1 (Publicado en: Martín Vide, C. (ed.), Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro, 1996, pp. 341-360. ALBERT BASTARDAS BOADA (Departamento de Lingüística General, Universidad de Barcelona) POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICAS 1. Introducción: el campo de estudio La evolución socio-política de las sociedades occidentales -que posteriormente han constituido un modelo general a tratar de imitar- ha llevado, en especial en los últimos dos siglos, a aumentar enormemente las funciones, el poder y la repercusión del estado en la vida social. Uno de los aspectos en que más ha crecido su influencia ha sido precisamente el lingüístico. Por encima de una secular dinámica social autoorganizativa y policéntrica en la resolución de los problemas de la comunicación lingüística cotidiana, el estado se ha alzado en una gran mayoría de casos como el gran organizador de la comunicación pública. Así, en las sociedades actuales, es fundamentalmente el poder político quien decide qué código o códigos lingüísticos serán los que se usarán en la vida pública institucional -en los organismos políticos, en la actividad administrativa oficial y en la no-oficial, en los medios de comunicación, en la señalización viaria, etc.- y, en consecuencia, qué lengua o lenguas deberá conocer la población de manera general, hecho que se hará posible mediante la escolarización obligatoria universal. Igualmente, el poder político decretará -directamente o por delegación en una institución académica o autoridad lingüística- la forma del código o códigos a utilizar. 2 Las decisiones que en materia lingüística adopte el poder político, tendrán, pues, consecuencias de gran importancia para el ecosistema sociolingüístico existente hasta el momento. De hecho, la regulación espontánea y, frecuentemente, incluso acéntrica de las formas de la comunicación social habitual se verá afectada por la superposición de los nuevos factores de influencia. Los hablantes de las variedades vernaculares existentes entrarán en contacto con modelos lingüísticos de los que diferirán en mayor o menor grado según la distancia estructural. El conocimiento y la adopción para determinadas funciones públicas del código o códigos seleccionados por el estado para estos fines podrá repercutir en diferente intensidad sobre las variedades existentes. Los hablantes de algunos vernáculos podrán hacer evolucionar éstos gradualmente hacia formas y sentidos más próximos a la variedad oficializada pero conservando aún importantes rasgos propios, mientras que otros pueden llegar a abandonar totalmente sus hablas propias y adoptar en la vida cotidiana una variedad simplemente coloquial del código público instaurado. En los casos en que además de distancia lingüística estructural existe conciencia de colectivo diferenciado históricamente y esta diferencia, no vivida negativamente, no ha sido reconocida por el estado en su organización lingüística, sus hablantes pueden optar por aprender y usar la lengua oficializada sólo en aquellas funciones estrictamente necesarias, mientras conservan plenamente el uso de sus variedades propias -más o menos interferidas por las formas de la variedad oficial- en el resto de sus actividades cotidianas. Estas irrupciones en el ecosistema sociolingüístico pueden ser vividas conflictivamente de manera especial en los grupos cuyas hablas más difieran -o sean del todo diferentes- de la variedad declarada como oficial. Puede producirse en la práctica una cierta fractura del consenso social entre los partidarios de adoptar plenamente y para todos los usos el nuevo código y los que piensen que deban precisamente resistirse a este resultado, hecho que puede traducirse en situaciones de conflicto político y social de mayor o menor gravedad, según las circunstancias y coyunturas. 3 Sea como sea, la variedad o variedades declaradas como oficiales y, por tanto, detentoras por excelencia de la comunicación pública generalizada, avanzarán en presencia y uso social a través de las funciones emanadas directamente de la organización político-administrativa y a la vez de las que dependan de organismos de titularidad privada o no-oficial, los cuales -aún sin regulación explícita - irán habitualmente adoptando en sus usos el código que se esté implantando o se haya implantado ya como general y propio del ámbito de la comunicación pública general. El estudio y la comprensión, pues, de las acciones e ideologías del poder político sobre la comunicación lingüística y sus códigos, y las interrelaciones globales de aquellas con el plano sociocultural de los colectivos humanos son los objetivos fundamentales de este campo de caracterización forzosamente interdisciplinar. 2. Aclaraciones teóricas fundamentales Una aproximación rigurosa sobre la comunicación lingüística de los seres y grupos humanos debe partir de la constatación histórica de la "artificialidad" de lo que comúnmente se considera una "lengua" y, en consecuencia, debe procurar aclarar las confusiones que sobre este aspecto de la realidad existe para una gran mayoría de la sociedad. Lo que habitualmente se entiende por "inglés" o por "italiano", por ejemplo, no son variedades lingüísticas originales y "puras" que cuentan, luego, con hablantes que las corrompen y las hablan mal en su vida cotidiana. Son, al contrario, modalidades conscientemente construidas -planificadas- por determinados usuarios o gramáticos con gran prestigio y consagradas bien por el uso o explícitamente por el poder político como las formas lingüísticas legitimadas para ocupar las funciones públicas de sus respectivas sociedades. Estas variedades legitimadas constituirán el comportamiento lingüístico socialmente considerado estándar- -que se extenderán sobreponiéndose de hecho sobre un mar de variedades vernaculares producto de la historia social de la comunicación de los diversos colectivos que 4 forman las sociedades humanas. Podrá darse fácilmente un reparto de sus funciones: mientras la variedad estándar ocupará por definición los usos públicos formales, es decir, las comunicaciones institucionalizadas -especialmente (pero no únicamente) escritas, provenientes del propio poder político y administrativo, del sistema oficial de educación, de las organizaciones no-oficiales, de los medios de comunicación, etc.-, las variedades vernaculares podrán seguir utilizándose en las comunicaciones individualizadas o informales -las emitidas básicamente a título individual y no institucional, y habitualmente orales, como en las relaciones con familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Los individuos, además de hablantes, son interpretantes de la realidad que perciben. Así, su relación con las formas lingüísticas que usan o que simplemente escuchan en su entorno, no será "neutra" y sin repercusión en otros planos, sino que será interpretada socio-simbólicamente. Las variedades se cargarán de atributos socialmente significativos que podrán influir en la valoración de las mismas según las funciones de éstas y la posición social de sus hablantes. Estas actitudes intervendrán decisivamente en la continuidad o el cambio de las formas de hablar por parte, en especial, de los individuos que venían usando variedades vernaculares más alejadas de la seleccionada como base de la estándar. En aquellos casos en que el estado se considere multilingüe, éste deberá regular la concurrencia de los diversos códigos oficiales en los diferentes niveles de gobierno, funciones y territorios. 3. La organización lingüística de las sociedades contemporáneas 3.1 Estado y sociedad El actual sistema de estados en que ha venido organizarse la humanidad es fruto de las vicisitudes históricas y militares experimentadas por los grupos humanos y sus formas organizativas. Si contraponemos el concepto de estado al de sociedad o 5 cultura, podemos observar claramente la no-coincidencia de los mismos. El fenómeno de la diversidad cultural humana ha producido la existencia de sociedades diferenciadas en muchos aspectos, y, de manera clara y ostensible, en el plano lingüístico. Según los acontecimientos históricos de su área de comunicación, las sociedades humanas han llegado a la época contemporánea hablando una multitud de variedades vernaculares, fruto de la transmisión intergeneracional y de sus experiencias sociales de relación comunicativa. Pero la organización política de la humanidad no ha seguido directamente las divisiones geo-sociales y culturales existentes. Los avatares históricos han cristalizado en un sistema de estados muy inferior en número al de sociedades y culturas, hecho que ha producido la actual situación caracterizada por una composición multilingüe de la población de la mayoría de los estados. Cómo resolver, pues, el problema de la comunicación pública en los estados con acentuada diversidad lingüística de sus grupos constituyentes es una de las cuestiones más actuales que tiene planteada hoy la humanidad. 3.2 La organización del plurilingüismo Todos los estados, ya sea en su inicio o posteriormente y ya sea explícita o implícitamente, han tenido que pensar y adoptar decisiones sobre la organización lingüística de la comunicación pública. Cómo se establecerá la comunicación ciudadanos-instituciones de gobierno, en qué lengua o lenguas deberán alfabetizarse las diferentes poblaciones, cómo se favorecerá la comunicación y la relación entre éstas, en qué código emitirán los medios de comunicación oficiales, cómo será el funcionamiento lingüístico de la administración y, pór consiguiente, qué conocimientos lingüísticos se exigirá generalmente a los funcionarios, etc., son cuestiones que cualquier estado debe resolver en un sentido u otro. Las soluciones adoptadas por los diferentes estados contemporáneos pueden divergir extremadamente. De hecho, se encuentran en un continuum que iría desde el estado que adopta un modelo de organización lingüística absolutamente igualitario respecto 6 de los códigos de las poblaciones que lo componen hasta el que decide implantar el uso estricto de una sola de las lenguas en presencia en todo el territorio del país y para todas las poblaciones, pasando por diversas situaciones de más o menos reconocimiento del plurilingüismo por parte de las instituciones oficiales. En el caso de los modelos basados en el uso de un solo código oficial exclusivo en todo el territorio del estado y para todas las funciones comunicativas por parte de todos los grupos lingüísticos incluidos en el mismo -como por ejemplo era el caso, en general, en España durante el período 1939-1975- tienden a producirse repercusiones sociolingüísticas enormemente desfavorables para los códigos declarados no solo no-oficiales sino muchas veces explícitamente prohibidos. Así, a causa del solo uso y enseñanza formal de la variedad declarada oficial en el sistema educativo, las poblaciones de lengua diferente serán alfabetizadas e instruidas únicamente en aquella y desconocerán por completo la gramática prescriptiva -ortografía, reglas morfo-sintácticas, etc.- y el léxico y expresiones adecuadas a los diversos conocimientos que pudieran existir para sus propias variedades, con lo cual se convertirán en analfabetos en su código e incapaces de usarlo apropiadamente para las funciones formales. Con el paso del tiempo, y con la perpetuación de este tipo de modelo, las variedades lingüísticas no oficializadas podrán desarrollar un gran número de interferencias provenientes del código público, las cuales pueden ir desnaturalizando las mismas y llevarlas o mantenerlas en una situación de diferenciación dialectal acusada, al revés de lo que ocurrirá en la variedad oficializada, que irá deviniendo fuente de homogeneización dialectal y de comunicación intervernacular eficaz. Intergeneracionalmente, y con la existencia ya de individuos capaces de usar fluidamente también en el nivel oral la variedad oficial -fruto de haber sido expuestos a temprana edad al sistema escolar que usa el citado código como lengua vehicular habitual de todos los contenidos de la enseñanza- se hallaran éstos en la posibilidad de escoger en cuál de las dos variedades hablarán a sus hijos. En función, en este momento, de su representación de la realidad respecto 7 de la situación sociolingüística que viven y de las expectativas de cambio o de continuidad futuros de la misma, se decidirán por usar uno u otro de los códigos. Las comunidades que han ido interiorizando en su representación el discurso negativo respecto de las variedades no oficializadas que habitualmente el poder político dominante hace circular en este tipo de modelos se irán inclinando muy probablemente por hablar a los hijos en el código oficial, con lo cual se interrumpirá la transmisión natural de la variedad no oficializada. En el momento en que vayan siendo mayoría los individuos que vayan adoptando este comportamiento lingüístico para librarse de la estigmatización social y, frecuentemente, del propio auto-odio creado, y/o para intentar asegurarse en el futuro una mejor valoración y posición socioeconómica como hablantes de la lengua oficial única, las variedades autóctonas irán cayendo en el desuso y estarán condenadas -por el desprestigo, inutilidad e inconveniencia provocados- a su extinción gradual (véanse, por ejemplo, los resultados en Francia, en Gran Bretaña o Irlanda o igualmente en España). Este tipo de modelo de organización lingüística radicalmente unilingüe es en otras ocasiones reblandecido por determinadas concesiones a los grupos lingüísticos de lengua no-oficial, en especial en estos últimos tiempos en que la conciencia democrática y de los derechos humanos parece haber aumentado. En el modelo atenuado de unilingüismo oficial, continúa habiendo, generalmente hablando, una sola lengua oficial del estado, pero se permite, por ejemplo, que en determinadas zonas del territorio pueda recibirse en algún grado enseñanza de la gramática normativa de la variedad propia, y que esta variedad pueda también ser usada, por ejemplo, en algún espacio de corta duración en los medios de comunicación, en un marco, no obstante, muy claramente favorable al uso preeminente del código oficial en las comunicaciones públicas. En estos casos, puede llegar a permitirse la rotulación callejera en las dos lenguas e incluso el uso del idioma propio en algunas funciones municipales o bien la existencia de centros escolares privados que usen el código propio como idioma habitual de la transmisión de los conocimientos. En 8 cualquier caso, ningún ciudadano puede alegar desconocimiento de la lengua oficial, y continuará siendo ésta, muy frecuentemente, la más usada e incluso valorada en las comunicaciones públicas, dada ya la situación muy debilitada del uso de los códigos autóctonos cuando se conceden este tipo de medidas atenuantes (tómese como muestra la actual situación del catalán en la franja territorial que España cedió a Francia en 1.659). Los efectos sociolingüísticos de este modelo dependerán en alto grado de las condiciones globales demográficas, económicas, sociales e ideológicas existentes en el momento de la instauración de las garantías mencionadas. En el caso, por ejemplo, de una auto-representación grupal todavía no muy negativizada y de cohesión socio-demográfica suficiente, el modelo unilingüe atenuado puede jugar a favor de un cierto mantenimiento de las propias variedades lingüísticas, aunque para funciones generalmente privadas o muy locales, y en el marco de una actividad pública mayoritariamente llevada a cabo en el código oficial, con individuos, pues, altamente bilingüizados y con menor capacidad de uso del idioma propio para las funciones escritas y formales en general. En un contexto ya caracterizado por dispersión y/o baja proporción demográfica de los hablantes o además por autoevaluaciones grupales negativas, las medidas atenuantes o protectoras pueden ya tener nulo o poco efecto sobre el mantenimiento del código propio en el uso público y en la transmisión lingüística intergeneracional. El modelo intermedio del continuum de posibilidades de organización política de la diversidad lingüística lo constituye aquél en que, aun continuando existiendo una sola lengua declarada como la oficial del estado, se otorga también el rango de oficial -aunque solamente circunscrito estrictamente a su área territorial correspondiente- a otros de los códigos usados por las poblaciones que constituyen el país, que deben, pues, en general, compartir su oficialidad con la del idioma oficial del estado en el interior de sus propias zonas lingüísticas históricas. En este modelo -en el que cabría incluir, por ejemplo, a la España actual o, con matices, a la región del Tirol del sur en Italia- los grupos de lengua distinta a la oficial del estado pueden usar su código en 9 las comunicaciones oficiales y, en general, públicas y privadas, pueden disponer no sólo de enseñanza de su código, sino de instituciones escolares en que el idioma autóctono es usado como lengua habitual y preferente de enseñanza y de canales completos de radio y televisión -si se dan los medios necesarios y así lo deciden sus autoridades. No obstante, estos grupos lingüísticos están obligados a conocer el código de oficialidad estatal, que será el único que será reconocido para poder relacionarse con los organismos centrales del estado y el único en que habitualmente se publicarán las leyes y demás disposiciones oficiales y en que tenderá a funcionar, por ejemplo, la publicidad y el etiquetaje comercial y demás comunicaciones que abarquen el conjunto del territorio estatal. Los efectos de este modelo intermedio podrán ser más favorables para la continuidad y normalización de las variedades lingüísticas distintas a la oficial del estado según, una vez más, las condiciones globales de partida. No es igual, por ejemplo, una situación en que la mayoría de la población del territorio ya no habla habitualmente en su código propio que otra en que sí se da este comportamiento de forma generalizada. O no es igual un caso en que la población ha conservado una autoimagen positiva de si misma y de su lengua y considera ilegítima la presencia del otro código oficial en su territorio histórico que otra en que tienda a ver su variedad sólo en términos ya folklóricos y para usos locales y festivos y, correlativamente, considere plenamente normal y justificado el uso de la lengua oficial del estado en las comunicaciones públicas en el interior de su comunidad. Según cada caso, como se está viendo con los actuales procesos de normalización que tienen lugar actualmente en España (cf. el apartado 5), la situación evolucionará de manera diferente, e incluso, las regulaciones que puedan adoptar las autoridades de los diferentes grupos lingüísticos pueden ser distintas y modificar así las situaciones a ritmos muy variados. En general, y con las medidas adecuadas, este tipo de modelos podrán influir positivamente en la conservación e incluso en el aumento del uso de los códigos propios, que los individuos podrán conocer tanto oralmente como en su 10 aspecto escrito y formal, y que podrán llegar a ser, según los contextos, de amplio uso público y formal. No obstante, es necesario destacar que, debido a la jerarquización y desigualdad aún existente en este modelo, las poblaciones de lengua diferente a la oficial del estado deberán continuar siendo obligatoriamente y necesariamente bilingües y no podrán usar su código para relacionarse con los órganos centrales del estado, con lo que la asimetría de valoración simbólica y de utilidad de las lenguas persiste y, en situaciones de partida muy negativas para el código autóctono, los efectos favorables al mantenimiento de éste, pueden ser ya débiles y no ser suficientes para terminar con el proceso de sustitución lingüística intergeneracional. Las dificultades pueden agravarse en los casos en que las poblaciones con códigos no reconocidos igualitariamente como oficiales del estado convivan en su propio territorio histórico con grupos importantes de individuos inmigrados cuya lengua primera y habitual es precisamente la declarada como oficial estatal. En este tipo de situaciones, la evolución de la situación es aún más incierta. Dado que el código de esta población inmigrada -o asentada ya históricamente según los casos- tiene carácter oficial también en el territorio histórico de la comunidad lingüística diferenciada, y dado que hasta el momento del reconocimiento oficial del código autóctono, la mayoría de las relaciones intergrupales tendían a desarrollarse en la lengua más conocida por los interlocutores -la oficial del estado-, el cambio de esta situación puede ser mucho más difícil y puede tender a perpetuarse. Este tipo de situación de relación intergrupal favorable al código oficial del estado favorece la progresiva desaparición del código autóctono a medida que las poblaciones se van fusionando, como ejemplifica con toda claridad el caso del País de Gales. En el actual marco constitucional español, pues, los actuales procesos de normalización lingüística permanecen abiertos e inciertos en su evolución, y constituyen casos de enorme interés internacional desde el punto de vista de la investigación en política y planificación lingüísticas. 11 En el otro extremo de las posibilidades de organización política del multilingüismo social se encuentran los casos en que el estado otorga el rango de oficial a más de un código en plano de igualdad y de ausencia de jerarquía. Así, por ejemplo, Suíza o Bélgica o Canadá no disponen de una sola lengua oficial del estado sino que, éste, como organización central, reconoce y usa diversos códigos en sus actividades internas y en las relaciones con los ciudadanos. Esta tipología de multilingüismo oficial igualitario se caracteriza además por la estructuración confederal o federal del estado, en cuyo seno los ciudadanos se organizan políticamente en círculos concéntricos autónomos, en cuyo nivel las instituciones correspondientes pueden adoptar, muy frecuentemente, decisiones concretas sobre la organización de sus políticas lingüísticas. Para la recta comprensión de estos casos, pues, hay que tomar en cuenta tanto los principios generales en que se basa la organización del estado como las políticas específicas adoptadas según los diferentes niveles de gobierno, del local al del estado, pasando por el intermedio. En cuanto al nivel de las instituciones federales, esta tipología reconoce, como hemos dicho, un multilingüismo oficial igualitario que se traduce en la práctica en el uso habitual de los varios códigos oficializados por parte de los organismos políticos y de la administración -y, en consecuencia, también por parte generalmente de las organizaciones no-oficiales- y en el pleno derecho de los ciudadanos a elegir en cual de las lenguas oficiales quiere ser atendido. Dado este reconocimiento y al no existir una única lengua oficial del estado, los ciudadanos de las diversas poblaciones lingüísticas constituyentes no deben bilingüizarse obligatoriamente ni necesariamente -aunque el estado promueve el conocimiento mutuo de los diferentes idiomas- ni tampoco percibe asimetría ni jerarquización entre las lenguas, con lo que no desarrolla una mentalidad minorizada y negativa que pueda poner en peligro la continuidad y normalidad de los diversos códigos lingüísticos. Dentro de las tipologías de multilingüismo oficial cabe distinguir dos modelos relativamente diferenciados en cuanto a su organización: el basado en el principio de 12 territorialidad y el fundamentado en el principio de personalidad, como centro de los derechos lingüísticos. Ilustra el primer caso la organización del multilingüismo en Suíza y actuamente también en Bélgica -a excepción de la capital, Bruselas. En este modelo, la organización lingüística del país se basa en una yuxtaposición de entidades con unilingüismo oficial, con lo que las únicas instituciones con multilingüismo oficial son las ya citadas del nivel federal. Así, en el área francófona de Suiza o en el área neerlandesa de Bélgica, por ejemplo, la única lengua oficial es la considerada propia del territorio, es decir el francés o el neerlandés respectivamente, con lo que, por ejemplo, los ciudadanos suizos de los cantones germanófonos o los ciudadanos belgas de las zonas francófonas han de adaptarse al idioma oficial de la zona en que se hallen, e igualmente en el caso inverso. Este tipo de organización favorece en gran medida la existencia de ecosistemas mucho más seguros para la continuidad de las comunidades lingüísticas autóctonas, dado que obliga a la adaptación de los desplazados -aunque sean éstos el grupo mayoritario del país, como es el caso de los germanófonos en Suiza- a la lengua de la zona de residencia, con lo que se procura no destruir el contexto sociolingüístico. Por lo que respecta al modelo de multilingüismo oficial basado en el principio de personalidad de los derechos lingüísticos, ejemplificado en el caso de Canadá, la organización se basa en ofrecer la libre elección de lengua tanto a los francófonos como a los anglófonos independientemente de la zona donde se encuentren. No es pues, aquí, el territorio el sujeto de los derechos sino el individuo. Esta fórmula, aceptada conflictivamente en determinados casos, como por ejemplo en Quebec, parece contribuir en menor medida al mantenimiento de los códigos demográficamente minoritarios en el conjunto del estado, dado que no contribuye a la salvaguarda de los ecosistemas sociolingüísticos sino que permite al ciudadano desplazarse por las diferentes áreas lingüísticas del estado sin constricciones lingüísticas por parte de las instituciones oficiales -en especial, de las federales, dado que los gobiernos intermedios o sub-estatales pueden intentar aplicar políticas menos claras respecto del citado principio (como, por ejemplo, en los casos de Quebec, de Ontario o de otras 13 provincias canadienses) y tender a favorecer las propias mayorías territoriales. Sea como sea, los modelos de multilingüismo oficial basados en la igualdad legal de los códigos en presencia constituyen -en especial, el de base territorial- la fórmula organizativa más respetuosa y avanzada respecto a la diversidad lingüística de los grupos humanos que conviven en un mismo estado. 4. Los procesos de estandarización lingüística El hecho de declarar como oficial y, por tanto, de asignar a un determinado idioma las funciones de lengua de comunicación pública en una sociedad implica que este idioma haya sido -o sea, entonces- convenientemente codificado -es decir, regularizado y normativizado- a fin de llegar a constituir un comportamiento social estandarizado, propio, como mínimo, de las comunicaciones formales o institucionalizadas de la sociedad. Si muchas de las comunicaciones públicas -de carácter oficial o no-oficial- se producen por escrito, por ejemplo, el idioma escogido debe haber formulado con claridad sus correspondencias sonidos-grafía, sus reglas morfosintácticas y la delimitación y fijación de las formas y sus significados, acciones que se enmarcan en un proceso general de planificación lingüística que culmina con el pleno conocimiento y uso de la variedad codificada por parte del conjunto de la sociedad, convenientemente diversificada aquella para adecuarse a la diversidad de funciones comunicativas que tenga asignadas. Heinz Kloss, uno de los pioneros en la investigación de estos procesos de estandarización, propuso una distinción muy pertinente para la comprensión de los mismos: diferenció la planificación del corpus de la del status lingüísticos. Así, la planificación del corpus correspondería a las actividades centradas en la organización de las formas lingüísticas de la variedad pública que se está creando mientras que la planificación del status se referiría a las acciones llevadas a cabo sobre la organización del uso lingüístico político-social. 14 Desde otro punto de vista complementario, otro importante teórico, Einar Haugen, estableció una división del proceso en cuatro fases: selección, codificación, elaboración y aplicación o implantación. En la primera de estas fases -la de selección- debería decidirse fundamentalmente la variedad o variedades vernaculares o dialectales de entre las existentes que debería o deberían servir de base para la construcción del estándar, dado que habitualmente las variedades estandarizadas no parten de la nada sino de las hablas ya existentes. En la segunda tendría lugar la codificación propiamente dicha, fase que, de acuerdo con otro importante autor -Charles Ferguson- podemos dividir en grafización, gramaticalización y lexicalización. Finalizada esta fase de normativización -habitualmente a cargo de personajes de reconocida autoridad o de grupos académicos reducidos- habrá de pasarse a la fase de implantación o extensión social de la variedad codificada, a fin de conseguir su conocimiento y uso por parte de las instituciones y de la población en general. A medida que la variedad codificada sea utilizada en las distintas funciones de la comunicación social -textos legales, programas radiofónicos, periódicos, retransmisiones deportivas, trabajos técnicos y científicos, humor, etc.- irá produciéndose la fase de elaboración o cultivación del código, que consistirá en la ampliación terminológica y estilística del mismo al servicio de las diferentes funciones mencionadas. De forma progresiva, pues, una sociedad determinada puede llegar, por medio de este tipo de intervención planificada, a una estandarización de sus formas y comportamientos lingüísticos que supere la fragmentación dialectal que pudiera existir y que dé lugar a la existencia de una variedad planificada completa, capaz de expresar todas las ideas, conocimientos y contenidos propios de las actuales sociedades complejas. 4.1 La selección de la/s variedad/es de base La creación de una variedad lingüística apta para la totalidad de los usos públicos de una sociedad contemporánea no es, contra lo que pueda parecer, un fenómeno simple y sencillo desarrollado sin dificultades sino un complejo proceso de toma de 15 decisiones. Determinada por los organismos políticos la primera decisión fundamental -es decir, qué lengua o lenguas de entre las existentes serán consagradas como oficiales- se nos presenta inmediatamente una nueva decisión (en el caso, naturalmente de que no se hubiera escogido un idioma ya codificado y estandarizado anteriormente). ¿Sobre cuál de las formas existentes atribuibles a la variedad declarada oficial se realizará la codificación? Hay que recordar que, como hemos indicado, en general, las lenguas, antes de ser codificadas o usadas por escrito, son simplemente conjuntos de hablas vernaculares que, muy frecuentemente, presentan una gran diferenciación entre unas y otras. Lo que existe, pues, es, en realidad, un continuum de hablas con grados variables de diferenciación que no pocas veces presentan a los especialistas considerables dificultades para ser atribuidas a una u otra área lingüística determinada. Sea como sea, el codificador o codificadores deben decidir sobre qué habla o hablas de las existentes se montará el estándar y con qué criterios de integración, si este es el caso. Los elementos que más frecuentemente parecen utilizarse para fundamentar esta decisión -ya sean por si solos o combinados- son la existencia de tradición literaria previa, el prestigio de los hablantes de las variedades, el número de aquellos o la extensión geográfica del uso actual de las diferentes formas. En el caso, por ejemplo, de lo que hoy conocemos por "italiano" se priorizó el criterio de la tradición literaria, mientras que en el caso del "castellano" o "español" y del "francés" el prestigio de la forma de hablar en la corte real y en las correspondientes capitales debieron influir en la decisión. Aunque no tan frecuentes, pueden existir casos en que, más que basarse en una variedad determinada, se inclinan por la construcción de una variedad sincrética que recoja elementos de todas las variedades existentes, como es el caso del "euskara" unificado contemporáneo, con lo cual se llega a la creación de un estándar que no se corresponde directamente con ninguno de los vernáculos existentes. Sea como sea, el hecho de la necesaria selección de características formales para la fundamentación o creación de la variedad estándar, producirá un fenómeno de 16 comparación negativa respecto de las variedades vernaculares más distanciadas estructuralmente de aquella. Así, muchos individuos, al extenderse el estándar generalmente acompañado de una ideología de corrección lingüística y de aureóla de prestigio para la variedad formal, llegarán a identificar la variedad codificada con la "lengua" pura e incontaminada de origen secular, con el resultado de una progresiva degradación simbólica de sus formas vernaculares, que pueden llegar a ser consideradas corruptas, vergonzantes e incorrectas. 4.2 La codificación Una vez tomada la decisión sobre la variedad de base, puede pasarse a la fase fundamental de codificación, que consistirá en la explicitación de las normas que han de regir los aspectos formales del código en creación. La primera cuestión que habitualmente debe resolverse es la de determinar la correspondecia entre sonido y grafía, es decir, acordar como se traducirán en la escritura los sonidos del habla en cuestión -o sea, la fijación de las normas ortográficas- hecho que comportará ineludiblemente la selección de un alfabeto o sistema de representación gráfica determinado. En esta decisión pueden intervenir aspectos completamente ajenos al código lingüístico y si, en cambio, muy relacionados con las opciones políticas de macroestrategia económica y cultural. Así, por ejemplo, la reforma alfabética que impulsó Mustafá Kemal en Turquía, al sustituir el uso de los caracteres tradicionales árabes por los del alfabeto latino, respondía a la opción global de modernización occidentalizante del país. Igualmente, las opciones de los países eslavos en favor del alfabeto cirílico pueden responder a razones de continuidad de la tradición y de identidad cultural. Escogido el sistema de representación, el subproceso de grafización deberá continuar -en la tradición occidental de usar grafías de base fonológica y no ideográfica como en el caso oriental- hacia la atribución específica de signos gráficos a los distintos sonidos lingüísticos. A partir, pues, del sistema fonético-fonológico de la variedad- 17 base habrá fundamentalmente de resolverse la cuestión de cómo representamos los sonidos que no existían en la lengua latina. Puede darse el caso entonces, por ejemplo, de que un mismo sonido sea representado gráficamente de diferente manera en distintas lenguas. Así, las grafías "ñ" en castellano, "ny" en catalán, "nh" en portugués, o "gn" en francés corresponden al mismo sonido de la "n" palatalizada, propio de determinadas lenguas románicas a partir de la evolución del latín. Otro recurso puede consistir en la adición de diacríticos a los signos latinos, que, por convención social pasarán a representar sonidos muy alejados de los que representaban en el latín original, o incluso a la incorporación de alguna nueva letra, si este recurso se estimara la mejor solución . Aunque pueda parecer lo contrario, la resolución de los problemas gráficos de las lenguas -aún habiendo ya decidido la cuestión del alfabeto- pueden despertar, según las situaciones, polémicas apasionadas sobre puntos diversos de la normativa ortográfica. Las batallas históricas entre los partidarios de la ortografía medievalizante o de la reformada en catalán, o las más actuales de los casos gallego -entre partidarios de las grafías lusitanizantes o de las castellanizantes- y valenciano -por parte de los adversarios de la ortografía normativa catalana- pueden ilustrar las dimensiones simbólicas de la representación ortográfica. Terminadas las batallas con acuerdo o con la intervención de la autoridad gubernamental que, por decreto, consagra unas determinadas normas ortográficas, los codificadores pueden ponerse ya a la tarea de confeccionar el diccionario ortográfico básico de la variedad en curso de planificación, el cual fijará, finalmente, la forma normativa y de uso general para los diferentes vocablos de que constará el código estandarizado. Una vez dispongamos ya de la forma ortográfica de los elementos básicos, procederá ocuparnos ahora de su organización morfológica y sintáctica. Qué formas habrá de adoptar su flexión nominal o verbal, como se resolverá la pronominalización, cuál será el orden de las formas en la frase, etc., son cuestiones básicas que habrá de resolver el subproceso de gramaticalización, que en general serán consideradas 18 como más propiamente técnicas y con menor carga simbólica. Según los criterios adoptados respecto de las formas de los diferentes vernáculos existentes serán considerados una u otra clase de problemas. En el caso de adoptar estrictamente como variedad-base una sola de las hablas existentes habrá que resolver, en todo caso, las variaciones internas que pudieran haber, y decidirse por una reglamentación clara y precisa de todos los aspectos de la organización gramatical. En el caso de adoptar una visión de base más pluridialectal, la normativa en creación deberá de intentar armonizarse con las soluciones mayoritarias de los vernáculos o llegar a soluciones sincréticas que presenten el máximo grado de eficacia y claridad comunicativa. Una visión abierta a la diversidad dialectal puede, por ejemplo, integrar en la normativa diferentes soluciones alternativas que puedan ser usadas según la variedad (como por ejemplo en la morfología verbal en el caso catalán, en que cada una de las grandes zonas lingüísticas -Cataluña, País Valenciano, Islas Balearesformas flexivas propias ligeramente diferentes tiene reconocidas aunque perfectamente intercomprensibles). El próximo subproceso codificador -la lexicalización- habrá de fijar, por su parte, con claridad la correspondencia entre forma y significado que permita eficazmente la delimitación de la idea o ideas a que cada forma léxica se refiera. Los criterios acerca de la diversidad interna existente en el plano léxico volverán aquí a decidir si el vocabulario de la variedad planificada se construirá en base a uno solo de los vernáculos o incorporará en mayor o menor grado formas provenientes de las diversas zonas y hablas. Sea cual sea la opción tomada, lo fundamental será la redacción del diccionario normativo, que habrá de incluir los vocablos seleccionados y sus precisas definiciones para que los usuarios del código puedan usarlo con eficacia en sus actividades comunicativas, con confianza en la interpretación claramente establecida de las palabras utilizadas. Muy frecuentemente la tarea léxica puede ser de las más creativas por parte de los codificadores, dado que habrán de imaginar, en muchos casos, nuevas formas para designar nuevas ideas u objetos que hasta entonces -al no 19 haber sido usada la lengua en comunicaciones formales- los vernáculos o bien no habían tenido la necesidad de nombrar o bien lo hacían a través de formas tomadas de otros códigos extranjeros. Es, quizás. en este plano léxico donde mejor puede apreciarse la doble cara de la estandarización planificada. Por una parte, el código normativizado debe reducirse a normas claras, precisas y generales, con lo que deja fuera buena cantidad de formas y soluciones lingüísticas que pasarán a ser consideradas "dialectales". Por la otra, no obstante, amplia enormemente la capacidad expresiva de la lengua con la inclusión de nuevos términos para referirse a los contenidos de las funciones escritas y/o formales de la sociedad contemporánea que antes no podía expresar. Completada esta fase habremos, pues, obtenido ya la ortografía, la gramática y el diccionario normativos, cuerpo central de cualquier estandarización que, contemporáneamente -con el aumento del influyente impacto de los medios audiovisuales- habrá de ser completado vada mez más por decisiones explícitas sobre la ortología que habrá de considerarse adecuada en los mismos así como en las demás actividades orales formales. Completada la codificación básica de la nueva variedad, realizada habitualmente por organismos especializados o lingüistas legimitados por el poder oficial -o por la tradición- , podrá pasarse a las dos etapas restantes de elaboración funcional e implantación, en este caso más frecuentemente simultáneas e interrelacionadas que secuenciales. Por elaboración nos referimos a la creación de los términos y recursos estilísticos necesarios para hacer posible el uso de la variedad en proceso de estandarización en todas las funciones comunicativas de una sociedad contemporánea -desde un discurso político o una retransmisión deportiva a un tratado de física o una revista humorística, etc. Este subproceso -en especial, en los aspectos estilísticos- será llevado a cabo más por parte de los propios usuarios -periodistas, escritores, locutores, profesores, representantes políticos, figuras públicas, etc.- que por las propias autoridades lingüísticas, que, no obstante, deberán 20 intervenir en la facilitación y fijación de la terminología necesaria para cada campo o función específicos, y muy especialmente en los más relacionados con las innovaciones tecnológicas. En el caso de la difusión e implantación generalizada de la variedad planificada podemos distingir dos aspectos distintos aunque también interrelacionados: la extensión del conocimiento por una parte y, por la otra, la extensión del uso social. 4.3 La extensión del conocimiento Que una determinada autoridad lingüística -ya sea individual o colectiva- haya llegado a culminar con éxito el complejo proceso del establecimiento normativo de una variedad destinada al uso público general no significa que esta variedad esté ya socialmente introducida y en funcionamiento regular. Para poder conseguir estos objetivos finales hay que empezar por una etapa de extensión del conocimiento del cuerpo normativo aprobado entre sus aún potenciales usuarios, tarea que, más que a la planificación del corpus según la terminología citada de Kloss, corresponde de nuevo a la planificación del status . El primer paso fundamental será el de formar a los formadores. Las personas encargadas de facilitar a la población el conocimiento de las correspondientes reglas normativas habrán de empezar por conocerlas y adquirirlas ellas mismas. Significará ésto la necesaria organización de cursos, materiales didácticos, textos, etc., para profesores y maestros o personas que participen en esta tarea, los cuales a su vez serán encargados de formar a más personas y así sucesivamente. Fundamentalmente la extensión del conocimiento tendrá lugar en dos campos relativamente diferentes: el de los adultos y el de los niños escolarizados. En el primer caso, las prioridades deberán ser los individuos que más impacto e influencia tengan en la comunicación social general (periodistas, locutores, escritores, personajes públicos, publicitarios, etc.) los cuales serán los encargados de empezar a usar la normativa planificada en sus actos comunicativos, que, a su vez, irán permitiendo gradualmente a la población en general la exposición a la nueva variedad lingüística, y, por tanto, la adquisición de un importante grado de 21 competencia. Progresivamente, la tarea de difusión llegará a grupos de administrativos, funcionarios, médicos, etc., que irán incorporando la nueva variedad a sus usos habituales. En los inicios del proceso será difícil, generalmente, conseguir el conocimiento óptimo de la nueva variedad en todos sus planos -oral y escrito, emisor y receptor- por parte de la totalidad o mayoría de la población adulta, dado que su fase de escolarización obligatoria está ya finalizada. El proceso de difusión del conocimiento será, por tanto, un fenómeno diverso y asimétrico según las posiciones sociales, y de considerable duración. De hecho, la totalidad de la población no podrá considerarse como competente en la variedad planificada hasta que sucesivas generaciones sean escolarizadas en el nuevo código y, por tanto, lo conozcan y usen de forma natural y habitual en sus actividades comunicativas. Por tanto, el otro eje de la extensión del conocimiento, será el sistema escolar, el cual será el encargado de transmitir en la edad óptima a los nuevos individuos la necesaria competencia en la variedad en estandarización. El proceso de aprendizaje de la lecto-escritura constituirá habitualmente ya por si mismo la introducción natural de la normativa, la cual irá siendo más conocida y adoptada en la medida en que vaya siendo usada también como vehículo de trabajo y de transmisión de los otros conocimientos en el centro escolar. Es en este momento donde puede ser crucial la ideología lingüística con que se transmita la nueva variedad. Si esta es presentada como la lengua y se utilizan expresiones degradantes y negativas respecto de las formas vernaculares que los alumnos traen de la familia y de la calle, se dan todas las condiciones -como hemos indicado- para una visión falsa y alterada de lo que es, en realidad, una variedad planificada para la comunicación pública, que además conlleva auto juícios negativos por parte de los hablantes con respecto a las formas habituales de hablar del grupo sociocultural en que se hayan socializado. Si, en cambio, se explica con claridad las funciones que corresponden a unas y otras variedades -la variedad normativizada para las formales o institucionalizadas y la vernacular para las informales o 22 individualizadas- puede conseguirse una configuración de la realidad más cercana a la verdad con respecto a la idea de lo que es una lengua como variedad lingüística planificada, e ideológicamente menos negativa y estigmatizante con respecto a las formas de hablar que secularmente han existido y que los seres humanos han producido en el contexto de sus vicisitudes históricas. 4.4 La extensión del uso Parecida a la distinción que anteriormente hicimos entre el hecho de disponer de un conjunto normativo para una variedad lingüística y el conocimiento que del mismo pueda tener la población, hay que hacer ahora la diferencia entre el hecho de que la población tenga competencia en la variedad planificada y el uso efectivo de la misma en las actividades comunicativas. Igual también como en el caso de la competencia, la extensión del uso será también un proceso gradual y no homogéneo, en que el propio grado de capacidad de conocimiento de la variedad planificada podrá intervenir como uno de los factores esenciales. Así, el mayor o menor dominio de la normativa -o la percepción que de este hecho tenga el individuo- puede influirle enormemente en el hecho de que se decida o no a usar la nueva variedad. En especial en el caso de un adulto, si éste se siente inseguro y, de hecho, puede continuar usando bien una variedad ya existente aunque sin codificación sancionada por la autoridad o bien otro código codificado también presente en el contexto social y que dominara mejor, el individuo puede tender a retardar el uso activo de la nueva modalidad. Dado este momento crucial de la instauración de una nueva variedad pública, la fase de extensión del uso, en especial en las etapas iniciales, es un proceso con alta participación del poder político, el cual debe regular la introducción del cambio en el uso lingüístico de manera gradual pero clara, señalando las funciones y ámbitos en qué deberá empezar a ser usada. (En los regímenes autoritarios y en situaciones posteriores a conflictos armados puede desaparecer la gradualidad y puede llegar a decretarse la prohibición total del uso de determinadas variedades lingüísticas y la obligatoridad estricta de la utilización de otras, como ejemplifica el 23 propio caso español finalizada la guerra civil en las zonas no castellanohablantes del territorio del estado). En situaciones más normales, la administración procede a publicar un conjunto de disposiciones que van regulando la implantación de la variedad planificada. Por ejemplo, y ya a fin de poder realizar la sola difusión del conocimiento, las instituciones públicas deben de adoptar las instrucciones pertinentes para que la nueva variedad vaya siendo transmitida por el sistema educativo y sea usada en las propias actividades comunicativas internas y externas de la administración. Igualmente, las emisoras públicas serán igualmente reguladas respecto del uso de la nueva variedad, así como también las publicaciones de las instituciones oficiales y la rotulación pública en general. Fruto de estas primeras medidas -y, en especial si el consenso social es alto respecto de la aceptación de la nueva variedad- las organizaciones de dependencia no-oficial se irán incorporando a la utilización de la misma, hasta que, de manera progresiva, vaya alcanzándose un uso generalizado del código en vehiculación. Al llegar a este punto del proceso de extensión del uso se habrán ido produciendo las reacciones de la población con respecto a la variedad planificada. Muy frecuentemente puede ocurrir que determinados sectores rechacen o simplemente tiendan a usar formas no normativas, en especial si éstas están ya muy extendidas socialmente, como puede ocurrir con propuestas léxicas que no son adoptadas por la mayoría de la sociedad y que finalmente deben ser rectificadas por los codificadores. En el caso de situaciones más conflictivas, en las que la población se halle dividida en cuanto a la aceptación o no de una codificación en bloque -como por ejemplo en el caso noruego- las autoridades pueden terminar dando validez oficial a las dos formas en concurrencia en espera de una mejor época de mayor consenso social. En otras, el conflicto -si, como hemos ya indicado anteriormente, se mezcla con valoraciones identitarias y simbólicas- puede perpetuarse durante cierto tiempo con cierta virulencia y ser factor de desunión civil. Igualmente puede producirse conflicto y situaciones de evolución incierta en aquellos casos en que una nueva variedad 24 codificada es introducida en una sociedad de composición lingüística plural y en que el código de uno de los grupos era hasta entonces el único estándar existente (como es el caso de los actuales procesos de normalización en el área catalanohablante o en Euskadi). En este tipo de situaciones, las resistencias a conocer y a usar la nueva variedad de base autóctona por parte, en especial, del grupo hasta entonces plenamente dominante con su estándar, pueden llegar a ser importantes y fuente de discordia civil. Hay que recordar de nuevo que, en muchos casos, puede ocurrir que aunque se consiga la aceptación generalizada de la variedad pública propuesta, ésta sólo ocupe estrictamente las funciones institucionalizadas, es decir, las comunicaciones formales de la administración y de las organizaciones no-oficiales, pero no así el nivel de las comunicaciones individualizadas o informales, que pueden continuar realizándose en las variedades vernaculares previamente existentes. Aunque se tiene conocimiento de lo que se ha dado en llamar procesos de homogeneización dialectal, producidos habitualmente en base a la variedad planificada, la persistencia y uso habitual de las variedades coloquiales puede continuar dándose con normalidad en las funciones individualizadas y coloquiales. Así, existen situaciones en que las variedades vernaculares no oficializadas continúan usándose con normalidad y a pesar de las valoraciones simbólicas no precisamente positivas, ya que sus formas lingüísticas son vistas por sus hablantes como parte de su solidaridad intragrupal y, por tanto, reafirmadoras de una diferencia precisamente magnificada como respuesta a la degradación simbólica producida por la estandarización. En otros casos, al contrario, y si, como hemos indicado, la ideología que acompaña a la difusión del estándar favorece la estigmatización de las formas de hablar más discordantes respecto de la norma establecida, los hablantes pueden iniciar un proceso -especialmente intergeneracional- de acercamiento a las formas lingüísticas de aquella, o, incluso, su adopción en bloque para la (cuasi)totalidad de las funciones. 25 5. Los procesos de normalización lingüística Con esta nomenclatura se conocen -en especial en el sur de Europa- los procesos de recuperación lingüística integral emprendidos por aquellas comunidades lingüísticas que durante largo tiempo han sufrido procesos de sustitución lingüística debidos fundamentalmente a un alto grado de subordinación política y cultural. En una nueva situación política -como la que se ha dado en España con la Constitución de 1.978que permite un importante grado de autogobierno a las nacionalidades lingüísticamente minoritarias en el conjunto del estado, éstas intentan construir nuevos ecosistemas sociolingüísticos que permitan la recuperación del uso habitual y generalizado de sus códigos propios y que les aseguren su estabilidad y normalidad futuras. Esta tipología de procesos de normalización incluye, pues, a los procesos de estandarización descritos -dado que las condiciones políticas existentes hacían imposible la existencia normal de una variedad estándar- pero presentan características diferenciadas debido a la complejidad de las situaciones, causadas, en especial, por la existencia en el propio territorio de numerosos individuos no hablantes de variedades vernaculares autóctonas sino correspondientes al castellano -bien sea por sustitución lingüística intergeneracional en la propia población autóctona o por inmigración procedente de otras áreas lingüísticas de España. Esta configuración da lugar a situaciones de partida muy diferentes según los casos. Así, en el País Vasco -aún con una población mayoritariamente partidaria de su autogobierno político y orgullosa de su cultura- los individuos que habitualmente utilizan alguna variedad vernacular autóctona son minoritarios en el conjunto de la población, con lo que el proceso no es solo de estandarización típica sino de recuperación de la globalidad de las funciones comunicativas -institucionalizadas e individualizadas- para las modalidades del código autóctono. En este sentido el caso vasco se asemeja, en parte, a la experiencia del hebreo, en que hubo que reiniciar no solamente el uso del hebreo planificado en las comunicaciones formales sino también 26 en las informales, como lengua de relación habitual entre los ciudadanos israelíes que procedían de diferentes partes del mundo y con diferentes conocimientos lingüísticos. En el área catalanohablante los procesos de normalización presentan también diferencias acusadas. Mientras en el caso de Cataluña la gran mayoría de la población autóctona habla habitualmente en los vernáculos propios, en el País Valenciano una parte importante -en especial en las ciudades- de individuos autóctonos ha pasado a utilizar habitualmente el castellano más o menos estándar -con caracteristicas locales- incluso en las comunicaciones informales y ha adoptado esta modalidad para hablar con sus hijos, hecho que provoca la interrupción de la transmisión intergeneracional normal de los vernáculos propios. Semejante comportamiento se registra también más recientemente en las Islas Baleares, aunque quizá con menor intensidad que en el caso valenciano. Diferentes, pues, son también las políticas lingüísticas adoptadas por los gobiernos autónomos de estos tres territorios. Mientras en Cataluña se ha avanzado, en parte, en la introducción de la variedad estandarizada del catalán como lengua vehicular de un sistema educativo unificado, como código habitual de la administración autonómica y local, y se dispone de dos canales de televisión íntegramente en catalán, en el País Valenciano se ha optado por una política de líneas educativas separadas según la lengua que se escoge, y, por no utilizar de manera ni exclusiva ni predominante el código propio en el canal autonómico de televisión, hecho que repercute en un menor resultado general de la extensión eficaz del conocimiento del idoma autóctono. Además, en el País Valenciano, se ha producido uno de aquellos casos anteriormente citados de falta de consenso en la aceptación de la variedad estándar, que determinados grupos han querido presentar como no-valenciana intentando favorecer la adopción de un estándar diferente al del resto del área lingüística catalana. En el caso de las Islas Baleares, la situación es también diferente dada la dependencia directa de su sistema educativo de la autoridad educativa central hasta fecha muy reciente, hecho que no ha favorecido el paso hacia un sistema educativo que funcionara fundamentalmente en el 27 estándar propio. En los tres casos existe además -aunque en diferente grado- el problema añadido de la presencia de numerosos individuos procedentes de otras áreas lingüísticas de España -y, en especial, de las castellanohablantes- hecho que dificulta la adopción de medidas políticas que pudieran favorecer más eficazmente la recuperación del código autóctono -en el caso del País Valenciano incluso la franja territorial interior históricamente ha venido siendo ya castellanohablante. En el caso gallego, la situación toma otras características. Aún siendo la comunidad lingüística no-castellana con mayor proporción de individuos residentes conocedores de sus variedades vernaculares autóctonas -y, por tanto, de mejor punto de partidalas ideas comúnmente aceptadas, en general, sobre el valor de las formas lingüísticas propias no parecen favorecer precisamente el propio proceso de normalización. Como producto típico de una situación de larga subordinación política y económica, los propios hablantes llegan a ver negativamente sus formas lingüísticas, menospreciándolas en el plano simbólico mientras otorgan un gran valor y prestigio al estándar castellano, ocupante de todas las funciones públicas oficiales y nooficiales. Dado que los discursos políticamente emancipadores tampoco parecen ser compartidos por la mayoría de los ciudadanos, la política lingüística gallega tampoco se muestra muy inclinada al favorecimiento de una rápida recuperación de las comunicaciones institucionalizadas para el gallego, hecho que necesariamente tendrá sus efectos en el ritmo de avance global de proceso de normalización. El caso gallego también ejemplifica el problema del consenso social sobre la forma del estándar -problema ya superado habitualmente por las lenguas con más larga historia de estandarización, como el castellano o el francés, por ejemplo. Así, la sociedad se halla dividida ante el dilema de planificar un estándar más cercano a las normas del portugués -de hecho, hijo del gallego- y, por tanto, con la posibilidad de integrarse lingüísticamente en el espacio luso-brasileño, o más próximo a las del castellano -lengua con la que ha convivido durante largas etapas históricas. Una vez más, las interpretaciones e ideologías de los individuos sobre su situación y su relación con 28 otros grupos humanos serán un factor de enorme importancia para explicar las opciones estratégicas tomadas respecto de sus acciones de política y planificación lingüísticas. 6. El castellano, hoy Fruto de los acontecimientos históricos, el castellano es en la actualidad una de las grandes lenguas del planeta en cuanto a extensión y número de hablantes. Con un estándar ya consolidado en sus áreas españolas -con solo matices propios en el plano oral en el sur de la península y menos acentuados en otras regiones- el problema surge del hecho del propio crecimiento de sus áreas internacionales de uso. En este contexto, puede no resultar fácil el mantenimiento de un estándar homogéneo, y, de hecho, se producen consensos sociales más o menos espontáneos sobre peculiaridades nacionales que pueden diferir de uno a otro país oficialmente castellanohablante. Como en el caso de otras lenguas con una larga historia de estandarización, sus organismos pertinentes -la Real Academia Española, y las de diferentes países americanos- deben velar fundamentalmente por la continuidad del estándar común y, en especial, en el actual contexto de mundialización tecnológica y económica, por el acuerdo en las decisiones terminológicas sobre los nuevos objetos e ideas, de denominación predominantemente inglesa. En cuanto a los aspectos de política lingüística en los países donde el castellano es lengua oficial, los problemas que se puedan presentar corresponden a los habituales de las lenguas cuyas variedades se han extendido a otras sociedades con lenguas autóctonas. situaciones más o menos problemáticas pueden reducirse hoy Las a las zonas que conservan códigos propios en España y que intentan normalizarlos -con el lógico retroceso del castellano como lengua exclusiva de las comunicaciones públicas en estos territorios- y a Puerto Rico, antigua colonia española hoy asociada a Estados Unidos que duda entre si mantener en exclusiva el castellano como lengua oficial o 29 bien incorporar igualmente el inglés, dada su actual situación político-económica, con el consiguiente impacto de esta decisión en la política educativa y en la bilingüización de la población. En el resto de los países de influencia castellana -perdidas las Islas Filipinas a favor también del inglés- no parecen darse por el momento impugnaciones importantes del actual estatus del castellano como única lengua oficial -o bien muy predominante como, por ejemplo, en Paraguay, donde el guaraní es también cooficial. En la gran mayoría de los países sudamericanos, las poblaciones indígenas no parecen contar en la actualidad con programas de emancipación lingüística ni con posibilidades de llevarlos a cabo en caso de haberlos elaborado y priorizado como objetivo social. Por otra parte, aunque como lengua de comunicación internacional el inglés parece consagrarse como el código más usado, el interés por el castellano no parece decaer, sino al contrario aumentar no sólo en los Estados Unidos -donde vive ahora un gran número de hispanohablantes-, sino en muchos otros países, tendencia que puede todavía incrementarse con el desarrollo político y económico de América Central y del Sur. BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL COMENTADA -Aracil, Lluís V., Papers de sociolingüística . Barcelona: Eds. de la Magrana, 1982. Conjunto de diversos trabajos de uno de los máximos teóricos de la sociolingüística eurpea contemporánea. Incluye los primeros textos en que se empezó a caracterizar 30 el concepto de normalización lingüística -contrapuesto al de sustitución- así como un examen crítico de la idea de bilingüismo. -Balibar, Renée, & D. Laporte, Le français national. Paris: Hachette, 1974. (Trad. cast. Burguesía y lengua nacional. Barcelona: Ed. Avance, 1976). Muy interesante estudio de la constitución del francés como lengua nacional, proceso e ideología posteriormente adoptados por muchos otros países. -Bastardas, Albert, & Emili Boix (dirs.), ¿Un estado, una lengua? La organización política de la diversidad lingüística. Barcelona: Ed. Octaedro, 1994. Libro reciente que recoge las contribuciones de los expertos españoles e internacionales reunidos en el simposio "Estado y población plurilingüe" celebrado en Barcelona. Se analizan los problemas del plurilingüismo desde la sociolingüística, la ecología lingüística y la ciencia política y se estudian los casos belga, suizo y español, y el de la Unión Europea. -Bédard, Édith, & J. Maurais (dirs.), La norme linguistique. Quebec/Paris: Conseil de la Langue Française/Le Robert, 1983. Contiene un extraordinario conjunto de trabajos de muy diferentes especialistas sobre el tema de la norma y recoge las ideas principales sobre planificación lingüística del Círculo de Praga. -Cobarrubias, Juan, & J.A. Fishman (eds.), Progress in Language Planning. International Perspectives. Berlin: Mouton, 1983. Recoge interesantes trabajos sobre planificación lingüística tanto desde el punto de vista teórico como desde el estudio de casos concretos (América latina, Estados Unidos, la ex-Unión Soviética, China, etc.) -Corbeil, Jean-Claude, L'aménagement linguistique du Quebec. Montréal: Guerin, éd, 1980. Obra escrita por uno de los máximos conocedores y protagonistas de la política y la planificación lingüísticas de Quebec, sintetiza con profundidad los más 31 importantes aspectos de esta experiencia y ofrece, además, importantes contribuciones teóricas para la planificación lingüística. -Marcos Marín, Francisco, Reforma y modernización del español. Madrid: Cátedra, 1979. Se trata, como el propio autor indica, de un ensayo de sociolingüística histórica que contiene una parte fundamentalmente teórica sobre la la comunicación y el lenguaje y otra, de gran interés desde nuestra temática, dedicada al estudio de la planificación lingüística histórica en el caso del castellano. -Maurais, Jacques (dir.), Politique et aménagement linguistiques. Quebec/Paris: Conseil de la Langue Française/Le Robert, 1987. Conjunto de estudios de muy diferentes casos de política y planificación lingüísticas (Bélgica, Cataluña, Euskadi, Finlandia, Israel, México, ex-Yugoslavia, etc.), con articulaciones teóricas muy interesantes. -McRae, Kenneth D., Conflict and Compromise in Multilingual Societies. (Vol I, Switzerland, Vol II, Belgium). Waterloo, Ontario (Canada): Wilfrid Laurier University Press, 1983. Estudio detalladísimo y con máximo rigor de los modelos suízo y belga de regulación del multilingüismo. -Ninyoles, Rafael Ll., Estructura social y política lingüística. Valencia: F. Torres, ed., 1975. Obra clásica fundamental de introducción al estudio general de la planificación y política lingüísticas a cargo de uno de los autores españoles que más ha contribuído al esclarecimiento de estos temas. -Ninyoles, Rafael Ll., Cuatro idiomas para un estado. Madrid: Ed. Cambio 16, 1977. Libro básicamente dedicado al caso español que incluye estudios sociológicos de los conflictos lingüísticos en la España periférica y se plantea la discusión de las alternativas de organización del plurilingüismo español en un marco democrático, aún hoy plenamente válida. 32 -Siguan, Miquel, España plurilingüe . Madrid: Alianza ed., 1993. Obra introductoria a los actuales procesos de normalización lingüística en la España contemporánea, de gran interés para conocer conjuntamente esta problemática. 33 PROPUESTAS DE EJERCICIOS 1. Analizar cuáles son las actividades actuales más importantes de la Real Academia Española de la Lengua y como influyen en la práctica de la comunicación lingüística. 2. Comparar las actividades de la Real Academia de la Lengua con las de otras instituciones encargadas de la regulación de las formas lingüísticas -por ejemplo, el Institut d'Estudis Catalans o la Académie Française- y ver las similitudes o diferencias. 2. Buscar las disposiciones lingüísticas del Gobierno español -o de cualquier otro estado- y analizar los principios de organización del plurilingüismo en que se basan. 3. Estudiar cuáles son las actitudes y representaciones de los hablantes respecto de las variedades lingüísticas -las suyas propias y otras a que estuvieran expuestos- e intentar encontrar que factores podrían explicar las diferencias de valoración existentes (si las hubiere). 4. Comparar diferentes casos de normalización lingüística en cuanto a los conocimientos y comportamientos lingüísticos de los hablantes en el punto de partida, las políticas llevadas a término y los resultados obtenidos después de su aplicación.