En lo principal, opone excepción dilatoria de litispendencia; en el ...

En lo principal, opone excepción dilatoria de litispendencia; en el primer otrosí, en 

subsidio, contesta demanda; en el segundo otrosí, acompaña documentos, solicitando 

confidencialidad en su caso; y, en el tercer otrosí, acompaña versión electrónica. 

H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

Nicole Nehme Zalaquett, Cristián Doren Quiroz, y Rafael Collado González, 

abogados, en representación de VTR Banda Ancha (Chile) S.A., en los autos 

caratulados “Demanda de Universidad Católica de Chile, Corporación de Televisión 

contra VTR Banda Ancha (Chile) S.A.”, Rol C N° 154-2008, al H. Tribunal de Defensa 

de la Libre Competencia respetuosamente decimos: 

Que encontrándonos dentro de plazo, venimos en lo principal de esta presentación en 

oponer la excepción dilatoria de litispendencia, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 303 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 29 del Decreto Ley N° 211 (“DL 211”), a la demanda (“Demanda”) 

presentada por Universidad Católica de Chile, Corporación de Televisión (“UCTV”) 

contra VTR Banda Ancha (Chile) S.A. (“VTR”). Fundamos esta excepción en la 

existencia de un juicio pendiente entre las mismas partes, seguido ante el 26° Juzgado 

Civil de Santiago, Rol N° 3616-2002, caratulado “TVN y otro [UCTV] con Metrópolis 

Intercom S.A.”, al cual se acumuló el juicio seguido en el 4° Juzgado Civil de Santiago, 

Rol 3695-2002, caratulado “TVN y otro [UCTV] con VTR Cable Express” (“Juicio 

Civil”), proceso que actualmente se encuentra pendiente de resolución ante la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago, Ingreso Corte Nº 4143-2007. 

Aclaramos previamente que desarrollaremos en lo principal de este escrito los 

fundamentos por los cuales se hace necesario que este H. Tribunal acoja la referida 

excepción dilatoria de litispendencia, entre los cuales se encuentra, por supuesto, la 

necesidad de evitar la dictación de sentencias contradictorias en juicios diversos 

pendientes en los cuales la controversia sometida a decisión de los tribunales es 

básicamente la misma. Luego, evacuaremos en subsidio, en el primer otrosí, el traslado 

conferido por este H. Tribunal, contestando derechamente la Demanda de UCTV, y 

pidiendo que ella sea rechazada en todas sus partes por los fundamentos jurídicos, 

económicos y de hecho que allí se desarrollan. Si se contesta derechamente la Demanda 

en este mismo escrito, en subsidio de la referida excepción de litispendencia, es por 

básicas razones de economía procesal y porque, asimismo, tenemos el convencimiento 

de que, al conocer este H. Tribunal los argumentos por los cuales esta parte considera 

que debe rechazar la Demanda, se le hará más patente aun la necesidad de acoger la 

excepción de litispendencia, dada la identidad evidente existente entre la litis trabada en 

sede civil y aquella que se ha traído al conocimiento de este H. Tribunal. 

Dicho lo anterior, y antes de entrar derechamente al desarrollo de los argumentos que 

dan cuenta de por qué debe en este caso acogerse la excepción de litispendencia, 

efectuamos a continuación un breve resumen de la situación que vincula a UCTV y 

VTR, de sus antecedentes jurídicos y de hecho, de la normativa que la regula y de lo 

sorprendente que resulta, en ese contexto, la presentación de la Demanda de autos. Esto 

1

dará el contexto necesario a la excepción de litispendencia y a la contestación de la 

demanda subsidiaria. 

I. 

Breve exposición de algunos antecedentes y argumentos relevantes. 

Resumen ejecutivo de la posición de VTR. 

En su Demanda, y luego de efectuar una narración de los hechos que realmente 

sorprende por lo parcial, sesgada e incorrecta, como se verá, UCTV imputa a VTR haber 

supuestamente incurrido en un abuso de posición dominante por lo que UCTV 

considera sería un “desconocimiento de VTR de los derechos de Canal 13 sobre su señal y 

contenidos” (fojas 19), propiedad que según UCTV deriva del derecho de autor de UCTV 

sobre su señal y de derechos conexos a ese derecho de autor (fojas 20). Este 

desconocimiento de la propiedad intelectual de UCTV se materializaría en que VTR 

incorporaría “sin la autorización de Canal 13 a su oferta programática la referida señal y contenidos” 

(fojas 8). Como corolario de lo anterior UCTV, sin más, deduce la existencia de otras 

dos conductas de VTR que se encarga de calificar de abusivas. Primero, la de 

discriminación arbitraria, porque VTR, específicamente por desconocer la propiedad 

intelectual de UCTV no le pagaría por su señal y sus contenidos, mientras que sí pagaría 

una contraprestación en dinero a otros proveedores de señales y contenidos (fojas 21 y 

22). Segundo, la de presumiblemente poner a UCTV en la posición de otorgar a VTR 

subsidios forzosos e injustos y ello, nuevamente, por el hecho de que VTR no pagaría 

por contenidos que serían de propiedad de UCTV, como consecuencia de desconocer 

los derechos de propiedad intelectual de UCTV (fojas 22 y 23). Finalmente, UCTV 

menciona que la supuesta ausencia de una convención entre UCTV y VTR que regule las 

materias anteriores, podría materializarse en eventuales conductas futuras que podrían 

afectar “al propio Canal 13” (fojas 23), como lo serían su exclusión unilateral de la 

programación que reciben los usuarios de VTR o la re-ubicación de la señal de UCTV en 

la grilla de VTR, sin que al efecto indique indicio alguno que haga presumible respecto 

de UCTV esa supuesta conducta abusiva, futura y eventual, la que sin embargo califica 

de “amenaza real” (fojas 24). 

Mencionábamos que la narración de los hechos efectuada por UCTV resulta gravemente 

sesgada e incorrecta, porque dicha narración, y la asunción de intenciones y 

consecuencias jurídicas que de ellas se derivan en la Demanda, omiten relevantísimas 

circunstancias para la comprensión de la relación histórica y actual existente entre UCTV 

y VTR, tanto en lo fáctico como en lo jurídico. Se comprende, y es natural, que la 

exposición de hechos de una demanda busque reflejar una realidad que sea acorde a la 

posición jurídica de quien la presenta. Sin embargo, cuando una demanda, como es el 

caso, simplemente silencia el conjunto de circunstancias que son esenciales para la 

comprensión de la controversia que en ella se describe, y además relata sesgadamente los 

hechos que no silencia, se exceden en nuestra respetuosa opinión los límites de lo que 

razonablemente resulta aceptable en sede judicial. 

En efecto, en la Demanda de autos, UCTV: 

1. Se encarga de omitir, a lo largo de todo su escrito, que la relación entre VTR y 

UCTV que ella califica de “abuso de posición dominante”, se ha mantenido en términos 

similares en lo sustancial por más de 15 años, desde que las predecesoras de VTR 

2

iniciaron la prestación de servicios de televisión por cable en Chile, a inicios de la década 

de los 90’, con participaciones de mercado absolutamente ínfimas, de manera que mal 

puede atribuirse a las conductas de VTR el supuesto carácter de un abuso de posición 

dominante, como si ellas resultaran de la intención de explotar abusivamente y 

repentinamente tal supuesta posición. 

2. Silencia deliberadamente cualquier mención al estatuto normativo de rango legal 

y constitucional que rige la difusión de señales de televisión abierta en Chile, 

especialmente cuando se trata de empresas que, como UCTV, recibieron del Estado de 

Chile una concesión gratuita y perpetua que en calidad de tal les permite gozar de un 

bien nacional de uso público de enorme valor; omite el que esa regulación obliga a 

UCTV, que goza de concesiones que cubren todo el territorio nacional, como su deber 

esencial, a alcanzar con su señal al conjunto de la población nacional, de manera 

universal, gratuita y no discriminatoria, debiendo desarrollar las inversiones necesarias 

para esos efectos; y olvida que VTR no hace más que permitir que sus usuarios reciban 

precisamente esa señal que UCTV está obligada a hacerles llegar de manera gratuita y no 

discriminatoria, sin que VTR la altere, intervenga ni fije de modo alguno. 

3. Tampoco menciona que el estatuto de propiedad intelectual que invoca para 

justificar la propiedad en la cual basa el contenido de su Demanda entera, es un estatuto 

que contiene normas específicas relativas a las señales de entidades de radiodifusión, 

como es el caso de UCTV, las que en lo sustancial sólo prevén que por ellas se pague 

cuando quien retransmita esas señales alcance un nuevo público, esto es un público 

distinto a aquél que la entidad de radiodifusión de que se trate debió haber cubierto en 

virtud de las obligaciones derivadas de sus concesiones de radiodifusión. Más aun, 

aquello que es retransmisión tiene un sentido especial bajo esas normas, siendo evidente 

que VTR no efectúa retransmisión como ya se ha reconocido en sede judicial. 

4. Por sobre todo, y esto es lo más grave, UCTV omite totalmente que se encuentra 

actualmente pendiente entre las mismas partes (UCTV y VTR), por la misma causa 

(supuesto desconocimiento de un derecho de propiedad de UCTV sobre sus señales y 

contenidos) y con idéntico objeto (obtener de parte de VTR que cese el supuesto uso 

indebido de la señal y contenidos de UCTV y que la remunere por ese presunto uso), el 

Juicio Civil que fue fallado en primera instancia recién el año 2006 por el 26° Juzgado 

Civil de Santiago, bajo el Rol N°3616-2002 y que actualmente se encuentra pendiente de 

tramitación ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago (Ingreso Corte Nº 4143- 

2007). 

La omisión a que nos referimos en este caso es especialmente grave porque, en el marco 

del relato sesgado que de la materia hace UCTV a fojas 21, no señala que el Juicio Civil 

en cuestión se encuentra pendiente de decisión ante los tribunales ordinarios. Tampoco 

menciona UCTV que la sentencia de primera instancia que dictó el 26° Juzgado Civil de 

Santiago (“Sentencia Civil”) fue favorable a VTR al reconocer que las señales abiertas 

como las de UCTV tienen un carácter gratuito y deben alcanzar de manera universal a la 

población, que VTR no afecta la propiedad intelectual de UCTV al redifundir la señal de 

que se trata pues en nada la altera ni modifica, y al decidir en definitiva que no existe uso 

injustificado alguno de la referida señal por parte de VTR y que por ello VTR no debe 

pagar a UCTV. Menos aun reconoce UCTV que la defensa que VTR efectuó fue seria y 

fundamentada, dando adecuada cuenta de los hechos y el derecho involucrados, lejos de 

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la caricaturizada supuesta defensa de VTR presentada por UCTV a fojas 21, sección B. 

Y, por sobre todo, omite UCTV que el juzgador civil estableció la existencia de un 

contrato entre UCTV y VTR, con claros y nítidos contenidos, contrato en virtud del cual 

se regulan las distintas materias que UCTV argumenta en su nueva Demanda, esta vez 

ante el H. Tribunal, que no estarían reguladas; siendo ello tan cierto que la apelación 

presentada por UCTV, pendiente de decisión, persigue nada menos que poner término a 

dicho contrato vigente. Cabe destacar que, entre otros aspectos, la Sentencia civil 

resolvió: 

“Que la actividad realizada por los canales de cable no es catalogable como 

retransmisión, toda vez que ha quedado fehacientemente acreditado que la señal 

transmitida por VTR y Metrópolis es la misma que emiten TVN y UCTV en 

forma simultánea, sin experimentar alteración alguna en lo que respecta al tiempo, 

forma o integridad con que llega la señal” (...). Fojas 1758. 

“Que los canales que emiten la señal de libre recepción, en su calidad de 

concesionarias de un bien nacional de uso público, cual es el espectro 

radioeléctrico, se les ha otorgado tal beneficio por el Estado, con la sola 

condición de permitir que la señal emitida por ellos sea recibida en forma gratuita 

y libre de discriminación por toda la población chilena. Luego, en consideración a 

este principio básico, los demandantes no pueden solicitar la terminación de la 

utilización de la señal abierta que realizan los canales de cable, por cuanto esto 

significaría una restricción al derecho de todos los chilenos a recibir esta señal” 

(...). Fojas 1759. 

“Que del análisis y ponderación de la prueba rendida, este juzgador, tiene por 

acreditado que entre las partes, desde el año 1996 en adelante se perfeccionó un 

contrato, cuyos elementos y características principales han consistido en que por 

una parte Metrópolis Intercom S.A. y VTR Banda Ancha S.A. han adquirido el 

derecho para transmitir, por sus señales de cable, la programación que TVN y 

UCTV emite por su señal abierta; por otro lado, han adquirido como obligación 

el tener que transportar esta señal, sin poder modificar ni alterar ésta en cuanto a 

sus contenidos y distribuirla a sus abonados para que éstos reciban en óptimas 

condiciones la señal de ambos canales. Que por la razón anterior, se acogerá la 

tesis de la demandada principal, en el sentido de que dichas empresas de cable 

están autorizadas contractualmente para desarrollar dichas transmisiones, 

cualquiera sea la denominación y naturaleza que se admita tiene este contrato 

perfeccionado entre ellos”. Fojas 1760 y 1761. 

Adicionalmente omite UCTV que ha intentado también llevar esta misma discusión 

contra la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. (“Telefónica”), la que no 

podría decirse que tiene posición dominante en el mercado de la televisión de pago, 

discusión que nuevamente fue desechada, por improcedente, por la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, como se verá. 

5. Luego, al señalar que “VTR se niega a suscribir con mi representada” contratos que 

regulen las relaciones entre VTR y UCTV (fojas 23), UCTV nuevamente desconoce la 

realidad. Desconoce que existe una sentencia de un tribunal civil que afirma la existencia 

de ese contrato, contrato al que UCTV ha precisamente pedido que se le ponga término 

por vía de su apelación. Pero, lo que es más importante para dar cuenta de la 

intencionalidad con que ha actuado VTR, desconoce UCTV que, una vez dictada la 

referida sentencia de primera instancia, y mientras el procedimiento de que se trata 

estuvo suspendido por más de treinta días de común acuerdo, VTR estuvo siempre llana 

y dispuesta a celebrar un contrato, en términos razonables y equitativos, contrato que 

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finalmente no fue suscrito porque las demandantes de esa causa, UCTV y Televisión 

Nacional de Chile (“TVN”) –en conjunto, las empresas dominantes del mercado de la 

televisión abierta-, desahuciaron unilateralmente y de forma intempestiva las 

negociaciones entonces en curso. 

6. Adicionalmente, el análisis económico de las relaciones de las partes que efectúa 

UCTV en su Demanda, además de no guardar diferencia en ningún aspecto sustancial 

con lo discutido y fallado en el marco del Juicio Civil, adolece de nuevas omisiones 

relevantes, que en calidad de resumen se presentan a continuación. 

a. Primero, omite que un tribunal de defensa de la libre competencia, como lo es este 

H. Tribunal, no está llamado a decidir sobre una atribución de derechos que deriva 

de la aplicación de leyes especiales, como lo son las leyes de protección de la 

propiedad intelectual o las leyes referidas a la televisión abierta; atribución que 

resulta ser un presupuesto necesario para la determinación posterior de la 

existencia de un eventual abuso, de existir posición dominante. En efecto, si de 

acuerdo a la aplicación de las leyes especiales de que se trata, no existiera un uso 

ilegítimo de la señal de UCTV y de sus contenidos por parte de VTR, como lo 

sostiene fehacientemente nuestra representada, y no correspondiera legalmente 

pagar porque los usuarios de VTR recibieran tal señal, siendo perfectamente 

legítima en derecho la conducta de VTR ¿cabría concluir la existencia de alguna 

clase de abuso de parte de VTR? ¿Habría antijuridicidad en la conducta de VTR? 

La respuesta negativa evidencia que, aunque UCTV lo haya omitido, no podría este 

H. Tribunal determinar la eventual existencia de un abuso en la conducta de VTR, 

sin previamente calificar el sentido y alcance de las pertinentes normas especiales 

sobre propiedad intelectual y sobre televisión. Y resulta ser que tal calificación está 

precisamente siendo efectuada por los tribunales ordinarios de justicia. 

b. Segundo, tampoco menciona que la función que ejerce VTR en relación con los 

televidentes que al mismo tiempo son sus suscriptores, es una función plena y 

totalmente coherente con los fines de la televisión abierta y con la legislación de 

propiedad intelectual. En efecto, cuando los usuarios de VTR captan canales de 

televisión abierta, reciben precisa y específicamente la misma señal que UCTV ha 

puesto en el aire, sin ninguna alteración o intervención. VTR no dispone de los 

contenidos de la señal de UCTV, de modo alguno y, en cambio, constituye un 

simple medio técnico por el cual se pone a disposición de los televidentes la señal 

de libre recepción. Con ello, sólo se ha venido cumpliendo a cabalidad con la 

función pública que atribuye la legislación vigente a los canales de televisión 

abierta: la de alcanzar a la totalidad de los chilenos de manera libre, general y no 

discriminatoria. Más aun, VTR no cobra un distinto valor por su grilla en aquellas 

áreas geográficas en las que la señal de libre recepción es efectivamente recibida o 

recibida con buena calidad directamente desde el aire y en las áreas en que la señal 

abierta no se recibe por los usuarios sino por la vía de la tecnología del cable. 

c. Tercero, no señala UCTV que en la relación histórica que ha existido entre esa 

compañía y VTR, como bien lo reconoció la Sentencia Civil, UCTV ha obtenido 

enormes beneficios económicos, pues, entre otros: (a) VTR le ha permitido cubrir 

aquellas zonas en que la recepción de la señal abierta no es posible o muy 

deficiente, muchas de las cuales coinciden con lugares de segmentos 

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socioeconómicos altos y medios, que son aquellos que más reportan ventajas 

económicas a UCTV en términos publicitarios o, en su caso, ha permitido que los 

usuarios reciban su señal a través del cable con mucha mejor calidad; (b) le ha 

evitado desarrollar importantes inversiones -que las concesiones de UCTV le 

exigen- para alcanzar a importantes sectores de la población; (c) con ello le ha 

facilitado el cumplimiento de su obligación esencial de cubrir a los usuarios 

contenidos en su área de cobertura, de manera gratuita y no discriminatoria, sin 

por ello, sufrir afectación alguna en la calidad de su señal –sino todo lo contrario-; 

y, (d) le ha permitido lucrar de los ingresos publicitarios recibidos a partir del rating 

generado por los clientes que reciben la señal abierta por intermedio del cable (con 

un valor que, según cálculos presentados en el Juicio Civil, alcanzaban el año 2002 

aproximadamente los 15 millones de dólares de los Estados Unidos al año). Tanto 

es así, y ello es decisorio, que en aquellos casos en que la señal de UCTV no tiene 

una buena calidad ni siquiera para que las antenas de VTR la reciban desde el aire, 

la propia UCTV ha venido entregando a VTR permanentemente en el tiempo, y de 

manera voluntaria, descodificadores y demás aparatos técnicos para que VTR 

obtenga dicha señal desde los satélites de UCTV. Y esa conducta ha sido una 

constante antes del Juicio Civil, durante dicho juicio e incluso después del mismo, 

como se acreditará. Qué mejor evidencia acerca de lo beneficioso que resulta para 

UCTV que sus señales sean recibidas, y bien recibidas, por los televidentes que son 

clientes de VTR. 

d. Cuarto, no puede replantearse ahora, intempestivamente, la relación comercial 

existente entre un operador de televisión abierta y uno de cable sin entender en 

toda su integridad la normativa vigente y los beneficios obtenidos por los dos 

actores históricamente. Si se pretendiera ahora volver dineraria la relación, además 

de poner en tela de juicio el cumplimiento por parte de UCTV de su obligación de 

proveer su señal de libre difusión a todos los habitantes de forma gratuita y no 

discriminatoria, necesariamente ello debiera suponer, además, un adecuado análisis 

de las prestaciones mutuas entregadas, de su valorización y de los beneficios 

recibidos. VTR sostiene seriamente que, si ese fuera el caso, obviamente 

correspondería a UCTV pagar a VTR, y no al revés (y este es el fundamento, por lo 

demás, de la apelación que la propia Metrópolis Intercom S.A. -predecesora de 

VTR-, presentó, en relación a este particular aspecto, en contra de la Sentencia 

Civil). Es UCTV quien se beneficia de llegar a más usuarios gracias a VTR, es 

UCTV quien gracias a eso incrementa su rating y lucra, es UCTV quien no incurre 

en inversiones para desarrollar la cobertura a la que su concesión le obliga. Y ese es 

precisamente el punto que se encuentra en discusión y análisis ante los tribunales 

ordinarios. 

e. Quinto, mirado todo lo anterior desde la perspectiva de los mercados relevantes de 

esta causa, queda en evidencia que estos son principalmente dos, y se encuentran 

interrelacionados. El primero, el mercado de provisión de señales en el cual se 

interrelacionan en calidad de proveedores, los dueños de señales, y en calidad de 

distribuidores, las empresas que transmiten tales señales al público, resultando 

esencial dilucidar en ese caso si pertenecen o no a los oferentes de ese mercado las 

concesionarias de señales de libre recepción, destinadas a alcanzar a la totalidad del 

público y por las cuales el público tiene el derecho legal a no pagar, las que, al 

mismo tiempo, no pueden ser alteradas ni modificadas por las empresas de 

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distribución –a diferencia de las señales de pago-. Como veremos, la Resolución 

N°01/2004 (“Resolución 01”) de este H. Tribunal ya adelantó un juicio en la 

materia, separando a los proveedores de señales pagadas de las concesionarias de 

señales de libre recepción. El segundo, el mercado de televisión de pago, ya 

definido por la Resolución 01, en virtud del cual las empresas de televisión de 

pago, con diversas tecnologías, compiten por las preferencias de los usuarios, que 

pagan por sus contenidos, no formando parte de ese mercado, como lo estableció 

esa Resolución 01, las empresas de televisión abierta. Este último mercado, por lo 

demás ha presentado una vertiginosa evolución competitiva en los últimos tres 

años, con una pérdida de participación de mercado de VTR de cerca del 20%, 

dando ello cuenta de su dinamismo y bajas barreras de entrada. Esto, sin perjuicio 

de que también deben analizarse el mercado de avisaje publicitario en el que UCTV 

cuenta con una posición mayoritaria; y el mercado de medios de recepción de las 

señales abiertas, en el que UCTV no ha remunerado –ni ha buscado remunerar, 

obviamente- a VTR hasta la fecha. 

f. Sexto, en estos mercados, y en su interrelación con UCTV, VTR no ha incurrido 

en abuso alguno. Su conducta, históricamente consistente desde que VTR tenía 

participaciones ínfimas de mercado, se ha basado en el cumplimiento del estatuto 

legal de la televisión abierta en Chile y de la propiedad intelectual como lo 

reconoció la Sentencia Civil. Más aun, VTR no ha afectado en modo alguno la 

señal de UCTV, haciéndola simplemente disponible para sus clientes; jamás se ha 

atribuido su titularidad ni la ha intervenido. UCTV se ha beneficiado especialmente 

de su relación con VTR, obteniendo de ello un importante lucro, como lo deja en 

evidencia el mismo hecho de que ahora solicite a este H. Tribunal, que se le 

asegure su mantenimiento en la grilla de VTR y más aun, en su actual ubicación. 

VTR ha estado llana de buena fe a negociar la formalización de su relación con 

UCTV, en aquellos aspectos compatibles con la normativa vigente, como lo 

demuestran los borradores de contratos que las partes se intercambiaron después 

de la dictación de la Sentencia Civil. El pago que exige UCTV, por el contrario, es 

abusivo considerando el estatuto que rige a la televisión abierta, el hecho que 

UCTV recibió una concesión gratuita y perpetua para difundir sus señales, el hecho 

que parte importante del rating de su señal está dado por clientes que la obtienen 

por la vía del cable de VTR sin que VTR haya pretendido cobrar por ello hasta 

antes de la demanda de UCTV en el juicio civil y, por sobre todo, el hecho de que 

es UCTV quien se beneficia por estar en la grilla de VTR. Así lo entendió por lo 

demás la Sentencia Civil, contra la cual UCTV presentó recurso de apelación. 

7. En resumen, lo que se imputa en lo sustancial a VTR, H. Tribunal, es haber 

mantenido desde el año 1991 en adelante, ininterrumpidamente, una conducta en 

relación a las señales de televisión abierta consistente en recibirlas desde el aire y permitir 

que sus usuarios la capten en sus aparatos televisivos, sin intervención, alteración ni 

extensión fuera de los límites de la cobertura concesional de esos canales de televisión 

abierta. También ha aceptado sin poner trabas a ello, las solicitudes que en muchas 

ocasiones le han hecho canales de televisión abierta, como UCTV, para mejorar las 

señales que ellas mismas difunden en el aire, por la vía de bajarlas desde satélites digitales 

a través de descodificadores entregados por tales canales de televisión abierta y a 

solicitud de ellos. No ha pagado por esas señales pues se trata de señales de libre 

difusión, pero tampoco solicitó cobrar por ello antes de la contestación de la demanda 

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civil. Y cuando se presentó la demanda en cuestión, VTR argumentó sólidamente, y con 

contundentes argumentos jurídicos –que exceden con creces aquellos argumentos 

caricaturizados que la Demanda presenta a fojas 21- las razones de hecho y de derecho 

por las que no cabía, ni cabe, remunerar a una empresa como UCTV por aquello que es 

una señal de libre recepción. La Sentencia Civil recogió y acogió parte importante de 

esos argumentos, razón por la que UCTV presentó recurso de apelación. En el tiempo 

intermedio, y antes de la presentación de esa apelación, VTR accedió a negociar de 

buena fe y en términos enteramente razonables un contrato con UCTV y TVN, cuestión 

que estas últimas compañías desahuciaron intempestivamente. Este y no otro es el 

historial de comportamientos de VTR. 

UCTV no ha recibido nunca una amenaza de ningún tipo de VTR: ni en el sentido de 

que VTR deje de redifundirla, ni de que le afecte la calidad de sus señales, ni de que le 

deje de contratar publicidad en el mercado de espacios publicitarios, ni de que deje de 

celebrar con ella contratos por contenidos específicos propios del mercado de provisión 

de señales de pago. Ninguna amenaza. Todo lo contrario. Antes, durante y después de la 

demanda presentada en sede civil, cuando UCTV ha solicitado de VTR la realización de 

acciones destinadas a mejorar la calidad de la señal abierta de la primera, VTR lo ha 

hecho gustosa y de buena fe. Si alguien ha pedido el corte de la redifusión de la señal de 

UCTV por VTR, esa ha sido la propia UCTV, para lo cual basta leer el petitorio de su 

demanda en lo civil, en lo que fue un intento de amenaza contra VTR para mejorar su 

posición negociadora (como lo revelan las declaraciones de los propios ejecutivos de 

UCTV y TVN que hemos recogido en este escrito), ineficaz por lo demás. VTR no ha 

tenido inconveniente alguno, todo lo contrario, para adquirir de UCTV contenidos 

específicos interesantes para sus suscriptores, propios de la televisión de pago, pagando 

por ello atractivas sumas a UCTV y suscribiendo los pertinentes contratos, como se 

muestra con los instrumentos que se adjuntan en el segundo otrosí. La contratación de 

publicidad que ha hecho VTR en la señal abierta de UCTV ha sido creciente en el 

tiempo. 

Asimismo, a diferencia de lo que han hecho desde 2002 UCTV y TVN, VTR jamás ha 

utilizado los medios de prensa ni menos aun aprovechado sus pantallas de televisión para 

comunicar al público de manera absolutamente parcial el contenido de la controversia 

existente con UCTV y TVN, lo que sí han hecho estas últimas como se acreditará, sin 

ninguna consideración por mínimos criterios de ética periodística y lealtad en el 

comportamiento. 

No hay ninguna amenaza entonces de parte de VTR, ningún indicio de amenaza, ni 

conducta alguna contra UCTV, que pudiera fundar esta Demanda., como se describe 

detalladamente en la sección VI.1 del primer otrosí de esta presentación. 

8. Así llegamos a una conclusión. Esta Demanda se funda única y exclusivamente 

en una intención de cobro de UCTV a VTR, la que, al no haber prosperado hasta la 

fecha en sede civil, se pretendió intentar buscar por la vía de la jurisdicción de la libre 

competencia, olvidando con ello UCTV que nuestro derecho contempla instituciones 

especiales para evitar conductas oportunistas como aquella. Tan obvio es lo anterior, que 

las notas de prensa que recogieron el contenido de la Demanda, extrañamente antes de 

que aquella se hiciera pública por este H. Tribunal, explícitamente señalaban que por 

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medio de esta Demanda UCTV perseguía “negociar” 1 . Si esa es la intención de UCTV, 

lo cierto es que este H. Tribunal no constituye un instrumento ni un medio para 

negociar, sino que una instancia ante la cual presentar pretensiones jurídicas serias y 

fundadas. Y resulta que, como se he dicho, las pretensiones de UCTV, en este caso, no 

son sino equivalentes a aquellas que se están discutiendo actualmente en sede civil. 

9. Existe otra respuesta alternativa para la pregunta de por qué se ha presentado 

esta Demanda, y ella se revela sólo indirectamente a fojas 23. UCTV está descontenta. Y 

lo está porque VTR ha adquirido la nueva señal CNN Chile para incorporarla a su grilla. 

Y aunque lo ha hecho con todos los resguardos para dar pleno cumplimiento a la 

Resolución 01, sin exclusividad de ningún tipo ni distribución de la misma, tal 

circunstancia molesta a UCTV. Porque un canal como CNN Chile, dada su excelente 

calidad esperable, puede obtener el favor de los usuarios en desmedro parcial de los 

noticieros de UCTV, noticieros que son fuente importante de sus ingresos publicitarios, 

como es de público conocimiento. ¿Ahora ello es favorable para la libre competencia? 

Por supuesto que lo es. Lo es en la medida que generará una nueva oferta a favor de los 

consumidores, respecto de un producto inédito en Chile que vendrá a llenar un muy 

importante vacío informativo, cultural y de diversidad en el país. Siendo así, si ello 

molesta a UCTV, ese es un efecto de la libre competencia, y uno muy favorable, efecto 

que este H. Tribunal está por sobre todo llamado a tutelar, especialmente de los embates 

de las empresas dominantes en el mercado de la información televisiva. No sólo está 

llamado a protegerla en aplicación del DL 211, sino que también en ejercicio de la 

función específica tuteladora de la diversidad que ha puesto en sus manos la Ley 19.733, 

sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. 

En suma, queda en evidencia que por medio de esta acción, UCTV pretende 

volver a poner en discusión una posición jurídica que no ha logrado sustentar 

adecuadamente ante los Tribunales Civiles de la República. No existe ni un solo 

antecedente en la Demanda que dé cuenta de un actuar abusivo o 

anticompetitivo de VTR para con UCTV, lo que es especialmente evidente 

cuando, en definitiva, todas las imputaciones hechas a VTR se reconducen a un 

supuesto desconocimiento de la particular especie de propiedad que UCTV 

pretende tener sobre su señal, desconocimiento que no existe como lo han 

fallado nuestros Tribunales Civiles en un procedimiento por lo demás pendiente. 

Y si no existe tal actuar abusivo es, entre muchos otros antecedentes que se 

desarrollan en esta presentación, porque la actitud de VTR es consistente con los 

fines más esenciales de nuestra normativa constitucional y legal que otorga a las 

señales de libre difusión un carácter universal, gratuito y no discriminatorio. 

1 La Tercera, 6 de marzo de 2008: 

“Al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) llegó la pelea que enfrenta Canal 13 con VTR. La 

Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile presentó una demanda contra VTR Banda Ancha, 

porque ‘desconoce los derechos de propiedad de Canal 13 sobre su señal y contenidos’, afirmaron en la estación 

católica. 

La entidad dice que algunos actos de VTR generan peligros para la libre competencia. Canal 13 afirma que no ha 

autorizado a VTR para incorporar el contenido de su oferta programática, a través de lo cual el operador de cable 

podría cambiar de orden los programas o el número de la señal. 

La estación televisiva busca una negociación con VTR, ‘para que no se sigan utilizando de manera arbitraria los 

contenidos que genera nuestro canal’, asegura Canal 13, que es asesorada en la presentación ante el Tribunal de la 

Libre Competencia por el estudio Puga & Ortiz”. 

9

II. 

Excepción de litispendencia. 

II.1. Antecedentes. Demanda de UCTV y TVN contra VTR. Contenido y estado 

procesal. 

El 23 y 24 de julio de 2002, UCTV y TVN, conjuntamente interpusieron idénticas 

demandas contra VTR Banda Ancha S.A. (“VTR BA”), hoy VTR, ante el 4° Juzgado 

Civil de Santiago y contra Metrópolis Intercom S.A. (“MI”), antecesora legal de VTR, 

ante el 26° Juzgado Civil de Santiago. 

Por medio de esas demandas, e invocando su propiedad intelectual sobre las señales 

abiertas que en su opinión VTR BA y MI transmitían, UCTV y TVN exigieron la 

terminación -que ellos consideraban indebida- de la utilización de sus señales por VTR y 

MI y, conjuntamente, solicitaron indemnización de perjuicios (pago) para el caso en que 

se siguieran transmitiendo esas señales. 

La pretensión de UCTV y TVN, al interponer estas demandas, se evidencia al leer las 

declaraciones que formuló días después quien era el representante legal de TVN a esa 

fecha, don Mario Conca: “No nos hemos planteado la posibilidad de cortar la señal al cable, sino 

que lo que queremos es que se reconozca el derecho de propiedad. Y después convenir con el cable un valor 

(...)” (El Mercurio, 20 de julio de 2002, B 20). 

Con fecha 29 de agosto de 2002, VTR BA contestó la demanda ante el 4° Juzgado Civil 

de Santiago, dando detallada cuenta de la regulación legal aplicable a la televisión abierta 

y a la propiedad intelectual en Chile; de cómo VTR BA estaba dando total cumplimiento 

a esa normativa y de cómo la misma tutelaba el actuar de VTR BA; de cómo no 

efectuaba utilización alguna de las señales de las demandantes que afectara sus derechos; 

de la razonabilidad jurídica y económica del actuar de VTR BA; y de cómo en definitiva, 

quienes se beneficiaban, y en montos sustanciales, por llegar a los televidentes vía el 

cable de VTR BA eran UCTV y TVN. MI, por su parte, contestó la demanda con fecha 

28 de agosto de 2002 ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, dando cuenta de su falta de 

fundamentos y, además, interpuso demanda reconvencional contra UCTV y TVN, 

mostrando cómo existía un contrato de mandato entre ellas y MI; cómo las demandantes 

habían a lo largo del tiempo solicitado de MI la redifusión de las señales de UCTV y MI 

a favor de los televidentes, entregando para esos efectos a MI descodificadores, 

encargándole que desarrollara ciertas inversiones e incluso vinculando con redes de fibra 

óptica las instalaciones de los canales abiertos con las instalaciones de MI; y cómo, en 

virtud de la relación contractual existente entre ellas, eran UCTV y TVN quienes debían 

remunerar a MI, en montos que alcanzaban, hasta el primer semestre de 2004, 

$87.534.868.072 en el caso de UCTV y $85.161.581.001 en el caso de TVN. Un 

adecuado resumen de las posiciones de las partes puede leerse en la Sentencia Civil que 

puso término al juicio en su primera instancia. 

Como se ve, ambas litis quedaron trabadas en torno a la existencia o no de derechos de 

propiedad intelectual de UCTV y TVN sobre sus señales y su alcance; a la circunstancia 

de violentarse o no esa propiedad por VTR BA y MI; a si debía pagarse o no por VTR 

BA y MI a UCTV y TVN por la redifusión de sus señales; a si existía o no autorización 

de UCTV y TVN para efectos de dicha redifusión; a si existía una relación contractual 

10

entre las partes involucradas y, en tal caso, a cuál era la naturaleza de esa relación 

contractual, su contenido, y las obligaciones recíprocas de las partes; y, en este último 

aspecto, a cuál era el destino de las señales abiertas (si podían sacarlas UCTV y TVN de 

la programación de VTR BA y MI, o si recíprocamente VTR BA y MI podían eliminarlas 

de su programación) y a cuál parte debía efectuar un pago a la otra (las demandantes a las 

demandas o viceversa). 

Habiendo rendido una extensa prueba ante los dos tribunales involucrados, incluyéndose 

informes técnicos, económicos y en derecho, con fecha 16 de noviembre de 2005, 

dichos procedimientos fueron acumulados ante el 26° Juzgado Civil de Santiago. 

Finalmente, con fecha 2 de octubre de 2006, el Juez del 26° Juzgado Civil de Santiago 

dictó un extenso fallo resolviendo las controversias sometidas a su conocimiento. Entre 

los considerandos de ese fallo, mencionamos los siguientes: 

“Que tanto TVN como UCTV son dueños del contenido de la programación que 

emiten” (...). Fojas 1757. 






“Que los canales que emiten la señal de libre recepción, en su calidad de 

concesionarias de un bien nacional de uso público, cual es el espectro 

radioeléctrico, se les ha otorgado tal beneficio por el Estado, con la sola 

condición de permitir que la señal emitida por ellos sea recibida en forma gratuita 

y libre de discriminación por toda la población chilena. Luego, en consideración a 

este principio básico, los demandantes no pueden solicitar la terminación de la 

utilización de la señal abierta que realizan los canales de cable, por cuanto esto 

significaría una restricción al derecho de todos los chilenos a recibir esta señal” 

(...). Fojas 1759. 

“Que del análisis y ponderación de la prueba rendida, este juzgador, tiene por 

acreditado que entre las partes, desde el año 1996 en adelante se perfeccionó un 

contrato, cuyos elementos y características principales han consistido en que por 

una parte Metrópolis Intercom S.A. y VTR Banda Ancha S.A. han adquirido el 

derecho para transmitir, por sus señales de cable, la programación que TVN y 

UCTV emite por su señal abierta; por otro lado, han adquirido como obligación 

el tener que transportar esta señal, sin poder modificar ni alterar ésta en cuanto a 

sus contenidos y distribuirla a sus abonados para que éstos reciban en óptimas 

condiciones la señal de ambos canales. Que por la razón anterior, se acogerá la 

tesis de la demandada principal, en el sentido de que dichas empresas de cable 

están autorizadas contractualmente para desarrollar dichas transmisiones, 

cualquiera sea la denominación y naturaleza que se admita tiene este contrato 

perfeccionado entre ellos”. Fojas 1760 y 1761. 

“Que, en consecuencia, procede, como se desprende en lo resolutivo, desestimar 

la solicitud indemnizatoria de los canales demandantes, puesto que uno de los 

elementos básicos para que exista la obligación de resarcir perjuicios es que por 

una de las partes se incumpla una obligación contractual, lo que en el caso sub lite 

no ha ocurrido o que fuera del ámbito contractual, alguien se obligue por un acto 

culpable o doloso que genere un daño indemnizable, lo que en la especie, 

tampoco se ha acreditado, toda vez que la prueba producida en autos lleva a 

concluir, que ambas partes han desarrollado una relación contractual beneficiosa 

para ambos. Lo anterior, queda en evidencia por toda la correspondencia que a 

11

través del tiempo se han enviado y por las declaraciones que los representantes de 

las mismas vertieron en su oportunidad” (...). Fojas 1671. 

Y sobre la demanda reconvencional de MI: “(...) resulta para este juzgador 

innegable, como se señalara en el fundamento respectivo que entre las partes ha 

existido una relación contractual desde 1996 en adelante; no obstante ello, toda la 

prueba que se produjo, incluso por la misma demandante reconvencional, apunta 

a establecer que ella sólo realizaba un servicio de antena, sin tener ninguna 

facultad, autonomía y posibilidad de modificar o alterar las señales de los canales 

en cuestión, de lo que es dable concluir, como se hará en lo resolutivo, que en la 

especie la relación contractual no corresponde jurídicamente a un mandato” (....). 

Fojas 1767. 

“En cuanto a la acción principal. -Que se rechaza la demanda deducida por los 

demandantes Televisión Nacional de Chile y Universidad Católica de Chile 

Corporación de Televisión en contra de Metrópolis Intercom S.A., a fojas 10 y 

siguientes, como la deducida en los autos acumulados Rol N° 3695-2002, ante el 

4° Juzgado Civil de Santiago, seguidos entre las mismas partes.” Fojas 1768. 

Con fecha 28 de abril de 2007, y luego de un período de suspensión del procedimiento 

pactado de común acuerdo, UCTV y TVN dedujeron recurso de apelación contra la 

Sentencia Civil de primera instancia. Por medio de ese recurso, básicamente, reiteraron 

su pretensión de obtener un pago por la supuesta retransmisión indebida de sus señales 

efectuada por VTR BA y MI. Asimismo, solicitaron explícitamente la terminación del 

contrato existente entre las partes, de acuerdo a lo resuelto en la Sentencia Civil de 

primera instancia. Por su parte, MI también interpuso recurso de apelación, solicitando 

el acogimiento de su demanda reconvencional. 

Como se ve, el expediente de primera instancia acumuló 5 tomos y más de 1600 fojas, y 

aún está pendiente que la Iltma. Corte de Apelaciones conozca y se pronuncie sobre el 

conflicto existente entre las partes. En el segundo otrosí se acompaña copia simple de las 

piezas más relevantes de dicho proceso, para su adecuada ponderación por este H. 

Tribunal. 

Sin perjuicio de que el punto se desarrollará con más detalle más adelante, desde ya cabe 

hacer notar la identidad de la controversia pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Santiago y la sometida al conocimiento de este H. Tribunal. En ambos casos, basado 

en la propiedad sobre sus señales (Conf. fojas 19 a 21 de estos autos), UCTV exige que 

VTR “cese en forma inmediata el uso indebido de la señal y contenidos” de UCTV 

(petitorio de la Demanda de autos); que VTR le pague por dicho supuesto uso; y que, 

derivado de lo anterior, se establezca el contenido de la relación contractual entre ambas 

partes. 

II.2. La excepción de litispendencia. Fundamentos y requisitos. 

La litispendencia, excepción dilatoria consagrada en el artículo 303 N° 3 del Código de 

Procedimiento Civil, persigue en lo sustancial evitar la dictación de sentencias 

contradictorias en juicios diversos pendientes en los cuales la controversia sometida a 

decisión de los tribunales sea básicamente la misma; para lo cual debe concurrir una 

identidad de las partes de los procesos, del objeto pedido y de su causa de pedir. 

12

La doctrina y la jurisprudencia han desarrollado los contornos precisos de esta 

excepción. 

“Con este precepto se persigue evitar la eventualidad de un doble conocimiento 

que podría conducir a dos resoluciones distintas sobre idéntico objeto, en 

perjuicio de la institución de la cosa juzgada y del prestigio de la función 

jurisdiccional, como asimismo evitar un trabajo inútil a los tribunales e 

inconvenientes y molestias al demandado” 2. 

“El fundamento de esta excepción es obvio: evitar que las partes litigantes 

pretendan subsanar los posibles errores cometidos en un juicio, renovando este 

mismo juicio mediante una nueva demanda. Por tal razón acogida la excepción 

dilatoria de litispendencia, produce el efecto de paralizar el nuevo pleito, 

intertanto se falle el primero por sentencia ejecutoriada” 3 . 

“(...) la búsqueda de la identidad jurídica de lo decidido debe estar desprovista de 

formalismos enervantes, que se agoten en un análisis meramente literal de las 

denominaciones utilizadas para individualizar las acciones. En consecuencia, se 

debe tratar de un acto de indagación, que en su correcto desenvolvimiento 

determine la sustancia última de las afirmaciones y peticiones de tutela 

jurisdiccional” 4 . 

“(…) Bien puede sostenerse, como principio general, que su fundamento radica 

en la necesidad de evitar una duplicidad inútil de la actividad jurisdiccional; 

impedir la dictación de fallos contradictorios” 5. 

La regulación de esta excepción materializa un conjunto de principios orgánicos y 

procesales de orden público, aplicables al conjunto de los Tribunales de la República. 

Entre ellos, los que siguen. 

1. Inavocabilidad. Se trata de la base de la jurisdicción consagrada en el artículo 8 del 

Código Orgánico de Tribunales (“COT”) que señala “Ningún tribunal puede avocarse el 

conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal, a menos que la ley le confiera 

expresamente esa facultad”. De esta manera, se prohíbe a cualquier tribunal avocarse a 

conocer negocios que ya son materia controvertida ante otro tribunal. 

2. Radicación. El artículo 109 del COT establece que “Radicado con arreglo a la ley el 

conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esa competencia por causa 

sobreviviente”. Este precepto determina el momento preciso en que una controversia 

jurídica queda sometida a la decisión de un tribunal en forma exclusiva, lo que resulta 

plenamente aplicable a este H. Tribunal. 

En el caso que nos ocupa, más allá de la evidente identidad existente entre los dos 

procesos a que nos hemos referido, lo cierto es que la sentencia definitiva que se dicte en 

el procedimiento civil fijará derechos cuyo contenido afectará necesariamente aquello 

que pueda resolver este H. Tribunal. Así, en estos autos, dado el petitorio de la 

Demanda, la existencia o no de abuso en la conducta de VTR estará directamente 

determinada por la extensión y alcance de la normativa vigente en materia de televisión y 

2 Prieto Castro, Leonardo.Derecho Procesal Civil, Vol. 1. pág. 598. Citado por Cristian Maturana en su memoria de 

grado, Pág. 35. 

3 Casarino Viterbo, Mario. Manual de Derecho Procesal, Derecho Procesal Civil, tomo IV. Pág. 43. 

4 Romero Seguel, Alejandro. La cosa juzgada en el proceso civil chileno. 2002. Pág. 55. 

5 Corte Suprema, 7 de julio de 1951, RDJ., t.48, sección primera, Pág. 264 y ss. 

13

de propiedad intelectual, normativa cuya interpretación define la licitud de redifundir 

señales de televisión abierta, el estatus jurídico de esas señales, la circunstancia de ser 

ellas susceptibles de remuneración, entre otros; además estará determinada por la 

existencia o no de un contrato entre las partes y su contenido. Nótese en este punto que 

la Demanda de autos asume la inexistencia de tal contrato y por esa circunstancia es que 

solicita a este H. Tribunal que obligue a VTR a suscribirlo (fojas 23 y letra b) del 

petitorio a fojas 29). Lo cierto es que, de acuerdo a la Sentencia Civil, por el contrario, tal 

como lo ha sostenido esta parte, tal contrato existe y, de hecho, el recuso de apelación 

interpuesto por UCTV persigue precisamente ponerle término, cuestión sometida al 

conocimiento de la Iltma. Corte de Apelaciones. 

Por lo anterior, no podría este H. Tribunal definir la existencia o no de abuso en la 

conducta de VTR, sin que se dilucide, por vía de sentencia de término, la extensión de la 

normativa de rango legal que daría o no tutela a la conducta de VTR y la existencia y 

contenido de un contrato entre las partes. En este caso, la atribución de derechos por vía 

del procedimiento civil resulta en un presupuesto ineludible para la eventual 

determinación de la existencia de abuso. De allí que no podría este H. Tribunal entrar al 

conocimiento de la Demanda de autos sin superponerse necesariamente en la atribución 

de tales derechos con el tribunal civil competente, en que la materia ya se encuentra 

radicada. Lo anterior exige de este H. Tribunal abstenerse de conocer de la Demanda de 

autos, mientras la materia no se encuentre resuelta en sede civil. 

Resulta interesante mencionar en este punto la aplicación de este principio que se 

encuentra en el fallo de la Excma. Corte Suprema en el caso de Sociedad Labbé, Haupt y 

Cía. Limitada contra Shell Chile, recaído en recurso de reclamación 6 , y que señaló en lo 

pertinente: 

“Que, en consecuencia, encontrándose establecido en autos que en un juicio 

diverso se discute la vigencia de los contratos que contienen las disposiciones 

respecto de las que en estos antecedentes se pide su modificación o eliminación, 

no es posible acceder a tal petición. En efecto, sólo es posible la modificación o 

eliminación de cláusulas que se encuentren fehacientemente vigentes, cuyo no es 

el caso desde que al respecto, como ya se dijo, existe un litigio pendiente”. 

3. Prevención. El artículo 112 del COT señala que “siempre que según la ley fueren 

competentes para conocer de un mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del 

conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto; pero el que 

haya prevenido en el conocimiento excluye a los demás los cuales cesan desde entonces de ser competentes”. 

Como se ha visto, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en cumplimiento de esta 

norma de orden público, se encuentra obligada actualmente a decidir si UCTV posee o 

no un derecho de propiedad sobre su señal con los contenidos que UCTV pretende, si 

VTR violenta de alguna manera tal propiedad, si UCTV posee o no la facultad de cobrar 

por un canal de libre difusión, si UCTV tiene legitimidad para exigir que VTR termine la 

redifusión de su señal de la manera en que lo ha venido haciendo, si corresponde 

indemnizar a UCTV y a pagarle si dicha conducta se mantiene en el tiempo, y si existe un 

contrato entre ambas partes, debiendo a su vez determinarse su contenido. Como puede 

verse, aunque sin lugar a dudas este H. Tribunal es competente para conocer las materias 

propias de la libre competencia que puedan derivar de relaciones contractuales existente 

6 Reclamación contra Sentencia Nº 53 del H. Tribunal, Rol N° 3506-2007, Corte Suprema. 

14

entre dos partes, en este particular caso, aquello que se pide declarar el H. Tribunal, y los 

fundamentos de esa declaración, son ni más ni menos que aquellos sometidos al 

conocimiento de la justicia ordinaria, de manera que cabe aplicar en todo el principio de 

prevención. 

4. Economía procesal. Este principio general también inspira la excepción de 

litispendencia. Por su intermedio se busca orientar la actividad de los participantes de un 

proceso hacia el ahorro de recursos, tanto económicos como procesales. La economía 

procesal es fundamento de la excepción de litispendencia, pues ésta permite rechazar, in 

limine, una demanda que, en su objeto y causa, ya está siendo conocida por otro tribunal. 

Con ello se busca evitar la inutilidad del desarrollo de todo un juicio, cuando en 

definitiva otro proceso pendiente determinará en lo sustancial la decisión del primero, 

como es precisamente el caso según se ha señalado. 

5. Seguridad jurídica. Este principio general del derecho resguarda que la actuación de 

los tribunales propenda a entregar seguridad a los ciudadanos que someten sus 

controversias a la resolución de los órganos jurisdiccionales, asegurándoles por un lado 

que las decisiones de estos últimos tendrán fuerza obligatoria y, por otro lado, que no se 

encontrarán en la situación de sufrir los efectos de sentencias contradictorias en relación 

a las materias en discusión; circunstancia esta última que precisamente podría producirse 

en el caso de que paralelamente la controversia iniciada por UCTV sea resuelta por 

nuestros tribunales ordinarios y por este H. Tribunal. 

6. Non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Este 

criterio de justicia, especialmente aplicable en el caso de procedimientos infraccionales, 

como lo es éste, también inspira la existencia de la institución de la litispendencia. 

II.3. Existencia de litispendencia entre el juicio civil pendiente y estos autos. 

Existe litispendencia entre la causa pendiente de tramitación ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago y el procedimiento ante este H. Tribunal al que dio inicio la 

Demanda. Existen dos litigios pendientes. Sus partes son las mismas. El objeto pedido es 

equivalente. Y una causa de pedir también equivalente fundamenta ambas acciones. 

1. Litigio Pendiente e identidad de partes. Se ha mostrado ya como UCTV y VTR 

mantienen actualmente un litigio que se encuentra pendiente de resolución por parte de 

la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el N° de ingreso 4143-2007, como se 

acredita en el segundo otrosí. 

Con posterioridad a la Resolución 01, se materializó la total toma de control de MI y 

VTR BA por parte de VTR GlobalCom S.A. (abril de 2005). Esto dio luego paso a que, 

MI cambiara su nombre a VTR Banda Ancha (Chile) S.A. la que, con posterioridad, 

adquirió la totalidad de las acciones de VTR BA, en virtud de lo cual esta última se 

disolvió. Con esto, VTR Banda Ancha (Chile) S.A., demandada en estos autos, tiene el 

carácter de continuadora legal de la empresas MI y a su vez absorbió a VTR BA, 

demandadas en sede civil. La operación antes descrita se explica en las escrituras públicas 

que se adjuntan en el segundo otrosí. 

15

2. Identidad de cosa pedida. Como ha resuelto la Excma. Corte Suprema, la identidad 

de cosa pedida “no es la cosa material o la prestación misma, sino el beneficio jurídico reclamado; la 

ponencia puesta en discusión” 7 . 

Se entiende que el requisito de la cosa pedida corresponde al beneficio jurídico inmediato 

que se reclama y al cual se pretende tener derecho. Debe existir una identidad entre los 

procesos de tal manera que las pretensiones de las demandas busquen obtener el mismo 

beneficio. La regla general que otorga la doctrina, como método de análisis para 

configurar la identidad de cosa pedida, es nuevamente la investigación prospectiva acerca 

de la posibilidad de que puedan dictarse sentencias contradictorias 8 . Y debe considerarse 

que en esta materia importa más lo sustancial de la identidad de objeto, que la forma 

como ello se plantee, como lo han resuelto nuestros tribunales superiores de justicia 9 . 

Pues bien, la cosa pedida por UCTV es la misma en ambos procesos; en los dos busca 

obtener el mismo beneficio económico. Dicha identidad se manifiesta tanto en el fondo 

del beneficio que se persigue como en la forma en que se expresa la pretensión en los 

distintos tribunales. En los petitorios de ambas demandas, UCTV busca que, previo 

reconocimiento de un determinado derecho de propiedad intelectual sobre su señal, 

VTR cese la que UCTV considera es una distribución “gratuita” o “indebida” de su señal 

y pague por su uso. En efecto de la lectura de ambas demandas y la apelación de UCTV 

ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, se concluye que la demandante persigue 

en definitiva, y más allá de la forma y conceptos jurídicos de los que revista su pretensión 

en cada jurisdicción, que VTR cese la que denomina distribución indebida de su señal y 

que en conjunto con ello VTR le pague por dicho uso, buscando de esta manera que se 

configure una nueva relación contractual entre las partes en relación a la previamente 

existente y que la Sentencia Civil de primera instancia reconoce. 

Reiteramos que la pretensión de UCTV y TVN, al iniciar el Juicio Civil se evidencia al 

leer las declaraciones de don Mario Conca: “No nos hemos planteado la posibilidad de cortar la 

señal al cable, sino que lo que queremos es que se reconozca el derecho de propiedad. Y después convenir 

con el cable un valor (...)” (El Mercurio, 20 de julio de 2002, B 20). 

Un análisis comparado de las presentaciones de UCTV en los dos juicios de que se trata 

deja en evidencia lo que se viene diciendo. Así, en la demanda presentada ante el 26° 

Juzgado Civil pide, en las dos acciones que conjuntamente interpone, pide: 

“(...) la terminación de la actual utilización comercial que la demandada 

realiza de las emisiones contenidas en las señales nacionales abiertas de televisión 

referidas en el cuerpo de la presente demanda, (señales de libre recepción), a 

contar desde que se notifique la misma. En subsidio, declarar que dicha 

terminación en la fecha que US. señale. 

Que la demandada debe indemnizar a cada una de las actoras los perjuicios que 

les cause en caso de continuar retransmitiendo a sus clientes, sin expresa 

7 Corte Suprema, 7 de septiembre de 1970, RDJ. T. 67, sección primera, pág. 383 y ss. 

8 Maturana Miquel, Cristian, “La relación entre la litispendencia, la acumulación de autos y la cosa juzgada”, Memoria 

de Prueba para optar al Grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile, 1982, pág. 

371. 

9 Discurriendo acerca del concepto de triple identidad en relación con la litispendencia, “dicho término no puede 

tomarse en un sentido tan absoluto y restringido que importe exigir una igualdad tan completa entre ambas 

demandas como si fuere calcada o copiada de otra”. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gaceta jurídica de los 

Tribunales, 2° Sem. N° 95, pág. 427. Citada por Romero Seguel, Alejandro en “La cosa Juzgada en el proceso civil 

chileno”, 2002. 

16

autorización, las respectivas señales abiertas de TVN y UCTV con posterioridad 

a la fecha en que se le notifique la presente demanda o desde la fecha que VS. 

señale, conforme lo solicitado en el N° 1 de la demanda de lo principal, y 

2.- Que se reserva a cada a una de las demandantes el derecho de cada una de ellas 

a discutir la especie y monto de tales perjuicios en la ejecución del fallo diverso, a 

nuestra elección, en conformidad con el artículo 173 del Código de 

Procedimiento Civil”. 

En el mismo sentido, en su escrito de apelación se puede leer: 

“Interponemos recurso de apelación respecto de la sentencia definitiva de autos, a 

fin de que por los fundamentos de hecho y derecho que se expondrán, sea dejada 

sin efecto y en su lugar se acojan las demandadas deducidas por TVN y UCTV 

contra las empresas de televisión por Cable VTR Banda Ancha S.A. (VTR) y 

Metrópolis Intercom( Metrópolis), condenándolas a terminar el uso ilegítimo 

y gratuito de la propiedad intelectual de TVN y UCTV, e indemnizar todos 

los perjuicios causados desde la notificación de las demandas, con costas”. 

Como puede verse de las dos referencias anteriores, las actoras persiguen terminar 

lo que ellas consideran sería el uso ilegítimo (sin autorización) y gratuito de la 

propiedad intelectual de las demandantes. 

En la Demanda de autos a su vez solicita: 

“Al H. tribunal de defensa de la libre competencia respetuosamente pido: 

Tener por interpuesta demanda en contra de la sociedad VTR Banda Ancha 

(Chile) S.A., (...) acogerla a tramitación para que en definitiva este H. tribunal: 

1.- (...) (a) Ordene que VTR Banda Ancha (Chile) S.A. cese en forma inmediata 

el uso indebido de la señal y contenidos de mi representada Canal 13. 

(b) Ordene que la demandada VTR Banda Ancha (Chile) S.A., en el plazo de 30 

días, o en el que se fije, acompañe, para la aprobación de este H. tribunal, la oferta 

de facilidades técnicas y económicas que pondrá a disposición de los canales de 

televisión abierta o proveedores de contenidos, con el objeto de que éstos, de así 

estimarlo conveniente, consientan voluntariamente los términos, condiciones 

y plazos para la inclusión de sus contenidos y señal en la oferta programática de la 

demandada”. 

Queda en evidencia que en esta ocasión, nuevamente, UCTV pide que cese lo que ella 

considera sería un uso indebido de su señal y contenidos, y requiere que VTR pacte con 

ella las condiciones económicas que le entregaría por dicho uso (lo que no constituye 

sino una forma de denominar al pago). 

Pues bien, la Sentencia Civil de primera instancia, cuyos extractos se leen en la sección 

II.1. anterior dejan en evidencia que el juzgador civil estableció: (i) que no existe tal uso 

ilegítimo de las señales de UCTV por parte de VTR; (ii) que no corresponde que VTR 

pague remuneración alguna por la redifusión de las señales de UCTV y ello, en atención 

al estatuto jurídico que rige la materia tanto desde la perspectiva de la normativa de 

televisión como desde aquella de propiedad intelectual; (iii) que, más aun, ambas partes 

obtienen beneficios recíprocos de su relación comercial; (iv) que ello se plasma en un 

contrato, con largos años de vigencia, cuyo preciso contenido fijó dicha Sentencia Civil 

de primera instancia, y cuya terminación solicita UCTV en su escrito de apelación. 

Siendo así las cosas, el objeto pedido en estos autos necesariamente se identifica con 

aquel que dio lugar a la litis civil. No podría este H. Tribunal determinar la existencia o 

no de un “uso indebido” de la señal de UCTV sin interpretar el adecuado sentido y 

17

alcance de las normas jurídicas que el sentenciador civil ya interpretó en su fallo. No 

podría este H. Tribunal exigir que se “consienta voluntariamente” en ciertas condiciones, 

porque “no media autorización ni convención” entre VTR y UCTV, como se plantea en 

la Demanda de autos (fojas 23), si la Sentencia Civil precisamente dio por acreditada la 

existencia de esa misma autorización y estableció que las partes sí se encuentran 

vinculadas por una convención, cuestión que, como se ha dicho, está en el centro del 

debate de segunda instancia. E incluso, cómo podría este H. Tribunal decidir que 

eventualmente se modifique o “mejore” para UCTV esa convención, si su preciso 

contenido está en discusión ante nuestros tribunales superiores, como se ha visto. 

Finalmente, la circunstancia de mantenerse la señal de UCTV en la grilla de VTR es 

también materia que el tribunal civil consideró parte del contrato vigente entre las partes, 

según se mostró en los extractos de la Sentencia Civil. 

Por una parte, entonces, las definiciones que pueda establecer este H. Tribunal en sede 

de libre competencia penden necesariamente de la definición jurídica y fáctica, y de la 

determinación y asignación de derechos y obligaciones, que se están discutiendo ante la 

justicia civil. Por otra parte, si el H. Tribunal prescindiera de ello y conociera igualmente 

de esta Demanda, se expondría directamente a dictar una sentencia contradictoria con 

aquella decisión de término que emane del juicio civil, lo que nuestra normativa orgánica 

procesal persigue precisamente evitar a través de la institución de la litispendencia. 

3. Identidad de causa de pedir. Se entiende por causa de pedir el fundamento 

inmediato del derecho deducido en juicio. También se entiende como el hecho material 

o jurídico que sirve de razón a la pretensión que se ha hecho valer. 

Como ya se adelantó, la causa de pedir de la Demanda de UCTV es la misma que fundó 

su demanda de 2002 en sede civil. La demandante, intentando hacer más indirecto el 

argumento por la vía de hacer mención al derecho de la libre competencia, en definitiva 

fundamenta su acción, nuevamente, en un derecho sobre su señal y sus contenidos al 

que otorga un valor absoluto; derecho que considera conculcado y violentado (abuso de 

posición dominante) porque VTR no contaría con su autorización para redifundir sus 

señales y no le pagaría en consecuencia por ello, como efecto de lo cual la discriminaría 

arbitrariamente y la sometería a un injusto subsidio (todos estos aspectos, meras 

derivaciones de esa propiedad violentada, según el argumento central de UCTV, como 

queda en evidencia de la lectura de la Demanda entre fojas 19 y 23). Asimismo, es 

precisamente a partir de la existencia de tal derecho de propiedad y de la facultad 

consiguiente de retribución, que UCTV concluye la necesidad de suscribir algún acuerdo 

con VTR que regule las condiciones de uso y remuneración de la referida señal. 

Un análisis comparado de las demandas de UCTV en ambos juicios deja claramente 

establecida la identidad entre sus causas de pedir. Así, en la demanda civil se lee: 

“UCTV es la creadora de la emisión de esta “Señal Nacional” de libre recepción, 

que comprende diversas obras (programas). Asimismo, sobre las diversas obras 

(programas) contenidas en dicha señal, UCTV tiene derechos de autor, sea como 

productora de obras originales (titular original), sea por haberlos adquirido de sus 

autores (titular secundario). 

Así no puede caber duda que de acuerdo con la normativa constitucional y legal 

aplicable y con la doctrina, TVN y UCTV, como organismos de radiodifusión y 

18

creadores intelectuales de sus respectivas emisiones consideradas como un todo 

que constituyen el contenido de cada señal, tienen derecho a autorizar o prohibir 

la utilización de esas emisiones por terceros, como asimismo a ser retribuidos por 

tal utilización. 

En consecuencia, atendidos los derechos que la Constitución, las leyes y los 

tratados vigentes reconocen a nuestras representadas, tanto sobre sus emisiones 

transportadas mediante sus respectivas señales, como sobre las obras, 

interpretaciones y ejecuciones comprendidas en ella, en los términos antes 

señalado, solicitamos que US. disponga la terminación de la actual utilización 

comercial que la demandada realiza de sus referidas emisiones, según se expresa 

en el petitorio de la presente demanda.” 

Mientras que la Demanda de autos reitera: 

“El derecho de Canal 13 sobre su señal y contenidos. 

Cabe destacar que mi representada es dueña de los contenidos que genera, 

propiedad que está protegida por el régimen jurídico de la propiedad intelectual, 

garantizada por la Constitución Política (Art. 19 N° 24 y 25), diversas 

convenciones internacionales, la Ley 17.336 sobre propiedad intelectual (LPI) y el 

reglamento de la Ley 17.336, Decreto N° 1.122 de 17 de mayo de 1971. 

No obstante los derechos de mi representada sobre su señal y contenidos, la 

demandada desconociendo de forma unilateral dichos derechos, incorpora sin la 

autorización de Canal 13 a su oferta programática la referida señal y contenidos. 

En el caso que nos ocupa la demandada VTR ha ejecutado y celebrado 

actos que impiden, restringen y entorpecen la libre competencia, los que se 

encuadran cabalmente en el tipo antimonopólico sancionado por el DL 

211, consistentes en a lo menos, los expresados en el apartado VII de esta 

demanda, los que se refieren al desconocimiento de los derechos de Canal 

13 sobre su señal y contenidos, la discriminación arbitraria por parte de la 

demandada en perjuicio de Canal 13 (…) y la obtención de un subsidio 

injusto y forzoso de mi representada a VTR producto de la discriminación 

arbitraria”. 

Como se ve, es la propia UCTV la que en la Demanda de autos identifica 

indubitablemente la discusión de libre competencia que somete al conocimiento de este 

H. Tribunal con el supuesto “desconocimiento de los derechos de Canal 13 sobre su señal y 

contenidos”. La supuesta discriminación arbitraria y subsidios cruzados, no son sino 

denominaciones distintas que se otorgan al supuesto hecho de desconocer los derechos 

de UCTV sobre su señal y contenidos, al no pagar por ellos (Conf., fojas 21 y 22). Esta 

misma materia, la existencia o no de tales derechos –que fueron controvertidos en la 

instancia civil- y por sobre todo, el desconocimiento o no de los mismos, es el 

fundamento central de la discusión pendiente actualmente ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago. Qué más evidencia, H. Tribunal, acerca de la identidad de causa 

de pedir existente entre el Juicio Civil actualmente pendiente ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones y estos autos. 

4. Conclusión: Triple identidad. De todo lo dicho y de la lectura comparada que este 

H. Tribunal podrá hacer de las piezas principales del Juicio Civil pendiente entre UCTV 

y VTR y de la Demanda de autos, queda en evidencia que debe acogerse esta excepción 

de litispendencia. 

19

No es procedente que UCTV, por el simple hecho de no haber obtenido un fallo 

favorable en el Juicio Civil, renueve la discusión en estos autos, e intente mejorar así su 

posición jurídica, máxime si ella misma ya solicitó la revisión de la decisión judicial civil 

por vía de apelación. Casos como el presente son precisamente ejemplos de texto de 

casos en los que existe litispendencia. En efecto, la doctrina considera que uno de los 

fines de la excepción de litispendencia es impedir que una parte perjudicada con un fallo 

pueda renovar una discusión que ya perdió ante otro tribunal 10 , contraviniendo así las 

normas básicas de la adecuada administración de justicia. Y ello resulta más grave si, 

como lo recogieron de manera idéntica varias notas de prensa, una vez presentada esta 

Demanda –aunque antes de su publicación y notificación-, la acción intentada ante este 

H. Tribunal busca “negociar” con VTR. Si se pretende reiterar una misma acción judicial 

para mejorar la propia posición jurídica y así lograr una mejor negociación de los litigios 

pendientes, no sólo se está haciendo evidente la existencia de litispendencia, sino que, 

además, se está haciendo abuso del ejercicio de acciones jurisdiccionales. 

Debe agregarse que esta no es la primera ocasión en que UCTV intenta mejorar su 

posición en juicio en relación a diversos proveedores de televisión de pago. En efecto, 

después de haber presentado la demanda civil de 2002 contra VTR, UCTV presentó en 

2006, de nuevo en conjunto con TVN, un recurso de protección 11 contra Telefónica, 

también en idénticos términos que los utilizados para demandar a VTR. Por medio de 

dicho recurso, UCTV solicitó a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que ordenara 

a Telefónica al cese inmediato de los actos de difusión comercial de sus señales de 

televisión, y que ésta obtuviera la autorización expresa y por escrito de UCTV y TVN 

para transmitir sus señales. La Iltma. Corte declaró inadmisible dicho recurso, señalando 

que: 

“(...) los hechos descritos en la presentación sobrepasan los márgenes del recurso 

de protección, toda vez que aquellos deben ser discutidos y probados en el 

procedimiento judicial correspondiente, lo que se contrapone con la naturaleza 

cautelar de la acción de protección, de lo que se desprende que el recurso adolece 

de manifiesta falta de fundamento, por lo que no será admitido a tramitación”. 

Con ello la Iltma. Corte de Apelaciones dejó en evidencia, que derechos como los 

invocados en estos autos por UCTV requieren ser afirmados en cuanto a su existencia, 

titularidad, alcance y entidad por los tribunales ordinarios, como precisamente ha 

sucedido en la causa civil pendiente que vincula a UCTV y VTR. De allí que no 

corresponda, como se ha dicho, que la misma materia sea conocida al mismo tiempo por 

este H. Tribunal. 

II.4. La necesaria previa resolución de la controversia civil. 

Como se ha explicado previamente, la Demanda por supuestas conductas lesivas de la 

libre competencia, se construye bajo el supuesto de que la demandante sería titular de un 

derecho de propiedad, con contenidos absolutos, sobre una señal abierta de televisión. 

Ello la lleva a concluir que tendría el derecho de escoger libremente quienes podrían o 

no recibirla. De ahí, construye supuestos ilícitos en los que habría incurrido VTR en 

10 Casarino Viterbo, Mario. Manual de Derecho Procesal, Derecho Procesal Civil, tomo IV. Pág. 43: “El fundamento de 

esta excepción [la litispendencia] es obvio: evitar que las partes litigantes pretendan subsanar los posibles errores 

cometidos en un juicio, renovando este mismo juicio mediante una nueva demanda”. 

11 Recurso de Protección N° de ingreso 3270-2006, Corte de Apelaciones de Santiago. 

20

elación a la disposición de ese bien, supuestamente usando el mismo sin previa 

autorización –siendo presupuesto de ello la necesidad de dicha autorización-, negándose 

a negociar o a contratar para obtenerla –siendo presupuesto de ello la ausencia de 

contrato entre las partes-, o no pagando por ella –lo que supone la obligación de ese 

pago-, imponiendo así VTR sus términos en forma unilateral. En fin, las conductas 

imputadas se derivan todas de un supuesto desconocimiento del derecho que tendría 

UCTV sobre su señal y de la facultad consecuente que tendría de ser remunerada por 

ella. 

“No obstante, los derechos de mi representada sobre su señal y contenidos, la 

demandada, desconociendo en forma unilateral dichos derechos, incorpora sin la 

autorización de Canal 13 a su oferta programática la referida señal y contenido.” 

“(...) la demandada, en forma conciente e intencional, hace un uso no autorizado y 

gratuito de la señal y contenidos de Canal 13 (...) lo que constituye un subsidio 

forzoso e injusto de mi representada a VTR”. 

Partiendo del supuesto de que UCTV es titular de un derecho de dominio sobre una 

señal abierta de televisión, y dándole un alcance absoluto, construye supuestas conductas 

contrarias a la libre competencia por parte de VTR, que nacerían precisamente de atentar 

contra ese derecho. En concreto, las infracciones a la libre competencia cometidas por 

VTR serían concretamente las siguientes: 

i) Desconocimiento de VTR de los derechos de UCTV sobre la señal [abierta 

de televisión Canal 13] y contenidos. 

ii) Discriminación arbitraria por parte de VTR en perjuicio de UCTV en 

relación a otros proveedores de señal y contenidos, por pagarles a estos 

últimos mientras que no a UCTV. (Supone ser titular de un derecho sobre 

esa señal abierta, que además sería idéntico al de programación de pago que 

adquiere VTR). 

iii) Subsidio injusto y forzoso de UCTV a VTR producto de no pagar por esa 

señal. (Evidentemente, también supone la existencia de ser titular de un 

derecho de propiedad sobre su señal abierta). 

Pues bien, según se ha desarrollado previamente, ser titular de un derecho como el que 

supone UCTV en su Demanda, con los atributos y facultades que UCTV deriva de ese 

supuesto derecho, es una materia que está muy lejos de ser pacífica. Se encuentra en 

actual discusión ante los tribunales civiles, existiendo una Sentencia Civil de primera 

instancia que desde ya supone una interpretación de los derechos de UCTV muy lejana a 

la que ella pretende en autos. Más aun, VTR tiene la más absoluta convicción, como se 

explica en el primer otrosí, de que los derechos de UCTV tienen un alcance muy 

diferente al que ella les atribuye, y ello por simple aplicación de las normas rectoras de la 

televisión abierta y de la propiedad intelectual en Chile (secciones I y II del primer 

otrosí). 

A mayor abundamiento, la propia UCTV, junto a su co-demandante TVN, al momento 

de presentar la demanda civil contra VTR en 2002, reconocían abiertamente la necesidad 

de que se les declarase, por vía judicial, el supuesto derecho que ellas pretendían en el 

sentido antes explicado. Así, de las declaraciones que hicieron en la prensa los principales 

21

ejecutivos de la época 12 , don Edgardo Fuenzalida por parte de UCTV y don Mario 

Conca por parte de TVN, queda claramente establecido que el objeto de esa demanda 

civil era la declaración de derechos que les permitieran cobrar por su señal. En esa 

entrevista don Mario Conca respondiendo a la pregunta “¿Quieren que los indemnicen 

por todo este tiempo en que no les han pagado?”, señaló: 

“Ese tema es posterior. Si se reconoce ese derecho luego vendrán las 

negociaciones que correspondan para llegar al precio justo”. 

Por su parte, don Edgardo Fuenzalida afirmó: 

“[Pregunta]: ¿Pero por qué justo ahora esto es un problema? 

[Respuesta E. Fuenzalida]: Nuestro interés es que se reconozca el derecho sobre 

el contenido, que es una propiedad intelectual. (...) El punto no es quién paga o 

no paga, ese es un tema de segundo orden”. 

Tal derecho no fue reconocido por la Sentencia Civil de la manera en que lo pretendía 

UCTV. Si bien dicha sentencia reconoció la titularidad de UCTV sobre derechos de 

propiedad intelectual, no le reconoció el derecho de cobrar por una señal abierta de 

televisión ni de disponer sobre quién podía recibirla y, por sobre todo, no consideró en 

caso alguno que tales derechos habían sido violentados por VTR La materia por lo 

demás se encuentra pendiente de resolución definitiva por parte del un tribunal de 

segunda instancia. Pero lo que sí resulta efectivo de las declaraciones del señor Conca es 

que el reconocimiento de un derecho como el que pretende tener UCTV, con la 

extensión que ésta busca darle, es un asunto que desde la perspectiva lógica es 

necesariamente anterior a la resolución de un eventual problema sobre la disposición de 

ese derecho y, consecuentemente, sobre la existencia de un supuesto abuso en tal 

disposición. Y lo que también es efectivo es que, existiendo un Juicio Civil pendiente, 

hasta la fecha no se ha declarado judicialmente a favor de UCTV –sino todo lo 

contrario- la supuesta prerrogativa que ahora supone evidente y que es lógicamente 

anterior a la posibilidad de que puedan existir las supuestas infracciones a la libre 

competencia que imputa (Conf. capítulo VII de la Demanda, “Actos y conductas 

ejecutadas por VTR contrarias a la libre competencia”). 

En suma, lo que se concluye de lo anterior es que no podría este H. Tribunal definir la 

existencia o no de un supuesto abuso en la conducta de VTR, sin que se dilucide, por vía 

de sentencia de término, la extensión de la normativa de rango legal que daría o no tutela 

a la conducta de VTR y la existencia y contenido de un contrato entre las partes. En este 

caso, la atribución de derechos por vía del procedimiento civil resulta en un presupuesto 

ineludible para la eventual determinación de la existencia de abuso. De allí que no podría 

este H. Tribunal entrar al conocimiento de la Demanda de autos sin superponerse 

necesariamente en la atribución de tales derechos con el tribunal civil competente, en 

que la materia ya se encuentra radicada. Lo anterior exige de este H. Tribunal abstenerse 

de conocer de la Demanda de autos, mientras la materia no se encuentre resuelta en sede 

civil. 

Se configura en el presente caso, por ello, una situación similar a aquella conocida por los 

tribunales con competencia en lo criminal, denominada “cuestión civil previa”, regulada 

12 “La última guerra de los canales de televisión”, entrevista aparecida en El Mercurio, de fecha 20 de julio de 2002. 

22

en el artículo 174 del COT 13 . En resumidas cuentas, esta institución supone que si existe 

controversia acerca del dominio de una cosa, debe primero resolverse la titularidad sobre 

la misma en forma previa a resolver si sobre ella se cometió algún delito contra la 

propiedad. Esta institución se plantea en el proceso penal como parte de las excepciones 

que pueden oponerse antes de que se dicte el fallo, pues tiene por fundamentos los 

mismos que la litispendencia, prevenir que se dicten fallos contradictorios. 

En este caso, por ello, son aplicables los fundamentos de la institución de la cuestión 

civil previa, siendo salvable la situación precisamente por medio del acogimiento de la 

excepción de litispendencia. Ello, por cuanto, la determinación de la existencia de un 

supuesto abuso de posición dominante, como lo reconoce la misma demandante, 

requiere como previo supuesto que se dilucide la legitimidad de la propiedad que reclama 

UCTV, más aun la existencia o no de una afectación a esa propiedad en aplicación de los 

estatutos jurídicos que rigen la materia, la titularidad de UCTV para cobrar por ella, y la 

existencia o no de un contrato ya vigente entre las partes. De allí que si este H. Tribunal 

entrara al conocimiento de la Demanda, necesariamente debiera entrar, a su vez, a la 

definición de las materias anteriores, con lo que incurriría inevitablemente en la 

litispendencia invocada por esta parte. En cambio esperar que se delimiten 

adecuadamente los derechos de propiedad y contractuales involucrados para luego, en su 

caso, intervenir aplicando la normativa especial de la libre competencia, es lo que 

corresponde en derecho. 

Aunque no trató exactamente sobre este punto, la mirada de la Excma. Corte Suprema 

es consistente con lo que se viene diciendo, según se deriva de la siguiente sentencia: 

“34°) Que sin perjuicio de lo dicho en torno a la inadmisibilidad de la reclamación 

deducida por Telmex, esta Corte no puede dejar de observar que, en lo que 

respecta a los considerandos 71° a 81° 14 del fallo reclamado, el Tribunal de 

13 Art. 174. “Si contra la acción penal se pusieren excepciones de carácter civil concernientes al dominio o a otro 

derecho real sobre inmuebles, podrá suspenderse el juicio criminal, cuando dichas excepciones aparecieren 

revestidas de fundamento plausible y de su aceptación, por la sentencia que sobre ellas recaiga, hubiere de 

desaparecer el delito. El conocimiento de esas excepciones corresponde al tribunal en lo civil”. 

14 Reclamación contra Sentencia Nº 45 del H. Tribunal, Rol 6236-2006, Excma. Corte Suprema. Algunos de esos 

considerandos señalaban: 

“Que el servicio público telefónico local es considerado por nuestro legislador como un servicio público sujeto a 

concesión, a una importante regulación técnica y a fiscalización por parte de la autoridad. Ello con motivo del 

desarrollo histórico de la industria, la que ha sido considerada tradicionalmente como un monopolio natural, debido 

a los grandes costos hundidos que deben soportar quienes invierten en ella. La intervención estatal se ha 

materializado en una regulación que ha pretendido recrear condiciones de competencia en el funcionamiento del 

mercado respectivo, tanto en lo que se refiere al precio como a la calidad; (...) 

Que, en opinión de estos sentenciadores, aplicar tal regulación a la telefonía IP sobre banda ancha, no solamente 

carece de fundamentos jurídicos, según se ha señalado, sino también de fundamentos económicos, pues implicaría 

imponer cargas públicas innecesarias a una tecnología que puede imprimir un renovado dinamismo en la industria y 

que, dadas sus características, potencialmente puede darse en un ambiente de competencia, circunstancia que 

tendería naturalmente a regular en forma eficiente a lo menos la calidad y el precio del servicio; (...) 

Que, en opinión de este Tribunal, el debate de autos en torno al régimen jurídico que ha de aplicarse a la telefonía IP 

sobre banda ancha es expresión de la dificultad de encuadrarla jurídicamente en las distintas categorías de 

servicios de telecomunicaciones, e incluso de la pertinencia de considerar esta telefonía como un servicio de 

telecomunicaciones en lugar de reputarla una aplicación de Internet que no debería ser regulada más que cualquier 

otra. Dicha dificultad ha sido acentuada por la falta de definición al respecto de las autoridades regulatorias, en lo 

relacionado con la telefonía IP; (...) 

Que, en el caso de que la telefonía IP prestada sobre banda ancha sea finalmente considerada por la autoridad 

competente como un servicio público de telecomunicaciones, la regulación que efectivamente se le aplique debe ser 

la mínima necesaria y deberá limitarse a reglar el régimen concesional que se utilice, a asegurar que los prestadores 

de este servicio cumplan con estándares técnicos mínimos, con el deber de interconexión con otros servicios 

públicos de telecomunicaciones del mismo tipo -respetando las normas técnicas pertinentes- y normar lo relativo a 

los cargos de acceso y la asignación de numeración telefónica, considerando la posibilidad de la portabilidad del 

número, todo ello para que pueda existir una fluida comunicación entre los usuarios de las concesionarias de 

telefonía IP y los de las concesionarias del servicio público telefónico y una mayor competencia en el mercado. 

Finalmente, la regulación que eventualmente se adopte debiera hacerse cargo de la tendencia a la convergencia 

tecnológica, regulando la industria de modo tal que no se produzcan subsidios cruzados o discriminaciones entre 

las diversas compañías que prestan servicios de telefonía; que se garantice la mayor libertad posible para ingresar 

al mercado, y se impidan las conductas que dificulten artificialmente dicha entrada”. 

23

Defensa de la Libre Competencia carece de competencia para pronunciarse acerca 

de la naturaleza jurídica de los servicios de telefonía IP a efectos de la aplicación 

de la Ley General de Telecomunicaciones, como el mismo órgano jurisdiccional 

por lo demás lo advierte según se lee del fundamento trigésimo noveno”. 

Ello sería por lo demás perfectamente concordante con la conducta que se exige de los 

tribunales de defensa de la libre competencia en derecho comparado. Un ejemplo que 

guarda alguna similitud con el caso que nos ocupa, es el de las discusiones 

antimonopolios que se dieron en Alemania y Holanda, sobre la venta conjunta de 

derechos televisivos para partidos de fútbol, lo que suponía dilucidar si los equipos de 

fútbol eran dueños de esos derechos individualmente o conjuntamente. Los tribunales de 

libre competencia se abstuvieron de conocer de las acciones antimonopolios iniciadas 

ante ellos, mientras no se dilucidara la atribución de los derechos televisivos en cuestión 

por las cortes civiles competentes. 

“Antes de de considerar el problema de la aplicabilidad de la Ley de Competencia 

Comunitaria, es necesario tener en cuenta la propiedad de los derechos, en cuanto 

existe el peligro de que los acuerdos comerciales colapsen en disputas acerca de la 

su propiedad, tal como se ha observado en Holanda. El problema acerca de quién 

es dueño de los derechos de transmitir un determinado evento (o serie de 

eventos) no es uno que pueda ser resuelto por el derecho de la competencia. Es 

un problema que se encuentra sujeto a la ley nacional aplicable. Los casos 

recientes en las cortes de Alemania y Holanda han sugerido que en los acuerdos 

examinados en dichos Países Miembros, los clubes de fútbol son los dueños 

principales de los derechos de transmisión de los partidos de fútbol” 15. 

Por todo lo anterior, UCTV ha actuado de manera poco transparente al afirmar en su 

Demanda la existencia de un supuesto derecho indubitado y absoluto respecto de la 

señal de televisión abierta que transmite, de la que supuestamente podría disponer 

libremente, y en caso de así decidirlo, prohibir la recepción de ese bien. Tal derecho, base 

de sus pretensiones en el Juicio Civil, no sólo no fue reconocido en la sentencia 

definitiva de primera instancia, sino que, precisamente, la pretensión de que se le 

reconozca tal derecho constituye la base de su recurso de apelación. 

Por lo anterior, la presentación de la Demanda en contra de VTR en esta sede, resulta, a 

nuestro entender, un intento por evadir una discusión previa, que fue planteada por la 

propia demandante el año 2002 (en contra de sus actos propios ininterrumpidos hasta 

ese año), y que se encuentra pendiente de una resolución definitiva por parte de la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones. 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y de lo 

dispuesto en el artículo 303 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 29 del 

DL 211, y demás normas legales citadas y aplicables, 

A ESTE HONORABLE TRIBUNAL PEDIMOS: tener por opuesta en contra de la 

Demanda de autos la excepción dilatoria de litispendencia, por las razones expuestas en 

15 Broadcasting of sports events and competition law. A-M Wachtmeister, chef d´Únite IV/C2, Competition Policy 

Newsletter 1998 – number 2 – June. Traducción propia del original que sigue: 

“Before considering the question of the applicability of Community competition law, the ownership of rights needs to 

be taken into account as there is a danger that commercial agreements may collapse in a dispute about ownership, 

as has been witnessed in the Netherlands. The question of who owns the rights to broadcast any given event (or 

series of events) is not one which can be answered by competition law. It is a question governed by the applicable 

national law. The recent German and Dutch court cases have suggested that in the agreements they examined in 

those Member States, the football clubs are primarily the owners of the broadcasting rights to football matches”. 

24

el cuerpo de este escrito; someterla a tramitación legal y, en definitiva, acogerla en todas 

sus partes, disponiendo la terminación del presente proceso, con expresa condenación en 

costas. 

PRIMER OTROSÍ: En subsidio de la excepción dilatoria antes deducida, contestamos 

derechamente la Demanda interpuesta por UCTV contra VTR, solicitando su rechazo, 

con costas, en mérito de las consideraciones de hecho, económicas y jurídicas que se 

desarrollan a continuación, de acuerdo al índice que sigue. 

ÍNDICE 

I. Estatuto jurídico de la televisión abierta en Chile. 

I.1. La televisión abierta en Chile. Su regulación constitucional y legal. Su 

función y obligaciones legales principales. 

I.2. Función legal de las concesionarias de televisión abierta: llegar de manera 

universal, no discriminatoria y gratuita a toda la población nacional. 

I.3. Actividad de VTR en relación a las señales de televisión abierta, como la 

de UCTV. 

1.4. ¿Qué define a la televisión abierta: “lo” que se transmite con alcance de 

libre difusión o la manera técnica en que su señal se recibe? 

II. Estatuto de propiedad intelectual aplicable a los derechos alegados por 

UCTV sobre su señal y contenidos por ella transmitidos. 

II.1. La regulación de propiedad intelectual no puede ser interpretada 

aisladamente respecto del estatuto general que se aplica a las señales de 

televisión abierta. 

II.2. Derechos de propiedad intelectual de UCTV sobre su señal. Derechos 

conexos. 

II.3. Derechos de UCTV sobre los contenidos que forman parte de su señal. 

III. Análisis económico de los derechos de UCTV a la luz de la normativa 

legal que se le aplica. 

IV. Breve descripción de las relaciones que han existido y existen entre VTR y 

UCTV. 

V. Mercados relevantes. 

V.1. Mercado relevante geográfico. 

V.2. Mercados relevantes del producto y características de los mismos. 

Posición de VTR. 

V.2.1. Mercado relevante de aprovisionamiento (“aguas arriba”). ¿Forma la 

señal abierta de UCTV parte de ese mercado? 

V.2.2. Mercado de la televisión de pago (“aguas abajo”). 

V.2.3. Mercado de contratación de espacio publicitario. 

V.2.4. Mercado de medios para la recepción de la televisión abierta. 

V.3. Una conclusión parcial. La definición de los mercados relevantes de esta 

causa también está supeditada a la definición previa de la titularidad de 

derechos. 

VI. Plena licitud del actuar de VTR. 

VI.1. Razones por las que la conducta de VTR es lícita. 

VI.2. Algunas precisiones sobre la legislación comparada citada por la 

demandante. 

VI.2.1. Absurdo de la pretensión de cobrar por la señal y de obtener que ella se 

redifunda forzosamente. 

VI.2.2. Normativa de rango legal. Exigencias de constitucionalidad. 

VI.2.3. Normativa no discriminatoria. Precisamente lo contrario de lo que 

busca la Demanda. 

VII. Excepción de prescripción. 

25

I. 

Estatuto jurídico de la televisión abierta en Chile. 

Como se ha señalado previamente, no resulta posible determinar la existencia o no de un 

supuesto abuso en la conducta de VTR, sin previamente describir el estatuto jurídico que 

rige las emisiones de los llamados canales abiertos o de libre recepción. Pues bien, 

tenemos la plena convicción de que la conducta de VTR, por medio de la cual ésta recibe 

las señales de UCTV desde el aire –o, en su caso, cuando ha sido a petición expresa de la 

misma UCTV vía descodificadores de señales satelitales entregados por UCTV- y 

permite que sus usuarios las reciban de manera simultánea e inalterada, es absolutamente 

consistente con las finalidades más básicas del estatuto jurídico de la televisión abierta en 

Chile. De allí que, mientras el legislador mantenga ese estatuto, lo cierto es que la 

conducta de VTR seguirá siendo plenamente lícita y legítima, no pudiendo estar revestida 

de ninguna antijuridicidad. 

I.1. La televisión abierta en Chile. Su regulación constitucional y legal. Su función 

y obligaciones legales principales. 

Las empresas de televisión abierta, y entre ellas muy especialmente UCTV, se encuentran 

sujetas al deber legal de prestar sus servicios de manera universal, no discriminatoria y 

gratuita en favor de la totalidad de la población nacional. 

Ello no es casualidad. Ya las primeras leyes que regularon a la televisión abierta (Decreto 

N°7.039 de 1958 y Ley N°17.377 de 1970) tuvieron especial cuidado en fijar este rol 

social que a ellas cabía, concientes de la influencia que la televisión tiene en la población 

nacional. Pero esta regulación nació, por sobre todo, del hecho que a empresas como 

UCTV se les entregó gratuitamente en concesión, la utilización de bienes nacionales de 

uso público (el espectro radioeléctrico), sin mediar concurso ni licitación, razón por la 

cual debían responder a este privilegio, de enorme valor económico, permitiendo que el 

conjunto de la población (propietaria del bien en cuestión y titular originaria de su uso) 

gozara de la señal por ellos emitida, y financiándose por vía de publicidad. Finalmente, 

actuó el legislador en la conciencia de la íntima relación que existe entre una adecuada 

regulación de la televisión de libre recepción y la tutela de la garantía constitucional de la 

libertad de expresión. 

Estas mismas razones, justifican, hasta la fecha, la regulación de derecho público y orden 

público que impone a las concesionarias de servicio de televisión de libre recepción el 

suministro universal, no discriminatorio y gratuito de sus señales de televisión abierta en 

favor del conjunto de la población nacional. Ello está en la esencia de la televisión 

abierta. 

Veamos cómo se recogen estos elementos en las leyes y otras reglamentaciones que a 

esta fecha constituyen, definen y regulan el rol de la televisión abierta; entre otras, la Ley 

N°18.168 General de Telecomunicaciones, de 1982 y sus modificaciones posteriores 

(“LGT”); la Ley de Quórum Calificado N°18.838 que Crea el Consejo Nacional de 

Televisión, de 1989 y sus modificaciones posteriores (“Ley de Televisión”); y la Ley 

N°19.132 que crea la Empresa Televisión Nacional de Chile, de 1992 (“Ley de TVN”). 

26

I.2. Función legal de las concesionarias de televisión abierta: llegar de manera 

universal, no discriminatoria y gratuita a toda la población nacional. 

Las empresas que prestan servicios de televisión de libre recepción suministran un 

servicio público en virtud de concesiones otorgadas por el Estado. El espectro 

radioeléctrico es un bien nacional de uso público, el que, a cambio de precisas 

obligaciones legales, el Estado decidió otorgar en favor de ciertas entidades públicas y 

privadas (artículo 15 de la Ley de Televisión). Ello en atención al rol social que se estimó 

podían cumplir estas entidades en la explotación de bienes que pertenecen a la nación 

toda. Desde que la potestad de las empresas que prestan servicios de televisión de libre 

recepción nace de las concesiones que se les otorgan, según aparece del artículo 15 de la 

Ley de Televisión, ella encuentra su natural límite en el contenido de las mismas 

concesiones y en las facultades-deberes que éstas, en aplicación de la ley, confieren a sus 

titulares. De ahí la relevancia del fin social para el cual las mismas concesiones se 

entregan. Si las concesionarias actúan fuera del objeto de las concesiones que les dan 

origen, o violan los deberes esenciales que ellas les imponen, su actuación será 

derechamente ilícita. 

La pretensión de que se cobre o dificulte el acceso a la televisión abierta a un gran 

número de ciudadanos chilenos, por el solo hecho de ser ellos usuarios de la televisión 

de pago, es ilícita y violenta la más básica de las funciones sociales (deber de derecho 

público) que de acuerdo con la ley debe respetar una concesionaria de televisión de libre 

recepción: la de permitir la recepción de su señal de manera universal, no discriminatoria 

y gratuita por parte de toda la población nacional, sin excepciones. 

Debe señalarse que esta función social, aunque define el contenido de las concesiones 

del conjunto de emisores de televisión de libre recepción, se impone especialmente a 

UCTV –de la misma manera que a TVN- porque, a diferencia de otras concesionarias de 

televisión privadas, cuyas concesiones administrativas duran 25 años (15 de la Ley de 

Televisión) y se otorgan vía un concurso público minuciosamente regulado (artículo 13 

de la LGT); las otorgadas a UCTV son gratuitas, legales y perpetuas (artículo 3° 

transitorio de la Ley de Televisión). Y lo son porque la Ley de Televisión mantuvo el 

criterio vigente bajo las leyes que respectivamente regían a UCTV y TVN cuando en 

1959 y 1969, respectivamente, obtuvieron sus concesiones; criterio de acuerdo con el 

cual el rol público y social de la televisión abierta –y sus privilegios correlativos- recaerían 

con especial fuerza sobre las universidades (personas de derecho público) y sobre el 

Estado, en su calidad de entes sin fines de lucro y persecutores del mayor bienestar de la 

comunidad. Este criterio fue explicitado por el Constituyente de 1980, al dar en el 

artículo 19 N°12 un origen constitucional al derecho del Estado y de ciertas 

universidades para “establecer, operar y mantener estaciones de televisión”; y esto, pues como 

aparece de las actas de establecimiento de la norma, en lo que dice relación con el Estado 

y las universidades, los constituyentes aducían que la función de hacer televisión “era un 

servicio de interés público, como así lo había calificado la Contraloría General de la República en sus 

dictámenes, y que ella representaba un patrimonio nacional con un inmenso valor e impacto sobre la 

colectividad”; y, aceptaron del mismo modo establecer que “el Estado y las Universidades tienen 

un derecho inherente –adquirido ya sea por razones históricas o culturales, y por representar el bien 

común en forma más directa- a una concesión legal inamovible”. (Sesión N°91, de 28 de 

noviembre de 1974). 

27

Así entonces, el Estado chileno otorgó a UCTV, y de manera perpetua y gratuita, sin 

mediar previo concurso o licitación, el uso y la explotación de bienes que son nacionales 

y de uso público: las radiofrecuencias en virtud de las cuales tiene ella la potestad de 

transmitir sus señales de televisión. Como lo señala el artículo 589 de nuestro Código 

Civil, “se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso 

pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de las calles, plazas, puentes o caminos, el mar 

adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos”. Así, en la 

tramitación de la Ley N°19.131 que modificó la Ley de Televisión, se aclaraba “Estamos 

frente a la concesión de una frecuencia que constituye un bien nacional de uso público limitado, que el 

Estado puede y debe regular por medio de ciertas exigencias. Además, es un bien de entrega gratuita y, 

en este caso, no se vulnera el principio indicado por el Diputado señor Chadwick. Por el contrario, es 

obligación del Estado establecer ciertas regulaciones cuando se entrega un bien de uso público a 

particulares” (Sesión 21ª de la Cámara de Diputados, en miércoles 17 de julio de 1991, 

Diputado señor Ortega). 

El espectro radioeléctrico es un bien nacional y uno de uso público. Un canal de 

televisión no es sino “parte del espectro radioeléctrico que se destina a la utilización por 

parte de una estación de radiodifusión televisiva” (artículo 3, d.- del Plan de 

Radiodifusión Televisiva, que obliga a las concesionarias de televisión abierta por 

remisión del artículo 24, e.- de la LGT). El Estado otorgó en concesión a ciertos 

privados el uso del bien escaso que es el espectro radioeléctrico, privando de este uso a la 

nación toda, a cambio de específicas y precisas obligaciones legales: las de servir a toda la 

población a través de una señal gratuita y no discriminatoria. Permitió al mismo tiempo 

que las concesionarias se financiaran por vía de publicidad, cuestión que era 

precisamente posible y remunerativa en el contexto de señales que alcanzarían a vastos 

sectores de la población. 

En el caso de UCTV, sus concesiones actualmente cubren la totalidad del territorio 

nacional y, con mayor razón, la totalidad de las áreas geográficas en las que se encuentra 

presente la red de VTR. De manera que UCTV tiene la obligación legal de permitir que 

la totalidad de la población que se encuentra dentro de sus áreas de cobertura 

concesional –esto es, al mismo tiempo, dentro del área de cobertura de VTR- acceda a 

sus señales de manera libre, gratuita y sin restricción ni entorpecimientos (como es el 

caso, según se mostrará). Más aun, esas concesiones imponen a UCTV las obligaciones 

legales de efectuar las inversiones en infraestructura necesarias para alcanzar a la 

totalidad de la población que, en sus áreas de cobertura, tiene derecho a recibir sus 

señales; y, como se verá, lo cierto es que UCTV ha omitido incurrir en un porcentaje 

importante de esas inversiones, en la tranquilidad de haber alcanzado a los televidentes a 

través de la infraestructura de VTR. 

Así, UCTV puede tener legítimos derechos de propiedad intelectual sobre el contenido 

de sus señales. Puede incluso invocar esos derechos contra terceros que realmente los 

infrinjan (y este no es el caso de VTR, como se verá). Pero si hay algo que es claro, en 

atención al fin social que la define y a las obligaciones legales que la afectan, es que nunca 

puede constituir una infracción a sus derechos de propiedad intelectual, el hecho de que 

parte de la población chilena esté recibiendo, en el ámbito de cobertura de sus 

concesiones, sus contenidos a través de sus señales difundidas de manera libre, general y 

no discriminatoria, cualquiera sea el medio técnico a través del cual lo haga, sea a través 

de VTR u otros. Sostener lo contrario, constituye la negación de las concesiones que le 

28

han dado origen, de sus funciones públicas, y de sus más esenciales obligaciones de 

acuerdo con el estatuto jurídico que las rige. 

Esto ha sido ratificado por la Ley de Televisión y la Ley de TVN vigentes. En el marco 

de las discusiones que dieron origen a estas normas o a sus modificaciones, su historia 

fidedigna muestra con claridad cuál es el alcance de la función legal de los canales de 

televisión abierta, función que explica las razones por las cuales constituye su deber 

esencial el de llegar a la totalidad de la población de manera gratuita y no discriminatoria. 

Así, en la discusión de la Ley N°19.131 que modificó la Ley de Televisión, se vertieron 

en innumerables oportunidades conceptos como los que siguen: 

En el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara 

de Diputados, Boletín Nº210-07: “(...) En lo relativo a la televisión debe ser 

considerada como un servicio público esencial, cuya titularidad le corresponde al 

Estado, el cual puede entregarlo en concesión (...) El problema de los canales de 

televisión es abordado con igual profundidad y cautela por el Constituyente de 

1980, lo que lo lleva a concluir que cumplen una verdadera función de utilidad 

pública y que, como medios de difusión, han de servir para comunicar e integrar 

al país”. 

Por su parte, en la discusión de la Ley de TVN, se expresó con claridad: 

En el Mensaje del Presidente de la República, (boletín N°122-15-1): “(...) entre los 

objetivos de servicio público que debe cumplir la empresa se destaca el alcance 

nacional de su red de estaciones o canales de televisión que debe permitir a todos 

los habitantes del país la posibilidad de disponer de, al menos, un servicio de 

televisión. (...) Sus propósitos como medio de comunicación del Estado se orienta 

a la integración nacional, la difusión de los grandes valores compartidos por la 

comunidad y el fomento de la participación de todos en las tareas encaminadas a 

resolver los grandes problemas nacionales (...) Honorable Cámara de Diputados, 

el gobierno que presido tiene la convicción de que esta propuesta sentará las bases 

de un desarrollo estable de ‘Televisión Nacional de Chile’ y permitirá que este 

medio de comunicación quede en condiciones de servir a todos los chilenos, sin 

excepción”. 

Así lo ha confirmado también el Tribunal Constitucional al fallar que “de lo expuesto en los 

considerandos anteriores deriva, desde ya, una primera conclusión: los canales de televisión cumplen una 

verdadera función de utilidad pública y como lo dice el artículo 1° de la ley 17.377, ‘como medio de 

difusión han de servir para comunicar e integrar al país’.” (Rol N° 56 de 1988). 

Revisemos cómo se refleja ello en la normativa técnica que de acuerdo con la LGT rige a 

las concesionarias “de servicios de telecomunicaciones de libre recepción o de 

radiodifusión”. Señala el artículo 8 de la LGT: “se requerirá de concesión otorgada por decreto 

supremo para la instalación, operación y explotación de los siguientes servicios de telecomunicaciones: (...) 

c) de radiodifusión”. Y precisa el artículo 14 de esta LGT “son elementos de la esencia de una 

concesión y, por consiguiente, inmodificables: a) En los servicios de telecomunicaciones de libre recepción o 

de radiodifusión el tipo de servicio, la zona de servicio, el período de la concesión (...)”. ¿Y cuál es el 

tipo de servicio que, en calidad de elemento esencial define el contenido de una 

concesión de televisión de libre recepción? La respuesta está dada en el artículo 3 de la 

LGT, de acuerdo con el cual son “servicios de telecomunicaciones de libre recepción o de 

radiodifusión [aquellos] cuyas transmisiones están destinadas a la recepción libre y directa por el público 

en general” y “comprenden emisiones sonoras, de televisión o de otro género”. Más precisamente, el 

Plan de Radiodifusión Televisiva (Decreto N°71 de 20 de noviembre de 1989) al que, 

29

por expreso mandato del artículo 24 de la LGT, deben someterse las concesionarias de 

televisión de libre recepción, define en su artículo 18 que “las señales de video y audio 

transmitidas en las bandas especificadas en el Anexo A [bandas asignadas para la televisión abierta] 

serán de libre recepción por el público en general y no podrán ser codificadas”. 

Bienes “libres” en concepto del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española, 23. Edición, son “los que no tienen cargas”. Carga, a su vez, es “impuesto o 

tributo ligado a una propiedad o a un estado y al uso que de estos se hace”. Cabe 

concluir entonces, que la televisión de libre recepción es una que no puede llevar 

aparejada carga, precio o tributo. Al mismo tiempo, debe ser directa, esto es simultánea - 

en palabras del mismo Diccionario, “dicho de un programa de radio o de televisión: que 

se emite a la vez que se realiza”-. También debe dirigirse al público en general, siendo 

general sinónimo de “común a todos los individuos que constituyen un todo, o a 

muchos objetos, aunque sean de naturaleza diferente”. Finalmente no puede ser 

codificada: es una obligación de la televisión abierta la de facilitar el acceso que los 

usuarios puedan tener a sus señales, y nunca el de entorpecerlo, dificultarlo y menos aun 

negarlo. Las concesionarias de televisión abierta tienen así la obligación de respetar su 

función característica y constitutiva: la transmisión universal, no discriminatoria y 

gratuita de sus señales a toda la población chilena. Ello es lo que precisamente pretende 

eludir la actora con su Demanda, así como pretendió hacerlo en sede civil, sin éxito hasta 

la fecha como se mostró previamente. 

Lo que hemos dicho, basados en la legislación vigente y la historia de su establecimiento, 

ha sido ampliamente confirmado. La doctrina ha señalado, sobre su carácter gratuito, 

que “La TV de libre recepción (también llamada televisión abierta) mantiene las características de bien 

público (...) No se puede cobrar directamente por el servicio, ya que no se puede excluir a la gente una 

vez que posea un receptor. La disponibilidad de señal televisiva o radial tampoco es afectada si hay más 

consumidores en el área. Ello impide asignar un precio adecuado al servicio (...) Todavía es muy caro 

instalar descodificadores en todos los receptores de TV para condicionar la recepción de la señal mediante 

el pago de una suscripción. Pero aunque fuera posible técnicamente, la gente “ve televisión” porque es 

“gratis”, al menos en lo inmediato (en verdad, pagó por ella al comprar los productos publicitados)” 16 . 

En cuanto a las exigencias legales de universalidad y de no discriminación que recaen 

sobre las señales de televisión abierta, también se ha pronunciado la Contraloría General 

de la República (“CGR”). Así, por medio de su dictamen N°006188 de 20 de febrero de 

1995 devolvió sin tramitar el Decreto N°12 de 1995, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que frente a la pretensión de conseguir una codificación de señales 

abiertas en ciertos horarios, perseguía reemplazar el artículo 18 del Plan de Radiodifusión 

Televisiva -que establece que las señales de televisión abierta “serán de libre recepción 

por el público en general y no podrán ser codificadas”- por una norma que dispusiera 

que “el concesionario de servicio de radiodifusión televisiva podrá codificar sus señales, 

en determinados horarios, previa complementación de su concesión”. Dicho Decreto 

fue devuelto por el órgano contralor, quien al hacerlo sostuvo expresamente que “(...) 

acorde con lo dispuesto en el artículo 3°, letra a) de la Ley General de Telecomunicaciones, N°18.168, 

los servicios de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión son aquellos cuyas transmisiones 

están destinadas a la recepción libre y directa por el público en general, de manera que la modificación de 

16 Godoy Etcheverry, Sergio. ¿Públicamente rentable? Evaluación de la TV pública chilena orientada al mercado. 

2000. 

30

que se trata, conforme a la cual los concesionarios de radiodifusión televisiva podrían ‘codificar sus 

señales, en determinados horarios, previa complementación de su concesión....’ contraviene aquella norma 

legal”. Con esto confirmó la CGR que contraría a la ley cualquier actuación de las 

concesionarias de televisión abierta dirigida a impedir o limitar el acceso que a sus 

señales corresponde a todos los habitantes de la República. 

Confirmando lo dicho por el órgano contralor, en la discusión de la Ley N°19.178 de 

1992, “que autoriza al Ministerio Secretaría General de Gobierno para transferir fondos a 

municipalidades que indica, con la finalidad de instalar sistemas de recepción satelital de 

televisión” (ley por medio de la cual se persiguió el otorgamiento de subsidios a favor de 

aquellas municipalidades cuyos habitantes no tenían la capacidad de captar la señal que 

TVN había codificado), ciertos legisladores se pronunciaron explícitamente sobre la 

prohibición que recae sobre las concesionarias de televisión de libre recepción, para 

codificar sus señales, y sobre el hecho de que ello constituiría una discriminación 

arbitraria. 

En el Informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, 

sesión 8ª (anexo de documentos), consta lo siguiente: “(...) el Senador señor Otero 

expresó que, en su opinión, los hechos son distintos (...) indicó que en la historia 

de la ley del Consejo Nacional de Televisión y de Televisión Nacional de Chile 

quedó claramente establecido que cuando se codifica una señal deja de ser libre 

recepción (...)”. 

Y en la sesión 9ª del Senado, 10 de noviembre de 1992, la Senadora señora Olga 

Feliú expresó “(...) se ha planteado aquí la necesidad de saber si la actuación de 

Televisión Nacional al codificar su señal de transmisión es relevante o no (...) 

Porque si no se ajusta a lo preceptuado en la Ley sobre el Consejo Nacional de 

Televisión, el canal estatal se encuentra en la obligación de indemnizar a los 

afectados, por haber cometido un ilícito civil; esto es, una acción contraria a 

Derecho, que causa daño, habiendo relación de causalidad entre el hecho ilícito y 

el daño ocasionado. Por consiguiente, si la actuación de Televisión Nacional no 

está acorde al ordenamiento jurídico, debe pagar las indemnizaciones 

correspondientes, y el Estado no tiene que subvencionar a nadie. Y coincido con 

el planteamiento formulado por el Honorable señor Otero en cuanto a que dicha 

medida no se ajustó a la Ley sobre el Consejo Nacional de Televisión (...) En esta 

perspectiva, señor Presidente el proyecto (...) transgrede las normas que sobre 

igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria contiene la Carta [fundamental] 

(...) Por estas consideraciones voto en contra de la iniciativa”. 

En suma, constituyen obligaciones esenciales de las concesionarias de televisión abierta 

las de perseguir servir con su señal a la mayor cantidad posible de personas cubiertas por 

sus concesiones, de manera no discriminatoria y gratuita; las de no bloquear esas señales 

ni impedir o dificultar su acceso al público. En esta ocasión, y como lo hizo en el juicio 

civil pendiente que hemos descrito previamente, UCTV nuevamente está buscando, de 

manera arbitraria, que una parte de población pague por la recepción de su señal, lo que 

es ilegítimo en atención a las disposiciones de derecho público que hemos examinado. 

Como se ha visto, esa pretensión es ilícita, contraría el objeto esencial e inmodificable 

para el cual se le han otorgado concesiones legales, se contrapone derechamente a la 

legislación de derecho público que la rige y se constituiría en una discriminación 

arbitraria. 

Adicionalmente, debe observarse que la regulación de derecho público a la que se 

someten las empresas que prestan señales de televisión abierta tiene precisos 

31

fundamentos constitucionales. Los tiene en el artículo 19 N°12 de la Constitución 

Política de la República (“CPR”), que garantiza la libertad de expresión. Y es explicable 

el estrecho vínculo existente entre la garantía de la libertad de expresión y la regulación 

que se efectúa de la televisión de libre recepción, porque la garantía del artículo 19 N°12 

de la CPR, no sólo tutela el derecho individual de opinión y expresión; sino que, al 

mismo tiempo, resguarda el derecho de la colectividad a recibir informaciones e ideas, 

como así aparece con claridad de las actas que dan cuenta de la historia fidedigna de 

tramitación de la CPR; de la opinión de la doctrina especializada y de la jurisprudencia de 

nuestro Tribunal Constitucional 17 . La libertad de expresión debe ser especialmente 

garantizada en su calidad de derecho de la comunidad entera de recibir las informaciones 

que son el resultado de la expresión de las ideas 18 . 

Por esta razón, cuando el Tribunal Constitucional ha debido conocer de posibles 

modificaciones de la LGT, en cuanto ésta reglamenta la televisión de libre recepción, ha 

fallado que “la esfera de acción de la ley cuyas modificaciones se analizan es de la más alta 

trascendencia para el país tanto por el acceso igualitario a las telecomunicaciones de que deben gozar sus 

habitantes, como por su íntima relación al involucrar en su contenido medios de comunicación social con 

el derecho inalienable y fundamental contemplado en nuestra CPR en el N°12 del artículo 19”. (Rol 

N° 176 de 1993). 

Referirse a la regulación de la televisión abierta en Chile, entonces, supone antes que 

nada establecer las razones por las que el Constituyente y el legislador decidieron 

imponer a las entidades de libre difusión la función social de servir a la totalidad de la 

población nacional, en forma universal, no discriminatoria y gratuita. Referirse a la 

regulación de la televisión abierta es, asimismo, señalar cómo se atribuyó esta potestad 

(privilegio-obligación) de manera especialmente relevante al Estado a través de TVN y a 

las universidades como UCTV. Analizar un caso de libre competencia en el que en lo 

sustancial se cuestiona si cabe o no remunerar las señales de la televisión abierta, cuando 

éstas alcanzan de manera íntegra e inalterada a un número de usuarios, no puede 

separarse de la adecuada comprensión del estatuto legal vigente que rige a las emisiones 

de libre recepción, su lógica y sus fundamentos. 

I.3. Actividad de VTR en relación a las señales de televisión abierta, como la de 

UCTV. 

VTR simplemente capta las señales de la televisión abierta desde el aire, sin alteración 

alguna, y sirve de medio técnico (como lo hace una antena) para que los usuarios reciban 

17 José Luis Cea incluso analiza la libertad de expresión desde una triple perspectiva: “la libertad de expresión carece 

de sentido en donde no existe, con carácter previo, el libre acceso a las fuentes de la información, la libertad de 

difundir la información y la homónima para ser receptor de ella. Es decir, la información con la triple dimensión 

señalada, desempeña el papel de supuesto de la libertad de expresión”. Teoría de la Libertad de Expresión, en 

Libertad de Expresión, Ética Periodística y Desinformación, Centro de Estudios de Prensa, 1988. En un sentido 

similar se manifiestan Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, 1994. El Tribunal Constitucional, en su 

fallo Rol Nº226, después de efectuar un largo análisis del contenido de las actas de la Comisión de Estudios de la 

Nueva Constitución, confirmó que “aunque en la Constitución no aparece consagrado expresamente el derecho a 

recibir información, éste forma parte natural y se encuentra implícito en la libertad de opinión e información”. 

18 Así lo entendió la mencionada Comisión en el documento Proposiciones e Ideas Precisas, al afirmar que “hemos 

estimado que en la garantía constitucional de que se trata hay dos bienes jurídicos en juego: uno de carácter 

personal o individual, que es el derecho de emitir opinión y de informar, y otro de carácter social, que es el derecho a 

recibir información, opiniones y expresiones que los demás quieren transmitir, derecho este último que corresponde 

a la comunidad toda”. El Tribunal Constitucional ha señalado que este derecho a recibir información “tiene carácter 

colectivo, porque son todos los integrantes de la comunidad nacional los interesados en que lleguen a ellos las 

opiniones que se emitan sin censura previa, sin desvirtuarlas, sin discriminación, sin intervención arbitraria de la 

autoridad, sin interferencia indebida, etc.”. Fallo Rol Nº226. 

32

la señal. En ocasiones, cuando UCTV explícitamente lo ha solicitado, por ejemplo 

porque su señal del aire es especialmente defectuosa, VTR ha recibido descodificadores 

de parte de UCTV para obtener la señal de UCTV desde el satélite descodificándola. 

Esta última circunstancia, que se repite permanentemente en el tiempo, inclusive muy 

recientemente como se verá más adelante, fue latamente acreditada en el Juicio Civil 

actualmente pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y fue recogida 

expresamente por la Sentencia Civil como evidencia del beneficio que ha recibido UCTV 

en esta materia. 

En particular, VTR capta las señales de libre recepción, en ejercicio del derecho 

contemplado en el artículo 2 de la LGT; y luego las recoge, sin alteración alguna, por el 

medio técnico que es el cable. Con esto, los usuarios pueden seguir recepcionando la 

televisión abierta –y la presencia de VTR no se los impide ni afecta, sino que por el 

contrario se los permite-, con la única particularidad tecnológica de que sus aparatos de 

televisión cuentan con un cable –que actúa en calidad de medio técnico, conector o 

“puente”- para captarlas. El cable en cuestión no emite la fuente de energía, sino que 

sólo la liga al aparato que está destinado a recibirla. Y eso nunca supone que VTR se 

constituya en una nueva emisora de la señal; ni que la modifique; altere; o intervenga en 

ella. La señal que emite la concesionaria y la que reciben los usuarios a los que nos 

referimos es exactamente la misma y simultánea: aquella puesta en el aire para su acceso 

libre y universal por todos los habitantes del territorio nacional. Tanto es así que cuando 

las emisoras de televisión abierta realizan o sufren modificaciones en sus señales (caídas, 

subidas o bajadas de volumen o “fallas en el origen”) éstas se reflejan en los televisores 

de los usuarios de VTR, simultánea e inalteradamente, tal cual sucede para el conjunto de 

los televidentes nacionales 19 . 

La función que ha cumplido VTR se encuentra no sólo protegida, sino que es un 

objetivo perseguido por la reglamentación vigente. Así, la Resolución N°279 de 1984, del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que contiene la “norma de las 

características técnicas de los sistemas de televisión por cable”, norma ésta que se 

impone obligatoriamente a VTR por expresa referencia del artículo 24 de la LGT, 

establece que una de las finalidades esenciales que deben cumplir las empresas de 

televisión por cable es la de hacer compatibles los requisitos técnicos del servicio que 

prestan a los usuarios con la recepción por parte de éstos, con sus mismos aparatos de 

televisión, de las señales de libre recepción. Desde su segundo considerando, dispone 

que “los requisitos técnicos [de la televisión por cable] deben ser compatibles con las características 

técnicas del servicio de radiodifusión televisiva que ya opera en el país, para permitir la utilización del 

parque de receptores de televisión existentes en el país”; agregando luego (artículo 1.1.) que su 

objetivo es “conciliar su compatibilidad [de la actividad de televisión por cable] con las señales 

transmitidas por el servicio de radiodifusión televisiva”. Qué más claridad que ésta, acerca de la 

intención de la autoridad en cuanto a que la contratación de los servicios de cable no 

puede constituirse jamás en un obstáculo para la recepción de las señales abiertas. 

Podría alguien argumentar que la señal abierta que reciben los usuarios de VTR no sería 

la misma señal que se capta desde el aire, y esto, por el hecho de obtenerse desde canales 

19 En esto, la conducta de VTR no se diferencia de la actuación que pueda caber al mismo usuario que, en el interior 

de su hogar, decida comunicar todos los aparatos de televisión con los que cuenta, a una misma y sola antena 

externa ubicada, por ejemplo, en el techo del inmueble, a fin de obtener o mejorar la recepción de la señal aérea. Los 

televisores tienen como intermediaria común la antena en cuestión. Pero eso no obsta a que la señal que reciben 

todos ellos sea la misma, inalterada, única, y directa: aquella puesta en el aire por la concesionaria de radiodifusión. 

33

distintos (un usuario de VTR en Santiago ve la señal de UCTV bajo el número 22, en 

lugar del 13). Pero esta diferencia de numeración existe por expresas disposiciones 

reglamentarias del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que reconocen que 

las señales que reciben los usuarios de VTR son exactamente las mismas que se 

transportan por el aire. Así, el Decreto N°119 del 1984, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que contempla el Reglamento General de Telecomunicaciones 

(“RGT”) dispone en su artículo 8 d) que “En el caso de los servicios limitados [televisión 

por cable] que utilicen las mismas emisiones que el servicio de radiodifusión sonora, 

señalado en la letra a) del Artículo 3° de la Ley, deberán operar en distintas frecuencias a 

las comprendidas en las bandas atribuidas a dicho servicio”; y cabe señalar que el artículo 

3 de la LGT, en su letra a) es el que define a los servicios de telecomunicaciones de libre 

recepción. La razón técnica de esta normativa es que, precisamente en atención a que la 

señal recibida por los usuarios de VTR es idéntica a la puesta en el aire, la recepción de 

ambas por el mismo canal generaría las comunes “sombras” o “fantasmas” 20 . 

1.4. ¿Qué define a la televisión abierta: “lo” que se transmite con alcance de libre 

difusión o la manera técnica en que su señal se recibe? 

Podría alguien sostener que en definitiva las señales de televisión abierta, al ser recibidas 

por algunos usuarios a través de las redes de VTR, y a pesar de que VTR solamente las 

redifunde sin alteración alguna ni afectación alguna de la propiedad intelectual como se 

verá en la sección II siguiente, dejarían de ser señales de televisión abierta, por lo que no 

se les aplicaría el estatuto legal antes descrito. La verdad es que esa afirmación sería 

gravemente incorrecta, precisamente porque lo que define a una señal de este tipo es 

quien la transmite (quien la lanza al aire) y con qué alcance (de libre difusión), no el 

medio técnico a través del cual alcanza a la población. 

Esto ha sido explícitamente confirmado por el legislador. En el curso de la tramitación 

de la Ley N°19.178 de 1992, “que autoriza al Ministerio Secretaría General de Gobierno 

para transferir fondos a municipalidades que indica, con la finalidad de instalar sistemas 

de recepción satelital de televisión”, se discutió explícitamente sobre la conceptualización 

de la televisión abierta, planteándose si ésta se definía en atención al contenido de la 

señal o bien, en relación con el modo técnico de su recepción. Y se produjo esta 

discusión, porque TVN había tomado la decisión de codificar parte de su señal, en 

atención a que su puesta en el aire permitía su libre recepción a los habitantes de países 

contiguos. En consideración a que el derecho de libre recepción, derivado del carácter de 

bien nacional de uso público de las frecuencias, correspondía exclusivamente a los 

habitantes de Chile (pues la obligación que exige de las concesionarias emitir la señal 

abierta, de manera libre, universal y no discriminatoria, tiene una aplicación limitada al 

territorio de la República, como es evidente en materias de derecho público chilenas) 

TVN comenzó a emitir sus señales de manera codificada, vía satélite, lo que exigía a los 

20 La exigencia reglamentaria que examinamos se efectúa en reconocimiento de que las emisiones de televisión de 

libre recepción a que tienen acceso los suscriptores de VTR son las mismas que se transportan por el aire, y no 

otras. Pues, como hemos señalado, la señal de TVN y UCTV es directamente captada desde el aire por VTR y 

recogida sin modificación alguna por el cable que actúa como puente entre ella y el televisor del usuario (la señal así 

contenida en el cable es idéntica a la transportada en el aire). La misma señal viaja por el aire y, en ciertas ocasiones, 

penetra indebidamente desde allí el cable (fenómeno denominado “inducción de cable”) por no ser éste 

perfectamente hermético. Al introducirse en el cable desde el aire, y al ser la señal la misma ya transportada por 

dicho cable, puede producirse un fenómeno de duplicación de la imagen que percibe el usuario final (imagen con 

sombra, superpuesta o “fantasmas”). De ahí la exigencia reglamentaria de que se cambie la frecuencia (canal) por la 

cual viaja la señal en el cable, en relación con aquella por la cual se transporta en el aire: porque al ser la señal 

exactamente la misma, al ser transportada por canales diferentes se evita el efecto de duplicación que podría 

incomodar a aquel usuario que, teniendo televisión por cable, recibe la señal abierta. 

34

usuarios contar con mecanismos técnicos de decodificación que intermediaran entre la 

señal reenviada por el satélite y sus propios aparatos televisivos. Para dar cuenta de la 

legalidad de la conducta de TVN, se dejó expresa constancia, en la discusión legislativa, 

de que lo que define a una señal de televisión abierta es su naturaleza de tal, que lo que se 

transmite por ella es de libre difusión; nunca la forma técnica por la que el usuario la 

recibe en su pantalla de televisión. Manifestó sobre el punto el representante de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones (“Subtel”), entidad a la que, de acuerdo con el 

artículo 6 de la LGT, le compete “exclusivamente, la interpretación técnica de las 

disposiciones legales y reglamentarias que rigen las telecomunicaciones” que: 

“(...) el problema planteado radica en que Televisión Nacional, no sería un canal 

de libre recepción por el hecho de haber codificado la señal. Al respecto 

argumentó que, en el concepto de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ello no 

es así, por cuanto la naturaleza de la concesión otorgada a Televisión Nacional es 

precisamente, la de un canal VHF de libre recepción. Agregó que la circunstancia 

de que ella sea codificada o no, que se entregue la libre recepción por medios 

distintos al espectro radioeléctrico, como podría ser la fibra óptica, por ejemplo, 

no tiene que ver con la naturaleza de la concesión misma; ella está definida en el 

decreto o la resolución que otorgó dicha concesión (...) Finalizó señalando que lo 

único que ha hecho Televisión Nacional es colocar una señal distinta que la 

imagen, o la señal de otro modo, de tal forma que no pueda ser interferida y 

tampoco pueda ser recibida de otra manera que no sea a través de la 

decodificación que hacen sus estaciones terrenas dentro de la zona de servicio”. 

(Informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, sesión 

6ª, 15 de octubre de 1992). 

Se refirió también a la materia, el gerente técnico de TVN, don Jaime Sancho (Informe 

de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, sesión 6ª, 15 de 

octubre de 1992): 

“(...) expresó que la libre recepción o los servicios limitados de televisión no es 

una materia que tenga que ver con el número y la complejidad de dispositivos que 

sea necesario poner a un televisor para ver un determinado programa”. 

(...) La programación que Televisión Nacional transmite y que se recibiría en estas 

comunidades es una programación de libre recepción, que está hecha con el 

propósito de ser recibida libremente”. 

“Manifestó que la intención que tuvo Televisión Nacional al codificar la señal del 

satélite no fue en convertirla en una señal que no fuera de libre recepción en el 

sentido que nosotros entendemos, sino que fue hacer una división geográfica de 

forma tal que en todo el territorio nacional cualquiera pudiera optar a tener este 

decodificador, y por lo tanto, seguir recibiendo la programación de Televisión 

Nacional. Agregó que, en cambio, pasadas las fronteras de Chile dejaba de ser 

un sistema de libre recepción”. 

“Señaló que, por lo tanto la característica de libre recepción no está dada por 

la cantidad o complejidad de los dispositivos que hay que ponerle al 

televisor para ver un programa, sino que está dada por su programación y 

por el objetivo que esa programación persigue”. 

Se muestra así que cualquiera sea la forma de recepción de la frecuencia de televisión, se 

está en presencia de una señal abierta si ella es emitida como tal. Los medios técnicos a 

través de los cuales esa señal, libre y gratuita, es captada por el usuario final (sean esos 

medios antenas puestas por las Municipalidades, o sean ellos un cable de VTR adosado 

al televisor o cualesquiera otros) en nada afectan el hecho de que se trate de una 

frecuencia de televisión abierta, si en esa calidad fue puesta en el aire. 

35

Así se dejó constancia en el Senado de que “la libre recepción está supeditada por los 

medios”; y que “por supuesto que este concepto [de libre recepción] tiene validez 

en el caso de los adscritos al cable, o en quienes perciben la transmisión por 

repetidora o cuentan con los equipos necesarios para recibirla por satélite” (Sesión 9ª del 

Senado, de 10 de noviembre de 1992). Se pone de relieve así que lo que determina el 

hecho de que un usuario capte una señal de televisión abierta es que la señal que reciba 

en su pantalla sea exactamente la misma señal puesta en el aire por el emisor; ello 

independientemente de los medios técnicos de que se valga al afecto (medios que 

además estarán sujetos a una permanente evolución tecnológica). 

Los usuarios de VTR, que ven en sus pantallas de televisión la señal de UCTV, perciben 

exactamente y simultáneamente la misma señal puesta en el aire por sus emisores; sin 

ninguna diferencia. Ellos captan las señales de UCTV; nunca una señal emitida, 

transmitida o intervenida por VTR. Los medios técnicos de que se valgan para alcanzar 

ese fin (percibir las señales de libre recepción) en nada modifican el hecho de que “lo” 

que ellos reciben es ni más ni menos que la señal puesta en el aire por la actora: una señal 

de televisión abierta. 

Lo que venimos diciendo no es sólo así para Subtel, sino que también lo es para el 

Consejo Nacional de Televisión (“CNTV”). 

La Ley de Televisión, que crea el CNTV y fija sus atribuciones, señala en su primer 

artículo que “Corresponderá a este Consejo velar por el correcto funcionamiento de los servicios de 

televisión, y, para tal fin, tendrá su supervigilancia y fiscalización, en cuanto al contenido de las emisiones 

que a través de ellos se efectúen, en conformidad con las normas de esta ley”. Agrega su artículo 12 

que, dentro de las funciones del CNTV se encuentra la de “velar porque los servicios de 

radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión [televisión por cable] se 

ajusten estrictamente al ‘correcto funcionamiento’, que se establece en el artículo 1º de esta ley” (letra a); y 

la de “aplicar, a los concesionarios de radiodifusión televisiva y de servicios limitados de televisión, las 

sanciones que correspondan, en conformidad a las normas de esta ley” (letra i). Dicho todo lo 

anterior, la Ley de Televisión prescribe en sus artículos 13 y 46 que: 

“Los canales de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción y de 

servicios limitados de televisión, serán exclusiva y directamente responsables de 

todo y cualquier programa, nacional o extranjero, que transmitan, aún cuando se 

trate de transmisiones o retransmisiones vía satélite.” 

“La responsabilidad de los concesionarios de servicios de televisión por las 

transmisiones que por intermedio de ellos se efectúen, es indelegable.” 

¿Cómo ha actuado el CNTV, en ejercicio de sus facultades privativas, cuando UCTV ha 

infringido, a través del contenido de su programación, los principios del “correcto 

funcionamiento”? El CNTV ha sancionado única y exclusivamente a la concesionaria de 

televisión abierta que ha emitido la señal; nunca a VTR. Y la explicación para ello es una 

sola: esos contenidos reprochables no pertenecen a una programación “emitida” por 

VTR, “transmitida” por VTR, o “retransmitida” por VTR. Las señales que contienen esa 

programación considerada ilícita son señales de las concesionarias de televisión abierta, 

emitidas por ellas, puestas en el aire por las mismas, y simplemente recibidas por la 

generalidad de la población chilena entre la cual se encuentran los usuarios de VTR. La 

36

elación que se da respecto de esa programación es una relación entre la emisora de 

televisión abierta y el usuario. Por eso VTR no es responsable por los contenidos de la 

televisión abierta, en aplicación del texto del artículo 13 de la Ley de Televisión: esos son 

contenidos de la televisión abierta; no de VTR. 

En cambio VTR sí ha sido tenida como responsable –y por ello ha sido sancionada por 

el CNTV- por los contenidos que son propios de la programación que emite para sus 

usuarios; programación ésta que VTR adquiere y obtiene desde proveedores de canales 

de pago. Sobre esas señales VTR sí ha sido tenida como “exclusiva y directamente 

responsable” en los términos de este artículo 13. 

II. 

Estatuto de propiedad intelectual aplicable a los derechos alegados por 

UCTV sobre su señal y contenidos por ella transmitidos. 

Como se ha señalado, la causa de pedir de UCTV es la titularidad que ella tendría sobre 

su señal y contenidos y el desconocimiento en que VTR incurriría de esta titularidad. 

Esto se hace patente, cuando se lee en la Demanda: 

“Cabe destacar que mi representada es dueña de los contenidos que genera, 

propiedad que está protegida por el régimen jurídico de la propiedad intelectual, 

garantizada por la Constitución Política (Art. 19 N° 24 y 25), diversas 

convenciones internacionales, la Ley 17.336 sobre propiedad intelectual (LPI) y el 

reglamento de la Ley 17.336, Decreto N° 1.122 de 17 de mayo de 1971. 

No obstante los derechos de mi representada sobre su señal y contenidos, la 

demandada desconociendo de forma unilateral dichos derechos, incorpora sin la 

autorización de Canal 13 a su oferta programática la referida señal y contenidos. 

En el caso que nos ocupa la demandada VTR ha ejecutado y celebrado 

actos que impiden, restringen y entorpecen la libre competencia, los que se 

encuadran cabalmente en el tipo antimonopólico sancionado por el DL 

211, consistentes en a lo menos, los expresados en el apartado VII [“Actos 

y conductas ejecutadas por VTR contrarias a la libre competencia”] de esta 

demanda, los que se refieren al desconocimiento de los derechos de Canal 

13 sobre su señal y contenidos (…)”. 

Como puede verse, la propia actora establece que los supuestos actos y conductas 

ejecutados por VTR en violación de la libre competencia, serían ni más ni menos que 

aquellos en virtud de los cuales desconocería los derechos de UCTV sobre su señal y 

contenidos. Siendo así las cosas, y aunque este H. Tribunal ha fallado en numerosas 

oportunidades que no está llamado a conocer de violaciones a normas de propiedad 

intelectual, aunque sí de las materias de libre competencia que puedan estar vinculadas a 

ello 21 , resulta que en este caso la determinación de la existencia o no de supuestos actos 

contrarios a la libre competencia de parte de VTR está indisolublemente subordinada a la 

21 Por ejemplo, Sentencia Nº 40, Rol Nº C 62-05, Electrónica Sudamericana Ltda. contra Importadora Rourke y 

Kuscevic S.A.: “Tercero.- Que, en general, a este Tribunal no le corresponde pronunciarse respecto de la existencia 

de una eventual infracción a las normas de protección de la propiedad industrial, derivada del uso por terceros de 

marcas de productos registradas en Chile o el extranjero. En efecto, la legitimidad de dicho uso debe ser analizada 

en la sede correspondiente, a la luz de lo dispuesto por la ley número 19.039, cuya última modificación fue realizada 

mediante la ley número 19.996, de 3 de marzo de 2005, la que incorporó una norma relativa a esta materia; 

Cuarto.- Que por la razón expuesta en el considerando anterior y con estricta sujeción al principio de especificidad 

de su jurisdicción, estos sentenciadores juzgarán las conductas denunciadas de acuerdo a las normas que protegen 

la libre competencia en los mercados”. 

37

determinación de si han existido derechos de propiedad, como los invocados por UCTV, 

violentados por VTR, que lleven a concluir que sus actos hayan sido abusivos o 

anticompetitivos. 

Pues lo cierto es, H. Tribunal, que VTR no ha violentado ni desconocido derecho alguno 

de UCTV sobre su señal y sus contenidos, como lo concluyó por lo demás la Sentencia 

Civil, y por eso es que precisamente, no cabe que VTR retribuya a UCTV. VTR no 

retransmite la señal de UCTV; no altera su contenido; no alcanza con sus redes nuevos 

públicos, distintos a aquellos que UCTV tiene la obligación de alcanzar gratuitamente en 

virtud de sus concesiones; y con ello, no violenta en nada los derechos de propiedad 

intelectual que UCTV pueda tener sobre su señal. 

Precisamente, como para la determinación de la existencia o no de conductas 

anticompetitivas por parte de VTR, se hace necesario previamente mostrar a este H. 

Tribunal que, a diferencia de lo sostenido infundadamente por UCTV a fojas 19 a 21, 

VTR no ha desconocido los derechos de UCTV sobre su señal y contenidos, es que se 

desarrolla a continuación cuál es el estatuto legal de propiedad intelectual aplicable a 

UCTV. Conforme al mismo, debe partirse por la distinción esencial entre los distintos 

derechos de que UCTV gozaría, por una parte sobre su señal y, por otra parte, sobre los 

contenidos incorporados en esa señal, estableciendo el contenido y alcance de cada uno 

de esos derechos, y cómo VTR respeta en su integridad ambos derechos, no debiendo 

responder por ninguna infracción al respecto y no constituyendo su conducta, en 

consecuencia, una violación de la normativas de libre competencia en este caso concreto. 

Ello, sin perjuicio de que, como se ha señalado, en la actualidad existe un litigio 

pendiente en sede civil, el cual tiene precisamente por objeto determinar la titularidad y 

alcance de los derechos de UCTV sobre su señal y los contenidos en ella incorporados, 

con miras a establecer si corresponde el pago por la redifusión que de ellos efectúa VTR. 

II.1. La regulación de propiedad intelectual no puede ser interpretada 

aisladamente respecto del estatuto general que se aplica a las señales de 

televisión abierta. 

En primer término, la sola apelación a la protección del régimen de propiedad intelectual 

no es suficiente para determinar el alcance de los derechos de UCTV sobre su señal y 

contenidos. La condición de señal abierta de televisión de UCTV la sujeta al deber legal 

de prestar sus servicios de manera universal, no discriminatoria y gratuita en favor de la 

totalidad de la población nacional, dado el carácter nacional de sus concesiones, 

sujetando por tanto su propiedad intelectual a restricciones, que cumpliendo los 

requisitos del artículo 19 Nº 24 de nuestra CPR, sustraen en un grado no despreciable los 

derechos de UCTV sobre su señal y contenidos del régimen general aplicable en materia 

de propiedad intelectual, por lo cual ambas normativas, entendidas de manera armónica, 

deben ser tomadas en consideración a la hora de establecer en definitiva el alcance de 

tales derechos. 

II.2. Derechos de propiedad intelectual de UCTV sobre su señal. Derechos 

conexos. 

1. Derechos conexos. Generalidades. Confunde UCTV en su demanda los derechos 

que le corresponden en relación a su señal y a los contenidos que forman parte de ella. 

38

Parte afirmando en forma genérica el supuesto “desconocimiento de VTR de los derechos de 

Canal 13 sobre su señal y contenidos”, a continuación afirma su dominio “sobre los contenidos que 

genera”, señala que su derecho “comprende entonces el derecho de autor y los derechos conexos al 

derecho de autor”, afirma que el contenido del derecho de autor “comprende los derechos 

patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra” y 

termina con la afirmación de que el alcance del derecho patrimonial que comprende el 

derecho de autor se encontraría establecido, entre otras disposiciones, por el artículo 69 

de la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual, de 1970 (“LPI”) 22 . 

Sin perjuicio de lo que se dirá en el acápite siguiente sobre la titularidad que UCTV alega 

sobre los contenidos que son transmitidos a través de su señal, lo cierto es que, en lo que 

se refiere a la señal misma, de acuerdo a nuestro régimen de propiedad intelectual 

vigente, conformado como correctamente afirma la demandante por “la Constitución 

Política (19 Nº 24 y 25), diversas convenciones internacionales, la Ley Nº 17.336 sobre Propiedad 

Intelectual (LPI) y el Reglamento de la Ley Nº 17. 336, Decreto Nº 1.112 del 17 de mayo de 1971”, 

UCTV carece del derecho de autor que alega sobre su señal, asistiéndole a su respecto 

tan solo un derecho conexo, cuyo alcance se encuentra estrictamente delimitado por la 

regulación que se explica a continuación. 

En primer término debe aclarase que la emisión o señal, como un todo (sin perjuicio de 

lo que se dirá más adelante sobre los contenidos), no constituye una obra para efectos de 

la LPI, por cuanto no se trata en la especie de una creación del intelecto sino que como 

expresamente contempla el artículo 5 letra n) de la LPI, constituye una actividad que 

tiene por objeto “la difusión por medio de ondas radioeléctricas, de sonido o de sonidos sincronizados 

con imágenes”. La emisión o señal es protegida por la LPI a título de derecho conexo y no 

a título de derecho de autor, pues la emisión constituye una actividad auxiliar a la 

creación de la obra, que se manifiesta en la difusión de la misma, pero en ningún caso la 

difusión se confunde con la creación de las obras emitidas por el organismo de 

radiodifusión (en este caso UCTV) 23 . La protección que otorga la ley a los titulares de 

derechos conexos no es en razón de la creación que hace el autor de la obra sino de la 

difusión que hace de la obra intelectual a través de su emisión. Los derechos conexos por 

su especial naturaleza, que no cubren la creación de una obra sino una actividad auxiliar 

de la difusión de la obra, constituyen prerrogativas anexas, vecinas o conexas al derecho 

que tiene el autor sobre su obra 24 . 

En Chile, conforme se encarga de precisar el artículo 1 de la LPI, los únicos derechos 

conexos reconocidos son “los derechos conexos que ella determina”. Tales derechos son 

determinados, en cuanto a su número y alcance, por el Título II de la LPI 

contemplándose derechos en favor de los artistas, intérpretes y ejecutantes, los 

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Ninguno de estos sujetos 

crea obra alguna, sólo se limitan a difundirla, ya sea interpretándola o ejecutándola, a 

través de su fijación en fonogramas o a través de su emisión mediante ondas 

radioeléctricas. Como puede constatarse por este H. Tribunal, los derechos de los 

organismos de radiodifusión constituyen derechos conexos, expresamente reconocidos y 

regulados en los términos del artículo 69 de la LPI. 

22 “Seguidamente, dicho cuerpo legal, en diversas disposiciones, se refiere a los alcances de este derecho 

patrimonial; preciso es destacar en el contexto de las infracciones de la demandada que expondremos el artículo 69, 

que establece:…”. Fojas 20. 

23 Debois, Henri. Le Droit d’auteur en France, Pág. 213. 

24 Devois, Henri. Ob. Cit.. Pág. 231. 

39

En estas materias nuestro país no innova respecto a las regulaciones contempladas en el 

derecho comparado. No existe país en el sistema de derecho de autor continental 25 , ni 

tratado internacional alguno en materia de derecho de autor, que reconozca derechos de 

autor a los organismos de radiodifusión sobre su emisión o la señal misma 26-27 . 

Concordante con este panorama internacional, en Chile los derechos conexos no están 

protegidos constitucionalmente por el Art. 19 Nº 25 de nuestra CPR, puesto que éste 

únicamente garantiza el derecho de autor 28 . Por tal razón, al contrario de la 

interpretación amplia de las prerrogativas que se reconocen al titular de derechos de 

autor para la explotación económica de éste, fundada en el imperativo constitucional 

contenido en el artículo 19 Nº 25 de la CPR, en el caso de los derechos conexos las 

prerrogativas de sus titulares se restringen estrictamente a los derechos expresamente 

reconocidos a cada categoría de titular de derechos conexos. 

Ahora bien, ¿cuáles son precisamente estas prerrogativas que conceden en nuestro 

ordenamiento los derechos conexos? Conforme a nuestra legislación tales prerrogativas 

pueden dividirse en dos clases: i) derechos exclusivos para autorizar o prohibir ciertas 

utilizaciones de interpretaciones, ejecuciones, fonogramas o emisiones; y ii) derecho a 

percibir una retribución fijada por ley (a través de las sociedades de gestión colectivas de 

derechos o bien en virtud del Reglamento de la LPI). 

En lo que respecta a los derechos que corresponden a los organismos de radiodifusión, 

que es lo que nos interesa a efectos de dilucidar el alcance de los derechos de UCTV 

goza en relación a su señal, su regulación se obtiene de las disposiciones contenidas en el 

artículo 69 de la LPI, el artículo 13 de la Convención de Roma, el artículo 14.3 del 

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 

Comercio (“ADPIC”) y el artículo 9 del Reglamento de la LPI. 

El artículo 69 de la LPI reconoce y otorga, en forma expresa, las siguientes prerrogativas 

como parte del derecho conexo reconocido al organismo de radiodifusión: (i) Un 

derecho exclusivo para autorizar o prohibir la fijación de sus emisiones y la reproducción 

de las mismas; y, (ii) Un derecho de retribución legal por la retransmisión de las 

25 La única generalmente señalada por los especialistas en la materia es la regulación canadiense que reconoce a 

título de derecho de autor los derechos de los organismos de radiodifusión sobre su señal. 

26 Por otra parte los tratados internacionales dirigidos a la protección del derecho de autor no se ocupan 

normalmente de la protección de los derechos de organismos de radiodifusión y, cuando excepcionalmente lo 

hacen, es a título de derecho conexo como se encarga de especificar el artículo 11bis del Convenio de Berna, el cual 

señala respecto de los derechos que pueden concederse a título de conexos a los entes que realizan tales 

explotaciones que “corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el 

ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1) anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un 

resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho 

moral del autor, ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de 

acuerdo amistoso, por la autoridad competente”. Y en ese contexto, es que por primera vez es en 1961, en la 

Convención de Roma, se aborda precisamente, el reconocimiento y protección de ciertos derechos de los 

organismos de radiodifusión, protegiendo las emisiones a título de derechos conexos al derecho de autor. Chile 

forma parte de la Convención de Roma y sus disposiciones previas a la redacción de nuestra LPI fueron tomadas en 

consideración a la hora de la redacción del texto de ésta, como se verá. Dicha Convención fue ratificada por Decreto 

Supremo N° 390 de 1974, publicado en el Diario Oficial el 26 de julio de 1974. 

27 El Convenio de Berna data de 1886, fue ratificado por Chile mediante Decreto Supremo Nº 266 de 1975, publicado 

en el Diario Oficial el 5 de junio de 1975. 

28 Artículo 19 Nº 25 inciso primero de la Constitución Política de la República: “La Constitución asegura a todas las 

personas: Nº 25°. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones 

intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del 

titular.” 

40

emisiones de dichos organismos o su comunicación al público en locales a los que éste 

tenga libre acceso: 

“Artículo 69: Los organismos de radiodifusión o de televisión gozarán del 

derecho de autorizar o prohibir la fijación de sus emisiones y la reproducción de 

las mismas. 

La retransmisión de las emisiones de dichos organismos o su comunicación al 

público en locales a los que éste tenga libre acceso, otorgará a la empresa derecho 

a una retribución, cuyo monto fijará el Reglamento. 

Los organismos de radiodifusión o televisión podrán realizar fijaciones efímeras 

de interpretaciones o ejecuciones de un artista con el único fin de utilizarlas en 

emisión, por el número de voces acordado, quedando obligados a destruirlas 

inmediatamente después de la última transmisión autorizada”. 

Es importante hacer notar que el derecho a autorizar o prohibir se vincula 

exclusivamente con las hipótesis de fijación o reproducción de las emisiones; y que el 

derecho de retribución legal nace únicamente en los casos en que se efectúe 

retransmisión de la emisión 29 . 

2. El derecho a autorizar. Es en este contexto normativo que UCTV imputa a VTR 

“incorporar sin la debida autorización de Canal 13 a su oferta programática la referida señal [la señal 

de Canal 13] y contenidos”. Pues bien, de la simple aplicación de la normativa recién 

expuesta resulta que en virtud del reconocimiento legal del derecho conexo que le asiste 

sobre su señal, UCTV simplemente carece de la prerrogativa de autorizar o prohibir que 

VTR, como lo hace, reciba inalteradamente la señal de UCTV y sirva de medio técnico, 

sin fijarla ni reproducirla, para que los usuarios la reciban de manera simultánea e 

inalterada. De ahí que es incorrecta y no tiene sustento legal la premisa de que parte la 

Demanda de UCTV, esto es, su supuesta titularidad de la facultad de autorizar o prohibir 

una actividad de VTR que no incluye ni la fijación ni la reproducción de su señal. Y ello, 

precisamente en concordancia con la normativa legal que regula a las señales de libre 

recepción, y que permite –y por lo demás busca- que ellas sean recibidas sin restricción 

alguna por el conjunto de la comunidad, de manera que quien simplemente sea funcional 

a ese objetivo, sin alterar en nada los contenidos de la señal, sin fijarlos ni grabarlos, no 

violenta los derechos de propiedad intelectual sobre la señal contenidos en la LPI. 

3. El derecho a recibir retribución se limita a las retransmisiones. VTR no efectúa 

retransmisión. Queda por dilucidar entonces, si en atención al derecho a retribución 

legal reconocido a los organismos de radiodifusión por la retransmisión de sus 

emisiones, resultaría procedente para UCTV exigir algún tipo de retribución por parte de 

VTR. 

Para tales efectos, en primer lugar debe tenerse en consideración el concepto de 

retransmisión al que atiende nuestro sistema de propiedad intelectual. 

29 Tal disposición resulta concordante con el mínimo de protección concedido por el artículo 13 de la Convención de 

Roma y con el artículo 14.3 del ADPIC, que deja a los Estados la decisión acerca del alcance de los derechos 

conexos concedidos a los organismos de radiodifusión. “Artículo 14. Protección de los artistas intérpretes o 

ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión: 3. Los 

organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su 

autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las 

emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros no concedan 

tales derechos a los organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia 

objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el 

Convenio de Berna (1971)”. 

41

La misma LPI contiene en su artículo 5° los conceptos relevantes. Define ella: 

“n) Emisión o transmisión: la difusión, por medio de ondas radioeléctricas, de 

sonido o de sonidos sincronizados con imágenes”. 

“ñ) Retransmisión: La emisión de la transmisión de un organismo de 

radiodifusión por otro, o la que posteriormente hagan uno u otro de la misma 

transmisión”. 

Mientras que el artículo 3 letra g) de la Convención de Roma la define como “la emisión 

simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión”. 

• VTR no emite las señales de UCTV. Aunque eso parezca obvio, y constituye un hecho 

notorio, la emiten la misma UCTV. “Emitir”, dice el Diccionario de la Lengua Española, 

es “Lanzar ondas hercianas para hacer oír señales, noticias, música, etc.”. Quien lanza la 

señal de televisión abierta, quien la pone en el aire, quien la difunde, quien la emite es 

UCTV. 

• VTR tampoco hace una actividad de “retransmisión”. Ello exigiría de VTR hacerse de 

la emisión efectuada por las concesionarias de televisión abierta, adquirir su dominio, 

para luego, habiéndola hecho suya, volver a emitirla (“lanzarla”) en calidad de señal 

propia (esto es, de contenidos propios). Ese no es nunca el caso de las emisiones de 

UCTV: VTR nunca “retransmite” su contenido. Desde ya, VTR no puede usar o gozar 

de estas señales por expreso mandato del artículo 16 de la Ley de Televisión que dispone 

“ninguna concesionaria podrá celebrar acto o contrato alguno que implique, legalmente o de hecho, 

facultar a un tercero para que administre en todo o parte los espacios televisivos que posea la 

concesionaria o se haga uso de su derecho de transmisión con programas y publicidad propios”. 

Tampoco puede intervenir en ellas puesto que las recibe íntegras. Menos las vuelve a 

transmitir: como hemos dicho, la señal que lanza al aire UCTV es exactamente la señal 

que reciben los televidentes que son usuarios de VTR, sin ninguna alteración ni 

modificación. 

• Finalmente, exige el artículo en análisis, para su aplicación, que “la emisión de la 

transmisión de un organismo de radiodifusión [se haga] por otro”. Pues bien, VTR no es un 

organismo de radiodifusión. No lo es de acuerdo a la definición que de esta clase de 

organismos da el artículo 3 de la LGT, al asimilarlos expresamente a los de televisión de 

“libre recepción”, “cuyas transmisiones están destinadas a la recepción libre y directa por 

el público en general” (muy por el contrario, VTR constituye un permisionario de 

servicios limitados de televisión, de acuerdo con la definición de la misma LGT). Lo 

mismo se deriva con claridad del Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico 

(Decreto Supremo N°15, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de 24 de 

marzo de 1983, vigente) de acuerdo con cuyo artículo 3.18., es “servicio de 

radiodifusión” el “servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser 

recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones 

sonoras, de televisión o de otro género”. VTR no presta sus servicios mediante la 

emisión de ondas radioeléctricas que se difunden por el aire, ni tampoco transmite 

programas al público en general como resulta propio de un organismo de radiodifusión. 

Al no ser VTR un organismo de radiodifusión, mal se le puede aplicar la regulación del 

artículo 69 inciso 2° de la LPI. 

42

En opinión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”), “El 

Artículo 3.g) de la Convención de Roma define la “retransmisión” como “la radiodifusión simultánea 

por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión”. De la 

definición de “retransmisión”, y también de la definición de radiodifusión que se 

desprende del Artículo 3.f), al definir “emisión” como “la difusión inalámbrica de sonidos o de 

imágenes y sonidos para su recepción por el público”, se concluye que, en virtud de la 

Convención de Roma, la “retransmisión” se limita a las transmisiones por aire” 30 . Y 

como ya hemos señalado existe armonía entre las disposiciones de la Convención de 

Roma y nuestra LPI, por lo cual es posible arribar a idéntica conclusión en lo que 

respecta a que la calificación de un acto como constitutivo de retransmisión requerirá 

necesariamente que la emisión se realice en todo caso mediante ondas radioeléctricas 

difundidas por el aire. Se ve así cómo VTR no desarrolla una actividad de retransmisión, 

lo que por lo demás se reconoció en la Sentencia Civil: 






Técnicamente, lo que VTR desarrolla es una actividad de “redifusión”. La misma OMPI 

al calificar de “redifusión” el transporte por cable de las emisiones de los órganos de 

radiodifusión, concluye que: 

“La Convención de Roma no protege contra la redifusión por cable no 

autorizada. Al no existir ese derecho, los operadores de cable pueden redifundir 

simultáneamente a sus clientes los programas tanto locales como extranjeros en 

emisiones por aire, sin autorización de los organismos de radiodifusión ni de los 

titulares de derechos y sin obligación de pagar una remuneración” 31. 

4. Incluso en el caso que erróneamente se estimara que VTR efectúa 

retransmisión, el valor económico fijado por el regulador es igual a cero. Incluso 

en el evento en que desatendiendo a estas consideraciones, llegara a calificarse de 

retransmisión la actividad desarrollada por VTR en relación a la señal de UCTV, en todo 

caso el efecto de tal calificación no será otro que concederle a UCTV la retribución 

legalmente establecida para los casos de retransmisión, la cual se fija por el artículo 69 

inc. 2° de la LPI en relación con el artículo 9 del Reglamento de la LPI en el monto 

equivalente a 1 escudo 32 . Este Reglamento permanece plenamente vigente en la 

actualidad y la autoridad no ha mostrado intención alguna de modificarlo, a pesar de que 

diversos reglamentos que utilizaban como unidad monetaria el escudo han sido 

modificados transformando sus montos a unidades reajustables. ¿Por qué no se ha hecho 

lo mismo con este Reglamento? Cabe destacar que al momento de dictación del 

Reglamento de la LPI, 1 escudo era la menor unidad monetaria existente y tenía un valor 

30 OMPI. Comité Permanente de derecho de autor y derechos conexos. Octava sesión Ginebra, 4 a 8 de noviembre de 

2002. La protección de los organismos de radiodifusión: términos y conceptos. Documento de trabajo preparado por 

la Secretaría. Pág.10. Disponible en línea 

31 OMPI, Ob. Cit., Pág. 11. 

32 Conforme al articulo 1 del DL Nº 1123 de 30 de Julio de 1975, 1 peso corresponde a mil escudos de la moneda en 

circulación a la fecha de dicho decreto ley. Señalando el artículo 5 del mismo que “Las obligaciones, los 

instrumentos, títulos de crédito y demás documentos expresados en escudos y otorgados con anterioridad a la 

vigencia de este decreto ley que deban cumplirse o producir efectos posteriormente, se convertirán de pleno 

derecho a su equivalencia en la nueva unidad monetaria. Lo mismo aplicará a las referencias que las leyes, decretos 

o resoluciones hagan a la unidad escudo”. Conforme al artículo 2 del mismo Decreto Ley, “en todas las cuentas y 

pagos se depreciarán las cantidades inferiores a cinco escudos”. 

43

equivalente a 0,08 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual muestra 

claramente la falta de valor económico que se estimó tenía la retransmisión de las 

emisiones de la televisión abierta. Tal falta de valor económico atribuible a la 

retransmisión se explica una vez más por la función de servicio público que corresponde 

a la televisión abierta, obligada por ello a alcanzar de manera universal, no 

discriminatoria y gratuita a la mayor parte posible de la población chilena. 

Esta regulación resulta concordante además con la naturaleza de derecho conexo, el cual 

constituye en sí mismo una prerrogativa de excepción, dependiente del derecho de autor, 

y de su reconocimiento expreso por la ley. No hay más titulares de derechos conexos que 

aquellos reconocidos por la ley ni ellos tienen más derechos que aquellos reconocidos 

por la ley. 

II.3. Derechos de UCTV sobre los contenidos que forman parte de su señal. 

1. Titularidad secundaria de derechos. La regulación de las señales de televisión 

abierta impuesta en consideración de la función social que ellas cumplen, contiene claras 

limitaciones a la explotación de los derechos de propiedad intelectual que ellas puedan 

tener. El alcance de tales derechos no puede ser determinado sin consideración a ellas, 

que por lo demás constituyen restricciones legales que satisfacen los criterios exigidos 

por el inciso segundo del artículo 19 N° 24 de la CPR, para establecer limitaciones a los 

derechos de propiedad de cualquier tipo, entre ellas indudablemente la propiedad 

intelectual. Clarificado el punto anterior queda por dilucidar si UCTV constituye la titular 

de los derechos de propiedad intelectual, esta vez, sobre los contenidos transmitidos a 

través de su señal. 

En nuestro sistema, conforme al artículo 1 de la LPI, el derecho de autor constituye un 

derecho que la ley le reconoce al autor sobre su obra por el solo hecho de la creación. La 

ley chilena no define al autor ni a la obra pero se entiende que autor de una obra es la 

persona natural que la crea y, la obra, es la expresión intelectual original que emana del 

autor, en los ámbitos literario, artístico y científico. Como se aprecia de la regulación 

contenida en nuestra ley, la cual recoge la larga tradición de derecho continental del 

derecho de autor, la obra se encuentra íntimamente ligada al espíritu de su creador y es 

una emanación de éste. Por lo mismo ha sido considerado por la doctrina que el titular 

originario del derecho de autor, es decir el autor de la obra, es siempre una persona 

natural, nunca una persona jurídica puede ser calificada de autor o creadora de una obra, 

sin perjuicio de la posterior adquisición que pueda hacer esta de los derechos de 

propiedad intelectual o incluso su atribución por parte del autor por vía contractual 33 o 

ficción legal. El carácter personalista del derecho es reconocido por la LPI, al mencionar 

en su artículo 1 que “La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la 

obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos”. 

33 Lipsyc, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Pág.123. “Las personas físicas (naturales) son las únicas que 

tienen aptitud para realizar actos de creación intelectual. Aprender, pensar, sentir, componer y expresar obras 

literarias, musicales y artísticas, constituyen acciones que solo pueden ser realizadas por seres humanos”. Como 

señala el destacado Profesor de la Universidad de París en derecho de autor, Pierre-Yves Gautier “(la) creación del 

espíritu (la obra), lleva el sello de la personalidad de su autor”. Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique 

1999. Pág.48. El Profesor francés André Lucas es enfático en señalar, “De igual modo, nadie pone en duda que la 

obra protegida debe ser el fruto de una participación humana”. Lucas, André y Lucas, Henri-Jacques, Traité de la 

Propriété littéraire et artistique. Pág. 57. 

44

Como señala la abogada chilena Dina Herrera, “En nuestra legislación, el autor es la persona 

física que realiza la obra, ya que las personas jurídicas solamente son titulares de derecho de autor” 34 . 

Es incorrecto afirmar, por lo tanto, que UCTV es creador de su señal o de los 

contenidos que se transmiten a través de ella. En su calidad de persona jurídica sólo 

puede ser titular de derechos de autor en forma secundaria por una cesión de derechos 

de autor, convencional o legal. Por tanto, la titularidad de derechos de UCTV sobre los 

contenidos transmitidos a través de su señal deberá ser acreditada mediante los 

respectivos contratos de cesión o la acreditación de que respecto de determinadas obras 

concurren los requisitos legales para la atribución de su titularidad a UCTV. 

2. ¿La redifusión de señales afecta la titularidad secundaria de derechos? En el 

evento que lograra acreditarse la titularidad de UCTV sobre las obras que constituyen los 

contenidos transmitidos como parte de su señal, corresponde determinar si la redifusión 

de la señal de UCTV realizada por VTR constituye como afirma la demandante: 

“desconocimiento de los derechos de Canal 13 sobre su señal y contenidos”. 

La eventual titularidad que UCTV lograra acreditar sobre los contenidos que forman 

parte de su señal, concedería a ésta conforme a los artículo 17 y 18 de la LPI, los 

siguientes derechos patrimoniales: (i) Derecho de Reproducción, esto es la facultad de 

explotar la obra en su forma original o trasformada, mediante su fijación material en 

cualquier medio y por cualquier procedimiento que permita su comunicación y la 

obtención de una o varias copias de todo o parte de ella 35 ; (ii) Derecho de Comunicación 

Pública, entendiéndose por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de 

personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, 

por medios que no consistan en la distribución de ejemplares 36 ; (iii) Derecho de 

Transformación, consistente en la facultad del autor de explotar su obra autorizando la 

creación de obras derivadas de ella 37 . 

¿Cómo la actividad de redifusión de la señal de UCTV por parte de VTR podría atentar 

contra estas facultades? Recordemos que VTR capta la señal de UCTV desde el aire, y 

sin realizar ninguna alteración de su contenido, procede a redifundirla a través de su red, 

llegando esta hasta los televidentes de manera íntegra y simultánea, respecto a la 

frecuencia difundida por el aire. VTR no dispone de los contenidos de la señal de 

UCTV, de modo alguno, y, en cambio, constituye un simple medio técnico por el cual 

los televidentes acceden a las señales de libre recepción que la demandante emite. 

• VTR no viola el derecho de reproducción que asistiría a UCTV de acreditarse que 

es titular de los contenidos que forman parte de su señal, por cuanto no realiza fijación 

alguna de ellos, se limita a captar una señal difundida por el aire, para luego dejarla fluir 

por su red hasta la recepción por parte de los telespectadores. Es justamente por la 

ausencia de toda fijación que la señal de UCTV difundida mediante las redes de VTR 

llega de manera simultánea a aquella que se difunde por medio del aire y es idéntica en 

contenido a ésta. 

34 Herrera, Dina. “Propiedad Intelectual derechos de Autor. Ley nº 17.336 y sus modificaciones.” Segunda Edición. 

Pág.15. 

35 Lipszyc, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Pág. 179. 

36 Lipszyc, Delia. Ob. Cit. Pág. 183. Lipszyc, ubica dentro de las formas más usuales de comunicación pública, la 

radiodifusión que significa comunicación a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el 

público en general por medio de ondas radioeléctricas. Ob. Cit. Pág. 187. 

37 Lipszyc, Delia. Ob. Cit.. Pág. 211. 

45

• VTR no viola el derecho de transformación que asistiría a UCTV de acreditarse que 

es titular de los contenidos que forman parte de su señal, por cuanto como se ha dicho, 

la redifunde de manera íntegra, sin introducir modificación alguna en su contenido, 

duración o distribución, ni introducir publicidad alguna en su programación. Los 

contenidos que forman parte de la señal de UCTV que es recibida por los 

telespectadores mediante la intermediación de la red de VTR son exactamente los 

mismos que reciben los telespectadores que la reciben por el aire. 

• Por último, VTR no viola el derecho de comunicación pública que asistiría a 

UCTV de acreditarse que es titular de los contenidos que forman parte de su señal, por 

cuanto por imperativo legal, en atención a su particular carácter de señal de televisión 

abierta, UCTV se encuentra obligada a poner a disposición de todos los habitantes de la 

República, en forma universal, no discriminatoria y gratuita, su señal de televisión, sin 

tener derecho a recibir compensación alguna por ello, más allá de los ingresos que la ley 

le autoriza a percibir por concepto de publicidad vendida a los avisadores, justamente en 

consideración de su alcance nacional de audiencia. Al incorporar los contenidos de su 

titularidad a su señal, UCTV está realizando un acto de comunicación pública a su 

audiencia que por imperativo legal se encuentra constituida por todos los habitantes de la 

República. 

3. La redifusión de señales no afecta la titularidad de los derechos de UCTV en la 

medida que VTR no alcance a un “nuevo público”. El servicio de televisión de cable 

prestado por VTR sólo se desarrolla dentro del ámbito de las fronteras de nuestro país. 

Mediante la redifusión de la señal de UCTV, VTR no realiza una explotación económica 

de los contenidos que de ella forman parte, puesto que no los coloca a disposición de 

ninguna persona más que aquellas que por disposición legal tienen derecho a recibirla de 

manera gratuita, universal y no discriminatoria. La doctrina es clara en señalar que: 

“(...) cada acto por el cual la obra llega a un ‘público nuevo’, distinto del previsto 

en la contratación originaria, constituye una nueva comunicación pública y está 

sujeto a la necesidad de previa autorización y al pago de una remuneración 

diferenciada. Ello se debe a que estas ampliaciones cambian sustancialmente las 

condiciones del contrato primitivo porque, en la dimensión económica del 

negocio jurídico, tanto para el empresario como para el autor la cantidad de 

público a la que llegará el espectáculo es un factor determinante” 38. 

Cuando UCTV tiene autorización de un titular de derechos para difundir su obra, lo 

tiene para precisamente para alcanzar la audiencia nacional. En efecto, cuando UCTV 

adquiere derechos para efectuar un acto de comunicación pública, lo hace 

necesariamente para cubrir a una determinada audiencia, que en su caso es el conjunto 

de la población que se encuentra dentro del territorio chileno. El titular de derechos 

tendría facultad de recibir una nueva remuneración sólo si la obra se difundiera a un 

nuevo público o nueva audiencia. Por eso, lo relevante en materia de propiedad 

intelectual en el caso de redifusión por cable de las emisiones de organismos de 

radiodifusión es determinar cuándo la redifusión debe ser considerada como un acto 

dirigido a cubrir una nueva audiencia (acto de explotación independiente y distinto del de 

38 Lipszyc, Delia. Ob. Cit.. Pág. 184. 

46

la emisión de origen), o cuándo, por el contrario, ella se dirige a la misma audiencia que 

el organismo de radiodifusión está llamado a cubrir. 

Como acertadamente apunta Erdozaín: 

“(...) si la emisión se lleva a cabo dentro de la zona de cobertura del emisor de 

origen, en principio, no puede hablarse de nuevo público desde el punto de vista 

económico, puesto que la remuneración debida al autor se ha calculado en 

función de la estimación de personas que tienen la posibilidad de recibir la 

emisión. Jurídicamente dicha posibilidad constituye ya un acto de comunicación 

pública, como es reconocido por la doctrina, por el Convenio de Berna y por 

algunos ordenamientos como el alemán o el español” 39. Agregando: “cuando una 

entidad radiodifusora adquiere los derechos de emisión, paga por el derecho de 

goce de la obra de la que todos aquellos que se encuentran en la zona de 

recepción directa (es decir, como consumidores finales) van a disfrutar. Así ‘toda 

remuneración posterior por actos de transmisión intermedios, que solamente 

deban mejorar a posibilitar el goce de la obra ya remunerado por la entidad 

radiodifusora a los receptores, sería una doble remuneración para el autor’. En 

este sentido, es indiferente la forma de financiación de la emisora, puesto que, en 

definitiva, por lo que se paga al titular de derecho es por el número potencial de 

receptores que puede tener acceso a la obra” 40. 

En la Convención de Bruselas que tuvo por objeto la revisión y actualización del 

Convenio de Berna, a raíz de la incorporación del artículo 11bis -que se refiere en su 

párrafo segundo a los derechos conexos que pueden ser reconocidos a los organismos de 

radiodifusión - se discutió acerca del alcance con que debía ser entendido el derecho de 

comunicación pública, con el fin de determinar cuando se estaba en presencia de una 

redifusión, que no constituye un nuevo acto de comunicación pública, o ante una nueva 

emisión como acto de comunicación pública independiente, que por tanto debía ser 

particularmente autorizado por el titular de derechos de autor y consecuentemente 

remunerado. Del análisis de la historia de la redacción del artículo 11bis en la 

Subcomisión que se encargó de ella Erdozaín concluye 41 que: 

“De lo expuesto debemos sacar las siguientes conclusiones, que consideramos 

válidas como punto de partida. En primer lugar, hay que destacar que se hablaba 

de ‘procurar la emisión de la obra’; luego, lo que verdaderamente se intentaba 

someter a la autorización del autor como utilización posterior o segunda 

explotación era que un público distinto de aquel para el que iba dirigida la 

emisión tuviese acceso a la misma; o mejor dicho, lo sometido era la 

posibilidad de recibir una emisión determinada. En segundo término, el empleo 

de los medios técnicos necesarios para asegurar una correcta recepción 

(por tanto, cable o repetidores) de la emisión no suponía para la 

Subcomisión una utilización posterior, siempre que no se procurase la 

emisión a un nuevo círculo de oyentes”. 

Estos criterios desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia comparada, fruto de 

largas reflexiones entorno al alcance de los derechos de autor y su forma de protección 

tanto en el ámbito nacional como internacional, fueron plasmados por la Comunidad 

Europea en su Directiva 89/552/CEE de 3 de octubre de 1989 sobre televisión sin 

fronteras. Esta Directiva supuso el primer paso en la construcción de un mercado 

39 Erdozain, José Carlos. Las Retransmisiones por Cable y el Concepto de Público en el Derecho de Autor. Editorial 

Aranzadi. Pamplona.1997. Pág. 51. 

40 Erdozain, José Carlos. Ob. Cit. Págs. 102 y 103. 

41 Erdozain, José Carlos. Ob. Cit. Págs.. 156 y 157. 

47

común de las comunicaciones en Europa. La razón fundamental de la importancia de su 

estudio es que en esta Directiva se establecen las disposiciones mínimas necesarias para 

garantizar la libre difusión de las emisiones a lo largo y ancho de la Unión Europea. “El 

principio acogido por esta Directiva, en la materia es la destinación o zona a la cual va destinada la 

emisión. Se plasma, así, en un texto normativo un criterio iniciado y, posteriormente consolidado, por la 

jurisprudencia comunitaria, y se pone de manifiesto que el criterio territorial decisivo para 

determinar la existencia de una emisión será el de la intención que anima al 

organismo de emisión de alcanzar o cubrir una franja espacial concreta, es decir, 

la responsabilidad asumida por tal organismo de hacer accesible la obra al 

público. Y no debemos desconocer que la importancia de este dato va más allá de la dimensión 

puramente zonal, situándose en el ámbito material de público. Una emisión efectuada con la intención de 

llegar a un público determinado, precisamente al situado en la zona de alumbramiento o, si se prefiere 

esta expresión, de cobertura” 42 . 

Aplicando estos criterios al caso que nos ocupa no es posible sino concluir que VTR no 

explota económicamente los eventuales derechos de propiedad intelectual que a UCTV 

pudieran corresponder sobre sus contenidos. Tales contenidos son explotados 

directamente por UCTV, quien se encarga de comunicarlos públicamente, al hacerlos 

parte integrante de su señal de televisión, a una audiencia que por imperativo legal se 

encuentra conformada por todos los habitantes de la República, a los cuales la ley la 

obliga a llegar en forma universal y no discriminatoria, con un derecho a compensación 

que es aquel proveniente de los ingresos por publicidad que los avisadores contratan con 

ella, en atención precisamente a la audiencia nacional a la que se encuentra obligada a 

servir. 

Todo lo hasta aquí señalado es sin perjuicio del hecho de que la titularidad de que goce 

UCTV sobre determinados contenidos le permite a ésta decidir libremente la forma en 

que estos serán explotados. Si UCTV opta por su explotación a través de la 

incorporación a su señal de televisión abierta, la consecuencia lógica será que estos se 

encontrarán, por imperativo legal, a disposición de todos los habitantes de la República 

en forma universal, gratuita y no discriminatoria. Por el contrario, UCTV puede optar 

por explotar los contenidos de su titularidad mediante mecanismos distintos de la 

incorporación a su señal de televisión abierta, evento en el cual será libre de determinar 

la forma en que tales explotaciones deben serle remuneradas. 

Un ejemplo claro de lo anterior puede encontrarse en la “Carta acuerdo” de distribución 

y exhibición de contenidos televisivos relativos al Festival Internacional de la Canción de 

Viña del Mar 2007, celebrada con fecha 20 de febrero de 2007 entre UCTV y VTR, que 

se acompaña en el segundo otrosí. Con motivo de este acuerdo, UCTV se obligó a 

suministrar a VTR cierto contenidos televisivos correspondientes a una señal especial de 

televisión denominada “Señal II Festival de Viña”, que consistía en programación 

especial que cubriría en directo ciertos aspectos del Festival de Viña 2007, distintos de 

aquellos que formarían parte de las transmisiones generales de dicho Festival por parte 

de UCTV. En virtud de este acuerdo, VTR tendría derecho a insertar libremente 

publicidad o avisos en dicha programación. Como contraprestación al suministro de tales 

contenidos, VTR se comprometió al pago de la suma que consta en el acuerdo. Este 

acuerdo ilustra claramente la diferencia de trato que debe darse a una u otra situación de 

42 Erdozain, José Carlos. Ob. Cit. . Pág. 319. 

48

explotación de los contenidos de titularidad de UCTV: el suministro de contenidos 

distintos de aquellos que forman parte de la señal abierta de UCTV, que por tanto no 

quedan cubiertos por la exigencia de acceso universal, no discriminatorio y gratuito, y 

por tanto cuya explotación por parte de VTR sí tiene una entidad comercial, podrá ser 

correspondientemente remunerado y concederá la facultad a VTR de intervenir tal 

programación con el fin de insertar publicidad, si así se conviene. Por el contrario, la 

redifusión de la señal abierta de televisión de UCTV mediante las redes de VTR, debe 

satisfacer la exigencia legal de acceso universal, no discriminatorio y gratuito. 

III. 

Análisis económico de los derechos de UCTV a la luz de la normativa legal 

que se le aplica. 

Desde una perspectiva económica, estamos en presencia de un derecho de propiedad 

cuando existe una titularidad exclusiva sobre un bien, la que puede ser transada. Para que 

pueda existir una titularidad exclusiva sobre un bien, éste debe ser valioso, es decir debe 

ser un bien escaso, o lo que es lo mismo, debe existir rivalidad para su consumo. Por su 

parte, para que exista un título transferible debe existir un mercado donde concurran 

interesados en demandar dicho título, y a través de la interacción entre la oferta y la 

demanda, se determine un precio. 

Desde tal perspectiva, una regla de propiedad (en sentido económico) es sólo una de las 

posibles soluciones que pueden darse para la distribución de bienes de manera eficiente, 

cuando se dan ciertos supuestos. En este sentido, los sistemas jurídicos (o en términos 

más amplios las sociedades) adoptan una decisión anterior, la de asignar titularidades, 

para luego decidir qué tipo de protección buscan darle. Así, Calabresi y Melamed 43 

señalan: 

“El Estado no sólo debe decidir a quién otorga la titularidad, sino también, y al 

mismo tiempo, realizar una serie de decisiones de segundo orden pero igualmente 

difíciles. Estas decisiones van desde la forma en que las titularidades son 

protegidas, hasta si se permite o no a un individuo vender o negociar dicha 

titularidad. Por ejemplo, en una disputa cualquiera, el Estado debe decidir no sólo 

cuál de las partes es la que vence, sino también la clase de protección a otorgar. 

(…) Nosotros vamos a considerar tres tipos de titularidades: titularidades 

protegidas por reglas de propiedad, titularidades protegidas por reglas de 

responsabilidad y titularidades inalienables. Las categorías no son, por supuesto, 

absolutamente puras pero resultan de utilidad al permitir revelar algunas de las 

razones que nos conducen a proteger ciertas titularidades de determinada forma.” 

Y luego, refiriéndose concretamente a una titularidad protegida por una regla de 

propiedad señalan: 

“Una titularidad es protegida por una regla de propiedad en el sentido que alguien 

que desea removerla de su poseedor deberá comprársela en una transacción 

voluntaria, en la cual el valor de la titularidad es fijado por el vendedor.” 

43 Calabresi, Guido y Melamed, Douglas. Reglas de la Propiedad, Reglas de la Responsabilidad e Inalienabilidad: Un 

vistazo a la Catedral. En Revista de Estudios Públicos, número 63, 1996, pág. 347 y ss. Disponible en: 

www.cepchile.cl/dms/archivo_1091_666. 

49

Por ello, de existir una titularidad claramente asignada, ésta puede estar protegida por 

medios distintos que una regla de propiedad en sentido económico. Y en tal caso, sólo si 

se dan ciertas condiciones, esta regla puede ser una solución eficiente. En este sentido es 

ilustrativa la opinión de Posner respecto de qué tipo de bienes y en qué situaciones una 

regla de propiedad en sentido económico es eficiente: 

“Esta discusión conlleva que, si todo recurso valioso (es decir, escaso y deseado) 

fuese de propiedad de alguien (el criterio de la universalidad), si la propiedad 

connotara el poder incondicional de excluir a todos los demás del uso del recurso 

(la exclusividad) y de usarlo uno mismo, y si los derechos de propiedad fueran 

libremente transferibles, o alienables como dicen los abogados (la 

transferibilidad), el valor sería maximizado. Sin embargo, esto omite los costos de 

un sistema de derechos de propiedad, tanto los obvios como los sutiles.” 44 . 

Como puede observarse de la cita antes transcrita, para que las reglas de propiedad 

contribuyan a la maximización de riqueza, debe cumplirse con una serie de supuestos 

que en el mundo real muchas veces no ocurren. Además, incluso en los casos en que 

estos supuestos se dieran, en ausencia de costos asociados a la propiedad, la protección 

mediante reglas de propiedad puede no ser valiosa si se pondera con otros objetivos 

sociales distintos a la maximización de la riqueza. De lo anterior se derivan a lo menos 

tres conclusiones: i) no todos los bienes pueden ser amparados por una regla de 

propiedad; ii) no en todas las situaciones una regla de propiedad será la solución 

eficiente; y, iii) una regla de propiedad eficiente no necesariamente será socialmente 

valiosa a la luz de otros valores sociales, lo que se deriva en que usualmente la propiedad 

tenga límites. 

En el caso de las señales abiertas de televisión dentro de su área de concesión, existen 

buenos motivos para estimar que éstas no se encuentran amparadas por una regla de 

propiedad en el sentido económico antes descrito y en caso de estarlo, todo indica que 

ésta tendría como límite la inexistencia de la posibilidad de disponer de ella, en el sentido 

de decidir quien puede o quien no puede recibir la señal dentro de su territorio de 

concesión. Si bien esta discusión se encuentra radicada en los tribunales civiles, a 

continuación se exponen brevemente algunos de los argumentos que fundamentan los 

motivos que hacen dudar, ahora desde una perspectiva de análisis económico, de la 

existencia del derecho que alega la contraria en la forma en que ella lo pretende. 

1. La recepción de una señal de televisión no es un bien sobre el cual exista 

rivalidad para el consumo. Una vez que la señal de televisión está siendo transmitida, 

dentro del área de cobertura de dicha señal, ésta se comporta como bien que no es 

escaso respecto de su consumo. Es decir, resulta indiferente para la disponibilidad de la 

señal si dentro de su área de cobertura existe un solo telespectador o si son millones. El 

hecho de que la señal de televisión abierta no sea valiosa en el sentido antes expuesto, 

por supuesto no quiere decir que los receptores de la señal no la valoren o que no les sea 

un bien útil. Simplemente quiere decir que al no ser un bien escaso, esto es, que no exista 

rivalidad para su consumo, nadie está dispuesto a pagar un precio por ella. 

44 Posner, Richard, “El Análisis Económico del Derecho”, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 39. 

50

2. Las reglas legales que rigen la transmisión de señales abiertas de televisión 

obligan a las concesionarias a cubrir su área de concesión y permitir la recepción 

libre de la señal. El hecho de que la señal de televisión de libre recepción sea un bien 

sin valor económico, en el sentido de que no existe rivalidad para su consumo, no quiere 

decir que no es posible convertirla en un bien escaso. Al igual que el “aire”, que bajo 

ciertas condiciones puede ser considerado un bien escaso, con valor económico -por 

ejemplo a través la creación de derechos para contaminarlo (como bonos de carbono)-, 

es posible a través de medios técnicos generar una escasez de la señal de televisión 

transmitida por el aire, como sería la codificación de ésta. 

Sin embargo, en nuestro país la libre recepción de las señales de televisión abierta se ha 

impuesto como un deber (no un derecho) de las concesionarias de televisión, como se ha 

analizado latamente en la sección I. Según se ha desarrollado allí, el deber de la televisión 

abierta de ser de libre recepción implica que ella no puede poner trabas o costos a su 

recepción, a tal punto, que la codificación de la señal o el cobro por ella constituye una 

contravención a este deber. De acuerdo con ello, los canales de televisión abierta no 

pueden producir una escasez artificial de su señal a través de la codificación o del cobro, 

puesto que legalmente ésta se concibe como un bien de libre recepción. 

3. El hecho de que la demandante tenga derechos sobre su concesión no significa 

que de ahí se derive un derecho de determinación sobre el acceso de terceros a su 

señal abierta de televisión. UCTV en otros juicios ha intentado justificar la existencia 

de un derecho sobre su señal abierta de televisión que le permita negar el acceso o 

recepción de ésta, en su calidad de concesionaria de televisión abierta. Sin lugar a dudas 

el hecho de ser titular de una concesión le da derechos y obligaciones a UCTV, siendo tal 

vez el principal de ellos el derecho a usar una determinada frecuencia de banda para la 

transmisión de ondas radioeléctricas, de imagen y sonido, con el objeto de cumplir con 

su obligación de cubrir con sus emisiones toda el área que abarca su concesión. La 

concesión también le permite explotar el derecho de uso sobre el espacio radioeléctrico 

concedido –lo que no es lo mismo que incumplir su obligación de ser recibida 

libremente en el área de su concesión-, de ahí es que sea lícito que UCTV (sin perjuicio 

de la figura jurídica que utilice en concreto) ceda o arriende tiempo en el aire a sus 

avisadores, explotando así el derecho de uso que puede transar en el mercado. 

Cosa muy distinta, y que en ningún caso puede derivarse de la titularidad de su 

concesión, es que tenga el derecho de impedir la recepción de la señal dentro de su área 

de cobertura. En efecto, tal como se ha señalado en el punto anterior, nuestra legislación 

apunta exactamente en la dirección contraria, pues establece una obligación a los 

concesionarios de alcanzar libremente a todos los habitantes que se encuentren dentro 

de su zona. 

Por todo lo señalado, si bien es posible identificar derechos que emanan de la concesión 

de televisión abierta, estas titularidades sin duda no son absolutas como para 

comprender la facultad de excluir a su arbitrio a los receptores de su señal de televisión o 

de cobrar por ellas. 

51

IV. 

Breve descripción de las relaciones que han existido y existen entre VTR y 

UCTV. 

En el contexto normativo anterior se han desarrollado las relaciones de VTR y UCTV. 

Básicamente, desde que las predecesoras de VTR BA y de MI llegaron al país, iniciando 

la operación de sistemas de televisión por cable, a comienzos de la década de los 90’, 

asumieron desde el principio la razonabilidad de recoger la señal de UCTV desde el aire 

y hacerla llegar a sus clientes, sin alteración ni modificación. Con ello, se respetaba el 

derecho que esos clientes, habitantes de la República, tenían a recibir de manera gratuita, 

libre e inalterada, la señal de televisión de libre recepción de UCTV. También se actuaba 

en concordancia con la normativa de protección de la propiedad intelectual. Y esta 

conducta se comenzó a desarrollar cuando tales predecesoras de VTR BA y MI tenían 

ínfimas participaciones de mercado. 

En esa misma época, UCTV aún tenía pendiente cubrir con buena calidad a la totalidad 

del territorio nacional, según lo fueron exigiendo sus concesiones. También, la 

progresiva mayor cobertura que fue alcanzando no garantizaba que existiera una buena 

calidad en la recepción de sus señales (como tampoco lo garantiza hoy). Como las 

señales de televisión pública abierta viajan por el aire, su recepción es un proceso no 

exento de complicaciones debido a fenómenos de naturaleza electromagnética y 

geográfica. Entre estos fenómenos se encuentran, por ejemplo, la generación de “zonas 

de sombra”, ocasionadas por la presencia de cerros y edificios que impiden captar la 

señal; de “zonas con exceso de reflexiones” ocasionadas por la recepción simultánea de 

varias ondas por reflexión o “rebote” que se manifiesta en las denominadas imágenes 

“fantasma”; y de “zonas distantes”, ocasionadas por la lejanía del receptor con respecto a 

la fuente emisora, lo que provoca sencillamente que la imagen se reciba con gran 

debilidad o deficiencias. Estos fenómenos nos parecen hoy, a todos los que disponemos 

de la señal de cable o satelital, como problemas del pasado, pero ellos siguen siendo una 

cotidiana realidad para todos los usuarios que reciben las señales sólo a través de las 

antenas aéreas de sus televisores domiciliarios. Siendo así, es muy probable pensar que 

no sólo le pareció “normal” a UCTV que los usuarios de VTR recibieran su señal de 

libre recepción, sino obtuvo de ello un importante beneficio al lograr alcanzar, por la 

infraestructura de VTR, progresivamente, y con la mejor calidad, a grupos importantes 

de la población nacional sin incurrir en inversiones al efecto, inversiones que hubieran 

sido de importante entidad, como se acreditó en el período probatorio del Juicio Civil. 

Ese beneficio también derivaba –y sigue derivando- del hecho que, como lo reconoce la 

misma Demanda (fojas 18), los canales de televisión abierta se financian mediante la 

transmisión de publicidad que intercalan en su programación, y cuyo valor depende, en 

esencia, del número de telespectadores que la recibe y de su potencialidad como 

eventuales consumidores de los servicios publicitados. Por estas razones, los canales de 

televisión abierta deben recibir mayores ingresos mientras mayor sea el número de 

telespectadores que vean efectivamente sus avisos publicitarios y mientras más alta sea su 

potencialidad como consumidores. A estos efectos, los canales de televisión abierta 

requieren asegurar la mayor cobertura posible de sus señales y ofrecer una programación 

atractiva de manera que su audiencia sea lo más amplia posible y logre captar la atención 

del público que tiene un mayor poder adquisitivo. Esto se mide a través de determinados 

52

instrumentos que buscan precisar el índice efectivo de audiencia o rating, que permite 

estimar el número de personas que recibe efectivamente el avisaje publicitario que se 

intercala en la programación. Las empresas que publicitan sus bienes y servicios 

conceden especial importancia al hecho de que sus avisos sean recibidos por los estratos 

socioeconómicos con un mayor poder adquisitivo y, por tanto, con mayor potencialidad 

de consumir los bienes y servicios que se les ofrecen a través de la publicidad. Siendo así 

las cosas, por supuesto que resultaba relevante y económicamente muy beneficioso para 

los canales abiertos como UCTV que pudieran cubrir a más consumidores, 

especialmente de estratos socioeconómicos medios y altos, por la vía de la 

infraestructura de VTR. 

Por eso no sorprende que, al corto andar, UCTV pasara a adoptar una actitud activa en 

esta relación, solicitando de VTR el desarrollo de determinadas acciones destinadas a 

alcanzar a más usuarios con la señal de UCTV, o mejorar la calidad de la señal cuando 

ésta presentaba deficiencias en el aire. Así fue como UCTV comenzó a solicitar de VTR 

la utilización de descodificadores, entregados por UCTV, para bajar la señal de UCTV de 

su satélite, cuestión que aseguraba su mejor calidad. Esto se encuentra abundantemente 

documentado en el Juicio Civil pendiente, en cuyo período probatorio tanto VTR BA 

como MI –pero especialmente esta última- proveyeron relevante prueba documental que 

daba cuenta de cómo UCTV fue solicitando de VTR el desarrollo de acciones técnicas 

destinadas a mejorar la cobertura y calidad de la señal de UCTV. Puede leerse así, de la 

contestación de la demanda de MI: 

“Existe abundante prueba documental y de todo tipo –que rendiremos durante el 

término probatorio- que acredita la forma en que TVN y UCTV en forma 

habitual y por largo tiempo han proporcionado y financiado los medios para 

lograr que su señal sea recibida por METROPOLIS INTERCOM S.A. y desde 

allí transportada a través de su red de cable. Esta prueba acreditará, además, que 

tanto TVN como UCTV mantienen una constante preocupación por fiscalizar la 

forma en que METROPOLIS INTERCOM transporta estas señales hasta sus 

abonados, representando y reclamando cualquier interrupción o disminución en la 

calidad del servicio que les presta METROPOLIS INTERCOM S.A. al 

transportar la señal hasta sus abonados”. Fojas 72. 

De la misma manera, en la contestación de VTR BA: 

“Tanto es así, que VTR cuenta con correspondencia emanada de las 

demandantes, por medio de la que, frente a la ocurrencia de problemas en la 

recepción –por parte de los usuarios- de las señales de televisión abierta, solicitan 

a VTR la adecuación de su infraestructura de cable o la realización de mejoras 

respecto de ella. Qué mejor prueba de la conciencia en la que se encuentran las 

demandantes de la necesidad de que su señal llegue, y llegue de manera adecuada, 

a la población”. Fojas 151. 

La actitud de UCTV, en consecuencia, fue confirmando el beneficio que ella veía en 

alcanzar a un número de la población a través de la infraestructura de VTR. 

Por su parte, hasta la fecha de la contestación de la demanda civil, VTR nunca efectuó 

cobro alguno a UCTV, a pesar de que es conocido en el mercado que, en el momento de 

vender espacios publicitarios, UCTV lo hace en consideración a que, dentro de “su 

propia audiencia”, se encuentran los más de 800.000 suscriptores de VTR. Más aun, que 

UCTV compromete y asegura a los avisadores la audiencia de un universo de 

53

televidentes entre los cuales se encuentran los suscriptores de VTR que, como es sabido, 

reciben la señal aérea a través del cable. De más está decir en este punto que los 

suscriptores de VTR suelen pertenecer a los grupos socioeconómicos a los cuales 

preferentemente se dirige la publicidad. Los ingresos que UCTV percibe actualmente por 

la publicidad dirigida a aquella audiencia que recibe sus señales abiertas a través de VTR 

es perfectamente determinable: dado que la penetración de la televisión de pago es de 

cerca de 28,8% de acuerdo a Subtel, y que la participación de VTR en ese mercado es de 

68,38%, resulta que la audiencia que recibe la señal de UCTV a través de VTR representa 

cerca del 19,67% 45 del total de los hogares chilenos. Prescindiendo por un momento del 

hecho que es ésta la audiencia a la que se dirigen muy preferentemente –y por la que 

pagan- las empresas que hacen publicidad, un simple, conservador y lineal cálculo lleva a 

concluir que, de las ventas publicitarias anuales por 66 mil millones de pesos (FECU 

2007) que se estima realiza UCTV, cerca de 13 mil millones de pesos anuales (cerca de 

24 millones de dólares) corresponden a los montos que UCTV percibe en precisa 

consideración a aquella audiencia que recibe sus señales abiertas utilizando para esos 

efectos a VTR como medio. Esto da cuenta del beneficio obtenido por UCTV. 

Volviendo a la historia, tampoco efectuó VTR cobro alguno hasta antes de la 

contestación de la demanda, por el hecho de que UCTV no había realizado todas las 

inversiones a las que la normativa la obliga para alcanzar las coberturas que les exigen sus 

concesiones. Es conocido que, de no mediar la infraestructura de la televisión de pago, 

las señales de UCTV llegarían deficientemente a gran parte de los usuarios domiciliados 

en edificios de las ciudades chilenas; o simplemente no lo harían a extensos sectores de la 

Región Metropolitana como Cerro Navia, Lo Prado, Lampa, Conchalí, Renca, Peñaflor, 

Buin, La Dehesa, Chicureo o Lo Espejo. La existencia del cable de VTR, en calidad de 

medio técnico, ha ayudado a que en esas zonas los usuarios puedan acceder a las señales 

de televisión aérea. 

Los antecedentes anteriores llevan a VTR a tener la plena convicción de que UCTV se 

ha visto enormemente beneficiada por la presencia del cable de VTR por un período 

ininterrumpido de más de 15 años. 

A pesar de ello, UCTV presentó en 2002 la demanda que hemos descrito en lo principal 

de este escrito, exigiendo la terminación de la supuesta utilización indebida de su señal y 

el pago por la misma. Dados los antecedentes expuestos, que se acreditaron con 

abundancia en el juicio, no sorprende que el juzgador civil, en su sentencia, haya dado 

por establecida, además de la plena legalidad y legitimidad de la conducta de VTR, la 

existencia de una convención entre las partes, de mutuo interés y beneficio, en virtud de 

la cual no cabe exigir de VTR el pago por la redifusión de la señal de UCTV ni menos 

una nueva autorización al efecto, condicionada a tal pago. 

Más aun, dando cuenta de la plena vigencia de la decisión adoptada en la Sentencia Civil, 

cabe notar que incluso después de dictada dicha sentencia y hasta poco tiempo antes de 

la Demanda de autos, UCTV seguía solicitando de VTR la instalación de 

descodificadores en algunas áreas para que los usuarios recibieran con mejor calidad la 

señal de UCTV. De ello da cuenta, a modo de simple ejemplo, la siguiente 

comunicación: 

45 Ver fuentes de cifras en V.2.4. 

54

“Estimado Álvaro: 

Favor enviar listado con los lugares y sus direcciones, en los cuales necesitan 

contar con IRDs para recibir nuestra Programación Nacional, en forma definitiva. 

El primer listado recibido incluía 38 cabeceras, las que se redujeron a unas 14, 

luego de conversar con personal de VTR. 

El plazo para mantener la señal Digicipher actual en forma simultánea con la 

nueva plataforma DVB-S, se ha prorrogado hasta el 28 de Febrero.” (Correo 

electrónico enviado por don Roberto Plass de UCTV a don Álvaro Jiménez de 

VTR de 8 de febrero de 2007. Asunto: Decodificadores satelitales nuevos). 

Siendo así las cosas, cuando la conducta de VTR ha gozado de plena justificación legal 

desde la perspectiva de las distintas normativas que le son aplicables; cuando ello ha sido 

confirmado por una Sentencia Civil dictada luego de cuatro años de desarrollo de un 

proceso extenso y documentado; cuando, al mismo tiempo, en lo que se refiere a UCTV, 

dicha conducta le ha generado importantísimos beneficios, esta parte genuinamente no 

comprende cuál es la conducta abusiva que se le pretende imputar y, más aun, cuál es el 

supuesto perjuicio que a partir de esa conducta se le pretende atribuir. 

A esta materia nos referiremos en las secciones siguientes, donde mostraremos que un 

análisis de libre competencia no hace más que confirmar las conclusiones que en sede 

civil se han alcanzado sobre la conducta de VTR. Ello no puede ser de otra manera 

cuando, según se ha expuesto en lo principal de este escrito, las infracciones a la libre 

competencia que la Demanda ha imputado a VTR están constituidas, ni más ni menos, 

por el supuesto desconocimiento de los mismos derechos cuya titularidad se ha discutido 

–y se sigue discutiendo- en sede civil. Dicho lo anterior, entraremos a continuación al 

análisis de los mercados relevantes involucrados (sección V), para luego mostrar cómo 

en este caso no ha existido ninguna actuación anticompetitiva de parte de VTR (sección 

VI). 

V. 

Mercados relevantes. 

Efectuada ya una descripción de los hechos y del contexto en el que se enmarcó el actuar 

de VTR, corresponde ahora efectuar una descripción, en la perspectiva de lo que 

corresponde a un caso de libre competencia, de los mercados relevantes envueltos. 

La delimitación del mercado relevante tiene una doble dimensión, por un lado busca 

responder a la pregunta de cuál es la extensión geográfica del mercado, y por el otro, qué 

producto o grupo de productos lo componen. De ahí que se hable del mercado relevante 

geográfico, por una parte, y por la otra, del mercado relevante del producto. 

Así, el Tribunal y la Comisión de la Unión Europea, han definido el mercado relevante 

como: 

“El mercado del producto comprende la totalidad de los productos y servicios 

que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus 

características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos” 46. 

46 Comunicación de la Comisión C372, de 9 de diciembre de 1997, relativa a la definición de mercado de referencia a 

efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia. 

55

“Según jurisprudencia consolidada, el mercado geográfico pertinente comprende 

un área en la cual las empresas afectadas participan en la oferta y la demanda de 

los productos o servicios pertinentes, las condiciones de la competencia son 

similares o suficientemente homogéneas y puede distinguirse de las zonas vecinas 

por ser considerablemente distintas las condiciones de la competencia 

prevalentes. (...)” 47. 

V.1. Mercado relevante geográfico. 

Dada la extensión nacional de las concesiones de UCTV y, por lo tanto de la emisión de 

su señal, dado que las redes de VTR tienen presencia en gran parte de las regiones del 

país, y dado que las imputaciones de UCTV no se han limitado a un área geográfica 

determinada, sino que al conjunto de la relación existente entre las dos compañías dentro 

del país, consideraremos para estos efectos al mercado relevante geográfico como uno de 

alcance nacional. 

V.2. Mercados relevantes del producto y características de los mismos. Posición 

de VTR. 

V.2.1. Mercado relevante de aprovisionamiento (“aguas arriba”). ¿Forma la señal 

abierta de UCTV parte de ese mercado? 

En este mercado interactúan normalmente proveedores de señales de pago que elaboran 

señales destinadas a ser transmitidas por empresas de televisión de pago, y estas últimas 

empresas. Estos proveedores en un número importante de casos tienen el carácter de 

internacionales y se relacionan con las empresas de televisión de pago en cada país de 

que se trata. Algunos de ellos son también proveedores nacionales. Los productos que 

suministran normalmente están constituidos por canales de pago especializados, que 

buscan satisfacer necesidades particulares y segmentadas de la audiencia. Así, se 

encuentran proveedores de canales infantiles (como Disney Channel o Discovery Kids), 

de películas (como HBO o Cinecanal), de deportes (como ESPN o Fox Sports), de 

cultura (como Discovery Channel, History Channel o National Geographic), de 

noticieros (como BBC, CNN o Fox News), de música (como MTV o Zona Latina) o de 

materias más misceláneas (como Gourmet, Discovery Travel, Fox Life o Vía X). Dentro 

de estos proveedores, algunos dirigen sus productos a la llamada programación “básica” 

de las empresas de televisión pagada, mientras que otros lo hacen a la denominada 

programación “premium”. 

Las relaciones entre proveedores de señales de pago y empresas de televisión de pago 

son de mutuo beneficio: los proveedores consiguen a través de las empresas de televisión 

de pago la distribución, ojalá lo más atractiva y eficaz posible, de sus productos; y, a su 

vez, las empresas de televisión de pago procuran lograr, a través de la contratación de las 

señales de pago, el más adecuado mix de productos particularmente elaborados para 

satisfacer necesidades especiales de sus clientes y lograr de esta manera competir con la 

mayor eficacia posible en el mercado “aguas abajo”. 

47 Directrices de la Comisión sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro del 

marco regulador comunitario de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas”, (2002/C 165/03), 

Comisión Europea, C 165/6-31, 11.7.2002. 

56

Las relaciones entre los proveedores, así descritos, y las empresas de televisión de pago 

suponen, según el atractivo de la señal de que se trate, un pago de parte de la empresa de 

televisión al proveedor, el que habitualmente se calcula en función del número de 

suscriptores que la empresa de televisión tiene y quienes a su vez contratarán la 

recepción de la programación del proveedor de que se trata y pagarán por ella; y, por 

otro lado, como contraprestación para la empresa de televisión, prevé que ésta pueda 

contratar por sí publicidad para insertarla en la señal del proveedor y lucrar de ella, 

siendo el estándar internacional en muchas ocasiones el de otorgar a la empresa de 

televisión la libertad de vender por sí dos minutos de publicidad por hora de 

programación del proveedor. Ello, además de permitirse habitualmente a la empresa de 

televisión, en atención a las responsabilidades legales que asume por la programación, la 

de ajustar la programación a las exigencias de la normativa legal del país de destino (Vg., 

horario de mayores y menores de edad, publicidad de tabaco o de alcohol, publicidad de 

juegos de azar, etc.). 

Adicionalmente, parte de la contraprestación entregada consiste en la provisión de 

infraestructura a favor de los proveedores de señales de pago. En efecto, al entregar la 

infraestructura, lo que hacen los operadores de televisión de pago es distribuir a los 

usuarios finales estos productos –señales y contenidos de pago-, los que al no ser señales 

abiertas y libres, no están accesibles al público salvo por intermedio de un distribuidor 

de televisión de pago (de ahí que exista disposición a pagar por esa distribución, puesto 

que en ese caso se trataría de un bien escaso). Este servicio tiene variados costos, siendo 

los más obvios los siguientes: i) costos de infraestructura; ii) costo de oportunidad en el 

uso de un bien limitado (ancho de banda del cable coaxial); y, iii) costos de 

administración del servicio. En un esquema simple, los costos de esa infraestructura son 

asumidos por los usuarios finales que pagan para acceder a determinadas señales y 

contenidos, o bien por los emisores que desean acceder a determinado público. En la 

realidad, generalmente los costos son asumidos a través de acuerdos más complejos, en 

que una parte de éstos son soportados por los usuarios finales a través del pago de su 

cuenta, mientras que otra proporción es asumida por el proveedor cediendo a VTR 

espacio de tiempo para vender espacio publicitario, o bien, pagando un porcentaje de los 

ingresos que recibe por publicidad. 

Siendo así las cosas, la pregunta básica que se debe resolver es si concesionarias de 

señales abiertas, como UCTV, forman parte de los proveedores que se interrelacionan 

con VTR en el mercado de aprovisionamiento descrito. La respuesta, nuevamente, 

depende de la previa atribución legal de titularidad de derechos que se haga en relación a 

las concesionarias de televisión abierta. Por eso, inclusive la definición de mercado 

relevante para un caso de libre competencia como éste no puede efectuarse sin que se 

clarifique la previa atribución de derechos que se encuentra en discusión. En efecto, si es 

efectivo, como lo señala la Sentencia Civil, que las concesionarias de televisión abierta, 

por el estatuto legal que las rige, no se encuentran autorizadas para elegir quienes dentro 

del territorio nacional pueden recibir o no sus señales (derecho que sí es un presupuesto 

básico de las señales de pago que por su esencia están destinadas a ser recibidas por un 

número “limitado” de usuarios) y, como consecuencia, si es cierto que atendida la 

normativa legal vigente no pueden cobrar por sus señales, la conclusión sería que no 

forman parte del mercado relevante de aprovisionamiento que describimos. Y esto es 

esencial, por ejemplo, para definir si VTR incurriría o no, como lo imputa la 

demandante, en conductas injustas, de “desconocimiento de derechos”, de 

57

“discriminación arbitraria” o de “subsidios”. Pues bien, esas son las materias que 

precisamente están sometidas a dilucidación jurisdiccional en sede civil. 

VTR cree firmemente, por lo que ha explicado en las secciones I., II. y III. de este 

primer otrosí, que las concesionarias de televisión abierta no forman parte del mercado 

relevante de aprovisionamiento; que sus señales no constituyen bienes que se transan en 

ese mercado; que sus señales no son bienes por lo que se pueda cobrar en el mercado 

conexo “aguas abajo” de televisión de pago; y, que tales concesionarias no tienen la 

atribución legal básica que califica a un proveedor de televisión de pago, que consiste en 

elaborar sus señales para ser transmitidas a un público “limitado” y que les permite 

determinar quienes pueden y quienes no pueden, recibir sus señales. 

A la anterior diferencia hay que agregar que, es una práctica comercial usual el que, como 

contrapartida de la adquisición de las señales comerciales de los proveedores de pago que 

VTR incluye en su programación, se le otorgue a ella la facultad de incorporar publicidad 

a la misma (como se ha dicho, ordinariamente, dos minutos por cada hora de emisión). 

Esa publicidad es vendida y administrada por la misma VTR; y los ingresos obtenidos al 

efecto entran al patrimonio de VTR. UCTV no tiene derecho de conceder a VTR la 

administración de la publicidad de parte de su programación. Se lo prohíbe 

explícitamente el artículos 16 de la Ley de Televisión. 

“Ello no obstante, ninguna concesionaria podrá celebrar acto o contrato 

alguno que implique, legalmente o de hecho, facultar a un tercero para que 

administre en todo o parte los espacios televisivos que posea la 

concesionaria o se haga uso de su derecho de transmisión con programas y 

publicidad propios. Esta prohibición no obsta a acuerdos puntuales 

esencialmente transitorios destinados a permitir la transmisión de determinados 

eventos en conjunto, siempre que cada concesionaria mantenga su individualidad 

y responsabilidad por la transmisión que se efectúa.” 

Muestra ello, una vez más, que sus señales abiertas y públicas no han sido concebidas 

para su comercialización en Chile, desde que en nuestro país las radiofrecuencias que las 

contienen tienen la calidad de bienes nacionales de uso público. (Esto explica, por 

ejemplo, que la señal internacional de TVN sea suministrada por una entidad legal 

distinta a TVN, denominada Señal Internacional S.A., puesto que en lo que se refiere a 

un territorio distinto del chileno, sus señales pasan a carecer de la obligatoriedad de 

recepción gratuita que tienen en Chile). 

Esta discusión, acerca de la conformación de este mercado relevante, no es inédita ante 

este H. Tribunal. Precisamente se produjo con motivo del procedimiento de consulta 

que dio lugar a la Resolución 01. Así en la Resolución 01, quedó constancia en la parte 

expositiva, al evaluarse las condiciones que se impondrían a VTR en sus relaciones con 

sus proveedores, de la diferencia existente entre el trato a ser dado a las concesionarias 

de televisión abierta y a los proveedores de señales de pago, y ello precisamente por las 

diferencias de estatutos legales aplicables, y, además, porque se encontraba vigente a esa 

fecha el mismo procedimiento civil aún pendiente en que se discute la titularidad de los 

derechos de UCTV y TVN. Dicha diferencia luego fue recogida en las condiciones 

establecidas por este H. Tribunal en lo referido a las relaciones entre VTR y sus 

proveedores; esto es, precisamente, los proveedores de señales de pago. En efecto, en la 

página 22 de la mencionada Resolución 01, se puede leer, refiriéndose a las 

58

observaciones que las consultantes hicieron frente a las condiciones que la Fiscalía 

Nacional Económica (“FNE”) sugirió para la aprobación de la fusión: 

“A LA RESTRICCIÓN 6 [propuesta por la Fiscalía Nacional Económica], que 

dispone que la empresa fusionada deberá estar impedida de usar su poder 

monopsónico sobre terceros programadores nacionales que vendan señales o 

producciones de TV pagada, para negar injustificadamente la compra, u ofrecer 

un precio que no tenga relación con las condiciones competitivas del mercado. 

No tienen objeción en cuanto a que la empresa fusionada esté impedida de negar 

la compra de contenidos producidos en el país, de manera injustificada e 

incurriendo en una discriminación arbitraria adversa con respecto a las 

condiciones que aplique a la generalidad de tales proveedores en situación 

análoga. Lo anterior, en el entendido, además, de que esta restricción no 

implica la obligación de pagar a los canales abiertos por la transmisión de 

sus contenidos, ni tampoco por el contenido de empresas competidoras de la 

empresa fusionada o proveedoras de contenidos de eventos específicos tales 

como fútbol, así como que tampoco constituye una obligación “must carry”.” 

Luego en la página 26, refiriéndose este H. Tribunal a las observaciones efectuadas por 

la FNE al traslado evacuado por las consultantes, se deja constancia de la siguiente 

opinión de la FNE: 

“Añade [la FNE] que las consultantes interpretan la condición referida al uso de 

poder monopsónico sobre terceros programadores nacionales, en el sentido de 

que ‘no implican la obligación de pagar a los canales abiertos por la 

transmisión de sus contenidos ni tampoco por el contenido de empresas 

competidoras de la empresa fusionada o proveedoras de contenidos de eventos 

específicos, tales como fútbol, conciertos, así como tampoco constituye la 

obligación de “must carry”. 

A este respecto señala que el informe evacuado por ella no se pronuncia 

sobre las relaciones o eventuales litigios que pudieran surgir de la relación 

entre canales abiertos y la empresa fusionada. Asimismo, en cuanto a los 

eventos específicos, no debe comprenderse dentro de este concepto a los canales 

temáticos, ni tampoco se ha planteado una obligación de tipo “must carry”.” 

(Énfasis agregado). 

Finalmente, recogiendo las prevenciones anteriores, en la parte resolutiva de la 

Resolución 01, estableció la siguiente condición para aprobar la fusión: 

“QUINTA. Se prohíbe a la empresa fusionada usar su poder de mercado sobre 

terceros programadores que vendan señales o producciones de TV 

pagada, para negar injustificadamente la compra, u ofrecer por ellas un precio 

que no tenga relación con las condiciones de competencia del mercado.” 

Lo anterior deja en evidencia que este H. Tribunal, conociendo de las diferencias de 

estatutos aplicables a las concesionarias de televisión abierta y a los proveedores de 

señales de pago, al establecer el concepto de “compra” de señales o producciones, al 

fijar condiciones relativas al pago por las señales de los proveedores o reglar otros 

requisitos comerciales de esa compra, limitó sus exigencias a las relaciones que puedan 

existir entre VTR y los “terceros programadores que vendan señales o producciones de 

televisión pagada”. Tal obviamente no es el caso de UCTV, con lo que se reafirma que 

UCTV no forma parte del mercado de aprovisionamiento que ahora describimos. Así 

fue entendido por este H. Tribunal en su oportunidad. 

59

La jurisprudencia comparada, al analizar el mercado de provisión de contenidos, 

también ha diferenciado entre los proveedores de señales de pago y los canales de 

televisión abierta (o libre). Así en una reciente fusión la Comisión Europea decidió: 

“37. Estos mercados intermedios juntan a productores de canales de televisión y 

distribuidores de servicios de televisión pagada. Las decisiones de la Comisión han 

diferenciado de manera consistente entre canales de televisión libre y canales de 

televisión de pago. Esta distinción se basa principalmente en las diferencias entre sus 

modelos de financiamiento. Los canales libres se financian principalmente por los 

ingresos de publicidad (los canales públicos pueden financiarse también por 

fondos públicos), mientras que los canales de televisión de pago se financian 

principalmente por tarifas pagadas por los distribuidores. 

38. La diferencia de remuneración en lo que respecta a los canales de televisión de pago y 

los canales libres, afecta principalmente a los distribuidores de televisión, que tienen que 

soportar costos sólo para la distribución de los canales de televisión de pago (la tarifa que 

pagan al productor o, en el caso de canales opcionales, las tarifas pagadas por los clientes 

son compartidos por el productor y el cliente), en cuanto la distribución de los canales 

libres no les cuesta nada. Así, en el lado de la demanda, i.e. para los distribuidores de 

televisión, estos dos tipos de canales no son sustitutos. En lo que respecta la 

sustitución desde el lado de la oferta, no todos los productores pueden alterar el sistema 

de financiamiento de su canal, y en cualquier caso esto tomaría tiempo e implicaría un 

riesgo substancial. La transformación de un canal de televisión de pago en un canal libre 

implica riesgos considerables. El canal debe tener una reputación suficiente para atraer 

auspiciadores y debe en lo posible tener un buen respaldo publicitario. Además, el 

mercado de la publicidad no es ilimitado y por lo tanto no puede financiar un número 

infinito de canales. […] 

39. Por último, los canales “libres”, que operan a través de sus ingresos en publicidad son, 

en principio transportados por todos los distribuidores, a diferencia de un número 

significativo de canales de televisión de pago, respecto de los cuales los distribuidores 

tienen derechos exclusivos (en la actualidad sólo el grupo Canal+). Así, mientras sirven 

para aumentar los servicios ofrecidos por los distribuidores de canales de pago, en 

particular aquellos de los operadores de televisión DSL, los programas ofrecidos por los 

canales libres no son del tipo que puedan permitir a los distribuidores hacer 

ofertas de televisión pagada que sean lo suficientemente atractivas para generar 

suficientes ganancias” 48 . 

Por último, y confirmando lo señalado en este punto, UCTV sí puede formar parte del 

mercado de proveedores de señales de pago, y así lo hace, cuando lo que ofrece a VTR 

es una programación distinta a la que constituye su señal de libre recepción 

precisamente, cuando ofrece una programación de pago. En este caso actúa como 

cualquier proveedor de señales de pago y VTR le da el tratamiento de tal. Por eso es que, 

por ejemplo, cuando UCTV ha elaborado contenidos especiales para la televisión de 

pago, VTR ha contratado con ella la transmisión de esos contenidos específicos. Tal fue 

el caso de la programación complementaria al Festival de la Canción de Viña del Mar 

que elaboró UCTV durante el verano del año pasado, cuya transmisión por VTR se 

48 Caso COMP/M. 4504 SFR/Tele 2 France. Traducción propia del inglés: “37. These intermediate markets bring 

together TV channel producers and distributors of pay-TV services. Commission decisions have consistently drawn a 

distinction between free and pay TV channels. This distinction is based manly on the differences between the 

financial models of these channels. The free channels are chiefly financed by advertising revenues (public channels 

may also be financed by public funds) whereas pay-TV channels are mainly financed by the fees paid by distributors. 

38. The difference in remuneration as regards pay –TV channel and free channels affects mainly TV distributors, who 

have to bear a cost only for distribution of pay-TV channels (the fee they pay the producer or, in the case of optional 

channels, the fees paid by the customer are shared between the producer and distributor), since distribution of the 

free channels costs them nothing. Thus, on the demand side, i.e. for TV distributors, these two types of channel are 

not substitutable. As regards supply-side substitutability, not all producers can alter the financial model of their 

channel, and in any case this would take time and involves considerable risks. The channel must be sufficiently 

reputable to attract advertisers and should preferably have good advertising back-up. Furthermore, the advertising 

market is not inexhaustible and therefore cannot finance and infinite number of channels. […] 

39. Lastly, the ‘free’ channels, which operate through advertising revenues, are in principle broadcast by all the 

distributors, unlike a significant number of pay-TV channels to which distributors have exclusive rights (currently 

only the Canal+ group). Thus, while they serve to enhance the services offered by pay-TV distributors, in particular 

those of DSL TV operators, the programmes offered by the free channels are not of a kind enabling distributors to 

provide pay-TV offerings that are sufficiently attractive to generate enough profit”. 

60

acordó entre las partes el 20 de febrero de 2007, por medio de un contrato que se 

acompaña en el segundo otrosí, el que contiene, entre otros, los siguientes aspectos 

relevantes que dan cuenta de cómo en ese particular caso lo que ofreció UCTV fue una 

señal de pago: 

“1. Objeto. UCTV suministrará en forma exclusiva a VTR ciertos contenidos 

televisivos correspondientes a una señal especial de televisión denominada ‘Señal 

II del Festival de Viña’ (la ‘Señal’), la que consistirá en una programación especial 

que cubrirá en directo ciertos aspectos del Festival distintos de aquellos que 

formarán parte de las transmisiones generales de los canales de televisión 

de libre recepción. La Señal será suministrada por UCTV diariamente durante la 

realización del Festival, entre los días 21 y 26 de febrero de 2007, ambos inclusive, 

comenzando a las 21:00 horas de cada día y hasta transcurridos al menos 30 

minutos después del término de cada jornada. 

Precios. Como contraprestación por los derechos contemplados en la presente 

Carta Acuerdo, VTR pagará a UCTV los siguientes precios (...). 

Publicidad. VTR tendrá derecho a insertar, libremente y sin limitación, 

publicidad y/o avisos. A fin de facilitar el ejercicio de este derecho, UCTV 

comunicará la existencia de la Señal a los actuales auspiciadores del Festival, a fin 

de que VTR pueda contactarlos directamente y ofrecerles en forma preferente la 

inserción de publicidad y/o avisos”. 

En cuanto a la posición de VTR como demandante en este mercado, al estar 

directamente vinculada a su posición como oferente en el mercado conexo de la 

televisión de pago, trataremos el punto en la sección siguiente. Sólo adelantaremos que 

la evolución que ha mostrado el mercado en los últimos tres años deja en total evidencia 

que VTR no tiene en el mismo una posición de aquella que resulta preocupante para los 

efectos de la libre competencia. 

En suma, en su calidad de concesionaria de televisión abierta, UCTV no forma parte del 

mercado relevante de aprovisionamiento al que nos hemos referido, y resulta que es en 

esa precisa calidad que ella presenta la Demanda. Ahora, en lo que se refiere a las 

relaciones que VTR mantiene con las concesionarias de televisión abierta que son 

recibidas por sus redes, relaciones que, por todos los fundamentos entregados, no 

podemos calificar que se den dentro de un “mercado de aprovisionamiento”, lo cierto es 

que ellas se dan en los mismos términos en que se dan respecto de UCTV: constituyen 

una recepción libre, desde el aire, salvo cuando las propias concesionarias solicitan a 

VTR la recepción de sus señales desde satélites (como lo ha hecho UCTV) por la vía de 

entregar a VTR los pertinentes descodificadores. 

V.2.2. Mercado de la televisión de pago (“aguas abajo”). 

Desde la perspectiva de la relación con los consumidores, existe el mercado de la 

televisión de pago. Se trata del mercado en el cual ciertas empresas, a través de distintas 

tecnologías (Vg., a través de cable coaxial, de satélite, de microondas, y televisión vía 

Internet, crecientemente en el futuro cercano), compiten ofreciendo a los consumidores 

paquetes de programación televisiva, adecuados a sus intereses, que los consumidores 

contratan, pagando por ello. Las empresas de televisión de pago, a través de sus 

infraestructuras o tecnologías contratadas, hacen llegar las programaciones adquiridas a 

los hogares de los usuarios, a través de cables u otros equipamientos adosados al 

televisor de éstos. Modalidades de la oferta de las empresas de televisión de pago son los 

paquetes de programación “básica”, “premium”, “pay per view”, o “a la carta”. 

61

La tecnología de la que dispongan las empresas de televisión de pago es esencial para 

determinar la mayor o menor capacidad y ductilidad que tienen para ofrecer distintos 

tipos de programaciones: así mientras una empresa de televisión por cable con 

tecnología analógica tendrá restricciones técnicas para ofrecer más de un número 

limitado de cerca de 60 canales, una empresa de televisión satelital o de cable con 

tecnología digital, tendrá capacidad de entregar un número sustancialmente mayor de 

señales; de la misma manera que la tecnología digital entrega a las empresas de televisión 

de pago la posibilidad de entregar a sus usuarios mayor diversidad de programación, de 

libertad para el consumidor de definir esa programación y mayor interactividad. Ello 

resulta en incentivos relevantes para que las empresas de televisión de pago inviertan en 

desarrollar sus redes, hacerlas crecer e incorporar en ellas tecnología de punta. 

En este mercado, las empresas de televisión de pago compiten por las preferencias de 

los clientes por la vía de ofrecerles el más adecuado y atractivo mix de programación (la 

que requiere por ello ser variada y equilibrada de acuerdo a los intereses de la mayoría de 

los usuarios); contenidos exclusivos; tecnologías que faciliten la contratación de eventos 

especiales o a la carta; mejores precios; y atención al cliente entre otros. 

Pues bien, nuevamente cabe preguntarse si, como parece darlo a entender la Demanda a 

fojas 10, UCTV es competidor de VTR en este mercado. Pues bien, parece ser, de 

acuerdo a lo que ha resuelto este H. Tribunal, que la televisión de pago y la televisión 

abierta no compiten en un mismo mercado por captar el consumo por servicios de 

televisión. Así, en la Resolución 01 se concluyó: 

“i) TV por cable y TV abierta. 

Cuando se analizan estos dos servicios, es posible apreciar que existen entre ellos 

notorias diferencias en la cantidad de canales que ofrecen y en las temáticas de sus 

parrillas programáticas. La TV abierta, como ya se dijo, tiene una cantidad menor 

de canales con una programación diaria variada, mientras que el cable ofrece una 

gran cantidad de ellos, varios de los cuales se dedican en forma exclusiva a una 

determinada temática (estrenos, música, deportes, noticias internacionales, 

historia, etc.). Además, quienes disfrutan de TV por cable acceden a determinadas 

películas o eventos, con anticipación a quienes sólo acceden a la TV pública. 

La TV por cable ofrece, en todos los horarios, contenidos variados en sus 

distintos canales y su programación, abarca continuadamente las 24 horas del día, 

lo que no es atribuible a la TV abierta. Además, el tiempo dedicado a las tandas 

publicitarias es mucho mayor en la TV abierta. 

Así también el expediente contiene una encuesta del Consejo Nacional de 

Televisión en la que un 66,2% de los encuestados aduce razones económicas para 

no contratar TV cable. 

En definitiva, la TV cable y la TV abierta son productos diversos toda vez 

que poseen grillas programáticas diferentes en cuanto a cantidad, 

variedad, especialidad y oportunidad. La TV pagada es percibida por los 

consumidores como un producto distinto de la TV abierta y muestran una 

disposición a pagar una cantidad considerable de dinero por acceder a ella, 

independientemente del número de horas que destinen a su uso, que es 

relativamente menor que el que dedican a la TV abierta. 

Puede existir una sustituibilidad ocasional entre programas de TV abierta y de TV 

cable, pero este último producto, mirado como un conjunto, no es sustituible por 

la TV abierta desde el punto de vista de la demanda”. 

Asimismo, muy recientemente, este abril de 2008, la FNE analizando el mercado de la 

televisión “aguas abajo”, concluyó lo mismo: 

62

“34. Por otro lado, esta Fiscalía considera, en lo que a TV pagada respecta, que 

éste corresponde a un mercado de producto diferente al de la TV abierta o al del 

cine, independientemente de la plataforma empleada para proveer el servicio” 49. 

En la experiencia comparada también se han considerado como mercados diversos los 

mercados de la televisión abierta y pagada desde la perspectiva de los televidentes. Así, 

en la decisión de la Comisión Europea antes citada se señala: 

“45. La práctica consistente de la Comisión, que ha sido confirmada por una 

decisión reciente, ha sido la de considerar la distribución [a los consumidores 

finales] de televisión de pago y televisión libre como dos mercados separados. El 

principal argumento expuesto en sustento de esta diferenciación es la manera 

distinta en que estos dos tipos de televisión se financian. La televisión de pago 

establece una relación comercial entre el distribuidor de televisión y la audiencia, 

mientras que la televisión libre sólo establece una relación entre ésta y los 

auspiciadores. De manera similar, desde la perspectiva de los 

telespectadores, mientras existe una interacción innegable entre los dos 

mercados de televisión, puede establecerse una distinción basada en si la 

oferta de servicio de televisión se recibe sin un costo específico o si es 

resultado de una suscripción que permite el acceso a cierta programación 

que no estaría disponible de otra forma. Las ofertas de la televisión de pago y 

de televisión libre, en consecuencia, no son sustitutas desde la perspectiva de la 

demanda. La investigación del caso concreto no desafía esta distinción básica” 50. 

Habiéndose ya definido el mercado de televisión de pago, es muy relevante señalar que 

la Demanda derechamente hace un análisis alejado de la realidad del mismo cuando 

pretende hacer creer que, desde la fecha de la Resolución 01 hasta este momento, la 

participación de VTR se habría modificado en forma “muy discreta”. Esta parte, H. 

Tribunal, no calificaría de “muy discreta” una evolución del mercado que se ha 

caracterizado porque sólo en tres años (desde marzo de 2005, cuando se dictó el 

cúmplase de la Resolución 01 hasta la fecha), VTR ha perdido cerca de 20 puntos 

porcentuale 51 de participación de mercado; se pudo desarrollar sin trabas un competidor 

pequeño como Zap; luego se han incorporado al mercado competidores del tamaño de 

Telefónica y Telmex, ésta adquiriendo a Zap; se ha desarrollado la tecnología digital, la 

programación pay per view entre otros; se han reducido los precios; las promociones por 

obtener las preferencias de los consumidores abundan, etc. Cabe notar en este punto las 

sustanciales rebajas de precios que han presentado los servicios de televisión por satélite, 

y las ofertas con que se han publicitado, lo que sumado a sus características de ubicuidad 

y a su tecnología digital, los han hecho ser competitivos actualmente con la tecnología de 

cable coaxial de VTR Haciendo un símil, H. Tribunal, lo que a VTR le ha tomado más 

de 10 años en el mercado de la telefonía local (se demoró entre 1997 y 2008 para 

alcanzar un 16% del mismo), Telefónica lo hizo en dos en el mercado de la televisión de 

49 Presentación de la Fiscalía Nacional Económica de fecha 1 de abril de 2008, en el marco del Juicio Rol N°138-2007, 

“Telsur S.A con VTR Banda Ancha Chile S.A.” 

50 Caso COMP/M. 4504 SFR/Tele 2 France. Traducción propia del inglés de lo siguiente: “45. The Commission’s 

consistent practice, which was confirmed by a recent decision, has been to consider distribution of pay TV and free 

TV as two separate product markets. The main argument put forward in support of this breakdown is the different 

type of financing of these two types of TV. Pay TV establishes a commercial relationship between the TV distributor 

and the viewer whereas free TV only establishes a relationship between the TV distributor and the advertisers. 

Similarly, from the viewer’s standpoint, while there is undeniably interaction between the two TV markets, a 

distinction can be drawn based on whether the TV service offering is received for no specified cost or is the result of 

subscription allowing access to certain programmes not otherwise available. Pay-TV and free-TV service offerings 

are therefore not very substitutable from the standpoint of demand. The investigation of the case at hand does not 

challenge this basic distinction”. 

51 El detalle numérico se encuentra más adelante. 

63

pago (ingresó el 2006 y tiene ya un 17% del mercado): eso da cuenta, ni más ni menos, 

de la plena desafiabilidad del mismo. 

En efecto, en cuanto a la evolución en la participación de mercado de VTR, cabe señalar 

que, en el momento previo a la fusión entre VTR BA y MI, según quedó constancia en 

el expediente, la participación de VTR en el mercado de la distribución de televisión de 

pago era de 58%, mientras que la de MI alcanzaba 30%. El 12% restante se encontraba 

relativamente atomizado. Hoy en día, luego de producida la fusión, las condiciones de 

mercado han cambiado radicalmente. En poco más de tres años la intensidad de la 

competencia ha sido tal, que la estructura de mercado ha mutado esencialmente. De una 

participación de mercado aproximada de 88% el año 2004, a diciembre de 2007 ésta 

había disminuido en 20 puntos porcentuales, reduciéndose, según datos de Subtel, a un 

68,38% 52 . En comparación con otras industrias que funcionan bajo economías de redes, 

como lo es la telefonía fija, o incluso con cualquier otra industria, una disminución de 20 

puntos porcentuales en un período de tiempo tan corto es una clara evidencia de que 

VTR no detenta una posición de dominio en el mercado. 

Cabe destacar que las dificultades de acceso al mercado de la televisión pagada son cada 

vez más bajas, sin que existan propiamente barreras a la entrada al mismo. Prácticamente 

no existen limitaciones regulatorias, salvo por la obtención de un permiso limitado de 

televisión, y con la aparición de nuevas tecnologías como la televisión IP y la 

consolidación de otras –como la televisión satelital- el ingreso a este mercado por parte 

de nuevos actores no se encuentra restringido de manera alguna. 

Luego, los precios de instalación entre los servicios de televisión de pago suministrados 

por cable y prestados a través de plataforma satelital se han igualado. Y el que los costos 

de la televisión por cable y los costos de la televisión satelital se hayan equiparado, no es 

un dato menor, puesto que la segunda plataforma no presenta barreras de entrada 

significativas. Así, este H. Tribunal en la Resolución 01, señaló al respecto: 

“La televisión pagada vía satélite y/o microondas son plataformas cuyo desarrollo no 

presenta barreras legales ni tecnológicas significativas para la entrada de nuevos 

competidores que puedan desafiar la posición dominante de la fusionada en el 

mercado de la televisión pagada.” 

Prueba de lo anterior, es que en el breve período de tiempo que ha transcurrido desde la 

dictación de la Resolución 01 hasta el día de hoy, han surgido nuevas empresas que 

prestan este servicio, como una empresa pequeña Zap Televisión -que después de crecer 

fue adquirida por Telmex por 20 millones de dólares- y Telefónica, y las que los 

prestaban al momento de la fusión se han consolidado como actores de peso dentro del 

mercado de televisión de pago. Corroborando lo señalado, según los datos que aparecen 

en Subtel 53 , entre mayo de 2006 y diciembre de 2007, la televisión de pago satelital pasó 

de tener de 102.342 suscriptores a 370.718. Es decir, en poco más de un año y medio 

creció en volumen más de tres veces. Cabe destacar que los operadores de televisión 

satelital, por las características de su tecnología, no se encuentran limitados a tender 

redes para prestar sus servicios, por lo que prestan servicio en todo el territorio nacional. 

52 Disponible en http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20070212/pags/20070212182348.html. 

53 Disponible en: 

http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20070212/asocfile/20070212182348/1_series_servicios_limitados_tvdic0 

7.xls. 

64

Además, han aparecido nuevas tecnologías de televisión IP, que tampoco presentan 

barreras, y que han demostrado ser competitivas, tales como la televisión digital “WiTV” 

de Telsur. Este tipo de tecnologías permite utilizar la infraestructura ya instalada para 

prestar servicios de telefonía fija y acceso a Internet, en la prestación de servicios de 

distribución de televisión de pago. 

Así, cabe concluir que las barreras de entrada que fueron consideradas y evaluadas al 

momento de permitirse la fusión de VTR BA con MI, hoy en día han sido en gran 

medida superadas. Además, existen indicios fuertes de que las plataformas por las que se 

podrá prestar servicios de televisión de pago seguirán expandiéndose en el futuro 

inmediato, lo que implicará una aun mayor presión competitiva en este mercado. 

Entonces, este mercado, como bien lo previó este H. Tribunal al dictar la Resolución 

01 54 es hoy un mercado que ha demostrado un enorme dinamismo, una sustancial 

reducción de las barreras de entrada, la eficacia competitiva de las tecnologías 

inalámbricas (y el caso de la competencia por vía satelital es ilustrador) y la 

incorporación de muy intensa competencia. Así lo ha dejado en evidencia, hace sólo 

unos días atrás, la FNE en un informe presentado ante este H. Tribunal (causa Rol C- 

138-2007): 

“29. Lo anterior se ve reforzado por la propia evolución del mercado de televisión pagada 

desde la dictación de dicha Resolución [se refiere a la Resolución 01]. En efecto, a la 

época de la consulta que diera origen a aquella Resolución existía una notoria 

diferencia en costos entre la televisión de pago vía satelital y la ofrecida por cable, 

pero en la actualidad se observa que los precios a público de dichos servicios han 

ido convergiendo, lo que entrega evidencia en orden a que la diferencia de costos ha 

evolucionado del mismo modo. 

“31. El crecimiento de la televisión satelital se debe principalmente a una reducción en los 

costos de instalación del servicio, tanto en equipamiento de antenas, como de los set top 

box (cajas decodificadoras de la señal) y a las ofertas conjuntas con servicios de telefonía 

local y acceso a Internet. 

33. Actualmente los costos de instalación para Televisión Satelital están decreciendo y en 

algunas ocasiones existen promociones de gratuidad en la instalación asociadas al pago de 

la mensualidad del producto ‘Pack’ mediante el sistema de Pago Automático en Cuenta 

Corriente (PAC) realizado a través de cuenta bancaria. Similar suceso ocurre con la 

Televisión vía Cable”. 

En un contexto como ése, la posición de VTR está siendo desafiada día a día, y nuestra 

representada ha debido multiplicar sus esfuerzos comerciales para intentar retener la 

preferencia de los consumidores. Esto revela que no cuenta con una posición que le 

permita aumentar su rentabilidad a través de acciones unilaterales, esto es, de aquella que 

resulta preocupante para los efectos de la libre competencia. 

En este punto es importante mencionar que el mercado de aprovisionamiento de señales 

de pago que se ha descrito precedentemente, y este mercado de televisión de pago aguas 

54 “Este tribunal tiene el convencimiento de que, en el mediano plazo, el dinamismo económico tecnológico del 

sector eliminará esa posición dominante en la TV pagada, aumentando la competencia en todo el sector de 

telecomunicaciones. Incluso en el caso de que así no fuese, y sólo la TV pagada por cable fuese factible 

económicamente para proveer este servicio, es altamente probable que en las zonas más atractivas, en que hoy 

coexisten los servicios de las consultantes, pudiera entrar un competidor con igual tecnología, dado que las 

economías de escala no parecen tan relevantes”. 

65

abajo, son mercados conexos, en el sentido de que no puede entenderse la evolución del 

uno sin analizar la del otro y, también, en el sentido de que lo que se resuelva en el 

primero también afectará directamente lo que suceda en el segundo. En este sentido, y 

más allá de las materias de titularidad de derechos a las que nos hemos referido 

latamente, lo cierto es que lo que requiere la Demanda de UCTV respecto de sus 

relaciones con VTR –como sería que UCTV pasara a ser un proveedor de televisión 

pagada-, necesariamente afectaría la posición competitiva de VTR en el mercado aguas 

abajo de relación con los consumidores. Y esto sería especialmente grave pues la 

Demanda se dirige únicamente contra VTR, mas no respecto de sus competidores. El 

que UCTV pasara a ser un proveedor de señales de pago –más allá de su ilegalidad- 

afectaría sin dudas la estructura de costos de VTR y, por efectos de la competencia 

existente en el mercado aguas abajo y que se ha descrito, afectaría obviamente los 

precios a ser pagados por los suscriptores de VTR, poniéndola en una posición de 

injusta e ilegítima desventaja competitiva. 

V.2.3. Mercado de contratación de espacio publicitario. 

La industria de contratación de espacios publicitarios, que vincula a las empresas 

anunciantes –a través de intermediarios normalmente, agencias de publicidad u otros- 

con los medios en los cuales se efectúan esos anuncios, es una industria en que compiten 

por la preferencia de los avisadores diferentes medios como la prensa escrita diaria o 

periódica, la radio, las paletas publicitarias en las calles, Internet, entre muchos. En una 

industria así definida, la participación de VTR como destinatario de espacios 

publicitarios es simplemente mínima, como se verá. 

Si se mira más detalladamente esta industria desde la perspectiva de la televisión como 

vendedora de espacios publicitarios, lo cierto es que ella se encuentra estrechamente 

ligada al mercado tratado en el punto anterior (y en ese sentido también es conexa al 

mismo), y al igual que en ése, existen buenos motivos para considerar que la televisión 

de pago y la televisión abierta no son competidores. Y esto es relevante, pues uno de los 

fundamentos que se encuentran detrás de la imputación de ilícitos anticompetitivos a 

VTR en la Demanda, y de atribución a VTR de intencionalidad anticompetitiva es que, 

en la mirada de UCTV, VTR haría estas acciones ilícitas con el objeto de extraerle 

abusivamente una participación relevante en el mercado de comercialización de espacios 

publicitarios. 

¿Y por qué la televisión de pago y la televisión abierta realmente no compiten o, incluso 

si lo hicieran, la participación de la televisión de pago –y dentro de ella de VTR- sería 

ínfima? Porque por motivos relativos a los mecanismos de financiación de la televisión 

abierta y de la televisión pagada, el producto presenta características diversas. Por un 

lado, la televisión abierta ofrece segmentos publicitarios de larga duración que pueden 

llegar a 20 minutos por cada hora de transmisión, con la posibilidad de administrar el 

tiempo disponible según la demanda que tenga, y orientados a un público poco 

segmentado. En el caso de la televisión de pago, las características del espacio 

publicitario son precisamente las opuestas: en general la televisión de pago se caracteriza 

por mantener espacios comerciales sustancialmente más cortos, y en concreto, VTR 

como vendedor de espacio sólo dispone, en el mejor de los casos, de dos minutos por 

cada hora, los que no puede administrar según la demanda (esto es, habitualmente son 

los proveedores de las señales de pago quienes definen los espacios de publicidad y 

66

venden la mayor parte de su contenido, sin intervención de VTR), tratándose además de 

espacios altamente segmentados. 

La sustitución a nivel de oferta, al menos en el corto plazo, resulta imposible. La 

televisión abierta, al ser financiada principalmente por publicidad (de hecho, sólo 

establece una relación comercial con sus avisadores, no con los televidentes), necesita 

disponer de una gran cantidad de tiempo destinado a la venta de espacio publicitario. 

Por su parte, los operadores de televisión de pago disponen de un tiempo muy reducido 

que pueden destinar a la venta de espacio publicitario (el que depende de los convenios a 

los que lleguen con señales internacionales, los que a su vez se rigen por prácticas 

internacionales que VTR, por ejemplo, no tiene ninguna capacidad de influir), lo que a 

su vez es esencial para mantener el atractivo de la programación por la que los usuarios 

están pagando. No puede por eso ofrecer espacios publicitarios siquiera comparables, en 

extensión, con los de la televisión abierta. 

Desde la perspectiva de la demanda, (esto es de los avisadores), no parecen ser 

percibidos como bienes sustitutos. Una prueba de ello es el precio en que se vende uno 

y otro producto. En efecto, un spot publicitario en VTR, en el mejor de los casos, 

considerando su precio unitario, puede ser vendido en alrededor de $40.000 a $70.000, 

mientras que en la televisión abierta puede llegar a costar hasta $3.000.0000 el spot. Esto 

está directamente relacionado con el hecho de que por su segmentación, público 

limitado y su todavía percepción como bien suntuario, los usuarios de televisión por 

cable son sustancialmente menores en número que los televidentes de la televisión 

abierta. De allí que los precios pagados por uno u otro sean incomparables. De hecho, el 

espacio publicitario a través de la televisión de pago es percibido por los avisadores, en 

el mejor de los casos, como un bien complementario al avisaje en televisión abierta, en el 

contexto de campañas publicitarias extensas. 

Por último, si el espacio publicitario en la televisión de pago fuera un bien sustituto del 

espacio publicitario de televisión abierta, sería difícil de explicar por qué la misma VTR 

se avisa principalmente en este último medio. Tanto es así, que sólo a la propia UCTV, 

VTR le paga aproximadamente 660 millones de pesos al año por contratación de 

espacios publicitarios. Si efectivamente el espacio publicitario de la televisión de pago 

fuera sustituto de la televisión abierta, lo lógico sería que VTR tendiera a promocionarse 

a través de sus medios propios considerando la inmensa diferencia de precios existente. 

Sin perjuicio de lo señalado, sólo a título de hipótesis, en caso de estimarse que 

efectivamente la televisión de pago y la televisión abierta compitieran en un mismo 

mercado de venta de espacio publicitario, no sería precisamente VTR quien tendría una 

posición de dominio en tal mercado, sino que por el contrario, serían los canales 

abiertos, en especial UCTV y TVN quienes la tendrían. En efecto, según los datos de 

ACHAP 55 , la inversión publicitaria al año 2006 (valores en millones de pesos) se repartió 

de la siguiente manera: 

55 ACHAP, “Inversión Publicitaria 2006”, disponible en: 

http://www.achap.cl/estudios/inversion/Inv_Pub_06.pdf. 

67

Si esta información se limita a los medios televisivos, lo cierto es que la participación de 

VTR es mínima pues toda la industria de televisión de pago representa el 3,4% según 

información de ACHAP (y nótese que, dentro de esa cifra, el porcentaje que representa 

a VTR incluye la publicidad contratada con ella misma y directamente con los 

proveedores de sus señales de pago), mientras que la de UCTV es de cerca del 30% 56 . La 

participación de UCTV en inversión publicitaria en ese mercado es 10 veces superior a la 

de toda la industria de la televisión de pago. 

No resulta creíble, entonces, cuando la Demanda de UCTV pretende construir la tesis 

de una seria amenaza competitiva de VTR en el negocio de la publicidad de UCTV; y ni 

siquiera es creíble cuando la Demanda lo hace por la vía de intentar confundir la 

participación de VTR en el mercado de televisión de pago “aguas abajo” con el mercado 

de la comercialización de avisaje publicitario. En este último mercado, H. Tribunal, si 

alguien tuviera una posición dominante, esa sería UCTV. Y esta Demanda, 

evidentemente, no constituye un mecanismo legítimo para tutelar esa posición 

dominante. 

V.2.4. Mercado de medios para la recepción de la televisión abierta. 

Como se ha explicado en la sección IV. de este otrosí, UCTV se ha beneficiado de la 

infraestructura de cable de VTR para alcanzar con su señal a parte de la población 

nacional. Esto ha generado beneficios a UCTV, como lo revela el hecho de que ella 

misma ha sido proactiva en solicitar a VTR la instalación de descodificadores para que 

los usuarios accedan a señales de mejor calidad. De ahí que se pueda configurar, como 

último mercado relevante para analizar esta causa, el del uso de infraestructura por las 

concesionarias de televisión abierta para alcanzar al público. 

Lo primero que debe precisarse en relación a este mercado, es que las concesionarias de 

televisión abierta han sido atribuidas, gratuitamente, con el medio que por esencia les 

permite cubrir a la población: el uso del espectro radioeléctrico, de manera que ellas 

cuentan con sus medios propios al efecto. Pero como deben desarrollar inversiones para 

que ese espacio radioeléctrico se constituya en un medio eficaz y de amplia cobertura 

56 La inversión publicitaria de la televisión abierta es de aproximadamente 220 mil millones de pesos, de acuerdo a 

datos FECU Canales Abiertos 2007, de la cual la de UCTV es de 66 mil millones de pesos (datos FECU de UCTV en 

2007). 

68

para cumplir con sus obligaciones de cubrir a la población, en ocasiones han preferido 

evitar desarrollar esas inversiones y aprovechar otras, ya instaladas, para llegar a la 

población. Es ahí cuando han obtenido ventaja de la infraestructura de empresas de 

televisión de pago como VTR. 

Siendo entonces el mercado del producto en este caso los medios para alcanzar a los 

televidentes con las señales de televisión abierta, cabría incluir dentro de éste la 

distribución a través de ondas hertzianas, es decir la distribución por aire normal que los 

canales de televisión tienen la obligación de realizar en el territorio de su concesión. 

Desde la perspectiva señalada, y delimitando geográficamente el mercado según el área 

que abarca las concesiones, la que en este caso sería de alcance nacional, según datos 

publicados por Subtel 57 , la participación de mercado de las empresas de televisión de 

pago (penetración) en su conjunto alcanza al 28,8% del total nacional de hogares, 

porcentaje en el que VTR tiene el 68,38%. Es decir, a nivel nacional la participación de 

VTR en este mercado de medios es de un 19,67%. Como puede apreciarse con facilidad, 

considerado el mercado de esta forma, la participación de VTR no puede ser 

considerada como dominante. 

Ahora, a pesar de lo anterior es importante mencionar que en el marco de este análisis, 

este sería un mercado en el cual UCTV habría obtenido un importante beneficio, sin 

remunerar históricamente a VTR, cuestión que la Demanda omite en todo. Si UCTV 

buscara ser consistente con la realidad, lo cierto es que en ese caso tendría que reconocer 

que, al beneficiarse de la infraestructura de VTR para llegar a un cierto número de 

usuarios, especialmente a aquéllos que no podría alcanzar por el aire con una calidad 

adecuada, debería pagar por tal infraestructura. 

En efecto, como se ha dicho, la televisión abierta tiene la obligación legal de alcanzar 

con su señal a todos los usuarios ubicados dentro de su zona de concesión. Ello, según 

se ha explicado, no es una carga legal caprichosa, sino que es tan solo la contrapartida de 

la cesión que se ha hecho a su favor del uso de una porción del espectro radioeléctrico 

en la frecuencia UHF o VHF. Usualmente, debieran lograrlo a través de la emisión aérea 

de su señal, lo que requiere invertir en la infraestructura necesaria para alcanzar a todos 

los habitantes dentro de su zona de concesión (vía antenas repetidoras y otra 

infraestructura semejante). No obstante lo señalado, existen diversas zonas de Santiago y 

del resto del país, muchas de ellas de segmentos socioeconómicos medios y altos, donde 

no es posible captar las señales de televisión abierta, o se capta de manera muy 

deficiente. Respecto de tales lugares, y supliendo la falta de inversión histórica de los 

canales de televisión, éstos se han beneficiado de la infraestructura de empresas como 

VTR para llegar a los televidentes, como se mostró en la sección IV. anterior. Sin 

embargo, UCTV no reconoce que, en el marco del mercado que ahora definimos ella ha 

recibido enormes beneficios, pues la contradicción lógica que subyace a la mirada de 

UCTV es que pretende mostrar su relación con VTR como una relación unilateral en 

que VTR abusaría de ella injustamente y omite en todo cualquier referencia a las 

enormes ventajas que le ha significado la infraestructura de VTR. 

57 Subtel, “Series suscriptores televisión de pago”, disponible en: 

http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20070212/asocfile/20070212182348/1_series_servicios_limitados_tvdic0 

7.xls 

69

Ahora, la contradicción lógica de su mirada se revela, cuando aparece solicitando al H. 

Tribunal que se le asegure, en sus palabras, su mantención en la grilla de VTR. Qué más 

muestra de que UCTV recibe por sobre todo ventajas de alcanzar a los usuarios a través 

de la infraestructura de VTR, que el hecho que ella misma solicite que el H. Tribunal le 

asegure su redifusión por VTR. 

Esto revela al mismo tiempo cuán inconsistente es que UCTV, y peor aun de manera 

discriminatoria, pretenda obtener de este H. Tribunal que le asegure lo que ella llama su 

mantención en la grilla de VTR y, además, que busque que se le pague forzosamente por 

ello. Una hipótesis como esa, además de repugnar a toda la legislación que hemos 

descrito, sería un caso extremo de acto expropiatorio y, además, económicamente 

generaría el absurdo de que quien preste un servicio pague por suministrar ese servicio. 

Esto, por sí solo, deja en evidencia cuán errónea, parcial y alejada de la realidad es la 

mirada presentada por UCTV en la Demanda. 

V.3. Una conclusión parcial. La definición de los mercados relevantes de esta 

causa también está supeditada a la definición previa de la titularidad de 

derechos. 

Se puede concluir del análisis anterior, que salvo probablemente respecto del mercado 

de contratación de espacios publicitarios, la misma construcción de los mercados 

relevantes para efectos del análisis de esta causa es inseparable de la previa atribución de 

la titularidad de derechos reales y personales. Así, la determinación de si UCTV forma o 

no parte del mercado de aprovisionamiento de señales de pago, requiere como 

antecedente lógico inevitable la determinación de si una concesionaria de televisión 

abierta como ella puede decidir quienes puedan o no recibir sus señales, imponerles 

cargas o cobrar por ellas. Lo mismo puede decirse del mercado de televisión de pago 

“aguas abajo”. Y también del mercado de medios o infraestructura para la recepción de 

señales de televisión abierta por el público, en el cual tendrán las concesionarias de 

televisión abierta el carácter de demandantes en la medida en que se reconozca el deber 

que les cabe de cubrir con sus señales a toda la población nacional y, consecuentemente, 

el beneficio que supone para las mismas hacerlo por medios o infraestructuras distintos 

del espacio radioeléctrico mismo. 

Esto nos lleva una vez más a concluir cómo la decisión del presente conflicto es 

inseparable, incluso en los aspectos más básicos de su análisis, de la delimitación de la 

titularidad de derechos reales y personales que corresponde a las partes involucradas, 

cuestión que, como se explicó en lo principal de esta presentación, se encuentra 

pendiente de decisión en sede civil. 

VI. 

Plena licitud del actuar de VTR. 

VI.1. Razones por las que la conducta de VTR es lícita. 

Prescindiendo incluso de lo anterior, nos parece indispensable reafirmar ante este H. 

Tribunal la plena convicción que tiene VTR acerca de la licitud de su actuar, tanto bajo 

el amparo del derecho común como a la luz de la normativa de protección de la libre 

competencia. 

70

Lo que se imputa en lo sustancial a VTR, H. Tribunal, es haber mantenido desde el año 

1991 en adelante, ininterrumpidamente, una conducta en relación a las señales de 

televisión abierta consistente en recibirlas desde el aire y permitir que sus usuarios la 

capten en sus aparatos televisivos, sin intervención, alteración ni extensión fuera de los 

límites de la cobertura concesional de esos canales de televisión abierta. También ha 

aceptado VTR sin poner trabas a ello, las solicitudes que en muchas ocasiones le han 

hecho canales de televisión abierta, como UCTV, para mejorar las señales que ellas 

mismas difunden en el aire, por la vía de bajarlas desde satélites digitales a través de 

descodificadores entregados por tales canales de televisión abierta y a solicitud de ellos. 

No ha pagado por esas señales por ser ellas de libre difusión, pero tampoco VTR 

solicitó cobrar por ello antes de la contestación de esa demanda civil. Y cuando se 

presentó la demanda en cuestión, VTR argumentó sólidamente, y con contundentes 

fundamentos jurídicos –que exceden con creces aquéllos caricaturizados que la 

Demanda presenta a fojas 21- las razones de hecho y de derecho por las que no cabía, ni 

cabe, remunerar a una empresa como UCTV por aquello que es una señal de libre 

recepción. La Sentencia Civil recogió y acogió parte importante de esos argumentos, 

razón por la que UCTV presentó recurso de apelación. En el tiempo intermedio, y antes 

de la presentación de esa apelación, VTR accedió a negociar de buena fe y en términos 

enteramente razonables un acuerdo comercial con UCTV y TVN, cuestión que estas 

últimas compañías desahuciaron intempestivamente. Este y no otro es el historial de 

comportamientos de VTR. 

A diferencia de lo que señala la Demanda, VTR no ha “amenazado” a UCTV: ni en el 

sentido de que VTR deje de redifundirla, ni de que le afecte la calidad de sus señales, ni 

de que le deje de contratar publicidad en el mercado de espacios publicitarios, ni de que 

deje de celebrar con ella contratos por contenidos específicos propios del mercado de 

provisión de señales de pago. Ninguna amenaza. Todo lo contrario. Antes, durante y 

después de la demanda presentada en sede civil, cuando UCTV ha solicitado de VTR la 

realización de acciones destinadas a mejorar la calidad de la señal abierta de la primera, 

VTR lo ha hecho gustosa y de buena fe. Si alguien ha pedido el corte de la redifusión de 

la señal de UCTV por VTR, esa ha sido la propia UCTV, para lo cual basta leer el 

petitorio de su demanda en lo civil, en lo que fue un intento de amenaza contra VTR 

para mejorar su posición negociadora (como lo revelan las declaraciones de los propios 

ejecutivos de UCTV y TVN que hemos recogido antes en este escrito), ineficaz por lo 

demás. VTR no ha tenido inconveniente alguno, todo lo contrario, para adquirir de 

UCTV contenidos específicos distintos de su señal abierta e interesantes para sus 

suscriptores, pagando por ello atractivas sumas a UCTV, como consta del contrato 

acompañado en un otrosí. La contratación de publicidad que ha hecho VTR en la señal 

abierta de UCTV ha sido creciente en el tiempo. A diferencia de lo que han hecho desde 

2002 UCTV y TVN, VTR no ha utilizado los medios de prensa ni menos aun 

aprovechado sus pantallas de televisión para comunicar al público de manera 

absolutamente parcial el contenido de la controversia existente con UCTV y TVN, lo 

que sí han hecho éstas últimas como se acreditará, sin ninguna consideración por 

mínimos criterios de ética periodística y lealtad en el comportamiento. 

No hay ninguna amenaza entonces de parte de VTR, ningún indicio de amenaza, ni 

conducta alguna, que pudiera fundar esta Demanda. La sección VII.4. de la Demanda, 

denominada “eventual desarrollo de conductas que afectarían la libre competencia”, 

71

además de referirse a conductas futuras absolutamente hipotéticas, no da cuenta, como 

se verá, de ninguna conducta que no sea enteramente razonable de parte de VTR. 

Así llegamos a una conclusión. Esta Demanda se funda única y exclusivamente en una 

intención de cobro de UCTV a VTR, la que, al no haber prosperado hasta la fecha en 

sede civil, se pretendió intentar buscar por la vía de la jurisdicción de la libre 

competencia, olvidando con ello UCTV que nuestro derecho contempla instituciones 

especiales para evitar conductas oportunistas como aquella. Tan obvio es lo anterior, que 

las notas de prensa que recogieron el contenido de la Demanda, extrañamente antes de 

que aquella se hiciera pública por este H. Tribunal, explícitamente señalaban que por 

medio de esta Demanda UCTV perseguía “negociar”. Si esa es la intención de UCTV, lo 

cierto es que este H. Tribunal no constituye un instrumento ni un medio para negociar, 

sino que una instancia ante la cual presentar pretensiones jurídicas serias y fundadas. Y 

resulta que, como se ha dicho, las pretensiones de UCTV no son sino equivalentes a 

aquellas que se están discutiendo actualmente en sede civil. 

Dicho lo anterior, desarrollamos a continuación las razones de detalle por las cuales 

tenemos la plena convicción de que el actuar de VTR es plenamente lícito. 

Primero, porque la conducta que se le imputa consiste en un comportamiento que VTR 

ha mantenido ininterrumpidamente desde el año 1991 cuando inició sus operaciones de 

televisión por cable en Chile. Nadie objetó esta conducta bajo ningún aspecto hasta el 

año 2002. Pero más allá de que eso revela cómo las concesionarias de televisión abierta 

se beneficiaron de la misma, ello deja en total evidencia la falta de aptitud 

anticompetitiva y de intención anticompetitiva existente tras la conducta descrita. 

Malamente VTR pudo adoptar esa actitud, cuando tenía participaciones ínfimas de 

mercado, con el preciso objeto de abusar de empresas de televisión abierta. Lo hizo 

simplemente como una razonable actitud técnica en relación a sus usuarios que eran al 

mismo tiempo televidentes de la televisión abierta. Cuando la Demanda de UCTV 

pretende construir una tesis de abuso de posición dominante, dando a entender que, por 

la posición actual de mercado que tiene VTR ha adoptado una actitud supuestamente 

tendiente a perjudicarla, lo cierto es que distorsiona absoluta e inaceptablemente la 

realidad. 

Segundo, porque la conducta de VTR ni es “injusta”, ni es “abusiva”, ni es 

“discriminatoria”, desde que se encuentra amparada por la adecuada comprensión de la 

normativa jurídica que regula a la televisión abierta y a la propiedad intelectual en Chile, 

normativa que, a su vez, ni es abusiva ni injusta, pues persigue imponer precisas y claras 

obligaciones de transmisión universal respecto de quienes se han beneficiado de manera 

enteramente excepcional por la adjudicación de un bien nacional de uso público de 

enorme valor, y cuyo modelo de negocios de financiamiento vía publicidad se construye 

precisamente a partir de la posesión de esa concesión y de la posibilidad que ella entrega 

de alcanzar al conjunto de la población nacional con un producto extremadamente 

atractivo para los fines de la publicidad. La licitud de la interpretación que VTR ha 

hecho de tal normativa fue confirmada por la Sentencia Civil y se encuentra pendiente 

de decisión final ante los tribunales superiores de justicia. Más aun, la interpretación 

contraria, cual sería el cobro a los usuarios –y peor aun, sólo a algunos de ellos- por la 

vía de cobrar a las empresas de televisión de pago, constituiría un subterfugio para burlar 

72

la prohibición legal vigente, y así lo entendió la Sentencia Civil. Todo lo anterior muestra 

cómo no puede concurrir el requisito de antijuridicidad en el actuar de VTR. 

Tercero, la razonabilidad del actuar de VTR no sólo se basa en antecedentes de derecho, 

sino que en antecedentes de hecho. Se ha mostrado ya, cómo, en la relación 

ininterrumpida que ha existido por más de 15 años entre VTR y UCTV es ésta la que se 

ha beneficiado mayoramente, al haber usado la infraestructura de VTR para ser recibida 

por un conjunto relevante de la población; y al haber entendido siempre como propia la 

audiencia que ha recibido su señal a través de las redes de VTR, con los consiguientes 

beneficios económicos que eso supone. Y muestra fidedigna del beneficio que UCTV 

recibe y ha recibido, es la permanente solicitud que ha hecho a VTR para que adopte 

medidas técnicas destinadas a mejorar aun más la recepción de la señal de UCTV –lo 

que se acreditó abundantemente en el Juicio Civil pendiente- y, por sobre todo, la 

petición que hace en estos autos para que se le asegure la redifusión de su señal por 

parte de VTR. Siendo ése el contexto de la relación, lo realmente abusivo es que UCTV 

solicite ahora que se le remunere por aquello que a ella misma le beneficia. 

Enriquecimiento sin causa en sede civil, o dobles rentas en una mirada económica. Lo 

cierto es que, puesto en esa situación, el juzgador civil no dudó en reconocer los 

enormes beneficios que obtenía UCTV de su redifusión por VTR y, entre otras, sobre 

esa base, negó de plano el derecho de remuneración de esta última. 

Cuarto, La redifusión de la señal de UCTV se ha hecho siempre de manera íntegra e 

inalterada, de modo que los usuarios sólo han recibido aquello a lo que tienen derecho 

gratuito por exigencia legal. VTR no ha vendido publicidad, por supuesto, en la señal de 

UCTV, a diferencia de lo que hace en muchas ocasiones respecto de señales de pago. 

Tampoco VTR ha cobrado distinto a sus suscriptores por sus paquetes de señales, en 

aquellos lugares en que las señales abiertas llegan adecuadamente por el aire y en 

aquellos sectores en que llegan deficientemente, lo que revela que VTR no discrimina en 

aquellos casos en que las señales de televisión abierta, por responsabilidad de sus 

emisores, no alcanzan por el aire a sus usuarios o no lo hacen con una calidad 

mínimamente adecuada. 

Quinto, como se mostró precedentemente, la circunstancia de no ser abusiva la 

conducta de VTR también se muestra del contenido de la Resolución 01, y de sus 

considerandos citados precedentemente, que revelan cómo este H. Tribunal, recogiendo 

una opinión de la FNE, no omitió esta materia como parece darlo a entender la 

Demanda, sino que la trató en la conciencia de que debía establecer exigencias diferentes 

para la relación comercial que pudiera existir entre VTR y sus proveedores de señales de 

pago y la relación históricamente existente con las concesionarias de televisión abierta o 

libre. 

Sexto, la buena fe y ausencia de abuso en la conducta se muestra, una vez más, en el 

desarrollo del juicio entre UCTV y TVN y VTR. Una vez dictada la Sentencia Civil, y 

dado que ella no reconoció los derechos pretendidos por las demandantes, ellas se 

acercaron a VTR para intentar lograr una negociación dentro de los marcos autorizados 

por la ley, lo que VTR aceptó de buena fe. Prueba de ello es que VTR accedió a 

suspender el procedimiento de común acuerdo con las demandantes por más de 30 días. 

En ese período, las partes se intercambiaron a lo menos cuatro borradores de acuerdos 

73

comerciales y contratos de transacción destinados a poner término al juicio, recogiendo 

recíprocamente las observaciones de la contraparte. 

Este H. Tribunal podrá constatar la razonabilidad de los términos de esos acuerdos, de 

la lectura de los borradores que se acompañan en el segundo otrosí, bajo 

confidencialidad para no afectar los intereses de la contraparte y de terceros 

involucrados. En ellos se acordaban materias tales como: el común entendimiento de las 

partes acerca de la normativa aplicable; la circunstancia de no alterar VTR los contenidos 

redifundidos ni de incluirles publicidad; el hecho de no pagarse por la redifusión 

atendido el beneficio obtenido por UCTV y TVN al efecto; la circunstancia de que VTR 

se comprometía a mantener la redifusión de la señal existente de dichas concesionarias; 

el hecho de que las partes podían alcanzar otros acuerdos comerciales, en materias 

específicas, de mutuo beneficio, entre otros. Insistimos a este H. Tribunal que la lectura 

de tales borradores hará evidente que en ellos VTR no tenía inconveniente alguno en 

formalizar su relación con UCTV. 

Siendo así las cosas, esta parte realmente no entiende cómo UCTV puede con tanta 

liviandad imputar a VTR –y basar su Demanda en ello- que incurre en una “negativa 

injustificada de (...) regular contractualmente (...) la provisión de señal y contenidos de mi representada” 

o que “se niega a suscribir con mi representada” contratos. VTR ha estado dispuesta a celebrar 

un contrato, no se ha negado a ello, y de hecho, como se acreditará en el período 

probatorio de este procedimiento, fue UCTV, la misma UCTV que presenta esta 

Demanda quien desahució la celebración del referido contrato. 

Ahora, si el problema de UCTV dice relación con algunos contenidos de ese contrato, 

como que pretende que se le pague por su señal de libre recepción, lo cierto es que mal 

puede tratarse de un problema de negativa de contratación –y su Demanda sería 

engañosa en este punto-, sino que simplemente de una controversia comercial sobre el 

contenido de una convención, controversia que, como lo hemos señalado 

reiteradamente, se encuentra pendiente de decisión en sede civil, constando por ahora 

una sentencia de primera instancia favorable a VTR. Entonces, si lo que pretende UCTV 

es, ante este H. Tribunal, lograr por medios distintos que se exija a VTR la celebración 

de un contrato con un contenido que precisamente contradiga lo que ha determinado 

como lícito un juzgador civil en la materia, pretende algo ilícito y contrario a las bases 

orgánicas más esenciales del ejercicio de la jurisdicción. 

Séptimo, no podemos dejar de referirnos H. Tribunal, a ciertas insinuaciones de UCTV 

que, aunque no constituyen imputaciones específicas en el marco de su Demanda, 

pretenden construir un halo de abuso en torno a VTR. Se trata de la referencia a algunas 

situaciones que supuestamente habrían afectado a terceros y que ilustrarían como VTR 

podría “eventualmente”, “en el futuro”, “llegar a desarrollar” acciones abusivas en 

contra de UCTV. Pues bien, se trata de situaciones en que las actuaciones de VTR han 

sido plenamente legítimas y razonables. 

• En el caso de Canal 13 Cable, esa compañía fue trasladada de frecuencia a 

consecuencia de la necesaria unificación de grillas que hubo que efectuar entre las 

antiguas grillas de VTR BA y de MI a consecuencia de la fusión autorizada por este H. 

Tribunal. Existiendo grillas de configuración distinta entre ambas compañías y debiendo 

ellas unirse en una sola, era físicamente imposible mantener la numeración de todas las 

74

programaciones preexistentes. Con total cautela, VTR elaboró un proyecto de 

unificación de grillas, buscó la alternativa que resultara ser la más adecuada para los 

intereses de sus proveedores y usuarios, la presentó con todo detalle a la FNE para su 

conocimiento y observaciones, y luego la implementó. Si se puso a Canal 13 Cable en el 

número 13 fue precisamente para favorecerla, para incluirla en una ubicación consistente 

con su identificación institucional. Y luego, a petición de la misma Canal 13 Cable, y 

previo estudio de factibilidad, se hizo el esfuerzo por modificar su ubicación, porque la 

primera tenía interferencia de la propia UCTV (“fantasmas”), llevándola así VTR al 

número 27. Pero, además, se la llevó a una localización dentro de las más bajas de la 

grilla, cercana a la de los canales de libre recepción, y a la de otras programaciones 

misceláneas de tipo local, consistente con la política de VTR de agrupar las señales en 

“familias” o “vecindarios” del mismo género, que las hacen más atractivas, les generan 

sinergias recíprocas y hacen más fácil la búsqueda al televidente. No hay que olvidar que 

en esta materia los incentivos se encuentran absolutamente alineados. Para VTR, una 

grilla más atractiva y de más fácil recorrido para los usuarios es un producto más 

atrayente, que por lo tanto le reportará más beneficios. 

Si Canal 13 Cable ha bajado su rating, ello no se debe a que se movió cuatro números en 

la grilla, desde el 23 al 27, sino al atractivo de su programación. De hecho, en los casos 

en que Canal 13 Cable ha transmitido programaciones atractivas, como recitales en vivo, 

su audiencia se ha incrementado sustancialmente por sobre el promedio. Tal fue el caso 

por ejemplo de la transmisión del recital de Ennio Morricone, hace pocos días, en que el 

rating de la señal subió desde su promedio de 0,24 puntos a 0,8 puntos. Y claramente su 

ubicación en el número 27 no fue un óbice para ello. 

• En el mismo sentido, se insinúa que VTR eliminó la señal “Más canal”, luego de 10 

años, sin razón alguna. Esto nuevamente es falso. 

Primero, por restricciones tecnológicas, la grilla analógica de VTR puede contener un 

número limitado de canales, el que ya está copado hace algunos años, lo que por un lado 

hace de la grilla un recurso escaso y, por otro lado, lleva a que en cada ocasión en que 

decide incorporar una nueva señal, VTR se encuentra en la obligación de excluir otra. 

En esta ocasión, VTR requería incorporar a su grilla a una señal de contenido religioso 

evangélico, con un universo potencial de telespectadores correspondiente a tres millones 

de personas, que debía entregarle especial atractivo comercial a su programación en un 

contexto especialmente relevante dado que sus destinatarios son una comunidad 

numerosa en el país y que históricamente ha demandado que sus intereses sean 

representados en los medios de comunicación pública, con escaso éxito hasta la fecha. 

De esta manera, al incluir un canal evangélico, VTR adoptaba una decisión enteramente 

racional en lo comercial, que de acuerdo a sus expectativas razonables le ayudaba a 

agregar atractivo a su grilla y a diferenciarse de competidores como Telefónica y Telmex 

y que, al mismo tiempo, aportaba al pluralismo de los medios de comunicación de Chile. 

En este contexto, VTR debía decidir el reemplazo de una señal preexistente en su grilla 

por la programación del canal evangélico. Pues bien, la señal Más Canal, luego de haber 

sido adquirida por el Pabellón de la Construcción en el año 2006, había reducido su rating 

a niveles cercanos a cero. En octubre de 2007, las mediciones de rating entregadas por 

Time-Ibope mostraban para ese canal un rating promedio en hogares con cable de sólo 

75

0,022 puntos, registrando éste además una disminución de un 46% en sólo un año, y 

siendo uno de los canales menos vistos por la audiencia. De tal manera que la decisión 

de reemplazo fue plenamente racional. 

Tal circunstancia fue por lo demás previa y detalladamente informada a la FNE bajo 

detallados argumentos que se resumen a continuación (comunicación de 28 de diciembre 

de 2007): 

“Como ha sido indicado en presentaciones anteriores a esta Fiscalía, VTR 

conforma la distribución de los canales de televisión en forma dinámica, con el 

objeto de entregar un conjunto atractivo de señales que apelen a los distintos 

intereses de sus clientes y que resulten adecuados a la evolución de sus gustos y a 

los movimientos de la competencia. Así, VTR no puede fijar una selección 

específica e inmutable de canales, pudiendo excluir determinadas señales con el 

objeto de incorporar aquellos nuevos canales que de acuerdo a su mejor parecer 

comercial, y según los antecedentes objetivos y proyecciones con los que cuenta, 

debieran con probabilidad resultar objetivamente preferidos por los televidentes, 

incrementando así el atractivo y competitividad de su oferta. 

En el presente caso, VTR ha llegado a la convicción de la conveniencia de 

incorporar en su parrilla programática para la ciudad de Santiago el Canal ETV, 

señal de especial interés para la comunidad Evangélica del país, actualmente 

presente sólo en su parrilla para la V Región. 

La incorporación de este canal – y la necesaria y consecuente exclusión de otro – 

tiene por objeto que, manteniendo o mejorando siempre la calidad programática 

de su grilla, VTR pueda conservar la competitividad de su producto e intentar 

obtener y retener la preferencia de sus clientes. 

Para estos efectos, rigiéndose por los mismos criterios que utilizó previamente 

para la unificación de grillas con ocasión de su fusión con Metrópolis Intercom 

(“MI”), a fines de enero de 2008, VTR reemplazará de la grilla de Santiago el 

canal de televisión abierta +Más22 por el Canal ETV, excluyendo la señal 

indicada en atención al menor interés que razonablemente representa para los 

usuarios de VTR, según se expondrá en el curso de esta presentación. (...) 

Así, la decisión de excluir el canal abierto +Más22 se basa en las preferencias 

objetivas de los consumidores reveladas por mediciones de rating, y 

fundamentalmente en el hecho de que dicho canal presenta un muy bajo índice de 

rating promedio, que además ha sido progresivamente decreciente, lo cual 

constituye una clara muestra de que se trata de una señal poco atractiva para el 

conjunto de los clientes de VTR, lo cual queda de manifiesto en las mediciones de 

rating entregadas por Time-Ibope. (...) 

Por otra parte, el contenido de la programación de Canal +Más22 es 

razonablemente sustituible por el de otros canales de variedades y orientados al 

mejoramiento del hogar, tanto nacionales como internacionales, actualmente 

presentes en la grilla de VTR y que gozan de mayor rating que el Canal +Más22. 

Por su parte, Canal ETV es un canal chileno presente en la grilla de VTR en las 

ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y el interior de la V Región, cuya 

programación se enfoca a la transmisión de programas con contenido religioso 

dirigido particularmente a la población que profesa el culto Evangélico. A lo 

anterior, se suma la circunstancia que la población que profesa la religión 

Evangélica constituye un segmento considerable de los clientes o potenciales 

clientes de VTR, de manera que resulta del todo lógico que VTR asuma la tarea 

de contar dentro de su parrilla programática con canales que transmitan 

contenidos de su interés. (...) 

En suma, la sustitución del Canal +Más22 por el Canal ETV se sustenta en 

criterios objetivos y razonables toda vez, de acuerdo al mejor conocimiento 

comercial y de mercado de VTR, debiera privilegiar y recoger debidamente las 

preferencias de los usuarios; constituir un mejoramiento de la calidad y variedad 

de los productos a los que accederán; y, representar una mejora en el rating global 

de los canales ofrecidos”. 

76

Como se ve, la conducta de VTR distó de ser injustificada y abusiva. La insinuación de 

un supuesto abuso, para intentar revestir el actuar de VTR de una arbitrariedad de la que 

carece, es nuevamente en este caso un intento errado. 

Octavo, si finalmente la “amenaza”, en los términos de la Demanda a fojas 23, está dada 

porque la programación de VTR contendrá a partir del segundo semestre de 2008 un 

canal de CNN de noticias nacionales de 24 horas, lo cierto es que esa amenaza sería lejos 

de serlo desde una perspectiva anticompetitiva. Y esto, pues como se informó a la FNE 

el 29 de febrero de 2008, con fecha previa a la presentación de la Demanda de autos, el 

canal CNN en caso alguno será exclusivo para VTR, VTR no lo distribuirá, y las mismas 

condiciones pactadas con VTR estarán disponible para quien desee distribuir CNN. En 

cambio, sí podría ser que UCTV se sienta amenazada desde una perspectiva comercial, 

pues nuestras proyecciones revelan que el canal CNN 24 horas será con mucha 

probabilidad muy atractivo para los suscriptores, pues precisamente carecen en la 

actualidad de alternativas de información noticiosa televisiva. Pero si ese es el caso, ésta 

nuevamente no es la sede para interrumpir esa supuesta “amenaza” comercial, sino todo 

lo contrario. La transmisión de CNN 24 horas en Chile, por VTR y las demás empresas 

que lo hagan, incorporará obviamente competencia en el que sería el mercado relevante 

de la información, en el que UCTV ha tenido una posición histórica predominante. Y 

más allá de que no resulta para nada claro si los noticiarios de la televisión abierta 

competirían realmente con aquellos de la televisión pagada, lo relevante para nuestros 

efectos, es que la incorporación de un bien novedoso a favor de los usuarios, que viene a 

satisfacer una innegable necesidad de parte de ellos, constituye una manifestación de la 

libre competencia que este H. Tribunal está llamado a tutelar y jamás a impedir o 

entorpecer. Ello, en aplicación de los bienes jurídicos más básicos tutelados por el DL 

211. Pero también por aplicación de la obligación que le cabe a este H. Tribunal de velar 

por el pluralismo en los medios de comunicación, en cumplimiento de la Ley 19.733, 

sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, más conocida 

como ley de prensa. 

En lo que nos concierne, la citada normativa establece en su artículo 37: 

“Para efectos de lo dispuesto en el decreto ley N° 211, de 1973, se considerarán, 

entre otros, como hechos, actos o convenciones, que tienden a impedir la libre 

competencia, los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la 

distribución, circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de 

comunicación”. 

Una interpretación lógica de esta disposición con las pertinentes disposiciones del DL 

211 permiten concluir, con palmaria claridad que: este H. Tribunal debe velar por el 

cumplimiento del DL 211; que el DL 211 pretende evitar los atentados contra la libre 

competencia; que entrabar la producción de informaciones, el transporte, la distribución, 

el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación son atentados contra la 

libre competencia; y que, por lo tanto, corresponde al H. Tribunal velar por evitar dichos 

atentados. A lo recientemente dicho, hay que agregar que no se ve mejor forma de 

prevenir esos atentados que velar por el pluralismo en los medios de comunicación. 

77

Así lo ha entendido también este H. Tribunal, el que, en el marco de la Resolución 

20/2007 sostuvo lo siguiente 58 : 

“Segundo. Que, la Ley Nº 19.733, de Libertad de Opinión e Información, 

establece normas especiales de defensa de la competencia, y atribuciones 

específicas a este Tribunal, en resguardo del pluralismo y diversidad en el sistema 

informativo. 

Cuarto. Que, de la historia de las normas citadas [el DL 211 y la Ley 19.733], se 

observa la especial preocupación de los legisladores por que la concentración en 

la propiedad de los medios de comunicación social pueda resultar atentatoria para 

el funcionamiento del sistema democrático, considerando como esencial, para la 

libertad de expresión, la pluralidad de medios de comunicación social. Estas 

disposiciones buscan equilibrar adecuadamente el pluralismo informativo con una 

economía de mercado, con el fin de promover el desarrollo de una democracia 

pluralista y transparente en el país; 

Quinto. Que, adicionalmente, para los consumidores de información podría ser 

costoso discernir sobre la calidad y veracidad de aquella que es transmitida por un 

determinado medio de comunicación, si no pueden compararla con la que reciben 

de otras fuentes. En consecuencia, una forma de proteger a los ciudadanos de la 

posibilidad de que consuman indiscriminadamente información defectuosa 

producida por un medio de comunicación, es procurando maximizar la 

probabilidad de que puedan contrastarla con la que producen otros informantes. 

De ahí la importancia para el consumidor del pluralismo en materia de 

información; 

Noveno. Que, en suma, el legislador ha considerado que la libre competencia es 

uno de los medios o instrumentos idóneos para, indirectamente, alcanzar o 

mantener un grado razonable de pluralismo y diversidad de la información, 

asignando especialmente a este Tribunal un deber de resguardo de la adecuada 

competencia en este mercado”. 

VI.2. Algunas precisiones sobre la legislación comparada citada por la 

demandante. 

Como se ha mencionado ya repetidamente, la legislación chilena consagra la facultad de 

cualquier operador de televisión de pago de redifundir las señales de libre difusión, la 

señal de UCTV entre ellas. No obstante, UCTV busca convertir esta facultad en una 

obligación para VTR y, conjuntamente, obligar a VTR a pagar por la señal, citando para 

ello supuesta normativa comparada en sustento de su posición. A continuación 

aclaramos cómo esa normativa, además de tener rango legal y dictarse con efectos 

generales, no sustenta en nada su posición. 

VI.2.1. Absurdo de la pretensión de cobrar por la señal y de obtener que ella se 

redifunda forzosamente. 

La demandante, luego de presuponer un abuso en el hecho de que VTR redifunda su 

señal de libre recepción, presenta en supuesto apoyo de su posición alguna legislación 

comparada: la que establece a los operadores de televisión de pago obligaciones de 

transportar señales de televisión abierta, más conocida como reglas de must carry. 

58 Confirmado por la Excma. Corte Suprema en los siguientes términos: 

“6°) Que del análisis de los antecedentes de la causa aparece que las medidas dispuestas por la sentencia que se 

revisa por esta vía aparecen como suficientes y adecuadas para cautelar la libre competencia, garantizando así la 

pluralidad de medios y con ello la libertad de expresión y la diversidad de información”. (ROL 4578-07). 

78

Pretende UCTV que la referencia a esa legislación sustente lo que ella parece solicitar en 

su Demanda: que se imponga a VTR la obligación de llevar su señal abierta (must carry) y 

que además, sea remunerada por ello (fojas 21 a 23 de su Demanda). 

Más allá de que desde una perspectiva económica no pareciera ser ésa una pretensión 

con mucho sentido, pues exigiría de quien presta un servicio que además pague por 

prestar ese servicio, lo cierto es que en los países donde se han impuesto obligaciones de 

transportar señales abiertas a las empresas de distribución de televisión de pago, las 

señales de televisión abierta no reciben remuneración alguna por ello. 

Así, en el Cable Television Consumer Protection and Competition Act de 1992 (“Cable Act”) de 

Estados Unidos, se prohibió expresamente la posibilidad de que las señales de televisión 

que se ampararan en las reglas de must carry cobraran valor alguno a los operadores de 

cable. En efecto, dicha ley en su sección 4ª número 10, (que enmienda la sección 614 de 

Ley de Telecomunicaciones, Telcommunications Act, e introduce las reglas de must carry), 

no sólo prohíbe el pago por parte de las operadoras de televisión por cable respecto de 

las señales transportadas obligatoriamente, sino que también pone límites expresos a la 

gratuidad con que debe hacerse este transporte. 

Asimismo, en las legislaciones europeas donde se han establecido este tipo de 

obligaciones, se reconoce explícitamente que éstas son cargas para los operadores de 

televisión de pago, es decir una afectación patrimonial para éstos. De ahí, que dentro de 

dicha lógica resulte absurdo que además de imponerles una carga, se les obligue a pagar, 

y por el contrario, la normativa europea contempla la posibilidad de que incluso en una 

lógica de reglas de must carry, los operadores de cable –o bien de otras redes electrónicas- 

sean remunerados. En efecto, la legislación comunitaria contempla las obligaciones de 

must carry como una solución sólo bajo ciertas condiciones, y precisamente reguladas, que 

deben ser justificadas por los Estados miembros, y en tal caso, da derecho a que se 

establezca una retribución a favor de los operadores de televisión de pago. Además, 

exige que el tratamiento se aplique de manera no discriminatoria respecto de la totalidad 

de empresas de televisión de pago. Así, el artículo 31 de la Directiva 2002/22/CE sobre 

acceso universal y derechos de los usuarios, establece: 

“1. Los Estados miembros podrán imponer obligaciones razonables de transmisión de 

determinados canales y servicios de programas de radio y televisión a las empresas bajo su 

jurisdicción que suministren redes de comunicaciones electrónicas utilizadas para la 

distribución de programas de radio o televisión al público si un número significativo de 

usuarios finales de dichas redes las utiliza como medio principal de recepción de 

programas de radio y televisión. Dichas obligaciones se impondrán exclusivamente en los 

casos en que resulten necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente 

definidos y deberán ser proporcionadas y transparentes. Las obligaciones serán objeto de 

revisión de forma periódica. 

2. Ni el apartado 1 del presente artículo ni el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 

2002/19/CE (Directiva de acceso) atentarán contra la capacidad de los Estados miembros 

de determinar la remuneración apropiada, si la hay, por las medidas adoptadas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, y quedará garantizado al mismo tiempo 

que, en circunstancias similares, no habrá discriminación en el trato a las empresas de 

suministro de redes de comunicaciones electrónicas. Cuando se contemple la 

remuneración, los Estados miembros velarán por que ésta se aplique de manera 

proporcionada y transparente.” 

79

Como se desprende de la lectura del citado artículo, en el sistema comunitario deben 

concurrir los siguientes requisitos para que la legislación interna de cada Estado pueda 

poner obligaciones de must carry según la Directiva 2002/22/CE. Estos requisitos son: 

i) que las obligaciones sean razonables; 

ii) deben determinarse los canales a transportar; 

iii) un número significativo de usuarios de las redes debe utilizarlas como 

medio principal de recepción de programas de radio y televisión; 

iv) sólo podrán imponerse en los casos en que sea necesario para alcanzar 

objetivos claramente definidos de interés general; 

v) deben ser proporcionadas y transparentes; 

vi) si alguien puede percibir una remuneración, ese es el operador de 

televisión de pago quien presta el servicio al canal de televisión abierta; y, 

por sobre todo; 

vii) estas obligaciones no pueden ser discriminatorias y deben aplicarse, si se 

dictan, al conjunto de las empresas de televisión de pago. 

En el caso de la legislación de países pertenecientes a la Comunidad Europea que han 

adoptado reglas de must carry, siguiendo los lineamientos de la Directiva 2002/22/CE 

han establecido como contrapartida la prohibición de cobrar por parte de los canales 

beneficiados por la transmisión de sus señales y, en cambio, han dejado abierta la 

posibilidad de que los operadores de televisión de pago sean remunerados. Así el 

Communications Act 59 del Reino Unido, establece obligaciones de must carry en su sección 

64, y como contrapartida, en su sección 272 prohíbe a los canales abiertos cobrar por sus 

señales. 

A esto hay que agregar que las normativas mencionadas constituyen regulaciones 

sectoriales, pero no normativas de tutela de la libre competencia. 

Asimismo, y en lo relativo a la normativa aplicable, si los canales de televisión abierta 

ahora cobraran por su señal a los operadores de televisión de pago, y más aun los 

obligaran a llevar esa señal, la conjunción de ambas condiciones equivaldría a pedir que 

el H. Tribunal promoviera el otorgamiento de un monopolio forzoso a favor de las 

concesionarias de televisión abierta. Si aplicamos el criterio de universalidad y no 

discriminación, y asumimos que efectivamente en un ambiente digital podríamos tener, 

por ejemplo, 40 señales abiertas, esto significaría que VTR tendría la obligación de 

redifundir y además de pagar a las 40 señales abiertas. El absurdo evidente de ese 

resultado muestra cuán infundada es la pretensión de UCTV. 

VI.2.2. Normativa de rango legal. Exigencias de constitucionalidad. 

Por otra parte, cabe destacar que en nuestro país la imposición de reglas de must carry, al 

constituir necesariamente una limitación a la propiedad de las redes de los operadores de 

televisión de pago, ya sean por cable o inalámbricas, necesariamente debiera ser materia 

de ley según prescribe nuestra Constitución en su artículo 19 N°24 inciso 2°. Por lo 

demás, la experiencia comparada ha sido precisamente la de tratar a nivel legislativo el 

tema. En este sentido, resulta paradigmática la experiencia en Estados Unidos donde la 

59 Communications Act 2003: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030021_en_1 

80

autoridad administrativa de telecomunicaciones, Federal Communications Commision, en la 

década de los setenta estableció ciertas obligaciones limitadas de must-carry, las que 

fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Estados Unidos en dos 

oportunidades, en los casos “Quince Cable TV, Inc. v. FCC” de 1985, y en “Century 

Communications Corp. v. FCC” de 1986. De allí que se haya tenido que legislar en la 

materia; lo mismo en los países europeos. 

Es en este mismo sentido que, hace sólo unos días, se presentó al Congreso de la 

República un proyecto de ley que persigue que “los operadores de los diversos sistemas 

de televisión de pago incluyan en sus transmisiones las señales de televisión de la Cámara 

de Diputados y del Senado”, requiriendo que ello se haga en forma “gratuita”. La obvia 

restricción a la libertad económica que una normativa como ésta supone, exige que se 

desarrolle el pertinente debate legislativo antes de adoptarse una decisión en ese sentido. 

Exactamente lo mismo debiera predicarse de cualquier intento de exigir que, en 

contravención con la normativa vigente en Chile, se pague por recibir los canales de libre 

recepción, o que se establezca forzosamente la necesidad de redifundirlos. 

VI.2.3. Normativa no discriminatoria. Precisamente lo contrario de lo que busca 

la Demanda. 

Por último, también debe considerarse que en todas las legislaciones en que se han 

impuesto estas reglas, ha existido especial preocupación de que éstas no distorsionen el 

mercado creando ventajas o desventajas competitivas entre los operadores de televisión 

de pago. Así, según ya se notó al momento de describir la Directiva 2002/22/CE, uno 

de los elementos que deben resguardar las legislaciones europeas nacionales que decidan 

imponer este tipo de obligaciones es que éstas no sean discriminatorias, incluyendo todo 

tipo de tecnologías de televisión de pago. Lo mismo se deriva de la regulación de los 

Estados Unidos y, en nuestro país, por ejemplo, del proyecto de ley referido a los 

Canales del Senado y de Diputados antes mencionado. 

En el caso de la Demanda de autos, resulta una vez más absurdo, desde la perspectiva de 

la aplicación de garantías constitucionales y de la misma normativa de defensa de la libre 

competencia que este H. Tribunal está llamado a aplicar, que se pretenda por UCTV 

obtener de este H. Tribunal la imposición de condiciones a VTR, como las de redifundir 

forzosamente su señal y además pagarle, pero su imposición en términos totalmente 

discriminatorios respecto del resto de los operadores de la televisión de pago de Chile. 

VII. 

Excepción de prescripción. 

En subsidio de la argumentación latamente expuesta y que justifica la plena absolución 

de VTR, corresponde hacer valer la excepción de prescripción. 

En efecto, el plazo de prescripción de la acción imputada por Canal 13 a VTR, comenzó 

a correr en 1991, año en VTR inició sus operaciones como compañía prestadora de 

televisión por cable, y al mismo tiempo inició la recepción de la señal de UCTV desde el 

aire, permitiendo desde entonces ininterrumpidamente y sin que su conducta haya 

sufrido modificación alguna, que los usuarios la recibieran en sus televisores. Esta 

conducta, que es la que precisamente se califica de abusiva en la Demanda, se encuentra 

81

prescrita, por haber transcurrido con creces los dos años que exige el artículo 20 del DL 

211 60 . 

Incluso si pretendiera contar el plazo desde la toma de control conjunta de VTR BA y 

MI, por estimar que a partir de esa fecha la conducta en cuestión habría pasado a revestir 

la aptitud de generar efectos anticompetitivos, igualmente habría transcurrido el plazo de 

prescripción legal. Esto, porque dicha toma de control se materializó el 13 de abril de 

2005 61 . 

El artículo 20 del DL 211, en lo pertinente señala: 

“Las acciones contempladas en esta ley, prescriben en el plazo de dos años, 

contado desde la ejecución de la conducta atentatoria de la libre competencia en 

que se fundan. Esta prescripción se interrumpe por requerimiento del Fiscal 

Nacional Económico o demanda de algún particular, formulados ante el 

Tribunal”. 

De la lectura del artículo antes transcrito, se desprende con claridad que la prescripción 

de la acción comienza a correr desde que se ejecuta la acción que se estima contraria 

contra libre competencia, y que resulta indiferente el momento en que se produzcan los 

efectos o bien que los mismos sean permanentes. 

Así por lo demás lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema: 

“8°) Que el artículo 20 del DL N° 211, en su inciso tercero prescribe: ‘Las 

acciones contempladas en esta ley, prescriben en el plazo de dos años, contado 

desde la ejecución de la conducta atentatoria de la libre competencia en que se 

fundan. Esta prescripción se interrumpe por requerimiento del fiscal Nacional 

Económico o demanda de algún particular, formulados ante el Tribunal’. En el 

caso de autos, la ejecución de la conducta referida al reparto del mercado entre 

las requeridas, y en virtud de ello el abuso del poder logrado en el mercado, que 

se traduce en la determinación anticompetitiva de precios excesivos y 

discriminatorios, tiene lugar al momento de la celebración de los contratos de 

aprovisionamiento de oxigeno con los respectivos centros asistenciales. En 

efecto, de existir el acuerdo que les imputa, y como consecuencia de ellos el 

abuso de poder al momento de determinar los precios, éste no se materializa sino 

una vez que se han celebrado los respectivos contrato entre las empresas 

requeridas y los hospitales públicos a que se hace mención en el requerimiento. 

El que la celebración del contrato produzca o pueda producir efectos de carácter 

permanente, al menos durante la vigencia de éste, desde luego no importa que el 

plazo de prescripción pueda comenzar a correr recién desde que el contrato 

termina. La ley es muy clara al respecto cuando dispone que éste comienza a 

correr desde la ejecución de la conducta atentatoria, la que, como se dijo, se 

materializa en el caso de autos en la celebración de los respectivos contratos 

entre las empresas contra las que se dirige el requerimiento, y los distintos 

centros hospitalarios que allí se mencionan, y los distintos centros hospitalarios 

que allí se mencionan, independientemente de si los efectos de dicha conducta 

permanecen o no en el tiempo. 

60 El comienzo de las operaciones de televisión por cable en el año 1991 en el caso de VTR BA y en 1996 en el caso 

de MI, consta de los documentos acompañados en un otrosí de esta presentación, consistentes en las 

contestaciones de las demandas de ambas empresas en el juicio Rol 3616-2002 seguido ante el 26 Juzgado Civil de 

Santiago, entre las mismas partes del presente juicio, y que no fueron objetadas en su momento por Canal 13. 

61 El 13 de abril de 2005, VTR GlobalCom S.A., titular de un 99,969% de la participación accionaria y de un 100% del 

control de VTR BA, adquirió a su vez un 99,99% de las acciones de MI y un 100% del control de esta última. Con esos 

actos quedó jurídicamente materializado el control total de VTR GlobalCom S.A. sobre VTR BA y MI. En abril de 2005, 

VTR anunció públicamente que daba inicio materialmente a la operación de las empresas fusionadas como una sola. 

82

Por lo anterior, las conductas referidas por el fiscal Nacional Económico en el 

requerimiento de fs. 1, respecto de los contratos celebrados con anterioridad al 3 

de agosto de 2005, se encuentran prescritas;” 62 

Adicionalmente, la institución de la prescripción ha sido precisamente creada para la 

generación de seguridad jurídica en situaciones como la presente. En efecto, tratándose 

de una conducta cuyo acto de ejecución se efectuó hace más de 15 años (la decisión de 

recoger desde el aire la señal de libre recepción de UCTV), y cuyos efectos se han 

mantenido por ese período, tiempo en el cual la demandante no interpuso acción alguna 

de libre competencia, pudiendo haberlo hecho, cabe tutelar la certeza jurídica por la vía 

de acoger esta excepción de prescripción. Es más, en 2002, cuando UCTV presentó su 

demanda civil, claramente tuvo la oportunidad de evaluar el ejercicio de una acción de 

libre competencia, la que probablemente desechó, lo que confirma la justicia de acoger la 

excepción de prescripción. Más aun, por último, cuando se produjo la toma de control 

conjunta de VTR y MI podría haber decidido actuar en esa sede UCTV, cuestión que no 

hizo a pesar de haber transcurrido casi tres años desde esa circunstancia, lo que refuerza 

aun más la necesidad de acoger esta excepción. 

En consecuencia, la acción intentada por UCTV debe ser, en subsidio de lo solicitado en 

lo principal, declarada prescrita. Luego, la responsabilidad nacida de las conductas 

supuestamente ilícitas se encuentra absolutamente extinguida por prescripción extintiva, 

no pudiendo ser considerada para aplicación de sanción o multa alguna. 

------------------------- 

POR TANTO, por las consideraciones de hecho, jurídicas y 

económicas desarrolladas a lo largo de esta presentación, y en virtud de las 

disposiciones legales citadas en el cuerpo de la misma, así como de los artículos 1, 2, 3, 

18, 26 y 39, entre otros, del Decreto Ley N°211, 

AL H. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA 

PEDIMOS: 

a) que en subsidio de lo pedido en lo principal de esta presentación, rechace en todas 

sus partes la Demanda interpuesta por Universidad Católica de Chile, Corporación de 

Televisión, con expresa condenación en costas; 

b) que declare expresamente que nuestra representada no ha incurrido en ninguna 

infracción al Decreto Ley N°211, ni ha cometido atentado alguno contra la libre 

competencia con motivo de las conductas que aquí se han descrito; 

c) que prevenga a UCTV para que omita en lo sucesivo presentar ante este H. Tribunal 

demandas que, como la de autos, sólo tienen por finalidad entorpecer la competencia y 

el pluralismo en los medios de comunicación social; 

d) que acoja en todo caso la excepción de prescripción planteada; y, 

e) en subsidio de todo lo anterior, y para el caso improbable en que estime que nuestra 

representada incurrió en infracción al Decreto Ley N°211 que, apreciando 

adecuadamente todas las circunstancias que se han descrito a lo largo de esta 

presentación, especialmente la existencia de un procedimiento civil en curso en el cual 

62 Corte Suprema, Rol 5057-2006, en caso “Requerimiento del Fiscal Nacional Económico contra Air Liquide y otros”, 

foja 16 del fallo. 

83

se ha dictado sentencia de primera instancia favorable a VTR, exima a VTR del pago de 

la multa o la fije prudencial y proporcionalmente en el rango que corresponde a la ley 

aplicable, las conductas razonables desplegadas por la compañía que aquí se han 

descrito y la ausencia de abuso envuelto en su actuar. 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Rogamos al H. Tribunal tener por acompañados los 

siguientes documentos, con citación: 

1.- Copia autorizada de la escritura pública de 15 de junio de 2006, otorgada ante el 

Notario Público de Santiago don José Musalem Saffie, por medio de la cual se redujo el 

acta de la Junta General de Accionistas de Metrópolis Intercom S.A., de día 13 de junio 

del mismo año, en la cual se acordaron las siguientes modificaciones: (i) el cambio de 

nombre de Metrópolis Intercom S.A. a VTR Banda Ancha (Chile) S.A.; y, (ii) la 

adquisición por parte de VTR Banda Ancha (Chile) S.A. de la totalidad de las acciones 

de VTR Banda Ancha S.A. 

2.- Copia simple de la demanda de UCTV en contra de VTR, presentada con fecha 23 

de julio de 2002, ante el 4° Juzgado Civil de Santiago y que fuera tramitada hasta su 

acumulación bajo el Rol N° 3695-2002. 

3.- Copia simple de la contestación de VTR a la demanda de UCTV, individualizada en 

el N° 2 precedente. 

4.- Copia simple de la demanda de UCTV contra MI, presentada con fecha 24 de julio 

de 2002, ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, tramitada bajo el Rol N° 3616-2002. 

5.- Copia simple de la contestación de MI a la demanda de UCTV, individualizada en el 

N° 4 precedente. 

6.- Copia simple del fallo de primera instancia dictado por el 26° Juzgado Civil de 

Santiago en la causa Rol N° 3616-2002, por el magistrado de dicho Tribunal, don 

Humberto Provoste Bachmann, de fecha 2 de octubre de 2006. 

7.- Copia simple del escrito de apelación presentado por UCTV en contra del fallo de 

primera instancia individualizado en el N° 6 precedente, de fecha 28 de abril de 2007. 

8.- Copia simple del escrito de apelación presentado por MI en contra del fallo de 

primera instancia individualizado en el N° 6 precedente, de fecha 9 de mayo de 2007. 

9. Certificación notarial emitida por el Notario Público de Santiago don Raúl Perry 

Pefaur con fecha 7 de abril de 2008, que certifica que, revisado el computador de 

trabajo de don Juan Vásquez Córdoba, Vicepresidente de Estrategia Corporativa de 

VTR, se constata la existencia de un correo electrónico entrante de fecha 13 de marzo 

de 2007 dirigido por don Sergio Cagnavaro, gerente general de UCTV, por medio del 

cual se adjunta propuesta de contrato de interconexión y de transacción entre VTR y 

UCTV; incluyendo copia de los documentos adjuntos de propuesta de contrato de 

interconexión y de transacción. 

84

10. Copia simple de contrato celebrado entre UCTV y VTR con fecha 20 de febrero de 

2007, para la distribución por parte de VTR del contenido específico denominado 

“Señal II Festival de Viña”. 

11. Certificación notarial emitida por el Notario Público de Santiago don Eduardo 

Avello Concha, con fecha 7 de abril de 2008, que da cuenta de que, revisado el recurso 

de apelación N° de Ingreso 4143-2007 en la página web del Poder Judicial de Chile, el 

mismo aún se encuentra vigente y sin resolución de fallo, y que en el mismo son partes 

UCTV y VTR. 

Rogamos asimismo al H. Tribunal que otorgue carácter reservado a los documentos 

acompañados bajo los números 9 y 10, salvo respecto de la contraparte y de la Fiscalía 

Nacional Económica, por contener éstos información sensible que, de ser pública, 

podrían afectar los intereses de nuestra representada, de la misma contraparte y de 

terceros ajenos a este juicio. 

Sírvase el H. Tribunal tener por acompañados los referidos documentos, con citación, 

concediendo la solicitud de reserva para aquellos signados con los números 9 y 10. 

EN EL TERCER OTROSÍ: En cumplimiento de lo dispuesto en el Auto Acordado 

Nº7, de fecha 25 de mayo de 2006, venimos en acompañar un disco compacto que 

contiene una versión electrónica de esta presentación en formato Microsoft Word. 

Sírvase el H. Tribunal tenerla por acompañada. 

85

En lo principal, opone excepción dilatoria de litispendencia; en el ...

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