Vecinos solicitan la intervención municipal sobre los cultivos de soja en zonas urbanas

El crecimiento de la población y el aumento de las extensiones de cultivo de soja y otros rubros agrícolas de gran impacto representan un grave problema en varias comunidades de Canindeyú, en pleno desenvolvimiento demográfico.

En la colonia Canindeyú de Salto del Guairá, actualmente parte de la zona urbana con más de 10 nuevos barrios, los vecinos se quejan de los productores de soja que llegan hasta muy cerca de las viviendas, sin que exista ningún tipo de barrera vegetal o de otro tipo que les proteja de los agrotóxicos.

La misma situación se presenta en los barrios Las Mercedes y María Auxiliadora de La Paloma, donde también existen cultivos de soja prácticamente en medio de la población. Según una denuncia que se presentó en la Comuna de esa ciudad, uno de los productores es el concejal municipal Volnei Richardi (ANR), que tiene un cultivo de soja en el cual recientemente se procedió al empleo de agrotóxicos “habiendo vecinos a metros del lugar”.

Expresaron que los malos olores afectaron a personas embarazadas y enfermas. Pidieron que se haga efectivo el cumplimiento de las prohibiciones de cultivar en áreas urbanas.

Los vecinos de La Paloma advirtieron que de no tomarse las medidas por parte del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) para proteger a la gente, ellos mismos tomarán cartas en el asunto. “Queremos una solución inmediata a esta situación antes de que se produzcan hechos que lamentar”, expresaron.

En el departamento de Canindeyú las áreas de soja y las poblaciones humanas están cada vez más cerca porque ambos sectores se expanden constantemente.

Intentamos obtener la versión del concejal Richardi, pero no atendió nuestras llamadas a su celular.

Según la Ley 3742/09, “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola”, se debe establecer una franja de protección de 100 metros entre el área de tratamiento con productos fitosanitarios y todo asentamiento humano, centros educativos, puestos de salud y otros lugares de concurrencia pública. La legislación también obliga a los productores a establecer una barrera vegetal.