Las infracciones pendientes del mercado único europeo

El mercado único de la Unión Europea, también llamado interior o común, es uno de los instrumentos de integración económica más importantes que tiene Europa. Gracias a él, bienes, servicios y capitales pueden circular libremente entre los Estados miembros, sin necesidad de someterse a controles aduaneros o aranceles. También permite que cualquier ciudadano europeo pueda vivir, estudiar, trabajar, hacer negocios o jubilarse en cualquier país de la UE.

Por todo esto, el mercado único europeo está basado en una gran cantidad de leyes comunitarias (1.059 directivas, en concreto), a las que hay que sumar las correspondientes medidas nacionales de transposición. Sin embargo, el mercado interior es mucho más que regulaciones y acuerdos, y es esencial que tanto las autoridades europeas como las nacionales velen por su cumplimiento y su puesta en práctica para que los ciudadanos y las empresas no se encuentren con ninguna barrera a la libertad de circulación.

Los tratados, en los que las capitales se comprometieron a eliminar obstáculos y crear oportunidades para sus compañías y la inversión extranjera, permiten a la Comisión Europea tomar acciones legales en caso de que algún Estado miembro falle a la hora de implementar alguna de las directivas aprobadas o no comunique correctamente su transposición. Los procedimientos de infracción, basados en las pesquisas de la propia Comisión o en denuncias de ciudadanos o empresas, pueden acabar incluso en la Corte de Justicia, que en última instancia puede imponer grandes multas económicas.

El procedimiento se inicia con el envío de una carta desde Bruselas al Estado miembro en cuestión en la que solicita explicaciones. Este debe devolver una respuesta detallada en un plazo de tiempo determinado, normalmente dos meses, y, si no consigue convencer a la Comisión, recibirá una nueva comunicación con la explicación razonada de por qué la UE considera que incumple las normas comunitarias y una petición formal de subsanación del error. Si, de nuevo, el país sigue sin corregir su postura, la Comisión puede decidir elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), aunque la mayoría de las infracciones abiertas se resuelven antes.

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Así, de acuerdo con el Single Market Scoreboard, en 2020 existían 800 procedimientos de infracción abiertos, un retroceso a la situación de 2014 tras varios años de mejoría. De todos ellos, 57 pertenecen a España, el país con más casos (el doble de la media europea) seguido de Italia (49), Alemania (47), Grecia (44), Polonia (40) y Hungría (36). En el extremo opuesto se sitúan Lituania, Estonia, Finlandia y Luxemburgo, los cuatro con menos de quince infracciones. Además, los sectores menos respetados por los Estados miembros son el medio ambiente (28% de las infracciones abiertas), el transporte (17%) y la tributación (10%).

En el caso concreto de España, uno de los frentes abiertos con la Comisión es el reconocimiento de cualificaciones profesionales, regulado en la Directiva 2005/36/EU, cuyo objetivo es armonizar el sistema de autorizaciones para acceder y ejercer algunas profesiones en la Unión Europea. Así, si las capitales cuentan con requerimientos distintos, en la práctica los profesionales cualificados de un país, como ocurre en España, pueden tener dificultades a la hora de trasladar su actividad laboral a otro Estado miembro. Bruselas envió un dictamen motivado a Madrid el pasado año explicando su opinión acerca del «incumplimiento de las normas de la Unión sobre la libertad de establecimiento, el procedimiento para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y las normas sobre el conocimiento de idiomas», y el proceso de infracción aún continúa abierto.

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