá de un tutor interino.


2001). 

350. - Para los efectos legales se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente 

del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo al Registro Civil. 

Faltando alguna de estas circunstancias, nunca, ni por nadie podrá entablarse demanda 

sobre la filiación. 


2001). 

351.- Sobre la filiación no debe haber transacción ni compromiso en árbitros. 


2001). 

352.- Puede haber transacción o arbitraje sobre los derechos pecuniarios que de la 

filiación, pudieran deducirse; sin que las concesiones que se hagan al que se dice hijo, 

importen la adquisición de estado de hijo. 


2001). 

CAPITULO II 

De las pruebas de la filiación de los hijos habidos en matrimonio 

353.- La filiación de los hijos se prueba con la partida de su nacimiento, pero si se 

cuestiona la existencia o validez del matrimonio de los padres, debe presentarse el acta 

de matrimonio de éstos. 


2001). 

354.- A falta de actas o si éstas fueren defectuosas, incompletas o falsas, se probará 

con la posesión constante de estado de hijo legítimo. En defecto de esta posesión son 

admisibles para demostrar la filiación todos los medios de prueba que la Ley autoriza, 

pero la testimonial no es admisible si no hubiere un principio de prueba por escrito, o 

indicios o presunciones resultantes de hechos ciertos que se consideren bastante graves 

para determinar su admisión. 

Si uno solo de los registros faltare o estuviere inutilizado y existe el duplicado, de éste 

deberá tomarse la prueba, sin admitirla de otra clase. 

355.- Si hubiere hijos de dos personas que han vivido públicamente como marido y 

mujer, y ambos hubieren fallecido, o por ausencia o enfermedad, les fuere imposible 

manifestar el lugar en que se casaron, no podrá disputarse a esos hijos su legitimidad 

por sólo la falta de presentación del acta de matrimonio, siempre que se pruebe por la 

posesión de estado de hijos legítimos, o que por los medios de prueba que autoriza el 

artículo anterior se demuestre la filiación y no esté contradicha por el acta de 

nacimiento.

356.- Si un individuo ha sido reconocido constantemente como hijo legítimo de otro, por 

la familia de éste y en la sociedad, quedará probada la posesión de estado de hijo 

legítimo, si además concurre alguna de las circunstancias siguientes: 

I.- Que el hijo haya usado constantemente el apellido del que pretende que es su 

padre, con anuencia de éste; 

II.- Que el padre lo haya tratado como a hijo nacido de su matrimonio, proveyendo a 

su subsistencia, educación y establecimiento. 

Además, será necesario que el presunto padre tenga la edad exigida por el artículo 375. 

356 BIS.- La filiación de los hijos a que se refiere el artículo 337 bis de este Código, se 

demuestra con el acta de nacimiento de aquéllos y, en su caso, con la prueba de la 

fecha en que comenzó o termino la vida común de los padres. 


2001). 

357.- Cuando el hijo no esté en posesión de la filiación legítima y la pretenda, deberá 

acreditar: 

I.- El matrimonio de la madre con la persona de quien pretende ser hijo legítimo; 

II.- El nacimiento durante el tiempo del matrimonio o dentro de los trescientos días 

siguientes a su disolución; 

III.- La identidad personal con el hijo nacido del matrimonio de que se trate. 

358.- Declarado nulo el matrimonio, haya habido buena o mala fe en los cónyuges al 

celebrarlo, los hijos habidos durante él se consideran como hijos habidos en 

matrimonio. 

359.- Las acciones civiles que se intenten contra el hijo por los bienes que haya 

adquirido durante su estado de hijo nacido de matrimonio, aunque después resulte no 

serlo, se sujetarán a las reglas comunes para la prescripción. 

360.- La acción que compete al hijo para reclamar su estado, es imprescriptible para él 

y para sus descendientes. 

361.- Los demás herederos del hijo podrán intentar la acción de que trata el artículo 

anterior: 

I.- Si el hijo murió antes de cumplir veinticinco años; 

II.- Si el hijo cayó en demencia antes de cumplir veinticinco años y murió después en 

el mismo estado. 

362.- Los herederos podrán continuar la acción intentada por el hijo, a no ser que éste 

hubiere desistido formalmente de ella, o nada hubiere promovido judicialmente durante 

un año contado desde la última diligencia. 

También podrán contestar toda demanda que tenga por objeto despojarlo de la 

condición de hijo legítimo.

363.- Los acreedores, legatarios y donatarios tendrán los mismos derechos que a los 

herederos conceden los dos artículos que preceden, si el hijo no dejó bienes suficientes 

para pagarles. 

364.- Las acciones de que hablan los tres artículos anteriores, prescriben a los cuatro 

años contados desde el fallecimiento del hijo. 

365.- La posesión de estado de hijo habido en matrimonio no puede perderse sino por 

sentencia que haya causado ejecutoria que así lo declare. 

366.- Si el que está en posesión de los derechos de padre o de hijo fuere despojado de 

ellos o perturbado en su ejercicio, sin que preceda sentencia, por la cual deba 

perderlos, podrá usar de las acciones que establecen las leyes para que se le ampare o 

restituya en la posesión. 

CAPITULO III 

De la legitimación 

367.- El matrimonio subsecuente de los padres, hace que se tenga como nacidos de 

matrimonio a los hijos habidos antes de su celebración. 

368.- Para que el hijo goce del derecho que le concede el artículo que precede, los 

padres deben reconocerlo expresamente antes de la celebración del matrimonio, en el 

acto mismo de celebrarlo, o durante él, haciendo en todo caso el reconocimiento ambos 

padres, junta o separadamente. 

369.- Si el hijo fuere reconocido por el padre y en su acta de nacimiento consta el 

nombre de la madre, no se necesita reconocimiento expreso de ésta para que la 

legitimación surta sus efectos legales. Tampoco se necesita reconocimiento del padre, si 

ya se expresó el nombre de éste en el acta de nacimiento. 

370.- Aunque el reconocimiento sea posterior a la celebración del matrimonio, los hijos 

adquieren todos sus derechos desde el día en que se celebró el matrimonio de sus 

padres. 

371.- Pueden gozar también del derecho que les concede el artículo 367, los hijos que 

dejaren descendientes, si hubieren fallecido antes de celebrarse el matrimonio de sus 

padres. 

372.- Pueden gozar también del mismo derecho, los hijos no nacidos, si el padre al 

casarse declara que reconoce al hijo de quien la mujer está encinta, o que lo reconoce 

si aquélla estuviere encinta. 

CAPITULO IV

Del reconocimiento de los hijos habidos fuera de matrimonio 

373.- Respecto de los hijos habidos fuera de matrimonio, la maternidad quedará 

probada por el solo hecho del nacimiento. Para justificar este hecho, serán admisibles 

todos los medios de prueba permitidos por la ley. 

374.- Respecto del padre, la filiación se establece por el reconocimiento voluntario o por 

sentencia que declare la paternidad. 

375.- Pueden reconocer a sus hijos naturales los que tengan la edad exigida para 

contraer matrimonio, aumentada con la edad del hijo que va a ser reconocido y un año 

más. 

376.- El menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento del que o 

de los que ejerzan sobre él la patria potestad, o a falta de éstos sin la autorización 

judicial. 

377.- No obstante el reconocimiento hecho por un menor es revocable si prueba que 

sufrió engaño al hacerlo, pudiendo intentar la revocación hasta cuatro años después de 

la mayor edad. 

378.- Puede reconocerse al hijo que no ha nacido o al que ha muerto si ha dejado 

descendencia. 

379.- Los padres pueden reconocer a su hijo conjunta o separadamente. 

380.- El reconocimiento hecho por uno de los padres produce efectos respecto de él y 

no respecto del otro progenitor. 

381.- El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo, y si se ha hecho en 

testamento, no se tendrá por revocado aun cuando el testamento se revoque. 

382.- El reconocimiento puede ser contradicho por un tercero interesado. 

383.- El heredero que resulte perjudicado puede contradecir el reconocimiento dentro 

del año siguiente a la muerte del que lo hizo. 

384.- El reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio deberá hacerse de 

alguno de los modos siguientes: 

I.- En la partida de nacimiento, ante el Juez del Registro Civil; 

II.- Por acta especial ante el mismo juez; 

III.- Por escritura pública; 

IV.- Por testamento; 

V.- Por confesión judicial directa y expresa.

385.- Cuando el padre o la madre reconozcan separadamente a un hijo no podrán 

revelar en el acto del reconocimiento el nombre de la persona con quien fue habido, ni 

exponer ninguna circunstancia por donde aquélla pueda ser identificada. Las palabras 

que contengan la revelación se testarán de oficio, de modo que queden absolutamente 

ilegibles. 

Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo, el caso de reconocimiento del hijo que no 

ha nacido cuando se haga por cualquiera de los tres últimos medios, a no ser que a la 

vez sea hijo de mujer casada en cuyo caso no se podrá hacer el reconocimiento. 

386.- El Oficial del Registro Civil, el Juez de Primera Instancia en su caso, o el Notario 

que consientan en la violación del artículo que precede, serán castigados con la pena de 

destitución de empleo e inhabilitación para desempeñar otro por un término que no 

baje de dos ni exceda de cinco años. 

387.- Cualquiera de los padres podrá reconocer al hijo natural nacido antes del 

matrimonio de aquéllos; y el marido podrá reconocer al habido durante éste; pero no 

tendrá derecho de llevarlo a vivir a la habitación conyugal, si no es con el 

consentimiento expreso de la esposa. 

388.- El hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo por otro hombre 

distinto del marido, sino cuando éste lo haya desconocido y por sentencia ejecutoriada 

se haya declarado que no es hijo suyo. 

389.- El hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin su consentimiento, ni el menor 

sin el de su tutor si lo tiene o del que el Juez le nombrará especialmente para el caso, 

oyendo para el efecto a dicho menor. 

390.- Si el hijo reconocido es menor, puede reclamar contra el reconocimiento cuando 

llegue a la mayor edad. 

391.- El término para deducir esta acción será de cuatro años, que comenzarán a correr 

desde que el hijo sea mayor de edad, si antes de serlo tuvo noticia del reconocimiento; 

y si no la tenía, desde la fecha en que la adquirió. 

392.- La mujer que cuida o ha cuidado de la lactancia de un niño a quien le ha dado su 

nombre o permitido que lo lleve, que públicamente lo ha presentado como hijo suyo y 

ha proveído a su educación y subsistencia podrá contradecir el reconocimiento que un 

hombre haya hecho o pretenda hacer de ese niño. En este caso, no se le podrá separar 

de su lado, a menos que consienta en entregarlo o que fuere obligada a hacer la 

entrega por sentencia ejecutoriada. El término para contradecir el reconocimiento será 

de sesenta días, contados desde que tuvo conocimiento de él. 

393.- Cuando la madre contradiga el reconocimiento hecho sin su consentimiento, 

quedará aquél sin efecto y la cuestión relativa a la paternidad se resolverá en el juicio 

contradictorio correspondiente.

394.- Cuando el padre y la madre que no viven juntos reconozcan al hijo en el mismo 

acto, convendrán cuál de los dos lo tendrá bajo guarda y custodia y en caso de que no 

lo hicieren, el Juez de Primera Instancia del lugar, resolverá lo que creyere más 

conveniente a los intereses del menor. 

395.- En caso de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por los padres que no 

viven juntos, ejercerá la patria potestad el que primero haya reconocido, salvo que se 

conviniere otra cosa entre los padres y siempre que el Juez de Primera Instancia del 

lugar no creyere necesario modificar el convenio por causa grave, con audiencia de los 

interesados y del Ministerio Público. 

396.- La investigación de la paternidad de los hijos nacidos fuera del matrimonio está 

permitida sólo en los casos siguientes: 

I.- En los de rapto, estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la de 

la concepción; 

II.- Cuando el hijo se encuentre en posesión del estado de hijo del presunto padre; 

III.- Cuando el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que la madre habitaba 

bajo el mismo techo con el pretendido padre, viviendo maritalmente; 

IV.- Cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba por escrito contra el 

pretendido padre; 

V.- Cuando la mujer, sin haber vivido maritalmente con el presunto padre, haya 

tenido al hijo y aquel se niegue a reconocerlo. 

En todos estos casos el procedimiento se seguirá en la vía de controversias del orden 

familiar. 

397.- La posesión de estado, para los efectos de la fracción II del artículo que precede, 

se justificará demostrando por los medios ordinarios de prueba que el hijo ha sido 

tratado por el presunto padre o por su familia como hijo del primero, y que éste ha 

proveído a su subsistencia, educación y establecimiento. 

398.- Está permitido al hijo nacido fuera del matrimonio y a sus descendientes, 

investigar la maternidad, la cual podrá probarse por cualquiera de los medios ordinarios. 


400.- El hecho y aun la obligación contraída de dar alimentos no constituye por si solo 

prueba, ni aun presuncional de paternidad o maternidad. Tampoco puede alegarse 

como razón para investigar ésta. 

401.- Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, sólo pueden intentarse 

en vida de los padres. 

Si los padres hubieren fallecido durante la menor edad de los hijos, tienen éstos el 

derecho de intentar la acción antes de que se cumplan cuatro años de su mayor edad. 

402.- El hijo reconocido por el padre, por la madre, o por ambos, tiene derecho:

I.- A llevar el apellido del que lo reconoce; 

II.- A ser alimentado por éste; 

III.- A percibir la porción hereditaria y los alimentos que fije la Ley. 

CAPITULO II 

De la adopción 

403.- Adopción es el acto por el cual una persona mayor de veinticinco años en pleno 

ejercicio de sus derechos, acepta a uno o más menores o incapacitados como hijos, 

adquiriendo respecto de él o ellos todos los derechos que los padres tienen y 

contrayendo todas las responsabilidades que el mismo reporta respecto de la persona 

de un hijo. 

El acto de adopción produce efectos legales entre los adoptantes y adoptados así como 

entre éstos y la familia de los primeros, como si se tratara de un hijo consanguíneo, 

quedando extinguida la filiación entre el adoptante (sic) y sus progenitores; subsisten, 

sin embargo, los impedimentos para contraer matrimonio. 

404.- Toda persona mayor de veinticinco años puede ejercer libremente el derecho de 

la adopción, siempre que entre el adoptante y el adoptado haya una diferencia de edad 

no menor de diez años. 

Podrán ser adoptados simultáneamente por un solo matrimonio o una sola persona, 

gemelos, mellizos, triates o múltiples y en general dos o más menores o incapacitados. 

Cuando se trate de hermanos de diferentes edades, quedará a juicio del Juez decidir 

sobre la conveniencia de la separación o no de éstos para darlos en adopción. 

405.- El marido y la mujer podrán adoptar cuando los dos estén conformes en 

considerar al adoptado o adoptados como sus hijos. En este caso, bastará que 

cualquiera de los dos cónyuges sea mayor de veinticinco años, pero deberá existir la 

diferencia de edad de diez años entre adoptantes y adoptado. 

406.- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo el caso previsto en el 

artículo anterior. 

407.- El tutor no puede adoptar al pupilo sino después de que hayan sido 

definitivamente aprobadas las cuentas de la tutela. 

408.- El menor o el incapacitado que hayan sido adoptados, podrán impugnar la 

adopción durante el año siguiente a la mayor edad o a la fecha en que haya 

desaparecido la incapacidad. 

409.- El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado, los mismos 

derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los 

hijos.

410.- El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos 

derechos y obligaciones que tiene un hijo. 

411.- Para que la adopción pueda tener lugar, deberán consentir en ella, en sus 

respectivos casos las personas u organismo público que enseguida se indica: 

I.- El que ejerce la Patria Potestad sobre el menor, menores, incapacitado o 

incapacitados, que se trate o traten de adoptar; 

II.- El tutor de quien o quienes se van a adoptar; 

III.- Las personas que hayan acogido al o a los sujetos de adopción y tenga o tengan 

el trato como de hijo, cuando no exista titular que ejerza la Patria Potestad, ni tutor; 

IV.- El organismo público descentralizado denominado "Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia", cuando el menor o menores se encuentren bajo su cuidado; 

V.- El Ministerio Público del domicilio del o de los adoptados cuando éstos no tengan 

padres conocidos, ni tutor, ni persona que ostensiblemente le imparta su protección y lo 

haya acogido como hijo. 

Si el sujeto o sujetos de la adopción tienen más de catorce años, también se necesita su 

consentimiento para ese efecto. 

411 bis- Para llevar a cabo la adopción, deberán satisfacerse también los siguientes 

requisitos: 

I.- Demostrar plenamente que es mayor de veinticinco años; 

II.- Que el o los adoptantes tienen medios económicos bastantes para proveer a la 

subsistencia del incapacitado como de hijo propio, según las circunstancias del sujeto o 

sujetos que tratan de adoptarse; 

III.- Que el adoptante sea persona de buenas costumbres; 

IV.- En el caso de menores que se encuentren bajo el cuidado del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.), deberán colmarse, además, los requisitos que 

exija ese organismo público; 

V.- Deberá justificar que la adopción sea benéfica para los menores o incapacitados 

que tratan de adoptarse; 

VI.- Cuando el o los solicitantes sean extranjeros, además de cumplir con los 

requisitos que establecen los artículos anteriores, deberán acreditar su legal estancia en 

el País; y si no reside en éste, deberán contar además con la autorización del Tribunal 

de su país de origen para adoptar a un menor o incapacitado mexicano. 

412.- Si el tutor o el Ministerio Público, sin causa justificada no consienten en la 

adopción, podrá suplir el consentimiento el presidente municipal del lugar en que resida 

el incapacitado, cuando encontrare que la adopción es notoriamente conveniente para 

los intereses morales y materiales de éste. 

413.- El procedimiento para hacer la adopción será fijado por el Código de 

Procedimientos Civiles. 

414.- Tan luego como cause ejecutoria la resolución judicial que se dicte autorizando 

una adopción, quedará ésta consumada.

415.- El juez que apruebe la adopción remitirá copia de las diligencias respectivas al 

Juez del Estado Civil del lugar para que levante el acta correspondiente. 

416 y 417.- Derogados. 

418.- La adopción producirá sus efectos aunque sobrevengan hijos al adoptante. 

419.- La adopción puede revocarse: 

I.- Cuando las dos partes convengan en ello, siempre que el adoptado sea mayor de 

edad o haya desaparecido la incapacidad. Si no lo fuere o no haya recobrado su 

capacidad es necesario que consientan en la revocación las mismas personas que 

prestaron su consentimiento conforme al artículo 411 fracción II de este Código; 

II.- Por ingratitud del adoptado mayor de edad; y 

III.- Por el abandono o maltrato del adoptado por el adoptante. 

420.- Para los efectos de la fracción II del artículo anterior, se considera ingrato al 

adoptado: 

I.- Si comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del adoptante, de 

su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes; 

II.- Si el adoptado acusa judicialmente al adoptante de algún delito grave que 

pudiera ser perseguido de oficio, aunque lo pruebe, a no ser que hubiere sido cometido 

contra el mismo adoptado, su cónyuge, sus ascendientes o descendientes; 

III.- Si el adoptado rehusa dar alimentos al adoptante que ha caído en pobreza. 

421.- En el primer caso del artículo 419 el juez decretará que la adopción quede 

revocada, si convencido de la espontaneidad con que se solicitó la revocación encuentra 

que ésta es conveniente para los intereses morales y materiales del adoptado. 

422.- El decreto del Juez deja sin efecto la adopción y las consecuencias de ésta, a 

partir del día en que se dictó haciendo cesar el parentesco civil creado por la misma. 

423.- En el segundo caso del artículo 419, la adopción deja de producir sus efectos 

desde que se comete el acto de ingratitud aunque la resolución judicial que declare 

revocada la adopción sea posterior. 

424.- Las resoluciones que dicten los jueces aprobando la revocación, se comunicarán al 

Oficial del Registro Civil del lugar en que se hizo para que cancele el acta de adopción. 

TITULO OCTAVO 

DE LA PATRIA POTESTAD 

CAPITULO I 

De los efectos de la patria potestad respecto de la persona de los hijos

425.- La patria potestad es el conjunto de deberes que la sociedad impone a los 

progenitores para atender la crianza, la protección y la educación de sus hijos e hijas 

menores de edad y favorecer el pleno desarrollo de sus potencialidades. Este orden 

público se ejerce atendiendo al interés superior de la infancia e implica un respeto 

mutuo entre progenitores e hijos. 

Los hijos, cualquiera que sean su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a 

sus padres y demás ascendientes. 

426.- Los hijos menores de edad no emancipados, están bajo la patria potestad 

mientras exista alguno de los ascendientes que deba ejercerla conforme a la Ley. 

427.- La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio 

queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores a las modalidades que 

le impriman las leyes aplicables al caso. 

428.- La patria potestad de los hijos se ejerce: 

I.- Por el padre y la madre; y 

II.- Por los abuelos que a juicio del Juez representen el mayor interés de los 

menores, oyendo en todo caso a estos, 

III.- Derogada. 

429.- Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, 

quien atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de que no se pongan de 

acuerdo sobre este punto, el juez, teniendo siempre en cuenta los intereses de los hijos, 

designara a la persona que deba hacerlo. Los hijos habitarán con el ascendiente al que 

se encargue la custodia. 

En todo caso, los hijos tienen derecho de convivir con el progenitor que este separado, 

para lo cual, en caso de disenso entre el padre y la madre, el Juez regulara el régimen 

de visitas y convivencias que mejor atienda a los interés de los hijos. Para tomar su 

decisión, deberá de oír a los menores. 

430.- En los casos previstos en los artículos 394 y 395 cuando por cualquier 

circunstancia deje de ejercer la patria potestad alguno de los padres, entrará a ejercerla 

el otro. 


432.- A falta del padre y de la madre ejercerán la patria potestad sobre los hijos, los 

demás parientes a que se refiere el artículo 428 de este ordenamiento. 

433.- A fin de llamar al ejercicio de la patria potestad a las personas a que se refiere el 

artículo 428, el Juez deberá evaluar las circunstancias concretas y decidir en función de 

lo que sea mas conveniente para el menor de que se trate, como los económicos. En 

todo caso se privilegiarán los primeros sobre los segundos y se oirá al menor .

434.- Solamente por falta o impedimento de todos los llamados preferentemente, 

entrarán al ejercicio de la patria potestad los que siguen en el orden establecido en los 

artículos anteriores. Si sólo faltare alguna de las dos personas a quienes corresponde 

ejercer la patria potestad, la que quede continuará en ejercicio de ese derecho. 

435.- Mientras estuviere el hijo bajo la patria potestad, no podrá dejar la casa de los 

que la ejercen, sin permiso de ellos, o decreto de autoridad competente. 

436.- A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad, incumbe la obligación 

de educarlo convenientemente. 

Cuando llegue a conocimiento de cualquier autoridad administrativa o del juez que 

aquellas personas que teniendo la patria potestad, la guarda o custodia del menor, no 

cumplen con las obligaciones que les corresponden, o ejerzan violencia intrafamiliar 

contra él, lo harán saber al Ministerio Público quien promoverá lo que corresponda, y el 

juez de inmediato, decretará las medidas de protección para aquél. 


2001). 

437.- Quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su seguridad o 

custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que 

sirva a éstos de buen ejemplo. 

La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su 

integridad física o psíquica. 


2001). 

438.- El que está sujeto a la patria potestad no puede comparecer en juicio ni contraer 

obligación alguna, sin expreso consentimiento del que o de los que ejerzan aquel 

derecho. 

En todo caso, el Juez oirá a los hijos sujetos a la patria potestad. 

439.- En caso de irracional disenso, resolverá el juez. 

Si la resolución del juez es en el sentido de autorizar al menor para contraer 

obligaciones o comparecer en juicio, los actos jurídicos que sean consecuencia de esta 

autorización sólo tendrán efectos con relación al mismo menor y a sus bienes; pero de 

ninguna manera afectarán a la persona ni a los bienes de los que ejerzan la patria 

potestad sobre él. 

CAPITULO II 

De los efectos de la patria potestad respecto de los bienes del hijo

440.- Los que ejercen la patria potestad son los legítimos representantes de los que 

están bajo de ella y tienen la administración legal de los bienes que les pertenezcan, 

conforme a las prescripciones de este Código. 

441.- Si la patria potestad se ejerce a la vez por el padre y por la madre, o por el abuelo 

y la abuela, o por los adoptantes, ambos serán los administradores de los bienes del 

menor. 

442.- La persona que ejerza la patria potestad representará también a los hijos en 

juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no es con el 

consentimiento expreso de su consorte, y con la autorización judicial cuando la Ley lo 

requiera expresamente. 

443.- Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos clases: 

I.- Bienes que adquiera por su trabajo; 

II.- Bienes que adquiera por cualquier otro título. 

444.- Los bienes de la primera clase pertenecen en propiedad, administración y 

usufructo al hijo. 

En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del usufructo pertenecen al 

hijo; la administración y la otra mitad del usufructo corresponden a las personas que 

ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si el hijo adquiere bienes por herencia, legado 

o donación, y el testador o donante ha dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo en 

totalidad o en proporción determinada, o que se destine a un fin expreso, se estará a lo 

dispuesto. 

445.- Los padres pueden renunciar su derecho a la mitad del usufructo haciendo 

constar su renuncia por escrito o por cualquiera otro medio que no deje lugar a duda. 

446.- La renuncia del usufructo hecha en favor del hijo, se considera como donación. 

447.- Los réditos y rentas que se hayan vencido antes de que los padres, abuelos o 

adoptantes entren en posesión de los bienes cuya propiedad corresponda al hijo 

pertenecen a éste, y en ningún caso serán frutos de que deba gozar la persona que 

ejerza la patria potestad. 

448.- El usufructo de los bienes concedido a las personas que ejerzan la patria potestad, 

lleva consigo las obligaciones que expresa el capítulo II del título tercero de este libro, 

y, además, las impuestas a los usufructuarios, con excepción de la obligación de dar 

fianza, fuera de los casos siguientes: 

I.- Cuando los que ejerzan la patria potestad han sido declarados en quiebra o estén 

concursados; 

II.- Cuando contraigan ulteriores nupcias; 

III.- Cuando su administración sea notoriamente ruinosa para los hijos.

Si el obligado a dar fianza en los casos de este artículo, no lo hiciere dentro del término 

de sesenta días desde que sobrevino la causa de otorgarla, quedará separado de la 

administración de los bienes que pasará al ascendiente, que debe ejercer la patria 

potestad en su falta, o al tutor que corresponda. 

449.- Cuando por la Ley o por voluntad del padre, el hijo tenga la administración de los 

bienes, se le considerará respecto de la administración como emancipado, con las 

restricciones que establece la Ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes raíces. 

450.- Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo 

los bienes inmuebles y los muebles preciosos que correspondan al hijo, sino por causa 

de absoluta necesidad o de evidente beneficio, y previa la autorización del juez 

competente. 

Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco años, ni recibir 

la renta anticipada por más de dos años; vender valores comerciales, industriales, 

títulos de rentas o acciones, por menor valor del que se cotice en plaza el día de la 

venta; hacer donación de los bienes de los hijos o remisión voluntaria de los derechos 

de éstos; ni dar fianza en representación de ellos. 

451.- Siempre que el juez conceda licencia a los que ejercen la patria potestad para 

enajenar un bien inmueble o un mueble precioso perteneciente al menor, tomará las 

medidas necesarias para hacer que el producto de la venta se dedique al fin para el que 

se solicitó, así como para que el resto se invierta en la adquisición de un inmueble o se 

imponga, con segura hipoteca, en favor del menor. 

Al efecto, el precio de la venta se depositará en una institución de crédito y la persona 

que ejerza la patria potestad no podrá disponer de él sin orden judicial. 

452.- El derecho de usufructo concedido a las personas que ejerzan la patria potestad, 

se extingue: 

I.- Por la emancipación o la mayor edad del hijo; 

II.- Por la pérdida de la patria potestad; 

III.- Por renuncia. 

453.- En los casos de suspensión de la patria potestad también se suspenderá el 

derecho a la administración y usufructo de los bienes del hijo, que pasará a la persona 

que deba desempeñar, en defecto del suspendido, la patria potestad; si no la hubiere se 

designará tutor. 

La suspensión de esos derechos durará el mismo tiempo que el de la patria potestad. 

454.- Las personas que ejerzan la patria potestad tienen obligación de dar cuenta de la 

administración de los bienes de los hijos.

455.- En todos los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad tengan 

interés opuesto al de los hijos, serán éstos representados en juicio y fuera de él, por un 

tutor nombrado por el juez para cada caso. 

456.- Los jueces tienen facultad de tomar las medidas necesarias para impedir que, por 

la mala administración de quienes ejerzan la patria potestad, los bienes del hijo se 

derrochen o disminuyan. 

Estas medidas se tomarán a instancia de las personas interesadas, del menor cuando 

hubiere cumplido catorce años o del Ministerio Público en todo caso. 

457.- Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a los hijos, luego que 

éstos se emancipen o lleguen a la mayor edad, todos los bienes y frutos que les 

pertenezcan. 

CAPITULO III 

De (sic) modos de acabarse y suspenderse la patria potestad 

458.- La patria potestad se acaba: 

I.- Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga; 

II.- Con la emancipación; 

III.- Con la mayor edad del hijo. 

459.- La patria potestad se pierde: 

I.- Cuando el que la ejerce es condenado expresamente a la pérdida de ese 

derecho, o cuando es condenado, dos o más veces, a pena privativa de libertad mayor 

de dos años; 

II.- Cuando por las costumbres depravadas de quienes la ejercen, malos tratamientos 

o abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad, o la 

moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la Ley 

penal. Se entiende por maltrato todo acto u omisión dirigido a dominar, someter, 

controlar o agredir física, psicoemocional o sexualmente al hijo o hija sujeto a la patria 

potestad; 

III.- Por la exposición que el que, o los que, ejerzan la patria potestad hicieren de los 

sujetos a ella, o porque los dejen abandonados por más de seis meses. 

La patria potestad se pierde o se suspende en los casos de divorcio según las 

prevenciones del artículo 295 de este Código. 

460.- La madre o la abuela que pase a segundas nupcias no perderá, por este hecho, la 

patria potestad. 

461.- El nuevo marido no ejercerá la patria potestad sobre los hijos del matrimonio 

anterior. 

462.- La patria potestad se suspende:

I.- Por incapacidad, declarada judicialmente; 

II.- Por ausencia, declarada en forma; 

III.- Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión. 

463.- La patria potestad no es renunciable. 

TITULO NOVENO 

DE LA TUTELA 

CAPITULO I 


464.- El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no estando 

sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, 

para gobernarse por sí mismos. La tutela puede también tener por objeto la 

representación interina del incapaz en los casos especiales que señala la Ley. 

En la tutela se cuidará preferentemente de la persona de los incapacitados. Su ejercicio 

queda sujeto, en cuanto a la guarda y educación de los menores, a las modalidades de 

que habla la parte final del artículo 427. 

465.- Tienen incapacidad natural y legal: 

I.- Los menores de edad; 

II.- Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque 

tengan intervalos lúcidos y aquellos que padezcan alguna afección originada por 

enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicologico o sensorial o por la 

adicción a substancias tóxicas como el alcohol, los psicotropicos o los estupefacientes, 

siempre que debido a la limitación, o la alteración en la inteligencia que esto les 

provoque no puedan gobernarse y obligarse por si mismos, o manifestar su voluntad 

por algún medio. 

III.- Derogada. 

IV.- Derogada. 

466.- Los menores de edad emancipados tienen incapacidad legal para los actos que se 

mencionan en el artículo relativo del capítulo I, título décimo de este libro. 

467.- La tutela es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse, sino por 

causa legítima. 

468.- El que rehusare sin causa legal desempeñar el cargo de tutor, es responsable de 

los daños y perjuicios que de su negativa resulten al incapacitado. 

469.- La tutela se desempeñará por el tutor con intervención del Curador, y del Consejo 

de Tutelas, en los términos establecidos en este Código.

470.- Ningún incapaz puede tener al mismo tiempo más de un tutor o de un curador 

definitivos. 

471.- El tutor y el curador pueden desempeñar la tutela o la curatela de tres incapaces. 

Si éstos son hermanos, o son coherederos o legatarios de la misma persona, puede 

nombrarse un solo tutor o un curador a todos ellos, aunque sean más de tres. 

472.- Cuando los intereses de alguno o algunos de los incapaces, que tienen el mismo 

tutor, fueren opuestos, éste lo pondrá en conocimiento del juez, quien nombrará un 

tutor especial que defienda los intereses de los incapaces que el mismo designe, 

mientras se decide el punto de oposición. 

473.- Los cargos de tutor y de curador de un incapaz no pueden ser desempeñados al 

propio tiempo por una misma persona. Tampoco pueden desempeñarse por personas 

que tengan entre sí parentesco en cualquier grado en línea recta, o dentro del cuarto de 

la colateral. 

474.- No pueden ser nombrados tutores o curadores las personas que integren los 

consejos locales de tutelas; ni los que estén ligados por parentesco de consanguinidad 

con éstas en línea recta, sin limitación de grado; y en la colateral, dentro del cuarto 

inclusive. 

475. - Cuando fallezca una persona que ejerza la patria potestad sobre un incapaz a 

quien deba nombrarse tutor, el ejecutor testamentario y en caso de intestado los 

parientes y personas con quienes haya vivido, están obligados a dar parte del 

fallecimiento al Juez de Primera Instancia respectivo, dentro de ocho días, a fin de que 

provea la tutela, bajo la pena de una multa hasta de uno a cinco salarios mínimos. 

Los Oficiales del Registro Civil, las Autoridades administrativas y las judiciales, tienen la 

obligación de dar aviso al Juez de Primera Instancia de los casos en que sea necesario 

nombrar tutor y que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 


2001). 

476.- La tutela puede ser testamentaria, legítima o dativa. 

477.- Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare en los términos 

que disponga el Código de Procedimientos Civiles, el estado de incapacidad de la 

persona que va a quedar sujeta a ella. 

478.- Los tutores y curadores no pueden ser removidos de su cargo sin que 

previamente hayan sido oídos y vencidos en juicio. 

479.- El menor de edad que se encuentre en cualquiera de los casos a que se refiere la 

fracción II del artículo 465, estará sujeto a la tutela de los menores, mientras no llegue 

a la mayor edad. Si al llegar ésta continuare el impedimento, el incapaz se sujetará a

nueva tutela, previo juicio de interdicción, en el cual serán oídos el tutor y el curador 

anteriores. 

480.- Los hijos menores de un incapaz quedarán bajo la patria potestad del ascendiente 

que corresponda conforme a la Ley, y no habiéndolo, se les proveerá de tutor. 

481.- El cargo de tutor respecto de las personas comprendidas en los casos a que se 

refiere la fracción II del artículo 465, durará el tiempo que subsista la interdicción 

cuando sea ejercitado por los descendientes o los ascendientes. El cónyuge sólo tendrá 

obligación de desempeñar ese cargo mientras conserve su carácter de cónyuge. Los 

extraños que desempeñen la tutela de que se trata, tienen derecho a que se les releve 

de ella a los diez años de ejercerla.(sic) 

482.- La interdicción de que habla el artículo anterior no cesará sino por la muerte del 

incapacitado; o por sentencia definitiva, que se pronunciará en juicio seguido conforme 

a las mismas reglas establecidas por el de interdicción. 

483.- Los Jueces de Primera Instancia son las autoridades competentes para intervenir 

en los asuntos relativos a la tutela. 

484.- El juez de Primera Instancia del domicilio del incapacitado cuidará 

provisionalmente de la persona y bienes de éste, hasta que se nombre tutor. 

485.- El Juez que no cumpla las prescripciones relativas a la tutela, además de las 

penas en que incurra conforme a las leyes, será responsable de los daños y perjuicios 

que sufran los incapaces. 

CAPITULO II 

De la tutela testamentaria 

486.- El ascendiente que sobreviva, de los dos que en cada grado deben ejercer la 

patria potestad conforme a lo dispuesto en el artículo 428, tienen derecho, aunque 

fuere menor, de nombrar tutor en su testamento a aquéllos sobre quienes la ejerza, con 

inclusión del hijo póstumo. 

4 

487.- El nombramiento de tutor testamentario hecho en los términos del artículo 

anterior, excluye del ejercicio de la patria potestad a los ascendientes de ulteriores 

grados. 

488.- Si los ascendientes excluidos estuvieren incapacitados o ausentes, la tutela cesará 

cuando cese el impedimento o se presenten los ascendientes, a no ser que el testador 

haya dispuesto expresamente que continúe la tutela.

489.- El que en su testamento, aunque sea un menor no emancipado, deje bienes, ya 

sea por legado o por herencia, a un incapaz que no esté bajo su patria potestad ni bajo 

la de otro, puede nombrarle tutor sólo para la administración de los bienes que le deje. 

490.- Si fueren varios los menores podrá nombrárseles un tutor común o conferirse a 

persona diferente la tutela de cada uno de ellos; observándose en su caso lo dispuesto 

en el artículo 472. 

491.- El padre que ejerza la tutela de un hijo sujeto a interdicción por incapacidad 

intelectual puede nombrarle tutor testamentario si la madre ha fallecido o no puede 

legalmente ejercer la tutela. 

La madre, en su caso, podrá hacer el nombramiento de que trata este artículo. 

492.- En ningún otro caso hay lugar a la tutela testamentaria del incapacitado. 

493.- Siempre que se nombren varios tutores, desempeñará la tutela el primer 

nombrado, a quien substituirán los demás, por el orden de su nombramiento, en los 

casos de muerte, incapacidad, excusa o remoción. Esto no regirá cuando el testador 

haya establecido el orden en que los tutores deben sucederse en el desempeño de la 

tutela. 

494.- Deben observarse todas las reglas, limitaciones y condiciones puestas por el 

testador para la administración de los bienes del incapaz, que no sean contrarias a las 

leyes, a no ser que el juez, oyendo al tutor y al curador las estime dañosas a los 

intereses de aquél, en cuyo caso podrá dispensarlas o modificarlas. 

495.- Si por algún nombramiento provisional de tutor o por algún otro motivo, faltare 

temporalmente el tutor testamentario, el juez proveerá de tutor interino al menor, 

conforme a las reglas generales sobre nombramiento de tutores. 

496.- El adoptante que ejerza la patria potestad tiene derecho de nombrar tutor 

testamentario a su hijo adoptivo; aplicándose a esta tutela lo dispuesto en los artículos 

anteriores. 

CAPITULO III 

De la tutela legítima de los menores 

497.- Ha lugar a tutela legítima: 

I.- Cuando no hay quien ejerza la patria potestad, ni tutor testamentario; 

II.- Cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio. 

498.- La tutela legítima corresponde: 

I.- A los hermanos, prefiriéndose a los que lo sean por ambas líneas; 

II.- Por falta o incapacidad de los hermanos a los colaterales dentro del tercer grado 

inclusive.

499.- Si hubiese varios hermanos de igual vínculo, y varios tíos de igual grado, el juez 

elegirá entre ellos al que le parezca más apto para el cargo; pero si el menor hubiere 

cumplido dieciséis años, él hará la elección. 

500.- La falta temporal del tutor legítimo se suplirá en los términos establecidos en los 

dos artículos anteriores. 

CAPITULO IV 

De la tutela legítima de los 

Mayores de edad incapaces 

501.- El marido es el tutor legítimo y forzoso de su mujer y ésta lo es de su marido. 

502.- Los hijos mayores de edad son tutores de su padre o madre viudos. 

503.- Cuando haya dos o más hijos, será preferido el que viva en compañía del padre o 

de la madre; y siendo varios los que estén en el mismo caso, el juez elegirá el que le 

parezca más apto. 

504.- El padre, y por muerte o incapacidad de éste la madre, son de derecho tutores de 

sus hijos, solteros o viudos, cuando ellos no tengan hijos que puedan desempeñar la 

tutela. 

505.- A falta de tutor testamentario y de persona que con arreglo a los artículos 

anteriores deba desempeñar la tutela, serán llamados a ella sucesivamente: el abuelo 

paterno, el materno, los hermanos del incapacitado y los demás colaterales a que se 

refiere la fracción II del artículo 498 observándose, en su caso, lo que dispone el 

artículo 499. 

506.- El tutor del incapacitado que tenga hijos menores bajo su patria potestad, será 

también tutor de ellos, si no hay otro ascendiente a quien la Ley llame al ejercicio de 

aquel derecho. 

CAPITULO V 

De la tutela legítima de los menores 

abandonados y de los acogidos por alguna persona, 

o depositados en establecimientos de beneficencia 

507.- La Ley coloca a los expósitos bajo la tutela de la persona que los haya acogido, 

quien tendrá las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los demás 

tutores. 

508.- Los directores de las inclusas, hospicios y demás casas de beneficencia donde se 

reciban expósitos, desempeñarán la tutela de éstos, con arreglo a las leyes y a lo que 

prevengan los estatutos del establecimiento.

509.- En el caso del artículo anterior, no es necesario el discernimiento del cargo. 

509 bis.- Los responsables de las casas de asistencia, ya sean públicas o privadas, 

donde se reciban menores que hayan sido objeto de la violencia intrafamiliar, tendrán la 

custodia de estos en los términos que prevengan las leyes y los estatutos de la 

institución. En todo caso darán aviso al Ministerio Publico y a quien corresponda el 

ejercicio de la patria potestad y no se encuentre señalado como responsable del evento 

de violencia intrafamiliar. 


2001). 

CAPITULO VI 

De la tutela dativa 

510.- La tutela dativa tiene lugar: 

I.- Cuando no hay tutor testamentario ni persona a quien conforme a la Ley 

corresponda la tutela legítima; 

II.- Cuando el tutor testamentario está impedido temporalmente de ejercer su cargo 

y no hay algún pariente de los designados en el artículo 498; 

III.- En los demás casos en que lo ordene la Ley. 

511.- El tutor dativo será designado por el menor si ha cumplido dieciséis años. El juez 

confirmará la designación si no tiene justa causa para reprobarla. Para reprobar las 

ulteriores designaciones que haga el menor, el juez oirá el parecer del Consejo de 

Tutelas. Si no se aprueba el nombramiento hecho por el menor, el juez nombrará tutor 

conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

512.- Si el menor no ha cumplido dieciséis años el nombramiento de tutor lo hará el 

juez de entre las personas que figuran en la lista formada cada año por el Consejo de 

Tutelas, oyendo al Ministerio Público, quien debe cuidar de que quede comprobada la 

honorabilidad de la persona elegida para tutor. 

513.- Si el juez no hace oportunamente el nombramiento de tutor, es responsable de 

los daños y perjuicios que se sigan al menor por esa falta. 

514.- Siempre será dativa la tutela para asuntos judiciales del menor de edad 

emancipado. 

515.- Los menores de edad que no estén sujetos a patria potestad, ni a tutela 

testamentaria o legítima, aunque no tengan bienes, se les nombrará tutor dativo. La 

tutela, en este segundo caso, tendrá por objeto el cuidado de la persona del menor a 

efecto de que reciba la educación que corresponde. El tutor será nombrado a petición 

del Consejo de Tutelas, del Ministerio Público, del mismo menor, y aun de oficio por el 

juez.

516.- En el segundo caso del artículo anterior, el juez nombrará, de entre las personas 

que figuren en las listas que deben formar los Consejos de Tutelas, la que desempeñe 

la del menor, siempre que aquélla esté conforme con desempeñar gratuitamente el 

cargo. 

517.- Si el menor que se encuentra en el segundo caso previsto por el artículo 514, 

adquiere bienes, el juez le nombrará tutor dativo, de acuerdo con lo que disponen las 

reglas generales para hacer esos nombramientos. 

CAPITULO VII 

De las personas inhábiles para el desempeño 

de la tutela y de las que deben ser separadas de ella 

518.- No pueden ser tutores, aunque estén anuentes en recibir el cargo: 

I.- Los menores de edad; 

II.- Los incapaces mayores de edad; 

III.- Los que hayan sido removidos de otra tutela por haberse conducido mal, ya 

respecto de la persona, ya respecto de la administración de los bienes del incapacitado; 

IV.- Los que por sentencia que cause ejecutoria hayan sido condenados a la privación 

de este cargo a la inhabilitación para obtenerlo; 

V.- Los que hayan sido condenados por robo, abuso de confianza, estafa, fraude o 

por delitos contra la honestidad; 

VI.- Los que no tengan oficio o modo de vivir conocido o sean notoriamente de mala 

conducta; 

VII.- Los que al deferirse la tutela tengan pleito pendiente con el incapacitado; 

VIII.- Los deudores del incapacitado en cantidad considerable, a juicio del juez, a no 

ser que el que nombre tutor testamentario lo haya hecho con conocimiento de la deuda 

declarándolo así expresamente, al hacer el nombramiento; 

IX.- Los jueces, magistrados y demás funcionarios o empleados de la administración 

de justicia; 

X.- El que no esté domiciliado en el lugar en que deba ejercer la tutela; 

XI.- Los empleados públicos de Hacienda, que por razón de su destino, tengan 

responsabilidad pecuniaria actual o lo hayan tenido y no la hubieren cubierto; 

XII.- Los que padezcan enfermedad crónica contagiosa; 

XIII.- Los demás a quienes lo prohiba la Ley. 

519.- Serán separados de la tutela: 

I.- Los que sin haber caucionado su manejo conforme a la Ley, ejerzan la 

administración de los bienes del incapaz; 

II.- Los que se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, ya sea respecto de la 

persona, ya respecto de la administración de los bienes; 

III.- Los tutores que no rindan sus cuentas dentro del término fijado por el artículo 

604; 

IV.- Los comprendidos en el artículo anterior, desde que sobrevenga o se averigüe su 

inhabilidad; 

V.- El tutor que se encuentre en el caso previsto por el artículo 159;

VI.- El tutor que permanezca ausente, por más de seis meses, del lugar en que deba 

desempeñar la tutela. 

520.- No pueden ser tutores ni curadores de las personas comprendidas en la Fracción 

II del artículo 465, quienes hayan sido causa o fomentado directa o indirectamente tales 

enfermedades o padecimientos. 


522.- El Ministerio Público y los parientes del pupilo, tienen derecho de promover la 

separación de los tutores que se encuentren en alguno de los casos previstos por el 

artículo 519 y de los que no cumplan o abandonen el encargo. 

523.- El tutor que fuere procesado por cualquier delito, quedará suspenso en el ejercicio 

de su cargo desde que se provea el auto motivado de prisión, hasta que se pronuncie 

sentencia irrevocable. 

524.- En el caso de que trata el artículo anterior, se proveerá a la tutela conforme a la 

Ley. 

525.- Absuelto el tutor, volverá al ejercicio de su encargo. Si es condenado a una pena 

que no lleve consigo la inhabilitación para desempeñar la tutela volverá a ésta al 

extinguir su condena, siempre que la pena impuesta no exceda de un año de prisión. 

CAPITULO VIII 

De las excusas para el desempeño de la tutela 

526.- Pueden excusarse de ser tutores: 

I.- Los empleados y funcionarios públicos; 

II.- Los militares en servicio activo; 

III.- Los que tengan bajo su patria potestad tres o más descendientes; 

IV.- Los que fueren tan pobres que no puedan atender a la tutela sin menoscabo de 

su subsistencia; 

V.- Los que por el mal estado habitual de su salud, o por no saber leer ni escribir no 

pueden atender debidamente a la tutela; 

VI.- Los que tengan sesenta años cumplidos; 

VII.- Los que tengan a su cargo otra tutela o curaduría. 

527.- Si el que teniendo excusa legítima para ser tutor, acepta el cargo, renuncia por el 

mismo hecho a la excusa que le concede la Ley. 

528.- El tutor debe proponer sus impedimentos o excusas dentro de diez días después 

de sabido el nombramiento, disfrutando un día por cada veinte kilómetros que medien 

entre su domicilio y el lugar de la residencia del juez competente. 

Transcurrido el término sin ejercitar el derecho, se entiende renunciada la excusa.

529.- Si el tutor tuviere dos o más excusas, las propondrá simultáneamente dentro del 

plazo señalado en el artículo anterior; y si propone una sola, se entenderán renunciadas 

las demás. 

530.- Mientras se califica el impedimento o la excusa, el juez nombrará un tutor 

interino. 

531.- El tutor testamentario que se excuse de ejercer la tutela, perderá todo derecho a 

lo que le hubiere dejado el testador por este concepto. 

532.- El tutor, que sin excusa o desechada la que hubiere propuesto, no desempeñe la 

tutela, pierde el derecho que tenga para heredar al incapacitado que muera intestado y 

es responsable de los daños y perjuicios que por su renuncia hayan sobrevenido al 

mismo incapacitado. En igual pena incurrirá la persona a quien corresponda la tutela 

legítima, si habiendo sido legalmente citado no se presenta al juez manifestando su 

parentesco con el incapaz. 

533.- Muerto el tutor que esté desempeñando la tutela, sus herederos o ejecutores 

testamentarios están obligados a dar aviso al juez, quien proveerá inmediatamente al 

incapacitado del tutor que corresponda, según la Ley. 

CAPITULO IX 

De la garantía que deben prestar los 

tutores para asegurar su manejo. 

534.- El tutor, antes de que se le discierna el cargo, prestará caución para asegurar su 

manejo. Esta caución consistirá: 

I.- En hipoteca o prenda; 

II.- En fianza. 

La garantía prendaria que preste el tutor se constituirá depositando las cosas dadas en 

prenda en una Institución de Crédito autorizada para recibir depósitos; a falta de ella se 

depositarán en poder de persona de notoria solvencia y honorabilidad. 

535.- Están exceptuados de la obligación de dar garantía: 

I.- Los tutores testamentarios, cuando expresamente los haya relevado de esta 

obligación el testador; 

II.- El tutor que no administre bienes; 

III.- El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que conforme a la Ley son 

llamados a desempeñar la tutela de sus descendientes salvo lo dispuesto en el artículo 

538; 

IV.- Los que acojan a un expósito, lo alimenten y eduquen convenientemente por 

más de diez años, a no ser que hayan recibido pensión para cuidar de él. 

536.- Los comprendidos en la fracción I del artículo anterior, sólo estarán obligados a 

dar garantía cuando con posterioridad a su nombramiento haya sobrevenido causa

ignorada por el testador que, a juicio del juez y previa audiencia del curador, hagan 

necesaria aquélla. 

537.- La garantía que presten los tutores no impedirá que el Juez, a moción del 

Ministerio Público, del Consejo de Tutelas, de los parientes próximos del incapacitado o 

de éste, si ha cumplido dieciséis años, dicte las providencias que se estimen útiles para 

la conservación de los bienes del pupilo. 

538.- Cuando la tutela del incapacitado recaiga en el cónyuge, en los ascendientes o en 

los hijos, no se dará garantía; salvo el caso de que el juez, con audiencia del curador o 

del Consejo de Tutelas, lo crea conveniente. 

539.- Siempre que el tutor sea también coheredero del incapaz y éste no tenga más 

bienes que los hereditarios, no se podrá exigir al tutor otra garantía que la de su misma 

porción hereditaria, a no ser que esta porción no iguale a la mitad de la porción del 

incapaz, pues en tal caso se integrará la garantía con bienes propios del tutor o con 

fianza. 

540.- Siendo varios los incapacitados cuyo haber consista en bienes procedentes de una 

herencia indivisa, si son varios los tutores sólo se exigirá a cada uno de ellos garantía 

por la parte que corresponda a su representado. 

541.- El tutor no podrá dar fianza para caucionar su manejo sino cuando carezca de 

bienes en que constituir fianza, hipoteca o prenda. 

542.- Cuando los bienes que tenga no alcancen a cubrir la cantidad que ha de asegurar 

conforme al artículo siguiente, la garantía podrá consistir: Parte en hipoteca o prenda, 

parte en fianza, o solamente en fianza, a juicio del juez y previa audiencia del curador y 

del Consejo de Tutelas. 

543.- La hipoteca o prenda y, en su caso, la fianza se darán: 

I.- Por el importe de las rentas de los bienes raíces en los dos últimos años y por los 

réditos de los capitales impuestos durante ese mismo tiempo; 

II.- Por el valor de los bienes muebles; 

III.- Por el de los productos de las fincas rústicas en dos años, calculados por peritos, 

o por el término medio de productos en un quinquenio, a elección del juez; 

IV.- Si hubiere negociaciones mercantiles e industriales por el 20% del importe de las 

mercancías y demás efectos muebles, calculado por los libros, si están llevados en 

debida forma, o a juicio de peritos. 

544.- Si los bienes del incapacitado enumerados en el artículo que precede aumentan o 

disminuyen durante la tutela podrá aumentarse o disminuirse proporcionalmente la 

hipoteca, la prenda o la fianza, a pedimento del tutor, del curador, del Ministerio 

Público, o del Consejo de Tutelas.

545.- El juez responde subsidiariamente de los daños y perjuicios que sufra el 

incapacitado por no haber exigido que se caucione el manejo de la tutela. 

546.- Si el tutor, dentro de tres meses de aceptado su nombramiento, no pudiere dar la 

garantía por las cantidades que fija el artículo 543, se procederá al nombramiento de 

nuevo tutor. 

547.- Durante los tres meses señalados en el artículo precedente, desempeñará la 

administración de los bienes un tutor interino, quien los recibirá por inventario solemne 

y no podrá ejecutar otros actos que los indispensables para la conservación de los 

bienes y percepción de los productos. 

Para cualquier otro acto de administración, requerirá la autorización judicial, la que se 

concederá, si procede, oyendo al curador. 

548.- Al presentar el tutor su cuenta anual, el curador o el Consejo de Tutelas deben 

promover información de supervivencia o idoneidad de los fiadores dados por aquél; 

esta información también podrán promoverla en cualquier tiempo que lo estimen 

conveniente. El Ministerio Público tiene igual facultad y, hasta de oficio, el juez puede 

exigir esa información. 

549.- Es también obligación del curador y del Consejo de Tutelas, vigilar el estado de 

las fincas hipotecadas por el tutor o de los bienes entregados en prenda, dando aviso al 

juez de los deterioros y menoscabo que en ellos hubiere, para que si es notable la 

disminución del precio, se exija al tutor que asegure con otros bienes los intereses que 

administra. 

CAPITULO X 

Del desempeño de la tutela 

550.- Cuando el tutor tenga que administrar bienes, no podrá entrar a la administración 

sin que antes se nombre curador, excepto en el caso del artículo 507. 

551.- El tutor que entre a la administración de los bienes sin que se haya nombrado 

curador, será responsable de los daños y perjuicios que cause al incapacitado y, 

además, separado de la tutela; mas ningún extraño pueda rehusarse a tratar con él 

judicial o extrajudicialmente alegando la falta de curador. 

552.- El tutor está obligado: 

I.- A alimentar y educar al incapacitado; 

II.- A destinar de preferencia los recursos del incapacitado a la curación de sus 

enfermedades o a su regeneración, si es un ebrio consuetudinario o abusa 

habitualmente de las drogas enervantes; 

III.- A formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituya el patrimonio 

del incapacitado dentro del término que el juez designe, con intervención del curador y 

del mismo incapacitado, si goza de discernimiento y ha cumplido dieciséis años de edad.

El término para formar el inventario no podrá ser mayor de seis meses; 

IV.- Administrar el caudal del incapacitado. El pupilo será consultado para los actos 

importantes de la administración, cuando sea capaz de discernimiento y mayor de 

dieciséis años. 

La administración de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo, le 

corresponde a él y no al tutor; 

V.- A representar al incapacitado en juicio y fuera de él en todos los actos civiles, con 

excepción del matrimonio, del reconocimiento de hijos, del testamento y de otros 

estrictamente personales; 

VI.- A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente no 

pueda hacer sin ella. 

553.- Los gastos de alimentación y educación de incapacitado deben regularse de 

manera que nada necesario le falte, según sus condiciones y posibilidad económica. 

554.- Cuando el tutor entre en el ejercicio de su encargo, el juez fijará con audiencia de 

aquél, la cantidad que haya de invertirse en los alimentos y educación del incapacitado, 

sin perjuicio de alterarla, según el aumento o disminución del patrimonio y otras 

circunstancias. Por las mismas razones podrá el juez alterar la cantidad que el que 

nombre tutor hubiere señalado para dicho objeto. 

555.- El tutor destinará al menor a la carrera u oficio que éste elija, según las 

circunstancias. Si el tutor infringe esta disposición, puede el menor, por conducto del 

curador, del Consejo de Tutelas o por sí mismo, ponerlo en conocimiento del juez para 

que dicte las medidas convenientes. 

556.- Si el que tenía la patria potestad sobre el menor lo había dedicado a alguna 

carrera, el tutor no variará ésta, sin la aprobación del juez, quien decidirá este punto 

prudentemente y oyendo en todo caso al mismo menor, al curador y al Consejo de 

Tutelas. 

557.- Si las rentas del menor no alcanzaren a cubrir los gastos de su alimentación y 

educación, el juez decidirá si ha de ponérsele a aprender un oficio o adoptarse otro 

medio para evitar la enajenación de los bienes y, si fuere posible, sujetará a las rentas 

de éstos los gastos de alimentación. 

558.- Si los menor o los mayores de edad, con algunas de las incapacidades a que se 

refiere el artículo 465 Fracción II, fuesen indigentes o caresiecen de suficiente medios 

para los gastos que demanden su alimentación y educación, el tutor exigirá 

judicialmente la prestación de esos gastos a los parientes que tienen obligación legal de 

alimentar a los incapacitados. Las expensas que esto origine, serán cubiertas por el 

deudor alimentario. Cuando el mismo tutor sea el obligado a dar alimentos por razón de 

su parentesco con el tutelado, el curador ejercitará la acción a que este artículo se 

refiere.

559.- Si los menores o mayores de edad con incapacidades como las que señala el 

artículo 465 en su Fracción II no tienen personas que estén obligadas a alimentarlos, o 

si teniéndolos no pudieren hacerlo, el tutor, con autorización del juez de lo familiar, 

quien oirá el parecer del curador y el Consejo Local de las Tutelas, pondrá al tutelado 

en un establecimiento de beneficencia pública o privada en donde pueda alimentarse y 

habilitarse. En su caso, si esto no fuera posible, el tutor procurará que los particulares 

suministren trabajo al incapacitado, compatible con su edad y circunstancias personales, 

con la obligación de alimentarlo y educarlo. No por eso el tutor queda eximido de su 

cargo, pues continuará vigilando a su tutelado, a fin de que no sufra daño por lo 

excesivo del trabajo, lo insuficiente de la alimentación o lo defectuoso de la educación 

que se les imparta. 

560.- Los incapacitados indigentes que no puedan ser alimentados y educados por los 

medios previstos en los dos artículos anteriores, lo serán a costa de las rentas públicas 

del Estado; pero si se llega a tener conocimiento de que existen parientes del 

incapacitado que estén legalmente obligados a proporcionarle alimentos, el Ministerio 

Público deducirá la acción correspondiente para que se reembolse al Gobierno de los 

gastos que hubiere hecho en cumplimiento de lo dispuesto por este artículo. 

561.- El tutor de los incapacitados a que se refiere la fracción II del artículo 552 está 

obligado a presentar al juez, en el mes de enero de cada año, certificado de dos 

facultativos que declaren acerca del estado del individuo sujeto a interdicción, a quien 

para este efecto reconocerán en presencia del curador. El juez se cerciorará del estado 

que guarda el incapacitado y tomará todas las medidas que estime convenientes para 

mejorar su condición. 

562.- Para la seguridad, alivio y mejoría de las personas a que se refiere el artículo 

anterior, el tutor adoptará las medidas que juzgue oportunas, previa la autorización 

judicial que se otorgará con audiencia del curador. Las medidas que fueren muy 

urgentes podrán ser ejecutadas por el tutor, quien dará cuenta inmediatamente al juez 

para obtener la debida aprobación. 

563.- La obligación de hacer inventario no puede ser dispensada ni aun por los que 

tienen derecho de nombrar tutor testamentario. 

564.- Mientras que el inventario no estuviere formado, la tutela debe limitarse a los 

actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del incapacitado. 

565.- El tutor está obligado a listar en el inventario el crédito que tenga contra el 

incapacitado; si no lo hace, pierde el derecho de cobrarlo. 

566.- Los bienes que el incapacitado adquiera después de la formación del inventario, 

se incluirán inmediatamente en él, con las mismas formalidades prescritas en la fracción 

III del artículo 552.

567.- Hecho el inventario no se admite al tutor rendir prueba en contra de él en 

perjuicio del incapacitado, ni antes ni después de la mayor edad de éste, ya sea que 

litigue en nombre propio o con la representación del incapacitado. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos en que el error del 

inventario sea evidente o cuando se trate de derecho claramente establecido. 

568.- Si se hubiere omitido listar algunos bienes en el inventario, el menor mismo, antes 

o después de la mayor edad, y el curador o cualquier pariente, pueden ocurrir al juez, 

pidiendo que los bienes omitidos se listen, y el juez, oído el parecer del tutor, 

determinará en justicia. 

569.- El tutor, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijará, con aprobación del 

juez, la cantidad que haya de invertirse en gastos de administración y el número y 

sueldos de los dependientes necesarios. Ni el número ni el sueldo de los empleados, 

podrá aumentarse después, sino con aprobación judicial. 

570.- Lo dispuesto en el artículo anterior no liberta al tutor de justificar, al rendir sus 

cuentas, que efectivamente han sido gastadas las sumas listadas en sus respectivos 

objetos. 

571.- Si el padre o la madre del menor ejercían algún comercio o industria, el juez, con 

informe de dos peritos, decidirá si ha de continuar o no la negociación; a no ser que los 

padres hubieren dispuesto algo sobre este punto, en este caso se respetará su voluntad 

en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. 

572.- El dinero que resulte sobrante después de cubiertas las cargas y atenciones de la 

tutela, el que proceda de las redenciones de capitales y el que se adquiera de cualquier 

otro modo, será impuesto por el tutor, dentro de tres meses, contados desde que se 

reúna la cantidad de tres mil salarios mínimos, con segura hipoteca, calificada bajo su 

responsabilidad, teniendo en cuenta el precio de la finca, sus productos y la 

depreciación que pueda sobrevenir al realizarla o en inversión bancaria. 


2001). 

573.- Si para hacer la imposición dentro del término señalado en el artículo anterior, 

hubiere algún inconveniente grave, lo manifestará al juez, quien podrá ampliar el plazo 

por otros tres meses. 

574.- El autor (sic ¿tutor?) que no haga las imposiciones dentro de los plazos señalados 

en los dos artículos anteriores, pagará los réditos legales mientras que los capitales no 

sean impuestos. 

575.- Mientras que se hacen las imposiciones a que se refieren los artículos 573 y 574 el 

tutor depositará las cantidades que perciba en una Institución de Crédito autorizada al 

efecto.

576.- Los bienes inmuebles, los derechos anexos a ellos, y los muebles preciosos, no 

pueden ser enajenados ni gravados por el tutor, sino por causa de absoluta necesidad o 

evidente utilidad del menor o del mayor con alguna de las incapacidades a que se 

refiere el artículo 465 Fracción II debidamente justificada y previa a la conformidad del 

curador y la autorización judicial. 

577.- Cuando la enajenación se haya permitido para cubrir con su producto algún 

objeto determinado, el juez señalará al tutor un plazo dentro del cual deberá acreditar 

que el producto de la enajenación se ha invertido en su objeto. Mientras que no se haga 

la inversión se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 452. 

578.- La venta de bienes raíces de los menores y mayores, es nula, si no se hace 

judicialmente en subasta pública. En la enajenación de alhajas y muebles preciosos, el 

juez decidirá si conviene o no la almoneda, pudiendo dispensarla, acreditada la utilidad 

que resulte al tutelado. 

Los tutores no podrán vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, 

acciones, frutos y ganado pertenecientes al incapacitado por menor valor del que se 

cotice en la plaza el día de la venta, ni dar fianza a nombre del tutelado. 

579.- Cuando se trate de enajenar, gravar, o hipotecar a título oneroso, bienes que 

pertenecen al incapacitado como copropietario, se comenzará por mandar justipreciar 

dichos bienes para fijar con toda precisión su valor y la parte que en ellos represente el 

incapacitado, a fin de que el juez resuelva si conviene o no que se dividan 

materialmente dichos bienes para que aquél reciba en plena propiedad su porción; o si 

por el contrario, es conveniente la enajenación, gravamen o hipoteca, fijando en este 

caso las condiciones o seguridades con que deban hacerse, pudiendo si lo estimare 

conveniente, dispensar la almoneda, siempre que consientan en ello el tutor y el 

curador. 

580.- Para todos los gastos extraordinarios que no sean de conservación ni de 

reparación, necesita el tutor ser autorizado por el juez. 

581.- Se requiere licencia judicial para que el tutor pueda transigir o comprometer en 

árbitros los negocios del incapacitado. Cuando el objeto de la transacción consista en 

bienes inmuebles, muebles preciosos o bien en valores mercantiles o industriales cuya 

cuantía exceda de quinientos salarios mínimos, se necesitará del consentimiento del 

curador y de la aprobación judicial otorgada con audiencia de éste. 


2001). 

582.- El nombramiento de árbitros hecho por el autor (sic ¿tutor?) deberá sujetarse a la 

aprobación del juez.

583.- Ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de ella, puede el tutor comprar o 

arrendar los bienes del incapacitado, ni hacer contrato alguno respecto de ellos, para sí, 

sus ascendientes, su mujer, sus hijos o hermanos por consanguinidad o afinidad. Si lo 

hiciere, además de la nulidad del contrato, el acto será suficiente para que se le 

remueva. 

584.- Cesa la prohibición del artículo anterior, respecto de la venta de bienes, en el caso 

de que el tutor o sus parientes allí mencionados sean coherederos, copartícipes, o 

socios del incapacitado. 

585.- El tutor no podrá hacerse pago de sus créditos contra el incapacitado sin la 

conformidad del curador y la aprobación judicial. 

586.- El tutor no puede aceptar para sí, a título gratuito u oneroso, la cesión de algún 

derecho o crédito contra el incapacitado. Sólo puede adquirir esos derechos por 

herencia. 

587.- El tutor no puede dar en arrendamiento los bienes del incapacitado, por más de 

cinco años sino en caso de necesidad o utilidad, previos el consentimiento del curador y 

la autorización judicial, observándose en su caso lo dispuesto en el artículo 579. 

588.- El arrendamiento, hecho de conformidad con el artículo anterior, subsistirá por el 

tiempo convenido, aun cuando se acabe la tutela; pero será nula toda anticipación de 

renta o alquileres por más de dos años. 

589.- Sin autorización judicial no puede el tutor recibir dinero prestado en nombre del 

incapacitado, ya sea que se constituya o no hipoteca en el contrato. 

590.- El tutor no puede hacer donación a nombre del incapacitado. 

591.- El menor debe respetar a su tutor. Este tiene, respecto de aquél, las mismas 

facultades que a los ascendientes concede el artículo 437. 

592.- Durante la tutela no corre la prescripción entre el tutor y el incapacitado. 

593.- El tutor tiene obligación de admitir las donaciones simples, legados y herencias 

que se dejen al incapacitado. 

594.- La expropiación por causa de utilidad pública de bienes de incapacitados, no se 

sujetará a las reglas antes establecidas, sino a lo que dispongan las leyes de la materia. 

595.- Cuando el tutor de un incapaz sea el cónyuge, continuará ejerciendo los derechos 

conyugales, con las siguientes modificaciones: 

I.- En los casos en que conforme a derecho se requiera el consentimiento del 

cónyuge, se suplirá éste por el Juez con audiencia del curador;

II.- En los casos en que el cónyuge incapaz pueda querellarse del otro, denunciarlo o 

demandarlo para asegurar sus derechos violados o amenazados, será representada por 

un tutor interino que el Juez le nombrará. 

Es obligación del curador promover este nombramiento, y si no la cumple, será 

responsable de los perjuicios que se causen al incapacitado. También podrá promover 

este nombramiento el Consejo Local de Tutelas. 


2001). 

596.- Cuando la tutela del incapaz recaiga en el cónyuge, sólo podrá gravar o enajenar 

los bienes a que se refiere el artículo 581 de este Código, previa audiencia del curador y 

autorización judicial, que se concederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 576 

del mismo ordenamiento. 


2001). 

597.- Cuando la tutela recaiga en cualquiera otra persona, se ejercerá conforme a las 

reglas establecidas para la tutela de los menores. 

598.- En caso de maltratamiento, de negligencia en los cuidados debidos al incapacitado 

o de mala administración de sus bienes, podrá el tutor ser removido de la tutela a 

petición del curador, de los parientes del incapacitado o el Consejo de Tutelas. 

599.- El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes del incapacitado, que 

podrá fijar el ascendiente o extraño que conforme a derecho lo nombre en su 

testamento, y para los tutores legítimos y dativos la fijará el juez. 

600.- En ningún caso bajará la retribución del cinco ni excederá del diez por ciento de 

las rentas líquidas de dichos bienes. 

601.- Si los bienes del incapacitado tuvieren un aumento en sus productos, debido 

exclusivamente a la industria o diligencia del tutor, tendrá éste derecho a que se le 

aumente la remuneración hasta un veinte por ciento de los productos líquidos. La 

calificación del aumento se hará por el juez, con audiencia del curador. 

602.- Para que pueda hacerse en la retribución de los tutores el aumento extraordinario 

que permite el artículo anterior, será requisito indispensable que por lo menos en dos 

años consecutivos haya obtenido el tutor la aprobación absoluta de sus cuentas. 

603.- El tutor no tendrá derecho a remuneración alguna y restituirá lo que por este 

título hubiese recibido, si contraviniese lo dispuesto en el artículo 159. 

CAPITULO XI 

De las cuentas de la tutela

604.- El tutor está obligado a rendir al juez cuenta detallada de su administración, en el 

mes de enero de cada año, sea cual fuere la fecha en que se le hubiere discernido el 

cargo. La falta de presentación de la cuenta en los tres meses siguientes al de enero, 

motivará la remoción del tutor. 

605.- También tiene obligación de rendir cuenta, cuando por causas graves que 

calificará el juez la exijan el curador, el Consejo Local de Tutelas, el Ministerio Público, 

los propios incapaces señalados en la fracción II del artículo 465, o los menores que 

hayan cumplido dieciséis años de edad. 

606.- La cuenta de administración comprenderá no sólo las cantidades en numerario 

que hubiere recibido el tutor por producto de los bienes, y la aplicación que les haya 

dado, sino en general todas las operaciones que se hubieren practicado, e irá 

acompañado de los documentos justificados (sic ¿justificativos?) y de un balance del 

estado de los bienes. 

607.- El tutor es responsable del valor de los créditos activos si dentro de sesenta días, 

contados desde el vencimiento de su plazo, no ha obtenido su pago o garantía que 

asegure éste, o no ha pedido judicialmente el uno o la otra. 

608.- Si el incapacitado no está en posesión de algunos bienes a que tenga derecho, 

será responsable el tutor de la pérdida de ellos, si dentro de dos meses contados desde 

que tuvo noticia del derecho del incapacitado, no entabló a nombre de éste 

judicialmente, las acciones conducentes para recobrarlos. 

609.- Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad 

que, después de intentadas las acciones, pueda resultar al tutor por culpa o negligencia 

en el desempeño de su cargo. 

610.- Las cuentas deben rendirse en el lugar en que se desempeñe la tutela. 

611.- Deben abonarse al tutor todos los gastos hechos debida y legalmente, aunque los 

haya anticipado de su propio caudal y aunque de ellos no haya resultado utilidad a los 

menores y a los mayores de edad incapaces, si esto ha sido sin culpa del primero. 

612.- Ninguna anticipación ni crédito contra el incapacitado se abonará al tutor, si 

excede de la mitad de la renta anual de los bienes de aquél, a menos que al efecto haya 

sido autorizado por el juez con audiencia del curador. 

613.- El tutor será igualmente indemnizado, según el prudente arbitrio del juez, del 

daño que haya sufrido por causa de la tutela y en desempeño necesario de ella, cuando 

no haya intervenido de su parte culpa o negligencia. 

614.- La obligación de dar cuenta no puede ser dispensada en contrato o última 

voluntad, ni aun por el mismo tutelado y si esa dispensa se pusiere como condición en 

cualquier acto, se tendrá por no puesta.

615.- El tutor que sea reemplazado por otro, estará obligado, y lo mismo sus herederos, 

a rendir cuenta general de la tutela al que le reemplace. El nuevo tutor responderá al 

incapacitado por los daños y perjuicios si no pidiere y tomare las cuentas de su 

antecesor. 

616.- El tutor, o en su falta quien lo represente, rendirá las cuentas generales de la 

tutela en el término de tres meses, contados desde el día en que fenezca la tutela. El 

juez podrá prorrogar este plazo hasta por tres meses más, si circunstancias 

extraordinarias así lo exigieren. 

617.- La obligación de dar cuenta pasa a los herederos del tutor; y si alguno de ellos 

sigue administrando los bienes de la tutela, su responsabilidad será la misma que la de 

aquél. 

618.- La garantía dada por el tutor no se cancelará, sino cuando las cuentas hayan sido 

aprobadas. 

619.- Hasta pasado un mes de la rendición de cuentas, es nulo todo convenio entre el 

tutor y el pupilo, ya mayor o emancipado, relativo a la administración de la tutela o a 

las cuentas de la misma. 

620.- La tutela se extingue: 

CAPITULO XII 

De la extinción de la tutela 

I.- Por la muerte del pupilo o porque desaparezca su incapacidad; 

II.- Cuando el incapacitado sujeto a tutela, entre a la patria potestad por 

reconocimiento o por adopción. 

CAPITULO XIII 

De la entrega de los bienes 

621.- El tutor, concluida la tutela, está obligado a entregar todos los bienes del 

incapacitado y todos los documentos que le pertenezcan, conforme al balance que se 

hubiere presentado en la última cuenta aprobada. 

622.- La obligación de entregar los bienes no se suspende por estar pendiente la 

rendición de cuentas. La entrega debe ser hecha durante el mes siguiente a la 

terminación de la tutela; cuando los bienes sean muy cuantiosos o estuvieren ubicados 

en diversos lugares, el juez puede fijar un término prudente para su conclusión, pero, 

en todo caso, deberá comenzarse en el plazo antes señalado.

623.- El tutor que entre al cargo sucediendo a otro, está obligado a exigir la entrega de 

bienes y cuentas al que le ha precedido. Si no la exige, es responsable de todos los 

daños y perjuicios que por su omisión se siguieren al incapacitado. 

624.- La entrega de los bienes y la cuenta de la tutela se efectuarán a expensas del 

incapacitado. Si para realizarse no hubiere fondos disponibles, el juez podrá autorizar al 

tutor a fin de que se proporcionen los necesarios para la primera, y éste adelantará los 

relativos a la segunda, los cuales le serán reembolsados con los primeros fondos de que 

se pueda disponer. 

625.- Cuando intervenga dolo o culpa de parte del tutor, serán de su cuenta todos los 

gastos. 

626.- El saldo que resulte en pro o en contra del tutor, producirá interés legal. En el 

primer caso correrá desde que previa entrega de los bienes se haga el requerimiento 

legal para el pago; y en el segundo, desde la rendición de cuentas, si hubiesen sido 

dadas dentro del término designado por la Ley, y si no, desde que expire el mismo 

término. 

627.- Cuando en la cuenta resulte alcance contra el tutor, aunque por un arreglo con el 

menor o sus representantes, se otorguen plazos al responsable o a sus herederos para 

satisfacerlos, quedarán efectivas las hipotecas y otras garantías, dadas para la 

administración hasta que se verifique el pago, a menos que se haya pactado 

expresamente lo contrario en el arreglo. 

628.- Si la caución fuere de fianza, el convenio que conceda nuevos plazos al tutor, se 

hará saber al fiador, si éste consiente, permanecerá obligado hasta la solución; si no 

consiente, no habrá espera y se podrá exigir el pago inmediato o la subrogación del 

fiador, por otro igualmente idóneo que acepte el convenio. 

629.- Si no se hiciere saber el convenio al fiador éste no permanecerá obligado. 

630.- Todas las acciones por hechos relativos a la administración de la tutela, que el 

incapacitado pueda ejercitar contra su tutor, o contra los fiadores y garantes de éste, 

quedan extinguidas por el lapso de cuatro años, contados desde el día en que cumpla la 

mayor edad, o desde el momento en que se hayan recibido los bienes y la cuenta de la 

tutela; o desde que por sentencia ejecutoriada se declare que cesa la incapacidad en los 

demás casos previstos por la Ley. 

631.- Si la tutela hubiere fenecido durante la minoridad, el menor podrá ejercitar las 

acciones correspondientes contra el primer tutor y los que le hubieren sucedido en el 

cargo, computándose entonces los términos desde el día en que llegó a la mayor edad. 

Tratándose de los demás incapacitados, los términos se computarán desde que por 

sentencia ejecutoria se declare que cesa la incapacidad. 

CAPITULO XIV

Del curador 

632.- Todos los individuos sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legítima o dativa, 

además del tutor tendrán un curador, excepto en los casos de tutela que se refiera a 

autorización para matrimonio, autorización para reconocimiento de hijos naturales, así 

como la tutela de los expósitos acogidos, o cuando un menor carezca de bienes. 

633.- En todo caso en que se nombre al menor un tutor interino, se le nombrará 

curador con el mismo carácter, si no lo tuviere definitivo o si teniéndolo se halla 

impedido. 

634.- También se nombrará un curador interino en el caso de oposición de intereses a 

que se refiere el artículo 473. 

635.- Igualmente se nombrará curador interino en los casos de impedimento, 

separación o excusa del nombrado, mientras se decide el punto; luego que se decida se 

nombrará nuevo curador conforme a derecho. 

636.- Lo dispuesto sobre impedimentos y excusas de los tutores regirá igualmente 

respecto de los curadores. 

637.- Los que tienen derecho a nombrar tutor, lo tienen también de nombrar curador. 

638.- Designarán por sí mismos al curador, con aprobación judicial: 

I.- Los comprendidos en el artículo 511 observándose lo que allí se dispone respecto 

de esos nombramientos; 

II.- Los menores de edad emancipados en el caso previsto en la fracción III del 


639.- El curador de todos los demás individuos sujetos a tutela será nombrado por el 

juez. 

640.- El curador está obligado: 

I.- A defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera de él, exclusivamente 

en el caso de que estén en oposición con los del tutor; 

II.- A vigilar la conducta del tutor y a poner en conocimiento del juez todo aquello 

que considere que puede ser dañoso al incapacitado; 

III.- A dar aviso al juez para que se haga el nombramiento de tutor, cuando éste 

faltare o abandonare la tutela; 

IV.- A cumplir las demás obligaciones que la Ley le señale. 

641.- El curador que no llene los deberes prescritos en el artículo precedente, será 

responsable de los daños y perjuicios que resultaren al incapacitado.

642.- Las funciones del curador cesarán cuando el incapacitado salga de la tutela; pero 

si sólo variaren las personas de los tutores, el curador continuará la curaduría. 

643.- El curador tiene derecho a ser relevado de la curaduría, pasados diez años desde 

que se encargó de ella. 

644.- En los casos en que conforme a este Código tenga que intervenir el curador, 

cobrará el honorario que señale el arancel a los procuradores, sin que por ningún otro 

motivo pueda pretender mayor retribución. Si hiciere algunos gastos en el desempeño 

de su cargo, se le pagarán. 

CAPITULO XV 

De los Consejos de Tutela 

645.- En cada cabecera de distrito judicial habrá un Consejo de Tutela, compuesto de 

un presidente y de dos vocales, que durarán un año en el ejercicio de su cargo y serán 

nombrados por los respectivos Ayuntamientos en la primera sesión que celebren en el 

mes de enero de cada año, procurando que los nombramientos recaigan en personas 

que sean de notorias buenas costumbres y que tengan interés en proteger a la infancia 

desvalida. 

646.- El Consejo de Tutela es un órgano de vigilancia y de información que, además de 

las funciones que expresamente le asignan varios de los artículos que preceden, tiene 

las obligaciones siguientes: 

I.- Formular y remitir a los Jueces de Primera Instancia una lista de las personas de 

cada una de las cabeceras de Ayuntamiento del respectivo distrito judicial que, por su 

aptitud legal y moral, puedan desempeñar la tutela, para que de entre ellas se nombren 

los tutores y curadores, en los casos que estos nombramientos correspondan al juez. 

A este efecto, los presidentes municipales correspondientes, con excepción del de la 

cabecera, deberán proporcionar al Consejo una lista de las personas de su 

Municipalidad que puedan desempeñar la tutela; esta lista será enviada precisamente 

durante el mes de diciembre de cada año; 

II.- Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se refiere 

a la educación de los menores, dando aviso al juez de las faltas y omisiones que 

notaren; 

III.- Avisar al juez cuando tenga conocimiento de que los bienes del incapacitado 

están en peligro, a fin de que dicte las medidas correspondientes de protección; 

IV.- Investigar y poner en conocimiento del juez qué incapacitados carecen de tutor, 

con el objeto de que se hagan los respectivos nombramientos; 

V.- Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan con la obligación que tienen 

de destinar preferentemente los recursos del incapacitado a la curación de sus 

enfermedades o a su regeneración, si se trata de ebrios consuetudinarios o de los que 

abusen habitualmente de las drogas enervantes; 

VI.- Vigilar el registro de tutelas a fin de que sea llevado en debida forma.

647.- El Presidente del Consejo de Tutelas será el ejecutor de las decisiones de éste y 

su representante. 

648.- Los Jueces de Primera Instancia ejercerán una sobrevigilancia sobre el conjunto 

de los actos del deudor, para impedir, por medio de disposiciones apropiadas, la 

trasgresión de sus deberes. 

CAPITULO XVI 

Del estado de interdicción 

649.- Son nulos todos los actos de administración ejecutados y los contratos celebrados 

por los incapacitados sin la autorización del tutor salvo lo dispuesto en la fracción IV del 


650.- Son también nulos los actos de administración y los contratos celebrados por los 

menores emancipados, si son contrarios a las restricciones establecidas en el artículo 

657. 

651.- La nulidad a que se refieren los dos artículos anteriores sólo puede ser alegada 

sea como acción sea como excepción, por el mismo incapacitado o por sus legítimos 

representantes; pero no por las personas con quienes contrató, ni por los fiadores que 

se hayan dado al constituirse la obligación ni por los mancomunados en ella. 

652.- La acción para pedir la nulidad prescribe en los términos en que prescriben las 

acciones personales o reales, según la naturaleza del acto cuya nulidad se pretenda. 

653.- Los menores de edad no pueden alegar la nulidad de que hablan los artículos 649 

y 650, en las obligaciones que hubieran contraído sobre materias propias de la 

profesión o arte en que sean peritos. 

654.- Tampoco pueden alegarla los menores, si han presentado certificados falsos del 

Registro Civil para hacerse pasar como mayores o han manifestado dolorosamente que 

lo eran. 

TITULO DECIMO 

De la emancipación y de la mayor edad 

CAPITULO I 

De la emancipación 

655.- El matrimonio del menor produce de derecho la emancipación del mismo. Aunque 

el matrimonio se disuelva, el cónyuge emancipado, que sea menor, no recaerá en la 

patria potestad.

656.- Los mayores de 16 años que estén sujetos a tutela, tienen derecho a que se les 

emancipe, si demuestran su buena conducta y su aptitud para el manejo de sus 

intereses. 

657.- El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita 

durante su menor edad: 

I.- Del consentimiento del que lo emancipó para contraer matrimonio antes de llegar 

a la mayor edad y para reconocer a los hijos naturales; así como de su concurso para 

las capitulaciones matrimoniales. Si el que otorgó la emancipación ejercía la patria 

potestad y ha muerto o está incapacitado legalmente al tiempo en que el emancipado 

intente verificar cualquiera de aquéllos actos, necesita del consentimiento del 

ascendiente a quien corresponda darlo; 

II.- De la autorización del que lo emancipó, y a falta de éste de la del juez, para la 

enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces; 

III.- De un tutor para los negocios judiciales. 

658.- Hecha la emancipación, no puede ser revocada. 

659.- Fuera del caso a que se refiere el artículo 655, la emancipación siempre será 

decretada por el juez, y la resolución correspondiente se remitirá al juez del Registro 

Civil para que levante el acta respectiva. 

CAPITULO II 

De la mayor edad 

660.- La mayor edad se rige por las prevenciones de los artículos 23 y 24 de este 

Código. 

TITULO UNDECIMO 

De los ausentes e ignorados 

CAPITULO I 

De las medidas provisionales en caso de ausencia 

661.- El que se hubiere ausentado del lugar de su residencia ordinaria y tuviere 

apoderado constituido antes o después de su partida, se tendrá como presente para 

todos los efectos civiles y sus negocios se podrán tratar con el apoderado hasta donde 

alcance el poder. 

662.- Cuando una persona haya desaparecido y se ignora el lugar donde se encuentre y 

quién la represente, el juez a petición de parte o de oficio nombrará un depositario de 

sus bienes; la citará por edictos publicados durante cinco veces consecutivas en el 

Periódico Oficial y en otro periódico del último de sus domicilios, si lo hubiere, u otro de 

mayor circulación en el Estado y en dos de los principales de la capital de la República, 

señalándole, para que se presente, un término que no bajará de tres meses ni pasará 

de seis y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes.

663.- Al publicarse los edictos remitirá copia a los cónsules mexicanos de aquel lugar del 

extranjero en que se pueda presumir que se encuentre el ausente o que se tengan 

noticias de él. 

664.- Si el ausente tiene hijos menores, que estén bajo su patria potestad, y no hay 

ascendiente que deba ejercerla conforme a la Ley, ni tutor testamentario, ni legítimo, el 

Ministerio Público pedirá que se nombre tutor en los términos prevenidos en los 

artículos 510 y 511. El mismo derecho tendrán los menores interesados. 

665.- Las obligaciones y facultades del depositario serán las que la Ley asigna a los 

depositarios judiciales. 

666.- Se nombrará depositario: 

I.- Al cónyuge del ausente; 

II.- A uno de los hijos mayores de edad que resida en el lugar. Si hubiere varios, el 

juez elegirá al más apto; 

III.- Al ascendiente del ausente, más próximo en grado; 

IV.- A falta de los anteriores, o cuando sea inconveniente que éstos, por su notoria 

mala conducta o por su ineptitud, sean nombrados depositarios, el juez nombrará al 

heredero presuntivo y si hubiere varios se observará lo que dispone el artículo 672. 

667.- Si cumplido el término del llamamiento, el citado no compareciere por sí, ni por 

apoderado legítimo, ni por medio de un tutor o de pariente que pueda representarlo, se 

procederá al nombramiento de representante. 

668.- Lo mismo se hará cuando en iguales circunstancias caduque el poder conferido 

por el ausente, o sea insuficiente para el caso. 

669.- Tienen acción para pedir el nombramiento de depositario o de representante, el 

Ministerio Público, o cualquiera a quien interese tratar o litigar con el ausente o 

defender los intereses de éste. 

670.- En el nombramiento de representante se seguirá el orden establecido en el 

artículo 666 

671.- Si el cónyuge ausente fuere casado en segundas o ulteriores nupcias, y hubiere 

hijos del matrimonio o matrimonios anteriores, el juez dispondrá que el cónyuge 

presente y los hijos del matrimonio o matrimonios anteriores, o sus legítimos 

representantes en su caso, nombren de acuerdo el depositario o representante; mas si 

no estuvieren conformes, el Juez lo nombrará libremente de entre las personas 

designadas por el artículo anterior. 

672.- A falta de cónyuge, de descendientes y de ascendientes, será representante el 

heredero presuntivo. Si hubiere varios con igual derecho, ellos mismos elegirán al que

debe representarlos. Si no se ponen de acuerdo en la elección, la hará el juez 

prefiriendo al que tenga más interés en la conservación de los bienes del ausente. 

673.- El representante del ausente es el legítimo administrador de los bienes de éste y 

tiene, respecto de ellos, las mismas obligaciones, facultades y restricciones que los 

tutores. 

No entrará a la administración de los bienes sin que previamente forme inventario y 

avalúo de ellos, y si dentro del término de un mes no presta la caución correspondiente, 

se nombrará otro representante. 

674.- El representante del ausente disfrutará la misma retribución que a los tutores 

señalan los artículos 598, 599 y 600. 

675.- No pueden ser representantes de un ausente, los que no pueden ser tutores. 

676.- Pueden excusarse, de ese representación, los que puedan hacerlo de la tutela. 

677.- Será removido del cargo de representante, el que deba serlo del de tutor. 

678.- El cargo de representante acaba: 

I.- Con el regreso del ausente; 

II.- Con la presentación del apoderado legítimo; 

III.- Con la muerte del ausente; 

IV.- Con la posesión provisional. 

679.- Cada año, en el día que corresponda a aquél en que hubiere sido nombrado el 

representante, se publicarán nuevos edictos llamando al ausente. En ellos constará el 

nombre y domicilio del representante, y el tiempo que falta para que se cumpla el plazo 

que señalan los artículos 681 y 682. Las publicaciones se harán en los términos de los 

artículos 662 y 663 

680.- El representante está obligado a promover la publicación de los edictos. La falta 

de cumplimiento de esa obligación hace responsable al representante de los daños y 

perjuicios que se sigan al ausente, y es causa legítima de remoción. 

CAPITULO II 

De la declaración de ausencia 

681.- Pasados dos años desde el día en que haya sido nombrado el representante, 

habrá acción para pedir la declaración de ausencia. 

682.-En caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la 

administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia sino pasados

tres años, que se contarán desde la desaparición del ausente, si en este período no se 

tuvieron ningunas noticias suyas, o desde la fecha en que se hayan tenido las últimas. 

683.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará aun cuando el poder se haya 

conferido por más de tres años. 

684.- Pasados dos años, que se contarán del modo establecido en el artículo 682, el 

Ministerio Público y las personas que designa el artículo siguiente pueden pedir que el 

apoderado garantice, en los mismos términos en que debe hacerlo el representante. Si 

no lo hiciere, se nombrará representante de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

670, 671 y 672. 

685.- Pueden pedir la declaración de ausencia: 

I.- Los presuntos herederos legítimos del ausente; 

II.- Los herederos instituídos en testamento abierto; 

III.- Los que tengan algún derecho u obligación que dependa de la vida, muerte o 

presencia del ausente, y 

IV.- El Ministerio Público. 

686.- Si el juez encuentra fundada la demanda, dispondrá que se publique extracto de 

ella, por cinco veces consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en otro periódico 

del último domicilio del ausente, si lo hubiere, y la remitirá a los cónsules conforme al 


687.- Pasados cuatro meses desde la fecha de la última publicación, si no hubiere 

noticias del ausente ni oposición de algún interesado, el juez declarará en forma la 

ausencia. 

688.- Si hubiere algunas noticias u oposición, el juez no declarará la ausencia sin repetir 

las publicaciones que establece el artículo 686, y hacer la averiguación por los medios 

que el oponente proponga y por lo (s) que el mismo juez crea oportuno(s). 

689.- La declaración de ausencia se publicará tres veces en los periódicos mencionados 

con intervalo de quince días, remitiéndose a los cónsules como está prevenido respecto 

de los edictos. Ambas publicaciones se repetirán cada dos años, hasta que se declare la 

presunción de muerte. 

690.- El fallo que se pronuncie en el juicio de declaración de ausencia, tendrá los 

recursos que el Código de Procedimientos asigne para los negocios de mayor interés. 

CAPITULO III 

De los efectos de la declaración de ausencia 

691.- Declarada la ausencia, si hubiere testamento público u ológrafo, la persona en 

cuyo poder se encuentre lo presentará al juez, dentro de quince días contados desde la 

última publicación de que habla el artículo 689.

692.- El juez, de oficio o a instancia de cualquiera que se crea interesado en el 

testamento ológrafo, abrirá éste en presencia del representante del ausente, con 

citación de los que promovieron la declaración de ausencia y con las demás 

solemnidades prescritas para la apertura de esta clase de testamentos. 

693.- Los herederos testamentarios, y en su defecto los que fueren legítimos al tiempo 

de la desaparición de un ausente, o al tiempo en que se hayan recibido las últimas 

noticias, si tienen capacidad legal para administrar, serán puestos en la posesión 

provisional de los bienes, dando fianza que asegure las resultas de la administración. Si 

estuvieren bajo la patria potestad o tutela, serán representados por quien corresponda. 

694.- Si son varios los herederos y los bienes admiten cómoda división, cada uno 

administrará la parte que le corresponda. 

695.- Si los bienes no admiten cómoda división, los herederos elegirán de entre ellos 

mismos un administrador general, y si no se pusieren de acuerdo, el juez lo nombrará, 

escogiéndolo de entre los mismos herederos. 

696.- Si una parte de los bienes fuere cómodamente divisible y otra no, respecto de 

ésta se nombrará el administrador general. 

697.- Los herederos que no administren podrán nombrar un interventor, que tendrá las 

facultades y obligaciones señaladas a los curadores. Su honorario será el que le fijen los 

que le nombren y se pagará por éstos. 

698.- El que entre en la posesión provisional tendrá, respecto de los bienes, las mismas 

obligaciones, facultades y restricciones que los tutores. 

699.- En el caso del artículo 694 cada heredero dará la garantía que corresponda a la 

parte de bienes que administre. 

700.- En el caso del artículo 695, el administrador general será quien dé la garantía 

legal. 

701.- Los legatarios, los donatarios y todos los que tengan sobre los bienes del ausente 

derechos que dependan de la muerte o presencia de éste, podrán ejercitarlos, dando la 

garantía que corresponda, según el artículo 542. 

702.- Los que tengan con relación al ausente, obligaciones que deban cesar a la muerte 

de éste, podrán también suspender su cumplimiento bajo la misma garantía. 

703.- Si no pudiere darse la garantía prevenida en los cinco artículos anteriores, el juez, 

según las circunstancias de las personas y de los bienes, y concediendo el plazo fijado 

en el artículo 545 podrá disminuir el importe de aquélla; pero de modo que no baje de 

la tercia parte de los valores señalados en el artículo 542.

704.- Mientras no se dé la expresada garantía, no cesará la administración del 

representante. 

705.- No están obligados a dar garantía: 

I.- El cónyuge, los descendientes y los ascendientes que como herederos entren en 

la posesión de los bienes del ausente, por la parte que en ellos les corresponda; 

II.- El ascendiente que en ejercicio de la patria potestad administre bienes que, como 

herederos del ausente, correspondan a sus descendientes. 

Si hubiere legatarios, el cónyuge, los descendientes y ascendientes darán la garantía 

legal por la parte de bienes que correspondan a los legatarios, si no hubiere división, ni 

administrador general. 

706.- Los que entren en la posesión provisional tienen derecho de pedir cuentas al 

representante del ausente y éste entregará los bienes y dará las cuentas en los 

términos prevenidos en los capítulos XII y XIV del título noveno de este libro. El plazo 

señalado en el párrafo segundo del artículo 621 se contará desde el día en que el 

heredero haya sido declarado con derecho a la referida posesión. 

707.- Si hecha la declaración de ausencia no se presentaren herederos del ausente, el 

Ministerio Público pedirá, o la continuación del representante, o la elección de otro que, 

en nombre de la Hacienda Pública entre en la posesión provisional, conforme a los 

artículos que anteceden. 

708.- Muerto el que haya obtenido la posesión provisional, le sucederán sus herederos 

en la parte que le haya correspondido, bajo las mismas condiciones y con iguales 

garantías. 

709.- Si el ausente se presenta o se prueba su existencia antes de que sea declarada la 

presunción de muerte, recobrará sus bienes. Los que hayan tenido la posesión 

provisional, hacen suyos todos los frutos industriales que hayan hecho producir a esos 

bienes y la mitad de los frutos naturales y civiles. 

CAPITULO IV 

De la administración de los bienes del ausente casado 

710.- La declaración de ausencia interrumpe la sociedad conyugal bien sea voluntaria o 

legal, a menos que en las capitulaciones matrimoniales se haya estipulado que continúe 

aquélla. 

711.- Declarada la ausencia se procederá, con citación de los herederos presuntivos, al 

inventario de los bienes y a la separación de los que deben corresponder al cónyuge 

ausente.

712.- El cónyuge presente recibirá desde luego los bienes que le correspondan hasta el 

día en que la declaración de ausencia haya causado ejecutoria. De estos bienes podrá 

disponer libremente. 

713.- Los bienes del ausente se entregarán a sus herederos, en los términos prevenidos 

en el artículo anterior. 

714.- En el caso previsto en el artículo 709, si el cónyuge presente entrare como 

heredero en la posesión provisional, se observará lo que ese artículo dispone. 

715.- Si el cónyuge presente no fuere heredero ni tuviere bienes propios, tendrá 

derecho a alimentos. 

716.- Si el cónyuge ausente regresa o probare su existencia, quedará restaurada la 

sociedad conyugal. 

717.- Si la ausencia de los cónyuges fuere simultánea se hará la separación de bienes 

conforme se previene en este capítulo; y se entregarán a los respectivos herederos los 

que les correspondan, conforme al capítulo anterior. 

CAPITULO V 

De la presunción de muerte del ausente 

718.- Cuando hayan transcurrido seis años desde la declaración de ausencia, el juez, a 

instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte. 

Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, o en 

cualquier siniestro terrestre, aéreo, o marítimo, bastará que hayan transcurrido dos 

años contados desde su desaparición para que pueda hacerse la declaración de 

presunción de muerte, sin que en esos casos sea necesario que previamente se declare 

su ausencia; pero sí se tomarán las medidas provisionales autorizadas por el capítulo I 

de este título. 

Cuando la desaparición sea consecuencia de un fenómeno natural como terremotos, 

erupciones, maremotos, ciclones, huracanes, tornados, trombas o incendios; así como 

explosiones u otros siniestros semejantes provocados por el hombre, y por cualquier 

medio de prueba se acredite que el desaparecido fue víctima de éste, bastará el 

transcurso de veintiún días, contados a partir del acontecimiento, para que el juez inicie 

el procedimiento que declare la presunción de muerte. En este procedimiento, el juez 

acordará la publicación de la solicitud de la declaración de presunción de muerte por 

una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación estatal, 

con cargo al Fondo para la Administración de Justicia; este procedimiento, en ningún 

caso excederá de veinte días. 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la presunción de muerte por ausencia 

de una persona declarada judicialmente, hará las veces del acta de defunción para 

todos los efectos legales a que haya lugar.

La presunción de muerte por ausencia declarada en la vía de jurisdicción voluntaria no 

tiene autoridad de cosa juzgada; la tendrá la que se dicte en jurisdicción contenciosa, 

pero solo respecto de quienes intervinieron en las diligencias. 


VII-2001). 

719.- Declarada la presunción de muerte, se abrirá el testamento del ausente, si no 

estuviere ya publicado, conforme al artículo 692; los poseedores provisionales darán 

cuenta de su administración en los términos prevenidos en el artículo 706 y los 

herederos y demás interesados entrarán en la posesión definitiva de los bienes sin 

garantía alguna; la que según la Ley se hubiere dado, quedará cancelada. 

720.- Si se llegare a probar la muerte del ausente, la herencia deferirá a los que 

debieran heredar al tiempo de ella; pero el poseedor o poseedores de los bienes 

hereditarios, al restituirlos, se reservarán los frutos correspondientes a la época de la 

posesión provisional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 709, y todos ellos, 

desde que obtuvieron la posesión definitiva. 

721.- Si el ausente se presentare o se probare su existencia después de otorgada la 

posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se hallen, el precio de los 

enajenados o los que se hubieren adquirido con el mismo precio; pero no podrá 

reclamar frutos ni rentas. 

722.- Cuando hecha la declaración de ausencia o la presunción de muerte de una 

persona, se hubieren aplicado sus bienes a los que por testamento o sin él si tuvieren 

por herederos, y después se presentaren otros pretendiendo que ellos deben ser 

preferidos en la herencia, y así se declara por sentencia que cause ejecutoria, la entrega 

de los bienes se hará a éstos en los mismos términos en que, según los artículos 709 y 

721 debiera hacerse al ausente si se presentare. 

723.- Los poseedores definitivos darán cuenta al ausente o a sus herederos. El plazo 

legal correrá desde el día en que el primero se presente por sí, o por apoderado 

legítimo, o desde aquél en que por sentencia que cause ejecutoria se haya deferido la 

herencia. 

724.- La posesión definitiva termina: 

I.- Con el regreso del ausente; 

II.- Con la noticia cierta de su existencia; 

III.- Con la certidumbre de su muerte; 

IV.- Con la sentencia que cause ejecutoria en el caso del artículo 722. 

725.- En el caso segundo del artículo anterior, los poseedores definitivos serán 

considerados como provisionales desde el día en que se tenga noticia cierta de la 

existencia del ausente.

726.- La sentencia que declare la presunción de muerte de un ausente casado, pone 

término a la sociedad conyugal. 

727.- En el caso previsto por el artículo 715, el cónyuge sólo tendrá derecho a 

alimentos. 

CAPITULO VI 

De los efectos de la ausencia respecto de 

los derechos eventuales del ausente 

728.- Cualquiera que reclame un derecho referente a una persona cuya existencia no 

esté reconocida, deberá probar que esta persona vivía en el tiempo en que era 

necesaria su existencia para adquirir aquél derecho. 

729.- Si se defiere una herencia a la que sea llamado un individuo declarado ausente o 

respecto del cual se haya hecho la declaración de presunción de muerte, entrarán sólo 

en ella los que debían ser coherederos de aquél o suceder por su falta; pero deberán 

hacer inventario en forma de los bienes que reciban. 

730.- En este caso, los coherederos o sucesores se considerarán como poseedores 

provisionales o definitivos de los bienes que por la herencia debían corresponder al 

ausente, según la época en que la herencia se defiera. 

731.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 

acciones de petición de herencia y de otros derechos que podrán ejercitar el ausente, 

sus representantes, acreedores o legatarios, y que no se extinguirán sino por el 

transcurso del tiempo fijado para la prescripción. 

732.- Los que hayan entrado en la herencia harán suyos los frutos percibidos de buena 

fe, mientras el ausente no comparezca, sus acciones no sean ejercitadas por sus 

representantes, o por los que, por contrato o cualquiera otra causa, tengan con él 

relaciones jurídicas. 

CAPITULO VII 


733.- El representante y los poseedores provisionales y definitivos, en sus respectivos 

casos, tienen la legítima procuración del ausente en juicio y fuera de él. 

734.- Por causa de ausencia no se suspenden los términos que fija la Ley para la 

prescripción. 

735.- El Ministerio Público velará por los intereses del ausente, será oído en todos los 

juicios que tengan relación con él, y en las declaraciones de ausencia y presunción de 

muerte.

TITULO DUODECIMO 

Del patrimonio de la familia 

CAPITULO UNICO 

736.- Son objeto del patrimonio de la familia: 

I.- La casa habitación de la familia, adquirida en propiedad por el jefe de la familia o 

por alguno de sus miembros; 

II.- En algunos casos una parcela cultivable; 

III.- El mobiliario de uso doméstico; 

IV.- Tratándose de familias campesinas, el equipo agrícola; considerándose como tal, 

los semovientes, las semillas, los útiles, implementos y aperos de labranza que utilicen 

personalmente los miembros de la familia; 

V.- Tratándose de familias obreras, el equipo de trabajo, considerándose como tal la 

maquinaria, los útiles, las herramientas y en general toda clase de utensilios propios 

para el ejercicio del arte u oficio a que la familia se dedique y que también 

personalmente utilicen los miembros de ella. 

VI.- Los bienes que se consideren instrumentos de trabajo, fuente de ingresos de la 

que depende la manutención de la familia. 

737.- La constitución del patrimonio de la familia no hace pasar la propiedad de los 

bienes que a él queden afectos, del que lo constituya a los miembros de la familia 

beneficiaria. Estos sólo tienen derecho de disfrutar de esos bienes según lo dispuesto en 

el artículo siguiente. 

738.- Tienen derecho de habitar la casa y de aprovechar los frutos de la parcela afecta 

al patrimonio de la familia, el cónyuge del que lo constituye, en su caso, el concubino o 

la concubina y las demás personas a quienes el constituyente del patrimonio de la 

familia tiene obligación de dar alimentos. Este derecho es intransmisible, pero debe 

tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 750. 

739.- Los beneficiarios de los bienes afectos al patrimonio de la familia serán 

representados en sus relaciones con terceros, en todo lo que al patrimonio se refiere, 

por el que lo constituyó, y, en su defecto, por el que nombre la mayoría. 

El representante tendrá también la administración de dichos bienes. 

740.- Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables y no estarán sujetos 

a embargo ni a gravamen alguno, con excepción de las responsabilidades fiscales que 

sobre ellos pesen y de las modalidades a que pudieran llegar a estar sujetos con 

relación al interés público. 

741.- Sólo puede constituirse el patrimonio de la familia con bienes sitos en el municipio 

en que esté domiciliado el que lo constituya.

742.- Cada familia sólo puede constituir un patrimonio. Los que se constituyan 

subsistiendo el primero, no producirán efecto alguno legal. 

743.- El valor máximo de los bienes afectos al patrimonio familiar, conforme al Artículo 

736, tratándose de la casa habitación y mobiliario de uso domestico, será la cantidad 

que resulte de multiplicar por 12557 el importe del salario mínimo general diario, 

vigente en el Estado; la misma cuantía para el caso de que la parcela cultivable 

constituya el patrimonio familiar y por lo que se refiere a los instrumentos de trabajo 

que sirven para la manutención de los integrantes de la familia, será la suma obtenida 

de multiplicar el importe del salario indicado por 3000, de tal manera que el valor 

máximo de bienes afectos al patrimonio familiar, no podrá exceder del resultado de 

elevar el importe del salario mínimo general diario vigente en el Estado, a 15557 veces. 

744.- El patrimonio de familia podrá constituirse: 

I.- Por el padre, en su defecto por la madre; y en defecto de ambos por el 

ascendiente que ejerza la patria potestad; 

II:- Por los cónyuges sobre sus bienes respectivos sin que, tratándose de la mujer, 

necesite ésta autorización del marido; 

III.- Por el pariente que suministre alimentos a sus ascendientes, descendientes o 

colaterales siempre que vivan formando una familia; 

IV.- Por el tutor cuando administre bienes pertenecientes al incapacitado. 

745.- El miembro de la familia que quiera constituir el patrimonio, lo manifestará por 

escrito al Juez de su domicilio, en los términos del Articulo 753 de este Código, 

designado con toda precisión y de manera que pueda ser inscritos en el Registro Público 

los bienes que van a quedar afectados. 

Además comprobará lo siguiente: 

I.- Que es mayor de edad o que está emancipado; 

II.- Que está domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio; 

III.- La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La 

comprobación de los vínculos familiares se hará con las copias de las actas del Registro 

Civil; 

IV.- Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio, y que 

no reportan gravámenes fuera de las servidumbres; 

V.- Que el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio, no excede del fijado 


746.- Si se llenan las condiciones exigidas en el artículo anterior, el juez, seguido el 

procedimiento, previsto en el Artículo 753 de este Código aprobará la constitución del 

patrimonio de la familia. 

747.- Cuando el valor de los bienes afectos al patrimonio de la familia sea inferior al 

máximo fijado en el artículo 743 podrá ampliarse el patrimonio hasta llegar a este valor. 

La ampliación se sujetará al mismo procedimiento que para la constitución fija el 

Artículo 753 de este código.

748.- Cuando haya peligro de que, quien tenga obligación de dar alimentos pierda sus 

bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores 

alimentarios y si éstos son incapaces, sus tutores o el Ministerio Público, tienen derecho 

de exigir judicialmente que se constituya el patrimonio de familia hasta por los valores 

fijados en el artículo 743. 

En la constitución de este patrimonio se observará, en lo conducente, lo dispuesto en 

los artículos 745 y 746. 

749.- La constitución del patrimonio de la familia no puede hacerse en fraude de los 

derechos de los acreedores. 

750.- Constituido el patrimonio de la familia, ésta tiene obligación de habitar la casa y 

de cultivar la parcela; si no lo hiciere, el Ministerio Público puede ocurrir a la autoridad 

competente para que haga la declaración a que se refiere el artículo que sigue. 

751.- Puede disminuirse el patrimonio de la familia: 

I.- Cuando se demuestre que su disminución es de gran necesidad o de notoria 

utilidad para la familia; 

II.- Cuando el patrimonio familiar, por causas posteriores a su constitución ha 

rebasado en más de un cincuenta por ciento el valor máximo que puede tener conforme 

al artículo 743. 

752.- El patrimonio de familia se extingue: 

I.- Cuando lo pidan los interesados en el mismo; 

II.- Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos; 

III.- Cuando sin causa justificada la familia deje de habitar por un año la casa que 

debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta y por dos años consecutivos, la 

parcela que le corresponda; 

IV.- Cuando se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad para la familia 

de que el patrimonio quede extinguido; 

V.- Cuando por causa de utilidad pública o social se expropien los bienes que lo 

formen; 

VI.- Derogada. 

753.- La declaración de constitución, de modificación o extinción del patrimonio familiar, 

se promoverá ante el Juez competente, por la vía de la jurisdicción voluntaria, y en caso 

de controversia, se estará a lo dispuesto en el Título Decimoséptimo, Capítulo Unico, de 

las controversias del orden familiar, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Oaxaca y la comunicará al Registro Público, para que se haga la inscripción, 

anotación o cancelación que corresponda. 

Cuando el patrimonio se extinga por la causa prevista en la fracción V del artículo que 

precede, hecha la expropiación, el patrimonio queda extinguido sin necesidad de 

declaración judicial debiendo hacerse en el Registro la cancelación que proceda. 

754.- Extinguido el patrimonio de la familia, los bienes que lo formaban vuelven al pleno 

dominio del que lo constituyó, o pasan a sus herederos si aquél ha muerto. En el caso

de expropiación, el precio que se obtenga será percibido por el dueño de los bienes que 

fueron materia de la misma. 

755.- El Ministerio Público será oído en los procedimientos sobre extinción y reducción 

del patrimonio de la familia. 

756.- Las anotaciones e inscripciones que hagan las oficinas del Registro Público, con 

motivo del patrimonio de la familia, serán hechas sin costo alguno para los interesados. 

LIBRO SEGUNDO 

DE LOS BIENES 

TITULO I 

Disposiciones preliminares 

757.- Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del 

comercio. 

758.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de 

la ley. 

759.- Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por 

algún individuo exclusivamente; y por disposición de la Ley, las que ella declara 

irreductibles a propiedad particular. 

760.- Son bienes inmuebles: 

TITULO II 

CLASIFICACION DE LOS BIENES 

CAPITULO I 

De los bienes inmuebles 

I.- El suelo y las construcciones adheridas a él; 

II.- Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos 

pendientes de los mismos árboles y plantas, mientras no sean separados de ellos por 

cosechas o cortes regulares; 

III.- Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no 

pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido; 

IV.- Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados en 

edificios o heredades por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de 

unirlos de un modo permanente al fundo;

V.- Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos cuando el 

propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando 

parte de ella de un modo permanente; 

VI.- Las máquinas, vasos, instrumentos y utensilios destinados por el propietario de la 

finca directa y exclusivamente a la industria y explotación de la misma; 

VII.- Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde 

hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca; 

VIII.- Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el 

dueño de éstos, salvo convenio en contrario; 

IX.- Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los 

acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir los líquidos o 

gases a una finca, o para extraerlos de ella; 

X.- Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o 

parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias de trabajo indispensables para 

el cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto; 

XI.- Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados 

por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa; 

XII.- El material rodante de los ferrocarriles, las líneas telefónicas y telegráficas y las 

estaciones radiotelegráficas; 

XIII.- Las concesiones a que se refiere el artículo 27 de la Constitución Federal; todas 

las que tengan por objeto el aprovechamiento de medios o energías naturales y 

aquéllas cuyo fin requiere el establecimiento de plantas o instalaciones adheridas al 

suelo; 

XIV.- Los derechos reales sobre inmuebles. 

761.- Los bienes muebles, por su naturaleza, que se hayan considerado como 

inmuebles, conforme a lo dispuesto en varias fracciones del artículo anterior, recobrarán 

su calidad de muebles, cuando el mismo dueño los separa del edificio o del uso a que 

estén destinados, salvo el caso de que en el valor de éste haya computado el de 

aquéllos, para constituir algún derecho real a favor de un tercero. 

CAPITULO II 

De los bienes muebles 

762.- Los bienes son muebles por su naturaleza, o por disposición de la Ley. 

763.- Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a 

otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. 

764.- Son bienes muebles por determinación de la Ley, las obligaciones y los derechos o 

acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción 

personal. 

765.- Por igual razón se reputan muebles las acciones que cada socio tiene en las 

asociaciones o sociedades, aun cuando a éstas pertenezcan algunos bienes inmuebles.

766.- Las embarcaciones de todo género son bienes muebles. 

767.- Los materiales procedentes de la demolición de un edificio, y los que se hubieren 

acopiado para repararlo o para construir uno nuevo, serán muebles mientras no se 

hayan empleado en la fabricación. 

768.- Los derechos de tutor (sic ¿autor?) se consideran bienes muebles. 

769.- En general, son bienes muebles todos los demás no considerados por la Ley como 

inmuebles. 

770.- Cuando en una disposición de la Ley, o en los actos y contratos se use de las 

palabras bienes muebles, se comprenderán bajo esa denominación, los enumerados en 

los artículos anteriores. 

771.- Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se 

comprenderán los que forman el ajuar y utensilios de ésta y que sirven exclusiva y 

propiamente para el uso y trato ordinario de una familia, según las circunstancias de las 

personas que la integren. En consecuencia, no se comprenderán: el dinero, los 

documentos y papeles, las colecciones científicas y artísticas, los libros y sus estantes, 

las medallas, las armas, los instrumentos de arte y oficios, las joyas, ninguna clase de 

ropa de uso, los granos, caldos, mercancías y demás cosas similares. 

772.- Cuando por la redacción de un testamento o de un convenio, se descubra que el 

testador o las partes contratantes han dado a las palabras muebles o bienes muebles 

una significación diversa de la fijada en los artículos anteriores, se estará a lo dispuesto 

en el testamento o convenio. 

773.- Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. Pertenecen a la primera clase 

los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad. 

Los no fungibles son los que no pueden ser substituidos por otros de la misma especie, 

calidad y cantidad. 

CAPITULO III 

De los bienes considerados según las 

persona a quienes pertenecen 

774.- Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares 

775.- Son bienes del dominio del poder público los que pertenecen a la Federación, a 

los Estados o a los Municipios. 

776.- Los bienes del dominio del poder público se regirán por las disposiciones de este 

Código en cuanto no esté determinado por leyes especiales.

777.- Los bienes del dominio del poder público se dividen en bienes de uso común, 

bienes destinados a un servicio público y bienes propios. 

778.- Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden 

aprovecharse de ellos todos los habitantes con las restricciones establecidas por la Ley; 

pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los 

requisitos que prevengan las leyes respectivas. 

779.- Los que estorben el aprovechamiento de los bienes de uso común, quedan sujetos 

a las penas correspondientes, a pagar los daños y perjuicios causados y a la pérdida de 

las obras que hubieren ejecutado. 

780.- Los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios, pertenecientes al 

Estado o a los Municipios, corresponden en pleno dominio a estas entidades; pero los 

primeros son inalienables e imprescriptibles, mientras no se les desafecte del servicio 

público a que se hallen destinados. 

781.- Cuando conforme a la Ley pueda enajenarse y se enajene una vía pública, 

correspondiente al Estado o a los Municipios, los propietarios de los predios colindantes 

gozarán del derecho del tanto en la parte que les corresponda, a cuyo efecto se les dará 

aviso de la enajenación. El derecho que este artículo concede deberá ejercitarse dentro 

de los ocho días siguientes al aviso. Cuando éste no se haya dado, los colindantes 

podrán pedir la rescisión del contrato dentro de los seis meses contados desde su 

celebración. 

782.- Son bienes de la propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les 

pertenece legalmente y de las que no pueden aprovecharse ningún sin consentimiento 

del dueño o autorización de la Ley 

783.- Los extranjeros y las personas morales para adquirir la propiedad de bienes 

inmuebles, observarán lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias. 

CAPITULO IV 

De los bienes mostrencos 

784.- Son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se 

ignore. 

785.- El que hallare una cosa perdida o abandonada, deberá entregarla dentro de tres 

días a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana si el hallazgo se verifica en 

despoblado. 

786.- La autoridad dispondrá desde luego que la cosa hallada se tase por peritos, y la 

depositará, extendiendo formal y circunstanciado recibo.

787.- Cualquiera que sea el valor de la cosa, se fijarán avisos durante un mes, de diez 

en diez días, en los lugares públicos de la cabecera del municipio, anunciándose que, al 

vencimiento del plazo, se rematará la cosa si no se presentare reclamante. 

788.- Si la cosa hallada fuere de las que no pueden conservarse, la autoridad dispondrá 

desde luego su venta y mandará depositar el precio. Lo mismo se hará cuando la 

conservación de la cosa pueda ocasionar gastos que no estén en relación con su valor. 

789.- Si durante el plazo designado se presentare alguno reclamando la cosa, la 

autoridad municipal remitirá todos los datos del caso al juez competente, según el valor 

de la cosa, ante quien el reclamante probará su acción, interviniendo como parte 

demandada el Ministerio Público. 

790. - Si el reclamante es declarado dueño, se le entregará la cosa o su precio, en el 

caso del artículo 788 de este Código, con deducción de los gastos. 


2001). 

791.- Si el reclamante no es declarado dueño, o si pasado el plazo de un mes, contado 

desde la primera publicación de los avisos, nadie reclama la propiedad de la cosa, ésta 

se venderá, dándose una cuarta parte del precio al que la halló y destinándose las otras 

tres cuartas partes al establecimiento de beneficencia que designe el Gobierno. Los 

gastos se repartirán entre los adjudicatarios, en proporción a la parte que reciban. 

792.- Cuando por alguna circunstancia especial fuere necesario, a juicio de la autoridad 

la conservación de la cosa, el que halló ésta recibirá la cuarta parte del precio. 

793.- La venta se hará siempre en almoneda pública. 

CAPITULO V 

De los bienes vacantes 

794.- Son bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido y cuya 

posesión apta para prescribir no está prescrita (sic ¿inscripta?) en favor de persona 

alguna en el Registro Público. 

795.- El que tuviere noticia de la existencia de bienes vacantes en el Estado, y quisiere 

adquirir la parte que la Ley da al descubridor, hará la denuncia de ellos ante el 

Ministerio Público del lugar de la ubicación de los bienes. 

796.- El Ministerio Público, si estima que procede, deducirá ante el juez competente, 

según el valor de los bienes, la acción que corresponda, a fin de que declarados 

vacantes los bienes se adjudiquen al Fisco del Estado. Se tendrá al que hizo la denuncia 

como coadyuvante del Ministerio Público y se seguirá la tramitación que marque el 

Código de Procedimientos.

797.- El denunciante recibirá la cuarta parte del valor catastral de los bienes que 

denuncia, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 791 de este Código. 


2001). 

798.- El que se apodere de un bien vacante sin cumplir lo prevenido en este capítulo, 

pagará una multa de doscientos a doscientos cincuenta salarios mínimos. 


2001). 


De la posesión 


799.- Es poseedor de una cosa el que ejerza sobre ella un poder de hecho, salvo lo 

dispuesto en el artículo 802. Posee un derecho el que goza de él. 

800.- Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, 

concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de 

usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo, los 

dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una 

posesión originaria; el otro, una posesión derivada. 

801.- En caso de despojo, el que tiene la posesión originaria goza del derecho de pedir 

que sea restituido el que tenía la posesión derivada y si éste no quiere o no puede 

recobrarla, el poseedor originario puede pedir que se le dé la posesión a él mismo. 

802.- Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la 

situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y 

que la retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes o instrucciones que 

de él ha recibido, no se le considera poseedor. 

803.- Sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de 

apropiación. 

804.- Puede adquirirse la posesión por la misma persona que va a disfrutarla, por su 

representante legal, por su mandatario o por un tercero sin mandato alguno; pero en 

este último caso, no se entenderá adquirida la posesión, hasta que la persona a cuyo 

nombre se haya verificado el acto posesorio lo ratifique. 

805.- Cuando varias personas posean una cosa indivisa, podrá cada una de ellas ejercer 

actos posesorios sobre la cosa común, con tal que no excluya los actos posesorios de 

los otros coposeedores.

806.- Se entiende que cada uno de los partícipes de una cosa que se posee en común, 

ha poseído exclusivamente, por todo el tiempo que dure la indivisión, la parte que al 

dividirse le tocare. 

807.- La posesión da al que la tiene, la presunción de propietario para todos los efectos 

legales. El que posee en virtud de un derecho personal, o de un derecho real distinto de 

la propiedad, no se presume propietario; pero si es poseedor de buena fe tiene a su 

favor la presunción de haber obtenido la posesión del dueño de la cosa o derecho 

poseído. 

808.- El poseedor de una cosa mueble, perdida o robada, no podrá recuperarla de un 

tercero que de buena fe la haya adquirido en almoneda, o de un comerciante que en 

mercado público se dedique a la venta de objetos de la misma especie, sin reembolsar 

al poseedor el precio que hubiere pagado por la cosa. El recuperante tiene derecho de 

repetir contra el vendedor. 

809.- La moneda y los títulos al portador no pueden ser reivindicados del adquirente de 

buena fe, aunque el poseedor haya desposeído de ellos contra su voluntad. 

810.- El poseedor actual que pruebe haber poseído en tiempo anterior, tiene a su favor 

la presunción de haber poseído en el intermedio. 

811.- La posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen 

en él. 

812.- Todo poseedor debe ser mantenido o restituido en la posesión, contra aquéllos 

que no tengan mejor derecho para poseer. 

Es mejor la posesión que se funda en título y cuando se trata de inmuebles la que está 

inscrita. A falta de título o siendo iguales los títulos, la más antigua. Si las posesiones 

fueren dudosas, se pondrá en depósito la cosa hasta que se resuelva a quién pertenece 

la posesión. 

813.- Para que el poseedor tenga derecho al interdicto de recuperar la posesión, se 

necesita que no haya pasado un año desde que se verificó el despojo. 

814.- Se reputa como nunca perturbado o despojado, el que judicialmente fue 

mantenido o restituido en la posesión. 

815.-Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título 

suficiente para darle derecho de poseer. También lo es el que ignora los vicios de su 

título que le impiden poseer con derecho. 

Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo 

mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. 

Entiéndese por título la causa generadora de la posesión.

816.-La buena fe se presume siempre; al que afirma la mala fe del poseedor le 

corresponde probarla. 

817.-La posesión adquirida de buena fe, no pierde ese carácter sino en el caso y desde 

el momento en que existen actos que acreditan que el poseedor no ignora que posee la 

cosa indebidamente. 

818.-Los poseedores a que se refiere el artículo 800, se regirán por las disposiciones 

que norman los actos jurídicos en virtud de los cuales son poseedores, en todo lo 

relativo a frutos, pago de gastos y responsabilidades por pérdida o menoscabo de la 

cosa poseída. 

819.-El poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por título traslativo de 

dominio, tiene los derechos siguientes: 

I.- El de hacer suyos los frutos percibidos, mientras su buena fe no es interrumpida; 

II.- El de que se le abonen todos los gastos necesarios, lo mismo que los útiles, 

teniendo derecho de retener la cosa poseída hasta que se haga el pago; 

III.- El de retirar las mejoras voluntarias, si no se causa daño en la cosa mejorada, o 

reparando el que se cause al retirarlas; 

IV.- El de que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de los frutos 

naturales e industriales, que no hace suyos por estar pendientes al tiempo de 

interrumpirse la posesión; teniendo derecho al interés legal sobre el importe de esos 

gastos desde el día en que los haya hecho. 

820.-El poseedor de buena fe, a que se refiere el artículo anterior no responde del 

deterioro o pérdida de la cosa poseída, aunque haya ocurrido por hecho propio; pero sí 

responde de la utilidad que el mismo haya obtenido de la pérdida o deterioro. 

821.-El que posee por menos de un año, a título traslativo de dominio y con mala fe, 

siempre que no haya obtenido la posesión por un medio delictuoso, está obligado: 

I.- A restituir los frutos percibidos; 

II.- A responder de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos por su culpa o por 

caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que pruebe que éstos se habrían causado aunque 

la cosa hubiere estado poseída por su dueño. No responde de la pérdida sobrevenida 

natural e inevitablemente por el solo transcurso del tiempo. Tiene derecho a que se le 

reembolsen los gastos necesarios. 

822.-El que posee en concepto de dueño por más de un año, pacífica, continua y 

públicamente, aunque su posesión sea de mala fe, con tal de que no sea delictuosa, 

tiene derecho:

I.- A las dos terceras partes de los frutos industriales que haga producir a la cosa 

poseída, perteneciendo la otra tercera parte al propietario si reivindica la cosa antes de 

que se prescriba; 

II.- A que se le abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles, si es dable 

separarlas, sin detrimento de la cosa mejorada. 

No tiene derecho a los frutos naturales y civiles que produzca la cosa que posee, y 

responde de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos por su culpa. 

823.-El poseedor que haya adquirido la posesión por algún hecho delictuoso, está 

obligado a restituir los frutos que haya producido la cosa y los que haya dejado de 

producir por omisión culpable. Tiene también la obligación impuesta en la fracción II del 


824.-Las mejoras voluntarias no son abonables a ningún poseedor; pero el de buena fe 

puede retirar esas mejoras conforme a lo dispuesto en el artículo 819, fracción III. 

825.-Se entienden percibidos los frutos naturales o industriales desde que se alzan o se 

separan. Los frutos civiles se producen día por día, y pertenecen al poseedor en esta 

proporción, luego que son debidos, aunque no los haya recibido. 

826.-Son gastos necesarios los que están prescritos por la Ley y aquéllos sin los que la 

cosa se pierde o desmejora. 

827.-Son gastos útiles aquéllos que, sin ser necesarios, aumentan el precio o producto 

de la cosa. 

828.-Son gastos voluntarios los que sirven sólo para el ornato de la cosa o al placer o 

comodidad del poseedor. 

829.- El poseedor debe justificar el importe de los gastos a que tenga derecho; en caso 

de duda se tasarán aquéllos por peritos. 

830.- Cuando el poseedor hubiere de ser indemnizado por gastos y haya recibido 

algunos frutos a que no tenía derecho, habrá lugar a la compensación. 

831.- Las mejoras provenientes de la naturaleza o del tiempo, ceden siempre en 

beneficio del que haya vencido en la posesión. 

832.- Posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia. 

833.- Posesión continua es la que no se ha interrumpido por alguno de los medios 

enumerados en el capítulo V, título séptimo de este libro.

834.- Posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de 

todos. También lo es la que está inscrita en el Registro de la Propiedad. 

835.- Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa 

poseída puede producir la prescripción. 

836.- Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se 

adquirió, a menos que se pruebe que ha cambiado la causa de la posesión. 

837.- La posesión se pierde: 

I.- Por abandono; 

II.- Por cesión a título oneroso y gratuito; 

III.- Por la destrucción o pérdida de la cosa o por quedar ésta fuera del comercio; 

IV.- Por resolución judicial; 

V.- Por despojo, si la posesión del despojante dura más de un año; 

VI.- Por reivindicación del propietario; 

VII.- Por expropiación por causa de utilidad pública. 

838.-Se pierde la posesión de los derechos cuando es imposible ejercerlos o cuando no 

se ejercen por el tiempo que basta para que queden prescritos. 

TITULO CUARTO 

DE LA PROPIEDAD 


839.- El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y 

modalidades que fijen las leyes. 

840.- La propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por 

causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

841.- La autoridad puede, mediante indemnización, ocupar la propiedad particular, 

deteriorarla y aun destruirla, si esto es indispensable para prevenir o remediar una 

calamidad pública, para salvar de un riesgo inminente una población o para ejecutar 

obras de evidente beneficio colectivo. 

842.- El propietario o el inquilino de un predio tiene derecho de ejercer las acciones que 

procedan para impedir que por el mal uso de la propiedad del vecino, se perjudique la 

seguridad, el sosiego o la salud de los habitantes del predio. 

843.- En un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que hagan perder 

el sostén necesario al suelo de la propiedad vecina, a menos que se hagan las obras de 

consolidación indispensables para evitar todo daño a esta última.

844.- No es lícito ejercitar el derecho de propiedad, de manera que su ejercicio no dé 

otro resultado que causar perjuicios a un tercero, sin utilidad para el propietario. 

845.- Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad y a hacer o exigir el 

amojonamiento de la misma. 

846.- También tiene derecho, y en su caso obligación, de cerrar o de cercar su 

propiedad en todo o en parte, del modo que lo estime conveniente o lo dispongan las 

leyes o reglamentos, sin perjuicio de las servidumbres que reporte la propiedad. 

847.- Nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas fuertes, fortalezas y edificios 

públicos, sino sujetándolos a las condiciones exigidas en los reglamentos especiales de 

la materia. 

848.- Las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal para mantener 

expedita la navegación de los ríos, la construcción o reparación de las vías públicas y 

para las demás obras de esta clase, se fijarán por las leyes o reglamentos especiales, y 

a falta de éstos, por las disposiciones de este Código. 

849.- Nadie puede construir cerca de una pared ajena o de copropiedad, fosos, cloacas, 

acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos; ni instalar depósitos de materias 

corrosivas, máquinas o fábricas destinadas a usos que puedan ser peligrosos o nocivos, 

sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos, o sin construir las obras de 

resguardo necesarias con sujeción a lo que prevengan los mismos reglamentos, o a 

falta de ellos, a lo que se determine por juicio pericial. 

850.- Nadie puede plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino a la distancia de 

dos metros de la línea divisoria, si la plantación se hace de árboles grandes, y de un 

metro, si la plantación se hace de arbustos o árboles pequeños. 

851.- El propietario puede pedir que se arranquen los árboles plantados a menor 

distancia de su predio de la señalada en el artículo que precede; y hasta cuando sea 

mayor, si es evidente el daño que los árboles le causen. 

852.- Si las ramas de los árboles se extienden sobre heredades, jardines o patios 

vecinos, el dueño de éstos tendrá derecho de que se corten en cuanto se extiendan 

sobre su propiedad; y si fueren las raíces de los árboles las que se extendieren en el 

suelo de otro, éste podrá hacerlas cortar por sí mismo dentro de su heredad, pero con 

previo aviso al vecino. 

853.- El dueño de una pared que no sea de copropiedad, contigua a finca ajena, puede 

abrir en ella ventanas o huecos para recibir luces a una altura tal que la parte inferior 

de la ventana diste del suelo de la vivienda a que dé luz tres metros a lo menos, y en 

todo caso con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre cuyas mallas 

sean de tres centímetros a lo sumo.

854.- Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, el dueño de la finca o 

propiedad contigua a la pared en que estuvieren abiertas las ventanas o huecos, podrá 

construir pared contigua a ella, o si adquiere la copropiedad, apoyarse en la misma 

pared aunque de uno u otro modo cubra los huecos o ventanas. 

855.- No se pueden tener ventanas para asomarse, ni balcones u otros voladizos 

semejantes, sobre la propiedad del vecino, prolongándose más allá del límite que 

separa las heredades. Tampoco puede tenerse vistas de costado u oblicuas, sobre la 

misma propiedad, si no hay un metro de distancia. 

856.- La distancia de que habla el artículo anterior se mide desde la línea de separación 

de las dos propiedades. 

857.- El propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados y azoteas de tal 

manera que las aguas pluviales no caigan sobre el suelo o edificio vecino. 

CAPITULO II 

De la apropiación de los animales 

858.- Los animales sin marca alguna que se encuentren en las propiedades, (se) 

presumen que son del dueño de éstas, mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que 

el propietario no tenga cría de la raza a que los animales pertenezcan. 

859.- Los animales sin marca que se encuentren en tierras de propiedad particular que 

exploten en común varios, se presumen del dueño de la cría de la misma especie y de 

la misma raza en ella establecidas, mientras no se pruebe lo contrario. Si dos o más 

fueren dueños de la misma especie o raza, mientras no haya prueba de que los 

animales pertenecen a alguno de ellos se reputarán de propiedad común. 

860.- El derecho de caza y el de apropiarse los productos de ésta en terreno público, se 

sujetará a las leyes y reglamentos respectivos. 

861.- En terrenos de propiedad particular no puede ejercitarse el derecho a que se 

refiere el artículo anterior, ya sea comenzando en él la caza, ya continuando la 

comenzada en terreno público, sin permiso del dueño. Los campesinos asalariados y los 

aparceros, gozan del derecho de caza en las fincas donde trabajen, en cuanto se 

aplique a satisfacer sus necesidades y las de su familia. 

862.- El ejercicio del derecho de cazar se regirá por los reglamentos administrativos y 

por las siguientes bases. 

863.- El cazador se hace dueño del animal que caza, por el acto de apoderarse de él, 

observándose lo dispuesto en el artículo 865. 

864.- Se considera capturado el animal que ha sido muerto por el cazador durante el 

acto venatorio, y también el que está preso en redes.

865.- Si la pieza herida muriese en terrenos ajenos, el propietario de éstos o quien lo 

represente, deberá entregarla al cazador o permitir que entre a buscarla. 

866.- El propietario que infrinja el artículo anterior pagará el valor de la pieza, y el 

cazador perderá ésta si entra a buscarla sin permiso de aquél. 

867.- El hecho de entrar los perros de caza en terreno ajeno sin la voluntad del cazador, 

sólo obliga a éste a la reparación de los daños causados. 

868.- La acción para pedir la reparación prescribe a los treinta días, contados desde la 

fecha en que se causó el daño. 

869.- Es lícito a los labradores destruir en cualquier tiempo los animales bravíos o 

cerriles que perjudiquen sus sementeras o plantaciones. 

870.- El mismo derecho tienen respecto de las aves domésticas en los campos en que 

hubiere tierras sembradas de cereales u otros frutos pendientes, a los que pudieran 

perjudicar aquellas aves. 

871.- Se prohibe absolutamente destruir en predios ajenos los nidos, huevos y crías de 

cualquiera especie. 

872.- El derecho de pesca en aguas particulares, pertenece a los dueños de los predios 

en que aquéllas se encuentren, con sujeción a las leyes y reglamentos de la materia. 

873.- Es lícito a cualquiera persona apropiarse los animales bravíos, conforme a los 

reglamentos respectivos. 

874.- Es lícito a cualquiera persona apropiarse los enjambres que no hayan sido 

cerrados en colmena o cuando la han abandonado. 

875.- No se entiende que las abejas han abandonado la colmena cuando se han posado 

en predio propio del dueño, o éste las persigue llevándolas a la vista. 

876.- Los animales feroces que se escaparen del encierro en que los tengan sus dueños, 

podrán ser destruidos o capturados por cualquiera. Pero los dueños pueden 

recuperarlos si indemnizan los daños y perjuicios que hubieren ocasionado. 

877.- La apropiación de los animales domésticos se rige por las disposiciones contenidas 

en el título de los bienes mostrencos. 

CAPITULO III 

De los tesoros

878.- Para los efectos de los artículos que siguen, se entiende por tesoro el depósito 

oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima procedencia se ignore. 

Nunca un tesoro se considera como fruto de un predio. 

879.- El tesoro pertenece al que lo descubre en sitio de su propiedad. 

880.- Si el sitio fuere de dominio del poder público o perteneciere a una persona 

particular que no sea el mismo descubridor, se aplicará a éste la mitad del tesoro y la 

otra mitad al propietario del sitio. 

881.- Cuando los objetos descubiertos fueren interesantes para las ciencias o para las 

artes, se aplicarán al Estado por su justo precio, el cual se distribuirá conforme a lo 

dispuesto en los dos artículos anteriores. 

882.- Para que el que descubra un tesoro en suelo ajeno goce del derecho ya 

declarado, es necesario que el descubrimiento sea casual. 

883.- De propia autoridad nadie puede, en predio ajeno, hacer excavación, horadación 

u obra alguna para buscar un tesoro. 

884.- El tesoro descubierto en predio ajeno, por obras practicadas sin consentimiento 

de su dueño, pertenece íntegramente a éste. 

885.- El que, sin consentimiento del dueño, hiciere en terreno ajeno obras para 

descubrir un tesoro, estará obligado en todo caso a pagar los daños y perjuicios y, 

además, a costear la reposición de las cosas a su primer estado; perderá también el 

derecho de inquilinato si lo tuviere en el fundo, aunque no esté fenecido el término del 

arrendamiento, cuando así lo pidiere el dueño. 

886.- Si el tesoro se buscare con consentimiento del dueño del fundo, se observarán las 

estipulaciones que se hubieren hecho para la distribución; y si no las hubiere, los gastos 

y lo descubierto se distribuirán por mitad. 

887.- Cuando uno tuviere la propiedad y otro el usufructo de una finca, en que se haya 

encontrado el tesoro, si el que lo encontró fue el mismo usufructuario, la parte que le 

corresponde se determinará según las reglas que quedan establecidas para el 

descubridor extraño. Si el descubridor no es el dueño ni el usufructuario, el tesoro se 

repartirá entre el dueño y el descubridor, con exclusión del usufructuario, observándose 

en este caso lo dispuesto en los artículos que anteceden. 

888.- Si el propietario encuentra el tesoro en la finca o terreno cuyo usufructo 

pertenece a otra persona, ésta no tendrá parte alguna en el tesoro, pero sí derecho de 

exigir del propietario una indemnización por los daños y perjuicios que origine la 

interrupción del usufructo, en la parte ocupada o demolida para buscar el tesoro; la 

indemnización se pagará aun cuando no se encuentre éste.

CAPITULO IV 

Del derecho de accesión 

889.- La propiedad de los bienes da derecho a todo lo que ellos producen, o se les une 

o incorpora natural o artificialmente. Este derecho se llama de accesión. 

890.- En virtud de él pertenecen al propietario: 

I.- Los frutos naturales; 

II.- Los frutos industriales; 

III.- Los frutos civiles. 

891.- Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías y demás 

productos de los animales. 

892.- Las crías de los animales pertenecen al dueño de la madre y no al del padre, salvo 

convenio en contrario. 

893.- Son frutos industriales los que producen las heredades o fincas de cualquier 

especie, durante el cultivo o trabajo. 

894.- No se reputan frutos naturales o industriales sino desde que están manifiestos o 

nacidos. 

895.- Para que los animales se consideren frutos, basta que estén en el vientre de la 

madre, aunque no hayan nacido. 

896.- Son frutos civiles, los alquileres de los bienes muebles, las rentas de los 

inmuebles, los réditos de los capitales y todos aquéllos que no siendo producidos por la 

misma cosa directamente, vienen de ella por contrato, por última voluntad o por la Ley. 

897.- El que percibe los frutos tiene la obligación de abonar los gastos hechos por un 

tercero para su producción, recolección y conservación. 

898.- Todo lo que se une o se incorpora a una cosa, lo edificado, plantado y sembrado, 

y lo reparado y mejorado en terreno o finca de propiedad ajena, pertenecen al dueño 

del terreno o finca, con sujeción a lo que se dispone en los artículos siguientes. 

899.- Todas las obras, siembras y plantaciones así como las mejoras y reparaciones 

ejecutadas en un terreno, se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras 

no se pruebe lo contrario. 

900.- El que siembre, plante o edifique en finca propia, con semillas, plantas o 

materiales ajenos, adquiere la propiedad de unas y otras; pero con la obligación de 

pagarlos en todo caso y de resarcir daños y perjuicios si ha procedido de mala fe.

901.- El dueño de las semillas, plantas o materiales, nunca tendrá derecho de pedir que 

se le devuelvan destruyéndose la obra o plantación; pero si las plantas no han echado 

raíces y pueden sacarse, el dueño de ellas tiene derecho de pedir que así se haga. 

902.- Cuando las semillas o los materiales no estén aún aplicados a su objeto ni 

confundidos con otros, pueden reivindicarse por el dueño. 

903.- El dueño del terreno en que se edifique, siembre o plante de buena fe, tendrá 

derecho de hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización prescrita 

en el artículo 900 ó de obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio del terreno y al 

que sembró, solamente su renta. Si el dueño del terreno ha procedido de mala fe, sólo 

tendrá derecho de que se le pague el valor de la renta o el precio del terreno, en sus 

respectivos casos. 

904.- El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, pierde lo edificado, 

plantado o sembrado, sin que tenga derecho de reclamar indemnización alguna del 

dueño del suelo, ni de retener la cosa. 

905.- El dueño del terreno en que se haya edificado con mala fe, podrá pedir la 

demolición de la obra, y la reposición de las cosas a su estado primitivo, a costa del 

edificador. 

906.- Cuando haya mala fe, no sólo por parte del que edificare, sino por parte del 

dueño, se entenderá compensada esta circunstancia y se arreglarán los derechos de 

uno y otro, conforme a lo resuelto para el caso de haberse procedido de buena fe. 

907.- Se entiende que hay mala fe de parte del edificador, plantador o sembrador, 

cuando hace la edificación, plantación o siembra o permite, sin reclamar, que con 

material suyo las haga otro en terreno que sabe es ajeno, no pidiendo previamente al 

dueño su consentimiento por escrito. 

908.- Se entiende haber mala fe por parte del dueño, siempre que a su vista o ciencia y 

paciencia se hiciere el edificio, la siembra o la plantación. 

909.- Si los materiales, plantas o semillas pertenecen a un tercero que no ha procedido 

de mala fe, el dueño del terreno es responsable subsidiariamente del valor de aquellos 

objetos, siempre que concurran las dos circunstancias siguientes: 

I.- Que el que de mala fe empleó materiales, plantas o semillas no tenga bienes con 

qué responder de su valor; 

II.- Que lo edificado, plantado o sembrado, aproveche al dueño. 

910.- No tendrá lugar lo dispuesto en el artículo anterior si el propietario usa del 

derecho que le concede el artículo 905.

911.- El acrecentamiento que, por aluvión, reciben las heredades confinantes con 

corrientes de agua, pertenece a los dueños de las riberas en que el aluvión se deposite. 

912.- Los dueños de las heredades confinantes con las lagunas o estanques no 

adquieren el terreno descubierto por la disminución natural de las aguas, ni pierden el 

que éstas inunden con las crecidas extraordinarias. 

913.- Cuando la fuerza del río arranca una porción considerable y reconocible de un 

campo ribereño y la lleva a otro inferior, o a la ribera opuesta, el propietario de la 

porción arrancada puede reclamar su propiedad, haciéndolo dentro de dos años 

contados desde el acaecimiento; pasado este plazo perderá su derecho de propiedad, a 

menos que el propietario del campo al que se unió la porción arrancada no haya 

tomado aún posesión de ella. 

914.- Los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas pertenecen 

al propietario del terreno a donde vayan a parar, si no los reclaman dentro de dos 

meses los antiguos dueños. Si éstos los reclaman, deberán abonar los gastos 

ocasionados en recogerlos o ponerlos en lugar seguro. 

915.- La Ley sobre Aguas de jurisdicción federal, determinará a quién pertenecen los 

cauces abandonados de los ríos federales que varíen de curso. 

916.- Cuando un río que no sea federal, varíe su curso, los dueños de los campos o 

heredades nuevamente cubiertos por las aguas pierden el espacio que ocupa el río; y 

los propietarios ribereños del álveo abandonado adquieren la parte que queda a su 

frente, hasta la mitad del álveo o cauce del río. 

917.- Cuando la corriente del río se divida en dos brazos o ramales, dejando aislada una 

heredad o parte de ella, el dueño no pierde su propiedad sino en la parte ocupada por 

las aguas, salvo lo que sobre el particular disponga la Ley sobre Aguas de jurisdicción 

federal. 

918.- Cuando dos cosas muebles que pertenecen a dos dueños distintos, se unen de tal 

manera que vienen a formar una sola, sin que intervenga mala fe, el propietario de la 

principal adquiere la accesoria, pagando su valor. 

919.- Se reputa principal, entre dos cosas incorporadas, la de mayor valor. 

920.- Si no pudiere hacerse la calificación conforme a la regla establecida en el artículo 

que precede, se reputará principal el objeto cuyo uso, perfección o adorno, se haya 

conseguido por la unión del otro. 

921.- En la pintura, escultura y bordado; en los escritos, impresos, grabados, litografías, 

fotograbados, oleografías, cromolitografías, y en las demás obras obtenidas por otros 

procedimientos análogos a los anteriores, se estima accesorio la tabla, el metal, la 

piedra, el lienzo, el papel o el pergamino.

922.- Cuando las cosas unidas puedan separarse sin detrimento y subsistir 

independientemente, los dueños respectivos pueden exigir la separación. 

923.- Cuando las cosas unidas no puedan separarse sin que la que se repute accesoria 

sufra deterioro, el dueño de la principal tendrá también derecho de pedir la separación, 

pero quedará obligado a indemnizar al dueño de la accesoria, siempre que éste haya 

procedido de buena fe. 

924.- Cuando el dueño de la cosa accesoria es el que ha hecho la incorporación, la 

pierde si ha obrado de mala fe; y está, además, obligado a indemnizar al propietario de 

los perjuicios que se le hayan seguido a causa de la incorporación. 

925.- Si el dueño de la cosa principal es el que ha procedido de mala fe, el que lo sea 

de la accesoria tendrá derecho a que aquél le pague su valor y le indemnice de los 

daños y perjuicios, o a que la cosa de su pertenencia se separe, aunque para ello haya 

de destruirse la principal. 

926.- Si la incorporación se hace por cualquiera de los dueños a vista o ciencia y 

paciencia del otro y sin que éste se oponga, los derechos respectivos se arreglarán 

conforme a lo dispuesto en los artículos 918, 919, 920 y 921. 

927.- Siempre que el dueño de la materia empleada sin su consentimiento, tenga 

derecho a indemnización, podrá exigir que ésta consista en la entrega de una cosa igual 

en especie, en valor y en todas sus circunstancias a la empleada; o bien en el precio de 

ella fijado por peritos. 

928.- Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie, por voluntad de sus dueños 

o por casualidad y en este último caso las cosas no son separables sin detrimento, cada 

propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponda, atendido el 

valor de las cosas mezcladas o confundidas. 

929.- Si por voluntad de uno solo, pero con buena fe, se mezclan o confunden dos 

cosas de igual o diferente especie, los derechos de los propietarios se arreglarán por lo 

dispuesto en el artículo anterior; a no ser que el dueño de la cosa mezclada sin su 

consentimiento, prefiera la indemnización de daños y perjuicios. 

930.- El que de mala fe hace la mezcla o confusión, pierde la cosa mezclada o 

confundida que fuere de su propiedad, y queda, además, obligado a la indemnización 

de los perjuicios causados al dueño de la cosa o cosas con que se hizo la mezcla. 

931.- El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte, para formar una 

cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de ésta 

exceda en precio a la materia, cuyo valor indemnizará al dueño.

932.- Cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en precio a la materia, el dueño 

de ésta hará suya la nueva especie, y tendrá derecho, además, para reclamar 

indemnización de daños y perjuicios; descontándose del monto de éstos el valor de la 

obra, a tasación de peritos. 

933.- Si la especificación se hizo de mala fe, el dueño de la materia empleada tiene 

derecho de quedarse con la obra sin pagar nada al que la hizo, o exigir de éste que le 

pague el valor de la materia y le indemnice de los perjuicios que se le hayan seguido. 

934.- La mala fe en los casos de mezcla y confusión se calificará conforme a lo 

dispuesto en los artículos 907 y 908. 

CAPITULO V 

Del dominio de las aguas 

935.- El dueño del predio en que exista una fuente natural, o que haya perforado un 

pozo brotante, hecho obras de captación de aguas subterráneas o construido aljibe o 

presas para captar las aguas pluviales, tiene derecho de disponer de esas aguas; pero si 

éstas pasan de una finca a otra, su aprovechamiento se considerará de utilidad pública 

y quedará sujeto a las disposiciones especiales que sobre el particular se dicten. 

El dominio del dueño de un predio sobre las aguas de que trata este artículo, no 

perjudica los derechos que legítimamente hayan podido adquirir a su aprovechamiento 

los de los predios inferiores. 

936.-Si alguno perforase pozo o hiciere obras de captación de aguas subterráneas en su 

propiedad, aunque por esto disminuya el agua del abierto en fundo ajeno, no está 

obligado a indemnizar; pero debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 844. 

937.-El propietario de las aguas no podrá desviar su curso de modo que cause daño a 

un tercero. 

938.-El uso y aprovechamiento de las aguas de dominio público se regirá por las leyes 

especiales respectivas. 

939.-El propietario de un predio que sólo con muy costosos trabajos pueda proveerse 

del agua que necesite para utilizar convenientemente ese predio, tiene derecho de 

exigir de los dueños de los predios vecinos que tengan aguas sobrantes, que le 

proporcionen la necesaria, mediante el pago de una indemnización fijada por peritos. 

CAPITULO VI 

De la copropiedad 

940.-Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias 

personas.

941.-Los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa, no pueden ser 

obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza de 

las cosas o por determinación de la Ley, el dominio es indivisible. 

942.-Si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda división y los partícipes 

no se convienen en que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y a 

la repartición de su precio entre los interesados. 

943.-A falta de contrato o disposición especial se regirá la copropiedad por las 

disposiciones siguientes: 

944.-El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas será 

proporcional a sus respectivas porciones. 

Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones 

correspondientes a los partícipes en la comunidad. 

945.- Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de 

ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, 

ni impida a los copropietarios usarla según su derecho. 

946.- Todo copropietario tiene derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los 

gastos de conservación de la cosa o derecho común. Sólo puede eximirse de esta 

obligación al que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio. 

947.- Ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer 

alteración en la cosa común, aunque de ella pudieran resultar ventajas para todos. 

948.- Para la administración de la cosa común, serán obligatorios todos los acuerdos de 

la mayoría de los partícipes. 

949.- Para que haya mayoría se necesita la mayoría de los copropietarios y la mayoría 

de intereses. 

950.- Si no hubiere mayoría, el juez, oyendo a los interesados, resolverá lo que deba 

hacerse dentro de lo propuesto por los mismos. 

951.- Cuando parte de la cosa perteneciere exclusivamente a un copropietario o a 

alguno de ellos, y otra fuere común, sólo a ésta será aplicable la disposición anterior. 

952.- Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde y 

la de sus frutos y utilidades, pudiendo, en consecuencia, enajenarla, cederla o 

hipotecarla, y aun substituir otro en su aprovechamiento, salvo que se tratare de 

derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los 

condueños, estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la 

comunidad. Los condueños gozan del derecho del tanto.

953. - Cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas o locales de un inmueble, 

construidos en forma vertical, horizontal, o mixta, susceptibles de aprovechamiento 

independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública, 

pertenecieran a distintos propietarios, cada uno de éstos, tendrá un derecho singular y 

exclusivo de propiedad sobre su departamento, vivienda, casa o local y, además, un 

derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios 

para su adecuado uso o disfrute. 

Cada propietario podrá enajenar, hipotecar o gravar en cualquier otra forma su 

departamento, vivienda, casa o local, sin necesidad de consentimiento de los demás 

condóminos. En la enajenación, gravamen o embargo, de un departamento, vivienda, 

casa o local, se entenderán comprendidos invariablemente los derechos sobre los bienes 

comunes que le son anexos. El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes 

del inmueble, solo será enajenable, gravable o embargable por terceros, conjuntamente 

con el departamento, vivienda, casa o local de propiedad exclusiva, respecto del cual se 

considere anexo inseparable. La copropiedad sobre los elementos comunes del 

inmueble no es susceptible de división. 

Los derechos y obligaciones de los propietarios a que se refiere este artículo, se regirán 

por las escrituras en que se hubiera establecido el régimen de propiedad, por los de 

compra venta correspondientes, por el reglamento de condominio de que se trate, por 

la Ley sobre el régimen de propiedad en condominio de inmuebles, para el Estado de 

Oaxaca, por las disposiciones de este Código y las demás leyes que fueren aplicables. 


2001). 


2001). 


2001). 

954.- Cuando haya constancia que demuestre quién fabricó la pared que divide los 

predios, el que la costeó es dueño exclusivo de ella; si consta que se fabricó por los 

colindantes, o no consta quién la fabricó, es de propiedad común. 

955.- Se presume la copropiedad mientras no haya signo exterior que demuestre lo 

contrario: 

I.- En las paredes divisorias de los edificios contiguos, hasta el punto común de 

elevación; 

II.- En las paredes divisorias de los jardines o corrales, situados en poblado o en el 

campo; 

III.- En las cercas, vallados y setos vivos que dividan los predios rústicos. 

Si las construcciones no tienen una misma altura, sólo hay presunción de copropiedad 

hasta la altura de la construcción menos elevada.

956.-Hay signo contrario a la copropiedad: 

I.- Cuando hay ventanas o huecos abiertos en la pared divisoria de los edificios; 

II.- Cuando conocidamente toda la pared, vallado, cerca o seto están construidos 

sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre una y otra de las dos 

contiguas; 

III.- Cuando la pared soporte las cargas y carreras, pasos y armaduras de una de las 

posesiones y no de la contigua; 

IV.- Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades esté construida 

de modo que la albardilla caiga hacia una sola de las propiedades; 

V.- Cuando la pared divisoria construida de mampostería, presenta piedras llamadas 

pasaderas, que de distancia en distancia salen fuera de la superficie, sólo por un lado 

de la pared, y no por el otro; 

VI.- Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forme parte, y un jardín, 

campo, corral o sitio sin edificio; 

VII.- Cuando una heredad se halle cerrada o defendida por vallados, cercas o setos 

vivos y las contiguas no lo estén; 

VIII.- Cuando la cerca que encierra completamente una heredad, es de distinta especie 

de la que tiene la vecina en sus lados, contiguos a la primera. 

957.- En general, se presume que en los casos señalados en el artículo anterior, la 

propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenece exclusivamente al dueño 

de la finca o heredad que tiene a su favor estos signos exteriores. 

958.- Las zanjas, o acequias abiertas entre las heredades, se presumen también de 

copropiedad si no hay título o signo que demuestren lo contrario. 

959.- Hay signo contrario a la copropiedad, cuando la tierra o broza sacada de la zanja 

o acequia para abrirla o limpiarla, se halla sólo de un lado; en este caso, se presume 

que la propiedad de la zanja o acequia es exclusivamente del dueño de la heredad que 

tiene a su favor este signo exterior. 

960.- La presunción que establece el artículo anterior cesa cuando la inclinación del 

terreno obliga a echar la tierra de un solo lado. 

961.- Los dueños de los predios están obligados a cuidar de que no se deteriore la 

pared, zanja o seto de propiedad común; y si por el hecho de alguno de sus 

dependientes o animales, o por cualquiera otra causa que dependa de ellos, se 

deterioraren, deben reponerlos, pagando los daños y perjuicios que se hubieren 

causado. 

962.- La reparación y reconstrucción de las paredes de propiedad común y el 

mantenimiento de los vallados, setos vivos, zanjas, acequias, también comunes, se 

costearán proporcionalmente por todos los dueños que tengan a su favor la 

copropiedad.

963.- El propietario que quiera librarse de las obligaciones que impone el artículo 

anterior, puede hacerlo renunciando a la copropiedad, salvo el caso en que la pared 

común sostenga un edificio suyo. 

964.- El propietario de un edificio que se apoya en una pared común, puede, al 

derribarlo, renunciar o no a la copropiedad. En el primer caso serán de su cuenta todos 

los gastos necesarios para evitar o reparar los daños que cause la demolición. En el 

segundo, además de esta obligación queda sujeto a las que le imponen los artículos 961 

y 962. 

965.- El propietario de una finca contigua a una pared divisoria que no sea común, sólo 

puede darle este carácter en todo o en parte, por contrato con el dueño de ella. 

966.- Todo propietario puede alzar la pared de propiedad común, haciéndolo a sus 

expensas, e indemnizando de los perjuicios que se ocasionaren por la obra, aunque 

sean temporales. 

967.- Serán igualmente de su cuenta todas las obras de conservación de la pared en la 

parte en que ésta haya aumentado su altura o espesor, y las que en la parte común 

sean necesarias, siempre que el deterioro provenga de la mayor altura o espesor que se 

haya dado a la pared. 

968.- Si la pared de propiedad común no puede resistir a la elevación, el propietario que 

quiera levantarla tendrá la obligación de reconstruirla a su costa; y si fuere necesario 

darle mayor espesor, deberá darlo de su suelo. 

969.- En los casos señalados por los artículos 966 y 967, la pared continúa siendo de 

propiedad común hasta la altura en que lo era antiguamente, aun cuando haya sido 

edificada de nuevo a expensas de uno solo, y desde el punto donde comenzó la mayor 

altura, es propiedad del que la edificó. 

970.- Los demás propietarios que no hayan contribuido a dar más elevación o espesor a 

la pared, podrán, sin embargo, adquirir en la parte nuevamente elevada los derechos de 

copropiedad, pagando proporcionalmente el valor de la obra y la mitad del valor del 

terreno sobre que se hubiere dado mayor espesor. 

971.- Cada copropietario de una pared común podrá usar de ella en proporción al 

derecho que tenga en la comunidad; podrá, por tanto, edificar, apoyando su obra en la 

pared común o introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor, pero sin impedir el 

uso común y respectivo de los demás copropietarios. En caso de resistencia de los otros 

propietarios, se arreglarán por medio de peritos las condiciones necesarias para que la 

nueva obra no perjudique los derechos de aquéllos. 

972.- Los árboles existentes en cerca de copropiedad o que señalen lindero, son 

también de copropiedad, y no pueden ser cortados ni substituidos con otros sin el

consentimiento de ambos propietarios, o por decisión judicial pronunciada en juicio 

contradictorio, en caso de desacuerdo de los propietarios. 

973.- Los frutos del árbol o del arbusto común y los gastos de su cultivo, serán 

repartidos por partes iguales entre los copropietarios. 

974.- Ningún copropietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventana ni hueco 

en pared común. 

975. - Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alícuota 

respectiva, si el partícipe quiere hacer uso del derecho del tanto. A este efecto, el 

copropietario notificará a los demás, por medio de notario o judicialmente, la venta que 

tuviere convenida, para que dentro de los ocho días siguientes hagan uso del derecho 

del tanto. Transcurridos los ocho días, por el solo transcurso del término se pierde el 

derecho. Mientras no se haya hecho la notificación, la venta no producirá efecto legal 

alguno. 

Si la venta se realiza omitiéndose la notificación prevenida en este artículo, quedará 

afectada de nulidad relativa. Declarada la nulidad, el copropietario preterido quedara 

subrogado en todos los derechos y obligaciones que hubieren adquirido el tercero. 


2001). 

976.- Si varios propietarios de cosa indivisa hicieren uso del derecho del tanto, será 

preferido el que represente mayor parte, y siendo iguales, el designado por la suerte, 

salvo convenio en contrario. 

977.- Las enajenaciones hechas por herederos o legatarios de la parte de herencia que 

les corresponda, se regirán por lo dispuesto en los artículos relativos. 

978.- La copropiedad cesa: por la división de la cosa común; por la destrucción o 

pérdida de ella; por su enajenación y por la consolidación o reunión de todas las cuotas 

en un solo copropietario. 

979.- La división de una cosa común no perjudica a tercero, el cual conserva los 

derechos reales que le pertenecen antes de hacerse la partición, observándose, en su 

caso, lo dispuesto para hipotecas que graven fincas susceptibles de ser fraccionadas y 

lo prevenido para el adquiriente de buena fe, que inscribe su título en el Registro 

Público. 

980.- La división de bienes inmuebles es nula si no se hace con las mismas formalidades 

que la Ley exige para su venta. 

981.- Son aplicables a la división entre partícipes las reglas concernientes a la división 

de herencias.

TITULO QUINTO 

Del usufructo, del uso y de la habitación 

CAPITULO I 

Del usufructo en general 

982.- El usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. 

983.- El usufructo puede constituirse por la Ley, por la voluntad del hombre o por 

prescripción. 

984.- Puede constituirse el usufructo a favor de una o de varias personas, simultánea o 

sucesivamente. 

985.- Si se constituye a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia, 

sea por contrato, cesando el derecho de una de las personas, pasará al propietario, 

salvo que al constituirse el usufructo se hubiere dispuesto que acrezca a los otros 

usufructuarios 

986.- Si se constituye sucesivamente, el usufructo no tendrá lugar sino en favor de las 

personas que existan al tiempo de comenzar el derecho del primer usufructuario. 

987.- El usufructo puede constituirse desde o hasta cierto día, puramente y bajo 

condición. 

988.- Es vitalicio el usufructo si en el título constitutivo no se expresa lo contrario. 

989.- Los derechos y obligaciones del usufructuario y del propietario se arreglan por el 

título constitutivo del usufructo. 

990.- Las personas físicas o morales que no puedan adquirir, poseer o administrar 

bienes raíces, tampoco pueden tener usufructo constituido sobre bienes de esta clase. 

CAPITULO II 

De los derechos del usufructuario. 

991.- El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y excepciones reales, 

personales o posesorias, y de ser considerado como parte en todo litigio, aunque sea 

seguido por el propietario, siempre que en él se interese el usufructo. 

992.- El usufructuario tiene derecho de percibir todos los frutos, sean naturales, 

industriales o civiles. 

993.- Los frutos naturales o industriales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo, 

pertenecerán al usufructuario. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo, 

pertenecen al propietario. Ni éste, ni el usufructuario tienen que hacerse abono alguno

por razón de labores, semillas u otros gastos semejantes. Lo dispuesto en este artículo 

no perjudica a los aparceros o arrendatarios que tengan derecho de percibir alguna 

porción de frutos, al tiempo de comenzar o extinguirse el usufructo. 

994.- Los frutos civiles pertenecen al usufructuario en proporción del tiempo que dure el 

usufructo, aun cuando no estén cobrados. 

995.- Si el usufructo comprendiera cosas que se deterioraren por el uso, el 

usufructuario tendrá derecho a servirse de ellas, empleándolas según su destino, y no 

estará obligado a restituirlas, al concluir el usufructo, sino en el estado en que se 

encuentren; pero tiene obligación de indemnizar al propietario del deterioro que 

hubieren sufrido por dolo o negligencia. 

996.- Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el 

usufructuario tendrá el derecho de consumirlas, pero está obligado a restituirlas, al 

terminar el usufructo, en igual género, cantidad y calidad. No siendo posible hacer la 

restitución, está obligado a pagar su valor, si se hubiesen dado estimadas, o su precio 

corriente al tiempo de cesar el usufructo, si no fueren estimadas. 

997.- Si el usufructo se constituye sobre capitales impuestos a réditos, el usufructuario 

sólo hace suyos éstos y no aquéllos; y aun cuando el capital se redima, debe volverse a 

imponer a satisfacción del usufructuario y propietario. 

998.- El usufructuario de un monte disfruta de todos los productos que provengan de 

éste, según su naturaleza. 

999.- Si el monte fuere tallar o de maderas de construcción, podrá el usufructuario 

hacer en él las talas o cortes ordinarios que haría el dueño; acomodándose en el modo, 

porción o épocas a las leyes especiales o a las costumbres del lugar. 

1000.- En los demás casos, el usufructuario no podrá cortar árboles por el pie, como no 

sea para reponer o reparar alguna de las cosas usufructuadas; y en este caso acreditará 

previamente al propietario la necesidad de la obra. 

1001.- El usufructuario podrá utilizar los viveros, sin perjuicio de su conservación y 

según las costumbres del lugar y lo dispuesto en las leyes respectivas. 

1002.- Corresponde al usufructuario el fruto de los aumentos que reciban las cosas por 

accesión y el goce de las servidumbres que tenga a su favor. 

1003.- No corresponden al usufructuario los productos de las minas que el propietario 

explote en el terreno dado en usufructo; ni los que provengan de minas que el mismo 

propietario denuncie después de constituido el usufructo, a no ser que expresamente se 

le conceda en el título constitutivo del usufructo o que éste sea universal; pero deberá 

indemnizarse al usufructuario de los daños y perjuicios que se le originen por la

interrupción del usufructo a consecuencia de las obras que se practiquen para el 

laboreo de dichas minas. 

1004.- El usufructuario puede gozar por si mismo de la cosa usufructuada. Puede 

enajenar, arrendar y gravar su derecho de usufructo; pero todos los contratos que 

celebre como usufructuario terminarán con el usufructo. 

1005.- El usufructuario puede hacer mejoras útiles y puramente voluntarias; pero no 

tiene derecho de reclamar su pago, aunque sí puede retirarlas, siempre que sea posible 

hacerlo sin detrimento de la cosa en que esté constituido el usufructo. 

1006.- El propietario de bienes en que otro tenga el usufructo, puede enajenarlos, con 

la condición de que se conserve el usufructo. 

1007.- El usufructuario goza del derecho del tanto. Es aplicable lo dispuesto en el 

artículo 975 en lo que se refiere a la forma para dar el aviso de enajenación y al tiempo 

para hacer uso del derecho del tanto. 

CAPITULO III 

De las obligaciones del usufructuario 

1008.- El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, está obligado: 

I.- A formar a sus expensas, con citación del dueño, un inventario de todos ellos, 

haciendo tasar los muebles y constar el estado en que se hallen los inmuebles; 

II.- A dar la correspondiente fianza de que disfrutará de las cosas con moderación, y 

las restituirá al propietario con sus accesiones, al extinguirse el usufructo, no 

empeoradas ni deterioradas por su negligencia, salvo lo dispuesto en el artículo 434. 

1009.- El donador que se reserva el usufructo de los bienes donados está dispensado de 

dar la fianza referida, si no se ha obligado expresamente a ello. 

1010.- El que se reserva la propiedad, puede dispensar al usufructuario de la obligación 

de afianzar. 

1011.- Si el usufructo fuere constituido por contrato, y el que contrató quedare de 

propietario, y no exigiere en el contrato la fianza, no estará obligado el usufructuario a 

darla; pero si quedare de propietario un tercero, podrá pedirla aunque no se haya 

estipulado en el contrato. 

1012.- Si el usufructo se constituye por título oneroso, y el usufructuario no presta la 

correspondiente fianza dentro de sesenta días, contados a partir de su constitución, el 

propietario tiene derecho de intervenir la administración de los bienes, para procurar su 

conservación, sujetándose a las condiciones prescritas en el artículo 1049 de este 

Código y percibiendo la retribución que en él se concede.

Cuando el usufructo es a título gratuito y el usufructuario no otorga la fianza, el 

usufructo se extingue en los términos del artículo 1040, fracción IX. 


2001). 

1013.- El usufructuario, dada la fianza, tendrá derecho a todos los frutos de la cosa, 

desde el día en que, conforme al título constitutivo del usufructo, debió comenzar a 

percibirlos. 

1014.- En los casos señalados en el artículo 1004, el usufructuario es responsable del 

menoscabo que tengan los bienes por culpa o negligencia de la persona que lo 

substituya. 

1015.- Si el usufructo se constituye sobre ganados, el usufructuario está obligado a 

reemplazar con las crías, las cabezas que falten por cualquier causa. 

1016.- Si el ganado en que se constituyó el usufructo perece sin culpa del usufructuario, 

por efecto de una epizootia o de algún otro acontecimiento no común, el usufructuario 

cumple con entregar al dueño los despojos que se hayan salvado de esa calamidad. 

1017.- Si el rebaño perece en parte, y sin culpa del usufructuario, continúa el usufructo 

en la parte que quede. 

1018.- El usufructuario de árboles frutales está obligado a la replantación de los pies 

muertos naturalmente. 

1019.- Si el usufructo se ha constituido a título gratuito, el usufructuario está obligado a 

hacer las reparaciones indispensables para mantener la cosa en el estado en que se 

encontraba cuando la recibió. 

1020.- El usufructuario no está obligado a hacer reparaciones, si la necesidad de éstas 

proviene de vejez, vicio intrínseco o deterioro grave de la cosa, anterior a la constitución 

del usufructo. 

1021.- Si el usufructuario quiere hacer las reparaciones referidas, debe obtener antes el 

consentimiento del dueño; y en ningún caso tiene derecho de exigir indemnización de 

ninguna especie. 

1022.- El propietario, en el caso del artículo 1020, tampoco está obligado a hacer las 

reparaciones, y si las hace, no tiene derecho de exigir indemnización. 

1023.- Si el usufructo se ha constituido a título oneroso, el propietario tiene obligación 

de hacer todas las reparaciones convenientes para que la cosa, durante el tiempo 

estipulado en el convenio, pueda producir los frutos que ordinariamente se obtenían de 

ella al tiempo de la entrega.

1024.- Si el usufructuario quiere hacer en este caso las reparaciones, deberá dar aviso 

al propietario, y previo este requisito, tendrá derecho para cobrar su importe al fin del 

usufructo. 

1025.- La omisión del aviso al propietario, hace responsable al usufructuario de la 

destrucción, pérdida o menoscabo de la cosa por falta de las reparaciones, y le priva del 

derecho de pedir indemnización si las hace. 

1026.- Toda disminución de los frutos que provenga de imposición de contribuciones, o 

cargas ordinarias sobre la finca o cosa usufructuada, es de cuenta del usufructuario. 

1027.- La disminución que por las propias causas se verifique, no en los frutos, sino en 

la misma finca o cosa usufructuada, será de cuenta del propietario; y si éste, para 

conservar íntegra la cosa hace el pago, tiene derecho de que se le abonen los intereses 

de la suma pagada, por todo el tiempo que el usufructuario continúe gozando de la 

cosa. 

1028.- Si el usufructuario hace el pago de la cantidad, no tiene derecho de cobrar 

intereses, quedando compensados éstos con los frutos que reciba. 

1029. -El que por sucesión adquiere el usufructo universal, está obligado a pagar por 

entero el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos. 

1030.- El que por el mismo título adquiera una parte del usufructo universal, pagará el 

legado o la pensión en proporción a su cuota. 

1031.- El usufructuario particular de una finca hipotecada no está obligado a pagar las 

deudas para cuya seguridad se constituyó la hipoteca. 

1032.- Si la finca se embarga o se vende judicialmente para el pago de la deuda, el 

propietario responde al usufructuario de lo que pierda por este motivo, si no se ha 

dispuesto otra cosa, al constituirse el usufructo. 

1033.- Si el usufructo es de todos los bienes de una herencia, o de una parte de ellos, 

el usufructuario podrá anticipar las sumas que para el pago de las deudas hereditarias 

correspondan a los bienes usufructuados, y tendrá derecho de exigir del propietario su 

restitución, sin intereses, al extinguirse el usufructo. 

1034.- Si el usufructuario se negare a hacer la anticipación de que habla el artículo que 

precede, el propietario podrá hacer que se venda la parte de bienes que baste para el 

pago de la cantidad que aquél debía satisfacer, según la regla establecida en dicho 

artículo. 

1035.- Si el propietario hiciere la anticipación por su cuenta, el usufructuario pagará el 

interés del dinero, según la regla establecida en el artículo 1027.

1036.- Si los derechos del propietario son perturbados por un tercero, sea del modo y 

por el motivo que fuere, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento de 

aquél; y si no lo hace, es responsable de los daños que resulten, como si hubiesen sido 

ocasionados por su culpa. 

1037.- Los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos sobre el usufructo, son de 

cuenta del propietario si el usufructo se ha constituido por título oneroso, y del 

usufructuario si se ha constituido por título gratuito. 

1038.- Si el pleito interesa al mismo tiempo al dueño y al usufructuario, contribuirán a 

los gastos en proporción de sus derechos respectivos, si el usufructo se constituyó a 

título gratuito; pero el usufructuario en ningún caso estará obligado a responder por 

más de lo que produce el usufructo. 

1039.- Si el usufructuario, sin citación del propietario, o éste sin la de aquél, ha seguido 

un pleito, la sentencia favorable aprovecha al no citado, y la adversa no le perjudica. 

1040.- El usufructo se extingue: 

I.- Por muerte del usufructuario; 

CAPITULO IV 

De los modos de extinguirse el usufructo 

II.- Por vencimiento del plazo por el cual se constituyó; 

III.- Por cumplirse la condición impuesta en el título constitutivo para la cesación de 

este derecho; 

IV.- Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona; mas si la 

reunión se verifica en una sola cosa o parte de lo usufructuado, en lo demás subsistirá 

el usufructo; 

V.- Por prescripción, conforme a lo prevenido respecto de los derechos reales; 

VI.- Por la renuncia expresa del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las 

renuncias hechas en fraude de los acreedores; 

VII.- Por la pérdida total de la cosa que era objeto del usufructo. Si la destrucción no 

es total, el derecho continúa sobre lo que de la cosa haya quedado; 

VIII.- Por la cesación del derecho del que constituyó el usufructo, cuando teniendo un 

dominio revocable, llega el caso de la revocación; 

IX.- Por no dar fianza el usufructuario por título gratuito, dentro del plazo de sesenta 

días, contados a partir de la fecha de su constitución, si el dueño no le ha eximido de 

esa obligación. 


2001). 

1041.- La muerte del usufructuario no extingue el usufructo, cuando éste se ha 

constituido a favor de varias personas sucesivamente, pues en tal caso entra al goce del 

mismo, la persona que corresponda.

1042.- El usufructo constituido a favor de personas morales que puedan adquirir y 

administrar bienes raíces, sólo durará veinte años; cesando antes, en el caso de que 

dichas personas dejen de existir. 

1043.- El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta 

edad, dura el número de años prefijados, aunque el tercero muera antes. 

1044.- Si el usufructo está constituido sobre un edificio y éste se arruina en un incendio, 

por vetustez o por cualquiera otro accidente, el usufructuario no tiene derecho de gozar 

del solar ni de los materiales; mas si estuviere constituido sobre una hacienda, quinta o 

rancho de que sólo forma parte el edificio arruinado, el usufructuario podrá continuar 

usufructuando el solar y los materiales. 

1045.- Si el edificio es reconstruido por el dueño o por el usufructuario, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 1021, 1022, 1023 y 1024. 

1046.- Si la cosa usufructuada fuere expropiada por causa de utilidad pública, el 

propietario está obligado, bien a substituirla con otra de igual valor y análogas 

condiciones, o bien a abonar al usufructuario el interés legal del importe de la 

indemnización por todo el tiempo que debía durar el usufructo. Si el propietario optare 

por lo último, deberá afianzar el pago de los réditos. 

1047.- El impedimento temporal por caso fortuito o fuerza mayor, no extingue el 

usufructo, ni da derecho a exigir indemnización del propietario. 

1048.- El tiempo del impedimento se tendrá por corrido para el usufructuario, de quien 

serán los frutos que durante él pueda producir la cosa. 

1049.- El usufructo no se extingue por el mal uso que haga el usufructuario de la cosa 

usufructuada; pero si el abuso es grave, el propietario puede pedir que se le ponga en 

posesión de los bienes, obligándose, bajo de fianza, a pagar anualmente al 

usufructuario el producto líquido de los mismos, por el tiempo que dure el usufructo, 

deducido el precio de administración que el juez le acuerde. 

1050.- Terminado el usufructo, los contratos que respecto de él haya celebrado el 

usufructuario, no obligan al propietario, y éste entrará en posesión de la cosa, sin que 

contra él tengan derecho los que contrataron con el usufructuario, para pedirle 

indemnización por la disolución de sus contratos, ni por las estipulaciones de éstos, que 

sólo pueden hacer valer contra el usufructuario y sus herederos, salvo lo dispuesto en el 


CAPITULO V 

Del uso y de la habitación

1051.- El uso da derecho para percibir de los frutos de una cosa ajena, los que basten a 

las necesidades del usuario y su familia, aunque ésta aumente. 

1052.- La habitación da, a quien tiene este derecho, la facultad de ocupar 

gratuitamente, en casa ajena, las piezas necesarias para sí y para las personas de su 

familia. 

1053.- El usuario y el que tiene derecho de habitación en un edificio, no pueden 

enajenar, gravar, ni arrendar en todo ni en parte su derecho a otro, ni estos derechos 

pueden ser embargados por sus acreedores. 

1054.- Los derechos y obligaciones del usuario y del que tiene el goce de habitación, se 

arreglarán por los títulos respectivos y, en su defecto, por las disposiciones siguientes. 

1055.- Las disposiciones establecidas para el usufructo son aplicables a los derechos de 

uso y de habitación, en cuanto no se opongan a lo ordenado en el presente capítulo. 

1056.- El que tiene derecho de uso sobre un ganado, puede aprovecharse de las crías, 

leche y lana en cuanto basten para su consumo y el de su familia. 

1057.- Si el usuario consume todos los frutos de los bienes, o el que tiene derecho de 

habitación ocupa todas las piezas de la casa, quedan obligados a todos los gastos de 

cultivo, reparaciones y pago de contribuciones, lo mismo que el usufructuario; pero si el 

primero sólo consume parte de los frutos, o el segundo sólo ocupa parte de la casa, no 

deben contribuir en nada, siempre que al propietario le quede una parte de frutos o 

aprovechamientos bastantes para cubrir 

los gastos y cargas. 

1058.- Si los frutos que quedan al propietario no alcanzan a cubrir los gastos y cargas, 

la parte que falte será cubierta por el usuario, o por el que tiene derecho a la 

habitación. 

TITULO SEXTO 

de la servidumbre 

CAPITULO I 


1059.- La servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio 

de otro perteneciente a distinto dueño. 

El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre, se llama predio dominante; el 

que la sufre, predio sirviente.

1060.- La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que al dueño del predio 

sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente 

determinado por la Ley, o en el acto en que se constituyó la servidumbre. 

1061.- Las servidumbres son continuas o discontinuas; aparentes o no aparentes. 

1062.- Son continuas aquéllas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de 

ningún hecho del hombre. 

1063.- Son discontinuas aquéllas cuyo uso necesita de algún hecho actual del hombre. 

1064.- Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para 

su uso y aprovechamiento. 

1065.- Son no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. 

1066.- Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente 

pertenecen. 

1067.- Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya 

pasivamente, en el predio u objeto en que estaba constituida, hasta que legalmente se 

extinga. 

1068.- Las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se divide entre muchos 

dueños, la servidumbre no se modifica y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la 

parte que le corresponda. Si es el predio dominante el que se divide entre muchos, cada 

porcionero puede usar por entero de la servidumbre, no variando el lugar de su uso ni 

agravándolo de otra manera. Mas si la servidumbre se hubiere establecido en favor de 

una sola de las partes del predio dominante, sólo el dueño de ésta podrá continuar 

disfrutándola. 

1069.- Las servidumbres traen su origen de la voluntad del hombre o de la Ley; las 

primeras se llaman voluntarias y las segundas legales. 

CAPITULO II 

De las servidumbres legales 

1070.- Servidumbre legal es la que existe sin necesidad de convenio ni prescripción, y 

que como consecuencia natural de la respectiva posición de los predios, reconoce la 

Ley, ya en utilidad pública o comunal, ya en beneficio de los particulares. 

1071.- Son aplicables a las servidumbres legales lo dispuesto en los artículos 1121 al 

1129 inclusive.

1072.- Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para la utilidad pública o 

comunal, se regirá por las leyes y reglamentos especiales, y, en su defecto, por las 

disposiciones de este título. 

CAPITULO III 

De la servidumbre legal de desagüe 

1073.- Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente, o como 

consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales que se hagan, caigan de los 

superiores, así como la piedra o tierra que arrastren en su curso. 

1074.- Cuando los predios inferiores reciban las aguas de los superiores a consecuencia 

de las mejoras agrícolas o industriales hechas a éstas, los dueños de los predios 

sirvientes tienen derecho de ser indemnizados. 

1075.- Cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado entre otros, estarán 

obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir el desagüe del central. Las 

dimensiones y dirección del conducto de desagüe, si no se ponen de acuerdo los 

interesados se fijarán por el juez, previo informe de peritos y audiencia de los 

interesados, observándose, en cuanto fuere posible, las reglas dadas para la 

servidumbre de paso. 

1076.- El dueño de un predio en que existan obras defensivas para contener el agua, o 

en que por la variación del curso de ésta sea necesario construir nuevas, está obligado, 

a su elección, a hacer las reparaciones o construcciones, o a tolerar que sin perjuicio 

suyo las hagan los dueños de los predios que experimenten o estén inminentemente 

expuestos a experimentar daño, a menos que las leyes especiales de policía le 

impongan la obligación de hacer las obras. 

1077.- Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable al caso en que sea necesario 

desembarazar algún predio de las materias cuya acumulación o caída impida el curso 

del agua con daño o peligro de alguno. 

1078.- Todos los propietarios que participen del beneficio proveniente de las obras de 

que tratan los artículos anteriores, están obligados a contribuir al gasto de su ejecución 

en proporción a su interés y a juicio de peritos. Los que por su culpa hubieren 

ocasionado daño serán responsables de los gastos. 

1079.- Si las aguas que pasen al predio sirviente se han vuelto insalubres por los usos 

domésticos o industriales que de ellas se hayan hecho, deberán volverse inofensivas a 

costa del dueño del predio dominante. 

CAPITULO IV 

De la servidumbre legal de acueducto

1080.- El que quiera usar agua de que pueda disponer, tiene derecho de hacerla pasar 

por los fundos intermedios, con obligación de indemnizar a sus dueños así como a los 

de los predios inferiores sobre los que se filtren o caigan las aguas. 

1081.- Se exceptúan de la servidumbre que establece el artículo anterior, los edificios, 

sus patios, jardines y demás dependencias. 

1082.- El que ejercite el derecho de hacer pasar las aguas de que trata el artículo 1080, 

está obligado a construir el canal necesario en los predios intermedios, aunque haya en 

ellos canales para el uso de otras aguas. 

1083.- El que tiene en su predio un canal para el curso de aguas que le pertenecen, 

puede impedir la apertura de otro nuevo, ofreciendo dar paso por aquél, con tal de que 

no cause perjuicio al dueño del predio dominante. 

1084.- También se deberá conceder el paso de las aguas a través de los canales y 

acueductos del modo más conveniente, con tal de que el curso de las aguas que se 

conducen por éstos y su volumen, no sufra alteración, ni las de ambos acueductos se 

mezclen. 

1085.- En el caso del artículo 1080 si fuere necesario hacer pasar el acueducto por un 

camino, río o torrente público, deberá, indispensable y previamente, obtenerse el 

permiso de la autoridad bajo cuya inspección estén el camino, río o torrente. 

1086.- La autoridad sólo concederá el permiso con entera sujeción a los reglamentos 

respectivos, y obligando al dueño del agua a que la haga pasar sin que el acueducto 

impida, estreche ni deteriore el camino, ni embarace o estorbe el curso del río o 

torrente. 

1087.- El que sin dicho permiso previo, pasare el agua o la derramare sobre el camino, 

quedará obligado a reponer las cosas a su estado antiguo y a indemnizar el daño que a 

cualquiera se cause, sin perjuicio de las penas impuestas por los reglamentos 

correspondientes. 

1088.- El que pretenda usar del derecho consignado en el artículo 1080, debe 

previamente: 

I.- Justificar que puede disponer del agua que pretende conducir; 

II.- Acreditar que el paso que solicita es el más conveniente para el uso a que 

destina el agua; 

III.- Acreditar que dicho paso es el menos oneroso para los predios por donde debe 

pasar el agua; 

IV.- Pagar el valor del terreno que ha de ocupar el canal, según estimación de peritos 

y un diez por ciento más; 

V.- Resarcir los daños inmediatos, con inclusión del que resulte por dividirse en dos o 

más partes el predio sirviente, y de cualquier otro deterioro.

1089.- En el caso a que se refiere el artículo 1083, el que pretenda el paso de aguas 

deberá pagar, en proporción a la cantidad de éstas, el valor del terreno ocupado por el 

canal en que se introducen y los gastos necesarios para su conservación, sin perjuicio 

de la indemnización debida por el terreno que sea necesario ocupar de nuevo, y por los 

otros gastos que ocasione el paso que se le concede. 

1090.- La cantidad de agua que pueda hacerse pasar por un acueducto establecido en 

predio ajeno, no tendrá otra limitación que la que resulte de la capacidad que por las 

dimensiones convenidas se haya fijado al mismo acueducto. 

1091.- Si el que disfruta del acueducto necesitare ampliarlo, deberá costear las obras 

necesarias y pagar el terreno que nuevamente ocupe y los daños que cause, conforme 

a lo dispuesto en los incisos IV y V del artículo 1088. 

1092.- La servidumbre legal establecida por el artículo 1080 trae consigo el derecho de 

tránsito para las personas y animales, y el de conducción de los materiales necesarios 

para el uso y reparación del acueducto, así como para el cuidado del agua que por él se 

conduce; observándose lo dispuesto en los artículos del 1101 al 1106, inclusive. 

1093.- Las disposiciones concernientes al paso de las aguas, son aplicables al caso en 

que el poseedor de un terreno pantanoso quiera desecarlo o dar salida por medio de 

cauces a las aguas estancadas. 

1094.- Todo el que se aproveche de un acueducto, ya pase por terreno propio, ya por 

ajeno, debe construir y conservar los puentes, canales, acueductos subterráneos y 

demás obras necesarias para que no se perjudique el derecho de otro. 

1095.- Si los que se aprovecharen fueren varios, la obligación recaerá sobre todos en 

proporción de su aprovechamiento, si no hubiere prescripción o convenio en contrario. 

1096.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores comprende la limpia, construcciones 

y reparaciones para que el curso del agua no se interrumpa. 

1097.- La servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño del predio sirviente 

pueda cerrarlo y cercarlo, así como edificar sobre el mismo acueducto, de manera que 

éste no experimente perjuicio, ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias. 

1098.- Cuando para el mejor aprovechamiento del agua de que se tiene derecho de 

disponer, fuere necesario construir una presa y el que haya de hacerlo no sea dueño del 

terreno en que se necesite apoyarla, puede pedir que se establezca la servidumbre de 

estribo de presa, previa la indemnización correspondiente. 

CAPITULO V 

De la servidumbre legal de paso

1099.- El propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas sin salida a 

la vía pública, tiene derecho de exigir, para el aprovechamiento de aquélla, paso por las 

heredades vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa que 

una indemnización equivalente al perjuicio que les ocasione este gravamen. 

1100.- La acción para reclamar esta indemnización es prescriptible; pero, aunque 

prescribe, no cesa por este motivo el paso obtenido. 

1101.- El dueño del predio sirviente tiene derecho de señalar el lugar en donde haya de 

constituirse la servidumbre de paso. 

1102.- Si el juez califica el lugar señalado de impracticable o de muy gravoso al predio 

dominante, el dueño del sirviente debe señalar otro. 

1103.- Si este lugar es calificado de la misma manera que el primero, el juez señalará el 

que crea más conveniente, procurando conciliar los intereses de los respectivos dueños. 

1104.- Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso a la vía pública, el 

obligado a la servidumbre será aquél por donde fuere más corta la distancia, siempre 

que no resulte muy incómodo y costoso el paso por ese lugar. Si la distancia fuere igual, 

el juez designará cuál de los dos predios ha de dar el paso. 

1105.- En la servidumbre de paso, el ancho de éste será el que baste a las necesidades 

del predio dominante, a juicio del juez. 

1106.- En caso de que hubiere habido antes comunicación entre la finca o heredad y 

alguna vía pública, el paso sólo se podrá exigir a la heredad o finca por donde 

últimamente lo hubo. 

1107.- El dueño de un predio rústico tiene derecho, mediante la indemnización 

correspondiente, de exigir que se le permita el paso de sus ganados por los predios 

vecinos, para conducirlos a un abrevadero de que pueda disponer. 

1108.- El propietario de árbol o arbusto contiguo al predio de otro, tiene derecho de 

exigir de éste que le permita hacer la recolección de los frutos que no se pueden 

recoger de su lado, siempre que no se haya usado o no se use del derecho que 

conceden los artículos 851 y 852; pero el dueño del árbol o arbusto es responsable de 

cualquier daño que cause con motivo de la recolección. 

Igual derecho tendrá el propietario de árbol o arbusto plantado en terreno ajeno, y el 

dueño del predio no podrá usar del derecho a que aluden los referidos artículos 851 y 

852. 

1109.- Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales por 

predio ajeno, o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño de este 

predio estará obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al 

perjuicio que se le irrogue.

1110.- Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más 

fincas, o para conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes y 

tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de ésta tiene obligación de 

permitirlo, mediante la indemnización correspondiente. Esta servidumbre trae consigo el 

derecho de tránsito de las personas y el de conducción de los materiales necesarios 

para la construcción, mantenimiento y vigilancia de la línea. 

CAPITULO VI 

De las servidumbres voluntarias 

1111.- El propietario de una finca o heredad puede establecer en ella cuantas 

servidumbres tenga por conveniente, en el modo y forma que mejor le parezca, siempre 

que no contravenga las leyes, ni perjudique derechos de tercero. 

1112.- Sólo pueden constituir servidumbres las personas que tienen derecho de 

enajenar; los que no pueden enajenar inmuebles sino con ciertas limitaciones, 

condiciones o solemnidades, no pueden, sin ellas, imponer servidumbres sobre los 

mismos. 

1113.- Si fueren varios los propietarios de un predio, no se podrán imponer 

servidumbres sino con consentimiento de todos. 

1114.- Si siendo varios los propietarios, uno solo de ellos adquiere una servidumbre 

sobre otro predio, a favor del común, de ella, podrán aprovecharse todos los 

propietarios, quedando obligados a los gravámenes naturales que trae consigo y a los 

precios con que se hayan adquirido. 

CAPITULO VII 

Cómo se adquieren las servidumbres voluntarias 

1115.- Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por cualquier título legal 

inclusive la prescripción. 

1116.- Las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas sean aparentes o no 

lo sean, no podrán adquirirse por prescripción. 

1117.- Al que pretenda tener derecho a una servidumbre, toca probar aunque esté en 

posesión de ella, el título en virtud del cual la goza. 

1118.- La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido 

o conservado por el propietario de ambas, se considera, si se enajenaren, como título 

para que la servidumbre continúe, a no ser que, al tiempo de dividirse la propiedad de 

las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas.

1119.- Al constituirse una servidumbre se entienden concedidos todos los medios 

necesarios para su uso; y extinguida aquélla, cesan también estos derechos accesorios. 

CAPITULO VIII 

Derechos y obligaciones de los propietarios 

de los predios entre los que está constituida 

alguna servidumbre voluntaria 

1120.- El uso y la extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del 

propietario, se arreglarán por los términos del título en que tengan su origen, y en su 

defecto, por las disposiciones siguientes. 

1121.- Corresponde al dueño del predio dominante hacer a su costa todas las obras 

necesarias para el uso y conservación de la servidumbre. 

1122.- El mismo, tiene obligación de hacer a su costa las obras que fueren necesarias 

para que al dueño del predio sirviente no se le causen, por la servidumbre, más 

gravámenes que los consiguientes a ella; y si por su descuido u omisión se causare otro 

daño, estará obligado a la indemnización. 

1123.- Si el dueño del predio sirviente se hubiere obligado en el título constitutivo de la 

servidumbre a hacer alguna cosa, o a costear alguna obra, se librará de esta obligación 

abandonando su predio al dueño del dominante. 

1124.- El dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno la 

servidumbre constituida sobre éste. 

1125.- El dueño del predio sirviente, si el lugar primitivamente designado para el uso de 

la servidumbre llegase a presentarle graves inconvenientes, podrá ofrecer otro que sea 

cómodo al dueño del predio dominante, quien no podrá rehusarlo, si no se perjudica. 

1126.- El dueño del predio sirviente puede ejecutar las obras que hagan menos gravosa 

la servidumbre, si de ellas no resulta perjuicio alguno al predio dominante. 

1127.- Si de la conservación de dichas obras se siguiere algún perjuicio al predio 

dominante, el dueño del sirviente está obligado a restablecer las cosas a su antiguo 

estado, y a indemnizar de los daños y perjuicios. 

1128.- Si el dueño del predio dominante se opone a las obras de que trata el artículo 

1126, el juez decidirá, previo informe de peritos. 

1129.- Cualquiera duda sobre el uso y extensión de la servidumbre, se decidirá en el 

sentido menos gravoso para el predio sirviente, sin imposibilitar o hacer difícil el uso de 

la servidumbre. 

CAPITULO IX

De la extinción de las servidumbres 

1130.- Las servidumbres voluntarias se extinguen: 

I.- Por reunirse en una misma persona la propiedad de ambos predios, dominante y 

sirviente; y no reviven por una nueva separación salvo lo dispuesto en el artículo 1118; 

pero si el acto de reunión era resoluble por su naturaleza y llega el caso de la 

resolución, renacen las servidumbres como estaban antes de la reunión; 

II.- Por el no uso; 

Cuando la servidumbre fuere continua y aparente, por el no uso de tres años, contados 

desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre. 

Cuando fuere discontinua o no aparente, por el no uso de cinco años, contados desde el 

día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fundo sirviente acto 

contrario a la servidumbre, o por haber prohibido que se usare de ella. Si no hubo acto 

contrario o prohibición, aunque no se haya usado de la servidumbre, o si hubo tales 

actos, pero continúa el uso, no corre el tiempo de la prescripción; 

III.- Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del predio sirviente a tal estado 

que no pueda usarse la servidumbre. Si en lo sucesivo los predios se restablecen de 

manera que pueda usarse de la servidumbre, revivirá ésta, a no ser que desde el día en 

que pudo volverse a usar haya transcurrido el tiempo suficiente para la prescripción; 

IV.- Por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante; 

V.- Cuando constituida en virtud de un derecho revocable se vence el plazo, se 

cumple la condición o sobreviene la circunstancia que debe poner término a aquél. 

1131.- Si los predios entre los que está constituida una servidumbre legal, pasan a 

poder de un mismo dueño, deja de existir la servidumbre; pero separadas nuevamente 

las propiedades, revive aquélla aun cuando no se haya conservado ningún signo 

aparente. 

1132.- Las servidumbres legales establecidas en utilidad pública o comunal se pierden 

por el no uso de cinco años, si se prueba que durante ese tiempo se ha adquirido, por 

el que disfrutaba aquéllas, otra servidumbre de la misma naturaleza por distinto lugar. 

1133.- El dueño de un predio sujeto a una servidumbre legal, puede por medio de 

convenio, librarse de ella, con las restricciones siguientes: 

I.- Si la servidumbre está constituida a favor de un municipio o población, no surtirá 

el convenio efecto alguno respecto de toda la comunidad, si no se ha celebrado 

interviniendo el Ayuntamiento en representación de ella; pero sí producirá acción contra 

cada uno de los particulares que hayan renunciado a dicha servidumbre; 

II.- Si la servidumbre es de uso público, el convenio es nulo en todo caso; 

III.- Si la servidumbre es de paso o desagüe, el convenio se entenderá celebrado con 

la condición de que lo aprueben los dueños de los predios circunvecinos, o por lo 

menos, el dueño del predio por donde nuevamente se constituya la servidumbre; 

IV.- La renuncia de la servidumbre legal de desagüe sólo será válida cuando no se 

oponga a los reglamentos respectivos.

1134.- Si el predio dominante pertenece a varios dueños pro indiviso, el uso que haga 

uno de ellos aprovecha a los demás para impedir la prescripción. 

1135.- Si entre los propietarios hubiere alguno contra quien por leyes especiales no 

puede correr la prescripción, ésta no correrá contra los demás. 

1136.- El modo de usar la servidumbre puede prescribirse en el tiempo y de la manera 

que la servidumbre misma. 


de la prescripción 

CAPITULO I 


1137.- Prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la Ley. 

1138.- La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama prescripción positiva; 

la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción 

negativa. 

1139.- Sólo pueden prescribirse los bienes y obligaciones que están en el comercio, 

salvo las excepciones establecidas por la Ley. 

1140.- Pueden adquirir por prescripción positiva todos los que son capaces de adquirir 

por cualquier otro título; los menores y demás incapacitados pueden hacerlo por medio 

de sus legítimos representantes. 

1141.- Para los efectos de los artículos 845 y 845 se dice legalmente cambiada la causa 

de la posesión, cuando el poseedor que no poseía a título de dueño, comienza a poseer 

con este carácter, y en tal caso la prescripción no corre sino desde el día en que se 

haya cambiado la causa de la posesión. 

1142.- La prescripción negativa aprovecha a todos, aun a los que por sí mismos no 

pueden obligarse. 

1143.- Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar la prescripción 

ganada; pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo. 

1144.- La renuncia de la prescripción es expresa o tácita, siendo esta última la que 

resulta de un hecho que importa el abandono del derecho adquirido.

1145.- Los acreedores y todos los que tuvieren legítimo interés en que la prescripción 

subsista, pueden hacerla valer aunque el deudor o el propietario hayan renunciado los 

derechos en esa virtud adquiridos. 

1146.- Si varias personas poseen en común alguna cosa, no puede ninguna de ellas 

prescribir contra sus copropietarios o coposeedores; pero sí puede prescribir contra un 

extraño, y en este caso la prescripción aprovecha a todos los partícipes. 

1147.- La excepción que por prescripción adquiere un codeudor solidario, no 

aprovechará a los demás, sino cuando el tiempo exigido haya debido correr del mismo 

modo para todos ellos. 

1148.- En el caso previsto por el artículo que precede, el acreedor sólo podrá exigir a 

los deudores que no prescribieren, el valor de la obligación, deducida la parte que 

corresponda al deudor que prescribió. 

1149.- La prescripción adquirida por el deudor principal, aprovecha siempre a sus 

fiadores. 

1150.- El Estado, así como los Ayuntamientos y todos los establecimientos públicos y 

personas morales, se considerarán como particulares para la prescripción de sus bienes, 

derechos y acciones, que sean susceptibles de propiedad privada. 

1151.- El que prescriba puede completar el término necesario para su prescripción 

reuniendo al tiempo que haya poseído, el que poseyó la persona que le transmitió la 

cosa, con tal de que ambas posesiones tengan los requisitos legales. 

1152.- Las disposiciones de este Título, relativas al tiempo y demás requisitos 

necesarios para la prescripción, sólo dejarán de observarse en los casos en que la Ley 

prevenga expresamente otra cosa. 

CAPITULO II 

De la prescripción positiva 

1153.- La posesión necesaria para prescribir debe ser: 

I.- En concepto de propietario; 

II.- Pacífica; 

III.- Continua; 

IV.- Pública. 

1154.- Los bienes inmuebles se prescriben: 

I.- En cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, 

pacífica, continua y públicamente;

II.- En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de 

posesión; 

III.- En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de 

propietario, pacífica, continua y públicamente. 

Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y II, si se 

demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no 

la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber 

hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido 

deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquél. 

1155.- Los bienes muebles se prescriben en tres años cuando son poseídos con buena 

fe, pacífica y continuamente. Faltando la buena fe, se prescribirán en cinco años. 

1156.- Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia aunque ésta cese y la 

posesión continúe pacíficamente, el plazo para la prescripción será de diez años para los 

inmuebles y cinco para los muebles, contados desde que cese la violencia. 

1157.- La posesión adquirida por medio de un delito, se tendrá en cuenta para la 

prescripción, a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la 

acción penal, considerándose la posesión como de mala fe. 

1158.- El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones 

exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra 

el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se 

declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la 

propiedad. 

1159.- La sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción, se 

inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor. 

CAPITULO III 

De la prescripción negativa 

1160.- La prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la 

Ley. 

1161.- Fuera de los casos de excepción, se necesita el transcurso de diez años, 

contados desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de 

pedir su cumplimiento. 

1162.- La obligación de dar alimentos es imprescriptible. 

1163.- Prescriben en dos años:

I.- Los honorarios, sueldos, y otras retribuciones por la prestación de cualquier 

servicio, que no sean de la competencia de los tribunales del Trabajo. La prescripción 

comienza a correr desde la fecha en que dejaron de prestarse los servicios; 

II.- La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a 

personas que no fueren revendedoras. 

La prescripción corre desde el día en que fueron entregados los objetos, si la venta no 

se hizo a plazo; 

III.- La acción de los dueños de hoteles y casas de huéspedes para cobrar el importe 

del hospedaje; y la de éstos y la de los fondistas para cobrar el precio de los alimentos 

que ministren. 

La prescripción corre desde el día en que debió ser pagado el hospedaje, o desde aquél 

en que se ministraron los alimentos; 

IV.- La responsabilidad civil y la que nace del daño causado por personas o animales, 

y que la Ley impone al representante de aquéllas o al dueño de éstos. 

La prescripción comienza a correr desde el día en que se verificó el acto que da 

nacimiento a la responsabilidad civil, o desde aquél en que causó el daño por los 

animales; 

V.- La responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan delitos. 

La prescripción corre desde el día en que se verificaron los actos; 

VI.- La acción para exigir la devolución de un vale o escrito privado en que una 

persona confiesa haber recibido de otra una suma prestada cuando realmente no la 

haya recibido. Los dos años se contarán desde la fecha del documento. 

Opuesta la excepción antes de dos años, incumbe al acreedor la prueba de la entrega. 

1164.- Las pensiones, las rentas, los alquileres y cuales quiera otras prestaciones 

periódicas no cobradas a su vencimiento, quedarán prescritas en cinco años contados 

desde el vencimiento de cada una de ellas, ya se haga el cobro en virtud de acción real 

o de acción personal. 

1165.- Respecto de las obligaciones con pensión o renta, el tiempo de la prescripción 

del capital comienza a correr desde el día del último pago, si no se ha fijado plazo para 

la devolución; en caso contrario, desde el vencimiento del plazo. 

1166.- Prescribe en cinco años la obligación de dar cuentas. En igual término se 

prescriben las obligaciones líquidas que resulten de la rendición de cuentas. En el primer 

caso, la prescripción comienza a correr desde el día en que el obligado termina su 

administración; en el segundo caso, desde el día en que la liquidación es aprobada por 

los interesados o por sentencia que cause ejecutoria. 

CAPITULO IV 

De la suspensión de la prescripción 

1167.- La prescripción puede comenzar y correr contra cualquiera persona, salvas las 

siguientes restricciones.

1168.- La prescripción no puede comenzar ni correr contra los incapacitados, sino 

cuando se ha discernido su tutela conforme a las leyes. Los incapacitados tendrán 

derecho de exigir responsabilidad a sus tutores cuando por culpa de éstos no se hubiere 

interrumpido la prescripción. 

1169.- La prescripción no puede comenzar ni correr: 

I.- Entre ascendientes y descendientes, durante la patria potestad, respecto de los 

bienes a que los segundos tengan derecho conforme a la Ley; 

II.- Entre los consortes; 

III.- Entre los incapacitados y sus tutores o curadores, mientras dura la tutela; 

IV.- Entre los copropietarios o coposeedores, respecto del bien común; 

V.- Contra los ausentes del Estado que se encuentren en servicio público; 

VI.- Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto fuera como 

dentro del Estado. 

1170.- La prescripción se interrumpe: 

CAPITULO V 

De la interrupción de la prescripción 

I.- Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho por 

más de un año; 

II.- Por demanda u otro cualquier género de interpelación judicial notificada al 

poseedor o al deudor en su caso. 

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el 

actor desistiese de ella, o fuese desestimada la demanda; 

III.- Porque la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de 

palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona 

contra quien prescribe. 

Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción en caso de reconocimiento de 

las obligaciones, desde el día en que se haga; si se renueva el documento, desde la 

fecha del nuevo título y si se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la 

obligación, desde que éste hubiere vencido. 

1171.- Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores 

solidarios la interrumpen también respecto de los otros. 

1172.- Si el acreedor, consintiendo en la división de la deuda respecto de uno de los 

deudores solidarios, sólo exigiere de él la parte que le corresponda, no se tendrá por 

interrumpida la prescripción respecto de los demás. 

1173.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable a los herederos del 

deudor.

1174.- La interrupción de la prescripción contra el deudor principal produce los mismos 

efectos respecto del fiador. 

1175.- Para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los 

deudores no solidarios, se requiere el reconocimiento o citación de todos. 

1176.- La interrupción de la prescripción a favor de alguno de los acreedores solidarios, 

aprovecha a todos. 

1177.- El efecto de la interrupción es inutilizar, para la prescripción, todo el tiempo 

corrido antes de aquélla. 

CAPITULO VI 

De la manera de contar el tiempo para la prescripción 

1178.- El tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de momento a momento, 

excepto en los casos en que así lo determine la Ley expresamente. 

1179.- Los meses se regularán con el número de días que les correspondan. 

1180.- Cuando la prescripción se cuente por días, se entenderán éstos de veinticuatro 

horas naturales, contadas desde las cero horas a las veinticuatro. 

1181.- El día en que comienza la prescripción se cuenta siempre entero, aunque no lo 

esté; pero aquél en que la prescripción termina, debe ser completo. 

1182.- Cuando el último día sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción, sino 

cumplido el primero que siga, si fuere útil. 

TITULO OCTAVO 

De los derechos de autor 


1183.- La propiedad científica, literaria y artística, su falsificación y penas y la manera 

de hacer constar aquéllas, se rigen por las leyes especiales y las disposiciones relativas 

del Código Civil Federal. 

LIBRO TERCERO 

DE LAS SUCESIONES 


Disposiciones preliminares

1184.- Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y 

obligaciones que no se extinguen por la muerte. 

1185.- La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la Ley. La 

primera se llama testamentaria y la segunda legítima. 

1186.- El testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte de que no 

disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. 

1187.- El heredero adquiere a título universal y responde (de) las cargas de la herencia 

hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. 

1188.- El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que 

expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con 

los herederos. 

1189.- Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán 

considerados como herederos. 

1190.- Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios perecieren en el mismo 

desastre o en el mismo día, sin que se pueda averiguar a ciencia cierta quiénes 

murieron antes, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo y no habrá lugar entre 

ellos a la transmisión de la herencia o legado. 

1191.- A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa 

hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se hace la división. 

1192.- Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria; 

pero no puede disponer de las cosas que formen la sucesión. 

1193.- El legatario adquiere derecho al legado puro y simple, así como el de día cierto, 

desde el momento de la muerte del testador. 

1194.- El heredero o legatario no puede enajenar su parte en la herencia sino después 

de la muerte de aquél a quien hereda. 

1195.- El heredero de parte de los bienes que quiera vender a un extraño su derecho 

hereditario, debe notificar a sus coherederos por medio de notario, judicialmente o por 

medio de dos testigos, las bases o condiciones en que se ha concertado la venta, a fin 

de que aquéllos, dentro del término de ocho días, hagan uso del derecho del tanto; si 

los herederos hacen uso de ese derecho, el vendedor está obligado a consumar la venta 

a su favor, conforme a las bases concertadas. Por el solo lapso de los ocho días se 

pierde el derecho del tanto. Si la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita en 

este artículo, será nula.

Declarada la nulidad del coheredero preterido quedará subrogado en todos los derechos 

y obligaciones que hubiere adquirido el tercero. 


2001). 

1196.- Si dos o más coherederos quisieren hacer uso del derecho del tanto, se preferirá 

al que represente mayor porción en la herencia; y si las porciones son iguales, la suerte 

decidirá quién hace uso del derecho. 

1197.- El derecho concedido en el artículo 1195, cesa si la enajenación se hace a un 

coheredero. 


de la sucesión por testamento 

CAPITULO I 

De los testamentos en general 

1198.- Testamento es un acto personalismo, revocable y libre, por el cual una persona 

capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su 

muerte. 

1199.- No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho 

recíproco, ya en favor de un tercero. 

1200.- Ni la subsistencia del nombramiento del heredero o de los legatarios, ni la 

designación de las cantidades que a ellos correspondan, pueden dejarse al arbitrio de 

un tercero. 

1201.- Cuando el testador deje como herederos o legatarios a determinadas clases 

formadas por número ilimitado de individuos, tales como los pobres, los huérfanos, los 

ciegos, etc., puede encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deja 

para ese objeto y la elección de las personas a quienes deba aplicarse, observándose lo 

dispuesto en el artículo 1233. 

1202.- El testador puede encomendar a un tercero que haga la elección de los actos de 

beneficencia o de los establecimientos públicos o privados a los cuales deban aplicarse 

los bienes que lega con ese objeto, así como la distribución de las cantidades que a 

cada uno corresponden. 

1203.- La disposición hecha en términos vagos en favor de los parientes del testador, se 

entenderá que se refiere a los parientes más próximos, según el orden de la sucesión 

legítima.

1204.- La expresión de una falsa causa, será considerada como no escrita; a no ser que 

del mismo testamento resulte que el testador no habría hecho aquella disposición 

conociendo la falsedad de la causa. 

1205.- En caso de duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición 

testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador, 

según el tenor del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto pueda rendirse 

por los interesados. 

1206.- Si el testamento se pierde por un evento ignorado por el testador, o por haber 

sido ocultado por otra persona, podrán los interesados exigir su cumplimiento si 

demuestran plenamente el hecho de la pérdida o de la ocultación, logren igualmente 

comprobar lo contenido en el mismo testamento y que en su otorgamiento se llenaron 

todas las formalidades legales. 

1207.- La expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea verdadera, se tendrá 

por no escrita. 

1208.- El juez que tuviere noticia de que alguno impide a otro testar, se presentará sin 

demora en la casa del segundo para asegurar el ejercicio de su derecho, y levantará 

acta en la que se haga constar el hecho que ha motivado su presencia, la persona o 

personas que causen la violencia y los medios que al efecto hayan empleado o 

intentado emplear, y si la persona cuya libertad ampara hizo uso de su derecho. 

CAPITULO II 

De la capacidad para testar 

1209.- Pueden testar todos aquéllos a quienes la Ley no prohiba expresamente el 

ejercicio de ese derecho. 

1210.- Están incapacitados para testar: 

I.- Los menores que no han cumplido dieciséis años de edad, ya sean hombres o 

mujeres; 

II.- Los que permanente o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. 

1211.- Es válido el testamento hecho por un demente, en un intervalo de lucidez, con 

tal de que al efecto se observen las prescripciones siguientes: 

1212.- Siempre que el demente pretenda hacer testamento en un intervalo de lucidez, 

el tutor y, en defecto de éste, la familia de aquél, presentará por escrito una solicitud al 

juez que corresponda. El juez nombrará dos médicos, de preferencia especialistas en la 

materia, para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de su estado mental. El 

juez tiene obligación de asistir al examen del enfermo, y podrá hacerle cuantas 

preguntas estime convenientes a fin de cerciorarse de su capacidad para testar. Se hará 

constar en acta formal el resultado del reconocimiento.

1213.- Si éste fuere favorable, se procederá desde luego a la formación del testamento 

ante Notario Público, con todas las solemnidades que se requieran para los testamentos 

públicos abiertos. 

1214.- Firmarán el acta, además del Notario y de los testigos, el juez y los médicos que 

intervinieren para el reconocimiento, poniéndose al pie del testamento, razón expresa 

de que durante todo el acto conservó el paciente perfecta lucidez de juicio, y sin este 

requisito y su constancia será nulo el testamento. 

1215.- Para juzgar de la capacidad del testador, se atenderá especialmente 

el (sic) estado en que se halle al hacer el testamento. 

CAPITULO III 

De la capacidad para heredar 

1216.- Todos los habitantes del Estado de cualquier edad que sean, tienen capacidad 

para heredar y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero con relación 

a ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla por alguna de las causas 

siguientes: 

I.- Falta de personalidad; 

II.- Delito; 

III.- Presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad e 

integridad del testamento; 

IV.- Falta de reciprocidad internacional; 

V.- Utilidad pública; 

VI.- Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. 

1217.- Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta de 

personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la 

herencia, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto en el 


1218.- Será, no obstante, válida la disposición hecha en favor de los hijos que nacieron 

de ciertas y determinadas personas vivas al tiempo de la muerte del testador; pero no 

valdrá la que se haga en favor de descendientes de ulteriores grados. 

1219.- Son incapaces de heredar por testamento o por intestado: 

I.- El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a 

la persona de cuya sucesión se trata, o a los padres, hijos, cónyuge, concubino, 

concubina, o hermanos de ella; 

II.- El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, 

descendientes, hermanos, cónyuge, concubino, concubina, acusación de delito que 

merezca pena capital o de prisión aun cuando aquélla sea fundada, si fuere su 

descendiente, su ascendiente, su cónyuge, su concubino, su concubina o su hermano, a

no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador salvara su vida, su honra o 

la de sus descendientes, ascendientes, hermanos, cónyuge, concubino o concubina; 

III.- El cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, si se trata de suceder 

al cónyuge inocente; 

IV.- El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de 

la del cónyuge inocente; 

V.- El que haya sido condenado por delito que merezca pena de prisión, cometido 

contra el autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, concubino, concubina, de 

sus ascendientes o de sus hermanos; 

VI.- El padre y la madre respecto del hijo expuesto por ellos; 

VII.- Los ascendientes que abandonaren o prostituyeren a sus descendientes, respecto 

de los ofendidos; 

VIII.- Los demás parientes del autor de la herencia que teniendo obligación de darle 

alimentos, no la hubieren cumplido; 

IX.- Los parientes del autor de la herencia que, hallándose éste imposibilitado para 

trabajar y sin recursos no se cuidaran de recogerlo, o de hacerlo recoger en 

establecimientos de beneficencia; 

X.- El que usare de violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de 

hacer o revoque su testamento; 

XI.- El que conforme al Código Penal, fuere culpable de supresión, substitución o 

suposición de infante, siempre que se trate de la herencia que debió corresponder a 

éste o a las personas a quienes se haya perjudicado o intentado perjudicar con esos 

actos; 

XII.- Para el caso de sucesión testamentaria, el padre o la madre de sus hijos 

naturales, y de los descendientes de éstos, si no han reconocido a los primeros. 

XIII.- El que haya sido condenado por violencia intrafamiliar contra del autor de la 

herencia. 


2001). 


2001). 

1220.- Se aplicará también lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, aunque el 

autor de la herencia no fuere descendiente, ascendiente, cónyuge, concubino, 

concubina o hermano del acusador, si la acusación es declarada calumniosa. 

1221.- Cuando la parte agraviada de cualquiera de los modos que expresa el artículo 

1219 perdonare al ofensor, recobrará éste el derecho de suceder al ofendido, por 

intestado, si el perdón consta por declaración auténtica o por hechos indubitables. 

1222.- La capacidad para suceder por testamento, sólo se recobra si después de 

conocido el agravio, el ofendido instituye heredero al ofensor o revalida su institución 

anterior con las mismas solemnidades que se exigen para testar. 

1223.- El incapaz de heredar, en los casos del artículo 1219 no tendrá el usufructo ni la 

administración de los bienes que, en su caso, corresponden a sus descendientes.

1224.- Por presunción de influjo contrario a la libertad del autor de la herencia, son 

incapaces de adquirir por testamento del menor, los tutores y curadores, a no ser que 

sean instituidos antes de ser nombrados para el cargo o después de la mayor edad de 

aquél, estando ya aprobadas las cuentas de la tutela. 

1225.- La incapacidad a que se refiere el artículo anterior no comprende a los 

ascendientes, ni hermanos del menor, observándose en su caso, lo dispuesto en la 

fracción X del artículo 1219. 

1226.- Por presunción contraria a la libertad del testador, son incapaces de heredar por 

testamento: el médico que haya asistido a aquél durante su última enfermedad, si 

entonces hizo su disposición testamentaria; así como el cónyuge, concubino o 

concubina, descendientes, ascendientes o hermanos del facultativo, a no ser que los 

herederos instituidos sean también herederos legítimos. 

1227.- Por presunción de influjo contrario a la verdad e integridad del testamento, son 

incapaces de heredar, el Notario y los testigos que intervinieron en él, y sus cónyuges, 

concubina o concubino, descendientes, ascendientes o hermanos. 

1228.- Los Ministros y Ministras de los cultos, no pueden ser herederos por testamento 

de los Ministros y Ministras del mismo culto o de un particular con quien no tengan 

parentesco dentro del cuarto grado. La misma incapacidad tienen los ascendientes, 

descendientes, cónyuges, concubinos y hermanos de los Ministros y Ministras, respecto 

de las personas a quienes éstos hayan prestado cualquiera clase de auxilios espirituales, 

durante la enfermedad de que hubieren fallecido; o de quienes hayan sido directores 

espirituales los mismos Ministros o Ministras. 

1229.- El notario que a sabiendas autorice un testamento en que se contravenga lo 

dispuesto en los tres artículos anteriores sufrirá la pena de 

privación de oficio. 

1230.- Los extranjeros, y las personas morales, son capaces de adquirir bienes por 

testamento o por intestado; pero su capacidad tiene las limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las respectivas leyes 

reglamentarias de los artículos constitucionales. Tratándose de extranjeros, se 

observará también lo dispuesto en el artículo siguiente. 

1231.- Por falta de reciprocidad internacional, son incapaces de heredar por testamento 

o por intestado, a los habitantes del Estado los extranjeros que, según las leyes de su 

país, no puedan testar o dejar por intestado sus bienes a favor de los mexicanos. 

1232.- La herencia o legado que se deje a un establecimiento público, imponiéndole 

algún gravamen o bajo alguna condición, sólo serán válidos si el gobierno los aprueba.

1233.- La disposición hecha a favor de los pobres en general, sin designación de 

personas ni de población, aprovecha sólo a los del domicilio del testador en la época de 

su muerte, si no consta claramente haber sido otra su voluntad. 

La calificación de pobres y la distribución, se harán por la persona que haya designado 

el testador en su falta, por el albacea; y en falta de éste por el juez. 

Si es el juez quien hace la calificación y distribución, debe aplicar los fondos a los 

hospitales o casas de beneficencia o de educación, dependientes del Gobierno. 

1234.- La disposición que el testador haga en favor de su alma, sin determinar la obra 

piadosa o benéfica que él quiera se ejecute, se entenderá hecha a favor de los 

establecimientos de beneficencia. 

1235.- Las disposiciones hechas en favor de las iglesias, sectas o instituciones religiosas, 

se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Federal y las leyes 

reglamentarias respectivas. 

1236.- Por renuncia o remisión (sic ¿remoción?) de un cargo, son incapaces de heredar 

por testamento, los que, nombrados en él tutores, curadores o albaceas, hayan 

rehusado el cargo sin justa causa o por mala conducta hayan sido separados 

judicialmente de su ejercicio. 

1237.- Lo dispuesto en la parte primera del artículo anterior, no comprende a los que, 

desechada por el juez la excusa, hayan servido el cargo. 

1238.- Las personas llamadas por la Ley para desempeñar la tutela legítima y que 

rehusen sin causa justa desempeñarla, no tienen derecho de heredar a los incapaces de 

quienes debieron ser tutores. 

1239.- Para que el heredero pueda suceder, basta que sea capaz al tiempo de la muerte 

del autor de la herencia. 

1240.- Si la institución fuere condicional, se necesitará, además, que el heredero sea 

capaz al tiempo en que se cumpla la condición. 

1241.- El heredero por testamento, que muera antes que el testador o antes de que se 

cumpla la condición; el incapaz de heredar y el que renuncie a la sucesión, no 

transmiten ningún derecho a sus herederos. 

1242.- En los casos del artículo anterior la herencia pertenece a los herederos legítimos 

del testador, a no ser que éste haya dispuesto otra cosa, o que deba tener lugar el 

derecho de acrecer. 

1243.- El que hereda en lugar del excluido tendrá las mismas cargas y condiciones que 

legalmente se habían impuesto a aquél.

1244.- Los deudores hereditarios que fueren demandados y que no tengan el carácter 

de herederos, no podrán oponer, al que esté en posesión del derecho de heredero o 

legatario, la excepción de incapacidad. 

1245.-A excepción de los casos comprendidos en las fracciones X y XI del artículo 1219, 

la incapacidad para heredar a que se refiere ese artículo, priva también de los alimentos 

que correspondan por Ley. 

1246.- La incapacidad no produce el efecto de privar al incapaz de lo que hubiere de 

percibir, sino después de declarada en juicio, a petición de algún interesado, no 

pudiendo promoverla el juez, de oficio. 

1247.- No puede deducirse acción para declarar la incapacidad, pasados tres años 

desde que el incapaz esté en posesión de la herencia o legado; salvo que se trate de 

incapacidades establecidas en vista del interés público, las cuales en todo tiempo 

pueden hacerse valer. 

1248.- Si el que entró en posesión de la herencia y la pierde después por incapacidad, 

hubiere enajenado o gravado todo o parte de los bienes antes de ser emplazado en el 

juicio en que se discuta su incapacidad y aquél con quien contrató hubiere tenido buena 

fe, el contrato subsistirá; mas el heredero incapaz estará obligado a indemnizar al 

legítimo, de todos los daños y perjuicios. 

CAPITULO IV 

De las condiciones que pueden ponerse en los testamentos 

1249.- El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes. 

1250.- Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios, en lo que no esté 

prevenido en este capítulo se regirán por las reglas establecidas para las obligaciones 

condicionales. 

1251.- La falta de cumplimiento de alguna condición impuesta al heredero, o al 

legatario, no perjudicará a éstos siempre que hayan empleado todos los medios 

necesarios para cumplir aquélla. 

1252.- La condición física o legalmente imposible de dar o de hacer, impuesta al 

heredero o legatario, se tendrá por no puesta. 

1253.- Si la condición que era imposible al tiempo de otorgar el testamento, dejare de 

serlo a la muerte del testador, será válida. 

1254.- Es nula la institución hecha bajo la condición de que el heredero o legatario 

hagan en su testamento alguna disposición en favor del testador o de otra persona.

1255.- La condición que solamente suspende por cierto tiempo la ejecución del 

testamento, no impedirá que el heredero o el legatario adquieran derecho a la herencia 

o legado y lo transmitan a sus herederos. 

1256.- Cuando el testador no hubiere señalado plazo para el cumplimiento de la 

condición, la cosa legada permanecerá en poder del albacea y, al hacerse la partición se 

asegurará competentemente el derecho del legatario para el caso de cumplirse la 

condición, observándose, además, las disposiciones establecidas para hacer la partición 

cuando alguno de los herederos es condicional. 

1257.- Si la condición es puramente potestativa de dar o hacer alguna cosa, y el que ha 

sido gravado con ella ofrece cumplirla; pero aquél a cuyo favor se estableció rehusa 

aceptar la cosa o el hecho, la condición se tiene por cumplida. 

1258.- La condición potestativa se tendrá por cumplida aun cuando el heredero o 

legatario hayan prestado la cosa o el hecho antes de que se otorgara el testamento, a 

no ser que pueda reiterarse la prestación en cuyo caso no será ésta obligatoria sino 

cuando el testador haya tenido conocimiento de la primera. 

1259.- En el caso final del artículo que precede, corresponde al que debe pagar el 

legado la prueba de que el testador tuvo conocimiento de la primera prestación. 

1260.- La condición de no dar o de no hacer, se tendrá por no puesta. La condición de 

no impugnar el testamento o alguna de las disposiciones que contenga, so pena de 

perder el carácter de heredero o legatario, se tendrá por no puesta. 

1261.- Cuando la condición fuere casual o mixta, bastará que se realice en cualquier 

tiempo, vivo o muerto el testador, si éste no hubiere dispuesto otra cosa. 

1262.- Si la condición se hubiere cumplido al hacerse el testamento ignorándolo el 

testador, se tendrá por cumplida; mas si lo sabía, sólo se tendrá por cumplida si ya no 

puede existir o cumplirse de nuevo. 

1263.- La condición impuesta al heredero o legatario, de tomar o dejar de tomar 

estado, se tendrá por no puesta. 

1264.- Podrá, sin embargo, dejarse a alguno el uso o habitación, una pensión 

alimenticia periódica o el usufructo que equivalga a esa pensión, por el término que 

permanezca soltero o viudo. La pensión alimenticia se fijará de acuerdo con lo 

prevenido en el artículo 323. 

1265.- La condición que se ha cumplido existiendo la persona a quien se impuso, se 

retrotrae al tiempo de la muerte del testador, y desde entonces deben abonarse los 

frutos de la herencia o legado a menos que el testador haya dispuesto expresamente 

otra cosa.

1266.-La carga de hacer alguna cosa se considera como condición resolutoria. 

1267.-Si no se hubiere señalado tiempo para el cumplimiento de la carga ni ésta por su 

propia naturaleza lo tuviere, se observará lo dispuesto en el artículo 1256. 

1268.- Si el legado fuere de prestación periódica, que debe concluir en un día que es 

inseguro si llegará o no, llegado el día el legatario habrá hecho suyas todas las 

prestaciones que correspondan hasta aquel día. 

1269.- Si el día en que debe comenzar el legado fuere seguro, sea que se sepa o no 

cuando ha de llegar, el que ha de entregar la cosa legada tendrá respecto de ella, los 

derechos y las obligaciones del usufructuario. 

1270.- En el caso del artículo anterior, si el legado consiste en prestación periódica, el 

que deba pagarlo hace suyo todo lo correspondiente al intermedio, y cumple con hacer 

la prestación comenzando el día señalado. 

1271.- Cuando el legado deba concluir en un día que es seguro que ha de llegar, se 

entregará la cosa o cantidad legada al legatario, quien se considerará como 

usufructuario de ella. 

1272.- Si el legado consistiere en prestación periódica, el legatario hará suyas todas las 

cantidades vencidas hasta el día señalado. 

CAPITULO V 

De los bienes de que se puede disponer por 

testamento y de los testamentos inoficiosos 

1273.- Toda persona tiene derecho de disponer libremente de sus bienes por 

testamento, a título de herencia o de legado. 

1274.- El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las 

fracciones siguientes: 

I.- A los descendientes varones, menores de dieciocho años; 

II.- A los descendientes varones que estén imposibilitados de trabajar, y a las hijas 

que no hayan contraído matrimonio y vivan honestamente; unos y otras aun cuando 

fueren mayores de dieciocho años; 

III.- Al cónyuge supérstite, siempre que siendo varón esté impedido para trabajar, o 

que siendo mujer permanezca viuda y viva honestamente; 

IV.- A los ascendientes; y 

V.- A la concubina o concubino que permanezcan libres de matrimonio o de otro 

concubinato o que estén impedidos para trabajar y no tengan bienes. 


2001).

1275.- No hay obligación de dejar alimentos, sino a falta o por imposibilidad de los 

parientes más próximos en grado. 

1276.- No hay obligación de dejar alimentos a las personas que tengan bienes; pero si 

teniéndolos, su producto no iguala a la pensión que debería corresponderles, la 

obligación se reducirá a lo que falte para completarla. 

1277.- Para tener derecho de ser alimentado se necesita encontrarse al tiempo de la 

muerte del testador en alguno de los casos fijados en el artículo 1274; y cesa este 

derecho tan luego como el interesado deje de estar en las condiciones a que se refiere 

el mismo artículo, observe mala conducta o adquiera bienes, aplicándose en este caso 

lo dispuesto en el artículo anterior. 

1278.- El derecho de percibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de 

transacción. La pensión alimenticia se fijará y asegurará conforme a lo dispuesto en los 

artículos 320, 326, 328 y 329 de este Código, y por ningún motivo excederá de los 

productos de la porción que en caso de sucesión intestada, correspondería al que tenga 

derecho a dicha pensión, ni bajará de la mitad de dichos productos. Si el testador 

hubiere fijado la pensión alimenticia, subsistirá su designación cualquiera que sea, 

siempre que no baje del mínimum antes establecido. Con excepción de los artículos 

citados en el presente capítulo, no son aplicables a los alimentos debidos por sucesión, 

las disposiciones del capítulo II, título VI del libro primero. 

1279.- Cuando el caudal hereditario no fuere suficiente para dar alimentos a todas las 

personas enumeradas en el artículo 1274, se observarán las reglas siguientes: 

I.- Se ministrarán al cónyuge, a la concubina o al concubino supérstite a prorrata; y 

II.- Cubiertas las pensiones a que se refiere la fracción anterior, se ministrarán a 

prorrata a los ascendientes. Si el caudal hereditario no bastare ni para cubrir las 

pensiones alimenticias de los descendientes, se ministrarán alimentos a éstos hasta 

donde alcance, teniéndose en este caso en cuenta la mayor o menor necesidad y no la 

condición de legítimos o ilegítimos. 

1280.- Es inoficioso el testamento en que no se deje la pensión alimenticia, según lo 

establecido en este capítulo. 

1281.- El preferido, (sic ¿preterido?) tendrá solamente derecho a que se le dé la 

pensión que corresponda, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique ese 

derecho. 

1282.- La pensión alimenticia es carga de la masa hereditaria, excepto cuando el 

testador haya gravado con ella a alguno o algunos de los partícipes de la sucesión. 

1283.- No obstante lo dispuesto en el artículo 1281, el hijo póstumo tendrá derecho a 

percibir íntegra la porción que le correspondería como heredero legítimo si no hubiere 

testamento, a menos que el testador hubiere dispuesto expresamente otra cosa.

CAPITULO VI 

De la institución de heredero 

1284.- El testamento, otorgado legalmente, será válido aunque no contenga institución 

de heredero, aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar. 

1285.- En los tres casos señalados en el artículo anterior, se cumplirán las disposiciones 

testamentarias que estuvieren hechas conforme a las leyes. 

1286.- No obstante lo dispuesto en el artículo 1249, la designación de día en que deba 

comenzar o cesar la institución de heredero se tendrá por no puesta. 

1287.- Los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada uno 

corresponda, heredarán por partes iguales. 

1288.- El heredero instituido en cosa cierta y determinada, debe tenerse por legatario. 

1289.- Aunque el testador nombre algunos herederos individualmente y a otros 

colectivamente, como si dijera: "Instituyo por mis herederos a Pedro y a Pablo y a los 

hijos de Francisco", los colectivamente nombrados se considerarán como si lo fuesen 

individualmente, a no ser que se conozca de un modo claro que ha sido otra la voluntad 

del testador. 

1290.- Si el testador instituye a sus hermanos y los tiene sólo de padre, sólo de madre, 

o de padre y madre, se dividirán la herencia como en el caso de intestado. 

1291.- Si el testador llama a la sucesión a cierta persona y a sus hijos, se entenderán 

todos instituidos simultánea y no sucesivamente. 

1292.- El heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellido, y si 

hubiere varios que tuvieren el mismo nombre y apellido, deben agregarse otros 

nombres o circunstancias que distingan al que se quiere nombrar. 

1293.- Aunque se haya omitido el nombre del heredero si el testador lo designare de 

modo que no pueda dudarse quien sea, valdrá la institución. 

1294.- El error en el nombre, apellido, o cualidades del heredero, no vicia la institución, 

si de otro modo se supiere ciertamente cuál es la persona nombrada. 

1295.- Si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias no pudiere saberse 

a quién quiso designar el testador, ninguno será heredero. 

1296.- Toda disposición en favor de persona incierta o sobre cosa que no pueda 

identificarse, será nula, a menos que, por algún evento, puedan resultar ciertas.

CAPITULO VII 

De los legados 

1297.- El legado puede consistir en la prestación de cosa o en la de algún hecho o 

servicio. 

1298.- No produce efecto el legado si por acto del testador pierde la cosa legada la 

forma y denominación que la determinaban. 

1299.- El testador puede gravar con legados no sólo a los herederos, sino a los mismos 

legatarios. 

1300.- Cuando el testador, el heredero o el legatario sólo tengan cierta parte o derecho 

en la cosa legada, se restringirá el legado a esa parte o derecho, si el testador no 

declara de un modo expreso que sabía ser la cosa parcialmente de otro y que, no 

obstante esto, la legaba por entero. 

1301.- La cosa legada deberá ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en 

que se halle al morir el testador. 

1302.- Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada serán a cargo del 

legatario, salvo disposición del testador en contrario. 

1303.- El legatario no puede aceptar una parte del legado y repudiar otra. 

1304.- Si el legatario muere antes de aceptar el legado y deja varios herederos, puede 

uno de éstos aceptar y otro repudiar la parte que le corresponde en el legado. 

1305.- Si se dejaren dos legados y uno fuere oneroso, el legatario no puede renunciar 

éste y aceptar el que no lo sea. Si los dos son onerosos o gratuitos es libre para 

aceptarlos todos o repudiar el que quiera. 

1306.- El heredero que sea al mismo tiempo legatario, puede renunciar la herencia y 

aceptar el legado o renunciar éste y aceptar aquélla. 

1307.- El acreedor cuyo título no conste más que por testamento, se tendrá para los 

efectos legales como legatario preferente. 

1308.- Cuando se legue una cosa, con todo lo que comprenda, no se entenderán 

legados los documentos justificantes de propiedad, ni los créditos activos, a no ser que 

se hayan mencionado específicamente. 

1309.- El legado del menaje de una casa sólo comprende los bienes muebles a que se 

refiere el artículo 771.

1310.- Si el que lega una propiedad le agrega después nuevas adquisiciones, no se 

comprenderán éstas en el legado, aunque sean contiguas, si no hay nueva declaración 

del testador. 

1311.- La declaración a que se refiere el artículo precedente no se requiere respecto de 

las mejoras necesarias, útiles o voluntarias, hechas en el mismo predio. 

1312.- El legatario puede exigir que el heredero otorgue fianza en todos los casos en 

que pueda exigirla el acreedor. 

1313.- Si sólo hubiere legatarios, podrán éstos exigirse entre sí la constitución de la 

hipoteca necesaria. 

1314.- No puede el legatario ocupar por su propia autoridad la cosa legada, debiendo 

pedir su entrega y posesión al albacea o al ejecutor especial. 

1315.- Si la cosa legada estuviese en poder del legatario, podrá éste retenerla, sin 

perjuicio de devolver en caso de reducción lo que corresponda conforme a derecho. 

1316.- El importe de las contribuciones correspondientes al legado, se deducirá del 

valor de éste a no ser que el testador disponga otra cosa. 

1317.- Si toda la herencia se distribuye en legados se prorratearán las deudas y 

gravámenes de ella entre todos los partícipes en proporción de sus cuotas, a no ser que 

el testador hubiere dispuesto otra cosa. 

1318. - El legado queda sin efecto si la cosa legada perece viviendo el testador, si se 

pierde por evicción fuera del caso previsto en el artículo 1364 de este Código o si 

perece después de la muerte del testador, sin culpa del heredero. 


2001). 

1319 Queda también sin efecto el legado si el testador enajena la cosa legada pero vale 

si la recobra por un título legal. 

1320.- Si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir todos los legados, el pago se 

hará en el siguiente orden: 

I.- Legados remuneratorios; 

II.- Legados que el testador o la Ley haya declarado preferentes; 

III.- Legados de cosa cierta y determinada; 

IV.- Legados de alimentos o de educación; 

V.- Los demás a prorrata. 

1321.- Los legatarios tienen derecho de reivindicar de tercero la cosa legada, ya sea 

mueble o raíz, con tal que sea cierta y determinada, observándose respecto de los actos

y contratos inscritos en el Registro Público por terceros que los hayan celebrado de 

buena fe, lo dispuesto para poseedores de esta clase. 

1322.- El legatario de un bien que perece incendiado después de la muerte del testador, 

tiene derecho a recibir la indemnización del segundo si la cosa estaba asegurada. 

1323.- Si se declara nulo el testamento después de pagado el legado, la acción del 

verdadero heredero para recobrar la cosa legada procede contra el legatario y no contra 

el otro heredero, a no ser que éste haya hecho con dolo la partición. 

1324.- Si el heredero o legatario renunciare a la sucesión, la carga que se les haya 

impuesto se pagará solamente con la cantidad a que tiene derecho el que renunció. 

1325.- Si la carga consiste en la ejecución de un hecho, el heredero o legatario que 

acepte la sucesión queda obligado a prestarlo. 

1326.- Si el legatario a quien se impuso algún gravamen no recibe todo el legado, se 

reducirá la carga proporcionalmente; y si sufre evicción, podrá repetir lo que haya 

pagado. 

1327.- En los legados alternativos la evicción corresponde al heredero, si el testador no 

la concede expresamente al legatario. 

1328.- Si el heredero tiene la elección, puede entregar la cosa de menor valor, si la 

elección corresponde al legatario, puede exigir la cosa de mayor valor. 

1329.- En los legados alternativos, se observará, además, lo dispuesto para las 

obligaciones alternativas. 

1330.- En los casos en que el que tenga derecho de hacer la elección no pudiere 

hacerla, la harán su representante legítimo o sus herederos. 

1331.- El juez, a petición de parte legítima, hará la elección, si en el término que le 

señale no la hiciere la persona que tenga derecho de hacerla. 

1332.- La elección hecha legalmente es irrevocable. 

1333.- Es nulo el legado que el testador hace de cosa propia individualmente 

determinada, que al tiempo de su muerte no se halle en su herencia. 

1334.- Si la cosa mencionada en el artículo que precede, existe en la herencia, pero no 

en la cantidad y número designados, tendrá el legatario lo que hubiere. 

1335.- Cuando el legado es de cosa específica y determinada, propia del testador, el 

legatario adquiere su propiedad desde que aquél muere y hace suyos los frutos 

pendientes y futuros, a no ser que el testador haya dispuesto otra cosa.

1336.- La cosa legada en el caso del artículo anterior, correrá desde el mismo instante a 

riesgo del legatario; y en cuanto a su pérdida, aumento o deterioro posteriores, se 

observará lo dispuesto en las obligaciones de dar, para el caso de que se pierda, 

deteriore o aumente la cosa cierta que deba entregarse. 

1337.- El legado de cosa ajena, si el testador sabía que lo era es válido; y el heredero 

está obligado a adquirirla para entregarla al legatario o dar a éste su precio. 

1338.- La prueba de que el testador sabía que la cosa era ajena corresponde al 

legatario. 

1339.- Si el testador ignoraba que la cosa legada era ajena, es nulo el legado. 

1340.- Es válido el legado si el testador, después de otorgado el testamento, adquiere la 

cosa que al otorgarlo no era suya. 

1341.- Es nulo el legado de cosa que al otorgarse el testamento pertenezca al mismo 

legatario. 

1342.- Si en la cosa legada tiene alguna parte el testador o un tercero, sabiéndolo 

aquél, en lo que al mismo corresponde, vale el legado. 

1343.- Si el legatario adquiere la cosa legada, después de otorgado el testamento, se 

entiende legado su precio. 

1344.- Es válido el legado hecho a un tercero de cosa propia del heredero, o de un 

legatario, quienes si aceptan la sucesión, deberán entregar la cosa legada o su precio. 

1345.- Si el testador ignoraba que la cosa fuese propia del heredero, o del legatario, 

será nulo el legado. 

1346.- El legado que consiste en la devolución de la cosa recibida en prenda o en el 

título constitutivo de una hipoteca, sólo extingue el derecho de prenda o hipoteca, pero 

no la deuda, a no ser que así se prevenga expresamente. 

1347.- Lo dispuesto en el artículo que precede se observará también en el legado de 

una fianza, ya sea hecha al fiador, ya al deudor principal. 

1348.- Si la cosa legada está dada en prenda o hipotecada o lo fuere después de 

otorgado el testamento, el desempeño o la redención serán a cargo de la herencia a no 

ser que el testador haya dispuesto expresamente otra cosa. 

Si por no pagar el obligado, conforme al párrafo anterior, lo hiciere el legatario, quedará 

éste subrogado en el lugar y derechos del acreedor para reclamar contra aquél.

Cualquiera otra carga, perpetua o temporal, a que se halle afecta la cosa legada, pasa 

con ésta al legatario; pero en ambos casos las ventas y los réditos devengado hasta la 

muerte del testador son carga de la herencia. 

1349.- El legado de una deuda hecha al mismo deudor extingue la obligación; y el que 

debe cumplir el legado está obligado, no solamente a dar al deudor la constancia del 

pago, sino también a desempeñar las prendas, a cancelar las hipotecas y las fianzas y a 

libertar al legatario de toda responsabilidad. 

1350.- Legado el título, sea público o privado, de una deuda, se entiende legada ésta, 

observándose lo dispuesto en los artículos 1346 y 1347. 

1351.- El legado hecho al acreedor no compensa el crédito, a no ser que el testador lo 

declare expresamente. 

1352.- En caso de compensación, si los valores fueren diferentes, el acreedor tendrá 

derecho de cobrar el exceso del crédito o el del legado. 

1353.- Por medio de un legado puede el deudor mejorar la condición de su acreedor, 

haciendo puro el crédito condicional, hipotecario el simple, o exigible desde luego el que 

lo sea a plazo; pero esta mejora no perjudicará en manera alguna los privilegios de los 

demás acreedores. 

1354.- El legado hecho a un tercero, de un crédito a favor del testador, sólo produce 

efectos en la parte del crédito que está insoluto al tiempo de abrirse la sucesión. 

1355.- En el caso del artículo anterior, el que deba cumplir el legado entregará al 

legatario el título del crédito y le concederá todas las acciones que en virtud de él 

corresponde al testador. 

1356.- Cumpliendo lo dispuesto en el artículo que precede, el que debe pagar el legado 

queda enteramente libre de la obligación de saneamiento y de cualquier otra 

responsabilidad, ya provenga ésta del mismo título, ya de insolvencia del deudor o de 

sus fiadores, ya de otra causa. 

1357.- Los legados de que hablan los artículos 1349 y 1354, comprenden los intereses 

que por el crédito o deuda se deban a la muerte del testador. 

1358.- Dichos legados subsistirán aunque el testador haya demandado judicialmente al 

deudor, si el pago no se ha realizado. 

1359.- El legado genérico de liberación o perdón de las deudas, comprende sólo las 

existencias (sic ¿las existentes?) al tiempo de otorgar el testamento y no las posteriores.

1360.- El legado de cosa mueble indeterminada, pero comprendida en género 

determinado, será válido, aunque en la herencia no haya cosa alguna del género a que 

la cosa legada pertenezca. 

1361.- En el caso del artículo anterior, la elección es del que debe pagar el legado, 

quien, si las cosas existen, cumple con entregar una de mediana calidad, pudiendo, en 

caso contrario, comprar una de esa misma calidad o abonar al legatario el precio 

correspondiente, previo convenio, o a juicio de peritos. 

1362.- Si el testador concede expresamente la elección al legatario, éste podrá, si 

hubiere varias cosas del género determinado, escoger la mejor; pero si no las hay, sólo 

podrá exigir una de mediana calidad o el precio que le corresponda. 

1363.- Si la cosa indeterminada fuere inmueble, sólo valdrá el legado existiendo en la 

herencia varios del mismo género; para la elección se observarán las reglas establecidas 

en los dos artículos anteriores. 

1364.- El obligado a la entrega del legado responderá en caso de evicción, si la cosa 

fuere indeterminada, y se señalase solamente por el género o especie. 

1365.- En el legado de especie, el heredero debe entregar la misma cosa legada; en 

caso de pérdida se observará lo dispuesto para las obligaciones de dar cosa 

determinada. 

1366.- Los legados en dinero deben pagarse en esa especie; y si no la hay en la 

herencia, con el producto de los bienes que al efecto se vendan. 

1367.- El legado de cosa o cantidad depositadas en lugar designado, sólo subsistirá en 

la parte que en él se encuentre. 

1368.- El legado de alimentos dura mientras viva el legatario, a no ser que el testador 

haya dispuesto que dure menos. 

1369.- Si el testador no señala la cantidad de alimentos, se observará lo dispuesto en el 

capítulo II, título VI del libro primero. 

1370.- Si el testador acostumbró en vida dar al legatario cierta cantidad de dinero por 

vía de alimentos, se entenderá legada la misma cantidad, si no resultare en notable 

desproporción con la cuantía de la herencia. 

1371.- El legado de educación dura hasta que el legatario sale de la menor edad. 

1372.- Cesa también el legado de educación, si el legatario, durante la menor edad, 

obtiene profesión u oficio con qué poder subsistir.

1373.- El legado de pensión, sean cuales fueren la cantidad, el objeto y los plazos, corre 

desde la muerte del testador; es exigible al principio de cada período, y el legatario 

hace suya la que tuvo derecho de cobrar, aunque muera antes de que termine el 

período comenzado. 

1374.- Los legados de usufructo, uso, habitación o servidumbre, subsistirán mientras 

viva el legatario, a no ser que el testador dispusiere que duren menos. 

1375.- Sólo duran veinte años los legados de que trata el artículo anterior, si fueren 

dejados a alguna corporación que tuviere capacidad de adquirirlos. 

1376.- Si la cosa legada estuviere sujeta a usufructo, uso o habitación, el legatario 

deberá prestarlo hasta que legalmente se extinga. 

CAPITULO VIII 

De las substituciones 

1377.- Puede el testador substituir una o más personas al heredero o herederos 

instituidos, para el caso de que mueran antes que él, o de que no puedan o no quieran 

aceptar la herencia. 

1378.- Los substitutos pueden ser nombrados conjunta o sucesivamente. 

1379.- El substituto del substituto, faltando éste, lo es del heredero substituido. 

1380.- Los substitutos recibirán la herencia con los mismos gravámenes y condiciones 

con que debían recibirla los herederos; a no ser que el testador haya dispuesto 

expresamente otra cosa, o que los gravámenes o condiciones fueren puramente 

personales del heredero. 

1381.- Si los herederos instituidos en partes desiguales fueren substituidos 

recíprocamente, en la substitución tendrán las mismas partes que en la institución; a no 

ser que claramente aparezca haber sido otra la voluntad del testador. 

1382.- Quedan prohibidas las substituciones fideicomisarias y cualquiera otra diversa de 

la autorizada en el artículo 1377, sea cual fuere la forma de que se las revista. 

1383.- La nulidad de la substitución fideicomisaria no importa la de la institución, ni la 

del legado, teniéndose únicamente por no escrita la cláusula fideicomisaria. 

1384.- No se reputa fideicomisaria la disposición en la que el testador deja la propiedad 

del todo o de parte de sus bienes a una persona y el usufructo a otra; a no ser que el 

propietario o el usufructuario queden obligados a transferir a su muerte la propiedad o 

el usufructo a un tercero.

1385.- Puede el padre dejar una parte o la totalidad de sus bienes a su hijo, con la 

carga de transferirlos al hijo o hijos que tuviere, en cuyo caso el heredero se 

considerará como usufructuario. 

1386.- La disposición que autoriza el artículo anterior, será nula cuando la transmisión 

de los bienes deba hacerse a descendientes de ulteriores grados. 

1387.- Se consideran fideicomisarias, y en consecuencia, prohibidas, las disposiciones 

que contengan prohibición de enajenar, o que llamen a un tercero a lo que queda de la 

herencia por la muerte del heredero, o el encargo de prestar a más de una persona 

sucesivamente, cierta renta o pensión. 

1388.- La obligación que se impone al heredero de invertir ciertas cantidades en obras 

benéficas, como pensiones para estudiantes, para los pobres o para cualquier 

establecimiento de beneficencia, no está comprendida en la prohibición del artículo 

anterior. 

Si la carga se impusiera sobre bienes inmuebles y fuere temporal, el heredero o 

herederos podrán disponer de la finca gravada, sin que cese el gravamen mientras que 

la inscripción de éste no se cancele. 

Si la carga fuere perpetua, el heredero podrá capitalizarla e imponer el capital e (sic 

¿a?) interés con primera y suficiente hipoteca. 

La capitalización e imposición del capital se hará interviniendo la autoridad 

correspondiente, y con audiencia de los interesados y del Ministerio Público. 

CAPITULO IX 

De la nulidad, revocación y caducidad 

de los testamentos 

1389.- Es nula la institución de heredero o legatario hecha en memorias o comunicados 

secretos. 

1390.- Es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de amenazas contra 

su persona o sus bienes o contra la persona y bienes de su cónyuge y de sus parientes 

hasta el tercer grado por consanguinidad. 

1391.- El testador que se encuentre en el caso del artículo que precede, podrá, luego 

que cese la violencia o disfrute de libertad completa, revalidar su testamento con las 

mismas solemnidades que si lo otorgara de nuevo. De lo contrario será nula la 

revalidación. 

1392.- Es nulo el testamento aceptado po dolo o fraude 

1393.- Es nulo el testamento en que el testador no exprese cumplida y claramente su 

voluntad, sino sólo por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le 

hacen.

1394.- El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que 

éste deba ser nulo conforme a la Ley. 

1395.- El testamento es nulo cuando se otorgue en contravención a las formas 

prescritas por la Ley. 

1396.- Son nulas la renuncia del derecho de testar y la cláusula en que alguno se 

obligue a no usar de ese derecho, sino bajo ciertas condiciones, sean éstas de la clase 

que fueren. 

1397.- La renuncia de la facultad de revocar el testamento es nula. 

1398.- El testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior 

perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en todo o 

en parte. 

1399.- La revocación producirá su efecto aunque el segundo testamento caduque por la 

incapacidad o renuncia del heredero o de los legatarios nuevamente nombrados. 

1400.- El testamento anterior recobrará, no obstante, su fuerza, si el testador, 

revocando el posterior, declara ser su voluntad que el primero subsista. 

1401.- Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo relativo a 

los herederos y legatarios: 

I.- Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla 

la condición de que dependa la herencia o el legado; 

II.- Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado; 

III.- Si renuncia a su derecho. 

1402.- La disposición testamentaria que contenga condición de suceso pasado o 

presente desconocidos, no caduca aunque la noticia del hecho se adquiera después de 

la muerte del heredero o legatario, cuyos derechos se transmiten a sus respectivos 

herederos. 


De la forma de los testamentos 

CAPITULO I 


1403.- El testamento, en cuanto a su forma, es ordinario o especial. 

1404.- El ordinario puede ser: 

I.- Público abierto;

II.- Público cerrado. 

III..- Publico simplificado. 


VII-2001). 

1405.- El especial puede ser: 

I.- Privado; 

II.- Militar; 

III.- Marítimo, y 

IV.- Hecho en país extranjero. 

1406.- No pueden ser testigos del testamento: 

I.- Los amanuenses del Notario que los autorice; 

II.- Los menores de edad; 

III.- Los que no estén en su sano juicio; 

IV.- Los ciegos, sordos o mudos; 

V.- Los que no entiendan el idioma que habla el testador; 

VI.- Los herederos o legatarios; sus descendientes, ascendientes, cónyuge o 

hermanos. El concurso como testigo de una de las personas a que se refiere esta 

fracción, sólo produce como efecto la nulidad de la disposición que beneficia a ella o a 

sus mencionados parientes; 

VII.- Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad. 

1407.- Cuando el testador ignore el idioma del país, concurrirán al acto y firmarán el 

testamento, además de los testigos y el Notario, dos intérpretes nombrados por el 

mismo testador. 

1408.- Tanto el Notario, como los testigos que intervengan en cualquier testamento, 

deberán conocer al testador o cerciorarse de algún modo de su identidad, y de que se 

halla en su cabal juicio y libre de cualquiera coacción. 

1409.- Si la identidad del testador no pudiere ser verificada, se declarará esta 

circunstancia por el Notario o por los testigos, en su caso; agregando uno u otros todas 

las señales que caracterizan la persona de aquél. 

1410.- En el caso del artículo que precede, no tendrá validez el testamento mientras no 

se pruebe la identidad del testador. 

1411. - Se prohibe a los Notarios que hayan de redactar disposiciones de última 

voluntad, dejar hojas en blanco y servirse de abreviaturas o cifras, bajo pena de cien 

días de salarios mínimos de multa. 


2001).

1412.- El Notario que hubiere autorizado el testamento, debe dar aviso a los interesados 

luego que sepa la muerte del testador. Si no lo hace, es responsable de los daños y 

perjuicios que la dilación ocasione. 

1413.- Lo dispuesto en el artículo que precede, se observará también por cualquiera 

que tenga en su poder un testamento. 

1414.- Si los interesados están ausentes o son desconocidos, la noticia se dará al juez. 

CAPITULO II 

Del testamento público abierto 

1415.- Testamento público abierto, es el que se otorga ante Notario y tres testigos 

idóneos. 

1416.- El testador expresará de un modo claro y terminante su voluntad al Notario y a 

los testigos. El Notario redactará por escrito las cláusulas del testamento sujetándose 

estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para que éste manifieste 

si está conforme. Si lo estuviere, firmarán todos el instrumento, asentándose el lugar, 

año, mes, día y hora en que hubiere sido otorgado. 

1417.- Si alguno de los testigos no supiere escribir, firmará otro de ellos por él; pero 

cuando menos, deberá constar la firma entera de dos testigos. 

1418.- Si el testador no pudiere o no supiere escribir, intervendrá otro testigo más, que 

firme a su ruego. 

1419.- En el caso de extrema urgencia y no pudiendo ser llamado otro testigo, firmará 

por el testador uno de los instrumentales haciendo constar esta circunstancia. 

1420.- El que fuere sordo, pero que sepa leer, deberá dar lectura a su testamento; si no 

supiere o no pudiere hacerlo, designará una persona que lo lea a su nombre. 

1421.- Cuando sea ciego el testador, se dará lectura al testamento dos veces, una por 

el Notario, como está prescrito en el artículo 1416, y otra en igual forma por uno de los 

testigos u otra persona que el testador designe. 

1422.- Cuando el testador ignore el idioma del país, si puede escribirá de su puño y 

letra su testamento, que será traducido al español por los dos intérpretes a que se 

refiere el artículo 1407. La traducción se transcribirá como testamento en el protocolo 

respectivo, y el original se archivará en el apéndice del mismo protocolo 

correspondiente al Notario que intervenga en el acto. 

Si el testador no puede o no sabe escribir, uno de los intérpretes escribirá el testamento 

que dicte aquél, y leído y aprobado por el testador, se traducirá al español por los dos

intérpretes que deben concurrir al acto; hecha la traducción se procederá como se 

dispone en el párrafo anterior. 

Si el testador no puede o no sabe leer, dictará en su idioma el testamento a uno de los 

intérpretes. Traducido por los dos intérpretes, se procederá como dispone el párrafo 

primero de este artículo. 

1423.- Las formalidades se practicarán acto continuo y el Notario dará fe de haberse 

llenado todas. 

1424.- Faltando algunas de las referidas solemnidades quedará el testamento sin 

efecto, y el Notario será responsable de los daños y perjuicios e incurrirá además, en la 

pena de pérdida de oficio. 

CAPITULO III 

Testamento público cerrado 

1425.- El testamento público cerrado puede ser escrito por el testador, o por otra 

persona a su ruego, y en papel común. 

1426.- El testador debe rubricar todas las hojas y firmar al calce del testamento, pero si 

no supiere o no pudiere hacerlo, podrá rubricar o firmar por él otra persona a su ruego. 

1427.- En el caso del artículo que precede, la persona que haya rubricado y firmado por 

el testador, concurrirá con él a la presentación del pliego cerrado; en este acto, el 

testador declarará que aquella persona rubricó y firmó en su nombre y ésta firmará en 

la cubierta con los testigos y el Notario. 

1428.- El papel en que esté escrito el testamento o el que le sirva de cubierta, deberá 

estar cerrado y sellado, o lo hará cerrar y sellar el testador en el acto del otorgamiento 

y lo exhibirá al Notario en presencia de tres testigos. 

1429.- El testador, al hacer la presentación declarará que en aquel pliego está contenida 

su última voluntad. 

1430.- El Notario dará fe del otorgamiento, con expresión de las formalidades 

requeridas en los artículos anteriores; esa constancia deberá extenderse en la cubierta 

del testamento, que deberá ser firmada por el testador, los testigos y el Notario, quien, 

además, pondrá su sello. 

1431.- Si alguno de los testigos no supiere firmar, se llamará a otra persona que lo 

haga en su nombre y en su presencia, de modo que siempre haya tres firmas. 

1432.- Si al hacer la presentación del testamento no pudiere firmar el testador, lo hará 

otra persona en su nombre y en su presencia no debiendo hacerlo ninguno de los 

testigos.

1433.- Sólo en casos de suma urgencia podrá firmar uno de los testigos, ya sea porque 

no sepa hacerlo, ya por el testador. El Notario hará constar expresamente esta 

circunstancia, bajo la pena de suspensión de oficio por tres años. 

1434.- Los que no saben o no pueden leer, son inhábiles para hacer testamento 

cerrado. 

1435.- El sordomudo podrá hacer testamento cerrado con tal de que éste vaya escrito, 

fechado y firmado de su propia mano y que, al presentarlo al Notario ante cinco 

testigos, escriba a presencia de todos, sobre la cubierta, que en aquel pliego se 

contiene su última voluntad, y va escrita y firmada por él. El Notario declarará en el acta 

de la cubierta que el testador lo escribió así, observándose, además, lo dispuesto en los 

artículos 1428, 1430 y 1431. 

1436.- En el caso del artículo anterior, si el testador no puede firmar la cubierta, se 

observará lo dispuesto en los artículos 1432 y 1433, dando fe el Notario de la elección 

que el testador haga de uno de los testigos para que firme por él. 

1437.- Puede hacer testamento cerrado el que sea sólo mudo o sólo sordo, con tal de 

que esté escrito de su puño y letra, o si ha sido escrito por otro, lo anote así el testador 

y firme la nota de su puño y letra, sujetándose a las demás solemnidades precisas para 

esta clase de testamentos. 

1438.- El testamento cerrado que carezca de alguna de las formalidades indicadas, 

quedará sin efecto y el Notario será responsable en los términos del artículo 1424. 

1439.- Cerrado y autorizado el testamento, se entregará al testador y el Notario pondrá 

razón en el protocolo, del lugar, hora, día, mes y año en que el testamento fue 

autorizado y entregado. 

1440.- Por la infracción del artículo anterior, no se anulará el testamento, pero el 

Notario incurrirá en la pena de suspensión por seis meses. 

1441.- El testador podrá conservar el testamento en su poder, o darlo en guarda a 

persona de su confianza. 

1442.- Luego que el juez reciba un testamento cerrado y se compruebe ante él el 

fallecimiento del testador, hará comparecer al Notario y a los testigos que concurrieron 

al otorgamiento de aquél testamento. 

1443.- El testamento cerrado no podrá ser abierto sino después que el Notario y los 

testigos instrumentales hayan reconocido ante el Juez sus firmas y las del testador, o la 

de la persona que por éste hubiere firmado, y hayan declarado si en su concepto está 

cerrado y sellado como lo estaba en el acto de la entrega.

1444.- Si no pudieren comparecer los testigos por muerte, enfermedad o ausencia, 

bastará el reconocimiento de la mayor parte y el del Notario. 

1445.- Si por iguales causas no pudieren comparecer el Notario, la mayor parte de los 

testigos o ninguno de ellos, el juez lo hará constar así por información, como también la 

autenticidad de las firmas y que en la fecha que lleva el testamento se encontraban 

aquéllos en el lugar en que éste se otorgó. 

1446.- En todo caso, los que comparecieron reconocerán sus firmas. Cumplido lo 

prescrito en los dos artículos anteriores el juez decretará la publicación y protocolización 

del testamento. 

1447.- El testamento cerrado quedará sin efecto siempre que se encuentre roto el 

pliego interior, o abierto el que forma la cubierta o borradas, raspadas o enmendadas 

las firmas que lo autorizan, aunque el contenido no sea vicioso. 

1448.- Toda persona que tuviere en su poder un testamento cerrado y no lo presente, 

como está prevenido en los artículos 1413 y 1414, o lo sustraiga dolorosamente de los 

bienes del finado, incurrirá en la pena, si fuere heredero por intestado, de pérdida del 

derecho que pudiera tener, sin perjuicio de la que le corresponda conforme al Código 

Penal. 

Capitulo III BIS 

Testamento publico simplificado 

1448- Bis.- Testamento Publico Simplificado es aquél que se otorga ante Notario 

respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda por el 

adquiriente en la misma escritura que consigne su adquisición o en la que se consigne 

la regularización de un inmueble destinado al mismo fin; que lleven a cabo las 

Autoridades del Estado de Oaxaca o cualquier dependencia o entidad de la 

Administración Publica Federal, Estatal o Municipal o en un acto posterior, de 

conformidad con lo siguiente: 

I. Que el precio del inmueble o su valor de avalúo no exceda del equivalente a 25 veces 

el salario mínimo general vigente en el Estado de Oaxaca elevado al año, al momento 

de la adquisición. En los casos de regularización de inmuebles que lleven a cabo las 

dependencias y entidades a que se refieren el párrafo anterior, no importará su monto; 

II. El testador instituirá uno o mas legatarios con derecho de acrecer, salvo designación 

de sustitutos. Para el caso de que cuando se llevaré la protocolización notarial de la 

adquisición en favor de los legatarios, estos fueren incapaces y no estuvieren sujetos a 

patria potestad o tutela, el testador también podrá designarles un representante 

especial que firme el instrumento notarial correspondiente por cuenta de los incapaces; 

III. Si hubiere pluralidad de adquirientes del inmueble, cada copropietario podrá instituir 

uno o mas legatarios respecto de su porción. Cuándo el testador estuviere casado bajo 

el régimen de sociedad conyugal, su cónyuge podrá instituir uno o mas legatarios en el

mismo instrumento, por la porción que le corresponda. En los supuestos a que se 

refiere este artículo no se aplicará lo dispuesto por el articulo 1199 de este Código; 

IV. Los legatarios recibirán el legado con la obligación de dar alimentos a los acreedores 

alimentarios, si los hubiere, en la proporción que el valor del legado represente en la 

totalidad del acervo hereditario de los bienes del autor de la sucesión; 

V. Los legatarios podrán reclamar directamente la entrega del inmueble y no les serán 

aplicables las disposiciones de los artículos 1595, 1652 y demás relativos de este 

código; y 

VI. Fallecido el autor de la sucesión, la adjudicación de bienes hereditarios a los 

legatarios, se hará en los términos del articulo 882- ter del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado. 


VII-2001). 

CAPITULO IV 

Del testamento privado 

1449.- El testamento privado está permitido en los casos siguientes: 

I.- Cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no 

dé tiempo para que concurra Notario a hacer el testamento; 

II.- Cuando no haya Notario en la población, o juez que actúe por receptoría; 

III.- Cuando, aun cuando haya Notario o Juez en la población, sea imposible, o por lo 

menos difícil, que concurran al otorgamiento del testamento; 

IV.- Cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se encuentren 

prisioneros de guerra. 

1450.- El testador que se encuentre en el caso de hacer testamento privado, declarará a 

presencia de cinco testigos idóneos su última voluntad, que uno de ellos o el mismo 

testador redactará por escrito. 

1451.- No será necesario redactar por escrito el testamento, cuando ninguno de los 

testigos sepa escribir y en los casos de suma urgencia. 

1452.- En los casos de suma urgencia bastarán tres testigos idóneos. 

1453.- Al otorgarse un testamento privado se observarán en su caso las disposiciones 

contenidas en los artículos 1416 al 1423. 

1454.- El testamento privado sólo surtirá sus efectos, si el testador fallece de la 

enfermedad o en el peligro en que se hallaba, o dentro de un mes de desaparecida la 

causa que lo autorizó.

1455.- El testamento privado necesita, además, para su validez, que se eleve a escritura 

pública por declaración judicial, la que se hará en virtud de las declaraciones de los 

testigos que firmaron u oyeron, en su caso, la voluntad del testador. 

1456.- La elevación o protocolización a que se refiere el artículo anterior será pedida por 

los interesados, inmediatamente después que supieran la muerte del testador y la forma 

de su disposición. 

1457.- Los testigos que concurran a un testamento privado, deberán declarar 

circunstanciadamente: 

I.- El lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se otorgó el testamento; 

II.- Si reconocieron, vieron y oyeron claramente al testador; 

III.- El tenor de la disposición; 

IV.- Si el testador estaba en su cabal juicio y libre de cualquiera coacción; 

V.- El motivo por el que se otorgó el testamento privado; 

VI.- Si saben que el testador falleció o no de la enfermedad, o en el peligro en que se 

hallaba. 

1458.- Si los testigos fueren idóneos y estuvieron conformes en todas y cada una de las 

circunstancias enumeradas en el artículo que precede, el juez declarará que sus dichos 

son el formal testamento de la persona de quien se trata. 

1459.- Si después de la muerte del testador muriese alguno de los testigos, se hará la 

declaración con los restantes, con tal de que no sean menos de tres, manifiestamente 

contestes, y mayores de toda excepción. 

1460.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará también en el caso de ausencia 

de alguno o algunos de los testigos, siempre que en la falta de comparecencia del 

testigo no hubiere dolo. 

1461.- Sabiéndose el lugar donde se hallan los testigos, serán examinados por exhorto. 

CAPITULO V 

Del Testamento Militar 

1462.- Los militares de la guardia nacional o de cualquiera otra fuerza al servicio del 

Estado y sus asimilados, en el momento de entrar en acción de guerra, o estando 

heridos sobre el campo de batalla, podrán hacer su disposición testamentaria 

declarando su voluntad ante dos testigos idóneos, o presentándoles el pliego cerrado 

que contenga su disposición, escrita y firmada, o por lo menos firmada de su puño y 

letra. 

1463.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará, en su caso, respecto de los 

prisioneros de guerra.

1464.- Los testamentos otorgados por escrito conforme a este capítulo, deberán ser 

entregados, luego que muera el testador, por aquél en cuyo poder hubieren quedado, al 

Jefe de la corporación, quien lo remitirá al Gobierno del Estado y éste a la autoridad 

judicial competente. 

1465.- Si el testamento hubiere sido otorgado de palabra, los testigos instruirán de él, 

desde luego, al Jefe de la corporación, quien dará parte en el acto al Gobierno del 

Estado y éste a la Autoridad Judicial competente, a fin de que, citando a los testigos, se 

proceda conforme a derecho. 

1466.- Los testamentos de los militares del ejército nacional y sus asimilados, se rigen 

por las disposiciones del Código Civil Federal y surtirán sus efectos en el Estado como 

también lo surtirán si se ajustan a las prescripciones de este Código. 

1467.- Las disposiciones contenidas en los artículos 1454 y 1461 se observarán también 

en el testamento militar. 

CAPITULO VI 

Del Testamento marítimo, y del hecho 

en país extranjero 

1468.- El testamento marítimo y el otorgado en país extranjero serán válidos en el 

Estado, siempre que se hayan observado en ellos las disposiciones federales y del 

Estado, relativas. 

1469.- La herencia legítima se abre: 

TITULO CUARTO 

de la sucesión legitima 

CAPITULO I 


I.- Cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió su validez; 

II.- Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes; 

III.- Cuando no se cumple la condición impuesta al heredero, o éste muera antes que 

el testador, o repudie la herencia, sin que haya substituto ni tenga lugar el derecho de 

acrecer; 

IV.- Cuando el heredero instituido es incapaz de heredar. 

1470.- Cuando siendo válido el testamento no deba subsistir la institución de heredero, 

subsistirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en él; y la sucesión legítima 

sólo comprenderá los bienes que debían corresponder al heredero instituido. 

1471.- Si el testador dispone legalmente sólo de una parte de sus bienes, el resto de 

ellos forma la sucesión legítima.

1472.- Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: 

I.- Los descendientes, cónyuge, ascendientes y parientes colaterales dentro del 

sexto grado y la concubina o el concubino, si se satisfacen en este caso los requisitos 

del artículo 1502 – Bis y; 

II.- A falta de los anteriores, la beneficencia pública. 

1473.- El parentesco de afinidad no da derecho de heredar. 

1474.- Los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto en 


1475.- Los parientes que se hallaren en el mismo grado heredarán por partes iguales. 

1476.- Las líneas y grados de parentesco se arreglarán por las disposiciones contenidas 

en el capítulo I, Título Sexto, Libro Primero. 

CAPITULO II 

De la sucesión de los descendientes 

1477.- Si a la muerte de los padres quedaren sólo hijos, la herencia se dividirá entre 

todos por partes iguales. 

1478.- Cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, a éste le 

corresponderá la porción de un hijo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1492. 

1479.- Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado los primeros heredarán por 

cabeza y los segundos por estirpes, lo mismo se observará tratándose de descendientes 

de hijos muertos con anterioridad al autor de la herencia, o incapaces de heredar o que 

hubieren renunciado la herencia. 

1480.- Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por 

estirpes, y si en algunas de éstas hubieren varios herederos, la porción que a ella 

corresponda se dividirá por partes iguales. 

1481.- Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a alimentos, 

que en ningún caso pueden exceder de la porción de uno de los hijos. 

1482.- El adoptado hereda como un hijo, existiendo el derecho de sucesión entre éste y 

los parientes del adoptante, en los términos que establece este Código. 

1483.- Concurriendo padres adoptantes y descendientes del adoptado, los primeros sólo 

tendrán derecho a alimentos.

1484.- Si el intestado no fuere absoluto, se deducirá del total de la herencia la parte de 

que legalmente haya dispuesto el testador, y el resto se dividirá de la manera que 

disponen los artículos que preceden. 

CAPITULO III 

De la sucesión de los ascendientes 

1485.- A falta de descendientes y de cónyuge, sucederán el padre y la madre por partes 

iguales. 

1486.- Si sólo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia. 

1487.- Si sólo hubiere ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la 

herencia por partes iguales. 

1488.- Si hubiere descendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes 

iguales; y se aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y otra a los de la 

materna. Los miembros de cada línea dividirán entre sí por partes iguales la porción que 

les corresponda. 


1490.- Si concurre el cónyuge del adoptado con los adoptantes, se estará a lo dispuesto 

por el artículo 1494. 

1491.- Los ascendientes, aun cuando sean ilegítimos, tienen derecho de heredar a sus 

descendientes reconocidos. 

CAPITULO IV 

De la sucesión del cónyuge 

1492.- El cónyuge que sobreviva, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho de 

un hijo, si carece de bienes o los que tiene, al morir el autor de la sucesión, no igualan 

a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre con 

hijos adoptivos del autor de la herencia. 

1493.- En el primer caso del artículo anterior, el cónyuge recibirá íntegra la porción 

señalada; en el segundo, sólo tendrá derecho a recibir lo que baste para igualar sus 

bienes con la porción mencionada. 

1494.- Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia se dividirá en 

dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a los ascendientes. 

1495.- Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, la 

herencia se dividirá por mitad, correspondiendo una de ellas al cónyuge y la otra se 

aplicará al hermano o hermanos que se dividirán por partes iguales la porción.

1496.- El cónyuge recibirá la porción que le corresponda conforme a los dos artículos 

anteriores, aunque tenga bienes propios. 

1497.- A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá en 

todos los bienes. 

CAPITULO V 

De la sucesión de los colaterales 

1498.- Si sólo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales. 

1499.- Si concurren hermanos con medios hermanos, aquéllos heredarán doble porción 

que éstos. 

1500.- Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos 

que hubieren muerto antes que el autor de la sucesión, que sean incapaces de heredar 

o que hayan renunciado la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos 

por estirpes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior. 

1501.-A falta de hermanos, sucederán sus hijos, dividiéndose la herencia por estirpes y 

la porción de cada estirpe por cabezas. 

1502.-A falta de los llamados en los artículos anteriores, sucederán los parientes más 

próximos dentro del sexto grado, sin distinción de línea ni consideración al doble 

vínculo, y heredarán por partes iguales. 

CAPITULO V-BIS 

De la sucesión de los concubinos 

1502.- BIS. La concubina hereda al concubino y este a aquella en las mismas porciones 

y lugar que establecen los Artículos 1492 al 1497, para el cónyuge superstite, si reúnen 

una de las condiciones siguientes. 

I.- Que el tiempo de vida en común que precedió inmediatamente a la muerte del 

autor de la herencia haya durado cinco años o más si el superstite no tuvo hijos con el 

autor de la sucesión, y 

II.- Que el superstite haya tenido uno o más hijos del autor de la herencia, 

cualquiera que haya sido la duración de la vida en común inmediatamente anterior a la 

muerte de este. 

1502.- BIS. A.- Si la vida en común no duró el mínimo a que se refiere la Fracción I del 

Artículo anterior, y no hubo descendencia con el autor de la sucesión, el concubino o la 

concubina supérstite tendrá derecho a alimentos si carece de bienes y está 

imposibilitado para trabajar. Este derecho cesa cuando el supérstite contraiga nupcias o 

viva nuevamente en concubinato.

1502.- BIS. B.- Si al morir el autor de la herencia, comparece más de una persona 

reclamando la calidad de concubino, ninguna heredara ni tendrá derecho a alimentos, 

salvo prueba en contrario. 

1502.- BIS. C.- El concubino en su caso y la concubina, por si y en representación del 

hijo habido con el autor de la sucesión, o la madre del menor con derecho a investigar 

su paternidad, pueden deducir las acciones respectivas dentro del juicio universal, sin 

necesidad de procedimiento judicial previo. 

CAPITULO VI 

De la sucesión de la Beneficencia Pública 

1503.-A falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores, sucederá la 

Beneficencia Pública del Estado. 

1504.- Cuando sea heredera la Beneficencia Pública del Estado y entre lo que 

corresponda existan bienes raíces que no pueda adquirir conforme al artículo 27 de la 

Constitución Federal, se venderán los bienes en pública subasta, antes de hacerse la 

adjudicación aplicándose a la beneficencia el precio que se obtuviere. 

TITULO QUINTO 

disposiciones comunes a las sucesiones testamentaria y legitima 

CAPITULO I 

De las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda encinta 

1505.- Cuando a la muerte del marido la viuda quede o cree quedar encinta, debe 

ponerlo dentro de cuarenta días en conocimiento del juez para que lo notifique a los 

interesados en la sucesión. En la misma forma debe proceder la concubina a la muerte 

del concubino. 

1506.- Los interesados podrán pedir al juez que se proceda oportuna y decorosamente 

a la averiguación de la preñez. 

1507.- Aunque resulte cierta la preñez o los interesados no la contradigan, podrán pedir 

al juez que dicte las providencias convenientes para evitar la suposición del parto, o que 

el hijo que nazca pase como viable no siéndolo en realidad. 

1508.- Cuando el resultado de la averiguación fuere contrario a la certeza de la preñez, 

y la viuda insista en que aquélla es verdadera, podrá pedir al juez que con audiencia de 

los interesados le señale una casa decente donde sea guardada a vista y con todas las 

precauciones necesarias, hasta que llegue al tiempo natural del parto. 

1509.- Los interesados pueden pedir en cualquier tiempo que se repita la averiguación.

1510.- Si el marido reconoció en instrumento público o privado la certeza de la preñez 

de su consorte, no podrá procederse a la averiguación; pero los interesados podrán 

pedir que se practiquen las diligencias de que habla el artículo 1506. 

1511.- La viuda encinta, aun cuando tenga bienes, debe ser alimentada 

competentemente de los bienes de la sucesión. 

1512.- Si la viuda no da aviso al juez o no observa las medidas dictadas por él, podrán 

los interesados negarle los alimentos, cuando tenga bienes. 

1513.- Si por averiguaciones posteriores resultare cierta la preñez, se deberán abonar 

los alimentos que hubieren dejado de pagarse. 

1514.- La omisión de la madre no perjudica a la legitimidad del hijo, si por otros medios 

legales puede acreditarse. 

1515.- La viuda no debe devolver los alimentos recibidos, aun cuando haya habido 

aborto o no resultare cierta la preñez, salvo el caso en que ésta hubiere sido 

contradicha por la información pericial. 

1516.- El juez decidirá de plano toda cuestión de las tratadas en este capítulo, 

resolviendo en caso dudoso a favor de la viuda. 

1517.- Para cualquiera de las diligencias que se practiquen conforme a lo dispuesto en 

este capítulo, deberá ser oída la viuda. 

1518.- La división de la herencia se suspenderá hasta que se verifique el parto; mas los 

acreedores podrán ser pagados con mandato judicial. 

CAPITULO II 

Del derecho de acrecer 

1519.- El derecho de acrecer es el que la Ley concede a un heredero para agregar a su 

porción hereditaria la que debía corresponder a otro heredero. 

1520.- Para que en las herencias por testamento tenga lugar el derecho de acrecer, se 

requiere: 

I.- Que dos o más sean llamados a una misma herencia o a una misma porción de 

ella, sin especial designación de partes; 

II.- Que uno de los llamados muera antes que el testador, renuncie la herencia o sea 

incapaz de recibirla. 

1521.- No se entenderá que están designadas las partes sino cuando el testador haya 

mandado expresamente que se dividan o las haya designado con señales físicas, mas la 

frase: por mitad o por partes iguales, u otras, que aunque designen parte alícuota no

fijan ésta numéricamente, o por señales que hagan a cada uno dueño de un cuerpo 

separado, no excluyen el derecho de acrecer. 

1522.- Si la falta del heredero acaece después de haber aceptado la herencia, no hay 

lugar al derecho de acrecer; y su parte se transmite a sus herederos, salvo lo dispuesto 


1523.- Los herederos a quienes acrece la parte caduca suceden en todos los derechos y 

obligaciones que tendría el que no quiso o no pudo recibir la herencia. 

1524.- Los herederos sólo pueden repudiar la porción que acrece a la suya renunciando 

la herencia. 

1525.- Cuando conforme a la Ley debe tener lugar el derecho de acrecer entre los 

llamados conjuntamente a un usufructo, la porción del que falte pasará al propietario, 

salvo disposición expresa del testador, en contrario. 

1526.- Lo dispuesto en los seis artículos que preceden, se observará igualmente en los 

legados. 

1527.- Cuando los legatarios no se hallen en el caso de la fracción I del artículo 1520, 

pero sí en alguno de los señalados en la fracción II, el legado acrecerá a los herederos. 

1528.- El testador puede prohibir o modificar como quiera el derecho de acrecer. 

1529.- En las herencias intestamentarias si hubiere varios parientes en un mismo grado 

y alguno o algunos no quisieren o no pudieren heredar, su parte acrecerá a los otros del 

mismo grado, salvo lo dispuesto en los artículos 1479 y 1500. 

CAPITULO III 

De la apertura y transmisión de la herencia 

1530.- La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia o 

cuando se declara la presunción de muerte de un ausente. 

1531.- No habiendo albacea nombrado, cada uno de los herederos puede, si no ha sido 

instituido heredero de bienes determinados, reclamar la totalidad de la herencia que le 

corresponda conjuntamente con otros, sin que el demandado pueda oponer la 

excepción de que la herencia no le pertenece por entero. 

1532.- Habiendo albacea nombrado, él deberá promover la declaración a que se refiere 

el artículo precedente, y siendo moroso en hacerlo, los herederos tienen derecho de 

pedir su remoción. 

1533.- El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los 

herederos.

CAPITULO IV 

De la aceptación y repudiación de la herencia 

1534.- La aceptación puede ser expresa o tácita. Es expresa la aceptación si el heredero 

acepta con palabras terminantes; y tácita, si ejecuta algunos hechos de los que se 

deduzca necesariamente la intención de aceptar, o aquéllos que no podría ejecutar sino 

con su calidad de heredero. 

1535.- Ninguno puede aceptar ni repudiar la herencia: en parte, con plazo o 

condicionalmente. 

1536.- Pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen libre disposición de 

sus bienes. 

1537.- La herencia dejada a los menores y demás incapacitados, será aceptada por sus 

tutores. 

1538.- La mujer casada no necesita la autorización del marido para aceptar o repudiar 

la herencia que le corresponda. La herencia común será aceptada o repudiada por los 

dos cónyuges, y en caso de discrepancia, resolverá el juez. 

1539.- Si los herederos no se convinieren sobre la aceptación o repudiación, podrán 

aceptar unos y repudiar otros. 

1540.- Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo se 

transmite a sus sucesores. 

1541.- Los efectos de la aceptación o repudiación de la herencia se retrotraen siempre a 

la fecha de la muerte de la persona a quien se hereda. 

1542.- La repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez, o por medio 

de instrumento público otorgado ante notario, cuando el heredero no se encuentre en el 

lugar del juicio. 

1543.- La repudiación no priva al que la hace, si no es heredero ejecutor, del derecho 

de reclamar los legados que se le hubieren dejado. 

1544.- El que es llamado a una misma herencia por testamento y abintestado, y la 

repudia por el primer título, pierde el derecho de suceder por intestado. 

1545.- El que repudia el derecho de suceder por intestado sin tener noticia de su título 

testamentario, puede en virtud de éste, aceptar la herencia. 

1546.- Ninguno puede renunciar la sucesión de persona viva, ni enajenar los derechos 

que eventualmente pueda tener a su herencia.

1547.- Nadie puede aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de aquél de cuya 

herencia se trata. 

1548.- Conocida la muerte de aquél a quien se hereda, se puede renunciar la herencia 

dejada bajo condición, aunque ésta no se haya cumplido. 

1549.- Las personas morales capaces de adquirir pueden, por conducto de sus 

representantes legítimos, aceptar o repudiar herencias; pero tratándose de 

corporaciones de carácter oficial o de instituciones de beneficencia privada en el Estado, 

no pueden repudiar la herencia, las primeras sin aprobación judicial, previa audiencia 

del Ministerio Público; y las segundas, sin sujetarse a las disposiciones relativas de la 

Ley de beneficencia privada. 

Los establecimientos públicos no pueden aceptar ni repudiar herencias, sin aprobación 

de la autoridad administrativa superior de quien dependan. 

1550.- Cuando alguno tuviere interés en que el heredero declare si acepta o repudia la 

herencia, podrá pedir, pasados nueve días de la apertura de ésta, que el juez fije al 

heredero un plazo que no excederá de un mes, para que dentro de él haga su 

declaración, apercibido de que, si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada. 

1551.- La aceptación y la repudiación, una vez hechas, son irrevocables y no pueden ser 

impugnadas sino en los casos de dolo o violencia. 

1552.- El heredero puede revocar la aceptación o la repudiación, cuando por un 

testamento desconocido, al tiempo de hacerla, se altere la cantidad o calidad de la 

herencia. 

1553.- En el caso del artículo anterior, si el heredero revoca la aceptación, devolverá 

todo lo que hubiere percibido de la herencia, observándose respecto de los frutos, las 

reglas relativas a los poseedores. 

1554.- Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores, pueden éstos 

pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquél. 

1555.- En el caso del artículo anterior, la aceptación sólo aprovechará a los acreedores 

para el pago de sus créditos; pero si la herencia excediere del importe de éstos, el 

exceso pertenecerá a quien llame la Ley, y en ningún caso al que hizo la renuncia. 

1556.- Los acreedores cuyos créditos fueren posteriores a la repudiación no pueden 

ejercer el derecho que les concede el artículo 1554. 

1557.- El que por la repudiación de la herencia deba entrar en ella, podrá impedir que la 

acepten los acreedores, pagando a éstos los créditos que tengan contra el que la 

repudie.

1558.- El que a instancias de un legatario o acreedor hereditario haya sido declarado 

heredero, será considerado como tal por los demás, sin necesidad de nuevo juicio. 

1559.- La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la 

herencia y de los herederos. 

1560.- Toda herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario aun cuando no se 

exprese. 

CAPITULO V 

De los Albaceas 

1561.- No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus bienes. 

La mujer casada, mayor de edad, podrá serlo sin la autorización de su esposo. 

1562.- No pueden ser albaceas, excepto en el caso de ser herederos únicos: 

I.- Los Magistrados o Jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en que se 

abre la sucesión; 

II.- Los que por sentencia hubieren sido removidos otra vez del cargo de albacea; 

III.- Los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad; y 

IV.- Los que no tengan un modo honesto de vivir. 

1563.- El testador puede nombrar uno o más albaceas. 

1564.- Cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado no 

desempeñare el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos. Por los 

herederos menores votarán sus legítimos representantes. 

1565.- La mayoría, en todos los casos de que habla este capítulo, y los relativos a 

inventario y partición, se calcularán por el importe de las porciones y no por el número 

de las personas. 

Cuando la mayor porción esté representada por menos de la cuarta parte de los 

herederos, para que haya mayoría se necesita que con ellos voten los herederos que 

sean necesarios para formar por lo menos la cuarta parte del número total. 

1566.- Si no hubiere mayoría el albacea será nombrado por el juez de entre los 

propuestos. 

1567.- Lo dispuesto en los dos artículos que preceden se observará en los casos de 

intestado y cuando el albacea nombrado falte, sea por la causa que fuere. 

1568.- El heredero que fuere único, será albacea si no hubiere sido nombrado otro en el 

testamento. Si es incapaz, desempeñará el cargo su tutor.

1569.- Cuando no hay heredero o el nombrado no entra en la herencia, el juez 

nombrará el albacea, si no hubiere legatarios. 

1570.- En el caso del artículo anterior, si hay legatarios, el albacea será nombrado por 

éstos, de entre ellos mismos. 

1571.- El albacea nombrado conforme a los dos artículos que preceden, durará en su 

encargo mientras que, declarados los herederos legítimos, éstos hacen la elección de 

albacea. 

1572.- Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios nombrarán el 

albacea de entre ellos mismos. 

1573.- El albacea podrá ser universal o especial. 

1574.- Cuando fueren varios los albaceas nombrados el albaceazgo será ejercitado por 

cada uno de ellos en el orden en que hubieren sido designados, a no ser que el testador 

hubiere dispuesto expresamente que se ejerza de común acuerdo por todos los 

nombrados, pues en este caso se considerarán mancomunados. 

1575.- Cuando los albaceas fueren mancomunados sólo valdrá lo que todos hagan de 

consumo; lo que haga uno de ellos, legalmente autorizado por los demás; y lo que en 

caso de disidencia, acuerde el mayor número. Si no hubiere mayoría, decidirá el juez. 

1576.- En los casos de suma urgencia, puede uno de los albaceas mancomunados, 

practicar bajo su responsabilidad personal, los actos que fueren necesarios, dando 

cuenta inmediatamente a los demás. 

1577.- El cargo de albacea es voluntario, pero el que lo acepta, se constituye en la 

obligación de desempeñarlo. 

1578.- El albacea que renuncia sin justa causa, perderá lo que le hubiere dejado el 

testador. Lo mismo sucederá cuando la renuncia sea por justa causa, si lo que se deja 

al albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el desempeño del cargo. 

1579.- El albacea que presentare excusas, deberá hacerlo dentro de los seis días 

siguientes a aquél en que tuvo noticias de su nombramiento; o si éste le era conocido, 

dentro de los seis días siguientes a aquél en que tuvo noticias de la muerte del testador. 

Si presenta sus excusas fuera del término señalado, responderá de los daños y 

perjuicios que ocasiona. 

1580.- Pueden excusarse de ser albaceas: 

I.- Los empleados y funcionarios públicos; 

II.- Los militares en servicio activo;

III.- Los que fueren tan pobres que no puedan atender el albaceazgo sin menoscabo 

de su subsistencia; 

IV.- Los que por el mal estado habitual de su salud, no pueden atender debidamente 

el albaceazgo; 

V.- Los que tengan sesenta años cumplidos; 

VI.- Los que tengan a su cargo otro albaceazgo. 

1581.- El albacea que estuviere presente mientras se decide sobre su excusa, debe 

desempeñar el cargo bajo la pena establecida en el artículo 1578. 

1582.- El albacea no podrá delegar el cargo que ha recibido, ni por su muerte pasa a 

sus herederos; pero no está obligado a obrar personalmente, puede hacerlo por 

mandatarios que obren bajo sus órdenes, respondiendo de los actos de éstos. 

1583.- El albacea general está obligado a entregar al ejecutor especial las cantidades o 

cosas necesarias para que cumpla la parte del testamento que estuviere a su cargo. 

1584.- Si el cumplimiento del legado dependiere de plazo o de alguna condición 

suspensiva, podrá el ejecutor general resistir la entrega de la cosa o cantidad, dando 

fianza a satisfacción del legatario o del ejecutor especial, de que la entrega se hará a su 

debido tiempo. 

1585.- El ejecutor especial podrá también, a nombre del legatario, exigir la constitución 

de la hipoteca necesaria. 

1586.- La posesión de los bienes hereditarios y el derecho a la misma posesión se 

transmite, por ministerio de la Ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde 

el momento de la muerte del autor de la herencia salvo lo dispuesto en el artículo 199. 

1587.- El albacea debe deducir todas las acciones que pertenecieron al autor de la 

herencia y que no se hayan extinguido por su muerte, así como las que nazcan para la 

sucesión. 

1588.- Son obligaciones del albacea general: 

I.- La presentación del testamento; 

II.- El aseguramiento de los bienes de la herencia; 

III.- La formación del inventario; 

IV.- La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; 

V.- El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; 

VI.- La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; 

VII.- La defensa, en juicio o fuera de él, así de la herencia como de la validez del 

testamento; 

VIII.- La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse 

en su nombre o que se promovieren contra ella; 

IX.- Las demás que le imponga la Ley.

1589.- Los albaceas, dentro de los quince días siguientes a la aprobación del inventario, 

propondrán al juez la distribución provisional de los productos de los bienes 

hereditarios, señalando la parte de ellos que cada bimestre deberá entregarse a los 

herederos o legatarios. 

El juez, observando el procedimiento fijado por el Código de la materia, aprobará o 

modificará la proposición hecha, según corresponda. 

El albacea que no presente la proposición de que se trata o que durante dos bimestres 

consecutivos, sin justa causa, no cubra a los herederos o legatarios lo que les 

corresponda, será separado de su cargo a solicitud de los interesados. 

1590.- El albacea también está obligado, dentro de los tres meses contados desde que 

acepte su nombramiento, a garantizar su manejo con fianza, hipoteca o prenda, a su 

elección, conforme a las bases siguientes: 

I.- Por el importe de la renta de los bienes raíces en el último año y por los réditos 

de los capitales impuestos, durante ese mismo tiempo; 

II.- Por el valor de los bienes muebles; 

III.- Por el de los productos de las fincas rústicas en un año, calculados por peritos o 

por el término medio de un quinquenio, a elección del Juez; 

IV.- En las negociaciones mercantiles o industriales por el veinte por ciento del 

importe de las mercancías y demás efectos muebles, calculado por los libros si están 

llevados en debida forma o a juicio de peritos. 

1591.- Cuando el albacea sea también coheredero y su porción baste para garantizar, 

conforme a lo dispuesto en el artículo que precede, no estará obligado a prestar 

garantía especial, mientras que conserve sus derechos hereditarios. Si su porción no 

fuere suficiente para prestar la garantía de que se trata, estará obligado a dar fianza, 

hipoteca o prenda, por lo que falta para completar esa garantía. 

1592.- El testador no puede librar al albacea de la obligación de garantizar su manejo; 

pero los herederos sean testamentarios o legítimos, tienen derecho de dispensar al 

albacea del cumplimiento de esa obligación. 

1593.- Si el albacea ha sido nombrado en testamento y lo tiene en su poder, debe 

presentarlo dentro de los ocho días siguientes a la muerte del testador. 

1594.- El albacea debe formar el inventario dentro del término señalado por el Código 

de Procedimientos Civiles. Si no lo hace, será removido. 

1595.- El albacea, antes de formar el inventario, no permitirá la extradición de cosa 

alguna, si no es que conste la propiedad ajena por el mismo testamento anterior a la 

muerte del testador, o por los libros de la casa llevados en debida forma, si el autor de 

la herencia hubiere sido comerciante.

1596.- Cuando la propiedad de la cosa ajena conste por medios diversos de los 

enumerados en el artículo que precede, el albacea se limitará a poner al margen de las 

partidas respectivas una nota que indique la pertenencia de la cosa, para que la 

propiedad se discuta en el juicio correspondiente. 

1597.- La infracción de los dos artículos anteriores hará responsable al albacea de los 

daños y perjuicios. 

1598.- El albacea, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijará, de acuerdo con los 

herederos, la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administración y el 

número y sueldos de los dependientes. 

1599.- Si para el pago de una deuda u otro gasto urgente, fuere necesario vender 

algunos bienes, el albacea deberá hacerlo, de acuerdo con los herederos y, si esto no 

fuere posible, con aprobación judicial. 

1600.- Lo dispuesto en los artículos 583 y 584 respecto de los tutores, se observará 

también por los albaceas. 

1601.- El albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes de la herencia, sin 

consentimiento de los herederos o de los legatarios, en su caso. 

1602.- El albacea no puede transigir ni comprometer en árbitros los negocios de la 

herencia, sin el consentimiento de los herederos. 

1603.- El albacea sólo puede dar en arrendamiento hasta por un año, los bienes de la 

herencia. Para arrendarlos por mayor tiempo, necesita del consentimiento de los 

herederos o de los legatarios en su caso. 

1604.- El albacea está obligado a rendir cada año cuenta de su albaceazgo. No podrá 

ser nuevamente nombrado, sin que antes haya sido aprobada su cuenta anual. Además, 

rendirá la cuenta general de albaceazgo. También rendirá cuenta de su administración, 

cuando, por cualquier causa, deje de ser albacea. 

1605.- La obligación que de dar cuentas tiene el albacea, pasa a sus herederos. 

1606.- Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispensa al 

albacea de la obligación de hacer inventario o de rendir cuentas. 

1607.- La cuenta de administración debe ser aprobada por todos los herederos; el que 

disienta, puede seguir a su costa el juicio respectivo, en los términos que establezca el 

Código de Procedimientos Civiles. 

1608.- Cuando fuere heredera la Beneficencia Pública o los herederos menores, 

intervendrá el Ministerio Público en la aprobación de las cuentas.

1609.- Aprobadas las cuentas, los interesados pueden celebrar sobre su resultado, los 

convenios que quieran. 

1610.- El heredero o herederos que no hubieren estado conformes con el 

nombramiento de albacea hecho por la mayoría, tienen derecho de nombrar un 

interventor que vigile al albacea. Si la minoría inconforme la forman varios herederos, el 

nombramiento de interventor se hará por mayoría de votos y, si no se obtiene mayoría, 

el nombramiento lo hará el juez, eligiendo el interventor de entre las personas 

propuestas por los herederos de la minoría. 

1611.- Las funciones del interventor se limitarán a vigilar el exacto cumplimiento del 

cargo de albacea. 

1612.- El interventor no puede tener la posesión ni aun interina, de los bienes. 

1613.- Debe nombrarse precisamente interventor: 

I.- Siempre que el heredero esté ausente o no sea conocido; 

II.- Cuando la cuantía de los legados iguale o exceda a la porción del heredero 

albacea; 

III.- Cuando se hagan legados para objetos o establecimientos de beneficencia 

pública. 


2001). 

1614.- Los interventores deben ser mayores de edad y capaces para obligarse. 

1615.- Los interventores durarán mientras que no se revoque su nombramiento. 

1616.- Los interventores tendrán la retribución que acuerden los herederos que los 

nombren y si los nombra el juez, cobrarán conforme a arancel, como si fueren 

apoderados. 

1617.- Los acreedores y legatarios no podrán exigir el pago de sus créditos y legados, 

sino hasta que el inventario haya sido formado y aprobado, siempre que se forme y 

apruebe dentro de los términos señalados por la Ley, salvo en los casos previstos en los 

artículos 1636 y 1639, y aquellas deudas sobre las cuales hubiere juicio pendiente al 

abrirse la sucesión. 

1618.- Los gastos hechos por el albacea en el cumplimiento de su cargo incluso los 

honorarios de abogado y procurador que haya ocupado, se pagarán con la masa de la 

herencia. 

1619.- El albacea debe cumplir su encargo dentro de un año contado desde su 

aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieron sobre la validez o 

nulidad del testamento.

1620.- Sólo por causa justificada pueden los herederos prorrogar al albacea el plazo 

señalado en el artículo anterior, y la prórroga no excederá de un año. 

1621.- Para prorrogar el plazo del albaceazgo, es indispensable que la prórroga la 

acuerde una mayoría que represente las dos terceras partes de la herencia. 

1622.- El testador puede señalar al albacea la retribución que quiera. 

1623.- Si el testador no designare la retribución, el albacea cobrará el dos por ciento 

sobre el importe líquido y efectivo de la herencia; y el cinco por ciento sobre los frutos 

industriales de los bienes hereditarios. 

1624.- El albacea tiene derecho de elegir lo que le deja el testador por el desempeño 

del cargo y lo que la Ley le concede por el mismo motivo. 

1625.- Si fueren varios y mancomunados los albaceas, la retribución se repartirá entre 

todos ellos; si no fueren mancomunados, la retribución se hará en proporción al tiempo 

que cada uno haya administrado y al trabajo que hubiere tenido en la administración. 

1626.- Si el testador legó conjuntamente a los albaceas alguna cosa por el desempeño 

de su cargo, la parte de los que no admitan éste acrecerá a los que la ejerzan. 

1627.- Los cargos de albacea o interventor acaban: 

I.- Por el término natural del encargo; 

II.- Por muerte; 

III.- Por incapacidad legal declarada en forma; 

IV.- Por excusa que el juez califique de legítima, con audiencia de los interesados y 

del Ministerio Público, cuando se interesen menores o la Beneficencia Pública; 

V.- Por terminar el plazo señalado por la Ley y las prórrogas concedidas para 

desempeñar el cargo; 

VI.- Por revocación de su nombramiento, hecha por los herederos; 

VII.- Por remoción. 

1628.- La revocación puede hacerse por los herederos, en cualquier tiempo, pero en el 

mismo acto debe nombrarse el sustituto. 

1629.- Cuando el albacea haya recibido del testador algún encargo especial además del 

de seguir el juicio sucesorio para hacer entrega de los bienes a los herederos, no 

quedará privado de aquel encargo, por la revocación del nombramiento de albacea que 

hagan los herederos. En tal caso, se considerará como ejecutor especial y se aplicará lo 

dispuesto en el artículo 1583. 

1630.- Si la revocación se hace sin causa justificada, el albacea removido tiene derecho 

de percibir lo que el testador le haya dejado por el desempeño del cargo, o el tanto por

ciento que le corresponda conforme al artículo 1623, teniéndose en cuenta lo dispuesto 


1631.- La remoción no tendrá lugar sino por sentencia pronunciada en el incidente 

respectivo promovido por parte legítima. 

CAPITULO VI 

Del inventario y de la liquidación de la herencia 

1632.- El albacea definitivo, dentro del término que fije el Código de Procedimientos 

Civiles, promoverá la formación del inventario. 

1633.- Si el albacea no cumpliere lo dispuesto en el artículo anterior, podrá promover la 

formación de inventario cualquier heredero. 

1634.- El inventario se formará según lo disponga el Código de Procedimientos Civiles. 

Si el albacea no lo presenta dentro del término legal, será removido. 

1635.- Concluido y aprobado judicialmente el inventario, el albacea procederá a la 

liquidación de la herencia. 

1636.- En primer lugar, serán pagadas las deudas mortuorias, si no lo estuvieren ya, 

pues pueden pagarse antes de la formación del inventario. 

1637.- Se llaman deudas mortuorias los gastos del funeral y los gastos que se hayan 

causado en la última enfermedad del autor de la herencia. 

1638.- Las deudas mortuorias, se pagarán del cuerpo de la herencia. 

1639.- En segundo lugar, se pagarán los gastos de rigurosa conservación y 

administración de la herencia, así como los créditos alimenticios que pueden también 

ser cubiertos antes de la formación del inventario. 

1640.- Si para hacer los pagos de que hablan los artículos anteriores no hubiere dinero 

en la herencia, el albacea promoverá la venta de los bienes muebles y aun de los 

inmuebles, con las solemnidades que respectivamente se requieran. 

1641.- En seguida se pagarán las deudas hereditarias que fueren exigibles. 

1642.- Se llaman deudas hereditarias, las contraídas por el autor de la herencia 

independientemente de su última disposición, y de las que es responsable con sus 

bienes. 

1643.- Si hubiere pendiente algún concurso, el albacea no deberá pagar sino conforme 

a la sentencia de graduación de acreedores.

1644.- Los acreedores, cuando no haya concurso, serán pagados en el orden en que se 

presenten; pero si entre los no presentados hubiere algunos preferentes, se exigirá a 

los que fueren pagados la caución de acreedor de mejor derecho. 

1645.- El albacea, concluido el inventario, no podrá pagar los legados, sin haber 

cubierto o asignado bienes bastantes para pagar las deudas, conservando en los 

respectivos bienes los gravámenes especiales que tengan. 

1646.- Los acreedores que se presenten después de pagados los legatarios, solamente 

tendrán acción contra éstos cuando en la herencia no hubiere bienes bastantes para 

cubrir sus créditos. 

1647.- La venta de bienes hereditarios para el pago de deudas y legados, se hará en 

pública subasta; a no ser que la mayoría de los interesados acuerden otra cosa. 

1648.- La mayoría de los interesados, o la autorización judicial en su caso, determinará 

la aplicación que haya de darse al precio de las cosas vendidas. 

CAPITULO VII 

De la partición 

1649.- Aprobados el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe hacer en 

seguida la participación de la herencia. 

1650.-A ningún coheredero puede obligarse a permanecer en la indivisión de los bienes, 

ni aun por prevención expresa del testador. 

1651.- Puede suspenderse la partición en virtud de convenio expreso de los interesados. 

Habiendo menores entre ellos deberá oírse al tutor y al Ministerio Público y el auto en 

que se apruebe el convenio determinará el tiempo que debe durar la indivisión. 

1652.- Si el autor de la herencia dispone en su testamento que a algún heredero o 

legatario se le entreguen determinados bienes, el albacea, aprobado el inventario, les 

entregará esos bienes, siempre que garanticen suficientemente responder por los 

gastos y cargas generales de la herencia en la proporción que les corresponda. 

1653.- Si el autor de la herencia hiciere la partición de los bienes en su testamento, a 

ella deberá estarse salvo derecho de tercero. 

1654.- Si el autor de la sucesión no dispuso cómo deberían repartirse sus bienes y se 

trata de una negociación que forme una unidad agrícola, industrial o comercial, 

habiendo entre los herederos agricultores, industriales o comerciantes, a ellos se 

aplicará la negociación, siempre que puedan entregar en dinero a los otros coherederos 

la parte que les corresponda. El precio de la negociación se fijará por peritos. 

Lo dispuesto en este artículo, no impide que los coherederos celebren los convenios que 

estimen pertinentes.

1655.- Los coherederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos que cada 

uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios y los daños 

ocasionados por malicia o negligencia. 

1656.- Si el testador hubiere legado pensión o renta vitalicia, sin gravar con ella en 

particular a algún heredero o legatario, se capitalizará al nueve por ciento anual, y se 

separará un capital o fondo de igual valor, que se entregará a la persona que deba 

percibir la pensión o renta, quien tendrá todas las obligaciones de mero usufructuario. 

Lo mismo se observará cuando se trate de las pensiones alimenticias a que se refiere el 


1657.- En el proyecto de partición se expresará la parte que del capital o fondo afecto a 

la pensión, corresponderá a cada uno de los herederos, luego de que aquélla se 

extinga. 


2001). 

1658.- Cuando todos los herederos sean mayores, y el interés del fisco, si lo hubiere, 

esté cubierto, podrán los interesados separarse de la prosecución del juicio y adoptar 

los acuerdos que estimen convenientes para el arreglo y terminación de la 

testamentaría o del intestado. 

Cuando haya menores, podrán separarse, si están debidamente representados y el 

Ministerio Público da su conformidad. En este caso, los acuerdos que se tomen se 

denunciarán al juez, y éste, oyendo al Ministerio Público, dará su aprobación si no se 

lesionan los derechos de los menores. 

1659.- La partición constará en escritura pública, siempre que en la herencia haya 

bienes cuya enajenación deba hacerse con esa formalidad. 

1660.- Los gastos de la partición se rebajarán del fondo común; los que se hagan por el 

interés particular de alguno de los herederos o legatarios, se imputarán a su haber. 

CAPITULO VIII 

De los efectos de la partición 

1661.- La partición legalmente hecha, confiere a los coherederos la propiedad exclusiva 

de los bienes que les hayan sido asignados. 

1662.- Cuando por causas anteriores a la partición, alguno de los coherederos fuese 

privado del todo o de parte de su haber, los otros coherederos están obligados a 

indemnizarle de esa pérdida en proporción a sus derechos hereditarios.

1663.- La porción que deberá pagarse al que pierda su parte, no será lo que represente 

su haber primitivo, sino la que le corresponda, deduciendo del total de la herencia la 

parte perdida. 

1664.- Si alguno de los coherederos estuviere insolvente, la cuota con que debe 

contribuir, se repartirá entre los demás, incluso el que perdió su parte. 

1665.- Los que pagaren por el insolvente, conservarán su acción contra él para cuando 

mejore de fortuna. 

1666.- La obligación a que se refiere el artículo 1662 sólo cesará en los casos 

siguientes: 

I.- Cuando se hubieren dejado al heredero bienes individualmente determinados, de 

los cuales es privado; 

II.- Cuando al hacerse la partición los coherederos renuncien expresamente el 

derecho a ser indemnizados; 

III.- Cuando la pérdida fuere ocasionada por culpa del heredero que la sufre. Si se 

adjudica como cobrable un crédito los coherederos no responden de la insolvencia 

posterior del deudor hereditario y sólo son responsables de su solvencia al tiempo de 

hacerse la partición. 

1667.- Por los créditos incobrables no hay responsabilidad. 

1668.- El heredero cuyos bienes hereditarios fueren embargados o contra quien se 

pronunciare sentencia en juicio por causa de ellos, tiene derecho de pedir que sus 

coherederos caucionen la responsabilidad que pueda resultarles y, en caso contrario, 

que se les prohiba enajenar los bienes que recibieron. 

CAPITULO IX 

De la rescisión y nulidad de las particiones 

1669.- Las particiones pueden rescindirse o anularse por las mismas causas que los 

contratos 

1670.- El heredero preferido tiene derecho de pedir la nulidad de la partición. Decretada 

ésta, se hará nueva partición para que perciba la parte que le corresponda. 

1671.- La partición hecha con un heredero falso, es nula en cuanto tenga relación con 

él; y la parte que se le aplique se distribuirá entre los herederos. 

1672.- Si hecha la partición aparecieren algunos bienes omitidos en ella, se hará una 

división suplementaria, en la cual se observarán las disposiciones contenidas en este 

título. 

LIBRO CUARTO

DE LAS OBLIGACIONES 

PARTE PRIMERA 

DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 


FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 

CAPITULO I 


Contratos 

1673.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o 

extinguir obligaciones. 

1674.- Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derecho(s) toman el 

nombre de contratos. 

1675.- Para la existencia del contrato se requiere: 

I.- Consentimiento; 

II.- Objeto que pueda ser materia del contrato. 

1676.- El contrato puede ser invalidado: 

I.- Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 

II.- Por vicios del consentimiento; 

III.- Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; 

IV.- Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la Ley 

establece. 

1677.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquéllos que 

deben revestir una forma establecida por la Ley. Desde que se perfeccionan obligan a 

los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme(s) a la buena fe, al uso o a 

la Ley. 

1678.- La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de 

uno de los contratantes. 


De la capacidad

1679.- Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la Ley. 

1680.- La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en 

provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación 

común. 

SECCION TERCERA 

De la representación 

1681.- El que es hábil para contratar, puede hacerlo por sí o por medio de otro 

legalmente autorizado . 

1682.- Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la 

Ley. 

1683.- Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo 

representante, serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, 

los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha 

con las mismas formalidades que para el contrato exige la Ley. 

Si no se tiene (sic ¿obtiene?) la ratificación, el otro contratante tendrá derecho de exigir 

daños y perjuicios a quien indebidamente contrató. 

SECCION CUARTA 

Del consentimiento 

1684.- El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta 

verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de 

actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que, 

por Ley o por convenio, la voluntad deba manifestarse expresamente. 

1685.- Toda persona que propone a otra la celebración de un contrato fijándole un 

plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo. 

1686.- Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para 

aceptarlo, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace 

inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono. 

1687.- Cuando la oferta se haga sin fijación de plazo a una persona no presente, el 

autor de la oferta quedará ligado durante tres días, además del tiempo necesario para 

la ida y vuelta regular del correo público, o del que se juzgue bastante, no habiendo 

correo público, según las distancias y la facilidad o dificultad de las comunicaciones. 

1688.- El contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la aceptación, 

estando ligado por su oferta según los artículos precedentes.

1689.- La oferta se considerará como no hecha si la retira su autor y el destinatario 

recibe la retracción (sic ¿retractación?) antes que la oferta. La misma regla se aplica al 

caso en que se retire la aceptación. 

1690.- Si al tiempo de la aceptación hubiere fallecido el proponente, sin que el 

aceptante fuera sabedor de su muerte, quedarán los herederos de aquél obligados a 

sostener el contrato. 

1691.- El proponente quedará libre de su oferta cuando la respuesta que reciba no sea 

una aceptación lisa y llana, sino que importe modificación de la primera. En este caso la 

respuesta se considera como nueva proposición que se regirá por lo dispuesto en los 

artículos anteriores. 

1692.- La propuesta y aceptación hecha por telégrafo producen efectos si los 

contratantes con anterioridad habían estipulado por escrito esta manera de contratar, y 

si los originales de los respectivos telegramas contienen las firmas de los contratantes y 

los signos convencionales establecidos entre ellos. 

SECCION QUINTA 

Vicios del consentimiento 

1693.- El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia 

o sorprendido por dolo. 

1694.- El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo 

determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la 

celebración se declara ese motivo; o si se prueba, por las circunstancias del mismo 

contrato, que se celebró éste en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. 

1695.- El error de cálculo sólo da lugar a que se rectifique. 

1696.- Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se 

emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala 

fe, la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido. 

1697.- El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, 

sabiéndolo aquélla, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de este acto 

jurídico. 

1698.- Si ambas partes proceden con dolo ninguna de ellas puede alegar la nulidad del 

acto o reclamarse indemnizaciones. 

1699.- Es nulo el contrato celebrado por violencia, ya provenga ésta de alguno de los 

contratantes, ya de un tercero, interesado o no en el contrato.

1700.- Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro 

de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes 

del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus 

parientes colaterales dentro del segundo grado. 

1701.- El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a 

quienes se debe su misión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. 

1702.- Las consideraciones generales que los contratantes expusieren sobre los 

provechos y perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebración del contrato, 

y que no importen engaño o amenaza (sic ¿a?) alguna de las partes, no serán tomadas 

en cuenta al calificar el dolo o la violencia. 

1703.- No es lícito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo o de la 

violencia. 

1704.- Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el dolo, el que sufrió la 

violencia o padeció el engaño ratifica el contrato, no puede en lo sucesivo reclamar por 

semejantes vicios. 

1705.- Son objeto de los contratos: 

SECCION SEXTA 

Del objeto y del motivo o fin de los contratos 

I.- La cosa que el obligado debe dar; 

II.- El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. 

1706.- La cosa objeto del contrato debe: 1º- Existir en la naturaleza. 2º- Ser 

determinada o determinable en cuanto a su especie. 3º- Estar en el comercio. 

1707.- Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede 

serlo la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento. 

1708.- El hecho positivo o negativo, objeto del contrato, debe ser: 

I.- Posible; 

II.- Lícito. 

1709.- Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una Ley 

de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que 

constituye un obstáculo insuperable para su realización. 

1710.- No se considerará imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el obligado, 

pero sí por otra persona en lugar de él.

1711.- Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas 

costumbres. 

1712.- El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan, tampoco debe 

ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. 

SECCION SEPTIMA 

De la forma 

1713.- En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca 

que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades 

determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la Ley. 

1714.- Cuando la Ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no 

revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de 

las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir 

que se dé al contrato la forma legal. 

1715.- Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos 

deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación. 

Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego, y en el 

documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó. 

SECCION OCTAVA 

División de los contratos 

1716.- El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin 

que ésta le quede obligada. 

1717.- El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. 

1718.- Es contrato oneroso aquél en que se estipulan provechos y gravámenes 

recíprocos; y gratuito aquél en que el provecho es solamente de una de las partes. 

1719.- El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las 

partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que aquellas pueden 

apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste. Es aleatorio, 

cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no 

sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida sino hasta que ese acontecimiento se 

realice. 

SECCION NOVENA 

Cláusulas que pueden contener los contratos 

1720.- Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes; pero las 

que se refieren a requisitos esenciales del contrato, o sean consecuencia de su

naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las 

segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la Ley. 

1721.- Pueden los contratantes estipular cierta prestación como pena para el caso de 

que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. Si tal 

estipulación se hace, no podrán reclamarse, además daños y perjuicios. 

1722.- La nulidad del contrato importa la de la cláusula penal; pero la nulidad de ésta 

no acarrea la de aquél. 

Sin embargo, cuando se promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso 

de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena aunque el contrato no se lleve a 

efecto por falta del consentimiento de dicha persona. 

Lo mismo sucederá cuando se estipule con otro, a favor de un tercero, y la persona con 

quien se estipule se sujete a una pena para el caso de no cumplir lo prometido. 

1723.- Al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, 

ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido 

perjuicio alguno. 

1724.- La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación 

principal. 

1725.- Si la obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en la misma 

proporción. 

1726.- Si la modificación no pudiere ser exactamente proporcional, el juez reducirá la 

pena de una manera equitativa, teniendo en cuenta la naturaleza y demás 

circunstancias de la obligación. 

1727.- El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de la pena, 

pero no ambos; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo 

en el cumplimiento de la obligación, o porque ésta no se preste de la manera 

convenida. 

1728.- No podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido 

cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable. 

1729.- En las obligaciones mancomunadas con cláusula penal, bastará la contravención 

de uno de los herederos del deudor para que se incurra en la pena. 

1730.- En el caso del artículo anterior, cada uno de los herederos responderá de la 

parte de la pena que le corresponda, en proporción a su cuota hereditaria. 

1731.- Tratándose de obligaciones indivisibles, se observará lo dispuesto en el artículo 

1877.

SECCION DECIMA 

Interpretación 

1732.- Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de 

los contratantes , se estará al sentido literal de sus cláusulas. 

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, 

prevalecerá ésta sobre aquéllas. 

1733.- Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán 

entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los 

que los interesados se propusieron contratar. 

1734.- Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá 

entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. 

1735.- Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, 

atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. 

1736.- Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquélla 

que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. 

1737.- El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las 

ambigüedades de los contratos. 

1738.- Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas 

establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias 

accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor 

transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso se resolverá la duda en favor de 

la mayor reciprocidad de intereses. 

Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto 

principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la 

intención o la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo. 

SECCION UNDECIMA 

Disposiciones finales 

1739.- Los contratos que no están especialmente reglamentados en este Código , se 

regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes; y, 

en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más 

analogía, de los reglamentados en este ordenamiento. 

1740.- Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y 

a otros actos jurídicos, en lo que no se oponga a la naturaleza de éstos o a 

disposiciones especiales de la Ley sobre los mismos.

CAPITULO II 

De la declaración unilateral de la voluntad 

1741.- El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio, obliga al dueño a 

sostener su ofrecimiento. 

1742.- El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se compromete a alguna 

prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, 

contrae la obligación de cumplir lo prometido. 

1743.- El que en los términos del artículo anterior ejecutare el servicio pedido o llenare 

la condición señalada, podrá exigir el pago o la recompensa ofrecida. 

1744.- Antes de que esté prestado el servicio o cumplida la condición, podrá el 

promitente revocar su oferta, siempre que la revocación se haga con la misma 

publicidad que el ofrecimiento. 

En este caso, el que pruebe que ha hecho erogaciones para prestar el servicio o cumplir 

la condición por la que se había ofrecido recompensa, tiene derecho a que se le 

reembolse. 

1745.- Si se hubiere señalado plazo para la ejecución de la obra, no podrá revocar el 

promitente su ofrecimiento mientras no esté vencido el plazo. 

1746.- Si el acto señalado por el promitente fuere ejecutado por más de un individuo, 

tendrán derecho a la recompensa: 

I.- El que primero ejecutare la obra o cumpliere la condición; 

II.- Si la ejecución es simultánea, o varios llenan al mismo tiempo la condición, se 

repartirán la recompensa por partes iguales; 

III.- Si la recompensa no fuere divisible se sorteará entre los interesados. 

1747.- En los concursos en que haya promesa de recompensa para los que llenaron 

ciertas condiciones, es requisito esencial que se fije un plazo. 

1748.- El promitente tiene derecho de designar la persona que deba decidir a quién o a 

quiénes de los concursantes se otorga la recompensa. 

1749.- En los contratos se pueden hacer estipulaciones en favor de tercero de acuerdo 

con los siguientes artículos. 

1750.- La estipulación hecha a favor de tercero hace adquirir a éste, salvo pacto escrito 

en contrario, el derecho de exigir del promitente la prestación a que se ha obligado. 

También confiere al estipulante el derecho de exigir del promitente el cumplimiento de 

dicha obligación.

1751.- El derecho de tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, salvo la 

facultad que los contratantes conservan de imponerle las modalidades que juzgue(n) 

convenientes, siempre que éstas consten expresamente en el referido contrato. 

1752.- La estipulación puede ser revocada mientras que el tercero no haya manifestado 

su voluntad de querer aprovecharla. En tal caso, o cuando el tercero rehuse la 

prestación estipulada a su favor, el derecho se considera como no nacido. 

1753.- El promitente podrá, salvo pacto en contrario oponer al tercero las excepciones 

derivadas del contrato. 

CAPITULO III 

Del enriquecimiento ilegítimo 

1754.- El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a 

indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. 

1755.- Cuando se recibe alguna cosa que no se tenía derecho a exigir y que por error 

ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla. 

Si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe procede de 

mala fe, debe pagar el precio corriente de esa prestación: si procede de buena fe, sólo 

debe pagar el equivalente al enriquecimiento recibido. 

1756.- El que acepte un pago indebido, si hubiere procedido de mala fe, deberá abonar 

el interés legal cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos y los dejados de 

percibir, de las cosas que los produjeren. 

Además, responderá de los menoscabos que la cosa haya sufrido por cualquier causa, y 

de los perjuicios que se irrogaren al que la entregó, hasta que la recobre. No 

responderá del caso fortuito cuando éste hubiere podido afectar del mismo modo a las 

cosas hallándose en poder del que las entregó. 

1757.- Si el que recibió la cosa con mala fe, la hubiere enajenado a un tercero que 

tuviere también mala fe, podrá el dueño reivindicarla y cobrar de uno u otro los daños y 

perjuicios. 

1758.- Si el tercero a quien se enajena la cosa, la adquiere de buena fe, sólo podrá 

reivindicarse si la enajenación se hizo a título gratuito. 

1759.- El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido de cosa cierta y 

determinada, sólo responderá de los menoscabos o pérdida de ésta y de sus 

accesiones, en cuanto por ellos se hubiere enriquecido. Si la hubiere enajenado, 

restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo. 

1760.- Si el que recibió de buena fe una cosa dada en pago indebido, la hubiere 

donado, no subsistirá la donación y se aplicará al donatario lo dispuesto en el artículo 

anterior.

1761.- El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido tiene derecho a que se le 

abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles, si con la separación no sufre 

detrimento la cosa dada en pago. Si sufre, tiene derecho a que se le pague una 

cantidad equivalente al aumento de valor que recibió la cosa con la mejora hecha. 

1762.- Queda libre de la obligación de restituir el que, creyendo de buena fe que se 

hacía el pago por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese inutilizado el 

título, dejado de prescribir la acción, abandonando las prendas, o cancelado las 

garantías de su derecho. El que paga indebidamente sólo podrá dirigirse contra el 

verdadero deudor o los fiadores, respecto de los cuales la acción estuviese viva. 

1763.- La prueba del pago incumbe al que pretende haberlo hecho. También corre a su 

cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado negare haber recibido 

la cosa que se le reclama. En este caso, justificada la entrega por el demandante, queda 

relevado de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado para acreditar 

que le era debido lo que recibió. 

1764.- Se presume que hubo error en el pago, cuando se entrega cosa que no se debía 

o que ya estaba pagada; pero aquél a quien se pide la devolución puede probar que la 

entrega se hizo a título de liberalidad o por cualquiera otra causa justa. 

1765.- La acción para repetir lo pagado indebidamente prescribe en un año, contado 

desde que se conoció el error que originó el pago. El solo transcurso de cinco años 

contados desde el pago indebido, hace perder el derecho para reclamar su devolución. 

1766.- El que ha pagado para cubrir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral, 

no tiene derecho de repetir. 

1767.- Lo que se hubiere entregado para la realización de un fin que sea ilícito o 

contrario a las buenas costumbres, no quedará en poder del que lo recibió. El cincuenta 

por ciento se destinará a la Beneficencia Pública y el otro cincuenta por ciento tiene 

derecho de recuperarlo el que lo entregó. 

CAPITULO IV 

De la gestión de negocios 

1768.- El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, 

debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. 

1769.- El gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia que emplea en sus 

negocios propios, e indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se 

irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione. 

1770.- Si la gestión tiene por objeto evitar un daño inminente al dueño, el gestor no 

responde más que de su dolo o de su falta grave.

1771.- Si la gestión se ejecuta contra la voluntad real o presunta del dueño, el gestor 

debe reparar los daños y perjuicios que resultan a aquél, aunque no haya incurrido en 

falta. 

1772.- El gestor responde aun del caso fortuito si ha hecho operaciones arriesgadas, 

aunque el dueño del negocio tuviere costumbre de hacerlas; o su hubiere obrado más 

en interés propio que en interés del dueño del negocio. 

1773.- Si el gestor delegare en otra persona todos o alguno de los deberes de su cargo, 

responderá de los actos del delegado, sin perjuicio de la obligación directa de éste para 

con el propietario del negocio. 

La responsabilidad de los gestores, cuando fueren dos o más, será solidaria. 

1774.- El gestor, tan pronto como sea posible, debe dar aviso de su gestión al dueño y 

esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora. 

Si no fuere posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que 

concluya el asunto. 

1775.- El dueño de un asunto que hubiere sido útilmente gestionado, debe cumplir las 

obligaciones que el gestor haya contraído a nombre de él y pagar los gastos de acuerdo 

con lo prevenido en los artículos siguientes. 

1776.- Deben pagarse al gestor los gastos necesarios que hubiere hecho en el ejercicio 

de su cargo y los intereses legales correspondientes; pero no tiene derecho de cobrar 

retribución por el desempeño de la gestión. 

1777.- El gestor que se encargue de un asunto contra la expresa voluntad del dueño, si 

éste se aprovecha del beneficio de la gestión, tiene obligación de pagar a aquél el 

importe de los gastos hasta donde alcancen los beneficios, a no ser que la gestión 

hubiere tenido por objeto librar al dueño de un deber impuesto en interés público, en 

cuyo caso debe pagar todos los gastos necesarios hechos. 

1778.- La ratificación pura y simple del dueño del negocio, produce todos los efectos de 

un mandato. 

La ratificación tiene efecto retroactivo al día en que la gestión principió. 

1779.- Cuando el dueño del negocio no ratifique la gestión, sólo responderá de los 

gastos que originó ésta, hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo del negocio. 

1780.- Cuando sin consentimiento del obligado a prestar alimentos, los diese un 

extraño, éste tendrá derecho a reclamar de aquél su importe, a no constar que los dio 

con ánimo de hacer un acto de beneficencia.

1781.- Los gastos funerarios proporcionados a la condición de la persona y a los usos 

de la localidad, deberán ser satisfechos al que los haga, aunque el difunto hubiese 

dejado bienes, por aquéllos que hubieren tenido la obligación de alimentarlo en vida. 

CAPITULO V 

De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos 

1782.- El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, 

está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como 

consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. 

1783.- Cuando al ejercitar un derecho se causa daño a otro, hay obligación de 

indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin 

utilidad para el titular del derecho. 

1784.- Cuando una o más personas hagan uso de mecanismos, instrumentos, aparatos 

o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su 

naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan 

o por otras causas análogas, están obligadas a responder del daño que causen, aunque 

no obren ilícitamente, a no ser que demuestren que ese daño se produjo por culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima. 

En caso de pluralidad de causantes del daño se observaran lo previsto por el artículo 

1788. 


2001). 


2001). 

1785.- Cuando sin el empleo de mecanismos, instrumentos, etc., a que se refiere el 

artículo anterior y sin culpa o negligencia de ninguna de las partes, se producen daños, 

cada una de ellas los soportará sin derecho a indemnización. 

1786. - La reparación del daño debe consistir, a elección del perjudicado, en el 

restablecimiento de la situación anterior a él, cuando ello sea posible, o en el pago de 

daños y perjuicios. 

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total o 

parcial, permanente o temporal, el monto de la reparación se determinará atendiendo a 

lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, computado sobre el salario o ingresos que 

percibía la víctima al momento de su fallecimiento o de producirse la incapacidad. 

La indemnización por muerte no podrá ser inferior a los setecientos noventa días de 

salario, computados sobre el triple del salario mínimo vigente en el área geográfica que 

corresponda al Estado, pero tratándose de víctimas menores de dieciocho años o 

incapacitadas se computará sobre el doble de dicho salario mínimo. En caso de muerte, 

la indemnización se decretara a favor de los herederos de la víctima.

La cantidad que servirá de base para calcular la reparación del daño en caso de 

incapacidades, no podrá ser inferior al doble del salario mínimo general. 

Tratándose de lesiones, la reparación comprenderá el pago de los tratamientos 

curativos que sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. 

Si el daño produce cicatrices perpetuas y notables en cara o en el pabellón auricular, el 

monto de la reparación no podrá ser inferior al equivalente de un año de salario 

mínimo. 


2001). 


2001). 

1787.- Independientemente de los daños y perjuicios, el Juez puede acordar a favor de 

la víctima de un hecho ilícito, o de su familia, si aquélla muere, una indemnización 

equitativa, a título de reparación moral, que pagará el responsable del hecho. 

Daño moral, es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, 

creencias, decoro, honor, reputación, vida privada y aspecto físico, o bien en la 

consideración que de ella tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando 

se vulnere o menoscabe ilegalmente la libertad o la integridad física o psíquica de las 

personas. 

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo 

tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con 

independencia de la que corresponda al daño material si lo hubiere. 

La cuantía de la indemnización se determinará tomando en cuenta la importancia de los 

derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica y demás 

circunstancias personales del responsable y las del afectado. 

Cuando el daño moral haya causado perjuicio al afectado en su decoro, honor, 

reputación o consideración social, el Juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al 

responsable la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la 

naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere 

convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión 

en los medios informativos, el Juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto 

de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original. 


2001). 


2001). 

1788. - Las personas que han causado en común un daño, son responsables 

solidariamente por la reparación a que están obligadas. El causante que hubiera pagado

por entero el monto de la reparación, tiene derecho de repetir en contra de los demás 

responsables. 


2001). 

1789.- Las personas morales son responsables de los daños y perjuicios que causen sus 

representantes legales en el ejercicio de sus funciones. 

1790.- El incapaz que cause daño debe repararlo, salvo que la reparación recaiga en las 

personas de él encargadas, conforme a lo dispuesto en los cuatro artículos siguientes. 

1791.- Los que ejerzan la patria potestad tienen obligación de responder de los daños y 

perjuicios causados por los actos de los menores que estén bajo su poder y que habiten 

con ellos. 

1792.- Cesa la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, cuando los menores 

ejecuten los actos que dan origen a ella, encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de 

otras personas, como directores de colegios, de talleres, etc., pues entonces esas 

personas asumirán la responsabilidad de que se trata. 

1793.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable a los tutores, respecto 

de los incapacitados que tienen bajo su cuidado. 

1794.- Ni los padres ni los tutores tienen obligación de responder de los daños y 

perjuicios que causen los incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia, si probaren 

que les ha sido imposible evitarlos. Esta imposibilidad no resulta de la mera 

circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si aparece que ellos no 

han ejercido suficiente vigilancia sobre los incapacitados. 

1795.- Los maestros artesanos son responsables de los daños y perjuicios causados por 

sus operarios en la ejecución de los trabajos que les encomienden. En este caso se 

aplica también lo dispuesto en el artículo anterior. 

1796.- Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados a 

responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes, en el 

ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad cesa si demuestran que en la comisión 

del daño no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia. 

1797.- Los jefes de casa o los dueños de hoteles o casas de hospedaje están obligados 

a responder de los daños y perjuicios causados por sus sirvientes en el ejercicio de su 

encargo. 

1798.- En los casos previstos por los artículos 1795, 1796 y 1797, el que sufra el daño 

puede exigir la reparación directamente del responsable, en los términos de este 

capítulo.

1799.- El que paga el daño causado por sus sirvientes, empleados u operarios, puede 

repetir de ellos lo que hubiere pagado. 

1800.- El Estado tiene obligación de responder de los daños causados por sus 

funcionarios en el ejercicio de las funciones que les están encomendadas. Esta 

responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado, cuando el 

funcionario directamente responsable, no tenga bienes, o los que tenga no sean 

suficientes para responder del daño causado. 

1801.- El dueño de un animal pagará el daño causado por éste, si no probare algunas 

de estas circunstancias: 

I.- Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario; 

II.- Que el animal fue provocado; 

III.- Que hubo imprudencia por parte del ofendido; 

IV.- Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor. 

1802.- Si el animal que hubiere causado el daño fuere excitado por un tercero, la 

responsabilidad es de éste y no del dueño del animal. 

1803.- El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina 

de todo o parte de él, si ésta sobreviene por falta de reparaciones necesarias o por 

vicios de construcción. 

1804.- Igualmente responderán los propietarios de los daños causados: 

I.- Por la explosión de máquinas, o por la inflamación de substancias explosivas; 

II.- Por el humo o gases que sean nocivos a las personas o a las propiedades; 

III.- Por la caída de sus árboles, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor; 

IV.- Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes; 

V.- Por los depósitos de agua que humedezcan la pared del vecino o derramen sobre 

la propiedad de éste; 

VI.- Por el peso o movimiento de las máquinas, por las aglomeraciones de materias o 

animales nocivos a la salud o por cualquiera causa que sin derecho origina algún daño. 

1805.- Los jefes de familia que habitan una casa o parte de ella, son responsables de 

los daños causados por las cosas que se arrojen o cayeren de la misma. 

1806.- La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del 

presente capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya 

causado el daño. 

CAPITULO VI 

Del riesgo profesional

1807.- Lo relativo a los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales de los 

trabajadores se rige por la Ley de la materia. 


MODALIDADES DE LAS OBLIGACIONES 

CAPITULO I 

De las obligaciones condicionales 

1808.- La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de 

un acontecimiento futuro e incierto. 

1809.- La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de 

la obligación. 

1810.- La condición es resolutoria cuando cumplida, resuelve la obligación, volviendo las 

cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiere existido. 

1811.- Cumplida la condición se retrotrae al tiempo en que la obligación fue formada, a 

menos que los efectos de la obligación o su resolución, por la voluntad de las partes o 

por la naturaleza del acto, deban ser referidas a fecha diferente. 

1812.- En tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse de todo acto 

que impida que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad. 

El acreedor puede, antes de que la condición se cumpla, ejercitar todos los actos 

conservatorios de su derecho. 

1813.- Las condiciones imposibles de dar o hacer, las prohibidas por la Ley o que sean 

contra las buenas costumbres, anulan la obligación que de ellas dependa. 

La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta. 

1814.- Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del 

deudor, la obligación condicional será nula. 

1815.- Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese 

voluntariamente su cumplimiento. 

1816.- La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento suceda en un 

tiempo fijo, caduca si pasa el término sin realizarse, o desde que sea indudable que la 

condición no puede cumplirse. 

1817.- La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se 

verifique en un tiempo fijo, será exigible si pasa el tiempo sin verificarse. 

Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida transcurrido el que 

verosímilmente se hubiere querido señalar, atenta la naturaleza de la obligación.

1818.- Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición suspensiva, y 

pendiente ésta, se perdiere, deteriorare o bien se mejorare la cosa que fue objeto del 

contrato, se observarán las disposiciones siguientes: 

I.- Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación; 

II.- Si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de 

daños y perjuicios; 

Entiéndese que la cosa se pierde, cuando se encuentra en alguno de los casos 

mencionados en el artículo 1890; 

III.- Cuando la cosa se deteriorare sin culpa del deudor, éste cumple su obligación 

entregando la cosa al acreedor en el estado en que se encuentre al cumplirse la 

condición; 

IV.- Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución 

de la obligación o su cumplimiento, con la indemnización de daños y perjuicios en 

ambos casos; 

V.- Si la cosa se mejora por su naturaleza o por el tiempo, las mejoras ceden en 

favor del acreedor; 

VI.- Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el 

concedido al usufructuario. 

1819.- La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, 

para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. 

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la 

obligación con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá 

pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste 

resultare imposible. 

1820.- La resolución del contrato fundada en falta de pago por parte del adquiriente de 

la propiedad de bienes inmuebles u otro derecho real sobre los mismos, no surtirá 

efectos contra tercero de buena fe, si no (sic) ha estipulado expresamente y ha sido 

inscrito en el Registro Público en la forma prevenida por la Ley. 

1821.- Respecto de los bienes muebles no tendrá lugar la rescisión, salvo lo previsto 

para las ventas en las que se faculte al comprador a pagar el precio en abonos. 

1822.- Si la rescisión del contrato dependiere de un tercero y éste fuere dolosamente 

inducido a rescindirlo, se tendrá por no rescindido. 

CAPITULO II 

De las obligaciones a plazo 

1823.- Es obligación a plazo aquélla para cuyo cumplimiento se ha señalado un día 

cierto. 

1824.- Entiéndese por día cierto aquél que necesariamente ha de llegar.

1825.- Si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar o no el día, la obligación será 

condicional y se regirá por las reglas que contiene el capítulo que precede. 

1826.- El plazo en las obligaciones se contará de la manera prevenida en los artículos: 

1178 al 1182. 

1827.- Lo que se hubiere pagado anticipadamente no puede repetirse. Si el que paga 

ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del plazo, tendrá derecho a reclamar del 

acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido de la cosa. 

1828.- El plazo se presume establecido en favor del deudor, a menos que resulte, de la 

estipulación o de las circunstancias, que ha sido establecido en favor del acreedor o de 

las demás partes. 

1829.- Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo: 

I.- Cuando después de contraída la obligación, resultare insolvente, salvo que 

garantice la deuda; 

II.- Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido; 

III.- Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de 

establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean 

inmediatamente substituidas por otras igualmente seguras. 

1830.- Si fueren varios los deudores solidarios, lo dispuesto en el artículo anterior sólo 

comprenderá al que se hallare en alguno de los casos que en él se designan. 

CAPITULO III 

De las obligaciones conjuntivas y alternativas 

1831.- El que se ha obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente, debe dar todas 

las primeras y prestar todos los segundos. 

1832.- Si el deudor se ha obligado a uno de dos hechos, o a una de dos cosas, o a un 

hecho o a una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas; mas no 

puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de una cosa y parte de otra, o 

ejecutar en parte un hecho. 

1833.- En las obligaciones alternativas la elección corresponde al deudor, si no se ha 

pactado otra cosa. 

1834.- La elección no producirá efecto alguno, sino desde que fuere notificada. 

1835.- El deudor perderá el derecho de elección cuando, de las prestaciones a que 

alternativamente estuviere obligado, sólo una fuere realizable.

1836.- Si la elección compete al deudor y alguna de las cosas se pierde por culpa suya, 

o caso fortuito, el acreedor está obligado a recibir la que quede. 

1837.- Si las dos cosas se han perdido, y una lo ha sido por culpa del deudor, éste debe 

pagar el precio de la última que se perdió. Lo mismo se observará, si las dos cosas se 

han perdido por culpa del deudor; pero éste pagará los daños y perjuicios 


1838.- Si las dos cosas se han perdido por caso fortuito, el deudor queda libre de la 

obligación. 

1839.- Si la elección compete al acreedor y una de las dos cosas se pierde por culpa del 

deudor, puede el primero elegir la cosa que ha quedado o el valor de la perdida, con 

pago de daños y perjuicios. 

1840.- Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, estará obligado el acreedor a recibir la 

que haya quedado. 

1841.- Si ambas cosas se perdieren por culpa del deudor, podrá el acreedor exigir el 

valor de cualquiera de ellas con los daños y perjuicios o la rescisión del contrato. 

1842.- Si ambas cosas se perdieren sin culpa del deudor, se hará la distinción siguiente: 

I.- Si se hubiere hecho ya la elección o designación de la cosa, la pérdida será por 

cuenta del acreedor; 

II.- Si la elección no se hubiere hecho, quedará el contrato sin efecto. 

1843.- Si la elección es del deudor y una de las cosas se pierde por culpa del acreedor, 

podrá el primero pedir que se le dé por libre de la obligación o que se rescinda el 

contrato, con indemnización de los daños y perjuicios. 

1844.- En el caso del artículo anterior, si la elección es del acreedor, con la cosa perdida, 

quedará satisfecha la obligación. 

1845.- Si las dos cosas se pierden por culpa del acreedor y es de éste la elección, 

quedará a su arbitrio devolver el precio que quiera de una de las cosas. 

1846.- En el caso del artículo anterior, si la elección es del deudor, éste designará la 

cosa cuyo precio se le debe pagar, y este precio se probará conforme a derecho en caso 

de desacuerdo. 

1847.- En los casos de los dos artículos que preceden, el acreedor está obligado al pago 

de los daños y perjuicios. 

1848.- Si el obligado a prestar una cosa o a ejecutar un hecho se rehusare a hacer lo 

segundo y la elección es del acreedor, éste podrá exigir la cosa o la ejecución del hecho

por un tercero, en los términos del artículo 1897. Si la elección es del deudor, éste 

cumple entregando la cosa. 

1849.- Si la cosa se pierde por culpa del deudor y la elección es del acreedor, éste podrá 

exigir el precio de la cosa, la prestación del hecho o la rescisión del contrato. 

1850.- En el caso del artículo anterior, si la cosa se pierde sin culpa del deudor, el 

acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho. 

1851.- Haya habido o no culpa en la pérdida de la cosa por parte del deudor, si la 

elección es suya, el acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho. 

1852.- Si la cosa se pierde o el hecho deja de prestarse por culpa del acreedor, se tiene 

por cumplida la obligación. 

1853.- La falta de prestación del hecho se regirá por lo dispuesto en los artículos 1897 y 

1898. 

CAPITULO IV 

De las obligaciones mancomunadas 

1854.- Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma 

obligación, existe la mancomunidad. 

1855.- La simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de 

los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los 

segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso el crédito o la 

deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya y 

cada parte constituye una deuda o un crédito distinto uno de otro. 

1856.- Las partes se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la Ley 

disponga lo contrario. 

1857.- Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa, cuando dos o más 

acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la 

obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de 

prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida. 

1858.- La solidaridad no se presume; resulta de la Ley o de la voluntad de las partes. 

1859.- Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores 

solidarios o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si reclaman todo 

de uno de los deudores y resultare insolvente, pueden reclamarlo de los demás o de 

cualquiera de ellos. Si hubiesen reclamado sólo parte, o de otro modo hubiesen 

consentido en la división de la deuda, respecto de alguno o algunos de los deudores,

podrán reclamar el todo de los demás obligados, con deducción de la parte del deudor o 

deudores libertados de la solidaridad. 

1860.- El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda. 

1861.- La novación, compensación, confusión o remisión hecha por cualquiera de los 

acreedores solidarios, con cualquiera de los deudores de la misma clase, extingue la 

obligación. 

1862.- El acreedor que hubiese recibido todo o parte de la deuda, o que hubiese hecho 

quita o remisión de ella, queda responsable a los otros acreedores de la parte que a 

éstos corresponda, dividido, el crédito entre ellos. 

1863.- Si falleciere alguno de los acreedores solidarios dejando más de un heredero, 

cada uno de los coherederos sólo tendrá derecho de exigir o recibir la parte del crédito 

que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea 

indivisible. 

1864.- El deudor de varios acreedores solidarios se libra, pagando a cualquiera de éstos, 

a no ser que haya sido requerido judicialmente por alguno de ellos en cuyo caso deberá 

hacer el pago al demandante. 

1865.- El deudor solidario sólo podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor, las 

excepciones que se derivan de la naturaleza de la obligación y las que le sean 

personales. 

1866.- El deudor solidario es responsable para con sus coobligados si no hace valer las 

excepciones que son comunes a todos. 

1867.- Si la cosa hubiere perecido, o la prestación se hubiere hecho imposible sin culpa 

de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida. 

Si hubiere mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos responderán del precio 

y de la indemnización de daños y perjuicios, teniendo derecho los no culpables de dirigir 

su acción contra el culpable o negligente. 

1868.- Si muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de 

éstos está obligado a pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber 

hereditario, salvo que la obligación sea indivisible; pero todos los coherederos serán 

considerados como un solo deudor solidario, con relación a los otros deudores. 

1869.- El deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los 

otros codeudores la parte que en ella le corresponda. 

Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por partes 

iguales.

Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse de él, el déficit debe 

ser repartido entre los demás deudores solidarios, aun entre aquéllos a quienes el 

acreedor hubiera liberado de la solidaridad. 

En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los derechos del 

acreedor. 

1870.- Si el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente no interesa más que 

a uno de los deudores solidarios, éste será responsable de toda ella a los otros 

codeudores. 

1871.- Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores 

o en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demás. 

1872.- Cuando por el no cumplimiento de la obligación se demanden daños y perjuicios, 

cada uno de los deudores solidarios responderá íntegramente de ellos. 

1873.- Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles 

de cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser 

cumplidas, sino por entero. 

1874.- La solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible. 

1875.- Las obligaciones divisibles en que haya más de un deudor o acreedor se regirán 

por las reglas comunes de las obligaciones; las indivisibles en que haya más de un 

deudor o acreedor se sujetarán a las siguientes disposiciones. 

1876.- Cada uno de los que hayan contraído conjuntamente una deuda indivisible, está 

obligado por el todo, aunque no se haya estipulado solidaridad. 

Lo mismo tiene lugar respecto de los herederos de aquél que haya contraído una 

obligación indivisible. 

1877.- Cada uno de los herederos del acreedor puede exigir la completa ejecución 

indivisible, obligándose a dar suficiente garantía para la indemnización de los demás 

coherederos; pero no puede por sí solo perdonar el débito total, ni recibir el valor en 

lugar de la cosa. 

Si uno solo de los herederos ha perdonado la deuda o recibido el valor de la cosa, el 

coheredero no puede pedir la cosa indivisible, sino devolviendo la porción del heredero 

que haya perdonado o que haya recibido el valor. 

1878.- Sólo por el consentimiento de todos los acreedores puede remitirse la obligación 

indivisible o hacerse una quita de ella. 

1879.- El heredero del deudor apremiado por la totalidad de la obligación, puede pedir 

un término para hacer concurrir a sus coherederos, siempre que la deuda no sea de tal 

naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el heredero demandado, el cual entonces 

puede ser condenado dejando a salvo sus derechos de indemnización contra sus 

coherederos.

1880.- Pierde la calidad de indivisible, la obligación que se resuelve en el pago de daños 

y perjuicios, y, entonces, se observan las reglas siguientes: 

I.- Si para que se produzca esa conversión hubo culpa de parte de todos los 

deudores, todos responderán de los daños y perjuicios proporcionalmente al interés que 

representen en la obligación; 

II.- Si sólo algunos fueren culpables, únicamente ellos responderán de los daños y 

perjuicios. 

CAPITULO V 

De las obligaciones de dar 

1881.- La prestación de cosa puede consistir: 

I.- En la traslación de dominio de cosa cierta; 

II.- En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta; 

III.- En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida. 

1882.- El acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra aun cuando sea de 

mayor valor. 

1883.- La obligación de dar cosa cierta comprende también la de entregar sus 

accesorios; salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las 

circunstancias del caso. 

1884.- En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de la 

propiedad se verifica entre los contratantes por mero efecto del contrato, sin 

dependencia de tradición ya sea natural, ya sea simbólica; debiendo tenerse en cuenta 

las disposiciones relativas del Registro Público. 

1885.- En las enajenaciones de alguna especie indeterminada, la propiedad no se 

transferirá sino hasta el momento en que la cosa se hace cierta y determinada con 

conocimiento del acreedor. 

1886.- En el caso del artículo que precede, si no se designa la calidad de la cosa, el 

deudor cumple entregando una de mediana calidad. 

1887.- En los casos en que la obligación de dar cosa cierta, importe la traslación de la 

propiedad de esa cosa, y se pierde o deteriora en poder del deudor, se observarán las 

reglas siguientes: 

I.- Si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor 

de la cosa y por los daños y perjuicios; 

II.- Si la cosa se deteriorare por culpa del deudor, el acreedor puede optar por la 

rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, o recibir la cosa en el estado que 

se encuentre y exigir la reducción de precio y el pago de daños y perjuicios;

III.- Si la cosa se perdiere por culpa del acreedor, el deudor queda libre de la 

obligación; 

IV.- Si se deteriorare por culpa del acreedor, éste tiene la obligación de recibir la cosa 

en el estado en que se halle; 

V.- Si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin 

efecto y el dueño sufre la pérdida, a menos que otra cosa se haya convenido. 

1888.- La pérdida de la cosa en poder del deudor se presume por culpa suya mientras 

no se pruebe lo contrario. 

1889.- Cuando la deuda de una cosa cierta y determinada procediere de delito o falta, 

no se eximirá el deudor del pago de su precio, cualquiera que hubiere sido el motivo de 

la pérdida; a no ser que habiendo ofrecido la cosa al que debió recibirla, se haya éste 

constituido en mora. 

1890.- El deudor de una cosa perdida sin culpa suya, está obligado a ceder al acreedor 

cuantos derechos y acciones tuviere para reclamar la indemnización a quien fuere 

responsable. 

1891.- La pérdida de la cosa puede verificarse: 

I.- Pereciendo la cosa o quedando fuera del comercio; 

II.- Desapareciendo de modo que no se tenga noticia de ella o que aunque se tenga 

alguna, la cosa no se pueda recobrar. 

1892.- Cuando la obligación de dar tenga por objeto una cosa designada sólo por su 

género y cantidad, luego que la cosa se individualice por la elección del deudor, o del 

acreedor, se aplicarán, en caso de pérdida o deterioro, las reglas establecidas en el 


1893.- En los casos de enajenación con reserva de la posesión, uso o goce de la cosa 

hasta cierto tiempo, se observarán las reglas siguientes: 

I.- Si hay convenio expreso se estará a lo estipulado; 

II.- Si la pérdida fuere por culpa de alguno de los contratantes, el importe será de la 

responsabilidad de éste; 

III.- A falta de convenio o de culpa, el interesado sufrirá la pérdida que le 

corresponda; en todo caso, si la cosa perece totalmente; o en parte, si la pérdida fuere 

solamente parcial; 

IV.- En el caso de la fracción que precede, si la pérdida fuere parcial y las partes no 

se convinieren en la disminución de sus respectivos derechos, se nombrarán peritos que 

la determinen. 

1894.- En los contratos en que la prestación de la cosa no importe la traslación de la 

propiedad, el riesgo será siempre de cuenta del acreedor, a menos que intervenga culpa 

o negligencia de la otra parte.

1895.- Hay culpa o negligencia cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la 

conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios para ella. 

1896.- Si fueren varios los obligados a prestar la misma cosa, cada uno de ellos 

responderá proporcionalmente, exceptuándose los casos siguientes: 

I.- Cuando cada uno de ellos se hubiere obligado solidariamente; 

II.- Cuando la prestación consistiere en cosa cierta y determinada que se encuentre 

en poder de uno de ellos, o cuando dependa de hechos que sólo uno de los obligados 

pueda prestar; 

III.- Cuando la obligación sea indivisible; 

IV.- Cuando por el contrato se ha determinado otra cosa. 

CAPITULO VI 

De las obligaciones de hacer o de no hacer 

1897.- Si el obligado a prestar un hecho, no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de 

pedir que a costa de aquél se ejecute por otro, cuando la substitución sea posible. 

Esto mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En este caso el 

acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho. 

1898.- El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de 

daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiere obra material, podrá exigir el 

acreedor que sea destruida a costa del obligado. 


DE LA TRANSMISION DE LAS OBLIGACIONES 

CAPITULO I 

De la cesión de derechos 

1899.- Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga 

contra su deudor. 

1900.- El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del 

deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la Ley, se haya convenido no hacerla 

o no lo permita la naturaleza del derecho. 

El deudor no puede alegar contra un tercero que el derecho no podía cederse, porque 

así se había convenido, cuando ese convenio no conste en el título constitutivo del 

derecho. 

1901.- En la cesión de créditos se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico 

que le dé origen, en lo que no estuvieren modificadas en este capítulo.

1902.- La cesión de crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la 

fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquéllos que son inseparables de la persona 

del cedente. 

Los intereses vencidos se presumen que fueron cedidos con el crédito principal. 

1903.- La cesión de créditos civiles debe hacerse en escrito privado que firmarán 

cedente, cesionario y dos testigos. Sólo cuando la Ley exija que el título del crédito 

cedido conste en escritura pública, la cesión deberá hacerse en esta clase de 

documentos. 

1904.- La cesión de créditos no produce efecto contra tercero, sino desde que su fecha 

deba tenerse por cierta, conforme a las reglas siguientes: 

I.- Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su 

inscripción, en el Registro Público; 

II.- Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento; 

III.- Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o inscriba 

en un Registro Público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron o desde la 

fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio. 

905.- El deudor puede oponer al cesionario las excepciones que podría oponer al 

cedente en el momento en que se hizo la cesión. 

Si tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible cuando se hizo la cesión, podrá 

invocar la compensación, con tal que su crédito no sea exigible después de que lo sea el 

cedido. 

1906.- En los casos a que se refiere el artículo 1903 para que el cesionario pueda ejercer 

su derecho contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya 

judicialmente, ya en lo extrajudicial ante dos testigos o ante Notario. 

1907.- Sólo tiene derecho para pedir o hacer la notificación, el acreedor que presente el 

título justificativo del crédito, o el de la cesión, cuando aquél no sea necesario. 

1908.- Si el deudor está presente a la cesión y no se opone a ella, o si estando ausente 

la ha aceptado y esto se prueba, se tendrá por hecha la notificación. 

1909.- Si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, tiene preferencia el que primero ha 

notificado la cesión al deudor, salvo lo dispuesto para títulos que deban registrarse. 

1910.- Mientras no se haya hecho notificación al deudor, éste se libra pagando al 

acreedor primitivo. 

1911.- Hecha la notificación, no se libra el deudor sino pagando al cesionario. 

1912.- El cedente está obligado a garantizar la existencia o legitimidad del crédito al 

tiempo de hacerse la cesión, a no ser que aquél se haya cedido con el carácter de 

dudoso.

1913.- El cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor, a no ser que se 

haya estipulado expresamente o que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión. 

1914.- Si el cedente se hubiere hecho responsable de la solvencia del deudor, y no se 

fijare el tiempo que esta responsabilidad debe durar, se limitará a un año, contado 

desde la fecha en que la deuda fuere exigible, si estuviere vencida; si no lo estuviere, se 

contará desde la fecha del vencimiento. 

1915.- Si el crédito cedido consiste en una renta perpetua, la responsabilidad por la 

solvencia del deudor se extingue a los cinco años, contados desde la fecha de la cesión. 

1916.- El que cede alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos cumple con 

responder de la legitimidad del todo en general; pero no está obligado al saneamiento 

de cada una de las partes, salvo en el caso de evicción del todo o de la mayor parte. 

1917.- El que cede su derecho a una herencia, sin enumerar las cosas de que ésta se 

compone, sólo está obligado a responder de su calidad de heredero. 

1918.- Si el cedente se hubiere aprovechado de algunos frutos o percibido alguna cosa 

de la herencia que cediere, deberá abonarla al cesionario si no se hubiere pactado lo 

contrario. 

1919.- El cesionario debe, por su parte, satisfacer al cedente todo lo que haya pagado 

por las deudas o cargas de la herencia y sus propios créditos contra ella, salvo si 

hubiere pactado lo contrario. 

1920.- Si la cesión fuere gratuita, el cedente no será responsable para con el cesionario, 

ni por la existencia del crédito ni por la solvencia del deudor. 

1921.- El deudor de cualquiera obligación litigiosa, cedida por título oneroso, puede 

librarse satisfaciendo al cesionario el valor que éste hubiere dado por ella con sus 

intereses y demás expensas que hubiere hecho en la adquisición. 

1922.- El pago de que habla el artículo anterior, no libra de la obligación: 

I.- Si la cesión se hace en favor del heredero o copropietario del derecho cedido; 

II.- Si se hace en favor del poseedor del inmueble que es objeto de ese derecho; 

III.- Si se hace al acreedor en pago de su deuda. 

1923.- La liberación permitida en el artículo 1921 sólo podrá tener lugar cuando el litigio 

no haya sido resuelto en última instancia. 

1924.- Se considera litigioso el derecho desde el secuestro en el juicio ejecutivo; desde 

que se fije la cédula en el hipotecario; y en los demás, desde la contestación de la 

demanda hasta que se pronuncie sentencia que cause ejecutoria.

1925.- Los derechos de que tratan los cuatro artículos anteriores no podrán ser cedidos 

en ninguna forma a las personas que desempeñen la judicatura, ni a cualquiera otra 

autoridad, si esos derechos o créditos fueren disputados dentro de los límites a que se 

extienda la jurisdicción de los funcionarios referidos. 

Tampoco podrán cederse a los abogados, procuradores y peritos que intervengan en los 

juicios de que aquel derecho sea objeto. 

La cesión hecha en contravención a lo dispuesto en este artículo, será nula de pleno 

derecho. 

1926.- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior la cesión de acciones o 

derechos hereditarios, cuando sean coherederas las personas a quienes sean cedidos; o 

cuando se cedan derechos a que estén afectos bienes de la propiedad del cesionario. 

CAPITULO II 

De la cesión de deudas. 

1927.- Para que haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta 

expresa o tácitamente. 

1928.- Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor, cuando 

permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor como pago de 

réditos, pagos parciales o periódicos, siempre que lo haga en nombre propio y no por 

cuenta del deudor primitivo. 

1929.- El acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando otro en su lugar, no puede 

repetir contra el primero, si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en 

contrario. 

1930.- Cuando el deudor y el que pretende sustituirlo fijen un plazo al acreedor para 

que manifieste su conformidad con la sustitución, pasado ese plazo sin que el acreedor 

haya hecho conocer su determinación, se presume que rehusa. 

1931.- El deudor sustituto queda obligado en los términos en que lo estaba el deudor 

primitivo; pero cuando un tercero ha constituido fianza, prenda o hipoteca para 

garantizar la deuda, estas garantías cesan con la sustitución del deudor, a menos que el 

tercero consienta en que continúen. 

1932.- El deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de 

la naturaleza de la deuda y las que le sean personales; pero no puede oponer las que 

sean personales del deudor primitivo. 

1933.- Cuando se declara nula la sustitución de deudor, la antigua deuda renace con 

todos sus accesorios; pero con la reserva de derechos que pertenecen a tercero de 

buena fe. 

CAPITULO III

De la subrogación 

1934.- La subrogación se verifica por ministerio de Ley y sin necesidad de declaración 

alguna de los interesados: 

I.- Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente; 

II.- Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación; 

III.- Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia; 

IV.- Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un 

crédito hipotecario anterior a la adquisición. 

1935.- Cuando la deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un tercero le 

prestare con ese objeto, el prestamista quedará subrogado por ministerio de la Ley en 

los derechos del acreedor, si el préstamo constare en título auténtico en que se declare 

que el dinero fue prestado para el pago de la misma deuda. Por falta de esta 

circunstancia, el que prestó sólo tendrá los derechos que exprese su respectivo 

contrato. 

1936.- No habrá subrogación parcial en deudas de solución indivisible. 

1937.- El pago de los subrogados en diversas porciones del mismo crédito, cuando no 

basten los bienes del deudor para cubrirlos todos, se hará a prorrata. 

TITULO CUARTO 

Efecto (s) de las obligaciones 

SECCIÓN PRIMERA 

Efectos de las obligaciones entre las partes 

CAPITULO I 

Del pago 

1938.- Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación 

del servicio que se hubiere prometido. 

1939.- El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta 

cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera a aquél de responsabilidad por el importe 

líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren 

entre el deudor y sus acreedores, se sujetarán a lo dispuesto en el título relativo a la 

concurrencia y prelación de los créditos. 

1940.- La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un tercero, salvo el 

caso en que se hubiere establecido por pacto expreso, que la cumpla personalmente el 

mismo obligado, o cuando se hubieren elegido sus conocimientos especiales o sus 

cualidades personales.

1941.- El pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por 

cualquiera otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. 

1942.- Puede también hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la 

obligación que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor. 

1943.- Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor. 

1944.- Puede, por último, hacerse contra la voluntad del deudor. 

1945.- En el caso del artículo 1942 se observarán las disposiciones relativas al mandato. 

1946.- En el caso del artículo 1943, el que hizo el pago sólo tendrá derecho de reclamar 

al deudor la cantidad que hubiere pagado al acreedor no excediéndose de la obligación 

contraída. 

1947.- En el caso del artículo 1944 el que hizo el pago solamente tendrá derecho a 

cobrar del deudor aquello en que le hubiere sido útil el pago. 

1948.- El acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero; pero no está 

obligado a subrogarlo en sus derechos, fuera de los casos previstos en los artículos 

1934 y 1935. 

1949.- El pago debe hacerse al mismo acreedor o a su representante legítimo. 

1950.- El pago hecho a un tercero extinguirá la obligación, si así se hubiere estipulado o 

consentido por el acreedor, y en los casos en que la Ley lo determine expresamente. 

1951.- El pago hecho a una persona incapacitada para administrar sus bienes, será 

válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad. 

También será valido el pago hecho a un tercero en cuanto se hubiere convertido en 

utilidad del acreedor. 

1952.- El pago hecho de buena fe al que estuviese en posesión del crédito liberará al 

deudor. 

1953.- No será válido el pago hecho al acreedor por el deudor después de habérsele 

ordenado judicialmente la retención de la deuda. 

1954.- El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado y nunca podrá hacerse 

parcialmente sino en virtud de convenio expreso o de disposición de Ley. 

Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el 

acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se le liquide la 

segunda.

1955.- El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, exceptuando aquellos 

casos en que la Ley permita o prevenga expresamente otra cosa. 

1956.- Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de 

obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días 

siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante 

un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe 

efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo 

necesario para el cumplimiento de la obligación. 

1957.- Si el deudor quisiere hacer pagos anticipados y el acreedor recibirlos, no podrá 

éste ser obligado a hacer descuentos. 

1958.- Por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las 

partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, de 

la naturaleza de la obligación o de la Ley. 

Si se han designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir 

cualquiera de ellos. 

1959.- Si el pago consiste en la tradición de un inmueble o en prestaciones relativas al 

inmueble, deberá hacerse en el lugar donde éste se encuentre. 

1960.- Si el pago consistiere en una suma de dinero como precio de alguna cosa 

enajenada por el acreedor, deberá ser hecho en el lugar en que se entregó la cosa, 

salvo que se designe otro lugar. 

1961.- El deudor que después de celebrado el contrato mudare voluntariamente de 

domicilio, deberá indemnizar al acreedor de los mayores gastos que haga por esta 

causa, para obtener el pago. 

De la misma manera, el acreedor debe indemnizar al deudor cuando debiendo hacerse 

el pago en el domicilio de aquél, cambia voluntariamente de domicilio. 

1962.- Los gastos de entrega serán de cuenta del deudor, si no se hubiere estipulado 

otra cosa. 

1963.- No es válido el pago hecho con cosa ajena; pero si el pago se hubiere hecho con 

una cantidad de dinero u otra cosa fungible ajena, no habrá repetición contra el 

acreedor que la haya consumido de buena fe. 

1964.- El deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago y 

puede detener éste mientras que no le sea entregado. 

1965.- Cuando la deuda es de pensiones que deben satisfacerse en períodos 

determinados, y se acredita por escrito el pago de la última, se presumen pagadas las 

anteriores, salvo prueba en contrario.

1966.- Cuando se paga el capital sin hacerse reserva de réditos, se presume que éstos 

están pagados. 

1967.- La entrega del título hecha al deudor hace presumir el pago de la deuda 

constante en aquél. 

1968.- El que tuviere contra sí varias deudas, en favor de un solo acreedor, podrá 

declarar, al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas quiere que éste se aplique. 

1969.- Si el deudor no hiciere la referida declaración, se entenderá hecho el pago por 

cuenta de la deuda que le fuese más onerosa entre las vencidas. En igualdad de 

circunstancias, se aplicará a la más antigua; y siendo todas de la misma fecha, se 

distribuirá entre todas ellas a prorrata. 

1970.- Las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses, no se imputarán al 

capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo convenio en contrario. 

1971.- La obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa 

distinta en lugar de la debida. 

1972.- Si el acreedor sufre la evicción de la cosa que recibe en pago, renacerá la 

obligación primitiva, quedando sin efecto la dación en pago. 

CAPITULO II 

Del ofrecimiento, del pago y de la consignación 

1973.- El ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago, si reúne todos los 

requisitos que para éste exige la Ley. 

1974.- Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o dar el 

documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá 

el deudor librarse de la obligación, haciendo consignación de la cosa. 

1975.- Si el acreedor fuere conocido, pero dudosos sus derechos, podrá el deudor 

depositar la cosa debida, con citación del interesado, a fin de que justifique sus 

derechos por los medios legales. 

1976.- La consignación se hará siguiéndose el procedimiento que establezca el Código 

de la materia. 

1977.- Si el juez declara fundada la oposición del acreedor para recibir el pago, el 

ofrecimiento y la consignación se tienen cono no hechos. 

1978.- Aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida con todos 

sus efectos.

1979.- Si el ofrecimiento y la consignación se han hecho legalmente, todos los gastos 

deberán ser de cuenta del acreedor. 

1980.- Mientras el acreedor no acepte la consignación ni se haya promovido el juicio 

respectivo, podrá el deudor retirar del depósito la cosa; pero en este caso la obligación 

conserva toda su fuerza. 

Sección Segunda 

Incumplimiento de las Obligaciones 

CAPITULO I 

Consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

1981.- El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo 

prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los 

términos siguientes: 

I.- Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento 

de éste; 

II.- Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la 

parte final del artículo 1956. 

El que contraviene una obligación de no hacer, pagará daños y perjuicios por el solo 

hecho de la contravención. 

1982.- En las obligaciones de dar que tengan plazo fijo, se observará lo dispuesto en la 

fracción I del artículo anterior. 

Si no tuvieren plazo cierto, se aplicará lo prevenido en el artículo 1956, parte primera. 

1983.- La responsabilidad procedente de dolo es exigible en todas las obligaciones. La 

renuncia de hacerla efectiva es nula. 

1984.- La responsabilidad de que se trata en este Título, además de importar la 

devolución de la cosa o su precio, o la de entre ambos, en su caso, importará la 

reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. 

1985.- Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la 

falta de cumplimiento de una obligación. 

1986.- Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse 

obtenido con el cumplimiento de la obligación. 

1987.- Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de 

cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente 

deban causarse.

1988.- Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa o contribuido a 

él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la Ley se la 

impone. 

1989.- Si la cosa se ha perdido, o ha sufrido detrimento tan grave que, a juicio de 

peritos no puede emplearse en el uso a que naturalmente está destinada, el dueño 

debe ser indemnizado de todo el valor legítimo de ella. 

1990.- Si el deterioro es menos grave, sólo el importe de éste se abonará al dueño al 

restituirse la cosa. 

1991.- El precio de la cosa será el que tendría al tiempo de ser devuelta al dueño, 

excepto en los casos en que la Ley o el pacto señalen otra época. 

1992.- Al estimar el deterioro de una cosa se atenderá no solamente a la disminución 

que él causó en el precio de ella, sino a los gastos que necesariamente exija la 

reparación. 

1993.- Al fijar el valor y el deterioro de una cosa, no se atenderá al precio estimativo o 

de afección, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó o deterioró la cosa con 

el objeto de lastimar la afección del dueño; el aumento que por estas causas se haga no 

podrá exceder de una tercera parte del valor común de la cosa. 

1994.- La responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes, salvo 

aquellos casos en que la Ley disponga expresamente otra cosa. 

Si la prestación consistiere en el pago de cierta cantidad de dinero, los daños y 

perjuicios que resulten de la falta de cumplimiento, no podrán exceder del interés legal, 

salvo convenio en contrario. 

1995.- El pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare al cumplimiento de la 

obligación, y se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos 

Civiles. 

CAPITULO II 

De la evicción y saneamiento 

1996.- Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte 

de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la 

adquisición. 

1997.- Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se 

haya expresado en el contrato. 

1998.- Los contratantes pueden aumentar o disminuir convencionalmente los efectos de 

la evicción, y aun convenir en que ésta no se preste en ningún caso.

1999.- Es nulo todo pacto que exima al que enajena de responder por la evicción, 

siempre que hubiera mala fe de parte suya. 

2000.- Cuando el adquirente ha renunciado el derecho de saneamiento para el caso de 

evicción, llegado que sea éste, debe el que enajena entregar únicamente el precio de la 

cosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 2003, fracción I y 2004, fracción I; pero 

aun de esta obligación quedará libre, si el que adquirió lo hizo con conocimiento de los 

riesgos de evicción y sometiéndose a sus consecuencias. 

2001.- El adquirente, luego que sea emplazado, debe denunciar el pleito de evicción al 

que le enajenó. 

2002.- El fallo judicial impone al que enajena la obligación de indemnizar en los términos 

siguientes: 

2003.- Si el que enajenó hubiere procedido de buena fe, estará obligado a entregar al 

que sufrió la evicción: 

I.- El precio íntegro que recibió por la cosa; 

II.- Los gastos causados en el contrato, si fueron satisfechos por el adquirente; 

III.- Los causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento; 

IV.- El valor de las mejoras útiles y necesarias, siempre que en la sentencia no se 

determine que el vencedor satisfaga su importe. 

2004.- Si el que enajena hubiere procedido de mala fe, tendrá las obligaciones que 

expresa el artículo anterior, con las agravaciones siguientes: 

I.- Devolverá, a elección del adquirente, el precio que la cosa tenía al tiempo de 

adquisición, o el que tenga al tiempo en que sufre la evicción; 

II.- Satisfará al adquirente el importe de las mejoras voluntarias y de mero placer 

que haya hecho en la cosa; 

III.- Pagará los daños y perjuicios. 

2005.- Si el que enajena no sale sin justa causa al pleito de evicción, en tiempo hábil, o 

si no rinde prueba alguna, o no alega, queda obligado al saneamiento en los términos 

del artículo anterior. 

2006.- Si el que enajena y el que adquiere proceden de mala fe, no tendrá el segundo, 

en ningún caso, derecho al saneamiento ni a indemnización de ninguna especie. 

2007.- Si el adquirente fuere condenado a restituir los frutos de la cosa, podrá exigir del 

que enajenó la indemnización de ellos o el interés legal del precio que haya dado. 

2008.- Si el que adquirió, no fuere condenado a dicha restitución, quedarán 

compensados los intereses del precio con los frutos recibidos.

2009.- Si el que enajena, al ser emplazado, manifiesta que no tiene medios de defensa, 

y consigna el precio por no quererlo recibir el adquirente, queda libre de cualquiera 

responsabilidad posterior a la fecha de consignación. 

2010.- Las mejoras que el que enajenó hubiese hecho antes de la enajenación, se le 

tomarán en cuenta de lo que debe pagar, siempre que fueren abonadas por el 

vendedor. (sic ¿vencedor?) 

2011.- Cuando el adquirente sólo fuere privado por la evicción, de una parte de la cosa 

adquirida, se observarán respecto de ésta las reglas establecidas en este capítulo, a no 

ser que el adquiriente prefiera la rescisión del contrato. 

2012.- También se observará lo dispuesto en el artículo que precede cuando en un solo 

contrato se hayan enajenado dos o más cosas sin fijar el precio de cada una de ellas, y 

una sola sufriera la evicción. 

2013.- En el caso de los dos artículos anteriores, si el que adquiere elige la rescisión del 

contrato, está obligado a devolver la cosa libre de los gravámenes que la haya 

impuesto. 

2014.- Si al denunciarse el pleito o durante él, reconoce el que enajenó el derecho del 

que reclama, y se obliga a pagar conforme a las prescripciones de este capítulo, sólo 

será responsable de los gastos que se causen hasta que haga el reconocimiento y sea 

cual fuere el resultado del juicio. 

2015.- Si la finca que se enajenó se halla gravada, sin haberse hecho mención de ello en 

la escritura, con alguna carga o servidumbre voluntaria no aparente, el que adquirió 

puede pedir la indemnización correspondiente al gravamen, o la rescisión del contrato. 

2016.- Las acciones rescisorias y de indemnización a que se refiere el artículo que 

precede, prescriben en un año, que se contará para la primera, desde el día en que se 

perfeccionó el contrato y para la segunda, desde el día en que el adquirente tenga 

noticia de la carga o servidumbre. 

2017.- El que enajena no responde por la evicción: 

I.- Si así se hubiere convenido; 

II.- En el caso del artículo 2000; 

III.- Si conociendo el que adquiere el derecho del que entabla la evicción, lo hubiere 

ocultado dolosamente al que enajena; 

IV.- Si la evicción procede de una causa posterior al acto de enajenación, no 

imputable al que enajena, o de hecho del que adquiere, ya sea anterior o posterior al 

mismo acto; 

V.- Si el adquirente no cumple lo prevenido en el artículo 2001; 

VI.- Si el adquirente y el que reclama transigen o comprometen el negocio en árbitros 

sin consentimiento del que enajenó;

VII.- Si la evicción tuvo lugar por culpa del adquirente. 

2018.- En las ventas hechas en remate judicial, el vendedor no está obligado por causa 

de la evicción que sufriera la cosa vendida sino a restituir el precio que haya producido 

la venta. 

2019.- En los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por 

los defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia para los usos a que se 

la destina, o que disminuyan de tal modo este uso, que, al haberlo conocido el 

adquirente, no hubiera hecho la adquisición o habría dado menos precio por la cosa. 

2020.- El enajenante no es responsable de los defectos manifiestos que estén a la vista, 

ni tampoco de los que no lo están, si el adquirente es un perito que por razón de su 

oficio o profesión debe fácilmente conocerlos. 

2021.- En los casos del artículo 2019, puede el adquirente exigir la rescisión del contrato 

y el pago de los gastos que por él hubiere hecho, o que se le rebaje una cantidad 

proporcionada del precio, a juicio de peritos. 

2022.- Si se probare que el enajenante conocía los defectos ocultos de la cosa y no los 

manifestó al adquirente, tendrá éste la misma facultad que le concede el artículo 

anterior, debiendo, además, ser indemnizado de los daños y perjuicios si prefiere la 

rescisión. 

2023.- En los casos en que el adquirente pueda elegir la indemnización o la rescisión del 

contrato, una vez hecha por él la elección del derecho que va a ejercitar, no puede usar 

del otro sin el consentimiento del enajenante. 

2024.- Si la cosa enajenada pereciere o mudare de naturaleza a consecuencia de los 

vicios que tenía, y eran conocidos del enajenante, éste sufrirá la pérdida y deberá 

restituir el precio y abonar los gastos del contrato con los daños y perjuicios. 

2025.- Si el enajenante no conocía los vicios, solamente deberá restituir el precio y 

abonar los gastos del contrato, en el caso de que el adquirente los haya pagado. 

2026.- Las acciones que nacen de lo dispuesto en los artículos del 2019 al 2025, se 

extinguen a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa enajenada, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren los artículos 2015 y 2016. 

2027.- Enajenándose dos o más animales juntamente, sea en un precio alzado o sea 

señalándolo a cada uno de ellos, el vicio de uno da sólo lugar a la acción redhibitoria, 

respecto de él y no respecto a los demás, a no ser que aparezca que el adquirente no 

habría adquirido el sano o sanos sin el vicioso, o que la enajenación fuese de un rebaño 

o el vicio fuere contagioso.

2028.- Se presume que el adquirente no tenía voluntad de adquirir uno solo de los 

animales, cuando se adquiere un tiro, yunta o pareja, aunque se haya señalado un 

precio separado a cada uno de los animales que lo componen. 

2029.- Lo dispuesto en el artículo 2027 es aplicable a la enajenación de cualquiera otra 

cosa. 

2030.- Cuando el animal muere dentro de los tres días siguientes a su adquisición, es 

responsable el enajenante, si por juicio de peritos se prueba que la enfermedad existía 

antes de la enajenación. 

2031.- Si la enajenación se declara resuelta, debe devolverse la cosa enajenada en el 

mismo estado en que se entregó, siendo responsable el adquirente de cualquier 

deterioro que no proceda del vicio o defecto ocultados. 

2032.- En caso de enajenación de animales, ya sea que se enajenen individualmente, 

por troncos o yuntas, o como ganados, la acción redhibitoria por causa de tachas o 

vicios ocultos, sólo dura veinte días, contados desde la fecha del contrato. 

2033.- La calificación de los vicios de la cosa enajenada se hará por peritos nombrados 

por las partes, y por un tercero que elegirá el juez en caso de discordia. 

2034.- Los peritos declararán, terminantemente, si los vicios eran anteriores a la 

enajenación y si por causa de ellos no puede destinarse la cosa a los usos para que fue 

adquirida. 

2035.- Las partes pueden restringir, renunciar o ampliar su responsabilidad por los vicios 

redhibitorios, siempre que no haya mala fe. 

2036.- Incumbe al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de (sic ¿la?) 

adquisición, y no probándolo, se juzga que el vicio sobrevino después. 

2037.- Si la cosa enajenada con vicios redhibitorios se pierde por caso fortuito o por 

culpa del adquirente, le queda a éste, sin embargo, el derecho de pedir el menor valor 

de la cosa por el vicio redhibitorio. 

2038.- El adquirente de la cosa remitida de otro lugar que alegare que tiene vicios 

redhibitorios, si se trata de cosas que rápidamente se descomponen, tiene obligación de 

avisar inmediatamente al enajenante, que no recibe la cosa; si no lo hace, será 

responsable de los daños y perjuicios que su omisión ocasione. 

2039.- El enajenante no tiene obligación de responder de los vicios redhibitorios, si el 

adquirente obtuvo la cosa por remate o por adjudicación judicial. 

SECCION TERCERA

Efectos de las obligaciones con relación a tercero 

CAPITULO I 

De los actos celebrados en fraude de los acreedores 

2040.- Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor, pueden 

anularse, a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el 

crédito en virtud del cual se intenta la acción, es anterior a ellos. 

2041.- Si el acto fuere oneroso, la nulidad sólo podrá tener lugar en el caso y términos 

que expresa el artículo anterior, cuando haya mala fe, tanto por parte del deudor, como 

del tercero que contrató con él. 

2042.- Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad aun cuando haya habido buena 

fe por parte de ambos contratantes. 

2043.- Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados 

en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas. La mala fe en este caso, 

consiste en el conocimiento de ese déficit. 

2044.- La acción concedida al acreedor en los artículos anteriores, contra el primer 

adquirente, no procede contra tercer poseedor sino cuando éste ha adquirido de mala 

fe. 

2045.- Revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiere habido enajenación de 

propiedades, ésta se devolverán por el que las adquirió de mala fe, con todos sus 

frutos. 

2046.- El que hubiere adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de los 

acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios, cuando la cosa hubiere 

pasado a un adquirente de buena fe, o cuando se hubiere perdido. 

2047.- La nulidad puede tener lugar, tanto en los actos en que el deudor enajena los 

bienes que efectivamente posee, como en aquéllos en que renuncia derechos 

constituidos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente personal. 

2048.- Si el deudor no hubiere renunciado derechos irrevocablemente adquiridos, sino 

facultades por cuyo ejercicio pudiera mejorar el estado de su fortuna, los acreedores 

pueden hacer revocar esa renuncia y usar de las facultades renunciadas. 

2049.- Es también anulable el pago hecho por el deudor insolvente antes del 

vencimiento del plazo. 

2050.- Es anulable todo acto o contrato celebrado en los treinta días anteriores a la 

declaración judicial de la quiebra o del concurso, y que tuviere por objeto dar a un 

crédito ya existente una preferencia que no tiene.

2051.- La acción de nulidad mencionada en el artículo 2040 cesará luego que el deudor 

satisfaga su deuda o adquiera bienes con que poder cubrirla. 

2052.- La nulidad de los actos del deudor sólo será pronunciada en interés de los 

acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos. 

2053.- El tercero a quien hubiesen pasado los bienes del deudor, puede hacer cesar la 

acción de los acreedores satisfaciendo el crédito de los que se hubiesen presentado, o 

dando garantía suficiente sobre el pago íntegro de sus créditos, si los bienes del deudor 

no alcanzaren a satisfacerlos. 

2054.- El fraude, que consiste únicamente en la preferencia indebida a favor de un 

acreedor, no importa la pérdida del derecho, sino la de la preferencia. 

2055.- Si el acreedor que pide la nulidad, para acreditar la insolvencia del deudor, 

prueba que el monto de las deudas de éste, excede al de sus bienes conocidos, le 

impone al deudor la obligación de acreditar que tiene bienes suficientes para cubrir esas 

deudas. 

2056.- Se presume fraudulentas las enajenaciones a título oneroso hechas por aquellas 

personas contra quienes se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en 

cualquiera instancia, o expedido mandamiento de embargo de bienes, cuando estas 

enajenaciones perjudican los derechos de sus acreedores. 

CAPITULO II 

De la simulación de los actos jurídicos 

2057.- Es simulado el acto en que las partes declaran o convienen falsamente lo que en 

realidad no ha pasado o no se haya convenido entre ellas. 

2058.- La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real; es relativa 

cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero 

carácter. 

2059.- La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descubierto el acto real que 

oculta la simulación relativa, este acto será válido si no hay quien declare que es nulo. 

2060.- Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros perjudicados en la 

simulación, o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en transgresión de la Ley o 

en perjuicio de la Hacienda Pública. 

2061.- Luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o derecho a quien 

pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si la cosa o derecho ha 

pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la restitución. 

También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe.

TITULO QUINTO 

EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES 

CAPITULO I 

De la compensación 

2062.- Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores 

y acreedores recíprocamente o por su propio derecho. 

2063.- El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la Ley las dos deudas, 

hasta la cantidad que importe la menor. 

2064.- La compensación no procede sino cuando ambas deudas consisten en una 

cantidad de dinero, o cuando siendo fungibles las cosas debidas, son de la misma 

especie y calidad, siempre que se hayan designado al celebrarse el contrato. 

2065.- Para que haya lugar a la compensación se requiere que las deudas sean 

igualmente liquidas y exigibles. Las que no lo fueren, sólo podrán compensarse por 

consentimiento expreso de los interesados. 

2066.- Se llama deuda líquida aquélla cuya cuantía se haya determinado o puede 

determinarse dentro del plazo de nueve días. 

2067.- Se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a 

derecho. 

2068.- Si las deudas no fueren de igual cantidad, hecha la compensación conforme al 

artículo 2063, queda expedita la acción por el resto de la deuda. 

2069.- La compensación no tendrá lugar: 

I.- Si una de las partes la hubiere renunciado; 

II.- Si una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa de despojo; 

pues entonces el que obtuvo aquél a su favor deberá ser pagado, aunque el despojante 

le oponga la compensación; 

III.- Si una de las deudas fuere por alimentos; 

IV.- Si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia; 

V.- Si una de las deudas procede de salario mínimo; 

VI.- Si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por disposición 

de la Ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas fueren igualmente 

privilegiadas; 

VII.- Si la deuda fuere de cosa puesta en depósito; 

VIII.- Si las deudas fueren fiscales, excepto en los casos en que la Ley lo autorice.

2070.- La compensación, desde el momento en que es hecha legalmente, produce sus 

efectos de pleno derecho y extingue todas las obligaciones correlativas. 

2071.- El que paga una deuda compensable, no puede, cuando exija su crédito que 

podía ser compensado, aprovecharse, en perjuicio de tercero, de los privilegios e 

hipotecas que tenga a su favor al tiempo de hacer el pago; a no ser que pruebe que 

ignoraba la existencia del crédito que extinguía la deuda. 

2072.- Si fueren varias las deudas sujetas a compensación, se seguirá, a falta de 

declaración, el orden establecido en el artículo 1969. 

2073.- El derecho de compensación puede renunciarse, ya expresamente, ya por hechos 

que manifiesten de un modo claro la voluntad de hacer la renuncia. 

2074. - El fiador al ser demandado por el acreedor, no puede oponerle la excepción de 

la compensación del crédito que contra él tenga, con la deuda del obligado principal. 


2001). 

2075.- El fiador puede utilizar la compensación de lo que el acreedor deba al deudor 

principal; pero éste no puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al 

fiador. 

2076.- El deudor solidario no puede exigir compensación con la deuda del acreedor a 

sus codeudores. 

2077.- El deudor que hubiere consentido la cesión hecha por el acreedor en favor de un 

tercero, no podrá oponer al cesionario la compensación que podría oponer al cedente. 

2078.- Si el acreedor dio conocimiento de la cesión al deudor, y éste no consintió en 

ella, podrá oponer al cesionario la compensación de los créditos que tuviere del cedente 

y que fueren anteriores a la cesión. 

2079.- Si la cesión se realizare sin consentimiento del deudor, podrá éste oponer la 

compensación de los créditos anteriores a ella, y la de los posteriores, hasta la fecha en 

que hubiere tenido conocimiento de la cesión. 

2080.- Las deudas pagaderas en diferente lugar, pueden compensarse mediante 

indemnización de los gastos de transporte o cambio al lugar del pago. 

2081.- La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de tercero 

legítimamente adquiridos. 

CAPITULO II 

De la confusión de derechos

2082.- La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de 

deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. 

2083.- La confusión que se verifica en la persona del acreedor o deudor solidario, sólo 

produce sus efectos en la parte proporcional de su crédito o deuda. 

2084.- Mientras se hace la partición de una herencia, no hay confusión cuando el deudor 

hereda al acreedor o éste a aquél. 

CAPITULO III 

De la remisión de la deuda. 

2085.- Cualquiera puede renunciar su derecho y remitir, en todo o en parte, las 

prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la Ley lo prohibe. 

2086.- La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias; pero 

la de éstas deja subsistente la primera. 

2087.- Habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido solamente a 

alguno de ellos, en la parte relativa a su responsabilidad, no aprovecha a los otros. 

2088.- La devolución de la prenda es presunción de la remisión del derecho a la misma 

prenda, si el acreedor no prueba lo contrario. 

CAPITULO IV 

De la novación 

2089.- Hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran 

substancialmente sustituyendo una obligación nueva a la antigua. 

2090.- La novación es un contrato, y como tal, está sujeto a las disposiciones 

respectivas, salvo las modificaciones siguientes: 

2091.- La novación nunca se presume, debe constar expresamente. 

2092.- Aun cuando la obligación anterior está subordinada a una condición suspensiva, 

solamente quedará la novación dependiente del cumplimiento de aquélla, si así se 

hubiere estipulado. 

2093.- Si la primera obligación se hubiere extinguido al tiempo en que se contrajere la 

segunda, quedará la novación sin efecto. 

2094.- La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa 

de nulidad solamente pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide 

los actos nulos en su origen.

2095.- Si la novación fuere nula, subsistirá la antigua obligación. 

2096.- La novación extingue la obligación principal y las obligaciones accesorias. El 

acreedor puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de las obligaciones 

accesorias, que entonces pasan a la nueva. 

2097.- El acreedor no puede reservarse el derecho de prenda o hipoteca de la obligación 

extinguida, si los bienes hipotecados o empeñados pertenecen a terceros que no 

hubieren tenido parte en la novación. Tampoco puede reservarse la fianza sin 

consentimiento del fiador. 

2098.- Cuando la novación se efectúe entre el acreedor y algún deudor solidario, los 

privilegios o hipotecas del antiguo crédito sólo pueden quedar reservados con relación a 

los bienes del deudor que contrae la nueva obligación. 

2099.- Por la novación hecha entre el acreedor y algunos de los deudores solidarios, 

quedan exonerados todos los demás codeudores, sin perjuicio de lo dispuesto en el 


TITULO SEXTO 

De la inexistencia y de la nulidad 

2100.- El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda 

ser materia de él no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por 

confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado. 

2101.- La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya 

absoluta, ya relativa, según lo disponga la Ley. 

2102.- La nulidad absoluta, por regla general no impide que el acto produzca 

provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se 

pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no 

desaparece por la confirmación o la prescripción. 

2103.- La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el 

artículo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. 

2104.- La falta de forma establecida por la Ley, si no se trata de actos solemnes, así 

como el error, el dolo, la violencia, la lesión, y la incapacidad de cualquiera de los 

autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo. 

2105.- La acción y la excepción de nulidad por falta de forma compete a todos los 

interesados. 

2106.- La nulidad de un acto jurídico por falta de forma establecida por la Ley, se 

extingue por la confirmación de ese acto hecho en la forma omitida.

2107.- Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes 

ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, 

cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita 

por la Ley. 

2108.- La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad, sólo puede 

invocarse por el que ha sufrido por esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por 

la lesión o es el incapaz. 

2109.- Cuando el contrato es nulo por incapacidad, violencia o error, puede ser 

confirmado cuando cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra 

causa que invalide la confirmación. 

2110.- El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación, o por cualquier otro 

modo, se tiene por ratificación tácita y extingue la acción de nulidad. 

2111.- La confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto 

retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero. 

2112.- La acción de nulidad fundada en incapacidad o en error, puede intentarse en los 

plazos establecidos en el artículo 652. Si el error se conoce antes de que transcurran 

esos plazos, la acción de nulidad prescribe a los sesenta días, contados desde que el 

error fue conocido. 

2113.- La acción para pedir la nulidad de un contrato hecho por violencia, prescribe a los 

seis meses contados desde que cese ese vicio del consentimiento. 

2114.- El acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si las partes 

que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que 

al celebrarse el acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera. 

2115.- La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han 

recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado. 

2116.- Si el acto fuere bilateral y las obligaciones correlativas consisten ambas en sumas 

de dinero o en cosas productivas de frutos, no se hará la restitución respectiva de 

intereses o de frutos, sino desde el día de la demanda de nulidad. Los intereses y los 

frutos percibidos hasta esa época se compensan entre sí. 

2117.- Mientras que uno de los contratantes no cumpla con la devolución de aquello a 

que en virtud de la declaración de nulidad del contrato está obligado, no puede ser 

compelido el otro a que cumpla por su parte. 

2118.- Todos los derechos reales o personales transmitidos a tercero sobre un inmueble, 

por una persona que ha llegado a ser propietario de él en virtud del acto anulado,

quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual 

mientras que no se cumpla la prescripción, observándose lo dispuesto para los terceros 

adquirentes de buena fe. 

P A R T E S E G U N D A 

DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE CONTRATOS 


DE LOS CONTRATOS PREPARATORIOS 

La promesa 

2119.- Puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro. 

2120.- La promesa de contratar, o sea el contrato preliminar de otro, puede ser 

unilateral o bilateral. 

2121.- La promesa de contrato sólo da origen a obligaciones de hacer, consistentes en 

celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido. 

2122.- Para que la promesa de contratar sea válida debe constar por escrito, contener 

los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. 

2123.- Si el promitente rehusa firmar los documentos necesarios para dar forma legal al 

contrato concertado, en su rebeldía los firmará el juez; salvo el caso de que la cosa 

ofrecida haya pasado por título oneroso a la propiedad de tercero de buena fe, pues 

entonces la promesa quedará sin efecto, siendo responsable el que la hizo de todos los 

daños y perjuicios que se hayan originado a la otra parte. 


DE LA COMPRAVENTA 

CAPITULO I 


2124.- Habrá compraventa, cuando uno de los contratantes se obliga a transferir un 

derecho o la propiedad de una cosa y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un 

precio cierto y en dinero. 

2125.- Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando han 

convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el 

segundo satisfecho.

2126.- Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor 

de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte de numerario sea igual o mayor 

que la que se pague con el valor de otra cosa. Si la parte en numerario fuere inferior, el 

contrato será de permuta. 

2127.- Los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corre en día o lugar 

determinado o el que fije un tercero. 

2128.- Fijado el precio por el tercero, no podrá ser rechazado por los contratantes, sino 

de común acuerdo. 

2129.- Si el tercero no quiere o no puede señalar el precio, quedará el contrato sin 

efecto; salvo convenio en contrario. 

2130.- El señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes. 

2131.- El comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. A falta 

de convenio lo deberá pagar al contado. La demora en el pago del precio lo constituirá 

en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude. 

2132.- Las compras de cosas que se acostumbra gustar, pesar o medir, no producirán 

sus efectos sino después que se hayan gustado, pesado o medido los objetos vendidos. 

2133.- Cuando se trate de venta de artículos determinados y perfectamente conocidos, 

el contrato podrá hacerse sobre muestras. 

En caso de desavenencia entre los contratantes, dos peritos nombrados uno por cada 

parte, y un tercero, para el caso de discordia, nombrado por éstos, resolverán sobre la 

conformidad o inconformidad de los artículos con las muestras o calidades que sirvieron 

de base al contrato. 

2134.- Si la venta se hizo sólo a la vista y por acervo, aun cuando sea de cosas que se 

suelen contar, pesar o medir, se entenderá realizada, luego que los contratantes se 

avengan en el precio, y el comprador no podrá pedir la rescisión del contrato alegando 

no haber encontrado en el acervo, la cantidad, peso o medida que él calculaba. 

2135.- Habrá lugar a la rescisión si el vendedor presentara el acervo como de especie 

homogénea, y ocultare en él especies de inferior clase y calidad de las que están a la 

vista. 

2136.- Si la venta de uno o más inmuebles se hiciere por precio alzado y sin estimar 

especialmente sus partes o medidas, no habrá lugar a la rescisión, aunque en la entrega 

hubiere falta o exceso. 

2137.- Las acciones que nacen de los artículos 2134 a 2136, prescriben en un año, 

contado desde el día de la entrega.

2138.- Los contratantes pagarán por mitad los gastos de escritura y registro, salvo 

convenio en contrario. 

2139.- Si una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor a diversas personas, se 

observará lo siguiente. 

2140.- Si la cosa vendida fuere mueble, prevalecerá la venta primera en fecha; si no 

fuere posible verificar la prioridad de ésta, prevalecerá la hecha al que se halle en 

posesión de la cosa. 

2141.- Si la cosa vendida fuere inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya 

registrado; y si ninguna lo ha sido, se observará lo dispuesto en el artículo anterior. 

2142.- Son nulas las ventas que produzcan la concentración o acaparamiento, en una o 

en pocas manos, de artículos de consumo necesario, y que tengan por objeto obtener el 

alza de los precios de esos artículos. 

CAPITULO II 

De la materia de la compraventa 

2143.- Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. 

2144.- La venta de cosa ajena es nula, y el vendedor es responsable de los daños y 

perjuicios si procede con dolo o mala fe; debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone 

en el título relativo al Registro Público para los adquirentes, de buena fe. 

2145.- El contrato quedará revalidado, si antes de que tenga lugar la evicción, adquiere 

el vendedor, por cualquier título legítimo, la propiedad de la cosa vendida. 

2146.- La venta de cosa o derechos litigiosos no está prohibida, pero el vendedor que no 

declare la circunstancia de hallarse la cosa en litigio, es responsable de los daños y 

perjuicios si el comprador sufre la evicción, quedando además, sujeto a las penas 

respectivas. 

2147.- Tratándose de la venta de determinados bienes, como los pertenecientes a 

incapacitados, los de propiedad pública, los empeñados o hipotecados, etc., deben 

observarse los requisitos exigidos por la Ley para que la venta sea perfecta. 

CAPITULO III 

De los que pueden vender y comprar 

2148.- Los extranjeros y las personas morales no pueden comprar bienes raíces, sino 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en sus leyes reglamentarias.

2149.- Los consortes sólo pueden celebrar entre sí el contrato de compraventa, en el 

caso previsto en el artículo 173 de este Código. 


2001). 

2150.- Los magistrados, los jueces, el Ministerio Público, los defensores oficiales, los 

abogados, los procuradores y los peritos no pueden comprar los bienes que son objeto 

de los juicios en que intervengan. 

2151.- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior la venta de bienes cuando 

sean coherederos las personas mencionadas, o cuando se trata de derechos a que 

estén afectos bienes de su propiedad. 

2152.- Los hijos sujetos a patria potestad solamente pueden vender a sus padres los 

bienes comprendidos en la primera clase de las mencionadas en el artículo 443, fracción 

I. 

2153.- Los propietarios de cosa indivisa no pueden vender su parte respectiva a 

extraños, sino cumpliendo lo dispuesto en los artículos 975 y 976. 

2154.- No pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen 

encargados: 

I.- Los tutores y curadores; 

II.- Los mandatarios; 

III.- Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de intestado; 

IV.- Los interventores nombrados por el testador o por los herederos; 

V.- Los representantes, administradores e interventores en caso de ausencia; 

VI.- Los empleados públicos. 

2155.- Los peritos y los corredores no pueden comprar los bienes en cuya venta han 

intervenido. 

2156.- Las compras hechas en contravención a lo dispuesto en este capítulo, serán 

nulas, ya se hayan hecho directamente o por interpósita persona. 

CAPITULO IV 

De las obligaciones del vendedor 

2157.- El vendedor está obligado: 

I.- A entregar al comprador la cosa vendida; 

II.- A garantizar las calidades de la cosa; 

III.- A prestar la evicción. 

CAPITULO V 

De la entrega de la cosa vendida

2158.- La entrega puede ser real, jurídica o virtual. La entrega real consiste en la 

entrega material de la cosa vendida, o en la entrega del título si se trata de un derecho. 

Hay entrega jurídica cuando, aun sin estar entregada materialmente la cosa, la Ley la 

considera recibida por el comprador. 

Desde el momento en que el comprador acepte que la cosa vendida quede a su 

disposición, se tendrá por virtualmente recibido de ella, y el vendedor que la conserve 

en su poder, sólo tendrá los derechos y obligaciones de un depositario. 

2159.- Los gastos de la entrega de la cosa vendida son de cuenta del vendedor, y los de 

su transporte o traslación, de cargo del comprador, salvo convenio en contrario. 

2160.- El vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida, si el comprador no ha 

pagado el precio, salvo que en el contrato se haya señalado un plazo para el pago. 

2161.- Tampoco está obligado a la entrega, aunque haya concedido un término para el 

pago, si después de la venta se descubre que el comprador se halla en estado de 

insolvencia, de suerte que el vendedor corra inminente riesgo de perder el precio, a no 

ser que el comprador le dé fianza de pagar al plazo convenido. 

2162.- El vendedor debe entregar la cosa vendida en el estado en que se hallaba al 

perfeccionarse el contrato. 

2163.- Debe también el vendedor entregar todos los frutos producidos desde que se 

perfeccionó la venta, y los rendimientos, accesiones y títulos de la cosa. 

2164.- Si en la venta de un inmueble se han designado los linderos, el vendedor estará 

obligado a entregar todo lo que dentro de ellos se comprenda, aunque haya exceso o 

disminución en las medidas expresadas en el contrato. 

2165.- La entrega de la cosa vendida debe hacerse en el lugar convenido, y si no 

hubiere lugar designado en el contrato, en el lugar en que se encontraba la cosa en la 

época en que se vendió. 

2166.- Si el comprador se constituyó en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler 

de las bodegas, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido y el vendedor 

quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa, y solamente será 

responsable del dolo o de la culpa grave. 

CAPITULO VI 

De las obligaciones del comprador 

2167.- El comprador debe cumplir todo aquello a que se haya obligado y especialmente 

pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos. 

2168.- Si no se han fijado tiempo y lugar, el pago se hará en el tiempo y lugar en que se 

entregue la cosa.

2169.- Si ocurre duda sobre cuál de los contratantes debe hacer primero la entrega, uno 

y otro harán el depósito en manos de un tercero. 

2170.- El comprador debe intereses por el tiempo que medie entre la entrega de la cosa 

y el pago del precio, en los tres casos siguientes: 

I.- Si así se hubiere convenido; 

II.- Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta; 

III.- Si se hubiere constituido en mora con arreglo a los artículos 1981 y 1982. 

2171.- En las ventas a plazo, sin estipular intereses no los debe el comprador por razón 

de aquél, aunque entretanto perciba los frutos de la cosa, pues el plazo hizo parte del 

mismo contrato, y debe presumirse que en esta consideración, se aumentó el precio de 

la venta. 

2172.- Si la concesión del plazo fue posterior al contrato, el comprador estará obligado a 

prestar los intereses, salvo convenio en contrario. 

2173.- Cuando el comprador a plazo o con espera del precio, fuere perturbado en su 

posesión o derecho, o tuviere justo temor de serlo, podrá suspender el pago si aún no 

lo ha hecho, salvo que el vendedor le asegure la posesión o le dé fianza a no ser que 

haya convenio en contrario. 

2174.- La falta de pago del precio da derecho para pedir la rescisión del contrato, 

aunque la venta se haya hecho a plazo; pero si la cosa ha sido enajenada a un tercero, 

se observará lo dispuesto en los artículos 1820 y 1821. 

CAPITULO VII 

De algunas modalidades del contrato de compraventa 

2175.- Puede pactarse que la cosa comprada no se venda a determinada persona; pero 

es nula la cláusula en que se estipule que no puede venderse a persona alguna. 

2176.- Queda prohibida la venta con pacto de retroventa, así como la promesa de venta 

de un bien raíz que haya sido objeto de una compraventa entre los mismos 

contratantes. 

2177.- Puede estipularse que el vendedor goce del derecho de preferencia por el tanto, 

para el caso de que el comprador quisiera vender la cosa que fue objeto del contrato de 

compraventa. 

2178.- El vendedor está obligado a ejercer su derecho de preferencia, dentro de tres 

días, si la cosa fuere mueble, después que el comprador le hubiese hecho saber la 

oferta que tenga por ella, bajo pena de perder su derecho si en ese tiempo no lo 

ejerciere. Si la cosa fuere inmueble, tendrá el término de diez días para ejercer el 

derecho, bajo la misma pena. En ambos casos está obligado a pagar el precio que el

comprador ofreciere, y si no lo pudiere satisfacer, quedará sin efecto el pacto de 

referencia. 

2179.- Debe hacerse saber de una manera fehaciente, al que goza del derecho de 

preferencia, lo que ofrezcan por la cosa; y si ésta se vendiere sin darse aviso, la venta 

es válida, pero el vendedor responderá de los daños y perjuicios causados. 

2180.- Si se ha concedido un plazo para pagar el precio, el que tiene el derecho de 

preferencia no puede prevalerse de este término, si no da las seguridades necesarias de 

que pagará el precio al expirar el plazo. 

2181.- Cuando el objeto sobre que se tiene derecho de preferencia se venda en subasta 

pública, debe hacerse saber al que goza de ese derecho, el día, hora y lugar en que se 

verificará el remate. 

2182.- El derecho adquirido por el pacto de preferencia no puede cederse, ni pasa a los 

herederos del que lo disfrute. 

2183.- Si se venden cosas futuras, tomando el comprador el riesgo de que no llegasen a 

existir, el contrato es aleatorio y se rige por lo dispuesto en el capítulo relativo a la 

compra de esperanza. 

2184.- La venta que se haga facultando al comprador para que pague el precio en 

abonos, se sujetará a las reglas siguientes: 

I.- Si la venta es de bienes inmuebles, puede pactarse que la falta de pago de uno o 

de varios abonos ocasionará la rescisión del contrato. La rescisión producirá efectos 

contra tercero que hubiere adquirido los bienes de que se trate, siempre que la cláusula 

rescisoria se haya inscrito en el Registro Público; 

II.- Si se trata de bienes muebles tales como automóviles, motores, pianos, máquinas 

de coser u otros que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable, podrá 

también pactarse la cláusula resolutoria de que habla la fracción anterior, y esa cláusula 

producirá efectos contra tercero que haya adquirido los bienes, si se inscribió en el 

Registro Público; 

III.- Si se trata de bienes muebles que no sean susceptibles de identificarse 

indubitablemente, y que, por lo mismo, su venta no pueda registrarse, los contratantes 

podrán pactar la rescisión de la venta por falta de pago del precio; pero esa cláusula no 

producirá efectos contra tercero de buena fe que hubiere adquirido los bienes a que 

esta fracción se refiere. 

2185.- Si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las 

prestaciones que se hubieren hecho; pero el vendedor que hubiere entregado la cosa 

vendida, puede exigir del comprador, por el uso de ella, el pago de un alquiler o renta 

que fijarán peritos, y una indemnización, también fijada por peritos, por el deterioro que 

haya sufrido la cosa. 

El comprador que haya pagado parte del precio, tiene derecho a los intereses legados 

(sic, ¿legales?) de la cantidad que entregó.

Las convenciones que impongan al comprador obligaciones más onerosas que las 

expresadas, serán nulas. 

2186.- Puede pactarse válidamente que el vendedor se reserve la propiedad de la cosa 

vendida hasta que su precio haya sido pagado. 

Cuando los bienes vendidos son de los mencionados en las fracciones I y II del artículo 

2184 del (sic ¿el?) pacto de que se trata produce efectos contra tercero si se inscribe 

en el Registro Público; cuando los bienes son de la clase a que se refiere la fracción III 

del artículo que se acaba de citar, se aplicará lo dispuesto en esa fracción. 

2187.- El vendedor a que se refiere el artículo anterior, mientras no se vence el plazo 

para pagar el precio, no puede enajenar la cosa vendida con la reserva de propiedad, y 

al margen de la respectiva inscripción de venta se hará una anotación preventiva en la 

que se haga constar esa limitación de dominio. 

2188.- Si el vendedor recoge la cosa vendida por que no le haya sido pagado su precio, 

se aplicará lo que dispone el artículo 2185. 

2189.- En la venta de que habla el artículo 2186 mientras que no pasa la propiedad de 

la cosa vendida al comprador, si éste recibe la cosa, será considerado como 

arrendatario de la misma. 

CAPITULO VIII 

De la forma del contrato de compraventa 

2190.- El contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna 

especial, sino cuando recae sobre un inmueble. 

2191.- La venta de inmuebles se hará en escritura pública con excepción hecha de 

aquellas que celebren los organismos públicos federales o estatales, tendientes a 

regularizar la tenencia de la tierra, y de las previstas en el artículo 2192 de este Código, 

las que requerirán para su validez, solamente las firmas de las partes y de los testigos, 

sin necesidad de que dichas operaciones se eleven a escritura pública. 


2001). 

2192.- En los distritos en los cuales no exista notario de número establecido, la venta de 

inmuebles con valor catastral hasta de setecientos salarios minimos, podrá hacerse en 

instrumento privado que firmarán el vendedor y el comprador ante dos testigos y ante 

el Registrador del Distrito Judicial en que se ubique el inmueble. 


2001). 

(Fe de Erratas publicado en el Extra al Periódico Oficial de 10-VII-2001). 

2193. - Si alguno de los contratantes no supiere escribir, firmará a su nombre y a su 

ruego otra persona con capacidad legal, no pudiendo firmar con ese carácter ninguno

de los testigos; la parte que no sepa firmar estampará además su huella digital en el 

contrato. 


2001). 

2194.- De dichos instrumentos se formarán un original para el comprador y cuantas 

copias sean necesarias para operar la traslación de dominio e inscribirlo en el Registro 

Público de la Propiedad. 


2001). 

2195. - El Registrador respectivo llevará un libro en el que con numeración progresiva 

deberán anotarse los nombres de los contratantes, el bien vendido y el precio, así como 

la fecha de la escritura que será la misma de la nota que deberá poner al calce del 

documento haciendo constar la circunstancia a que alude el artículo 2193, en la que 

también se aludirá al número del libro a que este artículo se refiere. La anotación en el 

citado libro es absolutamente independiente de la obligación que tiene el propio 

Registrador de formular, bajo su responsabilidad el calculo del Impuesto Sobre la Renta, 

retenerlo y enterarlo al fisco. 


2001). 

2196. - El Registrador deberá cerciorarse de la identidad de los contratantes, exigiendo 

en caso necesario, la comparecencia y examen de testigos de identificación, insertando, 

en todo caso, los antecedentes de propiedad y de registro. 


2001). 

2197.- La venta de los bienes raíces, cualquiera que sea su valor, no producirá efectos 

contra tercero sino después de registrado en los términos prescritos en este código. 

CAPITULO IX 

De las ventas judiciales 

2198.- Las ventas judiciales en almoneda, subasta o remate públicos, se regirán por las 

disposiciones de este Título, en cuanto a la substancia del contrato y a las obligaciones 

y derechos del comprador y del vendedor, con las modificaciones que se expresan en 

este Capítulo. En cuanto a los términos y condiciones en que hayan de verificarse, se 

regirán por lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles. 

2199.- No pueden rematar por sí, ni por interpósita persona, el Juez, Secretario y demás 

empleados del Juzgado; el ejecutado, sus procuradores, abogados y fiadores; los 

albaceas y tutores, si se trata de bienes pertenecientes a la sucesión o a los 

incapacitados, respectivamente; ni los peritos que hayan valuado los bienes objeto del 

remate.

2200.- Por regla general las ventas judiciales se harán en moneda efectiva y al contado 

y cuando la cosa fuere inmueble pasará al comprador libre de todo gravamen, a menos 

de estipulación expresa en contrario, a cuyo efecto el juez mandará hacer la cancelación 

o cancelaciones respectivas, en los términos que disponga el Código de Procedimientos 

Civiles. 

2201.- En las enajenaciones judiciales que hayan de verificarse para dividir cosa común, 

se observará lo dispuesto para la partición entre herederos. 


De la permuta 

2202.- La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a 

dar una cosa por otra. Se observará, en su caso, lo dispuesto en el artículo 2126. 

2203.- Si uno de los contratantes ha recibido la cosa que se le da en permuta y acredita 

que no era propia del que la dio, no puede ser obligado a entregar la que él ofreció en 

cambio y cumple con devolver la que recibió. 

2204.- El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió en cambio, podrá 

reivindicar la que dio, si se halla aún en poder del otro permutante, o exigir su valor o el 

valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio, con el pago de daños y perjuicios. 

2205.- Lo dispuesto en el artículo anterior, no perjudica los derechos que, a título 

oneroso, haya adquirido un tercero de buena fe sobre la cosa que reclama el que sufrió 

la evicción. 

2206.- Con excepción de lo relativo al precio, son aplicables a este contrato las reglas de 

la compraventa, en cuanto no se oponga a los artículos anteriores. 

TITULO CUARTO 

DE LAS DONACIONES 

CAPITULO I 

De las donaciones en general 

2207.- Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, 

una parte o la totalidad de sus bienes presentes. 

2208.- La donación no puede comprender los bienes futuros. 

2209.- La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. 

2210.- Pura es la donación que se otorga en términos absolutos, y condicional la que 

depende de algún acontecimiento incierto.

2211.- Es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes, y 

remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que 

éste no tenga obligación de pagar. 

2212.- Cuando la donación sea onerosa, sólo se considera donado el exceso que hubiere 

en el precio de la cosa, deducidas de él las cargas. 

2213.- Las donaciones sólo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse, sino 

en los casos declarados en la Ley. 

2214.- Las donaciones que se hagan para después de la muerte del donante, se regirán 

por las disposiciones relativas del Libro Tercero; y las que se hagan entre consortes, por 

lo dispuesto en el capítulo VIII, Título Quinto del Libro Primero. 

2215.- La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la 

aceptación al donador. 

2216.- La donación puede hacerse verbalmente o por escrito. 

2217.- No puede hacerse donación verbal más que de bienes muebles. 

2218. - La donación verbal sólo producirá efectos legales cuando el valor de los muebles 

no exceda de doscientos salarios mínimos. 


2001). 

2219. - Si el valor de los muebles excede de doscientos pero no de quinientos salarios 

mínimos, la donación deberá hacerse por escrito. 

Si excede de quinientos salarios mínimos, la donación se otorgará en escritura pública. 


2001). 

2220.- La donación de bienes raíces se hará en la misma forma que para su venta exige 

la Ley. 

2221.- La aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que éstas deban 

hacerse; pero no surtirá efectos si no se hiciere en vida del donante. 

2222.- Es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste 

no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus 

circunstancias. 

2223.- Las donaciones serán inoficiosas en cuanto perjudiquen la obligación del donante 

de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los debe conforme a la Ley.

2224.- Si el que hace donación general de todos sus bienes, se reserva algunos para 

testar, sin otra declaración, se entenderá reservada la mitad de los bienes donados. 

2225.- La donación hecha a varias personas conjuntamente, no produce a favor de éstas 

el derecho de acrecer, si no es que el donante lo haya establecido de un modo expreso. 

2226.- El donante sólo es responsable de la evicción de la cosa donada si expresamente 

se obligó a prestarla. 

2227.- No obstante lo dispuesto en el artículo que precede, el donatario queda 

subrogado en todos los derechos del donante si se verifica la evicción. 

2228.- Si la donación se hace con la carga de pagar las deudas del donante, sólo se 

entenderán comprendidas las que existan con fecha auténtica al tiempo de la donación. 

2229.- Si la donación fuere de ciertos y determinados bienes, el donatario no responderá 

de las deudas del donante, sino cuando sobre los bienes donados estuviere constituida 

alguna hipoteca o prenda, o en caso de fraude en perjuicio de los acreedores. 

2230.- Si la donación fuere de todos los bienes, el donatario será responsable de todas 

las deudas del donante anteriormente contraídas; pero sólo hasta la cantidad 

concurrente con los bienes donados y siempre que las deudas tengan fecha auténtica. 

2231.- Salvo que el donador dispusiere otra cosa, las donaciones que consistan en 

prestaciones periódicas se extinguen con la muerte del donante. 

CAPITULO II 

De las personas que pueden recibir donaciones 

2232.- Los no nacidos pueden adquirir por donación, con tal que hayan estado 

concebidos al tiempo en que aquélla se hizo y sean viables conforme a lo dispuesto en 

el artículo 350. 

2233.- Las donaciones hechas simulando otro contrato a personas que conforme a la 

Ley no puedan recibirlas, son nulas, ya se hagan de un modo directo, ya por interpósita 

persona. 

CAPITULO III 

De la revocación y reducción de las donaciones 

2234.- Las donaciones legalmente hechas por una persona que al tiempo de otorgarlas 

no tenía hijos, pueden ser revocadas por el donante cuando le hayan sobrevenido hijos 

que han nacido con todas las condiciones que sobre viabilidad exige el artículo 350. 

Si transcurren cinco años desde que se hizo la donación y el donante no ha tenido hijos 

o habiéndolos tenido no ha revocado la donación, ésta se volverá irrevocable. Lo mismo

sucede si el donante muere dentro de ese plazo de cinco años sin haber revocado la 

donación. 

Si dentro del mencionado plazo naciere un hijo póstumo del donante, la donación se 

tendrá por revocada en su totalidad. 

2235.- Si en el primer caso del artículo anterior el padre no hubiere revocado la 

donación, ésta deberá reducirse cuando se encuentre comprendida en la disposición del 

artículo 2223, a no ser que el donatario tome sobre sí la obligación de ministrar 

alimentos y la garantice debidamente. 

2236.- La donación no podrá ser revocada por superveniencia de hijos: 

I.- Cuando sea menor de doscientos salarios mínimos; 

II.- Cuando sea antenupcial; 

III.- Cuando sea entre consortes; 

IV.- Cuando sea puramente remuneratoria. 


2001). 

2237.- Rescindida la donación por superveniencia de hijos, serán restituidos al donante 

los bienes donados, o su valor si han sido enajenados antes del nacimiento de los hijos. 

2238.- Si el donatario hubiere hipotecado los bienes donados, subsistirá la hipoteca; 

pero tendrá derecho el donante de exigir que aquél la redima. Esto mismo tendrá lugar 

tratándose de usufructo o servidumbre impuestos por el donatario. 

2239.- Cuando los bienes no puedan ser restituidos en especie el valor exigible será el 

que tenían aquéllos al tiempo de la donación. 

2240.- El donatario hace suyos los frutos de los bienes donados hasta el día en que se le 

notifique la revocación o hasta el día del nacimiento del hijo póstumo, en su caso. 

2241.- El donante no puede renunciar anticipadamente el derecho de revocación por 

superveniencia de hijos. 

2242.- La acción de revocación por superveniencia de hijos corresponde exclusivamente 

al donante y al hijo póstumo; pero la reducción por razón de alimentos tienen derecho 

de pedirla todos los que sean acreedores alimentarios. 

2243.- El donatario responde sólo del cumplimiento de las cartas (sic ¿cargas?) que se le 

imponen con la cosa donada, y no está obligado personalmente con sus bienes. Puede 

sustraerse a la ejecución de las cargas, abandonando la cosa donada; y si ésta perece 

por caso fortuito, queda libre de toda obligación. 

2244.- En cualquier caso de rescisión o revocación del contrato de donación, se 

observará lo dispuesto en los artículos 2237 y 2238. 

2245.- La donación puede ser revocada por ingratitud:

I.- Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del 

donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste; 

II.- Si el donatario rehusa socorrer, según el valor de la donación, al donante que ha 

venido a pobreza. 

2246.- Es aplicable a la revocación por ingratitud, de las donaciones, lo dispuesto en los 

artículos 2236 al 2239. 

2247.- La acción de revocación por causa de ingratitud no puede ser renunciada 

anticipadamente, y prescribe dentro de un año, contado desde que tuvo conocimiento 

del hecho el donador. 

2248.- Esta acción no podrá ejercitarse contra los herederos del donatario, a no ser que 

en vida de éste hubiese sido intentada. 

2249.- Tampoco puede esta acción ejercitarse por los herederos del donante si éste, 

pudiendo, no la hubiese intentado. 

2250.- Las donaciones inoficiosas no serán revocadas ni reducidas, cuando muerto el 

donante, el donatario tome sobre sí la obligación de ministrar los alimentos debidos y la 

garantice conforme a derecho. 

2251.- La reducción de las donaciones comenzará por la última en fecha, que será 

totalmente suprimida si la reducción no bastare a completar los alimentos. 

2252.- Si el importe de la donación menos antigua no alcanzara, se procederá respecto 

de la anterior, en los términos establecidos en el artículo que precede, siguiéndose el 

mismo orden hasta llegar a la más antigua. 

2253.- Habiendo diversas donaciones otorgadas en el mismo acto o en la misma fecha, 

se hará la reducción entre ellas a prorrata. 

2254.- Si la donación consiste en bienes muebles, se tendrá presente para la reducción 

el valor que tenían al tiempo de ser donados. 

2255.- Cuando la donación consiste en bienes raíces que fueren cómodamente divisibles, 

la reducción se hará en especie. 

2256.- Cuando el inmueble no puede ser dividido y el importe de la reducción exceda de 

la mitad del valor de aquél, recibirá el donatario el resto en dinero. 

2257.- Cuando la reducción no exceda de la mitad del valor del inmueble, el donatario 

pagará el resto. 

2258.- Revocada o reducida una donación por inoficiosa, el donatario sólo responderá 

de los frutos desde que fuere demandado.

TITULO QUINTO 

DEL MUTUO 

CAPITULO I 

Del mutuo simple 

2259.- El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la 

propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se 

obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. 

2260.- Si en el contrato no se ha fijado plazo para la devolución de lo prestado, se 

observarán las reglas siguientes: 

I.- Si el mutuatario fuere labrador y el préstamo consistiere en cereales u otros 

productos del campo, la restitución se hará en la siguiente cosecha de los mismos o 

semejantes frutos o productos; 

II.- Lo mismo se observará respecto de los mutuatarios que, no siendo labradores, 

hayan de recibir frutos semejantes por otro título; 

III.- En los demás casos, la obligación de restituir se rige por lo dispuesto en el 


2261.- La entrega de la cosa prestada y la restitución de lo prestado se harán en (el) 

lugar convenido. 

2262.- Cuando no se ha señalado lugar, se observarán las reglas siguientes: 

I.- La cosa prestada se entregará en el lugar donde se encuentre; 

II.- La restitución se hará, si el préstamo consiste en efectos, en el lugar donde se 

recibieron. Si consiste en dinero, en el domicilio del deudor, observándose lo dispuesto 


2263.- Si no fuere posible al mutuatario restituir en género satisfará pagando el valor 

que la cosa prestada tenía en el tiempo y lugar en que se hizo el préstamo, a juicio de 

peritos, si no hubiere estipulación en contrario. 

2264.- Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad 

igual a la recibida conforme a la Ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, 

sin que esta prescripción sea renunciable. Si se pacta que el pago debe hacerse en 

moneda extranjera, la alteración que ésta experimente en valor, será en daño o 

beneficio del mutuatario. 

2265.- El mutuante es responsable de los perjuicios que sufra el mutuatario por la mala 

calidad o vicios ocultos de la cosa prestada, si conoció los defectos y no dio aviso 

oportuno al mutuatario.

2266.- En el caso de haberse pactado que la restitución se hará cuando pueda o tenga 

medios el deudor, se observará lo dispuesto en el artículo 1956. 

2267.- No se declararán nulas las deudas contraídas por el menor para proporcionarse 

los alimentos que necesite, cuando su representante legítimo se encuentre ausente. 

CAPITULO II 

Del mutuo con interés 

2268.- Es permitido estipular interés por el mutuo, ya consista en dinero, ya en géneros. 

2269.- El interés es legal o convencional. 

2270.- El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional es el que 

fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal; pero cuando el 

interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del 

apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el 

juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir 

equitativamente el interés hasta el tipo legal. 

2271.- Si se ha convenido un interés más alto que el legal, el deudor, después de seis 

meses contados desde que se celebró el contrato, puede reembolsar el capital, 

cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al acreedor con dos meses de 

anticipación y pagando los intereses vencidos. 

2272.- Es nulo el convenio por el que las partes estipulen de antemano que los interese 

se capitalicen y que produzcan intereses. 

TITULO SEXTO 

DEL ARRENDAMIENTO 

CAPITULO I 


2273.- Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan 

recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar 

por ese uso o goce un precio cierto. 

2274.- La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en 

cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. 

2275.- Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin 

consumirse; excepto aquéllos que la Ley prohibe arrendar y los derechos estrictamente 

personales.

2276.- El que no fuere dueño de la cosa podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar 

ese contrato, ya en virtud de autorización del dueño, ya por disposición de la Ley. 

2277.- En el primer caso del artículo anterior, la constitución del arrendamiento se 

sujetará a los límites fijados en la autorización; y en el segundo, a los que la Ley haya 

fijado a los administradores de bienes ajenos. 

2278.- No puede arrendar el copropietario de cosa indivisa, sin consentimiento de los 

otros copropietarios. 

2279.- Se prohibe a los magistrados, a los jueces y a cualesquiera otros empleados 

públicos, tomar en arrendamiento, por sí o por interpósita persona, los bienes que 

deban arrendarse en los negocios en que intervengan. 

2280.- Se prohibe a los encargados de los establecimientos públicos y a los funcionarios 

y empleados públicos, tomar en arrendamiento los bienes que con los expresados 

caracteres administren. 

2281.- Los arrendamientos sujetos a registro en los términos del artículo 2883 Fracción 

IV de esté Código podrán consignarse en contrato privado autorizado por el Registrador 

competente para registro. 


2001). 

2282. - Si el predio fuere rústico y la renta anual pasare de dos mil salarios mínimos, el 

contrato se otorgará en escritura pública. 


2001). 

2283.- El contrato de arrendamiento no se rescinde por la muerte del arrendador ni del 

arrendatario, salvo convenio en otro sentido. 

2284.- Si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, por cualquier motivo se 

verificare la transmisión de la propiedad del predio arrendado, el arrendamiento 

subsistirá en los términos del contrato. Respecto al pago de las rentas, el arrendatario 

tendrá obligación de pagar al nuevo propietario la renta estipulada en el contrato, desde 

la fecha en que se le notifique judicialmente, o extrajudicialmente ante notario o ante 

dos testigos, haberse otorgado el correspondiente título de propiedad, aun cuando 

alegue haber pagado al primer propietario; a no ser que el adelanto de rentas aparezca 

expresamente estipulado en el mismo contrato de arrendamiento. 

2285.- Si la transmisión de la propiedad se hiciere por causa de utilidad pública, el 

contrato se rescindirá; pero el arrendador y el arrendatario deberán ser indemnizados 

por el expropiador , conforme a lo que establece la Ley respectiva.

2286.- Los arrendamientos de bienes nacionales, municipales o de establecimientos 

públicos, estarán sujetos a las disposiciones del derecho administrativo, y en lo que no 

lo estuvieren, a las disposiciones de este título. 

CAPITULO II 

De los derechos y obligaciones del arrendador 

2287.- El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso: 

I.- A entregar al arrendatario la finca arrendada, con todas sus pertenencias y en 

estado de servir para el uso convenido; y si no hubo convenio expreso, para aquél a 

que por su misma naturaleza estuviere destinada; 

II.- A conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, 

haciendo para ello todas las reparaciones necesarias; 

III.- A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no 

ser por causa de reparación urgente e indispensable; 

IV.- A garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato; 

V.- A responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o 

vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento. 

2288.- La entrega de la cosa se hará en el tiempo convenido; y si no hubiere convenio, 

luego que el arrendador fuere requerido por el arrendatario. 

2289.- El arrendador no puede, durante el arrendamiento, mudar la forma de la cosa 

arrendada, sino con el consentimiento expreso del arrendatario, ni intervenir en el uso 

legítimo de ella; salvo el caso designado en la fracción III del artículo 2287. 

2290.- El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador, a la 

brevedad posible, la necesidad de las reparaciones, bajo pena de pagar los daños y 

perjuicios que su omisión cause. 

2291.- Si el arrendador no cumpliere con hacer las reparaciones necesarias para el uso a 

que esté destinada la cosa, quedará a elección del arrendatario rescindir el 

arrendamiento u ocurrir al juez para que estreche al arrendador al cumplimiento de su 

obligación, mediante el procedimiento rápido que se establezca en el Código de 


2292.- El juez, según las circunstancias del caso, decidirá sobre el pago de los daños y 

perjuicios que se causen al arrendatario por falta de oportunidad en las reparaciones. 

2293.- Lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2287 no comprende las vías de hecho 

de terceros que no aleguen derechos sobre la cosa arrendada que impidan su uso o 

goce. El arrendatario, en esos casos, sólo tiene acción contra los autores de los hechos, 

y aunque fueren insolventes no tendrá acción contra el arrendador. Tampoco 

comprende los abusos de fuerza.

2294.- El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario, en el más 

breve término posible, toda usurpación o novedad dañosa que otro haya hecho o 

abiertamente prepare en la cosa arrendada, so pena de pagar los daños y perjuicios 

que cause con su omisión. Lo dispuesto en este artículo no priva al arrendatario del 

derecho de defender, como poseedor, la cosa dada en arrendamiento. 

2295.- Si el arrendador fuere vencido en juicio sobre una parte de la cosa arrendada, 

puede el arrendatario reclamar la disminución proporcional en la renta, o la rescisión del 

contrato y el pago de los daños y perjuicios que sufra. 

2296.- El arrendador responde de los vicios o defectos de la cosa arrendada que impidan 

el uso de ella, aunque él no los hubiere conocido o hubiesen sobrevenido en el curso del 

arrendamiento, sin culpa del arrendatario reclamar la disminución proporcional en la 

renta o la rescisión del contrato, salvo que se pruebe que tuvo conocimiento antes de 

celebrar el contrato, de los vicios o defectos de la cosa arrendada. 

2297.- Si al terminar el arrendamiento hubiere algún saldo a favor del arrendatario, el 

arrendador deberá devolverlo inmediatamente a no ser que tenga algún derecho de 

ejercitar contra aquél; en este caso depositará judicialmente el saldo referido. 

2298.- Corresponde al arrendador pagar las mejoras hechas por el arrendatario: 

I.- Si en el contrato o posteriormente, lo autorizó para hacerlas y se obligó a 

pagarlas; 

II.- Si se trata de mejoras útiles y por culpa del arrendador se rescindiese el 

contrato; 

III.- Cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizó al 

arrendatario para que hiciera mejoras y antes de que transcurra el tiempo necesario 

para que el arrendatario quede compensado con el uso de las mejoras de los gastos 

que hizo, da el arrendador por concluido el arrendamiento. 

2299.- Las mejoras a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior, deberán 

ser pagadas por el arrendador, no obstante que en el contrato se hubiese estipulado 

que las mejoras quedasen a beneficio de la cosa arrendada. 

CAPITULO III 

De los derechos y obligaciones del arrendatario 

2300.- El arrendatario está obligado: 

I.- A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos; 

II.- A responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o 

negligencia; la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios; 

III.- A servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza 

y destino de ella.

2301.- El arrendatario no está obligado a pagar la renta sino desde el día en que se 

reciba la cosa arrendada salvo pacto en contrario. 

2302.- La renta será pagada en el lugar convenido, y a falta de convenio, en la casa, 

habitación o despacho del arrendatario. 

2303.- Lo dispuesto en el artículo 2297 respecto del arrendador, regirá en su caso 

respecto del arrendatario. 

2304.- El arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día en que 

entregue la cosa arrendada. 

2305.- Si el precio del arrendamiento debiera pagarse en frutos y el arrendatario no los 

entregare en el tiempo debido, está obligado a pagar en dinero el mayor precio que 

tuviere los frutos dentro del tiempo convenido. 

2306.- Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de 

la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si éste dura 

más de dos meses podrá pedir la rescisión del contrato. 

2307.- Si sólo se impide en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir la 

reducción parcial de la renta, a juicio de peritos, a no ser que las partes opten por la 

rescisión del contrato, si el impedimento dura el tiempo fijado en el artículo anterior. 

2308.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es renunciable. 

2309.- Si la privación del uso proviene de la evicción del precio, se observará lo 

dispuesto en el artículo 2306 y si el arrendador procedió con mala fe, responderá 

también de los daños y perjuicios. 

2310.- El arrendatario es responsable del incendio, a no ser que provenga de caso 

fortuito, fuerza mayor o vicio de construcción. 

2311.- El arrendatario no responde del incendio que se haya comunicado de otra parte, 

si tomó las precauciones necesarias para evitar que el fuego se propagara. 

2312.- Cuando son varios los arrendatarios y no se sabe dónde comenzó el incendio, 

todos son responsables proporcionalmente a la renta que paguen, y si el arrendador 

ocupa parte de la finca, también responderá proporcionalmente a la renta que a esa 

parte fijen peritos. Si se prueba que el incendio comenzó en la habitación de uno de los 

inquilinos, solamente éste será el responsable. 

2313.- Si alguno de los arrendatarios prueba que el fuego no comenzó en la parte que 

ocupa, quedará libre de responsabilidad.

2314.- La responsabilidad en los casos de que tratan los artículos anteriores, comprende 

no solamente el pago de los daños y perjuicios sufridos por el propietario, sino el de los 

que se hayan causado a otras personas, siempre que provengan directamente del 

incendio. 

2315.- El arrendatario que va a establecer en la finca arrendada una industria peligrosa, 

tiene obligación de asegurar dicha finca contra el riesgo probable que origine el ejercicio 

de esa industria. 

2316.- El arrendatario no puede, sin consentimiento expreso del arrendador, variar la 

forma de la cosa arrendada; y si lo hace debe, cuando la devuelva, restablecerla al 

estado en que la reciba, siendo además, responsable de los daños y perjuicios. 

2317.- Si el arrendatario ha recibido la finca con expresa descripción de las partes de 

que se compone, debe devolverla, al concluir el arrendamiento, tal como la recibió, 

salvo lo que hubiere perecido o se hubiere menoscabado por el tiempo o por causa 

inevitable. 

2318.- La Ley presume que el arrendatario que admitió la cosa arrendada sin la 

descripción expresada en el artículo anterior, la recibió en buen estado, salvo la prueba 

en contrario. 

2319.- El arrendatario debe hacer las reparaciones de aquellos deterioros de poca 

importancia, que regularmente son causados por las personas que habitan el edificio. 

2320.- El arrendatario que por causa de reparaciones pierda el uso total o parcial de la 

cosa, tiene derecho a no pagar el precio del arrendamiento, a pedir la reducción de ese 

precio o a la rescisión del contrato, si la pérdida del uso dura más de dos meses, en sus 

respectivos casos. 

2321.- Si la misma cosa se ha dado en arrendamiento separadamente a dos o más 

personas y por el mismo tiempo, prevalecerá el arrendamiento primero en fecha; si no 

fuere posible verificar la prioridad de ésta, valdrá el arrendamiento del que tiene en su 

poder la cosa arrendada. 

Si el arrendamiento debe ser inscrito en el Registro, sólo vale el inscrito. 

2322.- En los arrendamientos que han durado más de cinco años y cuando el 

arrendatario ha dejado mejoras de importancia en la finca arrendada, tiene éste 

derecho si está al corriente en el pago de la renta, a que, en igualdad de condiciones, 

se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrendamiento de la finca. También gozará 

del derecho del tanto si el propietario quiere vender la finca arrendada, aplicándose en 

lo conducente lo dispuesto en los artículos 2178 y 2179. 

CAPITULO IV 

Del arrendamiento de fincas urbanas

2323.- No podrá darse en arrendamiento un local que no reúna las condiciones de 

higiene y salubridad exigidas por las leyes y reglamentos respectivos. 

2324.- El arrendador que no haga las obras que ordene la autoridad correspondiente 

con apoyo de esas leyes, como necesarias para que el local sea habitable e higiénico, es 

responsable de los daños y perjuicios que los inquilinos sufran por esta causa. 

Cuando las obras a que se refiere el párrafo anterior sean de urgente ejecución, a juicio 

de la autoridad correspondiente, podrán hacerlas los inquilinos, en cuyo caso tendrán 

derecho de exigir al arrendador el pago del importe de aquéllas. 

2325.- El propietario no puede rehusar como fiador a una persona que reúna los 

requisitos exigidos por la Ley para que sea fiador. 

Si la renta mensual no excede de treinta salarios mínimos, es potestativo para el 

arrendatario dar fianza o substituir esa garantía con el depósito de un mes de renta. 


2001). 

2326. - No puede renunciarse anticipadamente el derecho de cobrar la indemnización 

que concede el artículo 2324. 

2327.- La renta debe pagarse en los plazos convenidos; y, a falta de convenio, por 

meses vencidos. 

2328.- Los arrendamientos de fincas urbanas para habitación son de interés público. 

2329.- El total de las rentas de las fincas a que se refiere el artículo anterior, no podrá 

exceder del 12% anual sobre el valor catastral de las mismas. 

2330.- Los propietarios o inquilinos que estimen que el valor registrado no es el que le 

corresponde a la finca objeto del arrendamiento, podrán ocurrir ante la oficina catastral 

correspondiente, o en su defecto, ante la Tesorería General del Estado, solicitando la 

revaluación de aquélla, a efecto de que, con la resolución que se dicte sobre el 

particular se ajusten las rentas a los términos del artículo que precede. 

2331.- El propietario de fincas urbanas destinadas a habitación, si no las ocupa, tiene 

obligación de darlas en arrendamiento a quien las solicite. 

2332.- El que pretenda tomar en arrendamiento casas o viviendas para habitación, si por 

cualquiera circunstancia no se pusiere de acuerdo con el propietario de aquéllas para la 

celebración del contrato respectivo, podrá demandar del juez correspondiente la 

declaración de interés público en el arrendamiento que solicite. 

El procedimiento se ajustará a las reglas que para los juicios sumarios prescribe el 

Código de la materia. 

2333.- Al causar ejecutoria la declaración de interés público, se prevendrá al propietario 

de la casa o vivienda para que en un plazo de cinco días otorgue el contrato respectivo,

apercibiéndolo de que en su rebeldía lo hará el juez del conocimiento y pondrá al 

arrendatario en posesión de la casa o vivienda. 

CAPITULO V 

Del arrendamiento de las fincas rústicas 

2334.- El propietario de un predio rústico debe cultivarlo, sin perjuicio de dejarlo 

descansar el tiempo que sea necesario para que no se agote su fertilidad. Si no lo 

cultiva, tiene obligación de darlo en arrendamiento o en aparcería, de acuerdo con lo 

dispuesto en las leyes respectivas. 

2335.- La renta debe pagarse en los plazos convenidos, y a falta de convenio, por 

semestres vencidos. 

2336.- El arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la 

tierra arrendada o por pérdida de los frutos provenientes de casos fortuitos ordinarios; 

pero sí en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos, por casos fortuitos 

extraordinarios. 

Entiéndese por casos fortuitos extraordinarios: el incendio, guerra, peste, inundación 

insólita, langosta, terremoto u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y que 

los contratantes no hayan podido razonablemente prever. 

En estos casos el precio del arrendamiento se rebajará proporcionalmente al monto de 

las pérdidas sufridas. 

Las disposiciones de este artículo no son renunciables. 

2337.- En el arrendamiento de predios rústicos por plazo determinado, debe el 

arrendatario, en el último año que permanezca en el fundo, permitir a su sucesor o al 

dueño, en su caso, el barbecho de las tierras que tenga desocupadas y en las que él no 

puede verificar la nueva siembra, así como el uso de los edificios y demás medios que 

fueren necesarios para las labores preparatorias del año siguiente. 

2338.- El permiso a que se refiere el artículo que precede, no será obligatorio sino en el 

período y por el tiempo rigurosamente indispensable, conforme a las costumbres 

locales, salvo convenio en contrario. 

2339.- Terminado el arrendamiento, tendrá a su vez el arrendatario saliente, derecho 

para usar de las tierras y edificios por el tiempo absolutamente indispensable para la 

recolección y aprovechamiento de los frutos pendientes al terminar el contrato. 

CAPITULO VI 

Del arrendamiento de bienes muebles 

2340.- Son aplicables al arrendamiento de bienes muebles las disposiciones de este 

título que sean compatibles con la naturaleza de esos bienes.

2341.- Si en el contrato no se hubiere fijado plazo, ni se hubiese expresado el uso a que 

la cosa se destina, el arrendatario será libre para devolverla cuando quiera, y el 

arrendador no podrá pedirla sino después de cinco días de celebrado el contrato. 

2342.- Si la cosa se arrendó por años, meses, semanas o días, la renta se pagará al 

vencimiento de cada uno de esos términos salvo convenio en contrario. 

2343.- Si el contrato se celebra por un término fijo, la renta se pagará al vencerse el 

plazo, salvo convenio en contrario. 

2344.- Si el arrendatario devuelve la cosa antes del tiempo convenido, cuando se ajuste 

por un solo precio, está obligado a pagarlo íntegro; pero si el arrendamiento se ajusta 

por períodos de tiempo, sólo está obligado a pagar los períodos corridos hasta la 

entrega. 

2345.- El arrendatario está obligado a pagar la totalidad del precio, cuando se hizo el 

arrendamiento por tiempo fijo y los períodos sólo se pusieron como plazos para el 

pago. 

2346.- Si se arriendan un edificio o aposentos amueblados, se entenderá que el 

arrendamiento de los muebles es por el mismo tiempo que el del edificio, o aposento, a 

menos de estipulación en contrario. 

2347.- Cuando los muebles se alquilaren con separación del edificio, su alquiler se regirá 

por lo dispuesto en este capítulo. 

2348.- El arrendatario está obligado a hacer las pequeñas reparaciones que exija el uso 

de la cosa dada en arrendamiento. 

2349.- La pérdida o deterioro de la cosa alquilada, se presume siempre a cargo del 

arrendatario, a menos que él pruebe que sobrevino sin culpa suya, en cuyo caso será a 

cargo del arrendador. 

2350.- Aun cuando la pérdida o deterioro sobrevenga por caso fortuito, serán a cargo 

del arrendatario, si éste usó la cosa de un modo no conforme con el contrato, y sin 

cuyo uso no habría sobrevenido el caso fortuito. 

2351.- El arrendatario está obligado a dar de comer y beber al animal durante el tiempo 

en que lo tiene en su poder, de modo que no se desmejore, y a curarle las 

enfermedades ligeras, sin poder cobrar nada al dueño. 

2352.- Los frutos del animal alquilado pertenecen al dueño, salvo convenio en contrario. 

2353.- En caso de muerte de algún animal alquilado, sus despojos serán entregados por 

el arrendatario al dueño, si son de alguna utilidad y es posible el transporte.

2354.- Cuando se arrienden dos o más animales que forman un todo, como una yunta o 

un tiro, y uno de ellos se inutiliza, se rescinde el arrendamiento, a no ser que el dueño 

quiera dar otro que forme un todo con el que sobrevivió. 

2355.- El que contrate uno o más animales especificados individualmente, que antes de 

ser entregados al arrendatario se inutilizaren sin culpa del arrendador, quedará 

enteramente libre de la obligación si ha avisado al arrendatario inmediatamente 

después que se inutilizó el animal; pero si éste se ha inutilizado por culpa del 

arrendador o si no se ha dado el aviso, estará sujeto al pago de daños y perjuicios, o a 

reemplazar el animal, a elección del arrendatario. 

2356.- En el caso del artículo anterior, si en el contrato de alquiler no se trató de 

animales individualmente determinados, sino de un género y número determinados, el 

arrendador está obligado a los daños y perjuicios, siempre que se falte a la entrega. 

2357.- Si en el arrendamiento de un predio rústico se incluyere el ganado de labranza o 

de cría existente en él, el arrendatario tendrá, respecto del ganado, los mismos 

derechos y obligaciones que el usufructuario, pero no está obligado a dar fianza. 

2358.- Lo dispuesto en el artículo 2346, es aplicable a los aperos de finca arrendada. 

CAPITULO VII 

Disposiciones especiales respecto de los 

arrendamientos por tiempo indeterminado 

2359.- Todos los arrendamientos, sean de predios rústicos o urbanos, que no se hayan 

celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán a voluntad de cualquiera 

de las partes contratantes, previo aviso a la otra parte dado en forma indubitable con 

dos meses de anticipación si el predio es urbano, y con un año si es rústico. 

2360.- Dado el aviso a que se refiere el artículo anterior, el arrendatario del predio 

urbano está obligado a poner cédulas y a mostrar el interior de la casa a los que 

pretendan verla. Respecto de los predios rústicos, se observará lo dispuesto en los 

artículos 2337, 2338 y 2339. 

CAPITULO VIII 

Del subarriendo 

2361.- El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo, ni en parte, ni 

ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador, si lo hiciere, responderá 

solidariamente con el subarrendatario, de los daños y perjuicios. 

2362.- Si el subarriendo se hiciere en virtud de la autorización general concedida en el 

contrato, el arrendatario será responsable del (sic ¿al?) arrendador, como si él mismo 

continuara en el uso o goce de la cosa.

2363.- Si el arrendador aprueba expresamente el contrato especial de subarriendo, el 

subarrendatario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones del arrendatario, 

a no ser que por convenio se acuerde otra cosa. 

CAPITULO IX 

Del modo de terminar el arrendamiento 

2364.- El arrendamiento puede terminar: 

I.- Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por la Ley; o por estar 

satisfecho el objeto para que la cosa fue arrendada; 

II.- Por convenio expreso; 

III.- Por nulidad; 

IV.- Por rescisión; 

V.- Por confusión; 

VI.- Por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por caso fortuito o fuerza 

mayor; 

VII.- Por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública; 

VIII.- Por evicción de la cosa dada en arrendamiento. 

2365.- Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye en el día 

prefijado sin necesidad de desahucio. Si no se ha señalado tiempo, se observará lo que 

disponen los artículos 2359 y 

2360. 

2366.- Vencido al (sic ¿el?) contrato de arrendamiento, tendrá derecho el arrendatario, 

siempre que esté al corriente en el pago de las rentas, a que se le prorrogue el contrato 

hasta por un año. 

Quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de arrendamiento, los 

propietarios que justifiquen su necesidad de habitar la casa o de cultivar la finca cuyo 

arrendamiento ha vencido. 

2367.- Si después de terminado el arrendamiento y su prórroga, si la hubo, continúa el 

arrendatario sin oposición en el goce y uso del predio, y éste es rústico, se entenderá 

renovado el contrato por otro año. 

2368.- En el caso del artículo anterior, si el predio fuere urbano, el arrendamiento 

continuará por tiempo indefinido; y el arrendatario deberá pagar la renta que 

corresponda al tiempo que exceda al del contrato, con arreglo a lo que pagaba. 

2369.- Cuando haya prórroga en el contrato de arrendamiento, y en los casos de que 

hablan los dos artículos anteriores, cesan las obligaciones otorgadas por un tercero para 

la seguridad del arrendamiento, salvo convenio en contrario. 

2370.- El arrendador puede exigir la rescisión del contrato: 

I.- Por la falta de pago de la renta en los términos prevenidos en los artículos 2327 y 

2329;

II.- Por usarse la cosa en contravención a lo dispuesto en la fracción III del artículo 

2300; 

III.- Por el subarriendo de la cosa en contravención a lo dispuesto en al artículo 2361. 

2371.- En los casos del artículo 2320 el arrendatario podrá rescindir el contrato cuando 

la pérdida del uso fuere total, y aun cuando fuere parcial si la reparación durare más de 

dos meses. 

2372.- Si el arrendatario no hiciere uso del derecho que para rescindir el contrato le 

concede el artículo anterior, hecha la reparación continuará en el uso de la cosa, 

pagando la misma renta hasta que termine el plazo del arrendamiento. 

2373.- Si el arrendador, sin motivo fundado, se opone al subarriendo que con derecho 

pretende hacer el arrendatario, podrá éste pedir la rescisión del contrato. 

2374.- Si el usufructuario no manifestó su calidad de tal al hacer el arrendamiento, y por 

haberse consolidado la propiedad con el usufructo, exige el propietario la desocupación 

de la finca, tiene el arrendatario derecho para demandar al arrendador la indemnización 

de daños y perjuicios. 

2375.- En el caso del artículo anterior se observará lo que dispone el artículo 2367 si el 

predio fuere rústico, y si fuere urbano, lo que previene el artículo 2368. 

2376.- Si el predio dado en arrendamiento fuere enajenado judicialmente, el contrato de 

arrendamiento subsistirá , a menos que aparezca que se celebró dentro de los sesenta 

días anteriores al secuestro de la finca, en cuyo caso el arrendamiento podrá darse por 

concluido. 

2377.- En los casos de expropiación y de ejecución judicial, se observará lo dispuesto en 



Del comodato 

2378.- El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a 

conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible , y el otro contratante a 

restituirla individualmente . 

2379.- Cuando el préstamo tuviere por objeto cosas consumibles, sólo será comodato si 

ellas fuesen prestadas como no fungibles, es decir, para ser restituidas idénticamente. 

2380.- Los tutores, curadores y en general todos los administradores de bienes ajenos, 

no podrán dar en comodato, sin autorización especial, los bienes confiados a su guarda. 

2381.- Sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso 

de la cosa entregada en comodato.

2382.- El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos de (sic frutos y?) accesiones 

de (sic ¿de la?) cosa prestada . 

2383.- El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación de la 

cosa, y es responsable de todo deterioro que ella sufra por su culpa. 

2384.- Si el deterioro es tal que la cosa no sea susceptible de emplearse en su uso 

ordinario, podrá el comodante exigir el valor anterior de ella, abandonando su 

propiedad al comodatario. 

2385.- El comodatario responde de la pérdida de la cosa si la emplea en uso diverso o 

por más tiempo del convenido, aun cuando aquélla sobrevenga por caso fortuito. 

2386.- Si la cosa perece por caso fortuito, de que el comodatario haya podido 

garantizarla empleando la suya propia, o si no pudiendo conservar más que una de las 

dos, ha preferido la suya, responde de la pérdida de la otra. 

2387.- Si la cosa ha sido estimada al prestarla, su pérdida, aun cuando sobrevenga por 

caso fortuito, es de cuenta del comodatario, quien deberá entregar el precio, si no hay 

convenio expreso en contrario. 

2388.- Si la cosa se deteriora por el solo efecto del uso para que fue prestada, y sin 

culpa del comodatario, no es éste responsable del deterioro. 

2389.- El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos ordinarios 

que se necesiten para el uso y la conservación de la cosa prestada. 

2390.- Tampoco tiene derecho el comodatario para retener la cosa a pretexto de lo que 

por expensas o por cualquier otra cosa le deba el dueño. 

2391.- Siendo dos o más los comodatarios están sujetos solidariamente a las mismas 

obligaciones. 

2392.- Si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el comodante podrá 

exigir la cosa cuando le pareciere. En este caso, la prueba de haber convenido uso o 

plazo, incumbe al comodatario. 

2393.- El comodante podrá exigir la devolución de la cosa antes de que termine el plazo 

o uso convenidos, sobreviniéndole necesidad urgente de ella, probando que hay peligro 

de que ésta perezca si continúa en poder del comodatario, o si éste ha autorizado a un 

tercero a servirse de la cosa sin consentimiento del comodante. 

2394.- Si durante el préstamo el comodatario ha tenido que hacer, para la conservación 

de la cosa, algún gasto extraordinario y de tal manera urgente que no haya podido dar 

aviso de él al comodante, éste tendrá obligación de reembolsarlo.

2395.- Cuando la cosa prestada tiene defectos tales que causen perjuicios al que se 

sirva de ella, el comodante es responsable de éstos si conocía los defectos y no dio 

aviso oportuno al comodatario. 

2396.- El comodato termina por la muerte del comodatario. 

TITULO OCTAVO 

DEL DEPOSITO Y DEL SECUESTRO 

CAPITULO I 

Del Depósito 

2397.- El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante 

a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquél le confía, y a guardarla para restituirla 

cuando la pida el depositante. 

2398.- Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el 

depósito, la cual se arreglará en los términos del contrato y, en su defecto, a los usos 

del lugar en que se constituye el depósito. 

2399.- Los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que devenguen 

intereses, quedan obligados a realizar el cobro de éstos en las épocas de vencimiento, 

así como también a practicar cuantos actos sean necesarios para que los efectos 

depositados conserven el valor y los derechos que les correspondan con arreglo a las 

leyes 

2400.- La incapacidad de uno de los contratantes no exime al otro de las obligaciones a 

que están sujetos el que deposita y el depositario. 

2401.- El incapaz que acepte el depósito, puede, si se le demanda por daños y 

perjuicios, oponer como excepción la nulidad del contrato; mas no podrá eximirse de 

restituir la cosa depositada, si se conserva aún en su poder, o el provecho que hubiere 

recibido de su enajenación. 

2402.- Cuando la incapacidad no fuere absoluta, podrá el depositario ser condenado al 

pago de daños y perjuicios, si hubiere procedido con dolo o mala fe. 

2403.- El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito, según la 

reciba y a devolverla cuando el depositante la pida, aunque al constituirse el depósito se 

hubiere fijado plazo y éste no hubiere llegado. 

En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y 

perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia, o negligencia.

2404.- Si después de constituido el depósito tiene conocimiento el depositario de que la 

cosa es robada y de quién es el verdadero dueño, debe dar aviso a éste o a la autoridad 

competente, con la reserva debida. 

2405.- Si dentro de ocho días no se le manda judicialmente retener o entregar la cosa, 

puede devolverla al que la depositó, sin que por ello quede sujeto a responsabilidad 

alguna. 

2406.- Siendo varios los que den una sola cosa o cantidad en depósito, no podrá el 

depositario entregarla sino con previo consentimiento de la mayoría de los depositantes, 

computada por cantidades y no por personas, a no ser que al constituirse el depósito se 

haya convenido que la entrega se haga a cualquiera de los depositantes. 

2407.- El depositario entregará a cada depositante una parte de la cosa, si al 

constituirse el depósito se señaló la que a cada uno correspondía. 

2408.- Si no hubiere lugar designado para la entrega del depósito, la devolución se hará 

en el lugar donde se halla la cosa depositada. Los gastos de entrega serán de cuenta 

del depositante. 

2409.- El depositario no está obligado a entregar la cosa cuando judicialmente se haya 

mandado retener o embargar. 

2410.- El depositario puede, por justa causa, devolver la cosa antes del plazo convenido. 

2411.- Cuando el depositario descubra o pruebe que es suya la cosa depositada, y el 

depositante insista en sostener sus derechos, deberá ocurrir al juez pidiéndole orden 

para detenerla o para depositarla judicialmente. 

2412.- Cuando no se ha estipulado tiempo, el depositario puede devolver el depósito al 

depositante cuando quiera, siempre que le avise con una prudente anticipación, si se 

necesita preparar algo para la guarda de la cosa. 

2413.- El depositante está obligado a indemnizar al depositario de todos los gastos que 

hayan hecho en la conservación del depósito y de los perjuicios que por él haya sufrido. 

2414.- El depositario no puede retener la cosa, aun cuando al pedírsela no haya recibido 

el importe de las expensas a que se refiere el artículo anterior; pero sí podrá, en este 

caso, si el pago no se le asegura, pedir judicialmente la retención del depósito. 

2415.- Tampoco puede retener la cosa como prenda que garantice otro crédito que 

tenga contra el depositante. 

2416.- Los dueños de establecimientos en donde se reciban huéspedes, son 

responsables del deterioro, destrucción o pérdida de los efectos introducidos en el 

establecimiento con su consentimiento o el de sus empleados autorizados, por las

personas que allí se alojen; a menos que prueben que el daño sufrido es imputable a 

estas personas, a sus acompañantes, a sus servidores o a los que los visiten, o que 

proviene de caso fortuito, fuerza mayor o vicios de los mismos efectos. 

La responsabilidad de que habla este artículo, no excederá de la suma de ciento 

cincuenta salarios mínimos. 


2001). 

2417.- Para que los dueños de establecimientos donde se reciban huéspedes sean 

responsables del dinero, valores u objetos de precio notoriamente elevado que 

introduzcan en esos establecimientos las personas que allí se alojen, es necesario que 

sean entregados en depósito a ellos o a sus empleados debidamente autorizados. 

2418.- El posadero no se exime de la responsabilidad que le imponen los dos artículos 

anteriores por avisos que ponga en su establecimiento para eludirla. Cualquier pacto 

que celebre, limitando o modificando esa responsabilidad, será nulo. 

2419.- Las fondas, cafés, casas de baño y otros establecimientos semejantes, no 

responden de los efectos que introduzcan los parroquianos, a menos que los pongan 

bajo el cuidado de los empleados del establecimiento. 

CAPITULO II 

Del secuestro 

2420.- El secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero, hasta 

que se decida a quién debe entregarse. 

2421.- El secuestro es convencional o judicial. 

2422.- El secuestro convencional se verifica cuando los litigantes depositan la cosa 

litigiosa en poder de un tercero que se obliga a entregarla, concluido el pleito, al que 

conforme a la sentencia tenga derecho a ella. 

2423.- El encargado del secuestro convencional no puede libertarse de él antes de la 

terminación del pleito, sino consintiendo en ello todas las partes interesadas, o por una 

causa que el juez declare legítima. 

2424.- Fuera de las excepciones acabadas de mencionar, rigen para el secuestro 

convencional las mismas disposiciones que para el depósito. 

2425.- Secuestro judicial es el que se constituye por decreto del juez. 

2426.- El secuestro judicial se rige por las disposiciones del Código de Procedimientos 

Civiles y, en su defecto, por las mismas del secuestro convencional. 

TITULO NOVENO

DEL MANDATO 

CAPITULO I 


2427.- El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por 

cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. 

2428.- El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. 

El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es 

conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, por el solo 

hecho de que no lo rehusen dentro de los tres días siguientes. 

La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución 

de un mandato. 

2429.- Pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos para los que la Ley no 

exige la intervención personal del interesado. 

2430.- Solamente será gratuito el mandato cuando así se haya convenido expresamente. 

2431.- El mandato puede ser escrito o verbal. 

2432.- El mandato escrito puede otorgarse: 

I.- En escritura pública; 

II.- En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas 

ante Notario Público, Juez de Primera Instancia, o Alcaldes; o ante el correspondiente 

funcionario o empleado administrativo, cuando el mandato se otorgue para asuntos 

administrativos; 

III.- En carta poder sin ratificación de firmas. 

2433.- El mandato verbal es el otorgado de palabra entre presentes, hayan o no 

intervenido testigos. Cuando el mandato haya sido verbal debe ratificarse por escrito 

antes de que concluya el negocio para que se dio. 

2434.- El mandato puede ser general o especial. Son generales los contenidos en los 

tres primeros párrafos del artículo 2435. Cualquiera otro mandato tendrá el carácter de 

especial. 

2435.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que 

se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula 

especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. 

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese 

carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese 

carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo 

a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. 

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los 

apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. 

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. 

2436.- El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada antes 

dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los jueces 

o autoridades administrativas correspondientes: 

I.- Cuando sea general; 

II.- Cuando el interés del negocio para que se confiere llegue a trescientos cincuenta 

salarios mínimos o exceda de esa cantidad; 

III.- Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre del mandante, 

algún acto que conforme a la Ley debe constar en instrumento público. 


2001). 

2437.- El mandato podrá otorgarse en escrito privado, firmado ante dos testigos, sin que 

sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para que 

se confiere exceda de diez, y no llegue a ciento cincuenta salarios mínimos. 


2001). 


2001). 

2438.- La omisión de los requisitos establecidos en los artículos que preceden, anula el 

mandato, y sólo deja subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que haya 

procedido de buena fe y el mandatario, como si éste, hubiese obrado en negocio 

propio. 

2439.- Si el mandante, el mandatario y el que haya tratado con éste, proceden de mala 

fe, ninguno de ellos tendrá derecho de hacer valer la falta de forma del mandato. 

2440.- En el caso del artículo 2438, podrá el mandante exigir del mandatario la 

devolución de las sumas que le haya entregado, y respecto de las cuales será 

considerado el último como simple depositario. 

2441.- El mandatario, salvo convenio celebrado entre él y el mandante podrá 

desempeñar el mandato tratando en su propio nombre o en el del mandante. 

2442.- Cuando el mandatario obre en su propio nombre, el mandante no tiene acción 

contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra 

el mandante.

En este caso, el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con 

quien ha contratado, como si el asunto fuere personal suyo. Exceptúase el caso en que 

se trata de cosas propias del mandante. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones entre mandante y 

mandatario. 

CAPITULO II 

De las obligaciones del mandatario con respecto al mandante 

2443.- El mandatario, en el desempeño de su encargo, se sujetará a las instrucciones 

recibidas del mandante, y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas 

del mismo. 

2444.- En lo no previsto y prescrito expresamente por el mandante, deberá el 

mandatario consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio. Si no fuere 

posible la consulta y estuviere el mandatario autorizado para obrar a su arbitrio, hará lo 

que la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio. 

2445.- Si un accidente imprevisto hiciere, a juicio del mandatario, perjudicial la ejecución 

de las instrucciones recibidas, podrá suspender el cumplimiento del mandato 

comunicándolo así al mandante por el medio más rápido posible. 

2446.- En las operaciones hechas por el mandatario, con violación o con exceso del 

encargo recibido, además de la indemnización a favor del mandante, de daños y 

perjuicios, quedará a opción de éste ratificarlas o dejarlas a cargo del mandatario. 

2447.- El mandatario está obligado a dar oportunamente noticia al mandante, de todos 

los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el encargo. 

Asimismo, debe dársela sin demora de la ejecución de dicho encargo. 

2448.- El mandatario no puede compensar los perjuicios que cause con los provechos 

que por otro motivo haya procurado el (sic ¿al?) mandante. 

2449.- El mandatario que se exceda de sus facultades, es responsable de los daños y 

perjuicios que cause el mandante y al tercero con quien contrató, si éste ignoraba que 

aquél traspasaba los límites del mandato. 

2450.- El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su 

administración, conforme al convenio, si lo hubiere; no habiéndolo, cuando el mandante 

lo pida, y en todo caso al fin del contrato. 

2451.- El mandatario tiene obligación de entregar al mandante todo lo que haya recibido 

en virtud del poder. 

2452.- Lo dispuesto en el artículo anterior, se observará aun cuando lo que el 

mandatario recibió no fuere debido al mandante.

2453.- El mandatario debe pagar los intereses de las sumas que pertenezcan al 

mandante, y que haya distraído de su objeto o invertido en provecho propio, desde la 

fecha de inversión; así como los de las cantidades en que resulte alcanzado, desde la 

fecha en que se constituyó en mora. 

2454.- Si se confiere un mandato a diversas personas respecto de un mismo negocio, 

aunque sea en un solo acto, no quedarán solidariamente obligados si no se convino así 

expresamente. 

2455.- El mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si 

tiene facultades expresas para ello. 

2456.- Si se le designó la persona del sustituto, no podrá nombrar a otro; si no se le 

designó persona, podrá nombrar a la que quiera, en este último caso solamente será 

responsable cuando la persona elegida fuere de mala fe o se hallare en notoria 

insolvencia. 

2457.- El sustituto tiene para con el mandante los mismos derechos y obligaciones que 

el mandatario. 

CAPITULO III 

De las obligaciones del mandante con 

relación al mandatario 

2458.- El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades 

necesarias para la ejecución del mandato. 

Si el mandatario las hubiere anticipado, debe reembolsarlas el mandante aunque el 

negocio no haya salido bien, con tal que esté exento de culpa el mandatario. 

El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada a contar desde el día 

en que se hizo el anticipo. 

2459.- Debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y 

perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato, sin culpa ni imprudencia 

del mismo mandatario. 

2460.- Si muchas personas hubiesen nombrado a un solo mandatario para algún 

negocio común, le quedan obligados solidariamente para todos los efectos del mandato. 

CAPITULO IV 

De las obligaciones y derechos del mandante 

y del mandatario con relación a tercero 

2461.- El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya 

contraído dentro de los límites del mandato.

2462.- El mandatario no tendrá acción para exigir el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas a nombre del mandante, a no ser que esta facultad se haya incluido también 

en el poder. 

2463.- Los actos que el mandatario practique a nombre del mandante, pero traspasando 

los límites expresos del mandato, serán nulos, con relación al mismo mandante, si no 

los ratifica tácita o expresamente. 

2464.- El tercero que hubiere contratado con el mandatario que se excedió en sus 

facultades, no tendrá acción contra éste, si le hubiere dado a conocer cuáles fueron 

aquéllas y no se hubiere obligado personalmente por el mandante. 

CAPITULO V 

Del mandato judicial 

2465.- No pueden ser procuradores en juicio: 

I.- Los incapacitados; 

II.- Los jueces, magistrados y demás funcionarios y empleados de la administración 

de justicia, en ejercicio, dentro de los límites de su jurisdicción; 

III.- Los empleados de la Hacienda Pública, en cualquiera causa en que puedan 

intervenir de oficio, dentro de los límites de sus respectivos distritos. 

2466.- El mandato judicial será otorgado en escritura pública, o en escrito presentado y 

ratificado por el otorgante ante el juez de los autos. Si el juez no conoce al otorgante, 

exigirá testigos de identificación. 

La substitución del mandato judicial se hará en la misma forma que su otorgamiento. 

2467.- El procurador no necesita poder o cláusula especial sino en los casos siguientes: 

I.- Para desistirse; 

II.- Para transigir; 

III.- Para comprometer en árbitros; 

IV.- Para absolver y articular posiciones; 

V.- Para hacer cesión de bienes; 

VI.- Para recusar; 

VII.- Para recibir pagos; 

VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley. 

Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas de las facultades 

acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 

2435. 

2468.- El procurador, aceptado el poder, está obligado: 

I.- A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su encargo 

por alguna de las causas expresadas en el artículo 2475; 

II.- A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de 

que el mandante se los reembolse;

III.- A practicar, bajo la responsabilidad que este Código impone al mandatario, 

cuanto sea necesario para la defensa de su poderdante, arreglándose al efecto a las 

instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la naturaleza e 

índole del litigio. 

2469.- El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes, no puede 

admitir el del contrario, en el mismo juicio, aunque renuncie el primero. 

2470.- El procurador o abogado que revele los secretos de su poderdante o cliente, o 

suministre documentos o datos que lo perjudiquen, será responsable de todos los daños 

y perjuicios, quedando, además sujeto a lo que para estos casos dispone el Código 

Penal. 

2471.- El procurador que tuviere justo impedimento para desempeñar su encargo, no 

podrá abandonarlo sin sustituir el mandato, teniendo facultades para ello o sin avisar a 

su mandante, para que nombre a otra persona. 

2472.- La representación del procurador, cesa además de los casos expresados en el 

artículo 2475: 

I.- Por separarse el poderdante de la acción u oposición que haya formulado; 

II.- Por haber terminado la personalidad del poderdante; 

III.- Por haber trasmitido el mandante a otro sus derechos sobre la cosa litigiosa, 

luego que la transmisión o cesión sea debidamente notificada y se haga constar en 

autos; 

IV.- Por hacer el dueño del negocio alguna gestión en el juicio manifestando que 

revoca el mandato; 

V.- Por nombrar el mandante otro procurador para el mismo negocio. 

2473.- El procurador que ha sustituido un poder, puede revocar la sustitución si tiene 

facultades para hacerlo, rigiendo también en este caso, respecto del sustituto, lo 

dispuesto en la fracción IV del artículo anterior. 

2474.- La parte puede ratificar antes de la sentencia que cause ejecutoria, lo que el 

procurador hubiere hecho excediéndose del poder. 

CAPITULO VI 

De los diversos modos de terminar 

el mandato 

2475.- El mandato termina: 

I.- Por la revocación; 

II.- Por la renuncia del mandatario; 

III.- Por la muerte del mandante o del mandatario; 

IV.- Por la interdicción de uno u otro;

V.- Por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fue 

concedido; 

VI.- En los casos previstos por los artículos 682, 683 y 684. 

2476.- El mandante puede revocar el mandato cuando y como le parezca; menos en 

aquellos casos en que su otorgamiento se hubiere estipulado como una condición en un 

contrato bilateral, o como un medio para cumplir una obligación contraída. 

En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar el poder. 

La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno, debe indemnizar a 

la otra de los daños y perjuicios que le cause. 

2477.- Cuando se ha dado un mandato para tratar con determinada persona, el 

mandante debe notificar a ésta la revocación del mandato so pena de quedar obligado 

por los actos del mandatario ejecutados después de la revocación, siempre que haya 

habido buena fe de parte de esa persona. 

2478.- El mandante puede exigir la devolución del instrumento o escrito en que conste 

el mandato, y todos los documentos relativos al negocio o negocios que tuvo a su cargo 

el mandatario. 

El mandante que descuide exigir los documentos que acrediten los poderes del 

mandatario, responde de los daños que puedan resultar por esa cusa a terceros de 

buena fe. 

2479.- La constitución de un nuevo mandatario para un mismo asunto, importa la 

revocación del primero, desde el día en que se notifique a éste el nuevo nombramiento. 

2480.- Aunque el mandato termina por la muerte del mandante, debe el mandatario 

continuar en la administración, entretanto los herederos proveen por sí mismos a los 

negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio. 

2481.- En el caso del artículo anterior, tiene derecho el mandatario para pedir al juez 

que señale un término corto a los herederos a fin de que se presenten a encargarse de 

sus negocios. 

2482.- Si el mandato termina por muerte del mandatario, deben sus herederos dar aviso 

al mandante y practicar, mientras éste resuelve, solamente las diligencias que sean 

indispensables para evitar cualquier perjuicio. 

2483.- El mandatario que renuncie tiene obligación de seguir el negocio mientras el 

mandante no provee a la procuración, si de lo contrario se sigue algún perjuicio. 

2484.- Lo que el mandatario, sabiendo que ha cesado el mandato, hiciere con un tercero 

que ignora el término de la procuración, no obliga al mandante, fuera del caso previsto 

en el artículo 2477.

TITULO DECIMO 

DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

CAPITULO I 

Del servicio doméstico, del servicio por 

jornal, del servicio a precio alzado en 

el que el operario sólo pone su trabajo 

y del contrato de aprendizaje 

2485.- El servicio doméstico, el servicio por jornal, el servicio a precio alzado en que el 

operario sólo pone su trabajo y el contrato de aprendizaje se regirán por la Ley 

Reglamentaria del párrafo primero del artículo 123 de la Constitución Federal. 

CAPITULO II 

De la prestación de servicios profesionales 

2486.- Los contratos que se celebren en ejercicio de una profesión científica, se 

sujetarán a las disposiciones relativas al mandato, siempre que no haya alguna 

disposición especial. 

2487.- El que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar de común 

acuerdo la retribución debida por ellos. 

Cuando se trate de profesionistas que estuvieren sindicalizados, se observarán las 

disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo. 

2488.- Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo 

juntamente a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del 

asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el 

servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los 

servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar el 

importe de los honorarios reclamados. 

2489.- Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio 

la Ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de 

cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado. 

2490.- En la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las expensas que 

hayan de hacerse en el negocio en que aquéllos se presten. A falta de convenio sobre 

su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos del artículo siguiente, con el 

rédito legal, desde el día en que fueron hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por 

daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella. 

2491.- El pago de los honorarios y de las expensas, cuando las haya, se hará en el lugar 

de la residencia del que ha prestado los servicios profesionales, inmediatamente que

preste cada servicio o al fin de todos, cuando se separe el profesor o haya concluido el 

negocio o trabajo que se le confió. 

2492.- Si varias personas encomendaren un negocio, todas ellas serán solidariamente 

responsables de los honorarios del profesor y de los anticipos que hubiere hecho. 

2493.- Cuando varios profesores en la misma ciencia presten sus servicios en un negocio 

o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente haya prestado cada uno. 

2494.- Los profesores tienen derecho de exigir sus honorarios, cualquiera que sea el 

éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario. 

2495.- Siempre que un profesor no pueda continuar prestando sus servicios, deberá 

avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los 

daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este aviso con oportunidad. Respecto 

de los abogados se observará además lo dispuesto en el artículo 2469. 

2496.- El que preste servicios profesionales, sólo es responsable hacia las personas a 

quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las personas que 

merezca en caso de delito. 

CAPITULO III 

Del contrato de obras a precio alzado 

2497.- El contrato de obras a precio alzado, cuando el empresario dirige la obra y pone 

los materiales, se sujetará a las reglas siguientes: 

2498.- Todo el riesgo de la obra correrá a cargo del empresario hasta el acto de la 

entrega, a no ser que hubiere morosidad de parte del dueño de la obra en recibirla o 

convenio expreso en contrario. 

2499. - Siempre que el empresario se encargue por ajuste cerrado de la obra en cosa 

inmueble cuyo valor sea de más de treinta y cinco salarios mínimos, se otorgará el 

contrato por escrito, incluyéndose en él una descripción pormenorizada, y en los casos 

que lo requieran, un plano, diseño o presupuesto de la obra. 


2001). 

2500.- Si no hay plano, diseño o presupuesto para la ejecución de la obra y surgen 

dificultades entre el empresario y el dueño, serán resueltas teniendo en cuenta la 

naturaleza de la obra, el precio de ella y la costumbre del lugar; oyéndose el dictamen 

de peritos. 

2501.- El perito que forme el plano, diseño o presupuesto de una obra, y la ejecute, no 

puede cobrar el plano, diseño o presupuesto fuera del honorario de la obra; más si ésta

no se ha ejecuado por causa del dueño, podrá cobrarlo, a no ser que al encargárselo se 

haya pactado que el dueño no lo pague si no le conviniere aceptarlo. 

2502.- Cuando se haya invitado a varios peritos para hacer planos, diseños o 

presupuestos, con el objeto de escoger entre ellos el que parezca mejor, y los peritos 

han tenido conocimiento de esta circunstancia, ninguno puede cobrar honorarios, salvo 

convenio expreso. 

2503.- En el caso del artículo anterior podrá el autor del plazo, diseño o presupuesto 

aceptado, cobrar su valor cuando la obra se ejecutare conforma a él por otra persona. 

2504.- El autor de un plano, diseño o presupuesto que no hubiere sido aceptado, podrá 

también cobrar su valor si la obra se ejecutare conforme a él por otra persona, aun 

cuando se hayan hecho modificaciones en los detalles. 

2505.- Cuando al encargarse una obra no se ha fijado precio, se tendrá por tal, si los 

contratantes no estuviesen de acuerdo después, el que designe los aranceles, o a falta 

de ellos el que tasen peritos. 

2506.- El precio de la obra se pagará al entregarse ésta, salvo convenio en contrario. 

2507.- El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra por precio determinado, 

no tiene derecho de exigir después ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de 

los materiales o el de los jornales. 

2508.- Lo dispuesto en el artículo anterior, se observará también cuando haya habido 

algún cambio o aumento en el plano o diseño a no ser que sean autorizados por escrito 

por el dueño y con expresa designación del precio. 

2509.- Una vez pagado y recibido el precio, no ha lugar a reclamación sobre él, a menos 

que al pagar o recibir, las partes se hayan reservado expresamente el derecho de 

reclamar. 

2510.- El que se obliga a hacer una obra por ajuste cerrado, debe comenzar y concluir 

en los términos designados en el contrato, y en caso contrario, en los que sean 

suficientes a juicio de peritos. 

2511.- El que se obligue a hacer una obra por piezas y por medida, puede exigir que el 

dueño la reciba en partes y se la pague en proporción de las que reciba. 

2512.- La parte pagada se presume aprobada y recibida por el dueño; pero no habrá 

lugar a esa presunción solamente porque el dueño haya hecho adelantos a buna cuenta 

del precio de la obra, si no se expresa que el pago se aplique a la parte ya entregada. 

2513.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no se observará cuando las piezas 

que se manden construir no puedan ser útiles, sino formando reunidas un todo.

2514.- El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra, no puede hacerla 

ejecutar por otro, a menos que se haya pactado lo contrario o el dueño lo consienta; en 

estos casos, la obra se hará siempre bajo la responsabilidad del empresario. 

2515.- Recibida y aprobada la obra por el que la encargó, el empresario es responsable 

de los defectos que después aparezcan y que procedan de vicios en su construcción y 

hechura, mala calidad de los materiales empleados o vicios del suelo en que se fabricó; 

a no ser que por disposición expresa del dueño se hayan empleado materiales 

defectuosos, después que el empresario le haya dado a conocer sus defectos, o que se 

haya edificado en terreno inapropiado elegido por el dueño, a pesar de las 

observaciones del empresario. 

2516.- El dueño de una obra ajustada por un precio fijo, puede desistir de la empresa 

comenzada, con tal que indemnice al empresario de todos los gastos y trabajos y de la 

utilidad que pudiera haber sacado de la obra. 

2517.- Cuando la obra fue ajustada por peso o medida, sin designación del número de 

piezas o de la medida total, el contrato puede resolverse por una u otra parte, 

concluidas que sean las partes designadas, pagándose la parte concluida. 

2518.- Pagado el empresario de lo que le corresponde, según los dos artículos 

anteriores, el dueño queda en libertad de continuar la obra, empleando a otras 

personas, aun cuando aquélla siga conforme al mismo plano, diseño o presupuesto. 

2519.- Si el empresario muere antes de terminar la obra, podrá rescindirse el contrato; 

pero el dueño indemnizará a los herederos de aquél, del trabajo y gastos hechos. 

2520.- La misma disposición tendrá lugar si el empresario no puede concluir la obra por 

alguna causa independiente de su voluntad. 

2521.- Si muere el dueño de la obra, no se rescindirá el contrato, y sus herederos serán 

responsables del cumplimiento para con el empresario. 

2522.- Los que trabajen por cuenta del empresario o le suministren material para la 

obra, no tendrán acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que alcance el 

empresario. 

2523.- El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupe 

en la obra. 

2524.- Cuando se conviniere en que la obra deba hacerse a satisfacción del propietario o 

de otra persona, se entiende reservada la aprobación, a juicio de peritos. 

2525.- El constructor de cualquiera obra mueble tiene derecho de retenerla mientras no 

se le pague, y su crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha obra.

2526.- Los empresarios constructores son responsables, por la inobservancia de las 

disposiciones municipales o de policía y por todo daño que causen a los vecinos. 

CAPITULO IV 

De los porteadores y alquiladores 

2527.- El contrato por el cual alguno se obliga a transportar, bajo su inmediata dirección 

o la de sus dependientes, por tierra, por agua o por aire, a personas, animales, 

mercaderías o cualesquiera otros objetos, si no constituye un contrato mercantil, se 

regirá por las reglas siguientes. 

2528.- Los porteadores responden del daño causado a las personas por defecto de los 

conductores y medios de transporte que empleen; y este defecto se presume siempre 

que el empresario no pruebe que el mal aconteció por fuerza mayor o por caso fortuito 

que no le puede ser imputado. 

2529.- Responden igualmente, de la pérdida y de las averías de las cosas que reciban, a 

no ser que prueben que la pérdida o la avería ha provenido de caso fortuito, de fuerza 

mayor o de vicio de las mismas cosas. 

2530.- Responden también de la omisión o equivocación que haya en la remisión de 

efectos, ya sea que no los envíen en el viaje estipulado, ya sea que los envíen a parte 

distinta de la convenida. 

2531.- Responden, igualmente, de los daños causados por retardo en el viaje, ya sea al 

comenzarlo o durante su curso, o por mutación de ruta, a menos que prueben que caso 

fortuito o fuerza mayor los obligó a ello. 

2532.- El remedio de todos los accidentes desfavorables corresponde al empresario o 

conductor quien al ponerlo procurará evitar gravámenes a los pasajeros, en cuanto 

fuere posible. 

2533.- Los porteadores no son responsables de las cosas que no se les entreguen a 

ellos, sino a sus cocheros, marineros, remeros o dependientes, que no estén 

autorizados para recibirlas. 

2534.- En el caso del artículo anterior, la responsabilidad es exclusiva de la persona a 

quien se entregó la cosa. 

2535.- La responsabilidad de todas las infracciones que durante el transporte se 

cometan, de leyes o reglamentos fiscales o de policía, será del conductor y no de los 

pasajeros ni de los dueños de las cosas conducidas, a no ser que la falta haya sido 

cometida por estas personas.

2536.- El porteador no será responsable de las faltas de que trata el artículo que 

precede, en cuanto a las penas, sino cuando tuviere culpa; pero lo será también de la 

indemnización de los daños y perjuicios, conforme a las prescripciones relativas. 

2537.- Las personas transportadas no tienen derecho para exigir aceleración o retardo 

en el viaje, ni alteración alguna en la ruta, ni en las detenciones o paradas, cuando 

estos actos estén marcados por el reglamento respectivo o por el contrato. 

2538.- El porteador de efectos deberá extender al cargador una carta de porte de la que 

éste podrá pedir copia. En dicha carta se expresarán: 

I.- El nombre, apellido y domicilio del cargador; 

II.- El nombre, apellido y domicilio del porteador; 

III.- El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o a cuya orden van dirigidos 

los efectos, o si han de entregarse al portador de la misma carta; 

IV.- La designación de los efectos, con expresión de su calidad genérica, de su peso y 

de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan; 

V.- El precio del transporte; 

VI.- La fecha en que se hace la expedición; 

VII.- El lugar de la entrega al porteador; 

VIII.- El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario; 

IX.- La indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, si sobre 

este punto mediare algún pacto. 

Los porteadores deberán tener un registro en que asienten la razón de las cartas de 

porte que expidan. 

2539.- Los empresarios de transportes tienen la responsabilidad de los daños y 

perjuicios que con aquéllos se ocasionen, aun cuando no sean ellos mismos los 

conductores, salvo su derecho contra éstos en caso que resulten culpables del daño. 

2540.- Las acciones que nacen del transporte, sean en pro o en contra de los 

porteadores, no duran más de seis meses, después de concluido el viaje. 

2541.- Si la cosa transportada fuera de naturaleza peligrosa, de mala calidad o no 

estuviere convenientemente empacada o envasada, y el daño proviniere de alguna de 

esas circunstancias, la responsabilidad será del dueño del transporte, si tuvo 

conocimiento de ellas; en caso contrario, la responsabilidad será del que contrató con el 

porteador; tanto por el daño que se cause en la cosa, como por el que reciban el medio 

de transporte u otras personas u objetos. 

2542.- El alquilador debe declarar los defectos de la cabalgadura o de cualquier otro 

medio de transporte, y es responsable de los daños y perjuicios que resulten de la falta 

de esta declaración. 

2543.- Si la cabalgadura muere o se enferma, o si en general se inutiliza el medio de 

transporte, la pérdida será de cuenta del alquilador, si no prueba que el daño sobrevino 

por culpa del otro contratante.

2544.- A falta de convenio expreso, se observará la costumbre del lugar, ya sobre el 

importe del precio y de los gastos, ya sobre el tiempo en que haya de hacerse el pago. 

2545.- El crédito por fletes que se adeudaren al porteador, será pagado 

preferentemente con el precio de los efectos transportados, si se encuentran en poder 

del acreedor. 

2546.- El contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador, antes o después 

de comenzarse el viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad, y en el 

segundo la totalidad del porte y siendo obligación suya recibir los efectos en el punto y 

en el día en que la rescisión se verifique. Si no cumpliere con esta obligación, o no 

pagare el porte al contado, el contrato no quedará rescindido. 

2547.- El contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de emprenderse el viaje, o 

durante su curso, si sobreviniere algún suceso de fuerza mayor que impida verificarlo o 

continuarlo. 

2548.- En el caso previsto en el artículo anterior, cada uno de los interesados perderá 

los gastos que hubiere hecho si el viaje no se ha verificado; y si está en curso, el 

porteador, tendrá derecho a que se le pague del porte la parte proporcional al camino 

recorrido, y la obligación de presentar los efectos, para su depósito, a la autoridad 

judicial del punto en que ya no le sea posible continuarlo, comprobando y recabando la 

constancia relativa de hallarse en el estado consignado en la carta de porte, de cuyo 

hecho dará conocimiento oportuno al cargador, a cuya disposición deben quedar. 

CAPITULO V 

Del contrato de hospedaje 

2549.- El contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue, 

mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los 

alimentos y demás gastos que origine el hospedaje. 

2550.- Este contrato se celebrará tácitamente, si el que presta el hospedaje tiene casa 

pública destina a ese objeto. 

2551.- El hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y el tácito por el 

reglamento que expedirá la autoridad competente y que el dueño del establecimiento 

deberá tener siempre por escrito en lugar visible. 

2552.- Los equipajes de los pasajeros responden preferentemente del importe del 

hospedaje; a ese efecto, los dueños de los establecimientos donde se hospeden podrán 

retenerlos en prenda hasta que obtengan el pago de lo adeudado. 

TITULO UNDECIMO

DE LAS ASOCIACIONES Y DE LAS 

SOCIEDADES 


De las asociaciones 

2553.- Cuando varios individuos convienen en reunirse, de manera que no sea 

enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la Ley y 

que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. 

2554.- El contrato por el que se constituye una asociación, debe constar por escrito. 

2555.- La asociación puede admitir y excluir asociados. 

2556.- Las asociaciones se regirán por sus estatutos, los que deberán ser inscritos en el 

Registro Público para que produzcan efectos contra tercero. 

2557.- El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o 

directores de ellas tendrán las facultades que les concedan los estatutos y la asamblea 

general, con sujeción a estos documentos. 

2558.- La asamblea general se reunirá en la época fijada en los estatutos o cuando sea 

convocada por la dirección. Esta deberá citar a asamblea cuando para ello fuere 

requerida por lo menos por el cinco por ciento de los asociados, o si no lo hiciere, en su 

lugar lo hará el juez de lo civil a petición de dichos asociados. 

2559.- La asamblea general resolverá: 

I.- Sobre la admisión y exclusión de asociados; 

II.- Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más 

tiempo del fijado en los estatutos; 

III.- Sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido nombrados 

en la escritura constitutiva; 

IV.- Sobre la revocación de los nombramientos hechos; 

V.- Sobre los demás asuntos que le encomienden los estatutos. 

2560.- Las asambleas generales sólo se ocuparán de los asuntos contenidos en la 

respectiva orden del día. 

Sus decisiones serán tomadas a mayoría de votos de los miembros presentes. 

2561.- El asociado gozará de un voto en las asambleas generales. 

2562.- El asociado no votará las decisiones en que se encuentren directamente 

interesados él, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales 

dentro del segundo grado. 

2563.- Los miembros de la asociación tendrán derecho de separarse de ella, previo aviso 

dado con dos meses de anticipación.

2564.- Los asociados sólo podrán ser excluidos de la sociedad por las causas que 

señalen los estatutos. 

2565.- Los asociados que voluntariamente se separen o que fueren excluidos, perderán 

todo derecho al haber social. 

2566.- Los socios tienen derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se 

propone la asociación y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y 

demás papeles de ésta. 

2567.- La calidad de socio es intransferible. 

2568.- Las asociaciones, además de las causas previstas en los estatutos, se extinguen: 

I.- Por consentimiento de la Asamblea general; 

II.- Por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido 

totalmente el objeto de su fundación; 

III.- Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas; 

IV.- Por resolución dictada por autoridad competente. 

2569.- En caso de disolución, los bienes de la asociación se aplicarán conforme a lo que 

determinen los estatutos y a falta de disposición de éstos, según lo que determine la 

asamblea general. En este caso la asamblea sólo podrá atribuir a los asociados la parte 

del activo social que equivalga a sus aportaciones. Los demás bienes se aplicarán a otra 

asociación o fundación de objeto similar a la extinguida. 

2570.- Las asociaciones de beneficencia se regirán por las leyes especiales 



DE LAS SOCIEDADES 

CAPITULO I 


2571.- Por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus 

recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter 

preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. 

La sociedad forma una persona moral distinta de cada uno de los socios individualmente 

considerados. 

2572.- La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros 

bienes, o en su industria. La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio 

a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa.

2573.- El contrato de sociedad debe constar por escrito; pero se hará constar en 

escritura pública, cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación 

deba hacerse en escritura pública. 

2574.- La falta de forma prescrita para el contrato de sociedad, sólo produce el efecto 

de que los socios puedan pedir, en cualquier tiempo, que se haga la liquidación de la 

sociedad conforme a lo convenido, y a falta de convenio, conforme al capítulo V de esta 

sección; pero mientras que esa liquidación no se pida el contrato produce todos sus 

efectos entre los socios y éstos no pueden oponer a terceros que hayan contratado con 

la sociedad, la falta de forma. 

2575.- Si se formare una sociedad para un objeto ilícito, a solicitud de cualquiera de los 

socios o de un tercero interesado, se declarará la nulidad de la sociedad, la cual se 

pondrá en liquidación. 

Después de pagadas las deudas sociales conforme a la Ley, a los socios se les 

reembolsará lo que hubieren llevado a la sociedad. 

Las utilidades se destinarán a los establecimientos de beneficencia pública del lugar del 

domicilio de la sociedad. 

2576.- El contrato de sociedad debe contener: 

I.- Los nombres y apellidos de los otorgantes; 

II.- La razón social; 

III.- El objeto de la sociedad; 

IV.- El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. 

Si falta alguno de estos requisitos se aplicará lo que dispone el artículo 2574. 

2577.- El contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para 

que produzca efectos contra tercero. 

2578.- Las sociedades de naturaleza civil, que tomen la forma de la sociedades 

mercantiles, quedan sujetas al Código de Comercio. 

2579.- Será nula la sociedad en que se estipule que los provechos pertenezcan 

exclusivamente a alguno o algunos de los socios y todas las pérdidas a otro u otros. 

2580.- No puede estipularse que a los socios capitalistas se les restituya su aporte con 

una cantidad adicional, haya o no ganancias. 

2581.- El contrato de sociedad no puede modificarse sino por consentimiento unánime 

de los socios. 

2582.- Después de la razón social, se agregarán estas palabras "Sociedad Civil". 

2583.- La capacidad para que las sociedades adquieran bienes raíces, se regirá por lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Federal y en sus leyes reglamentarias.

2584.- No quedan comprendidas en este título las sociedades cooperativas, ni las 

mutualistas, que se regirán por las respectivas leyes especiales. 

CAPITULO II 

De los Socios 

2585.- Cada socio estará obligado al saneamiento para el caso de evicción de las cosas 

que aporte a la sociedad como corresponde a todo enajenante, y a indemnizar por los 

defectos de esas cosas como lo está el vendedor respecto del comprador; mas si lo que 

prometió fue el aprovechamiento de bienes determinados, responderá por ellos según 

los principios que rigen las obligaciones entre el arrendador y el arrendatario. 

2586.- A menos que se haya pactado en el contrato de sociedad, no puede obligarse a 

los socios a hacer nueva aportación para ensanchar los negocios sociales. Cuando el 

aumento del capital social sea acordado por la mayoría, los socios que no estén 

conformes pueden separarse de la sociedad. 

2587.- Las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por la 

responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que administren; los demás socios, 

salvo convenio en contrario, sólo estarán obligados con su aportación. 

2588.- Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime 

de los demás coasociados, y sin él tampoco pueden admitirse otros nuevos socios, salvo 

pacto en contrario, en uno y en otro caso. 

2589.- Los socios gozarán del derecho del tanto. Si varios socios quisieren hacer uso del 

tanto, les competerá éste en la proporción que representen. El término para hacer uso 

del derecho del tanto, será el de ocho días, contados desde que reciban aviso del que 

pretende enajenar. 

2590.- Ningún socio puede ser excluido de la sociedad sino por el acuerdo unánime de 

los demás socios y por causa grave prevista en los estatutos. 

2591.- El socio excluido es responsable de la parte de pérdidas que le corresponda; y los 

otros socios pueden retener la parte del capital y utilidades de aquél, hasta concluir las 

operaciones pendientes al tiempo de la declaración, debiendo hacerse hasta entonces la 

liquidación correspondiente. 

CAPITULO III 

De la administración de la sociedad 

2592.- La administración de la sociedad puede conferirse a uno o más socios. Habiendo 

socios especialmente encargados de la administración, los demás no podrán contrariar 

ni entorpecer las gestiones de aquéllos, ni impedir sus efectos. Si la administración no 

se hubiese limitado a alguno de los socios, se observará lo dispuesto en el artículo 

2602.

2593.- El nombramiento de los socios administradores, no priva a los demás socios del 

derecho de examinar el estado de los negocios sociales y de exigir a este fin la 

presentación de libros, documentos y papeles con el objeto de que puedan hacerse las 

reclamaciones que estimen conveniente. No es válida la renuncia del derecho 

consignado en este artículo. 

2594.- El nombramiento de los socios administradores, hecho en la escritura de 

sociedad, no podrá revocarse sin el consentimiento de todos los socios, a no ser 

judicialmente, por dolo, culpa o inhabilidad. 

El nombramiento de administradores, hecho después de constituida la sociedad, es 

revocable por mayoría de votos. 

2595.- Los socios administradores ejercerán las facultades que fueren necesarias al giro 

y desarrollo de los negocios que formen el objeto de la sociedad; pero salvo convenio 

en contrario necesitan autorización expresa de los otros socios: 

I.- Para enajenar las cosas de la sociedad, si ésta no se ha constituido con ese 

objeto; 

II.- Para empeñarlas, hipotecarlas o gravarlas con cualquier otro derecho real; 

III.- Para tomar capitales prestados. 

2596.- Las facultades que no se hayan concedido a los administradores, serán 

ejercitadas por todos los socios, resolviéndose los asuntos por mayoría de votos. La 

mayoría se computará por cantidades, pero cuando una sola persona represente el 

mayor interés y se trate de sociedades de más de tres socios, se necesita por lo menos 

el voto de la tercera parte de los socios. 

2597.- Siendo varios los socios encargados indistintamente de la administración, sin 

declaración de que deberán proceder de acuerdo, podrá cada uno de ellos practicar 

separadamente los actos administrativos que crea oportunos. 

2598.- Si se ha convenido en que un administrador nada pueda practicar sin concurso 

de otro, solamente podrá proceder de otra manera, en caso de que pueda resultar 

perjuicio grave e irreparable a la sociedad. 

2599.- Los compromisos contraídos por los socios administradores en nombre de la 

sociedad, excediéndose de sus facultades, si no son ratificados por ésta sólo obligan a 

la sociedad en razón del beneficio recibido. 

2600.- Las obligaciones que se contraigan por la mayoría de los socios encargados de la 

administración, sin conocimiento de la minoría, o contra su voluntad expresa, serán 

válidas; pero los que la hayan contraído serán personalmente responsables a la 

sociedad de los perjuicios que por ellas se causen.

2601.- El socio o socios administradores están obligados a rendir cuentas siempre que lo 

pida la mayoría de los socios, aun cuando no sea la época fijada en el contrato de 

sociedad. 

2602.- Cuando la administración no se hubiere limitado a alguno de los socios, todos 

tendrán derecho de concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes. Las 

decisiones serán tomadas por mayoría, observándose, respeto de ésta lo dispuesto en el 


CAPITULO IV 

De la disolución de las sociedades 

2603.- La sociedad se disuelve: 

I.- Por consentimiento unánime de los socios; 

II.- Por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad; 

III.- Por la realización completa del fin social, o por haberse vuelto imposible la 

consecución del objeto de la sociedad; 

IV.- Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tengan responsabilidad 

ilimitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se haya 

pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquél; 

V.- Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dada nacimiento 

a la sociedad; 

VI.- Por la renuncia de uno de los socios, cuando se trate de sociedades de duración 

indeterminada y los otros socios no deseen continuar asociados, siempre que esa 

renuncia no sea maliciosa ni extemporánea; 

VII.- Por resolución judicial. 

Para que la disolución de la sociedad surta efecto contra tercero, es necesario que se 

haga constar en el Registro de Sociedades. 

2604.- Pasado el término por el cual fue constituida la sociedad, si ésta continúa 

funcionando, se entenderá prorrogada su duración por tiempo indeterminado, sin 

necesidad de nueva escritura social, y su existencia puede demostrarse por todos los 

medios de prueba. 

2605.- En el caso de que a la muerte de un socio, la sociedad hubiere de continuar con 

los supervivientes, se procederá a la liquidación de la parte que corresponda al socio 

difunto, para entregarla a su sucesión. Los herederos del que murió tendrán derecho al 

capital y utilidades que al finado correspondan en el momento en que murió y, en lo 

sucesivo, sólo tendrán parte en lo que dependa necesariamente de los derechos 

adquiridos o de las obligaciones contraídas por el socio que murió. 

2606.- La renuncia se considera maliciosa cuando el socio que la hace se propone 

aprovecharse exclusivamente de los beneficios o evitarse pérdidas que los socios 

deberían recibir o reportar en común con arreglo al convenio.

2607.- Se dice extemporánea la renuncia, si al hacerla, las cosas no se hallan en su 

estado íntegro y la sociedad puede ser perjudicada con la disolución que originaría la 

renuncia. 

2608.- La disolución de la sociedad no modifica los compromisos contraídos con 

terceros. 

CAPITULO V 

De la liquidación de la sociedad 

2609.- Disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se 

practicará dentro del plazo de seis meses, salvo pacto en contrario. 

Cuando la sociedad se ponga en liquidación, debe agregarse a su nombre las palabras 

"En liquidación". 

2610.- La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que convengan en 

nombrar liquidadores o que ya estuvieren nombrados en la escritura social. 

2611.- Si cubiertos los compromisos sociales y devueltos los aportes de los socios, 

quedaren algunos bienes, se considerarán utilidades y se repartirán entre los socios en 

la forma convenida. Si no hubo convenio, se repartirán proporcionalmente a sus 

aportes. 

2612.- Ni el capital social, ni las utilidades pueden repartirse sino después de la 

disolución de la sociedad y previa la liquidación respectiva, salvo pacto en contrario. 

2613.- Si al liquidarse la sociedad no quedaren bienes suficientes para cubrir los 

compromisos sociales y devolver sus aportes a los socios, el déficit se considerará 

pérdida y se repartirá entre aquéllos en la forma establecida en el artículo anterior. 

2614.- Si sólo se hubiere pactado lo que debe corresponder a los socios por utilidades, 

en la misma proporción responderán de las pérdidas. 

2615.- Si alguno de los socios contribuye sólo con su industria, sin que ésta se hubiere 

estimado, ni se hubiere designado cuota que por ella debiera recibir, se observarán las 

reglas siguientes: 

I.- Si el trabajo del industrial pudiera hacerse por otro, su cuota será la que 

corresponda por razón de sueldos u honorarios y esto mismo se observará si son varios 

los socios industriales; 

II.- Si el trabajo no puede ser hecho por otro, su cuota será igual a la del socio 

capitalista que tenga más; 

III.- Si sólo hubiere un socio industrial y otro capitalista, se dividirán entre sí por 

partes iguales las ganancias; 

IV.- Si son varios los socios industriales y están en el caso de la fracción II, llevarán 

entre todos la mitad de las ganancias y la dividirán entre sí por convenio, y a falta de 

éste, por decisión arbitral.

2616.- Si el socio industrial hubiere contribuido también con cierto capital, se 

considerarán éste y la industria separadamente. 

2617.- Si al terminar la sociedad en que hubiere socios capitalistas e industriales, 

resultare que no hubo ganancias, todo el capital se distribuirá entre los socios 

capitalistas. 

2618.- Salvo pacto en contrario, los socios industriales no responderán de las pérdidas. 

CAPITULO VI 

De las asociaciones y de las sociedades extranjeras 

2619.- Para que las asociaciones y las sociedades extranjeras de carácter civil puedan 

ejercer sus actividades en el territorio del Estado, deberán estar autorizadas por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 

2742 y 2737 del Código Civil para el Distrito Federal y Territorios y no contrariarán las 

leyes locales. 

2620.- También es requisito indispensable que dichas asociaciones o sociedades 

extranjeras se inscriban en el Registro de Sociedades Civiles del lugar en que funcionen 

dentro del territorio del Estado. 

CAPITULO VII 

De la aparcería rural 

2621.- La aparcería rural comprende la aparcería agrícola y la de ganados. 

2622.- El contrato de aparcería deberá otorgarse por escrito, formándose dos 

ejemplares, uno para cada contratante. 

2623.- Tiene lugar la aparcería agrícola, cuando una persona da a otra un predio rústico 

para que lo cultive, a fin de repartirse los frutos en la forma que convengan, o a falta de 

convenio, conforme a las costumbres del lugar, en el concepto de que al aparcero 

nunca podrá corresponderle por sólo su trabajo menos del 40% de la cosecha. 

2624.- Si durante el término del contrato falleciere el dueño del predio dado en 

aparcería, o éste fuere enajenado, la aparcería subsistirá . 

Si es el aparcero el que muere, el contrato puede darse por terminado salvo pacto en 

contrario. 

Cuando a la muerte del aparcero ya se hubieren hecho algunos trabajos, tales como el 

barbecho del terreno, la poda de los árboles o cualquiera otra obra necesaria para el 

cultivo, si el propietario da por terminado el contrato, tiene obligación de pagar a los 

herederos del aparcero el importe de esos trabajos en cuanto se aproveche de ellos.

2625.- El labrador que tuviere heredades en aparcería, no podrá levantar las mieses o 

cosechar los frutos en que deba tener parte, sin dar aviso al propietario o a quien haga 

sus veces, estando en el lugar o dentro de la municipalidad a que corresponda el 

predio. 

2626.- Si ni en el lugar, ni dentro de la municipalidad se encuentran el propietario o su 

representante, podrá el aparcero hacer la cosecha, midiendo, contando o pesando los 

frutos a presencia de dos testigos mayores de toda excepción. 

2627.- Si el aparcero no cumple lo dispuesto en los dos artículos anteriores tendrá 

obligación de entregar al propietario la cantidad de frutos que, de acuerdo con el 

contrato, fijen peritos nombrados, uno por cada parte contratante. Los honorarios de 

los peritos serán cubiertos por el aparcero. 

2628.- El propietario del terreno no podrá levantar la cosecha sino cuando el aparcero 

abandone la siembra. 

En este caso, observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2626, y si no lo hace, 

se aplicará por analogía lo dispuesto en el artículo 2627. 

2629.- El propietario del terreno no tiene derecho de retener de propia autoridad, todos 

o parte de los frutos que correspondan al aparcero, para garantizar lo que éste le deba 

por razón del contrato de aparcería. 

2630.- Si la cosecha se pierde por completo, el aparcero no tiene obligación de pagar las 

semillas que le haya proporcionado para la siembra el dueño del terreno; si la pérdida 

de la cosecha en parcial, es proporción a esa pérdida quedará libre el aparcero de pagar 

las semillas de que se trata. 

2631.- Cuando el aparcero establezca su habitación en el campo que va a cultivar, tiene 

obligación el propietario de permitirle que construya su casa y que tome el agua y la 

leña que necesite para satisfacer sus necesidades y las de su familia, así como que 

tome el pasto indispensable para alimentar los animales que emplee en el cultivo. 

2632.- Al concluir el contrato de aparcería el aparcero que hubiere cumplido fielmente 

sus compromisos, goza del derecho del tanto, si la tierra que estuvo cultivando va a ser 

dada en nueva aparcería. 

2633.- El propietario no tiene derecho de dejar sus tierras ociosas sino el tiempo que sea 

necesario para que recobre sus propiedades fertilizantes. En consecuencia, pasada la 

época que en cada región fije la autoridad municipal, conforme a la naturaleza de los 

cultivos si el propietario no las comienza a cultivar por sí o por medio de otros, tiene 

obligación de darlas en aparcería conforme a la costumbre del lugar, a quien las solicite 

y ofrezca las condiciones necesarias de honorabilidad y solvencia.

2634.- Tiene lugar la aparcería de ganados cuando una persona da a otra cierto número 

de animales a fin de que los cuide y alimente, con el objeto de repartirse los frutos en la 

proporción que convengan. 

2635.- Constituyen el objeto de esta aparcería las crías de los animales y sus productos, 

como pieles, crines, lanas, leche, etc. 

2636.- Las condiciones de este contrato se regularán por la voluntad de los interesados; 

pero a falta de convenio se observará la costumbre del lugar, salvas las siguientes 

disposiciones . 

2637.- El aparcero de ganados está obligado a emplear en la guarda y tratamiento de 

los animales, el cuidado que ordinariamente emplee en sus cosas; y si así no lo hiciere, 

será responsable de los daños y perjuicios. 

2638.- El propietario está obligado a garantizar a su aparcero la posesión y el uso del 

ganado y a substituir por otros, en caso de evicción, los animales perdidos, de lo 

contrario, es responsable de los daños y perjuicios a que diere lugar por la falta de 

cumplimiento del contrato. 

2639.- Será nulo el convenio de que todas las pérdidas que resultaren por caso fortuito, 

sean de cuenta del aparcero de ganados. 

2640.- El aparcero de ganados no podrá disponer de ninguna cabeza, ni de las crías, sin 

consentimiento del propietario, ni éste sin el de aquél. 

2641.- El aparcero de ganados no podrá hacer el esquileo sin dar aviso al propietario, y 

si omite darlo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2627. 

2642.- La aparcería de ganados dura el tiempo convenido, y a falta de convenio, el 

tiempo que fuere costumbre en el lugar. 

2643.- El propietario cuyo ganado se enajena indebidamente por el aparcero, tiene 

derecho para reivindicarlo, menos cuando se haya rematado en pública subasta; pero 

conservará a salvo el que le corresponda contra el aparcero, para cobrarle los daños y 

perjuicios ocasionados por la falta de aviso. 

2644.- Si el propietario no exige su parte dentro de los sesenta días después de fenecido 

el tiempo del contrato, se entenderá prorrogado éste por un año. 

2645.- En el caso de venta de los animales antes de que termine el contrato de 

aparcería, disfrutarán los contratantes del derecho del tanto. 

TITULO DUODECIMO 

DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS

CAPITULO I 

Del juego y de la apuesta 

2646.- La Ley no concede acción para reclamar lo que se gana en el juego prohibido. 

El Código Penal señalará cuáles son los juegos prohibidos. 

2647.- El que paga voluntariamente una deuda procedente del juego prohibido, o sus 

herederos, tienen derecho de reclamar la devolución del 50% de lo que pagó. El otro 

cincuenta por ciento no quedará en poder del ganancioso, sino que se entregará a la 

Beneficencia Pública. 

2648.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se aplicará a las apuestas que deban 

tenerse como prohibidas, porque tengan analogía con los juegos prohibidos. 

2649.- El que pierde en un juego o apuesta que no estén prohibidos, queda obligado 

civilmente, con tal que la pérdida no exceda de la vigésima parte de su fortuna. 

Prescribe en treinta días el derecho para exigir la deuda de juego a que este artículo se 

refiere. 

2650.- La deuda de juego o de apuesta prohibidos, no puede compensarse, ni ser 

convertida por novación en una obligación civilmente eficaz. 

2651.- El que hubiere firmado una obligación que en realidad tenía por causa una deuda 

de juego o de apuesta prohibidos, conserva, aunque se atribuya a la obligación una 

causa civilmente eficaz, la excepción que nace del artículo anterior, y se puede probar 

por todos los medios la causa real de la obligación. 

2652.- Si a una obligación de juego o apuesta prohibidos se le hubiere dado la forma de 

título a la orden o al portador, el suscritor debe pagarle al portador de buena fe; pero 

tendrá el derecho que le concede el artículo 2647. 

2653.- Cuando las personas se sirvieren del medio de la suerte, no como apuesta o 

juego, sino para dividir cosas comunes o terminar cuestiones, producirá, en el primer 

caso los efectos de una partición legítima, y en el segundo, los de una transacción. 

2654.- Las loterías o rifas, cuando se permitan serán regidas, las primeras, por las leyes 

especiales que las autoricen, y las segundas, por los reglamentos de policía. 

2655.- El contrato celebrado entre los compradores de billetes y las loterías autorizadas 

en país extranjero, no será válido en el Estado de Oaxaca a menos que la venta de esos 

billetes haya sido permitida por el Gobierno del mismo. 

CAPITULO II 

De la renta vitalicia

2656.- La renta vitalicia es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar 

periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas, 

mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa mueble o raíz estimadas 

cuyo dominio se le transfiere desde luego. 

2657.- La renta vitalicia puede también constituirse a título puramente gratuito, sea por 

donación o por testamento. 

2658.- El contrato de renta vitalicia debe hacerse por escrito, y en escritura pública 

cuando los bienes cuya propiedad se transfiera deban enajenarse con esa solemnidad. 

2659.- El contrato de renta vitalicia puede constituirse sobre la vida del que da el capital, 

sobre la del deudor o sobre la de un tercero. También puede constituirse a favor de 

aquella o de aquellas personas sobre cuya vida se otorga o a favor de otra u otras 

personas distintas. 

2660.- Aun cuando la renta se constituya a favor de una persona que no ha puesto el 

capital, debe considerarse como donación, no se sujeta a los preceptos que arreglan 

ese contrato, salvo los casos en que deba ser reducida por inoficiosa o anulada por 

incapacidad del que debe recibirla. 

2661.- El contrato de renta vitalicia es nulo, si la persona sobre cuya vida se constituye 

ha muerto antes de su otorgamiento. 

2662.- También es nulo el contrato si la persona a cuyo favor se constituye la renta, 

muere dentro del plazo que en él se señale y que no podrá bajar de treinta días, 

contados desde el del otorgamiento. 

2663.- Aquél a cuyo favor se ha constituido la renta, mediante un precio, puede 

demandar la rescisión del contrato, si el constituyente no le da o conserva las 

seguridades estipuladas para su ejecución. 

2664.- La sola falta de pago de las pensiones no autoriza al pensionista para demandar 

el reembolso del capital o la devolución de la cosa dada para constituir la renta. 

2665.- El pensionista, en el caso del artículo anterior, sólo tiene derecho de ejecutar 

judicialmente al deudor, por el pago de las rentas vencidas, y para pedir el 

aseguramiento de las futuras. 

2666.- La renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta, se pagará en 

proporción a los días que éste vivió; pero si debía pagarse por plazos anticipados, se 

pagará el importe total del plazo que durante la vida del rentista se hubiere comenzado 

a cumplir.

2667.- Solamente el que constituye a título gratuito una renta sobre sus bienes, puede 

disponer, al tiempo del otorgamiento, que no estará sujeta a embargo por derecho de 

un tercero. 

2668.- Lo dispuesto en el artículo anterior no comprende las contribuciones. 

2669.- Si la renta se ha constituido para alimentos, no podrá ser embargada sino en la 

parte que a juicio del juez exceda de la cantidad que sea necesaria para cubrir aquéllos, 

según las circunstancias de la persona. 

2670.- La renta vitalicia constituida sobre la vida del mismo pensionista, no se extingue 

sino con la muerte de éste. 

2671.- Si la renta se constituye sobre la vida de un tercero, no cesará con la muerte del 

pensionista, sino que se transmitirá a sus herederos, y sólo cesará con la muerte de la 

persona sobre cuya vida se constituyó. 

2672.- El pensionista sólo puede demandar las pensiones justificando su supervivencia, 

o la de la persona sobre cuya vida se constituyó la renta. 

2673.- Si el que paga la renta vitalicia ha causado la muerte del acreedor, o la de aquél 

sobre cuya vida había sido constituida, debe devolver el capital al que la constituyó o a 

sus herederos. 

CAPITULO III 

De la compra de esperanza 

2674.- Se llama compra de esperanza el contrato que tiene por objeto adquirir por una 

cantidad determinada, los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, tomando el 

comprador par sí el riesgo de que esos frutos no lleguen a existir; o bien, los productos 

inciertos de un hecho, que puedan estimarse en dinero. 

El vendedor tiene derecho al precio aunque no lleguen a existir los frutos o productos 

comprados. 

2675.- Los demás derechos y obligaciones de las partes, en la compra de esperanza, 

serán los que se determinan en el título de compraventa. 

TITULO DECIMOTERCERO 

DE LA FIANZA 

CAPITULO I 

De la fianza en general 

2676.- La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor 

a pagar por el deudor, si éste no lo hace.

2677.- La fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso. 

2678.- La fianza puede constituirse no sólo en favor del deudor principal, sino en el del 

fiador, ya sea que uno u otro, en su respectivo caso, consienta en la garantía, ya sea 

que la ignore, ya sea que la contradiga. 

2679.- La fianza no puede existir sin una obligación válida. Puede, no obstante, recaer 

sobre una obligación cuya nulidad pueda ser reclamada a virtud de una excepción 

puramente personal del obligado. 

2680.- Puede también prestarse fianza en garantía de deudas futuras, cuyo importe no 

sea aún conocido; pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea 

líquida. 

2681.- El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Si se 

hubiere obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor. En caso 

de duda sobre si se obligó por menos o por otro tanto de la obligación principal, se 

presume que se obligó por otro tanto. 

2682.- Puede también obligarse el fiador a pagar una cantidad en dinero, si el deudor 

principal no presta una cosa o un hecho determinado. 

2683.- La responsabilidad de los herederos del fiador se rige por lo dispuesto en el 


2684.- El obligado a dar fiador debe presentar persona que tenga capacidad para 

obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. El fiador se 

entenderá sometido a la jurisdicción del juez del lugar donde esta obligación deba 

cumplirse. 

2685.- En las obligaciones a plazo o de prestación periódica, el acreedor podrá exigir 

fianza, aun cuando en el contrato no se haya constituido, si después de celebrado, el 

deudor sufre menoscabo en sus bienes, o pretende ausentarse del lugar en que debe 

hacerse el pago. 

2686.- Si el fiador viniere a estado de insolvencia, puede el acreedor pedir otro que 

reúna las cualidades exigidas por el artículo 2684. 

2687.- El que debiendo dar o reemplazar fiador, no lo presenta dentro del término que 

el juez le señale, a petición de parte legítima, queda obligado al pago inmediato de la 

deuda, aunque no se haya vencido el plazo de ésta. 

2688.- Si la fianza fuere para garantizar la administración de bienes, cesará ésta si 

aquélla no se da en el término convenido o señalado por la Ley, o por el juez, salvo los 

casos en que la Ley disponga otra cosa.

2689.- Si la fianza importa garantía de cantidad que el deudor debe recibir, la suma se 

depositará mientras se dé la fianza. 

2690.- Las cartas de recomendación en que se asegure la probidad y solvencia de 

alguien, no constituyen fianza. 

2691.- Si las cartas de recomendación fuesen dadas de mala fe, afirmando falsamente la 

solvencia del recomendado, el que las suscriba será responsable del daño que 

sobreviniese a las personas a quienes se dirigen, por la insolvencia del recomendado. 

2692.- No tendrá lugar la responsabilidad del artículo anterior, si el que dio la carta 

probase que no fue su recomendación lo que indujo a tratar con su recomendado. 

2693.- Quedan sujetas a las disposiciones de este título, las fianzas otorgadas por 

individuos o compañías, accidentalmente, en favor de determinadas personas, siempre 

que no las extiendan en forma de póliza; que no las anuncien públicamente por la 

prensa o por cualquiera otro medio, y que no empleen agentes que las ofrezcan, pues 

en tales casos se regirán por las disposiciones contenidas en las concesiones que las 

hayan autorizado para extender dichas obligaciones. 

CAPITULO II 

De los efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor 

2694.- El fiador tiene derecho de oponer todas las excepciones que sean inherentes a la 

obligación principal, mas no las que sean personales del deudor. 

2695.- La renuncia voluntaria que hiciese el deudor de la prescripción de la deuda, o de 

toda otra causa de liberación o de la nulidad o rescisión de la obligación, no impide que 

el fiador haga valer esas excepciones. 

2696.- El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor, sin que previamente sea 

reconvenido el deudor y se haga la excusión de sus bienes. 

2697.- La excusión consiste en aplicar todo el valor libre de los bienes del deudor al 

pago de la obligación, que quedará extinguida o reducida a la parte que no se ha 

cubierto. 

2698.- La excusión no tendrá lugar: 

I.- Cuando el fiador renunció expresamente a ella; 

II.- En los casos de concurso o de insolvencia probada del deudor; 

III.- Cuando el deudor no puede ser judicialmente demandado dentro del territorio de 

la República; 

IV.- Cuando el negocio para que se prestó la fianza sea propio del fiador;

V.- Cuando se ignore el paradero del deudor, siempre que llamado éste por edictos 

no comparezca, ni tenga bienes embargables en el lugar donde deba cumplirse la 

obligación. 

2699.- Para que el beneficio de excusión aproveche al fiador, son indispensables los 

requisitos siguientes: 

I.- Que el fiador alegue el beneficio luego que se le requiera de pago; 

II.- Que designe bienes del deudor que basten para cubrir el crédito y que se hallen 

dentro del distrito judicial en que deba hacerse el pago; 

III.- Que anticipe o asegure competentemente los gastos de excusión. 

2700.- Si el deudor adquiere bienes después del requerimiento, o si se descubren los 

que hubiese ocultado, el fiador puede pedir la excusión aunque antes no la haya 

pedido. 

2701.- El acreedor puede obligar al fiador a que haga la excusión en los bienes del 

deudor. 

2702.- Si el fiador, voluntariamente u obligado por el acreedor, hace por sí mismo la 

excusión y pide plazo, el juez puede concederle el que crea conveniente, atendidas las 

circunstancias de las personas y las calidades de la obligación. 

2703.- El acreedor que, cumplidos los requisitos del artículo 2699, hubiere sido 

negligente en promover la excusión, queda responsable de los perjuicios que pueda 

causar el fiador, y éste libre de la obligación hasta la cantidad a que alcancen los bienes 

que hubiere designado para la excusión. 

2704.- Cuando el fiador haya renunciado el beneficio de orden, pero no el de excusión, 

el acreedor puede perseguir en un mismo juicio al deudor principal y al fiador; mas éste 

conservará el beneficio de excusión aun cuando se dé sentencia contra los dos. 

2705.- Si hubiere renunciado a los beneficios de orden y excusión, el fiador, al ser 

demandado por el acreedor, puede denunciar el pleito al deudor principal para que éste 

rinda, las pruebas que crea convenientes; y en caso de que no salga al juicio para el 

indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra el fiador. 

2706.- El que fía al fiador goza del beneficio de excusión, tanto contra el fiador como 

contra el deudor principal. 

2707.- No fían a un fiador los testigos que declaren de ciencia cierta en favor de su 

idoneidad; pero, por analogía se les aplicará lo dispuesto en el artículo 2685. 

2708.- La transacción entre el acreedor y el deudor principal, aprovecha al fiador, pero 

no le perjudica. La celebrada entre el fiador y el acreedor, aprovecha, pero no perjudica 

al deudor principal.

2709.- Si son varios los fiadores de un deudor por una sola deuda, responderá cada uno 

de ellos por la totalidad de aquélla, no habiendo convenio en contrario; pero si sólo uno 

de los fiadores es demandado, podrá hacer citar a los demás para que se defiendan 

juntamente, y en la proporción debida estén a las resultas de juicio. 

CAPITULO III 

De los Efectos de la fianza entre el fiador y el deudor 

2710.- El fiador que paga debe ser indemnizado por el deudor, aunque éste no haya 

prestado su consentimiento para la constitución de la fianza. Si ésta se hubiere 

otorgado contra la voluntad del deudor, no tendrá derecho alguno el fiador para cobrar 

lo que pagó, sino en cuanto hubiere beneficiado el pago al deudor. 

2711.- El fiador que paga por el deudor, debe ser indemnizado por éste: 

I.- De la deuda principal; 

II.- De los intereses respectivos, desde que haya noticiado el pago al deudor, aun 

cuando éste no estuviere obligado por razón del contrato a pagarlos al acreedor; 

III.- De los gastos que haya hecho desde que dio noticia al deudor de haber sido 

requerido de pago; 

IV.- De los daños y perjuicios que haya sufrido por causa del deudor. 

2712.- El fiador que paga, se subroga en todos los derechos que el acreedor tenía 

contra el deudor. 

2713.- Si el fiador hubiere transigido con el acreedor, no podrá exigir del deudor sino lo 

que en realidad haya pagado. 

2714.- Si el fiador hace el pago sin ponerlo en conocimiento del deudor, podrá éste 

oponerle todas las excepciones que podría oponer al acreedor al tiempo de hacer el 

pago. 

2715.- Si el deudor, ignorando el pago por falta de aviso del fiador, paga de nuevo, no 

podrá éste repetir contra aquél, sino sólo contra el acreedor. 

2716.- Si el fiador ha pagado en virtud de fallo judicial, y por motivo fundado no pudo 

hacer saber el pago al deudor, éste quedará obligado a indemnizar a aquél y no podrá 

oponerle más excepciones que las que sean inherentes a la obligación y que no 

hubieren sido opuestas por el fiador, teniendo conocimiento de ellas. 

2717.- Si la deuda fuere a plazo o bajo condición, y el fiador la pagare antes de que 

aquél o ésta se cumplan, no podrá cobrarla del deudor sino cuando fuere legalmente 

exigible. 

2718.- El fiador puede, aun antes de haber pagado, exigir que el deudor asegure el 

pago o lo releve de la fianza:

I.- Si fue demandado judicialmente por el pago; 

II.- Si el deudor sufre menoscabo en sus bienes, de modo que se halle en riesgo de 

quedar insolvente; 

III.- Si pretende ausentarse de la República; 

IV.- Si se obligó a relevarlo de la fianza en tiempo determinado, y éste ha 

transcurrido; 

V.- Si la deuda se hace exigible por el vencimiento del plazo. 

CAPITULO IV 

De los efectos de la fianza entre los cofiadores 

2719.- Cuando son dos o más los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, 

el que de ellos la haya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que 

proporcionalmente le corresponda satisfacer. 

Si alguno de ellos resultare insolvente, la parte de éste recaerá sobre todos en la misma 

proporción. 

Para que pueda tener lugar lo dispuesto en este artículo, es preciso que se haya hecho 

el pago en virtud de demanda judicial, o hallándose el deudor principal en estado de 

concurso. 

2720.- En el caso del artículo anterior, podrán los cofiadores oponer al que pagó las 

mismas excepciones que habrían correspondido al deudor principal contra el acreedor y 

que no fueren puramente personales del mismo deudor o del fiador que hizo el pago. 

2721.- El beneficio de división no tiene lugar entre los fiadores: 

I.- Cuando se renuncia expresamente; 

II.- Cuando cada uno se ha obligado mancomunadamente con el deudor; 

III.- Cuando alguno o algunos de los fiadores son concursados o se hallan insolventes, 

en cuyo caso se procederá conforme a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero 

del artículo 2719; 

IV.- En el caso de la fracción IV del artículo 2698; 

V.- Cuando alguno o algunos de los fiadores se encuentren en alguno de los casos 

señalados para el deudor en las fracciones III y V del mencionado artículo 2692. (sic 

¿2698?) 

2722.- El fiador que pide el beneficio de división, sólo responde por la parte del fiador o 

fiadores insolventes, si la insolvencia es anterior a la petición; y ni aun por esa misma 

insolvencia, si el acreedor voluntariamente hace el cobro a prorrata sin que el fiador lo 

reclame. 

2723.- El que fía al fiador, en el caso de insolvencia de éste, es responsable para con los 

otros fiadores, en los mismos términos en que lo sería el fiador fiado. 

CAPITULO V 

De la extinción de la fianza

2724.- La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las 

mismas causas que las demás obligaciones. 

2725.- Si la obligación del deudor y la del fiador se confunden, porque uno herede al 

otro, no se extingue la obligación del que fió al fiador. 

2726.- La liberación hecha por el acreedor a uno de los fiadores, sin el consentimiento 

de los otros aprovecha a todos hasta donde alcance la parte del fiador a quien se ha 

otorgado. 

2727.- Los fiadores, aun cuando sean solidarios, quedan libres de su obligación, si por 

culpa o negligencia del acreedor no pueden subrogarse en los derechos, privilegios o 

hipotecas del mismo acreedor. 

2728.- La prórroga o espera concedida al deudor por el acreedor, sin consentimiento del 

fiador, extingue la fianza. 

2729.- La quita reduce la fianza en la misma proporción que la deuda principal, y la 

extingue en el caso de que, en virtud de ella, quede sujeta la obligación principal a 

nuevos gravámenes o condiciones. 

2730.- El fiador que se ha obligado por tiempo determinado, queda libre de su 

obligación, si el acreedor no requiere judicialmente al deudor por el cumplimiento de la 

obligación principal, dentro del mes siguiente a la expiración del plazo. También 

quedará libre de su obligación el fiador, cuando el acreedor, sin causa justificada, deje 

de promover por más de tres meses, en el juicio entablado contra el deudor. 

2731.- Si la fianza se ha otorgado por tiempo indeterminado, tiene derecho el fiador, 

cuando la deuda principal se vuelva exigible, de pedir al acreedor que promueva 

judicialmente, dentro del plazo de un mes, el cumplimiento de la obligación. Si el 

acreedor no ejercita sus derechos dentro del plazo mencionado, o si en el juicio 

entablado deja de promover, sin causa justificada por más de tres meses, el fiador 

quedará libre de su obligación. 

CAPITULO VI 

De la fianza legal o judicial 

2732. - El fiador que haya de darse por disposición de la Ley o por providencia judicial 

excepto cuando el fiador sea una institución de crédito o compañía autorizada por la 

Ley, debe tener bienes inscritos en el Registro Público, libres de todo gravamen y de un 

valor que garantice suficientemente las obligaciones que contraiga. 

Cuando la fianza sea para garantizar el cumplimiento de una obligación cuya cuantía no 

exceda de ciento cincuenta salarios mínimos, no se exigirá que el fiador tenga bienes 

raíces. 

La fianza puede sustituirse con prenda o hipoteca. 

(Reformado por Decreto Núm. 291, publicado en el Periódico Oficial de 20-IV-

2001). 

2733. - Para otorgar la fianza legal o judicial por más de ciento cincuenta salarios 

mínimos, se presentará un certificado expedido por el encargado del Registro Público a 

fin de demostrar que el fiador tiene bienes raíces suficientes y libres de todo gravamen 

para responder del cumplimiento de la obligación que garantice. 


2001). 

2734.- La autoridad ante quien se otorgue la fianza, dentro del término de tres días 

dará aviso del otorgamiento al Registro Público, para que al margen de la inscripción de 

propiedad correspondiente al bien raíz, que se designó para comprobar la solvencia del 

fiador, se ponga nota relativa al otorgamiento de la fianza. 

Extinguida ésta, dentro del mismo término de tres días, se dará aviso al Registro Público 

para que haga la cancelación de la nota marginal. 

La falta de avisos hace responsable al que debe darlos, de los daños y perjuicios que su 

omisión origine. 

2735.- En los certificados de gravamen que se expidan en el Registro Público, se harán 

figurar las notas marginales de que habla el artículo anterior. 

2736.- Si el fiador enajena o grava los bienes raíces cuyas inscripciones de propiedad 

están anotadas conforme a lo dispuesto en el artículo 2734 y de la operación resulta la 

insolvencia del fiador, aquélla se presumirá fraudulenta. 

2737.- La fianza legal o judicial se entiende extendida con renuncia de los beneficios de 

orden y excusión; también los que fíen a estos fiadores legales o judiciales no podrán 

invocar en su favor los repetidos beneficios ni respecto del fiador ni respecto del 

deudor. 

TITULO DECIMOCUARTO 

De la prenda 

2738.- La prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para 

garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. 

2739.- También pueden darse en prenda los frutos pendientes de los bienes raíces que 

deben ser recogidos en tiempo determinado. Para que esta prenda surta sus efectos 

contra tercero necesitará inscribirse en el Registro Público a que corresponda la finca 

respectiva. 

El que dé los frutos en prenda se considerará como depositario de ellos, salvo convenio 

en contrario. 

2740.- Para que se tenga por constituida la prenda, deberá ser entregada al acreedor, 

real o jurídicamente.

2741.- Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor, cuando éste y el 

deudor convienen en que quede en poder de un tercero, o bien cuando quede en poder 

del mismo deudor porque así lo haya estipulado con el acreedor o expresamente lo 

autorice la Ley. En estos dos últimos casos, para que el contrato de prenda produzca 

efecto contra tercero, debe inscribirse en el Registro Público. 

El deudor puede usar de la prenda que quede en su poder en los términos que 

convengan las partes. 

2742.- El contrato de prenda debe constar por escrito. Si se otorga en documento 

privado. Se formarán dos ejemplares, uno para cada contratante. 

No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta la certeza de la fecha por el 

registro, escritura pública o de alguna otra manera fehaciente. 

2743.- Cuando la cosa dada en prenda sea un título de crédito que legalmente deba 

constar en el Registro Público, no surtirá efecto contra tercero el derecho de prenda, 

sino desde que se inscriba en el Registro. 

2744.- A voluntad de los interesados podrá suplirse la entrega del título al acreedor, con 

el depósito de aquél en una institución de crédito. 

2745.- Si llega el caso de que los títulos dados en prenda sean amortizados por quien los 

haya emitido, podrá el deudor, salvo pacto en contrario, substituirlos con otros de igual 

valor. 

2746.- El acreedor a quien se haya dado en prenda un título de crédito, no tiene 

derecho, aun cuando se venza el plazo del crédito empeñado, para cobrarle ni para 

recibir su importe, aun cuando voluntariamente se le ofrezca por el que lo debe; pero 

podrá en ambos casos exigir que el importe del crédito se deposite. 

2747.- Si el objeto dado en prenda fuese un crédito o acciones que no sean al portador 

o negociables por endoso, para que la prenda quede legalmente constituida, debe ser 

notificado el deudor del crédito dado en prenda. 

2748.- Siempre que la prenda fuere un crédito, el acreedor que tuviere en su poder el 

título, estará obligado a hacer todo lo que sea necesario para que no se altere o 

menoscabe el derecho que aquél representa. 

2749.- Se puede constituir prenda para garantizar una deuda aun sin consentimiento del 

deudor. 

2750.- Nadie puede dar en prenda las cosas ajenas, sin estar autorizado por su dueño. 

2751.- Si se prueba debidamente que el dueño prestó su cosa a otro con el objeto de 

que éste la empeñara, valdrá la prenda como si la hubiere constituido el mismo dueño.

2752.- Puede darse en prenda para garantizar obligaciones futuras, pero en este caso 

no puede venderse ni adjudicarse la cosa empeñada, sin que se pruebe que la 

obligación principal fue legalmente exigible. 

2753.- Si alguno hubiere prometido dar cierta cosa en prenda y no la hubiere entregado, 

sea con culpa suya o sin ella, el acreedor puede pedir que se le entregue la cosa, que 

se dé por vencido el plazo de la obligación o que ésta se rescinda. 

2754.- En el caso del artículo anterior, el acreedor no podrá pedir que se le entregue la 

cosa, si ha pasado a poder de un tercero en virtud de cualquier título legal. 

2755.- El acreedor adquiere por el empeño: 

I.- El derecho de ser pagado de su deuda con el precio de la cosa empeñada, con la 

preferencia que establece el artículo 2856; 

II.- El derecho de recobrar la prenda de cualquier detentador, sin exceptuar al mismo 

deudor; 

III.- El derecho de ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles que hiciere para 

conservar la cosa empeñada, a no ser que use de ella por convenio; 

IV.- El de exigir del deudor otra prenda o el pago de la deuda aún antes del plazo 

convenido, si la cosa empeñada se pierde o deteriora sin su culpa. 

2756.- Si el acreedor es turbado en la posesión de la prenda, debe avisarlo al dueño 

para que la defienda; si el deudor no cumpliere con esta obligación será responsable de 

todos los daños y perjuicios. 

2757.- Si perdida la prenda el deudor ofreciere otra o alguna caución, queda al arbitrio 

del acreedor aceptarlas o rescindir el contrato. 

2758.- El acreedor está obligado: 

I.- A conservar la cosa empeñada como si fuera propia, y a responder de los 

deterioros y perjuicios que sufra por su culpa o negligencia; 

II.- A restituir la prenda luego que estén pagados íntegramente la deuda, sus 

intereses y los gastos de conservación de la cosa, si se han estipulado los primeros y 

hecho los segundos. 

2759.- Si el acreedor abusa de la cosa empeñada, el deudor puede exigir que ésta se 

deposite o que aquél dé fianza de restituirla en el estado en que la recibió. 

2760.- El acreedor abusa de la cosa empeñada cuando usa de ella sin estar autorizado 

por convenio, o cuando estándolo la deteriora o aplica a objeto diverso de aquél a que 

está destinada. 

2761.- Si el deudor enajenare la cosa empeñada o concediere su uso o posesión, el 

adquirente no podrá exigir su entrega sino pagando el importe de la obligación 

garantizada, con los intereses y gastos en sus respectivos casos.

2762.- Los frutos de la cosa empeñada pertenecen al deudor; mas si por convenio los 

percibe el acreedor, su importe se imputará primero a los gastos, después a los 

intereses y el sobrante al capital. 

2763.- Si el deudor no paga en el plazo estipulado, y no habiéndolo, cuando tenga 

obligación de hacerlo conforme al artículo 1956, el acreedor podrá pedir y el juez 

decretará la venta en pública almoneda de la cosa empeñada, previa citación del deudor 

o del que hubiere constituido la prenda. 

2764.- La cosa se adjudicará al acreedor en las dos terceras partes de la postura legal, si 

no pudiere venderse en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles. 

2765.- El deudor, sin embargo, puede convenir con el acreedor en que éste se quede 

con la prenda en el precio que se le fije al vencimiento de la deuda, pero no al tiempo 

de celebrarse el contrato. Este convenio no puede perjudicar los derechos de tercero. 

2766.- Puede por convenio expreso venderse la prenda extrajudicialmente. 

2767.- En cualquiera de los casos mencionados en los tres artículos anteriores, podrá el 

deudor hacer suspender la enajenación de la prenda, pagando dentro de las 

veinticuatro horas, contadas desde la suspensión. 

2768.- Si el producto de la venta excede a la deuda, se entregará el exceso al deudor; 

pero si el precio no cubre todo el crédito, tiene derecho el acreedor de demandar al 

deudor por lo que falte. 

2769.- Es nula toda cláusula que autoriza al acreedor a apropiarse la prenda, aunque 

ésta sea de menor valor que la deuda, o a disponer de ella fuera de la manera 

establecida en los artículos que preceden. Es igualmente nula la cláusula que prohiba al 

acreedor solicitar la venta de la cosa dada en prenda. 

2770.- El derecho que da la prenda al acreedor se extiende a todos los accesorios de la 

cosa, y a todos los aumentos de ella. 

2771.- El acreedor no responde por la evicción de la prenda devenida, (sic ¿vendida?) a 

no ser que intervenga dolo de su parte o que se hubiere sujetado a aquella 

responsabilidad expresamente. 

2772.- El derecho y la obligación que resultan de la prenda son indivisibles, salvo el caso 

en que haya estipulación en contrario; sin embargo, cuando el deudor esté facultado 

para hacer pagos parciales y se hayan dado en prenda varios objetos, o uno que sea 

cómodamente divisible, éste se irá reduciendo proporcionalmente a los pagos hechos, 

con tal que los derechos del acreedor siempre queden eficazmente garantizados. 

2773.- Extinguida la obligación principal, sea por el pago, sea por cualquiera otra causa 

legal, queda extinguido el derecho de prenda.

2774.- Respecto de los montes de piedad, que con autorización legal prestan dinero 

sobre prenda, se observarán las leyes y reglamentos que les conciernen, y 

supletoriamente las disposiciones de este título. 

TITULO DECIMOQUINTO 

DE LA HIPOTECA 

CAPITULO I 

De la hipoteca en general 

2775.- La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al 

acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación 

garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes en el grado de preferencia 

establecido por la Ley. 

2776.- Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a 

poder de tercero. 

2777.- La hipoteca sólo puede recaer sobre bienes especialmente determinados. 

2778.- La hipoteca se extiende aunque no se exprese: 

I.- A las accesiones naturales del bien hipotecado; 

II.- A las mejoras hechas por el propietario de los bienes gravados; 

III.- A los objetos muebles incorporados permanentemente por el propietario a la 

finca y que no puedan separarse sin el menoscabo de ésta o deterioro de esos objetos; 

IV.- A los nuevos edificios que el propietario construya sobre el terreno hipotecado, y 

a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. 

2779.- Salvo pacto en contrario la hipoteca no comprenderá: 

I.- Los frutos industriales de los bienes hipotecados, siempre que esos frutos se 

hayan producido antes de que el acreedor exija el pago de su crédito; 

II.- Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la 

obligación garantizada. 

2780.- No se podrán hipotecar: 

I.- Los objetos y rentas pendientes con separación del predio que los produzca; 

II.- Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su 

adorno o comodidad, o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que se 

hipotequen juntamente con dichos edificios; 

III.- Las servidumbres, a no ser que se hipotequen juntamente con el predio 

dominante; 

IV.- El derecho de percibir los frutos en el usufructo concedido por este Código a los 

ascendientes sobre los bienes de sus descendientes;

V.- El uso y la habitación; 

VI.- Los bienes litigiosos, a no ser que la demanda origen del pleito se haya 

registrado preventivamente, o si se hace constar en el título constitutivo de la hipoteca 

que el acreedor tiene conocimiento del litigio; pero en cualquiera de los casos, la 

hipoteca quedará pendiente de la resolución del pleito. 

2781.- La hipoteca de una construcción levantada en terreno ajeno no comprende el 

área. 

2782.- Puede hipotecarse la nuda propiedad, en cuyo caso si el usufructo se consolidare 

con ella en la persona del propietario, la hipoteca se extenderá al mismo usufructo si así 

se hubiere pactado. 

2783.- Pueden también ser hipotecados los bienes que ya lo estén anteriormente, 

aunque sea con el pacto de no volverlos a hipotecar, salvo en todo caso los derechos de 

prelación que establece este Código. El pacto de no volver a hipotecar es nulo. 

2784.- El predio común no puede ser hipotecado sino con consentimiento de todos los 

propietarios. El copropietario puede hipotecar su porción indivisa, y al dividirse la cosa 

común la hipoteca gravará la parte que le corresponda en la división. El acreedor tiene 

derecho de intervenir en la división para impedir que a su deudor se le aplique una 

parte de la finca con valor inferior al que le corresponda. 

2785.- La hipoteca constituida sobre derechos reales, sólo durará mientras éstos 

subsistan; pero si los derechos en que aquélla se hubiere constituido se han extinguido 

por culpa del que los disfrutaba, éste tiene obligación d constituir una nueva hipoteca a 

satisfacción del acreedor y, en caso contrario a pagarle todos los daños y perjuicios. Si 

el derecho hipotecado fuere el de usufructo y éste concluyere por voluntad del 

usufructuario, la hipoteca sustituirá hasta que venza el tiempo en que el usufructo 

hubiere concluido, a no haber mediado el hecho voluntario que le puso fin. 

2786.- La hipoteca puede ser constituida tanto por el deudor como por otro a su favor. 

2787.- El propietario cuyo derecho sea condicional o de cualquiera otra manera limitado, 

deberá declarar en el contrato la naturaleza de su propiedad, si la conoce. 

2788.- Sólo puede hipotecar el que puede enajenar, y solamente pueden ser 

hipotecados los bienes que pueden ser enajenados. 

2789.- Si el inmueble hipotecado se hiciere, con culpa del deudor o sin ella, insuficiente 

para la seguridad de la deuda, podrá el acreedor exigir que se mejore la hipoteca hasta 

que a juicio de peritos garantice debidamente la obligación principal. 

2790.- En el caso del artículo anterior, se sujetará a juicio de peritos la circunstancia de 

haber disminuido el valor de la finca hipotecada hasta hacerse insuficiente para 

responder de la obligación principal.

2791.- Si quedare comprobada la insuficiencia de la finca y el deudor no mejorare la 

hipoteca en los términos del artículo 2789, dentro de los ocho días siguientes a la 

declaración judicial correspondiente, procederá el cobro del crédito hipotecario, dándose 

por vencida la hipoteca para todos los efectos legales. 

2792.- Si la finca estuviere asegurada y se destruyese por incendio u otro caso fortuito, 

subsistirá la hipoteca en los restos de la finca, y además el valor del seguro quedará 

afecto al pago. Si el crédito fuere de plazo cumplido, podrá el acreedor pedir la 

retención del seguro, y si no lo fuere, podrá pedir que dicho valor se imponga a su 

satisfacción, para que se verifique el pago al vencimiento del plazo. Lo mismo se 

observará con el precio que se obtuviere en el caso de expropiación por causa de 

utilidad pública o de venta judicial. 

2793.- La hipoteca subsistirá íntegra aunque se reduzca la obligación garantida, y 

gravará cualquiera parte de los bienes hipotecados que se conserven, aunque la 

restante hubiere desaparecido, pero sin perjuicio de lo que disponen los artículos 

siguientes. 

2794.- Cuando se hipotequen varias fincas para la seguridad de un crédito, es forzoso 

determinar por qué porción del crédito responde cada finca, y puede cada una de ellas 

ser redimida del gravamen, pagándose la parte del crédito que garantiza. 

2795.- Cuando una finca hipotecada susceptible de ser fraccionada convenientemente se 

divida, se repartirá equitativamente el gravamen hipotecario entre las fracciones. Al 

efecto, se pondrán de acuerdo el dueño de la finca y el acreedor hipotecario; y si no se 

consiguiere ese acuerdo, la distribución del gravamen se hará por decisión judicial, 

previa audiencia de peritos. 

2796.- Sin consentimiento del acreedor, el propietario del predio hipotecado no puede 

darlo en arrendamiento, ni pactar pago anticipado de rentas, por un término que 

exceda a la duración de la hipoteca, bajo la pena de nulidad del contrato en la parte 

que exceda de la expresada duración. 

Si la hipoteca no tiene plazo cierto, no podrá estipularse anticipo de rentas, ni 

arrendamiento, por más de un año, si se trata de finca rústica; ni por más de dos 

meses, si se trata de finca urbana. 

2797.- La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue intereses, no 

garantiza en perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de tres años; a 

menos que se haya pactado expresamente que garantizará los intereses por más 

tiempo, con tal que no exceda del término para la prescripción de los intereses, y de 

que se haya tomado razón de esta estipulación en el Registro Público. 

2798.- El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada, en remate judicial, o 

por adjudicación, en los casos en que no se presente otro postor, de acuerdo con lo que 

establezca el Código de Procedimientos Civiles.

Puede también convenir con el deudor en que se le adjudique en el precio que se fije al 

exigirse la deuda, pero no al constituirse la hipoteca. Este convenio no puede perjudicar 

los derechos de tercero. 

2799. - Cuando el crédito hipotecario exceda de trescientos treinta y cinco salarios 

mínimos, la hipoteca debe otorgarse en escritura pública. Cuando no exceda de esa 

cantidad, podrá otorgarse en escritura privada ante dos testigos y el Registrador del 

Distrito en que se ubique el inmueble, haciéndose de aquélla tantos ejemplares como 

sean las partes contratantes y otra para el Registro Público. 


2001). 


2800.- La acción hipotecaria prescribirá a los diez años, contados desde que pueda 

ejercitarse con arreglo al título inscrito. 

2801.- La hipoteca nunca es tácita, ni general; para producir efectos contra tercero 

necesita siempre de registro, y se contrae por voluntad, en los convenios y en el caso 

del artículo 2783; y por necesidad, cuando la Ley sujeta a alguna persona a prestar esa 

garantía sobre bienes determinados. En el primer caso se llama voluntaria; en el 

segundo, necesaria. 

CAPITULO II 

De la hipoteca voluntaria 

2802.- Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes o impuestas por disposición 

del dueño de los bienes sobre que se constituyen. 

2803.- La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a 

condiciones suspensivas inscritas surtirá efecto contra tercero desde su inscripción, si la 

obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. 

2804.- Si la obligación asegurada estuviese sujeta a condición resolutoria inscrita, la 

hipoteca no dejará de surtir su efecto respecto de tercero, sino desde que se haga 

constar en el registro el cumplimiento de la condición. 

2805.- Cuando se contraiga la obligación futura o se cumplan las condiciones de que 

tratan los dos artículos anteriores, deberán los interesados pedir que se haga constar 

así, por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria, sin cuyo requisito no 

podrá aprovechar ni perjudicar a tercero la hipoteca constituida. 

2806.- Para hacer constar en el registro el cumplimiento de las condiciones a que se 

refieren los artículos que preceden, o la existencia de las obligaciones futuras, 

presentará cualquiera de los interesados al registrador la copia del documento público 

que así lo acredite y, en su defecto, una solicitud formulada por ambas partes, pidiendo

que se extienda la nota marginal y expresando claramente los hechos que deben dar 

lugar a ella. 

Si alguno de los interesados se niega a firmar dicha solicitud, acudirá el otro a la 

autoridad judicial para que, previo el procedimiento correspondiente, dicte la resolución 

que proceda. 

2807.- Todo hecho o convenio entre las partes, que puede modificar o destruir la 

eficacia de una obligación hipotecaria anterior, no surtirá efecto contra tercero si no se 

hace constar en el registro por medio de una inscripción nueva, de una cancelación total 

o parcial o de una nota marginal, según los casos. 

2808.- El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en 

la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2799, se dé 

conocimiento al deudor y sea inscrito en el Registro Público. 

Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede 

transmitirse por endoso del titulo, sin necesidad de notificación al deudor, ni de registro. 

La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador se transmitirán por la 

simple entrega del titulo sin ningún otro requisito. 

Las Instituciones del Sistema Bancario Mexicano, actuando en nombre propio o como 

fiduciarias, las demás entidades financieras y los Institutos de Seguridad Social, podrán 

ceder sus créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor, de 

escritura pública ni de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, siempre que el 

cedente lleve la Administración de los créditos. En el caso de que el cedente deje de 

llevar la administración de los créditos, el cesionario deberá únicamente notificar por 

escrito la cesión al deudor. 

En el supuesto previsto en el párrafo segundo, la inscripción de la hipoteca a favor del 

acreedor original se considerará hecha a favor de él o los cesionarios referidos en tales 

párrafos, quienes tendrán todos los derechos y acciones derivados de ésta. 

2809.- La hipoteca generalmente durará por todo el tiempo que subsista la obligación 

que garantice y cuando ésta no tuviere término para su vencimiento, la hipoteca no 

podrá durar más de diez años. 

Los contratantes pueden señalar a la hipoteca una duración menor que la de la 

obligación principal. 

2810.- Cuando se prorrogue el plazo de la obligación garantizada con la hipoteca, ésta 

se entenderá prorrogada por el mismo término, a no ser que expresamente se asigne 

menor tiempo a la prórroga de la hipoteca. 

2811.- Si antes de que expire el plazo se prorrogare por primera vez, durante la 

prórroga y el término señalado para la prescripción, la hipoteca conservará la prelación 

que le corresponda desde su origen. 

2812.- La hipoteca prorrogada segunda o más veces, sólo conservará la preferencia 

derivada del registro

de su constitución, por el tiempo a que se refiere el artículo anterior; pero el demás 

tiempo, o sea el de la segunda o ulterior prórroga, sólo tendrá la prelación que le 

corresponda por la fecha del último registro. 

Lo mismo se observará en el caso de que el acreedor conceda un nuevo plazo para que 

se le pague su crédito. 

CAPITULO III 

De la hipoteca necesaria 

2813.- Llámase necesaria a la hipoteca especial y expresa que por disposición de la Ley 

están obligadas a constituir ciertas personas para asegurar los bienes que administran, 

o para garantizar los créditos de determinados acreedores. 

2814.- La constitución de la hipoteca necesaria podrá exigirse en cualquier tiempo, 

aunque haya cesado la causa que le diere fundamento, siempre que esté pendiente de 

cumplimiento la obligación que se debiera haber asegurado. 

2815.- Si para la constitución de alguna hipoteca necesaria se ofrecieren diferentes 

bienes y no convinieren los interesados en la parte de responsabilidad que haya de 

pesar sobre cada uno, conforme a lo dispuesto en el artículo 2794, decidirá la autoridad 

judicial, previo dictamen de peritos. 

Del mismo modo decidirá el juez las cuestiones que se susciten entre los interesados, 

sobre la calificación de suficiencia de los bienes ofrecidos para la constitución de 

cualquiera hipoteca necesaria. 

2816.- La hipoteca necesaria durará el mismo tiempo que la obligación que con ella se 

garantiza. 

2817.- Tienen derecho de pedir la hipoteca necesaria para seguridad de sus créditos: 

I.- El coheredero o partícipe, sobre los inmuebles repartidos, en cuanto importen los 

respectivos saneamientos o el exceso de los bienes que hayan recibido; 

II.- Los descendientes de cuyos bienes fueron meros administradores los 

ascendientes, sobre los bienes de éstos, para garantizar la conservación y devolución de 

aquéllos; teniendo en cuenta lo que dispone la fracción III del artículo 535; 

III.- Los menores y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores, por los que 

éstos administren; 

IV.- Los legatarios, por el importe de sus legados, si no hubiere hipoteca especial 

designada por el mismo testador; 

V.- El Estado, los municipios y los establecimientos públicos, sobre los bienes de sus 

administradores o recaudadores, para asegurar las rentas que deben manejar. 

2818.- La constitución de la hipoteca en los casos a que se refieren las fracciones II y III 

del artículo anterior, puede ser pedida: 

I.- En el caso de bienes de que fueren meros administradores los padres, por los 

herederos legítimos del menor;

II.- En el caso de bienes que administren los tutores, por los herederos legítimos y 

por el curador del incapacitado, así como por el Consejo de Tutelas; 

III.- Por el Ministerio Público, si no la pidieren las personas enumeradas en las 

fracciones anteriores. 

2819.- La constitución de la hipoteca por los bienes de hijos de familia, de los menores y 

de los demás incapacitados, se regirá por las disposiciones contenidas en el título VIII, 

capítulo II; título IX, capítulo IX, y título XI, capítulos I y III, del Libro Primero. 

2820.- Los que tienen derecho de exigir la constitución de hipoteca necesaria, tienen 

también el de objetar la suficiencia de la que se ofrezca, y el de pedir su ampliación 

cuando los bienes hipotecados se hagan por cualquier motivo insuficientes para 

garantizar el crédito; en ambos casos resolverá el juez. 

2821.- Si el responsable de la hipoteca designada en las fracciones II, III y IV del 

artículo 2817 no tuviera inmuebles, no gozará el acreedor más que del privilegio 

mencionado en el artículo 2876, fracción I, salvo lo dispuesto en el capítulo IX del título 

IX del Libro Primero. 

CAPITULO IV 

De la extinción de las hipotecas 

2822.- La hipoteca produce todos sus efectos jurídicos contra tercero mientras no sea 

cancelada su inscripción. 

2823.- Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la extinción de la hipoteca: 

I.- Cuando se extinga el bien hipotecado; 

II.- Cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía; 

III.- Cuando se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado; 

salvo el caso del artículo 2770; 

IV.- Cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado, 

observándose lo dispuesto en el artículo 2786; 

V.- Cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, teniendo aplicación lo 

prevenido en el artículo 2200; 

VI.- Por la remisión expresa del acreedor; 

VII.- Por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria. 

2824.- La hipoteca extinguida por dación en pago, revivirá si el pago queda sin efecto, 

ya sea porque la cosa dada en pago se pierda por culpa del deudor y estando todavía 

en su poder, ya sea porque el acreedor la pierda en virtud de la evicción. 

2825.- En los casos del artículo anterior si el registro hubiere sido cancelado, revivirá 

solamente desde la fecha de la nueva inscripción; quedando siempre a salvo al acreedor 

el derecho para ser indemnizado por el deudor, de los daños y perjuicios que se le 

hayan seguido.

TITULO DECIMOSEXTO 

De las transacciones 

2826.- La transacción es un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas 

concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. 

2827.- La transacción que previene controversias futuras, debe constar por escrito, si el 

interés pasa de diez salarios mínimos. 


2001). 

2828.- Los ascendientes y los tutores no pueden transigir en nombre de las personas 

que tienen bajo su potestad o bajo su guarda, a no ser que la transacción sea necesaria 

o útil para los intereses de los incapacitados y previa autorización judicial. 

2829.- No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre la validez del 

matrimonio. 

2830.- Es válida la transacción sobre los derechos pecuniarios que de la declaración del 

estado civil pudieran deducirse a favor de una persona; pero la transacción, en tal caso, 

no importa la adquisición de estado. 

2831.- Será nula la transacción que verse: 

I.- Sobre delito, dolo o culpa futuros; 

II.- Sobre sucesión futura; 

III.- Sobre una herencia, antes de visto el testamento, si lo hay; 

IV.- Sobre el derecho de recibir alimentos. 

2832.- Podrá haber transacción sobre las cantidades que ya sean debidas por alimentos. 

2833.- El fiador sólo queda obligado por la transacción cuando consiente en ella. 

2834.- La transacción tiene, respecto de la partes, la misma eficacia y autoridad que la 

cosa juzgada; pero podrá pedirse la nulidad o la rescisión de aquélla en los caos 

autorizados por la Ley. 

2835.- Puede anularse la transacción cuando se hace en razón de un título nulo, a no 

ser que las partes hayan tratado expresamente de la nulidad. 

2836.- Cuando las partes están instruidas de la nulidad del título, o la disputa es sobre 

esa misma nulidad, pueden transigir válidamente, siempre que los derechos a que se 

refiere el título sean renunciables. 

2837.- La transacción celebrada teniéndose en cuenta documentos que después han 

resultado falsos por sentencia judicial, es nula.

2838.- El descubrimiento de nuevos títulos o documentos, no es causa para anular o 

rescindir la transacción, si no ha habido mala fe. 

2839.- Es nula la transacción sobre cualquier negocio que esté decidido judicialmente 

por sentencia irrevocable, ignorada por los interesados. 

2840.- En las transacciones sólo hay lugar a la evicción cuando en virtud de ellas da una 

de las partes a la otra alguna cosa que no era objeto de la disputa y que, conforme a 

derecho, pierde el que la recibió. 

2841.- Cuando la cosa dada tiene vicios o gravámenes ignorados del que la recibió, ha 

lugar a pedir la diferencia que resulte del vicio o gravamen, en los mismos términos que 

respecto de la cosa vendida. 

2842.- Por la transacción no se transmiten sino que se declaran o reconocen los 

derechos que son el objeto de las diferencias sobre que ella recae. 

La declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que lo hace, a 

garantizarlos; ni le impone responsabilidad alguna en caso de evicción, ni importa un 

título propio en qué fundar la prescripción. 

2843.- Las transacciones deben interpretarse estrictamente y sus cláusulas son 

indivisibles a menos que otra cosa convengan las partes. 

2844.- No podrá intentarse demanda contra el valor o subsistencia de una transacción, 

sin que previamente se haya asegurado la devolución de todo lo recibido, a virtud del 

convenio que se quiera impugnar. 

TERCERA PARTE 


DE LA CONCURRENCIA Y PRELACION DE LOS CRÉDITOS 

CAPITULO I 


2845.- El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, 

con excepción de aquéllos que, conforme a la Ley, son inalienables o no embargables. 

2846.- Procede el concurso de acreedores siempre que el deudor suspenda el pago de 

sus deudas civiles, líquidas y exigibles. La declaración de concurso será hecha por el 

juez competente, mediante los trámites fijados en el Código de Procedimientos Civiles.

2847.- La declaración de concurso incapacita al deudor para seguir administrando sus 

bienes, así como para cualquiera otra administración que por la Ley le corresponda, y 

hace que se venza el plazo de todas sus deudas. 

Esa declaración produce también el efecto de que dejen de devengar intereses las 

deudas del concursado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios que se seguirán 

devengando los intereses correspondientes hasta donde alcance el valor de los bienes 

que los garanticen. 

2848.- Los capitales debidos serán pagados en el orden establecido en este título, y si 

después de satisfechos quedaren fondos pertenecientes al concurso, se pagarán los 

réditos correspondientes, en el mismo orden en que se pagaron los capitales, pero 

reducidos los intereses al tipo legal, a no ser que se hubiere pactado un tipo menor. 

Sólo que hubiere bienes suficientes para que todos los acreedores queden pagados, se 

cubrirán los réditos al tipo convenido que sea superior al legal. 

2849.- El deudor puede celebrar con sus acreedores los convenios que estime 

oportunos; pero esos convenios se harán precisamente en junta de acreedores 

debidamente constituida. 

Los pactos particulares entre el deudor y cualquiera de sus acreedores serán nulos. 

2850.- La proposición de convenio se discutirá y pondrá a votación, formando resolución 

el voto de un número de acreedores que compongan la mitad y uno más de los 

concurrentes, siempre que su interés en el concurso cubra las tres quintas partes del 

pasivo, deduciendo el importe de los créditos de los acreedores hipotecarios y 

pignoraticios que hubieren optado por no ir al concurso. 

2851.- Dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la junta en que se hubiere 

aprobado el convenio, los acreedores disidentes y los que no hubieren concurrido a la 

junta podrán oponerse a la aprobación del mismo. 

2852.- Las únicas causas en que podrán fundarse la oposición al convenio serán: 

I.- Defectos en las formas prescritas para la convocación, celebración y deliberación 

de la junta; 

II.- Falta de personalidad o representación en algunos de los votantes, siempre que 

su voto decida la mayoría en número o en cantidad; 

III.- Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de los 

acreedores entre sí, para votar a favor del convenio; 

IV.- Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de cantidad; 

V.- La inexactitud fraudulenta en el inventario de los bienes del deudor o en los 

informes de los síndicos, para facilitar la admisión de las proposiciones del deudor. 

2853.- Aprobado el convenio por el juez, será obligatorio para el fallido y para todos los 

acreedores cuyos créditos daten de época anterior a la declaración, si hubieren sido 

citados en forma legal, o si habiéndoles notificado la aprobación del convenio no 

hubieren reclamado contra éste en los términos prevenidos en el Código de

Procedimientos Civiles, aunque esos acreedores no estén comprendidos en la lista 

correspondiente, ni hayan sido parte en el procedimiento. 

2854.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, podrán abstenerse de tomar 

parte en la junta de acreedores en la que haga proposiciones el deudor, y, en tal caso, 

las resoluciones de la junta no perjudicarán sus respectivos derechos. 

Si por el contrario, prefieren tener voz y voto en la mencionada junta, serán 

comprendidos en las esperas o quitas que la junta acuerde, sin perjuicio, del lugar y 

grado que corresponda al título de su crédito. 

2855.- Si el deudor cumpliere el convenio, quedarán extinguidas sus obligaciones en los 

términos estipulados en el mismo; pero si dejare de cumplir en todo o en parte, 

renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que no hubieren percibido de 

su crédito primitivo, y podrá cualquiera de ellos pedir la declaración o continuación del 

concurso. 

2856.- No mediando pacto expreso en contrario entre deudores y acreedores, 

conservarán éstos su derecho, terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el 

deudor adquiera posteriormente, la parte de crédito que no le hubiere sido satisfecha. 

2857.- Los créditos se graduarán en el orden que se clasifiquen en los capítulos 

siguientes, con la prelación que para cada clase se establezca en ellos. 

2858.- Concurriendo diversos acreedores de la misma clase y número, serán pagados 

según la fecha de sus títulos, si ésta constare de una manera indubitable. En cualquier 

otro caso serán pagados a prorrata. 

2859.- Los gastos judiciales hechos por un acreedor, en lo particular, serán pagados en 

el lugar en que deba serlo el crédito que los haya causado. 

2860.- El crédito cuya preferencia provenga de convenio fraudulento entre el acreedor y 

el deudor, pierde toda preferencia, a no ser que el dolo provenga sólo del deudor, quien 

en este caso será responsable de los daños y perjuicios que se sigan a los demás 

acreedores, además de las penas que merezcan por el fraude. 

CAPITULO II 

De los créditos hipotecarios y pignoraticios 

y de algunos otros privilegiados 

2861.- Preferentemente se pagarán los adeudos fiscales provenientes de impuestos, con 

el valor de los bienes que los hayan causado. 

2862.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, no necesitan entrar en concurso 

para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competan en 

virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con 

el valor de los bienes que garanticen sus créditos.

2863.- Si hubiere varios acreedores hipotecarios garantizados con los mismos bienes, 

pueden formar un concurso especial con ellos y serán pagados por el orden de fechas 

en que se otorgaron las hipotecas, si éstas se registraron dentro del término legal, o 

según el orden en que se hayan registrado los gravámenes, si la inscripción se hizo 

fuera del término de la Ley. 

2864.- Cuando el valor de los bienes hipotecados o dados en prenda no alcanzare a 

cubrir los créditos que garantizan, por el saldo deudor entrarán al concurso los 

acreedores de que se trata, y serán pagados como acreedores de tercera clase. 

2865.- Para que el acreedor pignoraticio goce del derecho que le concede el artículo 

2862 es necesario que cuando la prenda le hubiere sido entregada en la primera de las 

formas establecidas en el artículo 2735 la conserve en su poder o que sin culpa suya 

haya perdido su posesión; o que cuando le hubiere sido entregada en la segunda de las 

formas previstas en el artículo citado, no haya consentido en que el deudor depositario 

o el tercero que la conserve en su poder, la entregue a otra persona. 

2866.- Del precio de los bienes hipotecados o dados en prenda, se pagarán en el orden 

siguiente: 

I.- Los gastos del juicio respectivo y los que causen las ventas de esos bienes; 

II.- Los gastos de conservación y administración de los mencionados bienes; 

III.- La deuda de seguros de los propios bienes; 

IV.- Los créditos hipotecarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2863, 

comprendiéndose en el pago los réditos de los últimos tres años; o los créditos 

pignoraticios, según su fecha, así como sus réditos durante los últimos seis meses. 

2867.- Para que se paguen con la preferencia señalada los créditos comprendidos en las 

fracciones II y III del artículo anterior, son requisitos indispensables que los primeros 

hayan sido necesarios y que los segundos consten auténticamente. 

2868.- Si el concurso llega al período en que deba pronunciarse sentencia de 

graduación, sin que los acreedores hipotecarios o pignoraticios hagan uso de los 

derechos que les concede el artículo 2862, el concurso hará vender los bienes y 

depositará el importe del crédito y de los réditos correspondientes, observándose, en su 

caso, las disposiciones relativas a los ausentes. 

2869.- El concurso tiene derecho para redimir los gravámenes hipotecarios y 

pignoraticios que pesen sobre los bienes del deudor, o de pagar las deudas de que 

especialmente responden algunos de éstos, y, entonces, esos bienes entrarán a formar 

parte del fondo del concurso. 

2870.- Los trabajadores no necesitan entrar al concurso para que se les paguen los 

créditos derivados de su contrato de trabajo; deducirán su reclamación ante la 

autoridad que corresponda, y, en cumplimiento de la resolución que dicte, se 

enajenarán los bienes que sean necesarios para que los créditos de que se trata se 

paguen preferentemente a cualesquiera otros.

2871.- Si entre los bienes del deudor se hallaren comprendidos bienes muebles o raíces 

adquiridos por sucesión y obligados por el autor de la herencia a ciertos acreedores, 

podrán éstos pedir que aquéllos sean separados y formar concurso especial con 

exclusión de los demás acreedores propios del deudor. 

2872.- El derecho reconocido en el artículo anterior no tendrá lugar: 

I.- Si la separación de los bienes no fuere pedida dentro de tres meses, contados 

desde que se inició el concurso o desde la aceptación de la herencia; 

II.- Si los acreedores hubieren hecho novación de la deuda o de cualquier otro modo 

hubieren aceptado la responsabilidad personal del heredero. 

2873.- Los acreedores que obtuvieren la separación de bienes, no podrán entrar al 

concurso del heredero, aunque aquéllos no alcancen a cubrir sus créditos. 

CAPITULO III 

De algunos acreedores preferentes sobre 

determinados bienes 

2874.- Con el valor de los bienes que se mencionan serán pagados preferentemente: 

I.- La deuda por gastos de salvamento, con el valor de la cosa salvada; 

II.- La deuda contraída antes del concurso, expresamente para ejecutar obras de 

rigurosa conservación de algunos bienes, con el valor de éstos; siempre que se pruebe 

que la cantidad prestada se empleó en esas obras; 

III.- Los créditos a que se refiere el artículo 2525, con el precio de la obra construida; 

IV.- Los créditos por semillas, gastos de cultivo y recolección, con el precio de la 

cosecha para que sirvieron y que se halle en poder del deudor; 

V.- El crédito por fletes, con el precio de los efectos transportados, si se encuentran 

en poder del acreedor; 

VI.- El crédito por hospedaje, con el precio de los muebles del deudor que se 

encuentran en la casa o establecimiento donde está hospedado; 

VII.- El crédito del arrendador, con el precio de los bienes muebles embargables que 

se hallen dentro de la finca arrendada o con el precio de los frutos de la cosecha 

respectiva si el predio fuere rústico; 

VIII.- El crédito que provenga del precio de los bienes vendidos y no pagados, con el 

valor de ellos, si el acreedor hace su reclamación dentro de los sesenta días siguientes a 

la venta, si se hizo al contado, o del vencimiento, si la venta fue a plazo; 

Tratándose de bienes muebles, cesará la preferencia si hubieren sido inmovilizados; 

IX.- Los créditos anotados en el Registro Público, en virtud de mandamiento judicial, 

por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados y 

solamente en cuanto a créditos posteriores. 

CAPITULO IV 

Acreedores de primera clase

2875.- Pagados los acreedores mencionados en los capítulos anteriores y con el valor de 

todos los bienes que queden se pagarán: 

I.- Los gastos judiciales comunes, en los términos que establezca el Código de 

Procedimientos; 

II.- Los gastos de rigurosa conservación y administración de los bienes concursados; 

III.- Los gastos de funerales del deudor, proporcionados a su posición social, y 

también los de su mujer e hijos que estén bajo su patria potestad y no tuviesen bienes 

propios; 

IV.- Los gastos de la última enfermedad de las personas mencionadas en la fracción 

anterior, hechos en los últimos seis meses que precedieron al día del fallecimiento; 

V.- El crédito por alimentos fiados al deudor para su subsistencia y la de su familia, 

en los seis meses anteriores a la formación del concurso; 

VI.- La responsabilidad civil y la reparación del daño en la parte que comprende el 

pago de los gastos de curación o de los funerales del ofendido y las pensiones que por 

concepto de alimentos se deban a sus familiares. En lo que se refiere a la obligación de 

restituir, por tratarse de devoluciones de cosa ajena, no entra en concurso, y por lo que 

toca a las otras indemnizaciones que se deban por el delito, se pagarán como si se 

tratara de acreedores comunes de cuarta clase. 

CAPITULO V 

Acreedores de segunda clase 

2876.- Pagados los créditos antes mencionados, se pagarán: 

I.- Los créditos de las personas comprendidas en las fracciones II, III y IV del 

artículo 2817, que no hubieren exigido la hipoteca necesaria; 

II.- Los créditos del erario que no estén comprendidos en el artículo 2861, y los 

créditos a que se refiere la fracción V del artículo 2817, que no hayan sido garantizados 

en la forma allí prevenida; 

III.- Los créditos de los establecimientos de beneficencia pública o privada. 

CAPITULO VI 

Acreedores de tercera clase 

2877.- Satisfechos los créditos de que se ha hablado anteriormente, se pagarán los 

créditos que consten en escritura pública o en cualquier otro documento auténtico. 

CAPITULO VII 

Acreedores de cuarta clase 

2878.- Pagados los créditos enumerados en los capítulos que preceden, se pagarán los 

créditos que consten en documento privado. 

2879.- Con los bienes restantes serán pagados todos los demás créditos que no estén 

comprendidos en las disposiciones anteriores. El pago se hará a prorrata y sin atender a 

las fechas, ni al origen de los créditos.


DEL REGISTRO PUBLICO 

CAPITULO I 

De las oficinas del Registro 

2880.- El Registro Público de la Propiedad, es la Institución mediante la cual el Ejecutivo 

del Estado, proporciona el servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que, conforme 

a la Ley, precisan de este requisito para surtir efectos ante terceros. 

El Registro Público de la Propiedad en el Estado, estará a cargo del Director del Registro 

Publico de la Propiedad, quien se auxiliara de registradores en cada distrito Judicial, con 

asiento en las localidades que determine el Ejecutivo del Estado. 

2881.- El reglamento fijará el número de secciones de que se componga el Registro y la 

sección en que deban inscribirse los títulos que se registren. 

En cada sección se harán las inscripciones en libros por duplicado, debiendo quedar uno 

de ellos en cada registraduria foránea y otro deberá remitirse por sus titulares al 

Director del registro público de la propiedad, en la época que fije el reglamento, para 

que este funcionario forme, con los originales del Distrito del Centro, el Archivo General 

del Registro. 

Cuando no existan, por cualquier motivo, los libros que deben permanecer en las 

registradurias foráneas, o estén rotos o borrados, se tomarán los certificados 

correspondientes y se harán las anotaciones y cancelaciones respectivas de los que se 

remitieron para formar el Archivo General del Registro; en estos casos las anotaciones o 

cancelaciones que se hagan, así como los certificados que se expidan, harán plena fe. 

Cualquier anotación, cancelación o modificación de una inscripción correspondiente a 

año distinto a aquél en que se haga, se avisará por el registrador respectivo al Director, 

para que este mande practicar en los libros del Archivo igual anotación, cancelación o 

modificación. 

2882.- El registro será público, los encargados de la oficina tienen la obligación de 

permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de las inscripciones constantes 

en los libros del Registro, y de los documentos relacionados con las inscripciones que 

estén archivados. También tienen obligación de expedir copias certificadas de las 

inscripciones o constancias que figuren en los libros del Registro; así como 

certificaciones de no existir asientos de ninguna especie o de especie determinada, 

sobre bienes señalados o a cargo de ciertas personas. 

CAPITULO II 

De los títulos sujetos a registro y de los efectos legales del registro. 

2883.- Se inscribirán en el Registro: 

I.- Los títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica o extingue el dominio, 

la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles, las demandas relativas a la

propiedad de bienes inmuebles, o a la declaración, constitución, modificación o 

extinción de cualquier derecho real sobre aquéllas. 

II.- Las capitulaciones matrimoniales cuando en virtud de ellas se establezca entre los 

cónyuges comunidad de bienes raíces o adquiera uno de ellos propiedad de bienes de 

esa clase por donación antenupcial o cualquier otro; 

III.- La constitución del patrimonio de familia; 

IV.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un período mayor de 

seis años y aquéllos en que haya anticipos de rentas por más de tres; 

V.- La condición resolutoria en las ventas a que se refieren las fracciones I y II del 

artículo 2184; 

VI.- Los contratos de prenda que menciona el artículo 2741; 

VII.- La escritura constitutiva de las sociedades civiles y la que la reforma; 

VIII.- La escritura constitutiva de las asociaciones y la que la reforma; 

IX.- Las funciones (sic ¿fundaciones?) de beneficencia privada; 

X.- Las resoluciones o determinaciones judiciales o de árbitros o arbitradores que 

produzcan alguno de los efectos mencionados en la fracción I; 

XI.- Los testamentos por efecto de los cuales se deja la propiedad de bienes raíces, o 

de derechos reales, haciéndose el registro después de la muerte del testador; 

XII.- En los casos de intestado, el auto declaratorio de los herederos legítimos y el 

nombramiento de albacea definitivo; 

En los casos previstos en las dos fracciones anteriores, se tomará razón del acta de 

defunción del autor de la herencia; 

XIII.- Las resoluciones judiciales en que se declare un concurso o se admita una cesión 

de bienes; 

XIV.- El testimonio de las informaciones ad perpétuam promovidas y protocolizadas de 

acuerdo con lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles; 

XV.- Los demás títulos que la Ley ordene expresamente que sean registrados. 

2884.- Los documentos que conforme a esta Ley deben registrarse y no se registran, 

sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios 

a tercero, el que sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables. 

2885.- Los actos ejecutados, los contratos otorgados y las resoluciones judiciales 

pronunciadas en país extranjero, sólo se inscribirán concurriendo las circunstancias 

siguientes: 

I.- Que si los actos o contratos hubiesen sido celebrados o las sentencias 

pronunciadas en el Estado, habria sido necesaria su inscripción en el Registro. 

II.- Que estén debidamente legalizados; 

III.- Si fueren resoluciones judiciales, que se ordene su ejecución por la autoridad 

judicial nacional que corresponda. 

2886.- La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las 

leyes. 

2887.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se 

otorguen o celebren por personas que en el registro aparezcan con derecho para ello,

no se invalidarán, en cuanto a tercero de buena fe, una vez inscritos, aunque después 

se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito, o de 

causas que no resultaren claramente del mismo registro. 

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contratos gratuitos, ni a actos o 

contratos que se ejecuten u otorguen violando una Ley prohibitiva o de interés público. 

2888.- No pueden los bienes raíces o los derechos reales impuestos sobre los mismos, 

aparecer inscritos a la vez en favor de dos o más personas distintas, a menos que éstas 

sean copartícipes. 

CAPITULO III 

Del modo de hacer el registro y de las 

personas que tienen derecho de pedir 

la inscripción 

2889.- La inscripción de los títulos en el Registro puede pedirse por todo el que tenga 

interés legítimo en asegurar el derecho que se va a inscribir, o por el notario que haya 

autorizado la escritura de que se trate. 

2890.- Sólo se registrarán: 

I.- Los testimonios de escritura pública u otros documentos auténticos; 

II.- Las sentencias y providencias judiciales certificadas legalmente; 

III.- Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la Ley, 

siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el registrador, la 

autoridad municipal o el Alcalde se cercioró de la autenticidad de las firmas y de la 

voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmada por las mencionadas 

autoridades y llevar el sello de la oficina respectiva. 

En los casos en que la escritura privada, fuere autorizada por el Registrador, la 

calificación del titulo será a cargo del Director del Registro Público en los términos del 

artículo 2892 de este Código, y el registro será autorizado y asentado por el Registrador 



2001). 

2891.- El interesado presentará el título que va a ser registrado. 

2892.- Los registradores calificaran bajo su responsabilidad los documentos que se 

presenten para la práctica de laguna inscripción o anotación, la que designarán en los 

casos siguientes: 

I.- Cuando el Titulo presentado no sea de los que deben inscribirse o anotarse; 

II.- Cuando el documento no revista las formas exigidas por la ley; 

III.- Cuando el contenido del documento sea contrario a las leyes prohibitivas o de 

interés publico; 

IV.- Cuando el documento no reúna los datos a que se refiere el artículo 2894; 

V.- Cuando haya incompatibilidad entre el texto del documento y sus antecedentes 

regístrales;

VI.- Cuando falte algún otro requisito que deba llenar el documento de acuerdo con el 

Código u otras leyes aplicables. 

En estos casos, se devolverá el Titulo sin registrar, pudiendo el interesado recurrir la 

calificación hecha por el registrador ante el Director del Registro Público de la 

Propiedad. Si este confirma la calificación, el interesado podrá reclamarla en juicio 

sumario ante la autoridad judicial. 


2001). 

2892.- BIS.- El escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad, a que se 

refiere el ultimo párrafo del articulo anterior, deberá presentarse por conducto del 

registrador que emitió la resolución reclamada, dentro de los ocho días hábiles 

siguientes a su notificación. 

El recurso se substanciara en los términos que fije el reglamento. 

2893.- En los casos a que se refiere el artículo 2892, el registrador tiene obligación de 

hacer una inscripción preventiva a fin de que si el Director del Registro Público de la 

Propiedad o autoridad judicial ordenan que se registre el título rechazado, la inscripción 

definitiva surta sus efectos desde que por primera vez se presentó el título. Si el 

Director del Registro Público de la Propiedad y el Juez aprueba la calificación hecha por 

el registrador, se cancelará la inscripción preventiva. 

Transcurridos tres años sin que se comunique al registrados la calificación que del título 

presentado haya hecho el juez, a petición de parte interesada se cancelará la inscripción 

preventiva. 

2894.- Toda inscripción que se haga en el Registro expresará las circunstancias 

siguientes: 

I.- La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción a los 

cuales afecte el derecho que deba inscribirse; su medida superficial, nombre y número 

si constare en el título, y la referencia al registro anterior en donde consten esos datos; 

II.- La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho que se constituya, 

trasmita, modifique o extinga; 

III.- El valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones anteriores. Si el 

derecho no tuviere valor determinado, los interesados fijarán en el título la estimación 

que le den; 

IV.- Tratándose de hipotecas, la época en que podrá exigirse el pago del capital 

garantizado y si causare réditos, la tasa o el monto de éstos y la fecha desde que deban 

pagarse; 

V.- Los nombres, edades, domicilios y profesiones de las personas que por sí mismos 

o por medio de representantes hubieren celebrado el contrato o ejecutado el acto 

sujeto (a) inscripción. Las personas morales se designarán con el nombre oficial que 

lleven, y las sociedades, por su razón o denominación; 

VI.- La naturaleza del acto o contrato; 

VII.- La fecha del título y el funcionario que lo haya autorizado; 

VIII.- El día y la hora de la presentación del título en el Registro.

2895. - El Registrador que haga una inscripción sin cumplir con lo dispuesto en el 

artículo anterior, será responsable de los daños y perjuicios que cause a los interesados 

y sufra una suspensión de empleo por tres meses. 

2896. - El registro producirá sus efectos desde el día y la hora en que el documento se 

hubiere presentado en la oficina registradora, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 

2897. - Una vez que se firme una escritura en que se adquiera, transmita, modifique o 

extinga la propiedad o posesión de bienes raíces o en la que se haga constar un crédito 

que tenga preferencia desde que sea registrado, el notario que la autorice dará al 

Registro un aviso en el que conste la finca de que se trate, la indicación de que se ha 

transmitido o modificado su dominio o se ha constituido, transmitido, modificado o 

extinguido el derecho real sobre ella, los nombres de los interesados en la operación, la 

fecha de la escritura y la de su firma e indicación del número, tomo y sección en que 

estuviere inscrita la propiedad en el Registro. El registrador, con el aviso del notario y 

sin cobro de derecho alguno, hará inmediatamente una anotación preventiva al margen 

de la inscripción de propiedad. Si dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiere 

firmado la escritura se presentare el testimonio respectivo, su inscripción surtirá efecto 

contra tercero desde la fecha de la anotación preventiva, la cual se citará en el registro 

definitivo. Si el testimonio se presenta después, su registro sólo surtirá efectos desde la 

fecha de la presentación. 

Si el documento en que consta alguna de las operaciones que se mencionan en el 

párrafo anterior fuere privado, deberán dar el aviso a que este artículo se refiere, las 

autoridades de que habla la fracción III del artículo 2890 de este Código y él 

mencionado aviso producirá los mismos efectos que el dado por el Notario. 

Cuando la falta de aviso preventivo produzca algún perjuicio en los términos del artículo 

2884 de este Código, el fedatario autorizante o la autoridad será responsable 

solidariamente. 


2001). 


2001). 

2898.- Los encargados del Registro son responsables, además de las penas en que 

puedan incurrir, de los daños y perjuicios a que dieren lugar: 

I.- Si rehusan sin motivo legal o retardan sin causa justificada, la inscripción de los 

documentos que les sean presentados; 

II.- Si rehusan expedir con prontitud los certificados que se les pidan; 

III.- Si cometen omisiones al extender las certificaciones mencionadas, salvo si el 

error proviene de insuficiencia o inexactitud de las declaraciones, que no les sean 

imputables. 

2899.- En los casos de las fracciones I y II del artículo que precede, los interesados 

harán constar inmediatamente, su protesta ante el registrador por medio de un escrito.

2900.- Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con nota 

de quedar registrados en tal fecha y bajo tal número. 

2901.- El reglamento especial establecerá los derechos y obligaciones de los 

registradores, así como las fórmulas y demás requisitos que deben llenar las 

inscripciones. 

CAPITULO IV 

Del registro de las informaciones de dominio 

2902.- El que haya poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones 

exigidas para prescribirlos, y no tenga título de propiedad o teniéndolo no sea inscribible 

por defectuoso, si no está en el caso de deducir la acción que le concede el artículo 

1158, por no estar inscrita en el Registro la propiedad de los bienes en favor de persona 

alguna, podrá demostrar ante el juez competente, que ha tenido esa posesión, 

rindiendo la información respectiva en los términos que establezca el Código de 

Procedimientos Civiles. A su solicitud acompañará precisamente certificado del Registro 

Público, que demuestre que los bienes no están inscritos. 

La información se recibirá con citación del Ministerio Público, del respectivo registrador 

de la propiedad y de los colindantes. 

Los testigos deben ser por lo menos tres de notorio arraigo en el lugar de la ubicación 

de los bienes a que la información se refiere. 

No se recibirá la información sin que previamente se haya dado una amplia publicidad 

por medio de la prensa y de avisos fijados en los lugares públicos, a la solicitud del 

promovente. 

Comprobada debidamente la posesión, el juez declarará que el poseedor se ha 

convertido en propietario en virtud de la prescripción y tal declaración se tendrá como 

título de propiedad y será inscrita en el Registro Público. 

CAPITULO V 

De las inscripciones de posesión 

2903.- El que tenga una posesión apta para prescribir, de bienes inmuebles no inscritos 

en el Registro en favor de persona alguna, aun antes de que transcurra el tiempo 

necesario para prescribir, puede registrar su posesión, mediante resolución judicial que 

dicte el juez competente, ante quien la acredite del modo que fije el Código de 


La información que se rinda para demostrar la posesión se sujetará a lo dispuesto en los 

párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo que precede. 

Las declaraciones de los testigos versarán sobre el hecho de la posesión, sobre los 

requisitos que deben tener para servir de base a la prescripción adquisitiva y sobre el 

origen de la posesión. 

El efecto de la inscripción será tener la posesión inscrita como apta para producir la 

prescripción al concluir el plazo de diez años, contados desde la misma inscripción.

2904.- Las inscripciones de posesión expresarán las circunstancias exigidas para las 

inscripciones en general y, además, las siguientes: 

Los nombres de los testigos que hayan declarado; el resultado de las declaraciones, y la 

resolución judicial que ordene la inscripción. 

2905.- Cualquiera que se crea con derecho a los bienes cuya inscripción se solicite 

mediante información de posesión, podrá alegarlo ante la autoridad competente. 

La interposición de su demanda suspenderá el curso del expediente de información; si 

estuviere ya concluido y aprobado, deberá el juez ponerlo en conocimiento del 

registrador para que suspenda la inscripción; y si ya estuviese hecha, para que anote la 

inscripción de la demanda. Para que se suspenda la tramitación del expediente o de la 

inscripción así como para que se haga la anotación de ésta, es necesario que el 

demandante otorgue fianza de responder de los daños y perjuicios que se originen si su 

oposición se declara infundada. 

Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover en el juicio de oposición, quedará 

éste sin efecto, haciéndose en su caso la cancelación que proceda. 

2906.- Transcurrido el plazo fijado en la parte final del artículo 2903, sin que en el 

Registro aparezca algún asiento que contradiga la posesión inscrita, tiene derecho el 

poseedor, comprobando este hecho mediante la presentación del certificado respectivo, 

a que el juez competente declare que se ha convertido en propietario en virtud de la 

prescripción, y ordene que se haga en el Registro la inscripción de dominio 


2907.- No podrán inscribirse mediante información posesoria: las servidumbres 

continuas no aparentes; ni las discontinuas, sean o no aparentes; ni tampoco el derecho 

hipotecario. 

CAPITULO VI 

De la extinción de las inscripciones 

2908.- Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero, sino por su cancelación, o 

por el registro de la transmisión a otra persona del dominio, o derecho real inscrito. 

2909.- Las inscripciones pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por 

decisión judicial. 

2910.- La cancelación de las inscripciones podrá ser total o parcial. 

2911.- Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso, la cancelación total: 

I.- Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción; 

II.- Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito; 

III.- Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la 

inscripción; 

IV.- Cuando se declare la nulidad de la inscripción;

V.- Cuando sea vendido judicialmente el inmueble que reporte el gravamen en el 

caso previsto en el artículo 2200; 

VI.- Cuando tratándose de una cédula hipotecaria o de un embargo, hayan 

transcurrido tres años de la fecha de la inscripción. 

2912.- Podrá pedirse, y deberá decretarse, en su caso, la cancelación parcial: 

I.- Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción; 

II.- Cuando se reduzca el derecho inscrito a favor del dueño de la finca gravada. 

2913.- Para que el registro pueda ser cancelado por consentimiento de las partes, se 

requiere que éstas lo sean legítimas, tengan capacidad de contratar y hagan constar su 

voluntad de un modo auténtico. 

2914.- Si para cancelar el registro se pusiere alguna condición, se requiere, además, el 

cumplimiento de ésta. 

2915.- Cuando se registre la propiedad o cualquier otro derecho real sobre inmuebles, 

en favor del que adquiere, se cancelará el registro relativo al que enajene. 

2916.- Cuando se registre una sentencia que declare haber cesado los efectos de otra 

que esté registrada, se cancelará ésta. 

2917.- Los padres, como administradores de los bienes de sus hijos; los tutores de 

menores o incapacitados, y cualesquiera otros administradores, aunque habilitados para 

recibir pagos y dar recibos, sólo pueden consentir en la cancelación del registro hecho 

en favor de sus representados, en el caso de pago o por sentencia judicial. 

2918.- La cancelación de las inscripciones de hipotecas constituidas en garantía de 

títulos transmisibles por endoso, puede hacerse: 

I.- Presentándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en la 

cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorgamiento los títulos 

endosables; 

II.- Por solicitud firmada por dichos interesados y por el deudor, a la cual se 

acompañen inutilizados los referidos títulos; 

III.- Por ofrecimiento de pago y consignación del importe de los títulos, hechos de 

acuerdo con las disposiciones relativas. 

2919.- Las inscripciones de hipotecas constituidas con el objeto de garantizar títulos al 

portador, se cancelarán totalmente si se hiciere constar por acta notarial, estar recogida 

y en poder del deudor toda la emisión de títulos debidamente inutilizados. 

2920.- Procederá también la cancelación total, si se presentase, por lo menos, las tres 

cuartas partes de los títulos al portador emitidos y se asegurase el pago de los 

restantes, consignándose su importe y el de los intereses que procedan. 

La cancelación de este caso deberá acordarse por sentencia, previos los trámites fijados 

en el Código de Procedimientos Civiles.

2921.- Podrán cancelarse parcialmente las inscripciones hipotecarias de que se trata, 

presentando acta notarial de estar recogidos y en poder del deudor, debidamente 

inutilizados, títulos por un valor equivalente al importe de la hipoteca parcial que se 

trata de extinguir, siempre que dichos títulos asciendan por lo menos a la décima parte 

del total de la emisión. 

2922.- Las cancelaciones se harán en la forma que fije el reglamento; pero deberán 

contener, para su validez, los datos necesarios a fin de que con toda exactitud se 

conozca cuál es la inscripción que se cancela, la causa por que se hace la cancelación y 

su fecha. 

2923.- Las inscripciones preventivas se cancelarán no solamente cuando se extinga el 

derecho inscripto, sino también cuando esa inscripción se convierta en definitiva. 

CAPITULO VII 

DE LA INMATRICULACIÓN 

2924. La inmatriculación es la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble en 

el Registro Público de la Propiedad, que carece de antecedentes regístrales. 


2001). 

2925. La inmatriculación se obtiene: 

a) Mediante la inscripción del Decreto por el que se incorpora al dominio público del 

Estado de Oaxaca o del de cualquiera de sus Municipios, un inmueble; 

b) Mediante la inscripción del Decreto por el que se desincorpore del dominio público 

del Estado de Oaxaca o del de cualquiera de sus Municipios, un inmueble, o un titulo 

expedido con base en ese decreto; y 

c) Mediante la inscripción de la posesión apta para prescribir por el tiempo, en los 

términos del artículo 2927 de este Código. 


2001). 

2926.- La inmatriculación se realizara por resolución del Director del Registro Público de 

la Propiedad, quien la ordenará de plano en los casos previstos por los incisos a) y b) 

del artículo anterior. 


2001). 

2927. - Quien se encuentre en el caso del inciso c) del artículo 2925 de este Código, 

deberá ocurrir directamente ante el Registro Público de la Propiedad, conforme al 

siguiente procedimiento: 

I.- El interesado presentará solicitud que exprese: 

a) Su nombre completo y domicilio;

) La naturaleza, situación y ubicación precisa del bien, superficie, medidas y 

colindancias; 

c) Si el inmueble tiene construcción; 

d) La fecha de inicio de la posesión y el hecho o acto generador de la misma; 

Entendiéndose como hecho o acto generador la forma o circunstancia que origino la 

posesión; 

e) Que la posesión que invoca es de buena fe; 

f) El nombre y domicilio de la persona de quien la obtuvo, en su caso, y los del 

causante de aquella si fuere conocido; y 

g) El nombre y domicilio de los colindantes 

II. A la solicitud a la que se refiere la fracción anterior, el interesado deberá acompañar: 

a) Constancia expedida por el Registro Público de la Propiedad con la que se justifique 

que el inmueble no está inscrito a favor de persona alguna; 

b) El documento con el que acredite el origen de la posesión si tal documento existe; 

c) Un plano en el que se identifique en forma indubitable el inmueble; 

d) Constancias relativas al estado catastral y predial del inmueble, en su caso; 

e) Constancia de alineamiento y uso del suelo expedida por la autoridad competente, en 

su caso; y 

f) Constancia de que el inmueble no forma parte del régimen ejidal o comunal. 

III. Recibida la solicitud el Director del Registro Público de la Propiedad, la mandará 

publicar en edictos por dos ocasiones, de siete en siete días en el Periódico Oficial y 

otros periódicos de los de mayor circulación del lugar en el que se ubique el inmueble, a 

costa del interesado; así también se ordenará colocar en un lugar visible del inmueble 

que se pretende inscribir, copia del edicto, fijándose además edicto en el tablero de 

avisos del palacio municipal y se comunicará a los colindantes y demás interesados de 

dicho trámite por conducto de la autoridad municipal, concediéndoles un plazo de 

quince días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga, contados a 

partir del día siguiente en que hayan quedado enterados; 

IV. Si existiere oposición, el Director del Registro Público dará por terminado el 

procedimiento a efecto de que la controversia sea resuelta en su caso por el Juez 

competente; si la oposición fuere con motivo de linderos, el Director del Registro Público 

de la Propiedad, señalara día y hora para que tenga lugar una junta en la que los 

exhortara para que diriman su controversia. Si no lograre avenirlos resolverán lo 

procedente; 

V. Si dentro del plazo concedido no existiere oposición, el Director del Registro Público 

de la Propiedad señalara día y hora para una audiencia, en la cual el solicitante deberá 

probar su posesión presente, con los medios de prueba que produzcan convicción en el 

Director del Registro Público de la Propiedad, siendo indispensable el testimonio de tres 

testigos que sean vecinos del inmueble cuya inmatriculación se solicita. 

El Director del Registro Público de la Propiedad podrá ampliar el examen de los testigos 

con las preguntas que estime pertinentes para asegurarse de la veracidad de su dicho. 

Debiendo practicar una inspección ocular del inmueble objeto de la inmatriculación; y 

VI. La resolución administrativa del Director del Registro Público de la Propiedad, será 

dictada dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la audiencia a que se 

refiere la fracción anterior, concediendo o denegando la inmatriculación y declarando en 

el primer caso que el poseedor ha hecho constar los antecedentes y circunstancias que

conforme a este Código se requieren para tener la posesión inscrita; y en consecuencia 

procederá a la inscripción en la sección correspondiente del Registro, extendiéndose al 

promovente constancia, misma que hará las veces de titulo de propiedad. 


2001). 

2928.- Si la oposición a que se refiere el artículo anterior se presentare una vez 

concluido el procedimiento, y aprobada la inmatriculación, se procederá a hacer la 

inscripción preventiva, haciendo constar dicha oposición, si aun no lo hubiera practicado 

y si ya estuviese hecha, anotará la citada oposición en la inscripción respectiva. 

Si el opositor deja transcurrir seis meses contados a partir del día en que presento su 

oposición sin promover el juicio que en su caso proceda, la oposición quedará sin 

efecto, y a solicitud del interesado se cancelara la anotación relativa. 


2001). 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

1º.- Este Código comenzará a regir a partir de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 

2º.- Las disposiciones de este Código regirán los efectos jurídicos de los actos 

anteriores a su vigencia, si con su aplicación no se violan derechos adquiridos. En caso 

contrario se regirán esos efectos jurídicos por las disposiciones de la legislación civil 

bajo cuyo imperio tuvieron nacimiento aquellos actos. 

3º.- La capacidad jurídica de las personas se rige por lo dispuesto en este Código, aun 

cuando modifique o quite la que antes gozaban; pero los actos consumados por 

personas capaces quedan firmes, aun cuando se vuelvan incapaces conforme a la 

presente Ley. 

4º.- Los bienes adquiridos antes de la vigencia de la Ley de Relaciones Familiares, por 

matrimonios celebrados bajo el régimen de sociedad legal, constituyen una comunidad 

entre los cónyuges, si la sociedad no se liquidó conforme a lo dispuesto en el artículo 

4º. transitorio de la citada Ley; cesando la sociedad de producir sus efectos desde que 

esa Ley entró en vigor. 

A partir de la fecha en que comience a regir este Código, esa comunidad de bienes 

volverá a constituirse como sociedad legal y quedará sujeta a las disposiciones relativas 

de este Ordenamiento, a no ser que se liquide o disuelva por los cónyuges, mediante 

las respectivas capitulaciones. 

5º.- Los tutores y los albaceas ya nombrados, garantizarán su manejo de acuerdo con 

las disposiciones de este Código, dentro del plazo de seis meses contados desde que 

entre en vigor, so pena de que sean removidos de su cargo si no lo hacen.

6º.- Las disposiciones de este Código se aplicarán a los plazos que estén corriendo 

para prescribir, hacer declaraciones de ausencia, presunciones de muerte o para 

cualquiera otro acto jurídico, pero el tiempo transcurrido se computará aumentándolo o 

disminuyéndolo en la misma proporción en que se haya aumentado o disminuido el 

nuevo término fijado por la presente Ley. 

7º.- Los contratos de censo y de anticresis celebrados bajo el imperio de la legislación 

anterior, continuarán regidos por las disposiciones de esta legislación. 

La dote ya constituida será regida por las disposiciones de la Ley bajo la que se 

constituyó y por las estipulaciones del contrato relativo. 

8º.- No se admitirá denuncia alguna de bienes vacantes, sino hasta pasados seis 

meses de la fecha en que empiece a regir este Código. 

9º.- Las disposiciones del Reglamento del Registro Público seguirán aplicándose en 

todo lo que no sean contrarias a las prevenciones de este Código, mientras no se expida 

el nuevo reglamento de la materia. 

10º.- Queda derogado el Código Civil que comenzó a regir el 18 de julio de 1888, la 

Ley de Libre Testamentificación de 30 de noviembre de 1893, la Ley de Relaciones 

Familiares y las leyes que se hayan expedido sobre la materia de que se ocupa este 

Código. 

ARTÍCULO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 291 PUBLICADO EL 20 DE 

ABRIL DEL AÑO 2001. 

ÚNICO. – El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla. 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE H. CONGRESO DEL ESTADO. – Oaxaca, Oax., a 

23 de Marzo del 2001. 


ARTÍCULO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 312, PUBLICADO EL 20 DE 

JULIO DEL AÑO 2001. 

ÚNICO. – El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado.


DADO EN EL SALON DE SESIONES DE H. CONGRESO DEL ESTADO. – Oaxaca de 

Juárez, Oax., a 12 de Junio del año 2001. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 313, PUBLICADO EL 20 

DE JULIO DEL AÑO 2001. 

PRIMERO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - Los juicios sucesorios que al entrar en vigor las disposiciones de este 

Decreto, se estén tramitando ante un Juez, podrán, a elección de las partes continuar 

su tramitación ante Notario, en los términos establecidos en el presente. 



Juárez, Oax., a 12 de Junio del año 2001. 


DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2001. 

PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. - Los procedimientos de carácter civil que se encuentren pendientes de 

resolución a la entrada en vigor del presente Decreto, se substanciarán y resolverán 

conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio. 



Juárez, Oax., a 7 de Agosto del año 2001.


DE JULIO DEL AÑO 2004. 

PRIMERO. – Este Decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, del Reglamento Interior Reformado de la Dirección del 

Registro Civil. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

SEGUNDO. – Se concede al titular del Poder Ejecutivo el Plazo de ciento veinte días 

naturales para reformar el Reglamento Interior de la Dirección del Registro Civil, en el 

que deberá establecer los lineamientos legales y técnicos para otorgar plena 

certidumbre a los actos validados por la firma facsimilar digitalizada.. 


DADO EN EL SALON DE SESIONES DE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. – Oaxaca 

de Juárez, Oax., a 8 de julio de 2004.

LEGISLACION MEXICANA - Orden Jurídico Nacional

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