Nosotros nos comprometemos a poner fin a este manejo irresponsable de los dineros públicos, pero al mismo tiempo nos negamos a ser simples administradores de la escasez que fabricaron otros. No vamos a renunciar a mejorar las condiciones de vida los uruguayos, ni vamos a sacrificar objetivos que requieran mucha presencia del Estado. A lo que vamos a renunciar es al malgasto y a la disolución de responsabilidades.

Hay que equilibrar el barco, pero sin pasarle la cuenta a los ciudadanos. Si le pidiéramos a la gente que siga haciendo el esfuerzo, sólo agravaríamos los problemas: la actividad económica se vería todavía más frenada y se agudizarían problemas sociales como el desempleo. Por eso decimos que esta vez el esfuerzo tiene que hacerlo el Estado.

La riqueza nacional la generamos día a día los uruguayos con nuestra creatividad, nuestra energía y nuestro esfuerzo. Es por eso que se necesita reactivar la economía, generando un país más competitivo y dinámico en todos los sectores. Además de corregir la situación fiscal, como se explicó en el primer capítulo, es fundamental implementar medidas que promuevan la competitividad en sí misma, es decir, influyendo positivamente en la vida cotidiana de las empresas del país, sea cual sea su tamaño y en más empleo y mejores condiciones de trabajo para todos los uruguayos.

El primer paso hacia un país mejor es recuperar una convivencia segura y pacífica. Tal como dice nuestra Constitución, la seguridad es un derecho fundamental de los ciudadanos. Por eso no existe contradicción entre seguridad y derechos humanos. Garantizar la seguridad de las personas y de las familias es el primer deber del Estado.

Uruguay fue durante mucho tiempo un país seguro, pero en los últimos años dejó de serlo. Y las cosas tienden a agravarse. El Estado se ha vuelto incapaz de protegernos. De hecho, hay zonas que ya ni siquiera controla. Todo esto ocurre pese a que, desde el año 2005 a la fecha, el presupuesto del Ministerio del Interior se multiplicó por 4 y la cantidad de policías llegó a su máximo.

Los uruguayos tenemos que recuperar la calidad de nuestra convivencia. Para eso necesitamos tomar medidas que pongan al Estado en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de prevención, disuasión y represión del delito. Eso requiere un conjunto de acciones complementarias.

Nuestro país tiene un desajuste entre su realidad económica y su realidad social. El PBI per cápita que hemos alcanzado nos coloca en la “clase media” mundial, pero tenemos niveles de exclusión, tasas de criminalidad, desigualdades educativas y problemas de vivienda propios de un país económicamente débil. Tenemos una economía que crece y, al mismo tiempo, una sociedad cada vez más fracturada.

Además de ser tremendamente injusta, esta situación amenaza nuestro futuro. Si no conseguimos modificar el rumbo, vamos a dejar definitivamente atrás el Uruguay integrado y pacífico para convertirnos en una sociedad dividida en dos bloques enfrentados: una minoría que acumulará recursos y oportunidades, y una mayoría que vivirá en la vulnerabilidad y la dependencia.

Lo habitual en los programas de gobierno es que se hable de tecnología en un capítulo específico, o en el capítulo dedicado a la actividad productiva. Nosotros también lo hicimos, al dedicar una sección al desarrollo de las TIC. Pero, además, hemos querido empezar hablando de tecnología en el capítulo dedicado a la educación y la cultura.

Es una elección que hemos hecho a conciencia, porque el significado de la evolución tecnológica va hoy mucho más allá de sus impactos sobre la actividad productiva o sobre las actividades de investigación y desarrollo. La evolución tecnológica está cambiando nuestras maneras de vivir, de comunicarnos, de entender al mundo. Y eso exige en enorme esfuerzo de nuestra parte, que consiste básicamente en un cambio de mentalidad. Sólo si vemos lo que está pasando en su radical novedad podremos prepararnos para aprovechar individual y colectivamente las oportunidades que nos ofrecerá el futuro.