La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como la propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para derogar el delito de ultrajes a la autoridad resulta “tramposa” y “convenenciera”, afirmaron diputados locales y senadores.
Si bien se propone derogar el artículo 331, queda vigente el 371 que tipifica el delito contra las instituciones de seguridad que contempla penalidades de hasta 15 años de prisión a quien impida o bloquee el paso de policías, o use equipo exclusivo de las fuerzas de seguridad estatal, o interfiera en la señal oficial para obtener información de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán, y el senador Miguel Mancera, confirmaron que la Policía y Ministerial han usado el delito de ultrajes como gancho, y posteriormente les notifican algunos otros ilícitos como delitos contra las instituciones de seguridad pública, que aumenta la penalidad de ocho a 15 años, y hay agravantes. Por su parte el priísta Marlon Ramírez Marín planteó que se hace necesario revisar el capítulo de delitos contra las instituciones de seguridad pública, que se adiciona al Código Penal en marzo del 2021.
En ese momento se hicieron cambios a más de 15 artículos relacionados con sanciones por extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad y delitos contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad. Diputados de ese momento reconocieron que no leyeron las modificaciones y las aprobaron a propuesta de la mayoría. El primero de enero el gobernador Cuitláhuac García Jiménez remitió la iniciativa en la que pide desaparecer el delito, tal como lo instruyó la CNDH. En su propuesta, García Jiménez destaca que se dejaría un vacío legal para tipificar la conducta de agresión con medios violentos hacia servidores públicos, en específico a policías y elementos de seguridad pública en el cumplimiento de su deber.
La legisladora Ruth Callejas Roldán opinó que lo que hizo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue solo para minimizar las críticas contra su gobierno pues, aunque eliminan el delito de ultrajes, se queda el 371 quinquies, que establece una pena más alta. La representante de MC comentó que lo que se está haciendo es imputar el 331 y el 371 del Código Penal, lo que limitará que puedan salir algunas de las personas que están en la cárcel. “Yo creo que se analizó bien el Código Penal, porque la CNDH se limitó a pedir el delito de ultrajes a la autoridad, sin analizar la penalidad y los otros delitos”, consideró en entrevista.
Recordó que existe una acción de inconstitucionalidad que tiene por objetivo echar abajo la reforma al Código que incluye el capítulo de delitos contra las instituciones de seguridad. “El delito de ultrajes ha sido el gancho, y ya estando ahí les notifican homicidio, secuestro, etcétera, a lo mejor los que están por ultrajes pueden salir, pero habría que ver qué otros delitos se les imputan”.
Lo hecho por García Jiménez solo es por conveniencia para que se diga en los medios “ya cumplió”, pero no se está revisando el tema de fondo, pues si bien hay que cuidar a los elementos de seguridad, no se puede pasar por encima de los ciudadanos. La legisladora comentó que en el caso de la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) sí incluye derogar el delito contra las instituciones; y la del Partido del Trabajo (PT) solo baja la penalidad, para que el tema quede en sanción administrativa.
