Brecha abierta entre los propietarios forestales en Catalunya y el mundo conservacionista aliado con el Govern. Más de 100 entidades cívicas, conservacionistas, académicas y ecologistas, una veintena de departamentos de Universidades, la Federación de Entidades Excursionistas de Catalunya -que representa más de 400 entidades- y 4 colegios profesionales han firmado un manifiesto en el que reclaman la creación urgente de la agencia catalana proteger la Naturaleza (Agència del Patrimoni Natural) anunciada por el conseller Josep Rull en el Parlament de Cataluña el pasado 3 de enero. Todas estas entidades han reaccionado de manera muy crítica contra las asociaciones de propietarios, que han pedido al Govern que frene este proyecto y cree un organismo en el que también estén los dueños de bosques. La alianza entre el departament de Territori i Sostenibiltat es por ahora total.
Las entidades cívicas y conservacionistas afirman que hay que dar ya un nuevo rumbo a la gestión de la Naturaleza con “una nueva gobernanza eficiente y que dé respuestas adecuadas a los graves retos que tenemos”. En su diagnóstico de la situación, critican las “las disfunciones actuales, la infradotación de personal y presupuestaria así como los graves recortes que ha sufrido este ámbito los últimos años”, lo cual ha llevado a una grave pérdida de biodiversidad, la degradación y el abandono de los espacios naturales protegidos. La consecuencia, dicen, es “una pérdida de oportunidades económicas, sociales y ambientales para todo el país”. Afirman que la agencia sería el mejor instrumento para la conservación de la Naturaleza en Catalunya.
Durante los meses de otoño la Fageda d’en Jordà en Santa Pau (Girona) recibe numerosas visitas
Los dueños de bosques
Las entidades cívicas critican a las asociaciones de propietarios forestales de Catalunya, que han pedido al conseller Josep Rull que paralice el proceso para crear esta agencia y proponen alternativamente un organismo diferente –que unifique la conservación de la naturaleza y política forestal– en la que ellos también puedan tomar decisiones.
Los propietarios forestales afirman que el camino emprendido agudiza el riesgo de tener una administración –la nueva agencia– centrada en un enfoque proteccionista que ignore las necesidades de un sector silvícola, que desempeña un papel relevante en la protección de la naturaleza.
“La Agència de Patrimoni Natural sólo se preocupará de los asuntos terciarios; pondrá el acento en un conservacionismo a ultranza, pero ignorará la gestión forestal sostenible o las actividades tradicionales silvícolas”, se queja Josep Maria Vila d’Abadal, vicepresidente del Centre de la Propietat Forestal, entidad que aglutina a representantes de la Administración y los propietarios forestales.
“La agencia aportará una visión urbana, y necesitamos un pacto social entre el mundo urbano y el sector rural y forestal”, añade. “Queremos participar en sus órganos de gobierno. Habría que integrar en ella el Centre de la Propietat Forestal. Tiene que haber diálogo entre payeses, ganaderos, conservacionistas, ecólogos, excursionistas... Si no vamos juntos, el equilibrio se romperá aún más y esto no funcionará”, explica Vila d’Abadal.
Parque Natural del Delta de l'Ebre
Planificación estratégica
La futura Agència del Patrimoni Natural que promueve el Govern tendrá como misión “formular la planificación estratégica sobre las políticas de biodiversidad y medio natural”, según el documento que se debate en el Parlament. La nueva administración asumiría las funciones de la subdirección general de Biodiversitat i Medi Natural (espacios protegidos, especies...). El Ejecutivo promueve la agencia con el respaldo financiero que le proporcionará el fondo de patrimonio natural. Este se nutrirá sobre todo de los recursos que recaudará el impuesto del CO2 a los coches (que empezará a cobrar el año próximo).
Las asociaciones de propietarios forestales (Unió de Pagesos, JARC, Consorci Forestal, Boscat...) temen que la acción de la agencia incida sobre el conjunto del sector forestal y no sólo sobre los bosques singulares, como apunta el documento presentado en el Parlament. Se quejan además de no estar siendo consultadas en las grandes decisiones que les afectan (planes de protección del medio natural, estrategia del patrimonio natural...) y de no ser valoradas en su opción de desarrollo silvícola sostenible (255.000 hectáreas ya disponen de certificado de gestión forestal del reconocido sello PEFC). “Yo también quiero la biodiversidad”, resume Vila d’Abadal.
Sus representantes se muestran dolidos porque estiman que la estrategia de patrimonio natural elaborada “ofrece un diagnóstico equivocado” de Catalunya, sin que se reconozca el papel de los bosques en la conservación. El 86% de los espacios naturales protegidos (protección especial, Red Natura 2000) son terrenos forestales. Por eso, piden unificar la gestión de la conservación de la naturaleza y los bosques en un única agencia y conselleria (ya que la política forestal pertenece ahora al Departament d’Agricultura). Y proponen recuperar el modelo de la Agència de la Natura, propuesta durante el tripartito, donde puedan asumir tareas de cogobierno.
Los bosques, administración aparte
Esas críticas han sido rebatidas por el propio Govern. Marta Subirà, secretaria de Medi Ambient (Territori i Sostenibilitat), dice que la Agència del Patrimoni Natural se crea “para ejercer las competencias sobre conservación´de la naturaleza de manera más eficaz” (autonomía financiera, facilidad de contratación...). Y rechaza la idea de unificar la gestión de la naturaleza y la política forestal. “El sector forestal ya tiene una dirección general en el Departament d’Agricultura, el Centre de la Propietat Forestal o Forestal Catalana, así como fondos de la política europea en este campo”, añade.
“Las políticas de patrimonio natural deben tener un organismo propio; porque si se unen con los sectores productivos (agrícolas o forestales), se produce un desequilibrio en detrimento de la conservación, pierde poder”, añade. El conflicto tienen un trasfondo económico. El sector forestal ha buscado durante años financiación propia para retribuir los servicios ambientales de los bosques, pero no lo ha conseguido.
Ahora, el Departament de Territori i Sostenibilitat va a crear un fondo para financiar la protección de la naturaleza (gracias a los fondos del impuesto al CO2 de los coches). Con él, se ayudará también a los ayuntamientos y a los propietarios de espacios protegidos que ayuden a la conservación.
Árboles singulares
Apoyos al Govern
En apoyo de esta postura se han manifestado los grupos conservacionistas, que apoyan la Agència para proteger la Naturaleza sin dilaciones. Estas son sus razones. Reclaman “una estructura de gestión moderna, eficiente, transparente, ágil y menos burocratizada”. La ven como una necesidad para diversificar las fuentes de financiación destinadas a la conservación de la naturaleza, que procederán del impuesto al CO2 y otros ingresos: dotaciones presupuestarias regulares, mecenazgo privado, pago por servicios ambientales, o sanciones por actuaciones que dañen el patrimonio natural.
Creen que este entidad puede facilitar la implicación de los sectores productivos (especialmente los agrarios, forestales y pesqueros) y los propietarios, como gestores directos del territorio, en la conservación de la naturaleza. Estas entidades piden al Govern y a todos los grupos políticos que den prioridad a la creación de esta estructura gubernamental, que tenga un carácter transversal respecto a las políticas de biodiversidad y patrimonio natural, para acabar con la dispersión institucional de los órganos encargados de aplicar estas políticas y las pugnas interdepartamentales “que han conducido a la situación actual”. Las entidades se agrupan en la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya. (https://defensapatrimoninatural.wordpress.com)