Boletin%20Jurisprudencial%20Nro%2082

Boletín Jurisprudencial Nro. 82 

Los Contratos Administrativos 

Abg. Marizabel Fernández Suzzarini 

mfernandez@corp.microjuris.com 

En Venezuela la definición del Contrato Administrativo fue producto de la 

jurisprudencia y la doctrina, las cuales tomaron como suya la corriente francesa 

proveniente de la arrêt terrier y arrêt espoux Bertin, entre otros casos relevantes, 

en los cuales se realizaban contratos verbales entre los particulares y la 

Administración, a fin de ejecutar un servicio público; ya sea la caza de serpientes 

como el caso terrier, o el suministro de alimentos a refugiados soviéticos, en el 

caso esposos Bertín. 

Estos fallos tenían como punto nodal, la ejecución de un servicio 

público, y a raíz de ello, el Consejo de Estado Francés señaló que la organización 

y funcionamiento de los servicios públicos, eran de naturaleza administrativa y por 

ende, la jurisdicción competente era la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

En la búsqueda para la determinación de los contratos administrativos, 

existen diversas tesis, entre las cuales podemos mencionar las dos más 

relevantes; por una parte, hay partidarios que sustentan su existencia en el 

servicio público como objeto del contrato, ya sea que apoyen la idea de una 

concepción amplia y o restringida del mismo, y por la otra, hay quienes piensan 

que se habla de contrato administrativo cuando existen cláusulas exorbitantes a 

favor de la Administración. 

Pero es importante recordar, que la Administración Pública como parte 

integrante del Poder Público tiene la potestad de celebrar contratos regidos por el 

Hotel Margarita Princess, Av. 4 de Mayo /Nivel Mezzanina, Oficinas 1 ,2 y 3/ Porlamar, Telf. 00 58 295 

2643584/ 00 58 295 2636015 Isla de Margarita, Venezuela.

Derecho Privado, denominados Contratos de la Administración, al igual que puede 

realizar contratos tutelados por el Derecho Públicos, llamados Contratos 

Administrativos. 

Nuestra Jurisprudencia, ha realizado esta distinción en la Sentencia Nro. 

02743, proferida por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de 

Justicia, ia, y al respecto señalo lo siguiente: 

“Y en tal sentido observa, que existe de vieja data, diversidad de criterios para el 

establecimiento de la distinción entre los contratos administrativos y los contratos 

de derecho privado que celebra la administración. No alcanzándose por lo demás, 

un criterio pacífico e indiscutible para reconocer al contrato administrativo; sólo 

simplemente, algunos índices o elementos reveladores. 

La tesis más difundida, sustenta que el elemento unificador o fundamental para 

reconocer el contrato administrativo, es que éste reposa sobre la noción del 

servicio público como objeto del contrato. Postulándose, en ese mismo parecer, 

que el contrato celebrado por la administración tenga por objeto la organización o 

funcionamiento de un servicio público o de alguna actividad de interés general, o 

bien que en alguna forma se desprenda del contrato que éste tiene por objeto 

ejecutar un servicio público o dar satisfacción a un interés general. En tal sentido, 

para que un contrato celebrado por la administración pueda ser calificado como 

administrativo, es necesario que guarde relación con una actividad de servicio 

público o de utilidad pública. 

Sin embargo, se entiende que los contratos celebrados por la administración que 

tengan por objeto servicios industriales y comerciales idénticos a los que prestan 

los particulares, encajan normalmente en la categoría de los contratos de derecho 

común; de manera que a estos últimos se les presume como contratos de derecho 

privado, salvo que en razón de cláusulas especiales o de condiciones particulares 



de funcionamiento del servicio, pueda reconocérseles el carácter de contratos 

administrativos. 

Se observa adicionalmente, que la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido 

reiteradamente, que un contrato administrativo se puede identificar por la 

presencia en su texto de "cláusulas exorbitantes" -que son disposiciones 

contractuales impuestas por el ente administrativo contratante con el fin de 

anteponer el interés público al interés privado del co-contratante y, en 

consecuencia, ajena a los contratos de derecho privado- o, en ausencia de 

"cláusulas exorbitantes", cuando su fin primordial sea la prestación de un servicio 

público o de interés general, lo que permitirá a la Administración, en su momento 

dado y en virtud de sus poderes, imponer unilateralmente al co-contratante 

condiciones no previstas en el contrato y que en el derecho común sólo serían 

posibles, si la otra parte conviene en modificar el contrato en ocasión posterior a la 

celebración inicial. (Vide. sentencia dictada el 11 de agosto de 1993, caso: 

Cervecería de Oriente; sentencia del 22 de febrero de 1990, caso: J.R. & 

Asociados, S.R.L.; sentencia del 04 de marzo de 1993, caso: Tenerías, C.A.; y, 

sentencia del 17 de noviembre de 1994, caso: Sateca Nueva Esparta vs Concejo 

Municipal del Distrito Mariño del Estado Nueva Esparta).” 

En esa misma directriz continuó la jurisprudencia patria en el caso de 

Dioselina Rivero de Oropeza, al señalar las características de los Contratos 

Administrativos, puntualizando lo siguiente: 

“… son verdaderos contratos administrativos, toda vez que los mismos poseen las 

tres características básicas de todo contrato administrativo, a saber: 1.- Una de las 

partes es un ente público, 2.- el contrato tiene una finalidad de utilidad pública o la 

prestación de un servicio público, y 3.- como consecuencia de lo anterior, se 

entiende la presencia de ciertas prerrogativas de la Administración en dichos 



contratos, consideradas como exorbitantes, aun cuando no se encuentren 

expresamente plasmadas tales características en el texto del mismo.” 

Un fallo que no podemos dejar de mencionar, por la gran relevancia en nuestro 

Derecho Administrativo, es el caso conocido como Astilleros la Guaira, sentencia 

emitida el 05 de Diciembre de 1944, por la Corte Federal y de Casación, el cual, 

tempranamente, al referirse del tema, manifestó: 

“…cobró cuerpo el concepto de una distinción fundamental entre los contratos 

administrativos que interesan a los servicios públicos y los contratos de Derecho 

Privado, en los cuales, por los tiempos en que fué elaborada su preceptiva, no se 

dieron soluciones especiales y adecuadas a estos modernos contratos cuyo gran 

desenvolvimiento y nueva y minuciosa técnica no pudieron preverse. En la 

actualidad son pocos los sostenedores de aquella tradición civilista y los más 

recientes e ilustres profesores y tratadistas sustentan las nuevas doctrinas y la 

jurisprudencia que conforme a ellas se ha ido formando, con una neta 

diferenciación entre el régimen y ejecución de los contratos administrativos y los 

de Derecho Privado. 

No quiere decir esto que no tengan ya aplicación en los contratos administrativos 

los preceptos del Derecho Privado. Este sigue siendo el derecho común en todo 

aquello que en dichos contratos no ofrezca una naturaleza especial, un concepto 

nuevo de justicia, inconciliables con los preceptos civiles y mercantiles que rigen 

los contratos entre simples particulares. Por otra parte, no ha de creerse que en 

otros países se ha hecho tal distinción y fundado tal jurisprudencia, porque en 

ellos se hayan dictado previamente leyes sustantivas especiales a los contratos de 

la Administración Pública, derogatorias de las disposiciones civiles y mercantiles, 

ni deducirse de tal error que, como entre nosotros no existen esas leyes 

especiales, sea forzoso aplicar, en éste y en otros litigios semejantes, las reglas 



del Derecho Privado, y que es ocioso hablar de Derecho Administrativo y citar 

autores sobre esta materia. 

No! Esa distinción n se inició y cobró vigor y predominio en esos otros países, sin 

ninguna base legislativa especial previa, sino sólo a favor de la doctrina de los 

autores; empezó por una filosofía jurídica y por nuevos conceptos de justicia en 

materia de contratos, por la diferencia que hay entre el contratante persona física 

privada, guiado por su solo interés patrimonial individual, y el órgano respectivo de 

la Administración Pública contratante en un interés colectivo, de orden público 

supremo. 

(Omisis) 

Es en la doctrina de grandes autores modernos y no en preceptos legales 

especiales en donde se establece que no deben aplicarse por analogía a los 

contratos administrativos de suministros de provisiones ni a los de trabajos 

públicos las disposiciones del Derecho Privado sobre el contrato de venta ni sobre 

el arrendamiento o locación de obras. 

(Omisis) 

Se considera como regla esencial en la ejecución de los contratos administrativos, 

que el interés general del funcionamiento regular del servicio público en relación 

con el contrato no debe ser comprometido por el interés privado del otro 

contratante.” 

En virtud de esa caracterización tan peculiar de los Contratos 

Administrativos, trajo como consecuencia que la Administración Pública como 

contratante, pudiese rescindir unilateralmente los contratos por ella celebrados, 

pero a pesar que cuenta con grandes prerrogativas, no está exenta de los 



controles respectivos y mucho menos de garantizar el respeto y tutela de los 

derechos de los administrados co-contratantes, contratantes, así pues, muestra de ello se 

puede evidenciar en la decisión del caso Aerolink Internacional S.A., sentencia 

Nro. 568, emitida por la Sala Constitucional: 

“Ahora bien, tomando en cuenta que lo fundamental en toda concesión de un 

servicio público es la protección del interés general, traducido en la forma y 

continuidad en la prestación del mismo, existen derechos de los concesionarios 

quienes han invertido capital y han adquirido derechos y obligaciones frente a la 

Administración para la prestación de ese servicio, -esto a pesar, de que como 

antes se precisó existan cláusulas exorbitantes del derecho civil a favor de la 

Administración-, que pudieran incidir en la relación contractual, siendo una de 

éstas la potestad de rescisión unilateral del contrato por parte de la 

Administración. 

(Omisis) 

…la Administración frente a ese incumplimiento contractual como por ejemplo falta 

de pago, falta de constitución de las fianzas exigidas, falta de rendición de cuentas 

etc, tiene la potestad de rescindir unilateralmente el contrato pero respetando los 

derechos subjetivos o intereses legítimos de los concesionarios, toda vez que el 

acto por el cual se rescinde la concesión es un acto administrativo que debe estar 

precedido de un procedimiento que garantice el derecho a la defensa y al debido 

proceso del concesionario, aun cuando ese procedimiento sea expedito, como lo 

sería el procedimiento sumario contenido en la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos.” 

Así pues, la figura del Contrato Administrativo, tan relevante en el 

Derecho Administrativo, tuvo su origen en las doctrinas de los grandes autores y 

fallos franceses que fueron trasladados a nuestro Derecho; y desarrollado por la 



jurisprudencia patria caracterizándolo y deslastrándolo de la jurisdicción ordinaria, 

para acobijarlo en las reglas propias de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, 

con un objeto fundamental, como lo es el servicio público, propio del interés 

general, rodeado de prerrogativas o cláusulas exorbitantes a favor de la 

Administración, más sin menoscabar los derechos de los administrados, a fin de 

mantener el equilibrio en la ecuación contractual = Administración – administrado 

co-contratante.

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