El Gobierno eleva el cobro a los aeropuertos privados de 5% a 9% de sus ingresos brutos

El Gobierno de López Obrador ha elevado los cobros a los aeropuertos privados. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Hacienda acordaron con los principales operadores de terminales aéreas —el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), el Grupo Aeroportuarios del Pacífico (GAP) y con el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)— las nuevas bases tarifarias para los concesionarios. La Administración federal ha informado este jueves de que las contribuciones pasarán del 5% a 9% sobre los ingresos brutos del concesionario. De acuerdo con el Gobierno, desde el año 2000, las tasas no habían sido modificadas.

La modificación al alza en los cobros de las concesiones de terminales aéreas ocurre tras un par de reuniones entre el Gobierno y los privados. La Administración central defiende que la reducción de los servicios aeroportuarios incidirá a la baja en el costo de los boletos de avión y dará certidumbre al modelo concesionario de aeropuertos. Tras la noticia, las acciones de los grupos aeroportuarios, que operan terminales como en Cancún, Los Cabos y Guadalajara, presentaron caídas de casi un 4%, sin embargo, al filo de esta tarde recuperaban su valor. Los analistas de Grupo Financiero Monex no descartan un periodo de volatilidad derivado de estos cambios regulatorios. Hasta el momento, las empresas no se han pronunciado sobre estos cambios.

En paralelo, la Cámara de Diputados avaló este miércoles una reserva a la Ley de Derechos para el siguiente año, que crea un pago del 9% a los ingresos brutos de los concesionarios privados de aeropuertos. Ese monto deberá destinarse a un fideicomiso de las Fuerzas Armadas cuyo uso será para los aeropuertos que administran. Durante esta administración, las Fuerzas Armadas han asumido el control de más de 15 aeropuertos en el territorio, entre los que sobresale el congestionado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el nuevo aeródromo de Tulum, próximo a la joya turística del Caribe mexicano.

Las concesiones aeroportuarias fueron otorgadas a los privados desde 1998 a través de títulos para cada uno de los aeropuertos operados por Asur, OMA y GAP. De acuerdo con la ley aeroportuaria mexicana, las tarifas máximas aplicables se definen con base en un plan maestro de desarrollo que se revisa cada cinco años, pero pueden ser ajustadas por la inflación y de manera extraordinaria por el Gobierno. El experto en temas aeronáuticos, Fernando Gómez Suárez, señala que es justa la medida del Gobierno de revisar las contribuciones de los concesionarios. “Los operadores de las terminales aéreas han generado los recursos suficientes para recuperar la inversión desembolsada en aquel entonces y aún está por verse las nuevas reglas tarifarias donde se deberían de incluir los cobros a las aerolíneas y a los pasajeros”, refiere.

El especialista advierte como siguiente paso el que las autoridades corroboren realmente que la reducción de tarifas para las aerolíneas se traduzca en una caída en los precios de los billetes de avión para el consumidor final.

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