interpretación normativista de los delitos de falsedad documental

INTERPRETACIÓN NORMATIVISTA 

DE LOS DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL 

ARTICULO PRESENTADO POR: 

HUGO FAVIÁN APAZA MAMANI 

hugofavian@hotmail.com

Hugo Favián Apaza Mamani 

ÍNDICE GENERAL: 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS…………………………… 3 

INTRODUCCIÓN……………………………………………… 4 

1. PREMISA METODOLÓGICA Y A LA VEZ UN PEQUEÑO PRESUPUESTO FILOSÓFICO: LA 

ESCUELA DE GÜNTHER JAKOBS Y LA EVOLUCIÓN DE LA DOGMÁTICA 

PENAL…………………………………………………… 6 

2. UN SISTEMA DE DEBERES EN EL TRÁFICO DOCUMENTAL A PARTIR DE LA INFRACCIÓN DEL 

ROL SOCIAL: DEFINICIÓN DE LOS ROLES Y COMPETENCIAS EN LOS DELITOS DE FALSEDAD 

MATERIAL Y FALSEDAD IDEOLÓGICA……………………… 16 

2.1 Genealogía del Pensamiento Peruano Sobre El Objeto de Alteración en la Falsedad 

Documental………….…………………………………… 18 

A. Ángel Gustavo Cornejo (En relación al CP de 1924)…… 18 

b. Luis A. Bramont Arias T. (En relación al CP de 1991)……….… 19 

C. José Luis Castillo Alva………………………..……………… 19 

2.2. FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA: EL OBJETO DE ALTERACIÓN DEL DELITO DE 

FALSEDAD MATERIAL Y FALSEDAD IDEOLÓGICA A PARTIR DE LA TEORÍA DE LOS 

ROLES SOCIALES …………………………………… 21 

2.2.1. EL ROL SOCIAL EN LA FALSEDAD IDEOLÓGICA… 26 

2.2.2. EL ROL SOCIAL EN LA FALSEDAD MATERIAL 31 

3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN EL DELITO DE FALSEDAD 

MATERIAL……………………………… 34 

3.1. Excursus: La imputación Objetiva en los Delitos de Peligro……………… 35 

3.2. El Riesgo Prohibido en la falsedad Ideológica y la Falsedad Material 40 

4. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LA INTERPRETACIÓN PROPUESTA………… 40 

4.1. Consecuencias Para el Delito de Falsedad Material,…………………. 40 

4.2. Consecuencias Para el Delito de Falsedad Ideológica……….…… 44 

CONCLUSIONES………..…………… 48 

BIBLIOGRAFÍA………….……………… 49 

2 de 52


ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

Apdo. : Apartado. 

Cap : Capitulo. 

CP : Código Penal Peruano de 1991 

CParg : Código Penal de Argentina 

CPbo : Código Penal de Bolivia 

CPch : Código Penal de Chile 

CPco : Código Penal de Colombia (2000) 

CPderog : Código Penal Peruano derogado de 1924 

CPec : Código Penal de Ecuador 

CPes : Código Penal de España (1995) 

n.m. : Número Marginal. 

p. : pagina. 

RPCP : Revista Peruana de Ciencias Penales (director Urquizo 

Olaechea). 

RPDJP : Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales (Instituto 

de Ciencias Penales) 

StGB : Código Penal Alemán (Strafgesetzbuch) 

L-H : Libro Homenaje. 

Lec. : Lección. 



INTERPRETACIÓN NORMATIVISTA 

DE LOS DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL 

INTRODUCCIÓN 

Considero que las ideas nuevas son increíbles y a la vez son una tradición, lo primero 

por cuanto, la singularidad esta más cerca de la vanguardia que lo común, y lo segundo por 

cuando la historia esta construida de puntos nuevos y concatenados. Ahora en homenaje al 

pensamiento de Günther Jakobs, quien cambia el Derecho Penal con su obra, presento a 

continuación una interpretación propia de los clásicos delitos de falsedad documental del 

Derecho Penal Peruano a partir de la aplicación de la moderna escuela del profesor de Bonn, 

ello como una forma de honrar la labor continua de quienes construyen verdaderos nuevos 

perfiles de nuestra materia a partir de sus propias ideas. 

En la labor del interprete del derecho, surgen distintas preguntas en relación a si: por 

ejemplo, la simulación de un acto jurídico puede constituir una falsedad documental; o si un 

documento emitido por un particular con el objeto de perjudicar a un tercero, a partir de las 

declaraciones falsas que el documento contiene, constituye un delito de falsedad material; o si 

puede constituir un delito de falsedad ideológica el hecho que un particular al momento de 

apersonarse a una notaria, para la elaboración de una escritura pública, hace constar 

falsamente la presencia de un tercer sujeto, engañando al notario; también problemático es el 

supuesto en el que una mujer casada, firma una escritura pública de venta del inmueble que 

pertenece a la sociedad de gananciales, pero la firma como si fuera soltera y sin la 

participación de su esposo, si causa perjuicio esta acto jurídico al comprador se plantea el 

problema acerca de si podría afirmarse que aquel es un supuesto del delito de falsedad 



ideológica; y finalmente, tal ves el supuesto mas controvertido, es el de analizar si constituye 

una falsedad documental el que una persona firme un documento a solicitud de otra pero a 

nombre de esta última. Todas estas preguntas giran en torno a una cuestión en común: ¿Cómo 

se define el carácter de falso de un documento?, ¿Cuál es el elemento que define, en el 

sentido de los artículos 427 y 428 del CP, como falso a un documento?. Este problema, desde 

mi parecer, puede ser resuelto a partir de premisas normativas que definan las competencias 

de cada persona al momento de participar del tráfico documental, distinguiéndose entre 

particulares por un lado y de funcionarios públicos por otro lado, y entonces definidas las 

competencias de cada persona, se pueda advertir decisivamente cuando se esta ante un 

documento falso, con lo cual se desvanecerían los puntos problemáticos antes referidos. 

Entonces el objetivo de este artículo es proponer una interpretación normativista del 

ámbito de aplicación de los delitos de falsedad material y falsedad ideológica previstos en los 

artículos 427 y 428 del CP de 1991, que se sustenta en la aplicación del método funcionalista 

de dogmática jurídico penal, propuesta cuyo eje es la construcción de un sistema de 

asignación de deberes a las personas que participan del tráfico documental, diferenciando 

primero las competencias tanto de un particular como de un funcionario público al participar 

del tráfico documental y entonces luego dotar a la falsedad documental punible de un sentido 

que vincule a la infracción del deber de los participantes del tráfico documental y la 

afectación potencial a un tercero en sus bienes jurídicos, y en sentido contrario se lograra 

explicar que en algunos casos aún cuando se produzca un perjuicio con un documento falso, si 

aquel perjuicio no es consecuencia de la infracción del rol social que pesa sobre su autor, 

entonces no será delito. 

Claro, el hecho de interpretar un tipo penal del Código Penal Peruano a partir del 

método funcionalista de Jakobs, puede significar la importación indebida de ideas dogmáticas 

ajenas a esta realidad, pero considero junto a MIR PUIG que: “Es cierto que el Derecho es 

nacional; sin embargo, es también cierto que existen ideas que van más allá de lo dispuesto 

por las legislaciones de cada país, sobre todo en aspectos generales, como los principios del 

Derecho penal que forman parte de la parte general. Aunque también en temas de la parte 

especial, ya que no son tan diferentes los modelos de economía de los países” 1 . 

El desarrollo de la propuesta mencionada en esta investigación, se inicia de la siguiente 

manera: el primer apartado de este ensayo, inicia con una breve explicación sobre la 

1 Entrevista a Santiago MIR PUIG; en Revista Jus Doctrina & Practica 8/2007; Lima; Grijley; p. 42 



evolución del método en Derecho Penal, para precisar cual es el sustento filosófico y la 

premisa metodológica de la propuesta interpretativa que se presenta, referencia que justifica 

las consecuencias que se aportan en este propuesta de interpretación. En el siguiente apartado 

(II), se toca el problema propiamente dicho, definir el carácter de falso de un documento a 

partir de las competencias de cada persona, se inicia aquel apartado con una explicación 

sobre el objeto de alteración de los artículos 427 y 428 del CP, que se hace a partir de una 

revisión de los pronunciamientos hechos en la doctrina nacional, para luego sustentar una 

interpretación normativista propia en base a la teoría de los roles sociales de JAKOBS. El 

Tercer apartado (III), desarrolla una explicación sobre la forma de llevar a la práctica la 

propuesta hecha, definiendo el problema de la infracción de competencia en la falsedad 

documental como un problema de imputación objetiva, herramienta dogmática del 

funcionalismo que servirá para identificar cual es el riesgo prohibido por el legislador en los 

delitos estudiados. Y finalmente enlazando los anteriores apartados, en el último apartado 

(IV) se presenta un grupo de casos que son resueltos en base al sustento argumentativo 

elaborado. 

Finalmente deseo mencionar que si bien la dogmática jurídico penal básica requiere de 

esfuerzo en su dedicación, pues tan difícil lo es también la dogmática aplicada. Y si bien 

existe una tradición cesura en la teoría general del delito ella pierde en parte su eficiencia si 

los estudios de la parte especial se orientan solo a una exégesis de los tipos delictivos, con un 

distanciamiento de la parte general. En cambio una buena dogmática, con vocación 

sistematizadora, aplicada a cada uno de los delitos de la Parte Especial, es pues una 

manifestación de la responsabilidad social de los juristas a la vez que garantía de una 

seguridad jurídica en la aplicación del Derecho, y esto último es lo que estimó se logra con la 

presente propuesta interpretativa. 

1. PREMISA METODOLÓGICA Y A LA VEZ UN PEQUEÑO PRESUPUESTO FILOSÓFICO: LA 

ESCUELA DE GÜNTHER JAKOBS Y LA EVOLUCIÓN DE LA DOGMÁTICA PENAL 

En la evolución del derecho Penal se han seguido diversas escuelas de dogmática penal, 

todas ellas utilizadas para la construcción de la teoría del delito, y al ser el objeto de esta 

investigación el aportar con un estudio dogmático del campo de aplicación de la falsedad 



documental 2 , es menester explicar cual es el lineamiento metodológico de dogmática jurídico 

penal que se utilizara para la elaboración de esta investigación, debido a que “las premisas 

metodológicas determinan el modelo argumentativo y sus consecuencias” 3 ; para lo cual 

tratare de explicar brevemente la evolución de la metodología jurídico penal en la 

construcción de la teoría del delito, para terminar señalando la corriente que adoptó. 

Antes de empezar, deseo aclarar una idea: existen pronunciamientos expresos que 

identifican al vigente CP con un método –entiéndase uno solo- de dogmática penal 4 , aceptar 

esto como cierto, significaría calificar ya de por si como anacrónicos y no sustentables a los 

planteamientos que partan de una línea de dogmática distinta a la que asume el CP, 

conclusión que considero errónea, con la misma razón que expresa Santa Cruz, quien 

correctamente escribe: “no puede afirmarse que un Código Penal, cualquiera sea éste, sigue 

una determinada concepción del delito (causalismo, finalismo, funcionalismo, teleologismo, 

etc). Estos modelos dogmáticos son métodos que adopta el intérprete para precisar el alcance 

de la ley. Quien puede ser calificado de causalista o finalista es el jurista que sigue estos 

métodos, pero no el objeto sobre el que recaen (la Ley)” 5 . Y en consecuencia, a las propuestas 

de interpretación o soluciones –que es lo que se presentara en esta investigación- que se 

obtengan a partir de la aplicación de un método – el funcionalismo radical-, en la 

interpretación de un objeto – los artículos 427 y 428 del CP-, no se les puede criticar, y en su 

2 

Objetivo que se corresponde con la finalidad que ha de cumplir la dogmática, según la concepción de Silva 

Sánchez, para quien: “en la base de la dogmática se halla tradicionalmente una dimensión de elaboración de 

conceptos y de integración de los mismos en un sistema, orientado todo ello a la resolución de problemas 

jurídicos de un determinado modo” en: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; Aproximación al Derecho Penal 

Contemporáneo; Barcelona… p. 49 

3 

REY SANFIZ, Luis Carlos; Observación Naturalista del Derecho Penal; en RPDJP, Nº 6, Lima, Grijley, 2005, 

p. 391 y sig. 

4 

Tal es el caso del Acuerdo Plenario Nº 6-97 adoptado en el Pleno Jurisdiccional Penal 1997 llevado a cabo en 

la ciudad de Arequipa, acuerdo en el que se afirmó expresamente que el CP es finalista –entiéndase 

únicamente-, lo cual trae como consecuencia que el dolo forma parte del tipo penal. 

5 

Luego continua señalando: “La mejor prueba de que un Código Penal no está atado (sigue) a una determinada 

concepción dogmática es el hecho que en Alemania, bajo la vigencia del Código Penal de 1871 –que estuvo en 

vigor hasta el 31 de diciembre de 1974- se han elaborado las más ricas construcciones tanto del causalismo 

como del finalismo, e inclusive se han sentado las sólidas bases de la dogmática de orientación funcional. 

Cosa distinta es afirmar que un Código Penal sea compatible con una determinada orientación dogmática, por 

ejemplo: el Código del 91 es compatible con una construcción finalista. De esta manera no queda excluida la 

posibilidad de una construcción dogmática sobre una base no finalista, como sería la moderna dogmática de 

orientación funcional o teleológica”, en: SANTA CRUZ CAHUATA, Julio César; Notas Sobre Interpretación y 

Dogmática en la Aplicación de la Ley Penal, en: Revista de la Academia de la Magistratura Nº 4; Lima; 2000; 

p. 57 (las cursivas son mías). 

Como muestra de la viabilización de interpretar el Derecho Peruano de acuerdo a una corriente 

dogmática que no fue la tomada en cuenta el momento de la elaboración del derecho positivo, citó a 

HURTADO POZO quien escribió: “es también evidente que no todas las leyes han sido formuladas de acuerdo a 

la misma teoría. El Código Penal derogado, de inspiración suiza, por ejemplo, fue redactado en una época en 

la que la concepción causalista predominaba. Esto no impidió, sin embargo, que se interpreten sus 

disposiciones a la luz de la concepción normativa o de la teoría finalista”, en: HURTADO POZO, José; 

Responsabilidad y Culpabilidad: Reflexiones Sobre la Dogmática Penal; en: Anuario de Derecho Penal `93; 

Lima; Asociación Peruana de Derecho Penal; 1993; p.49. 



caso ser declaradas infundadas, afirmando que las soluciones propuestas son incorrectas al 

haber sido obtenidas por la aplicación de una concepción dogmática ajena a nuestro CP, tal 

afirmación seria confundir el objeto con el método. 

Ahora, con la aclaración anterior, la explicación sobre la evolución y estado actual de la 

dogmática penal creo que puede ser graficada perfectamente, en sentido figurativo, con la 

narración que hace Hermann HESSE, del periplo vivido por Siddhartha, ilustrando el 

significado de la idea despertar, por lo que cito el siguiente fragmento: “Sumido en sus 

meditaciones, Siddhartha aminoró aún mas el paso y se preguntó: ¿Qué hubieras querido 

aprender realmente con ayuda de doctrinas y maestros? (...)Y el lento y pensativo caminante 

se detuvo de pronto, dominado por esta última idea. Y de ella brotó al punto otra: El que nada 

sepa de mí, el que Siddhartha me haya parecido siempre tan extraño y desconocido, proviene 

de una sola causa: ¡el miedo a mí mismo, la huida ante mi propio ser! (...) Siddhartha abrió 

los ojos y miro a su alrededor; una sonrisa iluminó su rostro, y una profunda sensación de 

despertar de largos sueños recorrió todo su cuerpo. Y al punto se puso nuevamente en marcha 

(…) Miro a su alrededor como si viera el mundo por primera vez. ¡Que hermoso era aquel 

mundo! Variado, extraño y enigmático: azul aquí, amarillo y verde más allá(…) Para él, 

ahora, el azul era azul y el río era el río; y aunque en el azul y el río vistos por Siddhartha 

subsistiera, latente, la idea de unidad y de divinidad, no era menos representativo de la 

condición divina el ser aquí amarillo, ahí azul, más allá cielo y bosque, y aquí otra vez 

Siddhartha. El “sentido” y la “esencia” no se hallaban en algún lugar tras de las cosas, sino 

en ellas mismas (…) ¡Qué sordo y limitado he sido! –pensó luego, aligerando el paso-. Pero 

yo, que deseaba leer el libro del mundo y el libro de mi propio ser, desprecié sus signos y sus 

letras en función de un sentido que les había atribuido de antemano. Y denominaba ilusión al 

mundo de las apariencias. Pero esto ya pasó: me he despertado, estoy totalmente despierto y 

hoy, por fin he nacido” 6 ; en el extracto citado Siddhartha se hace conciente del largo tiempo 

que estuvo atribuyendo sentidos determinados de antemano al mundo, lo cual le impidió 

observarlo, y solo al dejar de atribuir de antemano sentidos al mundo, es que logra por fin 

despertar, exactamente este proceso de reconocimiento y despertar es lo que ha sucedido con 

la dogmática penal: durante largo tiempo se ha afirmado que la acción penal era un concepto 

previo al derecho penal, en esta línea se atribuían de antemano el sentido de la acción penal a 

partir de fenómenos empíricos o fenomenológicos, concepción esta que denominaremos 

naturalista, mientras que recientemente se ha postulado en dogmática penal, un dejar de 

6 HESSE, Herman; Siddhartha; Madrid; Planeta de Agostini; Madrid; 2003; p. 61 a 63 (las cursivas son mías) 



atribuir sentidos de antemano y construir un concepto de acción jurídico penal 7 , línea en la 

que se trata de reconocer a la acción penal como fenómeno social, concepción que 

denominaremos normativista. Es en este derrotero simple, naturalismo-primero- y 

normativismo 8 –después, como explicare brevemente la evolución del método en el Derecho 

Penal, para terminar con la adopción de una de aquellas líneas. 

En la línea del naturalismo, históricamente en primer lugar se cuenta con el causalismo 

naturalista, siendo su representante más conocido Franz VON LIZT, línea metodológica que es 

un reflejo del positivismo jurídico del siglo XIX en la ciencia penal 9 , cuya premisa 

fundamental fue que solo puede ser objeto de conocimiento aquello sobre lo cual la ciencia 

tiene algo que decir, mediante la aplicación del método científico, haciendo suyo por ello el 

método inductivo, con el que “se trata de decidir de la ley la solución aplicable al caso 

mediante la construcción jurídica” 10 , constituyendo por ello su objeto solo el análisis y 

sistematización del derecho positivo 11 . Este positivismo significó para la construcción 

dogmática de la acción penal, que esta sea definida naturalisticamente, como voluntad 

exteriorizada en forma de puesta en marcha de la causalidad o una inervación muscular 

voluntaria, expresamente VON LISZT definiendo al delito como acto, escribió: “acto es la 

conducta voluntaria en el mundo exterior; causa voluntaria o no impediente(sic) de un cambio 

en el mundo externo (…)[mas adelante en torno a la comisión añade] El acto de comisión, 

consiste en causar (mejor dicho, provocar) un resultado (…)El resultado debe ser causado 

(provocado) por un movimiento corporal; el movimiento corporal y el resultado deben estar 

en relación de causa a efecto (en relación de causalidad) (…) [Y sobre la omisión señaló] La 

omisión consiste en no impedir, el resultado. La manifestación de voluntad consiste aquí en 

no ejecutar voluntariamente un movimiento corporal” 12 . 

Luego se presentó el causalismo valorativo, siendo Edmundo MEZGER uno de sus 

partidarios, escuela que es la consecuencia del neokantismo en el Derecho Penal 13 , estudiando 

7 

La distinción entre los dos modelos conceptuales de la acción son tomados de: GARCIA CAVERO, Percy; 

Derecho Penal Económico Parte General, Lima, Ara, 2003; p. 288 

8 

Diferenciación que es tomada de: LESCH, Heiko; Intervención Delictiva e Imputación Objetiva; Bogota; 

Universidad Externado de Colombia, 1995, p. 15 a 41 

9 

SANTA CRUZ CAHUATA, Julio César; Notas Sobre Interpretación y Dogmática en la Aplicación de la Ley 

Penal…p. 74. 

10 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo… p. 53 

11 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo… p. 51. 

12 

VON LISZT, Franz; Tratado de Derecho Penal; traducido de la 20° edición alemana por Luís Jiménez de Asúa, 

Tomo Segundo, Segunda Edición; Madrid; Editorial Reus;1927,p.285 y 292. 

13 





al delito en orientación a valores e ideales 14 y utilizando el método comprensivo-valorativo, 

pero como el anterior causalismo, solo tuvo al derecho positivo como único objeto 15 . Método 

que para la acción penal significó el mantener la voluntad natural del autor de hacer o no 

hacer como el elemento determinante del concepto de acción 16 , de lo que se derivó que si bien 

la acción dejó de ser naturalistica, no dejo de ser causal, continuándose con una construcción 

pretípica 17 , en otras palabras “mantiene la concepción causal de la acción pero abandona la 

identificación naturalista descriptiva dada por el sistema clásico pasando a ser una acción 

normativa o valorativa” 18 , esta observación es constatada con el concepto que ofrece 

Edmundo MEZGER sobre la acción penal, en el que se pone de relieve el papel de la voluntad: 

“La acción como hacer activo exige, además del querer un hacer corporal (movimiento 

corporal del agente (…) El querer (I) y el movimiento corporal (II) precisan hallarse en 

relación de causalidad. A la acción pertenece todo lo que ha sido causado por el querer y por 

el movimiento corporal determinado por el querer” 19 

Y en la década de los años treinta del siglo pasado, aparece el finalismo con Hans 

WELZEL, quien en su construcción partió de la premisa de estar el legislador vinculado a 

estructuras lógico-objetivas, constituyendo estas la base filosófica general de su pensamiento, 

así señala: “en este sector ontológico y de objetividades lógicas hay, en efecto “verdades 

eternas”, que ningún legislador del mundo puede modificar [….] estas verdades eternas de la 

esfera de la objetividad lógica vinculan al legislador” 20 . Por ello, en este método la realidad 

ya tiene incorporada la dimensión de sentido 21 : ésta es una dimensión ontológica, no 

epistemológica, del ser y no de su conocimiento. Lo que llevó a WELZEL a afirmar que la 

estructura ontológica a la que esta ligado el legislador pasa por reconocer que toda acción 

humana es el ejercicio de una actividad final 22 , estructura ontológica que debe ser respetada 

por el legislador, lo que es corroborado expresamente por WELZEL con sus siguientes 

palabras: “la estructura final del actuar humano es necesariamente constitutiva para las 

14 

VILLAVICENCIO, Felipe; Derecho Penal Parte General; Lima; Grijley; 2006; §32 n. m. 511. 

15 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo… p. 55 

16 

GARCIA CAVERO, Percy; Derecho Penal Económico... p. 289 

17 

Citando a WELZEL, VILLAVICENCIO, Felipe; Derecho Penal Parte General… §39 n. m. 606 

18 

VILLAVICENCIO, Felipe; Derecho Penal Parte General… §32 n. m. 514; luego en el pie de pag. 65, citando a 

Zaffaroni, continua: “Bajo esta nueva perspectiva, la acción, considerada como simple inervación muscular 

voluntaria, pasa a ser concebida en términos valorativos como conducta humana (Mezger), comportamiento 

voluntario (v. Hippel) o realización de la voluntad humana (M.E. Mayer)” 

19 

MEZGER, Edmundo; Tratado de Derecho Penal; traducción de la 2ª edición alemana y notas por José Arturo 

Rodríguez Muñoz; Tomo I; Segunda Edición; Madrid; Editorial Revista de Derecho Privado; 1946;p. 216 y 

217 

20 

VILLAVICENCIO, Felipe; Derecho Penal Parte General… §32 n. m. 528 

21 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo… p. 59. 

22 





normas del derecho penal. Las normas jurídicas, es decir, las prohibiciones o los mandatos 

del Derecho, no pueden dirigirse a procesos causales ciegos, sino sólo a acciones, que tienen 

la capacidad de configurar finalmente el futuro. Las normas sólo pueden mandar o prohibir 

una conducta final” 23 . 

De la pequeña reseña hecha, resulta que las escuelas mencionadas, tuvieron como 

modelo conceptual a la idea de acción penal como un concepto previo al mismo Derecho 

Penal, obedeciendo la presencia de una acción penal a la verificación de una realidad de base 

empírica, o a una voluntad natural de hacer o no hacer o al reconocimiento de la estructura 

ontologica del carácter final del actuar humano; a esta comprensión, que pasa por reconocer 

por fuera del Derecho Penal los propios limites de éste, se le critica, primero de acuerdo a 

SILVA SANCHEZ, que la comprensión naturalista de la acción penal implica negar que la 

acción penal es un proceso interpretable definiéndolo en cambio solo como un proceso 

explicable en términos físico-naturales, esta critica se verifica cuando la sanción penal tiene 

como presupuesto a una acción penal, entonces aquella debe ser un proceso interpretable, 

como algo que expresa sentido, y no como algo meramente explicable, sobre esta idea Silva 

Sanchez escribe: “Pues esta decisión, que vincula la sanción jurídico-penal al presupuesto 

primero de que la afectación de uno de sus objetos de protección se deba a un fenómeno no 

meramente explicable en términos físico-naturales, sino precisamente interpretable, se halla 

estrechamente vinculada al concepto de Derecho, y en particular de Derecho Penal, del que se 

parta. En efecto, existe en este punto una relación directa entre requerir que el delito sea 

acción y no un mero proceso causante de daño, y concebir la pena como algo que, a su vez, 

expresa sentido y no se limita a causar a su vez un efecto (dañoso o terapéutico) en el sujeto 

que causó el daño inicial” 24 . Y como consecuencia el dejar de concebir a la acción como 

proceso interpretable significa negar toda dimensión histórico-cultural y social sistémica de 

la acción penal 25 , por cuanto con aquella concepción se estaría desconociendo que la acción 

penal varía en términos históricos 26 , y varía además para los diferentes sistemas sociales, esto 

23 

WELZEL, Hans, Derecho Penal Alemán (traducción de Bustos Ramirez y Sergio Yañez), Editorial Jurídica de 

Chile, 1987; p. 59. (las cursivas son mías) 

24 

En cambio en un sistema que se tome solo a la acción como fenómeno explicativo, SILVA SANCHEZ añade: “Un 

sistema de control basado estrictamente en reacciones empíricas no requeriría, en cambio, como presupuesto 

un proceso perteneciente al mundo del sentido: el presupuesto de la reacción podría ser, en este caso, 

sencillamente la constatación de un daño ya producido o de producción predecible en términos asimismo 

empíricos. Como puede advertirse, este y no otro era el núcleo del modelo positivista que entendía el delito 

como una patología y la pena como intervención terapéutica o asegurativa”, en: SILVA SANCHEZ, Jesús María; 

¿Qué queda de la Discusión Tradicional Sobre el Concepto de Acción?... p. 372. 

25 

SILVA SANCHEZ, Jesús María; ¿Qué queda de la Discusión Tradicional Sobre el Concepto de Acción?, en: 

RPDJP Nº 4; Lima; Grijley; 2004; p.378. 

26 

“En función de que se dé, por ejemplo, una concepción mítica el mundo (o concepciones animistas), en la que 

los animales y las fuerzas de la naturaleza generan procesos “interpretables”, o una concepción desmitificada 



quiere decir que no se puede dar una misma interpretación para sistemas sociales que 

conciben al sujeto agente de distinta manera 27 , carácter este –ser social e histórico a la vezque 

no lo poseen los procesos explicables. Esto le lleva a concluir a Silva Sánchez que “tanto 

el ser acción como el contenido de la acción, no le vienen dados al derecho Penal, por datos 

externos al mismo [sino] requieren de una referencia social 28 . 

A su turno Heiko LESCH, fundamenta su critica en que: “el naturalismo se basa en una 

teoría de la Sociedad ya superada desde hace tiempo, que valoraba de forma incorrecta las 

condiciones fundamentales de la coexistencia social” 29 , LESCH pone de relieve que el 

naturalismo definió a la acción con base a una interpretación individual realizada por el 

sujeto que actúa, expresamente señala: “El hombre del naturalismo, impregnado de la 

filosofía de Hobbes, es el individuo (…) cuyas relaciones sociales sólo se definen mediante lo 

externo. Todos los intervinientes se encuentran en un estricto vínculo externo respecto de esas 

relaciones sociales; las relaciones se tienen en cuenta sólo en la medida en que son útiles para 

los intereses egocéntricos del individuo. La sociedad se muestra como una unión de egoístas 

racionales que –como si todavía estuviesen en el estado natural- se encuentran los unos junto 

a los otros aisladamente, tan sólo en una forma exterior” 30 31 . Por esta interpretación 

del mismo”; en: SILVA SANCHEZ, Jesús María; ¿Qué queda de la Discusión Tradicional Sobre el Concepto de 

Acción?... p. 379 

27 

En este punto anota SILVA SÁNCHEZ: “la acción como proceso interpretable se reconduce a la idea de sujeto 

agente, por contraposición a los fenómenos que proceden del “azar”: es acción el acto de comunicación de un 

sujeto. Ahora bien, la idea de sujeto, por su parte, tiene base en el reconocimiento recíproco y, por tanto, se 

remite a cada modelo de organización social: es cada sistema el que determina si, conforme a las reglas que lo 

presiden, es posible atribuir a un determinado proceso el carácter de toma de posición de un sujeto frente al 

resto de integrantes del respectivo sistema”, en: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; ¿Qué queda de la Discusión 

Tradicional Sobre el Concepto de Acción?... p. 379 

28 

Continua: “Dado que la condición de acción se vincula al hecho de que un determinado proceso tenga sentido 

en un contexto social de comunicación, es obvio que tanto la determinación de si algo tiene o no sentido, y, de 

llegarse a la primera conclusión, qué sentido tiene, dependerá de la configuración del correspondiente 

esquema social de comunicación. Por tanto, de entrada los límites que vinculan en la determinación de qué es 

acción tiene que ver con la configuración del sistema social correspondiente”; en: SILVA SÁNCHEZ, Jesús 

María; ¿Qué queda de la Discusión Tradicional Sobre el Concepto de Acción?... p.382 

29 

LESCH, Heiko; Intervención Delictiva e Imputación Objetiva; Bogota; Universidad Externado de Colombia, 

1995, p. 22 

30 

LESCH, Heiko; Intervención Delictiva e Imputación Objetiva… p. 16. De la cita expuesta se entiende 

claramente que en el pensamiento naturalista de origen Hobbesiano se puede concebir al hombre como 

ermitaño, porque según Lesch: “Que sociedad origine identidad; que por tanto, los individuos sean 

determinados internamente a través de las relaciones sociales en las que ellos viven; que, en definitiva, ellos 

mismos no puedan entenderse con independencia de su pertenencia al grupo, es, en este sentido, alto 

totalmente inimaginable”, en: LESCH, Heiko; Intervención Delictiva e Imputación Objetiva… p. 16. Este 

mismo sentido de concebir al agente como individuo lo observa REY RANFIZ, al analizar la observación 

naturalista, y anota: “el autor es concebido abstrayéndolo de su contexto social y se lo define como 

originariamente libre y desvinculado, como presocial o incluso asocial, como un algo dado y libre de 

interpretación”, en: REY SANFIZ, Luis Carlos; Observación Naturalista del Derecho Penal… p. 393. 

31 

Como muestra que incluso el Finalismo de WELZEL solo giro en torno a un individualismo, Heiko LESCH 

señala que tal autor: “definió el contenido de la acción tan sólo con base en la voluntad final de ejecución, es 

decir, sencillamente con base no en una interpretación social, sino, en una individual realizada por el sujeto 



individual la visión naturalista del problema es demasiado reducida, y desconoce que: “La 

Sociedad es un sistema social, que se conforma a través de los contactos sociales entre los 

sujetos que actúan, y que se compone, por ello, de conexiones de acciones, con sentido. La 

situación en la que se actúa no es pues solamente una situación individual, sino siempre una 

social” 32 . 

Es con las deficiencias anotadas, presentadas por SILVA SÁNCHEZ y Heiko LESCH, que 

se topan todas las concepciones naturalistas que terminan por concebir a la acción penal a 

partir de la atribución de sentidos que se encuentran por detrás de la propia acción penal. 

Un despertar en la concepción de la acción penal, parte por dejar de lado aquellos 

sentidos que se encuentran detrás de las cosas, y reconocerlas a ellas en su entidad propia, 

opción que toma JAKOBS, al concebir a la acción penal como un concepto jurídico, 

determinado por la función que se atribuye al Derecho Penal, lineamiento metodológico que 

propone JAKOBS claramente ya en el prologo de su tratado: “El mundo conceptual jurídicopenal 

ha de organizarse con arreglo a la misión social del Derecho Penal y no conforme a 

datos previos naturales o de cualquier otra clase ajenos a la sociedad” 33 . Su metodología se 

basa en la Teoría de los Sistemas Sociales 34 –la estructura social- y en la función que el 

Derecho Penal ha de tener en la sociedad –función de la pena-. Parte por reconocer que en la 

sociedad moderna todos los participantes se encuentran en una relación de interdependencia, 

que actúa. Este es, empero, una visión del problema demasiado reducida”; en: LESCH, Heiko; Intervención 

Delictiva e Imputación Objetiva… p. 24 

32 Luego LESCH continua: “en los contactos sociales, los participantes se encuentran siempre en dos roles: como 

sujetos y como objetos de la interacción. Y así las cosas, la definición de la acción no puede estar simplemente 

referida al sujeto motivacionalmente, sino siempre a la Sociedad (externamente). En otras palabras: acción es 

una tipo sociológico y no psicológico”, en: LESCH, Heiko; Intervención Delictiva e Imputación Objetiva… p. 

24 a 25. Y por esta fundamentación LESCH señala que el normativismo esta ligado a la tradición filosófica de 

Hegel y Rousseau, y este último: “describe al individuo del estado natural presocial, como un animal salvaje y 

aislado que no posee –sin lenguaje ni relaciones sociales- identidad (…)[Pero]ante todo, el individuo se 

constituye en “persona real” mediante la relación con otras personas, esto es, mediante el contacto social con 

el alter ego; por medio de la comunicación la existencia humana supera el subjetivo ser para-sí característico 

del animal (…) Comunicación es pues el proceso social elemental de la constitución de sentido en el trato 

entre seres humanos”, en: LESCH, Heiko; Intervención Delictiva e Imputación Objetiva… p. 16 a 17. 

Para terminar esta idea, y marcar una diferencia con el sustentó filosófico del naturalismo, en el normativismo, 

con base en Hegel, no se puede concebir al hombre como ermitaño, y en este sentido Jakobs, en relación a la 

necesidad de los contactos sociales, escribe: “-el ermitaño probablemente sólo viva sano y feliz en la leyenda-, 

y, en segundo lugar, y sobre todo, porque por regla general no hay alternativa a estos contactos: ¿quién puede 

permitirse el convertirse en un ermitaño?” en: JAKOBS, Günther; La Imputación Objetiva en Derecho Penal; 

Lima; Grijley; 1998; p.41 

33 JAKOBS, Günther, Derecho Penal Parte General Fundamentos y teoría de la imputación (traducción de 

Joaquín Cuello Contreras y José Luís Serrano Gonzáles de Murillo), Segunda Edición; Madrid, Marcial Pons, 

1997, p. VII 

34 Su exposición toma parte de la teoría de los sistemas sociales de Niklas LUHMAN, aunque guarde una marcada 

diferencia con él, ver: JAKOBS, Günther; Sociedad, Norma y Persona Sociedad, Norma y Persona en una 

Teoría de un Derecho Penal Funcional; en: Bases Para Una Teoría Funcional del Derecho Penal; Lima; 

Palestra; 2000; p. 20. 



pero entonces ante la existencia de una conglomerado de interacciones diarias, que aparecen 

como contactos anónimos, se presupone como necesario para la orientación el 

reconocimiento del otro como persona y no como individuo, lo que significa que los 

integrantes del conglomerado se comporten de acuerdo a los parámetros de interacción que 

valen en aquella sociedad, y en caso se falte a aquellas expectativas el derecho surge como un 

subsistema para asegurar la posibilidad de interacción de personas 35 , en otras palabras su 

construcción se orienta a la función que el derecho penal ha de tener en la sociedad, que es el 

mantenimiento de la configuración normativa de la sociedad, concepción vinculada a la teoría 

de la pena de HEGEL 36 , así en sus palabras: “Son funciones las prestaciones que mantienen un 

sistema. En lo que se refiere a las prestaciones, interesan aquí aquellas del conjunto del 

Derecho Penal (…) La prestación que realiza el Derecho Penal consiste en contradecir a su 

35 MONTELEGRE LYNETT, Eduardo y PERDOMO TORRES, Jorge Fernando; Funcionalismo y Normativismo Penal 

Una Introducción a la Obra de Günther Jakobs; en Los Desafíos del Derecho Penal en el Siglo XXI, Libro 

Homenaje al Profesor Dr. Günther Jakobs, Ara, Lima, 2005, p. 26 

36 La concordancia entre JAKOBS y HEGEL se encuentra en dos ideas: ambos afirman que la finalidad de la pena 

esta en el restablecimiento del derecho y que la determinación de la pena depende de circunstancias históricopolíticas 

de una concreta sociedad civil, entonces lo decisivo a la hora de determinar la pena es la peligrosidad 

de la acción para la sociedad civil; y por estos puntos de contacto puede identificarse a los planteamientos de 

ambos como orientados a una prevención general positiva. La primer idea expresada, es sustentada por HEGEL 

con las siguientes palabras: “La vulneración [refiriéndose HEGEL a la vulneración del derecho hecha por el 

delincuente con su actuar], para la voluntad particular del ofendido y de los demás, es sólo algo negativo. La 

existencia positiva de la vulneración es sólo en cuanto voluntad individual del delincuente. La vulneración de 

esta voluntad en cuanto existente es la anulación del delito, que de otro modo sería válido, es el 

restablecimiento del Derecho”; mientras que la segunda idea se extrae del siguiente parágrafo: “el delito no es 

ya solamente una ofensa a un infinito subjetivo, sino también a lo universal que tiene una existencia en sí 

estable y firme. Por lo tanto se evidencia el punto de vista del peligro de la acción para la sociedad (…) el 

peligro para la sociedad civil consiste en una determinación de su magnitud o, también, en una de sus 

determinaciones cualitativas. Esa cualidad o magnitud, empero, es variable de acuerdo a la constitución de la 

sociedad civil y en cuya condición es repuesto el derecho de castigar, tanto un hurto de algunos centavos o de 

un nabo con la muerte, como un robo que ascienda a más de cien veces tales valores, con una pena benigna”; 

en: HEGEL, Guillermo Federico; Filosofía del Derecho; Primera reimpresión; Buenos Aires; Editorial 

Claridad; 1987; § 99 y § 218. Mientras que en JAKOBS la concordancia con Hegel, además de la cita hecha en 

el texto principal, puede encontrarse expresamente en: JAKOBS, Günther, Derecho Penal Parte General… 

Apdo.1/21. 

Ahora la diferencia entre JAKOBS y HEGEL, esta en el contenido conceptual de la pena, por cuanto en 

Jakobs la ética no es pública –y por lo tanto tampoco es tarea del estado su administración-, sino es privada e 

histórica, y este a su vez es un punto por el que se podría calificar como anacrónica la aceptación plena de 

Hegel, para quien la pena tenia un contenido ético, esta idea la presenta claramente Enrique Peñaranda 

Ramos, al señalar: “la diferencia estribaría propiamente en que el punto de referencia en la fundamentación 

hegeliana de la pena es el concepto abstracto de Derecho, mientras que en JAKOBS ese punto de referencia 

viene constituido por las condiciones de subsistencia de la sociedad, de una determinada sociedad. En 

cualquier caso, esa aproximación [por parte de Jakobs] a la concepción de la pena de Hegel no implica la 

asunción de un entendimiento del Estado, al modo de éste [de Hegel], como “universo ético” o como “realidad 

de la idea etica”. Tal entendimiento ha sido expresamente rechazado por Jakobs, pues en sociedades 

pluralistas, como son hoy las muestras, ya no existe un programa de Derecho Natural que obligue al ser 

humano a perfeccionarse moralmente (…) Con el punto de vista antipluralista de Hegel, no se puede 

administrar la sociedad actual, eso es, una sociedad con un estado que garantiza a través de derechos 

fundamentales el pluralismo y el individualismo y con ello privatiza la eticidad”, en: Peñaranda Ramos, 

Enrique; “Sobre la Influencia del Funcionalismo y la Teoría de sistemas en las Actuales Concepciones de la 

Pena y del Delito”; en: AA.VV.; Teoría de Sistemas y Derecho Penal Fundamentos y Posibilidad de 

Aplicación; Lima; Ara Editores; 2007; p. 296 



vez la contradicción de las normas determinantes de la identidad de la sociedad. El Derecho 

Penal confirma, por tanto, la identidad social” 37 . 

Como se ve, en JAKOBS el Derecho Penal es parte de la sociedad y entonces aquel solo 

puede reaccionar frente a una perturbación social, trabajando entonces con el concepto social 

de “persona”, que es explicado como: “ser persona significa tener que representar un papel. 

Persona es la máscara, es decir, precisamente no es la expresión de la subjetividad de su 

portador, sino que es representación de una competencia socialmente comprensible, es decir 

los individuos representados comunicativamente como relevantes, se definen entonces por el 

hecho de que para ellos es válido el mundo objetivo, es decir, al menos una norma” 38 . 

Como se mencionó, la acción penal debe ser un proceso interpretable y no explicable – 

porque es mediado por lo social- 39 , proceso que tiene en JAKOBS como consecuencia 

normativizar toda la estructura del delito, ahora el tema de la normativización básicamente 

significa el desarrollo de los conceptos del derecho desde su carácter normativo 40 , esta es la 

idea de la normativización 41 , por lo que al entender la presencia de un comportamiento 

delictivo, no se ha recurrir directamente a procesos naturales sino “siempre es el Derecho el 

que otorga a los datos del mundo aprehensible por los sentidos un significado jurídico -lo que 

parece ser un circulo-, es el concepto de la autonomía del Derecho” 42 43 . Específicamente el 

aludido proceso de normativización se refleja en su concepto de acción, que en su postura 

37 Luego continua: “El delito no se toma como principio de una evolución ni tampoco como suceso que deba 

solucionarse de modo cognitivo, sino como comunicación defectuosa, siendo imputado este defecto al autor 

como culpa suya. Dicho de otro modo, la sociedad mantiene las normas y se niega a entenderse a sí misma de 

otro modo. En esta concepción, la pena no es tan sólo un medio para mantener la identidad social, sino que ya 

constituye ese mantenimiento mismo”; en: JAKOBS, Günther; Sociedad, Norma y Persona… ; p. 21 

38 Jakobs, Günther; Sociedad, Norma y Persona… p. 38. 

39 La aludida diferencia es explicada por JAKOBS, así: “Al ámbito que sí se puede influenciar mediante 

planificación se le da un sentido mediante su configuración, aquel que no es susceptible de influencia es 

naturaleza que carece de sentido”, en: JAKOBS, Günther; La Idea de La Normativización en la Dogmática 

Jurídico Penal-Penal… p. 109 

40 “A la hora de determinar el comportamiento no permitido no se trata de recortar una competencia inicialmente 

dada por cualquier causación de acuerdo con cualesquiera criterios externos (…) por el contrario, antes de 

nada hay que lanzar la causalidad, que en sí es una construcción para la explicación de la naturaleza, al plano 

de sentido social y significado social, dicho de otro modo, ha de avanzarse desde la explicación de la 

naturaleza hacia la semántica del comportamiento social. La causalidad es un punto de partida explicativo que 

es usado como material en bruto en la construcción de sentido normativo; nada más”; en: JAKOBS, Günther; La 

Idea de La Normativización en la Dogmática Jurídico Penal-Penal; en: Los Desafíos del derecho Penal en el 

Siglo XXI L-H al Profesor Dr. Günther Jakobs; Lima; Ara; 2005; p. 111 

41 JAKOBS, Günther; La Idea de La Normativización en la Dogmática Jurídico Penal-Penal… p. 96 

42 JAKOBS, Günther; La Idea de La Normativización en la Dogmática Jurídico Penal-Penal…p. 113 

43 Seguramente se advierte en contra de este proceso de normativización un peligro de arbitrariedad, pero frente a 

esto Jakobs escribe: “El derecho genera por sí mismo el contexto normativo (…) Esta es la idea de la 

normativización. Sin embargo, si se pretende que el Derecho mantenga su capacidad de conexión en la vida 

cotidiana, no puede contradecir de manera radical las constataciones cotidianas consolidadas”; en: JAKOBS, 

Günther; La Idea de La Normativización en la Dogmática Jurídico Penal-Penal…p. 114 



forma parte de la teoría de la imputación, y se estructura dentro de la sociedad: “En ese 

sentido, el concepto de acción no se busca antes de la sociedad, sino dentro de la sociedad. 

No es la naturaleza la que enseña lo que es la acción (…) y el concepto de acción tampoco 

puede extraerse de la ontología (…) sino que en el ámbito del concepto de acción lo decisivo 

es interpretar la realidad social, hacerla comprensible en la medida en que está relacionada 

con el Derecho Penal. Por tanto, un concepto jurídico-penal de acción debe combinar 

sociedad y Derecho Penal” 44 . 

El funcionalismo radical de JAKOBS 45 , es la postura metodológica que tomo en esta 

investigación, resultando útiles para alcanzar los objetivos planteados, los siguientes 

instrumentos o institutos desarrollados por esta escuela 46 : la teoría de los roles sociales, 

específicamente el concepto de sociedad como sistema de expectativas normativas y no de 

expectativas cognitivas –punto que se tomara al definir el objeto de alteración del delito de 

falsedad material-, así como la teoría de la imputación objetiva. 

2. UN SISTEMA DE DEBERES EN EL TRÁFICO DOCUMENTAL A PARTIR DE LA 

INFRACCIÓN DEL ROL SOCIAL: DEFINICIÓN DE LOS ROLES Y COMPETENCIAS EN LOS 

DELITOS DE FALSEDAD MATERIAL Y FALSEDAD IDEOLÓGICA 

44 

JAKOBS, Günther; El Concepto Jurídico Penal de Acción; en: Bases Para Una Teoría Funcional del Derecho 

Penal; Lima; Palestra; 2000; p. 78 

45 

En contra de la posición dogmática de JAKOBS, que se asume en esta investigación, se le puede criticar, de 

acuerdo al estudio histórico realizado por MUÑOZ CONDE sobre el apoyo de Edmundo Mezger al régimen 

nacional-socialista con ocasión de la segunda guerra mundial: “en la medida en que el planteamiento 

funcionalista de JAKOBS también sea compatible con sistemas políticos dictatoriales, brutalmente negadores 

de los derechos humanos más elementales, está claro que, desde el punto de vista de una concepción 

políticocriminal característica de un Estado de Derecho, debe ser rechazado, porque convierte a la Dogmática 

jurídicopenal en un instrumento de legitimación de dichos sistemas, cuando no en cómplice servil de sus 

excesos”, en: MUÑOZ CONDE, Francisco; Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo Estudios sobre el 

Derecho penal en el Nacionalsocialismo; 4ª edición, revisada y ampliada; Valencia; Tirant lo Blanch; 2003; p. 

124. 

Por mi parte considero que esta es una forma de estigmatizar una construcción dogmática amparándose en 

argumentos políticos, lo que por su falta de coherencia deviene en una crítica inconsistente. En un sentido 

semejante JAKOBS, anota dos ideas, la primera señala que en el funcionalismo el Derecho Penal no puede 

alinearse a un modelo social que el interprete estima ideal, porque: “no se trata del Derecho penal de una 

sociedad deseable, sino del Derecho penal de aquella sociedad que ha generado el sistema jurídico”, y 

entonces, en segundo lugar, marca una diferencia entre dogmática y política: “Si realmente la sociedad está 

inmersa en una tendencia hacia la disminución de los derechos de libertad, esta tendencia no se dará 

exclusivamente en el Derecho penal (…). La decisión acerca de si se trata de un proceso de criminalización 

excesivo e innecesario, o, por el contrario, de la necesaria defensa de lo nuclear es puramente política, pero no 

jurídico-penal. Ciertamente, la ciencia del Derecho penal puede evidenciar qué es lo que aportarán 

exactamente las nuevas regulaciones legales y qué de lo aportado ha de considerarse, conforme a la valoración 

establecida, como algo positivo o como algo perjudicial. Pero es impotente frente a los cambios políticos de 

valores, y no puede optar a favor de los cambios políticos de valores”, en: JAKOBS, Günther; Sociedad, Norma 

y Persona en una Teoría de un Derecho Penal Funcional… p. 33. 

46 

Herramientas metodológicas que son detalladamente explicadas en: MONTELEGRE LYNETT, Eduardo y 

PERDOMO TORRES, Jorge Fernando; Funcionalismo y Normativismo Penal…p. 30 y siguientes 



En esta investigación se propone una interpretación normativista del ámbito de 

aplicación de los delitos de falsedad material e ideológica, y como quedo aclarado en el 

anterior apartado, metodológicamente se concibe al Derecho Penal como parte de la sociedad, 

donde aquel solo reaccionara a partir de una perturbación social. Desde esta línea 

metodológica, entonces el perjuicio que pueda producir un documento falso, para que 

constituya delito, primero tiene que explicarse como una infracción al rol que tiene una 

persona, es por ello que este apartado se analiza el tema de cuando se esta ante un documento 

falso –el objeto de alteración de la falsedad material e ideológica-, o en otras palabras cual es 

la competencia de los participantes del tráfico documental, y cuando una persona infringe su 

rol social al participar del tráfico documental, para ello se construirá un sistema de deberes de 

los participes del trafico documental, tanto particulares como funcionarios públicos, 

delimitándose entonces que conductas generan un riesgo prohibido al participar del tráfico 

documental. 

Como quedo dicho el tema de este apartado se corresponde con la resolución del 

problema consistente en determinar que es lo que se afecta, o cual es el objeto alterado, en la 

falsedad material y en la falsedad ideológica, requisito necesario para afirmar que se esta ante 

un documento falso en el sentido de los artículos 427 y 428 del CP. Este es uno de los puntos 

mas controvertidos de la falsedad documental, el mismo que no puede encontrar respuesta en 

la técnica legislativa que hace uso el CP 91, que es la misma que la del CPderog, al no 

establecer su texto claramente cual es la expectativa de protección en aquellos delitos de 

falsedad documental 47 , demostrándose ello con el distinto ámbito de protección que le ha 

47 Como muestra de lo afirmado, y para no hacer mas extensa esta cita solo me limitó al delito de falsedad 

material, puedo afirmar: no resulta ser sustentable obtener el objeto de alteración del articulo 427 del CP de 

la propia redacción de tal delito, o en otras palabras, no es correcto obtener el objeto de alteración de una 

interpretación literal de los términos utilizados en el artículo 427 del CP. Lo afirmado se explica por que en el 

primer párrafo del mencionado artículo se utiliza el adjetivo “falso”, para el sustantivo “documento”, junto a 

la referencia que “se adultere un documento verdadero”, mientras que en el segundo párrafo se utilizan los 

adjetivos “falso o falsificado”. 

En segundo lugar, debe considerarse que en doctrina se encuentra aclarado que el calificativo de falso se 

refiere a una acción que no expresa la verdad o que expresa concientemente declaraciones falsas, mientras que 

con la falsificación se hace referencia a la intervención material sobre un documento afectándose la 

autenticidad del mismo, en este sentido expresamente MUÑOZ CONDE: “La falsificación requiere la previa 

existencia de un documento o de un objeto verdadero, que mediante ciertos procedimientos se altera o se 

falsifica. La falsedad indica la afirmación de un hecho o la ejecución de un acto, en los que no se expresa la 

verdad” en: MUÑOZ CONDE, Francisco; Derecho Penal Parte Especial… p. 608; y en el mismo sentido CALLE 

RODRÍGUEZ escribe: “la falsedad no es sino mutación de la verdad atribuible a las personas (se habla de 

falsedad en ellas), en tanto que la falsificación queda referida a la actividad de las personas o a su resultado (se 

habla entonces de falsificación en las cosas que adolecen de falsedad o que son falsas)…” en: CALLE 

RODRÍGUEZ, Maria; La Falsedad Documental Inocua en la Jurisprudencia Española (Tesis Doctoral); 

Universidad Complutense de Madrid; 1995; (http://www.ucm.es/eprints/2187/) p. 18; definiciones por la que 

correctamente BRAMONT ARIAS indicó: “la falsificación supone siempre falsedad, al paso que la falsedad no 

indica falsificación: la una es el género, la otra una de las especies de aquél…” en: BRAMONT ARIAS, Luís; 

Voz: “Falsedad Material” en Enciclopedia Jurídica Omeba; Tomo XI…p.850. Entonces se obtiene que la 



adjudicado la doctrina, desde la vigencia del CP de 1924 y llegando al CP de 1991, al delito 

de falsedad material. Por ello, de manera breve se presenta a continuación una genealogía del 

pensamiento doctrinario peruano sobre el objeto de alteración en la falsedad documental, 

para luego presentar una interpretación propia. 

2.1 GENEALOGÍA DEL PENSAMIENTO PERUANO SOBRE EL OBJETO DE 

ALTERACIÓN EN LA FALSEDAD DOCUMENTAL 

A. Ángel Gustavo Cornejo (EN RELACIÓN AL CP DE 1924) 

Este autor afirma que la falsedad material altera la veracidad del documento, así detalla 

expresamente que la falsedad “afecta necesariamente el contenido del acto que el documento 

acredita. El contenido comprende tanto la verdad sustancial (…) cuanto a las formalidades” 48 . 

De manera coherente con esta afirmación Cornejo señala como impune los casos hoy 

conocidos de falso veraz, al señalar que “cuando la falsificación tuviera por objeto crear la 

prueba de una situación jurídica realmente existente, no puede darse el elemento nocivo que 

integra la tipicidad de la falsedad material. Ejemplo: un deudor paga su deuda pero descuida 

recabar el recibo de cancelación respectivo. Temiendo que se le moleste, se hace un recibo 

para probar en caso necesario, la cancelación de la deuda. Sin duda ha hecho un documento 

capaz de extinguir una obligación, pero falta la posibilidad de causar perjuicio y no puede 

imputársele delito de falsedad” 49 . 

El fundamento de esta posición se encuentra en el interés moralizador que ha de regir, 

según GUSTAVO CORNEJO, a las relaciones sociales, las cuales requieren de la verdad en las 

relaciones contractuales, lo cual a su vez lleva a que se postule como bien jurídico a la buena 

referencia a documentos falsos indican documentos de contenido no verdadero, mientras que con la referencia 

a documentos falsificados, se define a los documentos afectados en su autenticidad o alterados en su 

genuidad. 

De lo que resulta entonces que si se sigue una interpretación literal del articulo 427, se obtendría que en el 

primer párrafo se establece como punible el hacer un documento de contenido no verdadero –por la referencia 

a hacer un documento falso-, mientras que en el segundo párrafo se puniría el hacer uso de un documento de 

contenido falso y de un documento en el que se altere su autenticidad –por la referencia a documentos falsos y 

falsificados-, conclusión que no esclarecería cual es el objeto de alteración del artículo 427 –ya sea el 

contenido o la autenticidad documental-, problemática que trae como consecuencia la dificultad de 

diferenciarse el delito de falsedad material con el delito de falsedad ideológica del artículo 428 del CP, delito 

en el que se establece solo para los funcionarios públicos la obligación de dar declaraciones ciertas, esto 

último se sustentara en el texto principal de esta investigación. 

Por lo tanto el objeto de alteración del artículo 427 debe ser obtenido a partir del sentido de la norma, ello 

en estricta aplicación de una interpretación sistemática y teleológica del tal delito, apartándose de una 

interpretación literal del delito objeto de estudio. 

48 GUSTAVO CORNEJO, Ángel; Derecho Penal Especial, Tomo II… p. 160 

49 GUSTAVO CORNEJO, Ángel; Derecho Penal Especial, Tomo II… p.162 a 163 



fe; este autor expone estas ideas con las siguientes palabras: “Los delitos de falsedad aparecen 

y se configuran en el Derecho Penal merced a la exigencia ética y religiosa y de la obligación, 

indispensable(…) de observar la buena fe en las relaciones contractuales y de mantener el 

acuerdo entre los intereses privados y el interés colectivo. La buena fe es el postulado del 

imperio de la verdad y de la confianza en la vida social” 50 . 

b. Luis A. Bramont Arias T. (EN RELACIÓN AL CP DE 1991) 

Del estudio de este autor se puede afirmar que postula como objeto alterado en la 

falsedad material, tanto la veracidad, entiéndase el contenido cierto del documento, y la 

autenticidad; esta afirmación encuentra sustento en los elementos que exige BRAMONT, para 

afirmar la presencia de un documento falso, señalando que estos son tres: “la mención del 

autor, circunstancia que conecta directamente con la autenticidad del documento(…), 

forma(…) y contenido (en relación con esto se habla de veracidad del documento, de tal 

forma que documento verdadero o verídico sería aquel cuyo contenido coincida con el objeto 

cierto para cuya constatación el documento ha sido realizado)” 51 . 

La anterior afirmación encuentra sustento además al comparar Bramont la falsedad 

material y la falsedad ideológica, indicando que esta ultima modalidad delictiva se altera 

exclusivamente el contenido del documento, pero a pesar de ello la conducta descrita en el 

articulo 428- falsedad ideológica- estaría comprendida en la conducta descrita en el 427falsedad 

material-, existiendo por ello una relación de especialidad entre ambos preceptos 52 , 

de lo cual se infiere que el contenido del documento también es un objeto protegido por la 

falsedad material, posición que a su vez la ejemplifica con el siguiente caso: “cuando un 

funcionario encargado de la redacción del documento lo confecciona con un contenido falso, 

no estaría realizando esta conducta típica [aludiendo el delito de falsedad ideológica] sino la 

descrita en la primera parte del art. 427 CP (hacer en todo un documento falso)” 53 

C. José Luis Castillo Alva (EN RELACIÓN AL CP DE 1991) 

50 

GUSTAVO CORNEJO, Ángel; Derecho Penal Especial, Tomo II… p. 156 

51 

BRAMONT ARIAS T., Luis A.; Manual de Derecho Penal Parte Especial… p. 393 

52 

BRAMONT ARIAS T., Luis A.; Manual de Derecho Penal Parte Especial… p. 398. 

53 

BRAMONT ARIAS T., Luis A. - GARCÍA CANTIZANO, Mª del Carmen; Manual de Derecho Penal Parte 

Especial…p. 551 



Este autor señala que al crearse un documento falso materialmente se afecta la 

autenticidad del documento y no a la veracidad del mismo, señala así que “el crear un 

documento falso afecta principalmente la función de garantía o de autenticidad (…) en el 

sentido que se presenta a un autor que no coincide con aquél que efectivamente ha realizado 

la declaración documental” 54 . 

Son dos los fundamentos que se pueden encontrar en la obra de CASTILLO ALVA, para su 

posición: en primer lugar señala que la veracidad no tiene cabida en los delitos de falsedad 

documental, al no protegerse en ellos ningún bien jurídico de índole moral o ética, a manera 

de un deber o derecho a la verdad 55 . Y como segundo argumento de su posición se encuentra 

que este autor postula como bien jurídico a la funcionalidad documental en el trafico jurídico, 

que posee tres funciones: la función de perpetuación, la función probatoria y la función de 

garantía 56 , siendo esta ultima la que encuentra mayor incidencia en la delito previsto en el 

articulo 427 del CP. 

Cabe observar que como prueba de sus postulados CASTILLO ALVA, señala como 

punible al falso veraz, en este sentido escribe: “la prueba que en la falsedad documental 

material se castiga la vulneración de la función de la autenticidad del documento (…) lo da de 

manera clara el castigo de la llamada falsedad veraz (…) ello sucede cuando el acreedor al no 

tener como probar una deuda confecciona un documento donde la hace constar o confecciona 

un documento en el que presuntamente el deudor la reconoce. La falsedad documental no 

implica negar que el acto jurídico que busca probar el documento ha existido, ya que dicho 

extremo a efecto del delito es irrelevante. Incluso puede suceder que el acto jurídico o el 

negocio efectivamente haya sucedido y que lo que contenga el documento sea absolutamente 

cierto, pero igual habrá falsedad documental si la persona que figura como autor del mismo 

no lo ha emitido o suscrito” 57 . 

Si se observan los extremos del análisis hecho, se obtiene como resultado que el objeto 

de alteración en la falsedad material a pasado de la veracidad a la autenticidad 58 , incluyéndose 

posiciones intermedias, y ello a pesar de ser postulados que partieron de un texto legal que se 

54 CASTILLO ALVA, José Luis; La Falsedad Documental… p. 142 

55 Afirmación que es hecha por el autor en: CASTILLO ALVA, José Luis; La Falsedad Documental… p. 16. 

56 Sobre la fundamentación de este autor para el bien jurídico en el delito de falsedad material, véase: CASTILLO 

ALVA, José Luis; La Falsedad Documental… p. 44 y siguientes. 

57 CASTILLO ALVA, José Luis; La Falsedad Documental… p.143 y 144. 

58 En la doctrina extranjera, afirman que el objeto de alteración es la autenticidad: FONTAN BALESTRA, Carlos y 

Guillermo LEDESMA; Derecho Penal Parte Especial… p. 976, no encontrando argumento expreso sobre esta 

posición. 



mantuvo intacto desde el siglo anterior, encontrando la razón de tales posiciones en la distinta 

fundamentación hecha por los autores, condicionada asimismo por el contexto histórico que 

marco el desarrollo de sus ideas. Y es en este contexto controvertido de postulados que a 

continuación ofrezco una fundamentación del objeto de alteración en la falsedad material e 

ideológica a partir de los deberes de los participes del tráfico documental, entendidos como 

portadores de roles. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA: EL OBJETO DE ALTERACIÓN DEL DELITO DE 

FALSEDAD MATERIAL Y FALSEDAD IDEOLÓGICA A PARTIR DE LA TEORÍA DE 

LOS ROLES SOCIALES 

Determinar el criterio general de imputación que permite señalar a una acción como 

delictuosa, en un momento se construyó sobre las bases subjetivas del individuo, y en este 

planteamiento si bien al ámbito de la tipicidad se limitó por el dolo, resultaba que el alcance 

de la tipicidad objetiva y de la tipicidad compleja (objetiva y subjetiva) continuaba siendo 

excesivo 59 y además se necesitaría una fundamentación normativa en los delitos de omisión y 

en los casos de autoría no inmediata para que sean equiparables a la acción individual que 

lesiona un bien jurídico directamente 60 . 

Opción distinta toma JAKOBS para quien el núcleo de la imputación parte por determinar 

si el sujeto era competente para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible 61 , y es 

de mi parecer que los postulados de la escuela de JAKOBS son los que pueden dar una base 

eficiente para determinar el objeto de alteración del delito de falsedad material, y además de 

la falsedad ideológica 62 . Partir del concepto de competencia a Jakobs le lleva a presentar a la 

59 

La indicada idea es ejemplificada por SANTA CRUZ afirmando que “podía considerarse que era una conducta 

objetivamente típica de lesiones el acto de arrojar a un menor por la ventana, produciéndole lesiones para 

alejarlo del fuego”, en: SANTA CRUZ CAHUATA, Julio César; Principio de Legalidad, Tipicidad e Imputación 

Objetiva; en: Revista de la Academia de la Magistratura; Nº 2 Noviembre; Lima; 1999; p. 155 

60 

GARCIA CAVERO, Percy; Derecho Penal Económico... p. 299 

61 

MONTELEGRE LYNETT, Eduardo y Jorge Fernando PERDOMO TORRES; Funcionalismo y Normativismo 

Penal…p.63 

62 

Debo mencionar que recientemente se ha publicado un articulo en el que también se hecha mano de la teoría 

de Günther JAKOBS en el delito de falsedad material del CP peruano, me refiero a ROSALES ARTICA, David; El 

Delito de Falsificación de Documentos Bien Jurídico y Objeto Material de la Acción; Actualidad Jurídica Nº 

160-Marzo; Lima; Gaceta Jurídica; 2007; p. 135; este autor define la expectativa social que genera el articulo 

427 del CP, de la siguiente manera: “la imputación jurídico–penal en el delito de falsedad documental, se 

fundamenta en la creación de un riesgo jurídico-penalmente típico en contra de las expectativas jurídicas a las 

que el Derecho Penal se encuentra avocado. Y dichas expectativas se traducen en el correcto funcionamiento 

del tráfico jurídico”, por lo tanto para este autor el deber – o expectativa- que se espera de una persona en 

relación al delito de falsedad material, es que realice un correcto funcionamiento del tráfico jurídico. 



acción delictuosa como el quebrantamiento del rol social de una persona, expresamente esta 

disyunción la expresa JAKOBS con el binomio sujeto versus persona: “El Derecho Penal 

reacciona frente a una perturbación social; ésta no puede (…)disolverse de modo adecuado en 

los conceptos de un sujeto aislado, de sus facultades y de una norma imaginada en términos 

imperativistas (…) Por el contrario, hay que partir de los correspondientes conceptos sociales; 

de los conceptos de sujeto mediado por lo social, es decir, de la persona, del ámbito de 

cometidos adscrito, es decir, de la competencia, y de la norma en cuanto expectativa social 

institucionalizada” 63 . Encontramos entonces que un sujeto realiza una acción penal solo si 

infringe su rol social, es decir si realiza una acción que le era exigible que impida a partir del 

ámbito de su competencia, y por ello toda acción delictuosa significa el quebrantamiento de 

un deber de garante en general que se sustenta en la libertad normativa de HEGEL 64 ; los 

En contra de esta posición debo señalar que JAKOBS importó el concepto de expectativa de la obra de 

Niklas LUHMANN, sociólogo que distinguió entre expectativas cognitivas y expectativas normativas, siendo 

estas últimas expectativas las que son utilizadas por JAKOBS y que a su vez pueden ser definidas como 

estructuras derivadas de la experiencia que permiten que se prevea a futuro la sincronización social, idea 

expuesta por MONTEALEGRE LYNETT: “La estructuración de una sociedad, cualquiera que sea, es el punto de 

partida de toda formación jurídica. Precisamente, la configuración de la sociedad actual deja al descubierto un 

sin número de procesos complejos (…) que obligan al derecho a generar mecanismos que permitan a los 

miembros de la interacción desarrollar una vida acorde con sus necesidades. El derecho penal con orientación 

funcionalista quiere ofrecer una respuesta a esto: se trata de garantizar, de la mano de expectativas normativas, 

que la intervención de los sujetos en el tráfico diario se produzca de tal forma que ninguno de ellos se vea 

impedido de sus actividades. En otras palabras, de facilitar la orientación en sociedad (…) Así pues, la 

interrelación en sociedad presupone la existencia de expectativas [y lo que se busca a través de las 

expectativas normativas] (…) es la coordinación de comportamientos anónimos a través de normas”; en: 

Eduardo MONTEALEGRE LYNETT y Jorge Fernando PERDOMO TORRES; Funcionalismo y Normativismo 

Penal… p. 31 a 33. Extracto del que se deriva claramente que las expectativas normativas son estructuras de 

orientación que toma una persona al interactuar con otra persona y no con entes abstractos como “el 

correcto funcionamiento del tráfico jurídico”, hecho que se acredita con la imposibilidad de concebir la 

defraudación de aquella expectativa sino es con el comportamiento de una persona, porque es entre personas 

que se da la interacción social. Ejemplo: si el sujeto X al realizar un contrato de mutuo con el sujeto A hace 

uso de un titulo de propiedad falso, en agravio del sujeto A, no puede afirmar el sujeto A que ha visto 

defraudada su expectativa de que funcione correctamente el tráfico jurídico con tal actuar, porque el sujeto A 

no ha orientado su comportamiento con aquel ente abstracto –el sujeto A no ha realizado intercambio social 

alguno con el tráfico jurídico- sino el sujeto A ha orientado su comportamiento con el sujeto X, y es este quien 

ha generado la defraudación porque de él se esperaba que realice un contrato de mutuo con documentos 

auténticos. Por lo tanto la definición de expectativa postulada por ROSALES ARTICA para el delito de falsedad 

material, no la estimó correcta, al no poder orientar tal expectativa la sincronización social. 

63 JAKOBS, Günther; Sociedad, Norma y Persona en una Teoría de un Derecho Penal Funcional… p. 38 

64 De acuerdo a MONTEALEGRE LYNETT las bases del concepto normativo de libertad se deben a Kant, para quien 

la libertad no va a ser concebida de forma instrumental, sin como la realización de la razón del propio sujeto 

que puede proferir normas de comportamiento con validez general (p. 46), pero lo conveniente fue conectar 

este concepto a la idea de historicidad, y este fue el aporte de HEGEL, y entonces: “la historia, el devenir social, 

son las condiciones verdaderas para que éste [una persona] pueda construir su existencia (…) la libertad, es 

algo que deviene y se debe al origen histórico. La libertad de que gozan los sujetos es la que lleva implícita el 

reconocimiento de los demás miembros del grupo, de manera que libertad en sentido normativo (…) es la 

posibilidad que tiene el sujeto de configurar sus intereses siempre tomando en consideración la existencia libre 

del otro”, en: MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo y PERDOMO TORRES, Jorge Fernando; Funcionalismo y 

Normativismo Penal…p.48 y 69. 



mencionados ámbitos de competencia Jakobs los divide en dos, que constituyen a su vez los 

dos grandes fundamentos de responsabilidad penal 65 66 : 

* La Competencia en Virtud de Organización, que da sustento al rol de ciudadano: 

parte por reconocer al ciudadano una libertad de configurar el mundo y crear riesgos, pero 

como contrapartida establece deberes negativos, con un contenido esencial de no perturbar o 

inmiscuirse en ámbitos ajenos; JAKOBS, explicando que en la sociedad son necesarias dos 

tipos de expectativas, escribe sobre las primeras “por una parte es necesaria una expectativa 

de que todos mantengan en orden su círculo de organización, para que no se produzcan 

efectos exteriores mediante los que podrían resultar dañados otros” 67 . Y “en la medida en que 

se trata de separación de esferas, el ciudadano responde únicamente por su propia 

organización, esto es, que en este ámbito rige el llamado principio de autoresponsabilidad” 68 , 

citas que me llevan a afirmar que el actuar de una persona de manera no responsable, en el 

sentido de no identificarse por ejemplo con sus propias obras, que a su vez son 

manifestaciones de su libertad, quebranta el rol general de ciudadano. 

*La competencia institucional, que da sustento a los roles especiales: estos roles tienen 

su origen en la necesidad de la existencia de instituciones sociales elementales 69 , y es por ello 

que las personas que pertenecen a tales instituciones básicas tienen deberes positivos 

consistentes en proteger los ámbitos de organización ajenos de ciertos riesgos, en palabras de 

JAKOBS: “es necesaria una expectativa de que las instituciones elementales funcionen 

ordenadamente. Esta expectativa tiene un contenido positivo, es decir que las instituciones 

estén en armonía con las esferas de organización de los individuos singulares. La decepción 

de esta expectativa conduce a delitos que se denominan delitos de infracción de deber” 70 . 

65 

MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo y PERDOMO TORRES, Jorge Fernando; Funcionalismo y Normativismo 

Penal…p. 74 

66 

El pensamiento de Jakobs es también expuesto por Eduardo MONTEALEGRE LYNETT y Jorge Fernando 

PERDOMO TORRES: “el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia: sólo 

se responde por las conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surgen de 

mi ámbito de responsabilidad y que se desprende de los alcances de la posición de garante”, en: 

MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo y Jorge Fernando PERDOMO TORRES; Funcionalismo y Normativismo 

Penal… p. 62 y 63 

67 

JAKOBS, Gunther, Derecho Penal Parte General… Apdo. 1/7 

68 

Citando a JAKOBS: GARCIA CAVERO, Percy; Derecho Penal Económico... p. 300 

69 

Jakobs, en su obra, expresa que: “se entiende por institución, en el sentido de las Ciencias Sociales, la forma 

de relación permanente y jurídicamente reconocida, de una sociedad, que está sustraída a la disposición de la 

persona individual, y que más bien contribuye a constituir a éste”, en: JAKOBS, Günther, Derecho Penal Parte 

General… Apdo. 29/58 p.p. 114. 

70 

JAKOBS, Günther, Derecho Penal Parte General… Apdo. 1/7 



Cabe aquí mencionar que entre los deberes positivos que identifica JAKOBS se cuenta a la 

relación paterno filial, el matrimonio, la confianza especial y los fines estatales 71 . 

Con lo señalado, para lo que interesa a esta investigación, considero que en el tráfico 

documental también pueden distinguirse expectativas normativas dependiendo de la 

competencia de cada persona, ello de la siguiente manera. 

Así para empezar, cuando una persona –entiéndase un particular- decide participar en el 

trafico documental, la persona parte de la decisión libre de emitir declaraciones 

documentadas, pero esta persona necesita –o en otras palabras exige del tráfico documentalque 

se le reconozca la capacidad de definir como propias sus obras o declaraciones, y de 

esta libertad de generar obras y declaraciones propias se deriva el sinalagma de hacer 

responsable a los ciudadanos cuando desconozcan sus propias declaraciones; esta idea la 

explico con un ejemplo: cuando un poeta decide escribir, este parte de la decisión libre de 

escribir sobre la materia que él escoja, y al decidir transmitir a la sociedad su obra, el poeta 

espera de la sociedad que esta respete como propia su obra porque claro vería defraudada sus 

expectativas el poeta si descubriese que no encuentra protección en la sociedad cuando al 

publicar un libro suyo la sociedad permitiese que cualquier persona se atribuya su autoría 

dejando al autentico autor a un lado, pero como contrapartida a su vez la sociedad espera del 

poeta que este se haga responsable del contenido de su obra, porque si bien puede dedicar su 

obra a una persona determinada, el poeta se debe hacer responsable de los calificativos que 

atribuya a la fuente de su inspiración. Y claro la forma como se materializa este 

reconocimiento de hacer propias las obras es mediante la exigencia de declaraciones 

autenticas, que como se tiene establecido en doctrina, es uno de los elementos necesarios para 

determinar que se esta frente a un documento en sentido penal 72 , entonces la exigencia de 

declaraciones autenticas es una expectativa necesaria debido a que sin ella no se podría 

imputar responsabilidad al autor por una declaración, de lo que se deriva que es de 

competencia de todo ciudadano el dar una declaración autentica, y es de competencia de las 

víctimas potenciales de una declaración falaz, el velar por la corrección o veracidad de lo 

declarado en el documento y no el autor de aquella 73 74 quien cumple ya su deber al hacerse 

responsable incluso de sus declaraciones mendaces, al definirlas como propias. 

71 

JAKOBS, Günther, Derecho Penal Parte General… Apdo. 29/58 y Apdo. 29/76 

72 

Véase sobre la función de autenticidad documental: CASTILLO ALVA, José Luis; La Falsedad Documental… p. 

70 

73 

La idea presentada es también afirmada por BACIGALUPO: “La limitación de la protección de la confianza en 

los documentos privados solamente a la atribución de la declaración a un determinado sujeto se explica por 

medio del principio de la autoresponsabilidad de las victimas potenciales respecto de la protección del bien 



Ahora continuemos, al participar en cambio el Estado del tráfico documental, función 

que la realiza a partir de su descentralización en sus funcionarios y servidores públicos, este 

actúa como administrador de la Fe pública –utilizando una terminología común- o como el 

garante de un correcto funcionamiento del tráfico documental en lo que a él atañe, y por ser 

esta una institución necesaria para el desarrollo y la constitución de la sociedad, aparece la 

expectativa de actuar el Estado con declaraciones veraces, exigencia que por ser competencia 

del Estado no puede pesar sobre todo ciudadano. Explico esta idea con un ejemplo, cuando un 

ciudadano acude a una oficina de registros públicos a fin de tomar conocimiento del legitimo 

propietario de un bien inmueble que desea adquirir, espera del funcionario que le atiende le 

informe a partir de una revisión de todo el tracto registral, quien figura como actual 

propietario del inmueble, y solo a partir de una información veraz el particular puede tomar 

una decisión prudente al realizar la compra de aquel inmueble y de esta manera el Estado 

promueve eficazmente la venta de inmuebles, en cambio si recibiera el particular una 

información mendaz sobre el propietario actual del inmueble, con este tipo de información el 

Estado impediría un correcto tráfico en las transacciones de inmuebles, al no generar certeza a 

los particulares, lo que además acarrearía una inseguridad por parte de los particulares al 

interactuar con un servidor público; entonces del ejemplo propuesto se pone de manifiesto que 

la expectativa que se espera de los servidores públicos es que ellos participen en el tráfico 

documental con declaraciones veraces, lo cual constituye una institución necesaria para los 

intercambios que se valen de declaraciones documentadas dentro de la sociedad. 

Entonces, a partir de las competencias delimitadas, que tienen tanto los particulares 

como los funcionarios públicos al participar del trafico documental, se puede construir UN 

SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE DEBERES donde es coherente identificar: el deber de realizar una 

declaración autentica como una manifestación del deber de ser una persona responsable al 

momento de configurar el mundo ingresando al trafico documental, y en caso de quebrantarse 

tal deber se esta entonces ante un caso de quebrantamiento del rol general de ciudadano, que 

exige ser responsable con sus propias obras, dando lugar a un delito de dominio. Y además, 

identificar el deber de dar una declaración veraz como una expectativa dirigida a las 

jurídico. Es el participe en el tráfico jurídico el que debe velar por la corrección o veracidad de lo declarado en 

el documento” en: BACIGALUPO, Enrique; Delito de Falsedad Documental…p. 73 

74 Imputando también a la victima el hecho de no verificar el contenido cierto de la declaración autentica de un 

particular, QUERALT afirma que la creación de un deber de veracidad en tal caso: “supone, además, un exceso 

de protección a los intervinientes en el tráfico jurídico-privado que, si no se produce una defraudación punible 

o la obtención ilícita de una situación de superioridad en nada ven menguada su posición jurídica por más que 

el documento contenga manifestaciones mendaces”, en: QUERALT, Joan Josep; La crisis jurisprudencial de la 

falsedad documental… p. 412 y 413. 



personas que representan la descentralización del poder estatal, los funcionarios y servidores 

públicos -solo ellos-, y que al faltar a tal deber se infringe un rol especial, dando lugar a un 

delito de infracción deber 75 . 

Aclarada cual es la expectativa normativa, que se espera tanto de un ciudadano como de 

un funcionario público, al momento de participar en el tráfico documental, y el 

correspondiente fundamento de esta, solo resta viabilizar tal explicación en la interpretación 

del CP. 

2.2.1. EL ROL SOCIAL EN LA FALSEDAD IDEOLÓGICA: 

Primero, en el texto del articulo 428 del CP, al exigirse como conducta típica que “se 

inserte o se haga insertar en documento públicos declaraciones mendaces”, se entiende 

claramente que se requiere la participación de un agente con una cualidad especial, referida 

a la calidad de funcionarios públicos que puedan emitir documentos públicos, y aún en este 

espectro solo cuando lo hagan en el ejercicio de funciones. 

Ahora, en la falsedad ideológica se distinguen dos modalidades: la primera de ellas 

consiste en “insertar en un instrumento público declaraciones mendaces”, esta conducta solo 

se presentara cuando el sujeto cualificado: funcionario o servidor público, sin el trabajo 

coordinado de otra persona, introduce una declaración de contenido no veraz pero autentica 

en un documento público, es con este actuar que se quebranta el deber positivo que tienen los 

representantes del Estado, ejemplo: un Juez de Paz realiza la transcripción de una 

constatación, afirmando haber observado que el señor X tiene la posesión sobre un inmueble, 

cuando en realidad el señor X se encuentra en el extranjero, aquí se esta insertando una 

declaración falaz pero autentica en un documento público, lo que es suficiente para calificar 

aquel actuar como un ejemplo del supuesto analizado, por cuanto el mencionado Juez de Paz, 

defrauda la expectativa que de él se espera al participar del tráfico documental como 

representante del Estado, en cambio si un efectivo policial realiza la misma constatación sobre 

aquel inmueble, pero la suscribe falsificando la firma del Juez de Paz, también esta insertando 

75 Este estructura de deberes en la falsedad documental también es advertida por BACIGALUPO, pero en 

referencial al Derecho Penal Español y sin tomar la teoría de los roles sociales de JAKOBS y sin extraer 

consecuencia alguna para la calificación de los delitos: “esta doble dimensión de protección de los documentos 

se basa en la amplitud del deber de veracidad que incumbe a los sujetos del delito, es decir, por una parte a los 

funcionarios y oficiales públicos y por otra a los ciudadanos en general. Mientras el funcionario está obligado 

a declarar verazmente, el particular tiene prohibido alterar el soporte material de la declaración atribuida 

auténticamente a otro o a sí mismo. Es decir: los distintos deberes generan también diversas normas”; en: 

BACIGALUPO, Enrique; Delito de Falsedad Documental…p. 15 



una declaración no veraz en un documento público, pero no defrauda la expectativa de dar 

una declaración veraz por cuando este expectativa solo se espera de quien por principio 

realiza una declaración autentica, lo que no concurre al firmar a nombre de una tercera 

persona. 

La segunda modalidad consiste en “hacer insertar en instrumento público una 

declaración mendaz”, al no poder emitir los particulares documentos públicos auténticos, 

entonces en este supuesto tiene que participar necesariamente también un funcionario público 

al momento de “insertar” una declaración falsa en un documento público un particular, y al 

exigir la falsedad ideológica el quebrantamiento de un deber de dar declaraciones veraces, 

entonces aquel supuesto se presenta solo cuando exista un trabajo coordinado entre el 

funcionario público y el particular al momento de “hacer insertar un declaración falsa”, 

porque solo a partir del aquel trabajo coordinado se puede afirmar que se defrauda la 

expectativa social de dar declaraciones veraces, lo que no sucedería en cambio si un particular 

se vale en autoría mediata de un funcionario público al hacer insertar una declaración falaz en 

un documento público 76 . 

El concebir esta estructura de deberes para el delito de falsedad ideológica trae 

importantes consecuencias para el tema de la participación delictiva: en primer lugar, si el 

particular –extraneus- tiene un dominio sobre la acción de hacer insertar en un documento 

público una declaración falsa, mientras que el funcionario público que emite el documento 

público -el intraneus – tiene un grado inferior de dominio, entonces el extraneus responderá a 

titulo de participe y el intraneus como autor de la falsedad ideológica, e igual solución se 

alcanzara tanto para el caso en que el extraneus y el intraneus tengan un dominio funcional 

del hecho, como cuando el intraneus tenga el dominio de la acción delictiva y el extraneus 

solo realice un aporte inferior, ello por cuando al ser el delito de falsedad ideológica un delito 

de infracción de deber, solo el agente sobre quien recaiga el deber positivo de dar 

76 En vía referencial, en contra del planteamiento aquí hecho, afirmando la posibilidad, que en el supuesto de 

“hacer insertar” del delito de falsedad ideológica, sea autor solo el particular que se vale de un servidor público 

que actué como un instrumento no doloso y entonces que el particular tenga un deber de veracidad, ya en el 

anterior CP, Angel Gustavo Cornejo señaló como una de las hipótesis de la falsedad ideológica del antiguo art. 

365 del CP derog.: “que las partes o alguna de ellas engañen al funcionario público (…) El instrumento puede 

ser falso, pero el oficial no sería responsable”, en: GUSTAVO CORNEJO, Ángel; Derecho Penal Especial, Tomo 

II… p. 166. Actualmente se encuentran los planteamientos de Jelio Paredes, para quien: “en el comportamiento 

consistente en “hacer insertar”, el sujeto activo será un particular que se vale de un funcionario o servidor 

público”, en: Paredes Infanzón, Jelio; Delitos Contra la Fe Pública… p. 152; y en igual sentido Bramont Arias 

anota que en el comportamiento mencionado: “un particular, ante el funcionario encargado de recoger su 

declaración, realiza manifestaciones falsas, las cuales son precisamente el objeto concreto de documentación 

por su parte. Este comportamiento constituiría una modalidad de falsedad ideológica cometida mediante 

autoría mediata”, en: BRAMONT ARIAS T., Luis A.; Manual de Derecho Penal Parte Especial… p. 398. 



declaraciones veraces es quien puede ser autor de la acción de hacer insertar una declaración 

falaz en documento público, porque solo sobre el pesa aquella expectativa social, mientras 

que el extraneus –el particular- aún cuando tenga el dominio del hecho entonces pueda dirigir 

la causalidad al resultado 77 , solo responderá como participe, ya sea cooperador o inductor, de 

aquella acción delictiva 78 ; ejemplo: si un particular, quien actúa como comprador, junto a un 

notario público participan en común acuerdo para elevar a escritura pública la compra venta 

de un inmueble, donde no ha tenido participación el legitimo vendedor, en este supuesto el 

notario público responderá como autor mientras que el particular lo hará como cómplice, 

ambos de la acción delictiva de hacer insertar una declaración falsa en documento público. 

En cambio en caso de tener el extraneus el dominio del hecho, al hacer insertar una 

declaración falsa en un documento público, teniendo al intraneus como un objeto no doloso, 

en tal supuesto el intraneus quedaría impune y el extraneus no podría responder por el delito 

de falsedad ideológica, porque no se habrá producido la infracción de un deber positivo 79 , y 

entonces solo se le podría imputar la comisión de otra figura. Como por ejemplo: una dama, 

como vendedora, acude a una notaria para elevar una minuta de compra venta de un inmueble 

a escritura pública, pero en aquella minuta aparece la declaración de ser soltera la vendedora, 

a pesar de haber sido adquirido el inmueble en vigencia de la sociedad de gananciales junto a 

su esposo, y aquella ausencia de participación no la advierte tampoco el notario público al 

tener a la vista al DNI de la dama donde figura como soltera, si bien al realizarse este actuar 

se generaría un perjuicio al comprador del inmueble, por cuanto aquella compra seria nula, en 

este supuesto a pesar que un particular a logrado que se inserte en un documento público una 

declaración falaz, ello es a dominado la causalidad dirigida al resultado, este actuar no puede 

ser subsumido en el supuesto de “hace insertar en documento público”, por cuanto no sea 

infringido el deber positivo que establece el delito de falsedad ideológica, porque no ha hecho 

una declaración falaz el portador de un rol que exija aquella expectativa. Un segundo ejemplo, 

el sujeto A ha elaborado un acta de transferencia vehicular, la cual contiene falsificadas las 

firmas del vendedor y del notario, y lleva esta acta a la Oficina de Registros Públicos a fin sea 

inscrita aquella transacción, el servidor R de la Oficina de Registros no advierte la falencia 

anotada, y procede a la correspondiente inscripción, días luego el legítimo propietario toma 

77 Bacigalupo, Silvina; Autoría y Participación en Delitos de Infracción de Deber…; p. 57 

78 Esta interpretación solo viene a ser una aplicación del planteamiento hecho por SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson; 

Imputación Objetiva y Participación de los Extraneus en los Delitos de Infracción de Deber; en RPCP; Nº 16; 

Lima; Idemsa; 2005; p. 598 a 612 

79 También es del mismo parecer Silva Sánchez, al escribir: “No es posible sancionar a un particular como autor 

mediato de un delito del art. 390.1.4º [se refiere al CPes, y al supuesto de faltar a la verdad en la narración de 

los hechos] cometido por error invencible o vencible por un funcionario; pues el particular, como extraneus, no 

puede ser autor de tal delito”, en: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; Las Falsedades Documentales… p.297. 



conocimiento de aquella inscripción y denuncia al sujeto A y al servidor público R por el 

delito de falsedad ideológica. En este supuesto si bien se tiene acreditado que se ha 

introducido una declaración falsa en un documento público, al haber actuado en error el 

registrador R, entonces no se ha infringido el deber positivo de dar declaraciones veraces al 

participar del tráfico documental, aún cuando el sujeto A hubiere actuado con un dominio del 

hecho al momento de hacer aquella insertación de datos falsos, no presentándose el delito de 

falsedad ideológica 80 . 

A la posición que yo afirmó, en relación a esta interpretación de la falsedad ideológica, 

se le puede criticar señalando, primero que: el deber de veracidad no es que no sea exigible a 

los ciudadanos, sino que bajo ciertas condiciones, puede tener legitimidad esa exigencia, por lo 

que la discusión se traslada a la oportunidad, y si bien el Derecho de decir la verdad en 

principio solo es exigible a los Funcionarios Públicos, cuando para insertar una declaración –en 

un documento público- los funcionarios únicamente puedan valerse de lo dicho por los 

particulares, como por ejemplo cuando un par de personas concurren a una notaria para elevar 

a escritura pública una minuta, entonces se impone a los particulares el deber de decir la 

verdad, y eso porque en tal oportunidad los particulares tienen aquel deber 81 . Como respuesta a 

la critica mencionada, cabe decir primero que en efecto en algunas oportunidades existe el 

deber de dar una declaración veraz por parte de un particular, y tal como lo dice 

BACIGALUPO: “los deberes de veracidad de los particulares han sido fragmentariamente 

considerados (…) sobre la base de la idea de subsidiaridad, de tal manera que respecto de 

determinados bienes jurídicos sólo interviene cuando la acción del autor ha superado las 

barreras de autoprotección de la víctima” 82 , reconociendo como casos donde los particulares 

tienen un deber de veracidad en: la estafa, el falso testimonio, los delitos societarios y los 

delitos de quiebra. Y ahora toca responder a la critica mencionada, señalando que el tráfico 

documental no es un contexto que genere en el particular un deber de dar una declaración 

veraz, y ello aún cuando un particular interaccione con un funcionario público; porque si al 

interactuar el particular como emisor de la declaración y el receptor es otro particular, este 

receptor es quien debe verificar la veracidad de la declaración, ello en aplicación del principio 

80 Si bien, en el ejemplo presentado no hay lugar al delito de falsedad ideológica, el actuar del sujeto A, no 

quedara impune por cuando al haberse hecho uso de un documento no autentico, se subsumirá en el segundo 

párrafo del artículo 427 del CP. 

81 Al parecer esta sería la propuesta de Carlos Creus y Jorge Boumpadre, quienes escriben que en el supuesto de 

“hacer insertar”, será autor un particular cuando: “el agente esté jurídicamente obligado a decir la verdad. (…) 

Dicha carga existe en la hipótesis de que la confianza pública queda librada a la buena fe de los particulares 

que declaran ante el oficial público; normalmente se trata de datos de gran trascendencia en la vida civil que no 

pueden ser corroborados más que de un modo formal por el oficial público que extiende el documento”, en: 

CREUS, Carlos y Jorge E. BUOMPADRE; Falsificación de Documentos en General…p. 138. 

82 En: BACIGALUPO, Enrique; Delito de Falsedad Documental…p. 74 a 76 



de autoresponsabilidad: si yo asumo el riesgo de interactuar con el sujeto X, yo debo verificar 

la veracidad de las declaraciones de X, porque yo fui quien decidió interactuar, siendo 

suficiente garantía el que se me otorgue una declaración autentica. Me explico: cuando los 

particulares interactúan entre ellos, pesa sobre cada uno el deber de verificar la veracidad de las 

declaraciones dadas por su contraparte, ello en vigencia del principio de responsabilidad y 

reconociendo un ámbito que es de competencia de la victima; y entonces, cuando un particular 

interactúa con un funcionario público, con mayor razón el funcionario público tiene el deber de 

verificar la veracidad de la declaración dada por el particular, por que si un particular –quien 

protege sus propios intereses- tiene el deber de ser responsable y cuidarse de la actuación 

irresponsable de los demás en su participación en el tráfico documental, lo es con mayor razón 

un servidor público por cuanto este debe proteger los intereses de la colectividad. 

En segundo lugar, a la posición que presento se le puede criticar señalando que el delito 

de falsedad ideológica ha sido formulado como un delito común, por cuanto su redacción inicia 

con la referencia “El que inserta o hace insertar en documento público”, entendiéndose que la 

referencia “El que inserta” alude al actuar de funcionarios públicos, y en cambio la referencia 

“El que (…) hace insertar” hace mención al actuar de particulares. Frente a esta critica cabe 

responder, desde el margen metodológico adoptado, aún cuando la estructura del supuesto de 

hecho de la falsedad ideológica parece ambigua, que para calificar a un delito como una forma 

de los delitos de infracción de deber, ello surge del contenido el deber que se exige al 

ciudadano a fin de no defraudar el rol que a él le compete, y no en cambio surge del texto del 

tipo penal, porque no se esta hablando de un delito especial sino de un delito de infracción de 

deber, y esta idea igualmente es expresa por SILVINA BACIGALUPO, quien afirma: “para Jakobs 

no es la estructura del tipo lo que fundamenta la categoría de los delitos de infracción de deber, 

sino el origen institucional del deber del sujeto activo que lesiona la norma (…) Para Jakobs 

son delitos de infracción de deber no sólo aquellos que contienen un deber extrapenal, sino 

toda forma de conducta en la que el autor lesiona un deber institucional, aunque el tipo de la 

parte especial haya sido formulado como un delito común” 83 . 

83 Bacigalupo, Silvina; Autoría y Participación en Delitos de Infracción de Deber…; p. 85 y 86 (las cursivas son 

mías). Y en este mismo sentido, de no vincular los delitos de infracción de deber a la estructura de los tipos 

penales, expresamente JAKOBS, escribe: “Entre los delitos de infracción de deber se cuentan todos los delitos 

cuyos autores están obligados, en tanto que garantes, a la tutela, institucionalmente asegurada, de un bien (…) 

Para los mencionados garantes, incluso los delitos comisibles por cualquiera se convierten en delitos de 

infracción de deber, hasta en caso de comisión; así pues, la participación decae a favor de una autoría más 

amplia”, en: JAKOBS, Günther, Derecho Penal Parte General… Apdo. 21/116: 



2.2.2. EL ROL SOCIAL EN LA FALSEDAD MATERIAL: 

Cosa distinta se tiene del texto del delito de falsedad material, puesto que desde inicio 

en su texto no se advierte la exigencia de una cualificación especial en el sujeto activo, 

constituyéndose en un delito de organización, pudiéndose cometer tanto sobre documentos 

públicos como privados. 

Se pueden distinguir principalmente cuatro supuestos de hecho en el delito de falsedad 

material, en su primer párrafo se hace mención del “hacer en todo un documento falso”, 

“hacer en parte un documento falso” y “adulterar un documento”, mientras que en el segundo 

párrafo se establece como conducta típica el que se “haga uso de un documento falso”. Pero lo 

que tienen en común estos cuatro supuestos es que todos exigen que el agente quebrante el 

deber de dar declaraciones autenticas, este es el rol que ha de cumplir el agente –ello 

conforme lo explicado en el anterior apartado-. 

Ahora como se tiene dicho en el primer apartado, al derecho penal le interesen las 

manifestaciones normativas mas no los datos naturalisticos, en palabras de Sanchez-Vera 

Gomez-Trelles: “El Derecho, como sistema con su propio código, tematiza lo recibido del 

ambiente mediante el código en sus propias comunicaciones; que en el ambiente exista una 

acción o una omisión carece de importancia, pues lo fundamental es la tematización que de 

esto realiza el Derecho; en otras palabras, el sistema jurídico interpreta comunicaciones con 

base en expectativas y no acciones u omisiones” 84 . Entonces, si lo que interesa a la falsedad 

material es el mantenimiento de declaraciones autenticas, este concepto debe ser sometido a 

un análisis normativo, señalando que su contenido simplemente es hacer que el agente se haga 

responsable de sus declaraciones, ello es que identifique como propias sus obras, y esto 

último bastara para que al gente satisfaga aquella expectativa, pero claro en el ambiente 

pueden darse distintas formas como pueda identificarse la autenticidad pero lo importante es 

que aquel contenido normativo se mantenga, entonces si naturalisticamente se afirma que una 

firma no pertenece a una persona, pero esta persona la reconoce la firma y el contenido como 

propios entonces se esta ante una declaración autentica. 

84 

Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier; Intervención Omisiva, Posición de Garante y Prohibición de 

Sobrevaloración del Aporte… p. 136 



La anterior idea la presentó con un ejemplo, un padre de familia diestro ha sufrido la 

fractura de su mano derecha, pero necesita endosar un cheque a un tercero, y así hacer pago 

de una deuda pendiente, frente a este problema el padre tiene dos opciones: le pide a su hijo 

que imite su firma en el cheque y luego lo entregue a su acreedor, o intenta realizar su firma 

con la mano izquierda, en ambas soluciones, si se somete a un dictamen pericial de 

autenticidad –examen que se realiza a partir de una evaluación física comparándose la firma 

dubitada con otras muestras gráficas del agente- se afirmara que la firma del cheque no es 

autentica, ahora si el Derecho tematizaría este dato solamente desde su base física, lo tomaría 

como vinculante y entonces se estaría ante un documento falso, pero como se mencionó el 

Derecho es un sistema que debe filtrar los datos físicos a partir de su propio código, 

nuevamente con Sanchez-Vera Gomez-Trelles, citando a Luhmann: “No existe importación 

de cualidad normativa [consecuencias jurídico-penales] por parte del ambiente al sistema [al 

Derecho], y en verdad ni del ambiente en general (Naturaleza), ni del ambiente dentro de la 

Sociedad (v.gr., la religión o la moral) Ningún sentido del ambiente es como tal 

normativamente obligatorio para el sistema jurídico” 85 , por lo que aquella conclusión debe ser 

analizada normativamente, entonces se ha de preguntar si el agente a quien se atribuye aquella 

declaración se hace responsable de ella, si este es el caso se esta ante una declaración 

autentica, y como se señalo al principio, al haber solicitado el padre al hijo que este último 

imite su firma, no se esta ante un documento falso, porque el padre asume la responsabilidad 

sobre aquella declaración, e igual conclusión se obtiene si se analiza la firma realizada con la 

mano izquierda del padre 86 . Finalmente cabe mencionar que si se toma en cuenta, la 

conclusión naturalistica –ello es la conclusión del dictamen de autenticidad- a raja tabla, 

llevaría a una conclusión totalmente errónea al señalar que también es una firma no autentica 

aquella que es hecha con la mano izquierda del padre de familia, lo que demuestra entonces la 

85 

Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier; Intervención Omisiva, Posición de Garante y Prohibición de 

Sobrevaloración del Aporte… p. 46. 

86 

En contra de la posición presentada, y señalando en cambio el falso consentido constituye un documento falso, 

se tiene expresamente a Sebastián Soler quien remite la solución de estos casos a la presencia de un perjuicio, 

en este sentido escribe: “A una persona real puede usurpársele la firma para hacerla aparecer subscribiendo un 

acto que la perjudica (…) Pero es posible también que ese hecho se ejecute (…) por mandato de él, para 

asentar lo manifestación que realmente ha sido hecha (…) Pero ni en ese caso, ni en el de documentos 

privados, es admisible en nuestro derecho el mandato para firmar con el nombre de otro. En consecuencia, no 

es posible afirmar, en principio, que alguno de eso casos esté in limine excluido de la falsedad (…) El hijo que 

pone la firma de su padre en un recibo, extiende un documento falso, a pesar de que la manifestación 

contenida en él sea exacta y hecha por su padre al darle la orden de extender el recibo. (…) la falsedad se 

deriva exclusivamente del hecho de que el documento muestra como otorgante a una persona que no lo fue. 

Para todos estos casos, por lo tanto, de acuerdo con nuestro sistema, solamente es posible encontrar criterios 

diferenciales sobre la base de la posibilidad de perjuicio”, en: SOLER, Sebastián; Derecho Penal Argentino; 

Tomo V; 2ª reimpresión; Buenos Aires; Tipográfica Editorial Argentina; 1953; p. 378 



inconsecuencia de definir a la acción como un proceso explicable como fenómeno físico sin 

tematizarla normativamente 87 . 

Recapitulando lo escrito, se obtiene entonces que el objeto de alteración en la 

FALSEDAD MATERIAL solo puede ser la autenticidad, al ser este el deber que pesa sobre toda 

persona en el trafico documental, ante cuya infracción se esta ante un delito de organización; 

mientras que el objeto de alteración en la FALSEDAD IDEOLÓGICA solo lo constituye el deber de 

dar una declaración veraz, frente a cuya infracción se esta ante un delito de infracción de 

deber 88 . Por lo tanto la norma que surge del artículo 427 prohíbe poner en circulación 

documentos en los que la declaración contenida en ellos no corresponda al autor que aparece 

en aquellas, es decir, un documento inauténtico, o en otras palabras se protege la libertad de 

declaración como propiedad sobre la declaración, reconociéndose al autor como agente 

responsable en el tráfico documental. Mientras que la norma que aparece en el artículo 428 

del CP prohíbe, solo a los funcionarios públicos, en su rol de forma descentralizada de 

administrar la participación del Estado en el tráfico documental, el dar una declaración falaz, 

que claro tendrá como presupuesto una declaración autentica 89 ; ambos deberes se 

fundamentan en los distintos ámbitos de competencia de las personas 90 . 

87 Otro grupo de ejemplos sobre los planteamientos hechos se encuentra en el numeral 4, a donde me remito. 

88 En contra de mi posición se tiene entre otros a: GARCÍA DEL RÍO quien define al delito de falsedad ideológica 

como un delito común; ver: GARCÍA DEL RÍO, Flavio; Delitos Contra la Fe Pública… p 45 

89 La tesis afirmada guarda completa correspondencia con el CPes, en cuyo articulo 392, se despenaliza la 

infracción del deber de dar declaraciones veraces a los particulares, así el articulo 392, establece: “El particular 

que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres 

primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres 

años y multa de seis a doce meses”. Lo cual significa que son impunes las acciones del particular que pudieran 

ser subsumidas en el apartado 4 del articulo 390, que establece: “1. Será castigado con las penas de prisión de 

tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la 

autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: (…)4º. Faltando a la 

verdad en la narración de los hechos”. 

Asimismo la tesis afirmada puede ser sustentada también en el código argentino que, al igual que el código 

penal peruano, no hace una expresa referencia a la intervención de particulares en la elaboración de 

documentos públicos, sino elabora el supuesto de hecho del delito de falsedad ideológico con la referencia: “El 

que inserta o hace insertar”, véase el articulo 293 del CParg. 

Mientras que la tesis afirmada, podría no ser sustentada en los códigos penales de COLOMBIA, CHILE , 

ECUADOR y de BOLIVIA, en los que existe una expresa regulación del delito de falsedad ideológica cometido 

por particulares y en documentos privados, así el articulo 288 del CPco, establece: “Obtención de documento 

público falso. El que [entiéndase cualquier persona] para obtener documento público que pueda servir de 

prueba, induzca en error a un servidor público, en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una 

manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años”. En 

el CPch, se tiene el artículo 197, que establece: “El que, con perjuicio de tercero, cometiere en instrumento 

privado alguna de las falsedades designadas en el articulo 193, sufrirá las penas de…”, mientras que en el 

artículo 193 inciso 4, se establece: “Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor 

en su grado mínimo el que (…) cometiere falsedad (…) 4. Faltando a la verdad en la narración de los hechos 

sustanciales”. En el CPec, en su artículo 339 se dispone: “Será reprimida con pena de seis a nueve años de 

reclusión menor, cualquiera otra persona que hubiere cometido una falsedad en instrumentos públicos, en 

escrituras de comercia o de banco, contratos de prenda agrícola o industrial o de prenda especial de comercio, 

en escritos o en cualquier otra actuación judicial: Ya por (…) haber inventado convenciones, disposiciones, 

obligaciones o descargos, o por haberlos insertado fuera de tiempo en los documentos(…)”, y su artículo, 



Las tesis presentadas tienen consecuencias practicas que considero importantes, pero 

previamente a presentarlas, expondré la forma como se puede aplicar la teoría de la 

imputación objetiva en los delitos de falsedad documental, que en el tema de la creación de un 

riesgo prohibido será de utilidad lo hasta ahora escrito. 

3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LOS DELITOS DE 

FALSEDAD MATERIAL Y FALSEDAD IDEOLÓGICA 

En este apartado desarrollare una aproximación del tema referido a la aplicación de la 

imputación objetiva en el delito de falsedad material e ideológica, ello es la resolución que 

contienen algunos problemas de la falsedad material con una limitación normativista del tipo 

objetivo, explicación que enlaza los ámbitos de competencia señalados y el perjuicio que es 

requerido en aquellos delitos. 

La simple postulación del tema mencionado, puede ser criticada señalando que la 

imputación objetiva solo tiene vigencia en los delitos imprudentes o que solo tiene como 

campo la imputación de resultados, y que en consecuencia no tendría sustento lógico alguno 

hablar de imputación objetiva en un delito doloso y de peligro como es la falsedad material o 

ideológica, es por ello que previamente a desarrollar el tema mencionado es que me permito 

realizar una breve explicación de la evolución de la imputación objetiva y su vigencia en los 

referido a documentos privados, dispone: “art. 340.- El que, por cualquiera de los medios indicados en el 

artículo precedente, cometiere falsedad en instrumentos privados, a excepción de los cheques, será reprimido 

con dos a cinco años de prisión”. Y finalmente en el CPbo se tiene el: “Art. 200.- (Falsificación de Documento 

Privado) El que falsificare material o ideológicamente un documento privado, incurrirá en privación de 

libertad de seis meses a dos años, siempre que su uso puede ocasionar algún perjuicio”. 

90 En parte la conclusión que yó afirmo significa que los particulares no tienen el deber de dar declaraciones 

veraces pero si autenticas, esta conclusión yo la sustento en el concepto de competencia, en concordancia a la 

propuesta metodológica que presente en el capitulo I, sin embargo también otros autores han llegado a tal 

conclusión pero por vías distintas. Por ejemplo, según QUERALT, la no obligación del particular de dar una 

declaración veraz se fundamenta en la distinción entre moral y derecho: “La falsedad ideológica cometida por 

particulares está despenalizada [para sustentar ello] Por un lado, hay que reiterar la existencia de un deber 

genérico de veracidad (…) por otro, hay que recordar la separación entre moral y derecho penal (…) La 

honradez, una de cuyas muestras es la veracidad, constituye, desde luego, un fin y un paradigma; es más hace 

que los sujetos mantengan e incrementen nuestra apreciación, pero no por ello hay que asegurar la virtud de 

ser veraces con la pena criminal en todas y cada una de las circunstancias de la vida”; en: QUERALT, Joan 

Josep; La crisis jurisprudencial de la falsedad documental… p. 414. Y por su parte considero que Bacigalupo, 

además de atender a los deberes de los ciudadanos, acude al concepto de ultima ratio del derecho penal 

distinguiéndolo del orden ético: “La documentación en sí misma, no agrega nada a la mentira de un particular 

desde el punto de vista de su criminalidad. Por lo tanto, el público no puede sentir defraudada su fe por la 

simple mentira de otro, pues en una sociedad democrática los limites del control social presuponen una 

distinción entre los deberes éticos y deberes jurídicos, cuya confusión sería la inevitable consecuencia de 

convertir a la verdad de las declaraciones de los particulares en objeto jurídico de protección de los delitos de 

falsedad documental”; en: BACIGALUPO, Enrique; Delito de Falsedad Documental…p. 14. 



delitos de peligro -en sus distintas formas tanto en los delitos de peligro concreto como 

abstracto-, ilustración necesaria para eludir las criticas mencionadas. 

3.1. Excursus: La imputación Objetiva en los Delitos de Peligro 

El Origen de la Imputación Objetiva: El principio fundamental sobre el cual se 

desarrollo el concepto de imputación objetiva, se debe a HEGEL 91 , quien en el siglo XIX 

afirmó que solo puede imputarse a una conducta aquello que es reconocido como mió, en este 

sentido en su libro de filosofía del derecho escribió: “la finitud de la voluntad subjetiva, en la 

aproximación al obrar, consiste en que ella, para su obrar, tiene un objeto exterior supuesto 

previamente con múltiples circunstancias. El acto impone en la existencia dada, un cambio y 

la voluntad es culpable, en tanto pone el abstracto predicado del mío, en el existir 

modificado” 92 ; punto a partir del que HEGEL distinguió las consecuencias que son propias de 

una conducta de aquellas que son ajenas: “la acción, en tanto asentada en la existencia 

externa (…) tiene múltiples consecuencias. Las consecuencias, como la imagen que tiene por 

ánimo el fin de la acción, constituyen (…) lo inherente a la acción; pero, al mismo tiempo, la 

acción como fin ubicado en la exterioridad, es entregada a merced de las fuerzas externas, que 

vinculan a ella algo completamente distinto de lo que ella es por sí, y la arrastran a 

consecuencias lejanas, extrañas ( 93 ). Es, justamente, un derecho de la voluntad el imputar a sí 

solamente la primera cosa, porque ella sólo está en su propósito” 94 ; de lo que se deriva que 

solo las consecuencias que pertenecen a una conducta, como modificación del mundo exterior, 

pueden serle imputadas a una persona. 

Ahora este concepto de imputación fue llevado al derecho penal y aparece con claridad 

en los años sesenta, como consecuencia de un movimiento que buscó la normativización de la 

tipicidad objetiva, y según FEIJOO SÁNCHEZ en cuanto a los orígenes de lo que podemos 

denominar "teoría de la imputación objetiva" es decisiva la aportación de ROXIN (1962) que 

realizó en un artículo sobre la infracción de deber y resultado en los delitos imprudentes, 

articulo en el que ROXIN trato la problemática de las conductas alternativas adecuadas a 

91 REYES ALVARADO, Yesid; Imputación Objetiva; Santa Fé de Bogota; Temis; 1996; pag. 49 

92 HEGEL, Guillermo Federico; Filosofía del Derecho… § 115 (las cursivas son mías) 

93 En este punto HEGEL hace una cita, que por su carácter explicativo aquí la transcribo: “En mi animo, mi Acto 

era aún mío; una vez liberado, fuera del seguro rinconcito del corazón, su terreno materno; abandonado en la 

playa extraña de la vida, él pertenece a aquellas malignas "potencias" que ningún arte humano domestica” 

(las cursivas son mías). 

94 HEGEL, Guillermo Federico; Filosofía del Derecho… § 118 (las cursivas son mías) 



derecho 95 , proponiendo ante esta problemática su teoría del incremento del riesgo 96 . Y frente 

a esta misma problemática GIMBERNAT, en el año 1962 postuló la idea del “fin o ámbito de la 

protección de la norma”, criterio que sustentaba el imputar un resultado en los supuestos en 

los que una conducta correcta no habría evitado el mismo 97 ; criterio que parte del principio 

que en supuestos de concurrencia de riesgos típicos y permitidos, es preciso constatar que el 

resultado es realización de un riesgo típico. Este criterio tiene como principio básico la idea de 

que la norma de conducta (norma de cuidado) sólo está referida a determinados riesgos, no 

teniendo que evitarse la realización de riesgos permitidos o, lo que es lo mismo, de todo tipo 

de riesgos” 98 , postura en la que se observa la importancia de criterios teleológicos para 

determinar la imputación del resultado. Hasta este momento todos los criterios se 

desarrollaron en el delito imprudente, pero es en el año 1970 en que nuevamente ROXIN, con 

motivo de su critica al concepto final de acción, presentó en el libro homenaje a Honig, su 

artículo titulado “Reflexiones Sobre la Problemática de la Imputación Objetiva en Derecho 

Penal”, cuyo mayor mérito fue llevar la imputación objetiva al delito doloso 99 , su 

planteamiento fue que los problemas de delimitación del tipo no tienen que ver directamente 

con las posibilidades de motivar a los sujetos ni con la finalidad del autor 100 , y en realidad el 

problema es puramente valorativo, referido al alcance del tipo –un criterio teleológico-, que es 

un problema previo al dolo y a la imprudencia 101 , entonces frente al problema básico de si un 

determinado curso causal al final del cual aparecía un resultado puede imputarse a una persona 

como su obra, señaló ROXIN que ello solo ocurría si el autor ha creado un riesgo (no 

95 En estos casos se estaba frente el problema de ¿qué relevancia posee para la imputación de un resultado, el 

saber que con seguridad, probabilidad o posiblemente, ese mismo resultado también se hubiese producido con 

el comportamiento conforme a Derecho? 

96 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José, Imputación Objetiva en Derecho Penal, Lima, Grijley, 2002, p. 28-29. 

ROXIN en los casos de conductas alternativas adecuadas a derecho que no podrían haber impedido el resultado, 

proponía que: “la resolución de estos casos es el siguiente: comparar una hipotética conducta que observe el 

riesgo permitido con la conducta realizada por el autor. Si la conducta del autor incremento la probabilidad de 

lesión con respecto a la hipotética permitida, la lesión del deber encaja en el tipo y, por tanto, tendremos un 

tipo imprudente consumado. Por el contrario, si no se incrementa el riesgo no se puede imputar el resultado. 

Es decir, en caso de duda sobre si el riesgo no permitido se ha realizado en el resultado, éste se imputa si se 

constata que el autor ha creado un riesgo no permitido” ver: FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José, Imputación 

Objetiva en Derecho Penal… p. 56 a 60. 

97 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José, Imputación Objetiva en Derecho Penal… pag.66-67. La mención a los dos 

autores que realizo en le texto son muestra la diferencia que en un inicio mostró esta teoría pues mientras en 

Roxin, con su teoría del incremento del riesgo, no se diferencian riesgos prohibidos y permitidos en una 

misma conducta, En GIMBERNAT, con su teoría del ámbito de protección de la norma, si se diferencian los 

anteriores riesgos, pero ambas diferenciaciones se analizan ex post al resultado. 

98 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José, Imputación Objetiva… p. 71. 

99 Reconocen de manera unánime este origen de la imputación objetiva y el mencionado logró de ROXIN: 

FRISCH, Wolfgang y ROBLES PLANAS, Ricardo; Desvalorar e Imputar Sobre la Imputación Objetiva en 

Derecho Penal; Buenos Aires; B de F; 2006; p.1 y 9; FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José, Imputación Objetiva… 

p. 84 

100 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José, Imputación Objetiva… p. 87 

101 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José, Imputación Objetiva… p. 90. 



permitido) jurídicamente relevante 102 , donde el problema del riesgo permitido no tiene nada 

que ver con la medida ontológica del riesgo, sino con su relevancia para la norma penal 103 , 

creándose la institución del riesgo permitido. 

Hasta aquí, se tiene el sustento de la imputación objetiva en los delitos dolosos e 

imprudentes de resultado, delitos en los que desempeño la función de ser un criterio normativo 

teleológico para la imputación de resultados, además de ello la aparición de la imputación 

objetiva significo una propuesta de criterios que normativizan el tipo objetivo, pero cuyo perfil 

es definido por FEIJOO de la siguiente manera: “la escuela de la política criminal [refiriéndose 

a la escuela desarrollada por ROXIN] más que una teoría general del tipo ha ofrecido una 

teoría de la imputación de resultados a una conducta, que supone un aspecto parcial de la 

teoría del tipo” 104 

La imputación objetiva como teoría del tipo, es el siguiente paso que se dio en la 

evolución de esta doctrina, que puede ubicarse en la década de los ochenta del siglo pasado, y 

significa que ahora el objetivo es desarrollar los criterios generales que permitan afirmar que 

una conducta es típica, y con este objeto el centro de atención esta en definir cuando se esta 

ante un comportamiento objetivamente no permitido, dejando de ser la imputación objetiva 

una mera estructura para dar solución a la atribución de resultados. A esta tendencia de crear 

nuevos planteamientos, para la imputación objetiva, pertenecen un grupo de autores- pioneros 

en este punto han sido los planteamientos hechos por Wolfgang FRISCH y Günther JAKOBSquienes 

“han extendido la objetivación y normativización del tipo más allá de la imputación 

de resultados y han desarrollado también una normativización de la imputación de 

conductas” 105 , en otras palabras estos autores proponen “un sistema penal unitario [donde] la 

teoría de la imputación objetiva, como determinación del injusto del comportamiento, es 

aplicable a todos los tipos de la parte especial” 106 , ello es no solo en los delitos de resultado 

sino también en los delitos omisivos, en los delitos de mera actividad y también en los delitos 

de peligro. 

Ahora en este nuevo planteamiento, en la imputación objetiva se distinguen dos niveles: 

Un primer nivel hace referencia a lo que se ha denominado conducta típica o imputación de 

comportamiento que se ocupa de la definición de las conductas que están prohibidas de modo 

102 FRISCH, Wolfgang y ROBLES PLANAS, Ricardo; Desvalorar e Imputar…. p. 4 



105 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José; Imputación Objetiva ... , p. 137 

106 REYES ALVARADO; Imputación Objetiva..., p. 81 



objetivo-general o, dicho con otras palabras, que rebasan el límite de lo penalmente neutral. 

Un segundo nivel es el de la imputación objetiva del resultado, que se configura como vínculo 

entre la conducta típica –el comportamiento objetivamente imputado- y el resultado 107 . 

Según Wolfgang FRISCH el problema de la imputación objetiva, lo estructura en dos 

niveles, el primero constituido por la conducta típica y el segundo por la imputación del 

resultado. En su teoría de la conducta típica una conducta es desaprobada cuando desborda el 

espacio de libertad jurídicamente garantizado, categoría en la que se analiza de un modo 

objetivo y normativo si la conducta que contiene un peligro de producción del resultado típico 

está jurídico-penalmente desaprobado por presentar determinadas características que lo 

convierten en intolerable, y por ello, puede ser calificada como injusta, exigencia presente 

tanto en los delitos dolosos como imprudentes 108 , constituyendo este nivel un juicio objetivo y 

normativo –único lugar para las valoraciones 109 , expresamente FRISCH escribe sobre la 

conducta típica: “en este punto interesa exclusivamente el contenido del Derecho –la relación 

de la concreta conducta con el derecho-, esto es, la índole de las relaciones jurídicas entre los 

individuos, la amplitud y las fronteras de la libertad a reconocer. Estos contenidos del Derecho 

deben distinguirse de las reglas de la imputación” 110 . En un segundo nivel, ubica a la llamada 

por FRISCH imputación objetiva en sentido estricto o imputación del resultado, que aparecería 

como una construcción sin valoración normativa alguna, que se restringe a la vinculación 

entre una conducta prohibida y el resultado, referida a: “aquello que realmente es un problema 

de imputación, es decir, a la pregunta que surge una vez que se ha determinado la acción 

imputable y su desaprobación (a consecuencia de la importancia del riesgo) y que se refiere a 

si el resultado producido es la consecuencia específica de ese actuar desaprobado e imputable 

a la persona, y a ella puede imputarse como expresión de la conducta injusta al igual que la 

propia conducta desaprobada” 111 . 

Günther JAKOBS, elabora su teoría del tipo a partir del concepto de competencia que 

corresponde a cada persona, esta es la razón normativa por la que una persona es responsable, 

así JAKOBS indica que “la teoría de la imputación objetiva se ocupa de la determinación de las 

propiedades objetivas y generales de la conducta imputable” 112 , es por ello que en su 

planteamiento toma mayor importancia la imputación del comportamiento que es identificada 

107 PASTOR MUÑOZ, Nuria; La Determinación del Engaño Típico en el Delito de Estafa…p. 152 





112 JAKOBS, Günther; Derecho Penal Parte General… Apart. 7/4 



con la competencia. Estructura JAKOBS entonces su teoría en dos raíces: La imputación del 

comportamiento, en cuyo contenido “se trata de la finalidad propia del Derecho Penal de 

garantizar la seguridad de las expectativas. De esta finalidad de la regulación se deriva que del 

comportamiento adecuado socialmente no se puede imputar un injusto, ni siquiera aun cuando 

tenga efectos dañosos por un desgraciado encadenamiento de circunstancias (…) [y en este 

campo encuentran su ubicación] (…) Sobre todo los criterios del riesgo permitido, del 

principio de confianza, de la comisión referida a garante y de la prohibición de regreso” 113 . 

Mientras que en la imputación del resultado, se ha de verificar que el resultado para poder ser 

imputado a un autor, este debe ser explicado normativamente como la consumación del 

comportamiento prohibido. 

Se observa como resultado de esta evolución, que hoy la imputación objetiva, es 

entendida como teoría del tipo 114 : “posee dos elementos que son el de la creación de un 

riesgo jurídicamente desaprobado y el de la realización de dicho riesgo, entendido este 

último no en un sentido puramente naturalistico sino como quebrantamiento de las normas” 

115 

, elementos que se estructuran en la imputación del comportamiento e imputación del 

resultado respectivamente. Y con este entendimiento resulta sencillo llevar la imputación 

objetiva a los delitos de peligro 116 . Así en los delitos de peligro abstracto la consumación no 

depende de alcanzar un resultado en sentido naturalístico, mas bien basta y es suficiente con el 

quebrantamiento de un rol, que constituye la creación de un riesgo prohibido a constatar ex 

ante, en idéntico sentido GARCIA CAVERO, “la imputación objetiva del comportamiento, como 

primer elemento de la imputación objetiva, puede fundamentar por sí sola la realización 

objetiva de determinadas figuras delictivas como los delitos de (...) peligrosidad 117 -esta es la 

denominación que utiliza GARCIA CAVERO para referirse a los delitos de peligro abstracto. 

Mientras que en los delitos de peligro concreto, se requerirá una imputación objetiva del 

comportamiento constituido por la creación de una conducta prohibida que es la descrita en el 

tipo, verificable desde una perspectiva ex ante, y una imputación de resultado que es 

113 JAKOBS, Günther; Derecho Penal Parte General… Apart. 7/4b 

114 Concepción que hoy es la línea que siguen los planteamientos doctrinales mas recientes, así: MIR PUIG, 

Santiago; Derecho Penal Parte General… Lec. 10. I. n. m. 47 y sig.; PASTOR MUÑOZ, Nuria; La 

Determinación del Engaño Típico en el Delito de Estafa…p. 152; REYES ALVARADO; Imputación Objetiva..., 

p. 85 y 196. Y en Perú: GARCIA CAVERO, Percy; Derecho Penal Económico… p. 408; VILLAVICENCIO, Felipe; 

Derecho Penal Parte General… §43 n. m. 703 y sig. 

115 Reyes Alvarado, Yesid; Imputación Objetiva... pag. 75. 

116 La explicación a presentar solo es una reiteración de un resumen antes hecho en: APAZA MAMANI, Hugo 

Favián; La Imputación Objetiva En Los Delitos De Peligro Abstracto; en: XVI Congreso Latinoamericano 

VIII Iberoamericano y I Nacional De Derecho Penal y Criminología; Ara editores y Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Lima; 2004; p. 146 a 152 

117 GARCIA CAVERO, Percy; Derecho Penal Económico… p. 437 



constituida por la verificación de un peligro explicable a partir del riesgo prohibido, 

verificación a realizarse desde una perspectiva ex post. 

3.2. El Riesgo Prohibido en la Falsedad Ideológica y la Falsedad Material 

Ahora superado el escollo que representa el aplicar la imputación objetiva a un delito 

doloso de peligro, toca explicar como se puede viabilizar la mencionada teoría en los delitos 

de falsedad documental. 

Conforme a la explicación que se ha hecho en este ensayo, la expectativa social de la 

falsedad material es evitar la alteración de la autenticidad documental, mientras que la 

expectativa social de la falsedad ideológica es evitar las declaraciones mendaces por parte de 

funcionarios públicos, y a tener en cuentas además es que de acuerdo al texto de los artículo 

427 y 428 del CP, ambos falsedades requieren que de ellas se derive la posibilidad de un 

perjuicio. 

Y entonces con ambos elementos –las expectativas definidas y el perjuicio requerido – 

es que se puede llevar la imputación objetiva a la falsedad documental. En primer lugar la 

imputación del comportamiento 118 se genera con la creación de un riesgo prohibido a partir 

de la posibilidad de predicar un engaño sobre la autenticidad de un documento –en el caso de 

la falsedad material- o un engaño sobre la veracidad de un documento –en el caso de la 

falsedad ideológica-, nivel que se ha de analizar desde una perspectiva ex-ante. Mientras que 

la imputación de resultado vendrá conformada por el perjuicio o la posible afectación de un 

ámbito de organización ajeno –o en otras palabras una perdida empobrecedora de un 

elemento intersubjetivamente valorado- a partir del mencionado engaño, nivel que se 

analizara desde una perspectiva ex–post al hecho delictivo. Con la estructura reseñada se dan 

las bases para la aplicación de la imputación objetiva en el delito de falsedad material e 

ideológica, al definirse cual es el riesgo prohibido y el resultado que se ha de evitar con la 

conducta del agente. 

4. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LA INTERPRETACIÓN PROPUESTA 

4.1. CONSECUENCIAS PARA EL DELITO DE FALSEDAD MATERIAL 

118 No se olvide que de acuerdo al pensamiento de Jakobs, como quedo explicado, se genera un riesgo prohibido 

cuando se infringe la expectativa social que se espera de una persona. 



Ilustrando la aplicación de la imputación objetiva en la falsedad material, se analizan los 

siguientes casos: 

Caso 1: El señor A.V.R.S., quien en diciembre del 2001 era el presidente de 

una urbanización en desarrollo, acordó favorecer a su amigo J.O.A.K emitiendo 

una constancia de posesión en la que afirmaba que J.O.A.K. estaba en posesión 

desde 1990 del inmueble X que formaba parte de la urbanización a la que 

representaba, posesión que en realidad nunca ostentó, emitiendo tal documento 

con la finalidad que J.O.A.K. iniciara un proceso de prescripción adquisitiva de 

dominio y hacerse entonces propietario de tal inmueble. Pero resulta que el 

legítimo propietario el señor W.N.C.R. del inmueble X, quien si bien dejo de tener 

la posesión de su inmueble desde cinco años atrás continuaba siendo el 

propietario, tomó conocimiento de la emisión de tal constancia y formuló su 

denuncia por el delito de falsedad material dirigido en contra de A.V.R.S. en 

complicidad de J.O.A.K., afirmando que el actuar de los denunciados estaba 

dirigido obviamente a causarle perjuicio, al existir la posibilidad de perder su 

propiedad, y se realizaba en base a un documento falso. 

En este caso se tiene un documento autentico –al existir una relación de identidad entre 

el autor del documento y la declaración que en él figura-, que fue emitido con un contenido no 

cierto; y se trata de dos personas sobre quienes no pesa un deber especial, ello en el sentido de 

no ser funcionarios públicos, y que solo tienen entonces la obligación de participar del tráfico 

documental de manera responsable. Por ello entonces en el caso planteado los hechos 

denunciados no resultan ser subsumibles en el delito de falsedad material, por que al emitirse 

la constancia de posesión cuestionada no se ha faltado al deber que pesa sobre su autor al 

participar del trafico documental, debido a que al emitir bajo su nombre tal documento se 

hacen responsables sus autores de las consecuencias que de él se generen, afirmación que no 

deja impune entonces la responsabilidad de los denunciados por algún otro delito, pero en 

todo caso no se puede afirmar que los denunciados al emitir el documento cuestionado han 

faltado al deber que les compete al participar del tráfico documental, y por ello no se ha 

generado un riesgo prohibido. 

Caso 2: FONTAN BALESTRA sostiene que el perjuicio no necesariamente debe 

seguirse para el que aparentemente es la víctima de la falsificación sino que puede 



resultar para cualquiera, y cita el siguiente ejemplo de CARRARA: “un usurero al 

efectuar préstamos a los hijos de familia les exigía que en la letra que emitían 

firmaran como su padre, hermano o tío, con lo que, al vencimiento, la presentaba 

a éstos fingiendo haber sido engañado, obteniendo el pago bajo amenaza de 

querella penal, y que al ser llevado a los tribunales enjuiciado por instigación a la 

falsedad fue condenado no obstante la alegación de su defensa de que aquélla se 

volvía en su perjuicio al entregar el dinero, por haber entendido el tribunal que el 

daño estaba representado, no por el dinero que a sabiendas entregaba al usurero, 

sino por la obligación que se le quería imponer a la familia del autor material de la 

falsificación al obligarla a efectuar pagos”119. 

Considero que en este ejemplo, a diferencia del anterior, no se esta ante una creación de 

un riesgo prohibido, porque no existe un engaño sobre la autenticidad del documento, se 

presentó al padre de familia la letra de cambio como falsa, y entonces si bien se ha generado 

una posibilidad de perjuicio en contra del padre de familia a quien se le podría imputar una 

obligación a él ajena, tal perjuicio no ha tenido su origen en el riesgo prohibido, constituido 

por el engaño sobre la autenticidad, y en consecuencia la posibilidad de perjuicio generado no 

puede ser imputado al usurero a titulo de uso de documento falso, por faltar una relación de 

imputación objetiva. 

Caso 4: La Sala Penal del Tribunal Supremo Español, en el Recurso de 

Casación Nº 242/2000, en la causa seguida en contra de “Mariano” y en agravio 

de “Juan” y “Air Mecon”, emitió la resolución Nº 1561/2001120 de fecha 14 de 

septiembre del 2001, y en esta resolución en primer lugar se declararon probados 

los siguientes hechos: “Que Guillermo y Edurne, en su condición de 

Administradores de la mercantil PROMO CRICK, S.A., aceptaron a AIR 

MECON con fecha 12/1/1993 dos letras de cambio libradas ambas el 21/1/1993 

con vencimiento 20/3/1993, por importe la primera de ellas de 247.256 pesetas y 

la segunda de un millón de pesetas, como medio de pago de los trabajos 

efectuados por la libradora en la edificación que PROMO CRICK, S.A. ubicada 

119 FONTAN BALESTRA, Carlos y Guillermo LEDESMA; Derecho Penal Parte Especial… p. 989 

120 El Ejemplo es citado por: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; Las Falsedades Documentales… p. 300. El Texto 

completo de la sentencia puede encontrarse en la web del Tribunal Supremo Español, en: 

http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia/pdf/28079120002001102948.pdf?formato=pdf&K2DocKey=E:\Se 

ntencias\20031030\28079120002001102948.xml@sent_supremo&query=%28falsedad%29%3CAND%3E%3 

CYESNO%3E%28%28jimenez+villarejo%29%3CIN%3Eponente%3CNOT%3E%28*%3CIN%3Eponente% 

3CWHEN%3E%28codigo%3CSTARTS%3E000%3COR%3Ecodigo%3D%27%27%29%29%29 



en la calle Puigjaner nº 5-7 de la localidad de Olessa de Montserrat (…) Llegado 

su vencimiento las cambiales resultaron impagadas. Los referidos Sr. Guillermo y 

Sra. Edurne en la misma condición y por la misma causa aceptaron a Juan seis 

cambiables libradas el 21/12/1992 con vencimientos 30/1/1993, 15/2/1993 y 

27/2/1993, cuyo importe por principal ascendía al total de tres millones de 

pesetas. Llegado su vencimiento las cambiales resultaron impagadas. Interpuestas 

sendas demandas ejecutivas resultó imposible el cobro de lo adeudado atendiendo 

a que PROMO CRICK, S.A. había procedido a la transmisión a PIC 

COMERCIAL, S.L de las fincas de su propiedad sitas en la localidad de Olessa de 

Montserrat (…). Dichas ventas se efectuaron entre quienes ostentaban a la fecha la 

condición de administradores de una y otra compañía y que eran los ya referidos 

Guillermo y Edurne actuando en nombre de la vendedora y en nombre de la 

adquirente Ernesto, a la sazón administrador de aquella [de PIC COMERCIAL, 

S.L.].(…) [Y además esta probado que] “Mariano” contando con el 

consentimiento, coetáneo o posterior, de su padre Ernesto estampó la firma de éste 

último en un contrato de venta privada suscrito entre los administradores de 

PROMO CRICK, S.A. y Ernesto”. 

Y frente a estos hechos el Tribunal Supremo Español, para absolver al procesado, en 

los fundamentos de derecho se estimó: “No debe ser calificado, en primer lugar, de 

falsedad punible el hecho de que el acusado, contando con el consentimiento de su padre, 

fingiese la firma de éste en un contrato que el mismo había concertado. La ficción de la 

firma de otro en un documento -hoy comprendida en la alteración de uno de sus elementos 

esenciales genéricamente tipificada en el nº 1º del art. 390.1 CP 1.995- constituye un delito 

de falsedad en la medida que supone una suplantación de personalidad y una atribución 

mendaz, a la persona cuya firma se imita, de una voluntad negocial que no tuvo. Pero si 

como ocurre en el caso relatado en la Sentencia, se imita la firma de otro con su 

autorización y es este otro el verdadero contratante, cuya voluntad no es sustituida por 

quien estampa la firma, se realiza sin duda una formal falsedad gráfica pero no una 

falsedad material, por lo que el hecho no debe ser considerado delito de esta naturaleza”. 

En este caso SILVA SÁNCHEZ, estima que: “No son típicas las falsedades consentidas 

(…) El consentimiento puede ser expreso o implícito (…) Lo decisivo, en general, no es el 

acto material de redactar un texto o estampar la firma, o de que éste sea redactado o la firma 

imitada por un tercero, sino si este texto o esta firma se corresponden con la voluntad del 



otorgante nominal o ésta ha sido suplantada, atribuyéndose una voluntad que no tuvo. Si el 

texto y la firma se corresponden con la voluntad del otorgante formal, no hay falsedad 

punible, pues no se ha producido un riesgo relevante contra los medios de prueba” 121 . La 

conclusión arribada por el Supremo Tribunal Español y que asiente SILVA SÁNCHEZ me 

parece correcta, pero conforme a mi explicación sobre la imputación objetiva en la falsedad 

material, yo considero que en este caso si bien existe un peligro de perjuicio –un resultado a 

imputar- constituido por el despojo a los ejecutantes y a la vez acreedores: “Juan” y “Air 

Mecon” de bien alguno para ejecutar que sea de propiedad de su deudor común PROMO 

CRICK S.A., ello a causa de la falsificación hecha por el acusado “Mariano” de la firma de su 

padre, al realizarse la compra venta de los inmuebles de PROMO CRICK, en aquella 

conducta no se ha generado un riesgo prohibido porque el padre del procesado “Mariano” se 

hace responsable y reconoce la transferencia que suscribió su hijo a nombre suyo, en otras 

palabras no se ha vulnerado el deber de autenticidad al suscribir aquella compra venta. Y en 

este caso entonces: el resultado producido y que produce un perjuicio a los agraviados, no se 

ha generado por un riesgo prohibido, falto un engaño sobre la autenticidad documental o una 

imputación de comportamiento, deviniendo entonces atípica la conducta del procesado. 

4.2. CONSECUENCIAS PARA EL DELITO DE FALSEDAD IDEOLÓGICA 

Ilustrando la aplicación de la imputación objetiva en la falsedad ideológica, se analizan 

los siguientes casos: 

Caso 1: Se tiene que cuando la acusada A.C.S.C., despachaba el Juzgado de 

Paz Letrado de Chilca, fue convencida por G.S.A.H., quien estaba en compañía de 

E.E.F.C., el 17 de febrero de 1997, de faccionar una acta de denuncia por deuda, 

pero con fecha pasada, esto es 5 de febrero de 1997 y un acta de cancelación de 

deuda con fecha 6 de febrero de 1997, tal documento lo utilizaría G.S.A.H. para 

probar su presencia en tal ciudad en la fecha mencionada, y ello lo necesitaba para 

eludir la imputación por un delito cometido en otra ciudad en esa misma fecha. 

Ante tales hechos se formuló acusación fiscal por los delitos de prevaricato y 

falsedad material, y para declarar culpable a la acusada A.C.S.C. sobre este último 

delito la Sala encargada de sentenciar estimo que “la acusada en el ejercicio de su 

función de Juez de Paz Letrado del Distrito de Chilca ha hecho en todo caso dos 

121 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; Las Falsedades Documentales… p. 300, este autor a su vez cita esta caso como 

un ejemplo de la aplicación de la imputación objetiva en la falsedad material. 



documentos falsos que son denuncia por deuda y acta de cancelación de deuda; 

que dichos documentos son falsos por que han sido elaborados el 17 de febrero, 

pero se les ha consignado fecha de 5 y 6 de febrero, respectivamente; son también 

falsos por que han dado fe judicial de que se trataba de una acción judicial sobre 

el cumplimiento de una obligación y su respectiva conciliación mediante el pago; 

pero todos los participes como son la acusada y el seudo demandante y el seudo 

demandado tenían pleno y absoluto conocimiento de la falsedad que contenían 

dichos documentos”. 122 

En el texto citado se determina el carácter de falso de los documentos cuestionados a 

partir del deber que tenia la procesada, resaltando expresamente que tenia una posición 

especial que le daba la obligación de realizar una declaración veraz, pero a pesar de ello se le 

declara responsable del delito de falsedad material, delito que como se explicó no requiere 

una cualidad especial en el agente activo. El vicio en la argumentación de la resolución 

mencionada se encuentra en la incorrecta identificación de los deberes que se prevén en los 

delitos de falsedad material y falsedad ideológica, y en las correspondientes expectativas que 

pesarían sobre cada autor, y con la interpretación hecha por el Juzgado se dejaría sin campo 

de aplicación a la Falsedad Ideológica. Al no tratarse de un documento que ha sido alterado en 

su autenticidad, entonces no ha podido ser calificado el caso como una falsedad material, y 

mas bien tomándose en cuenta el deber que pesaba sobre la acusada se debió subsumir los 

hechos narrados en el delito de falsedad ideológica. El peligro de la argumentación reseñada 

se encuentra en que no existe sustento para afirmar la responsabilidad de dos particulares y un 

funcionario público en la comisión de un delito común. 

Caso 2: El señor E.B. tiene el afán de adquirir el inmueble X, pero ante la 

negativa de su propietario la señora C. A., decide contar con el apoyo de la señora 

F.P. a quien convence para suplantar a la propietaria en la escritura publica 

necesaria, entonces hábilmente aquellas personas se presentan ante la notario X, 

para elevar la minuta por ellos celebrada a escritura pública, el señor E.B. y la 

señora F.P. alcanzan su objetivo, sin que se percate el notario de la suplantación, 

pero enterada de los hechos la señora C.A. interpone una denuncia por el delito de 

falsedad ideológica en contra de E.B. y F.P. 

122 Distrito Judicial de Junín Exp. Nº 1114-97 resolución del 18 de mayo de 1999; en: Serie de Jurisprudencia; 

Academia de la Magistratura; Nº 4; Lima; 2000; p. 481 y sig. 



Como se advirtió previamente el delito de falsedad ideológica prevé un deber positivo, 

cual es dar una declaración veraz, que solo es una expectativa que se exige a los servidores 

públicos. En el presente caso, dos particulares, se valierón de un notario, que actuó en error, al 

expedir una escritura pública, en este casó es incorrecto imputar la falsedad ideológica a titulo 

de autores mediatos a los señores E.B. y F.P. porque el supuesto de “hacer insertar” del delito 

de falsedad ideológica también es restringido a la participación de funcionarios públicos, y 

ello sucede de manera igual a si un particular induce a error a un funcionario para realizar 

una conducta de peculado, no se le puede imputar al particular el delito de peculado a titulo de 

autor mediato, en ambos ejemplos, al no existir la presencia de la infracción de un deber 

positivo, no existe autoría del delito especial –en el caso presentado no hay falsedad 

ideológica-, y esta es una consecuencia de concebir el delito de falsedad ideológica como un 

delito de infracción de deber. 

Caso 3: La Sala Penal del Tribunal Supremo Español, en el Recurso de 

Casación Nº 518/1996, en la causa seguida en contra de “Jose Manuel, Angela y 

Cristibal”, emitió la resolución Nº 1004/1997 123 de fecha nueve de Julio de mil 

novecientos noventa y siete, y en esta resolución en primer lugar se declararon 

probados los siguientes hechos: “Concretamente hacia el mes de Julio de dicho 

años 1.993, la residente colombiana Ángela , también acusada y sin antecedentes 

penales (…) visitó el Juzgado de Paz de Santa Brígida y al Funcionario Jose 

Manuel, quien esta al corriente de que su coprocesada se dedicada a la 

prostitución y era sabedor del problema que le suponía la obtención de los 

permisos de residencia y la dificultad de obtener la renovación de los mismos 

buscando por ello la nacionalidad española, acordando con él tramitar el 

correspondiente expediente matrimonial teniendo este último que ofrecer a un 

candidato que figurase como marido de ella, pero a cambio ella ofreció la cantidad 

de trescientas mil pesetas, proponiendo Jose Manuel a un vecino de dicha 

localidad, también acusado Cristobal, divorciado y sin antecedentes penales, que 

aceptó la cantidad y el fingido enlace matrimonial se tramitó íntegramente en el 

repetido Juzgado, bajo el nº 209/1993, (…) y llegada la fecha señalada, el 16 de 

Septiembre siguiente, tuvo lugar la celebración del matrimonio percibiendo ese 

123 El Texto completo de este resolución se encuentra en la web del Supremo 

tribunalEspañol:http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia/pdf/28079120001997101340.pdf?formato=pdf&K 

2DocKey=E:\Sentencias\20031003\28079120001997101340.xml@sent_supremo&query=%28falsedad%29% 

3CAND%3E%3CYESNO%3E%28%28Conde+Pumpido%29%3CIN%3Eponente%3CNOT%3E%28*%3CIN 

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29 



mismo día las trescientas mil pesetas Cristobal , que tras dicha celebración marchó 

para la casa de su madre donde vivía, mientras que Ángela regresó a las Palmas, 

sin haber hecho convivencia alguna entonces ni con posterioridad, ya que como 

queda narrado, el propósito de ambos, y así lo sabía también el repetido 

Funcionario, solo era el que constaran casados, sin asumir por tanto los efectos 

propios de dicho estado matrimonial”. Y en los fundamentos de derecho se 

expreso: “es indudable que para que exista esa falsedad ideológica, quien ha de 

faltar a la verdad en la narración de los hechos es el emisor del documento que 

como tal es el responsable de su veracidad. Al pretender extender esta modalidad 

falsaria a los terceros que comparecen ante el funcionario, para narrar hechos o 

hacer manifestaciones jurídicas de voluntad, lo que se hace es no solo trasladar a 

ese tercero el deber de veracidad que solo incumbe a quien lo emite, sino también 

atribuir la falsedad a lo que únicamente sería un falso testimonio en caso de 

producirse ésta ante un Juez y en determinadas circunstancias.(…) Los 

matrimonios de complacencia, los matrimonios interesados o los matrimonios de 

conveniencia no pueden dar lugar a falsedad alguna, ni en el celebrante ni en los 

contrayentes, aunque uno y otro conozcan y consientan las particularidades del 

acuerdo, del interés o de la ventaja que se quiere obtener con tal unión. Podrá 

tratarse de un ilícito civil con consecuencias civiles y matrimoniales, más nunca 

llegar a la incriminación de tal conducta en el contexto del Código Penal”. 

En esta resolución, como se observa de su tenor, se reafirma que en los llamados 

matrimonios en blanco, no existe el deber de dar declaraciones veraces por parte de los 

particulares, y por ello se descarta la posibilidad de imputar el delito falsedad ideológica a los 

particulares –en el caso presentado sería la residente Colombiana: Angela- y esta conclusión 

no varía ni siquiera cuando los particulares hacen declaraciones mendaces para ser insertadas 

en documentos públicos, lo que significa para lo expresado en este artículo, es la falta de la 

creación de un riesgo prohibido. 

Antes presentar las conclusiones y concluir este ensayo deseo poner de relieve algunas 

de las consecuencias que se sustentan con la propuesta elaborada a partir de la teoría de los 

roles sociales de Jakobs: el falso consentido es impune en la falsedad material, porque se trata 

de una declaración autentica, donde el tenor del documento es reconocido como propio por la 

persona que aparece como autor del documento. No existe falsedad ideológica cometida por 

particulares a titulo de autores mediatos, ya sea que utilicen a un servidor público que actué en 



engaño o error, porque los particulares no tienen el deber de dar declaraciones veraces. Estas 

consecuencias reflejan el distinto camino que toman las falsedades documentales a partir de 

una interpretación normativista, porque la falsedad material ahora es un delito de competencia 

por organización, y la falsedad ideológica un delito de competencia institucional, un delito de 

infracción de deber. 

CONCLUSIONES 

1. A partir de definir a la acción penal como un proceso interpretable que se 

manifiesta en la defraudación de las expectativas sociales dirigidas a una 

persona, se puede delimitar los ámbitos de competencias que tienen tanto los 

particulares como los funcionarios públicos al participar del trafico documental, 

y entonces construir UN SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE DEBERES donde es 

coherente identificar: el deber de realizar una declaración autentica como una 

manifestación del deber de ser una persona responsable al momento de 

configurar el mundo ingresando al trafico documental, y en caso de 

quebrantarse tal deber se esta entonces ante un caso de quebrantamiento del rol 

general de ciudadano, que exige ser responsable con sus propias obras, dando 

lugar a un delito de dominio. Y además, identificar el deber de dar una 

declaración veraz como una expectativa dirigida a las personas que 

representan la descentralización del poder estatal, los funcionarios públicos - 

solo ellos-, y que al faltar a tal deber se infringe un rol especial, dando lugar a 

un delito de infracción deber. 

2. Y atendiendo a la redacción de los artículos 427 y 428 del CP se obtiene se 

obtiene entonces que el objeto de alteración en la FALSEDAD MATERIAL solo 

puede ser la autenticidad, al ser este el deber que pesa sobre toda persona en el 

trafico documental, ante cuya infracción se esta ante un delito de dominio; 

mientras que el objeto de alteración en la FALSEDAD IDEOLÓGICA solo lo 

constituye el deber de dar una declaración veraz, ante cuya infracción se estará 

frente a un delito de infracción de deber. Por lo tanto la norma que surge del 

artículo 427 del CP prohíbe poner en circulación documentos en los que la 

declaración contenida en ellos no corresponda al autor que aparece en aquellas, 

es decir, un documento inauténtico, o en otras palabras se protege la libertad de 

declaración como propiedad sobre la declaración, reconociéndose al autor como 



agente responsable en el tráfico documental. Mientras que la norma que aparece 

en el artículo 428 del CP prohíbe, solo a los funcionarios públicos, en su rol de 

forma descentralizada de administrar la participación del estado en el tráfico 

documental, dar una declaración falaz, que claro tendrá como presupuesto una 

declaración autentica, deberes que se fundamentan en los distintos ámbitos de 

competencia de las personas. 

3. Y para llevar a la practica el sistema de deberes presentado, es útil la teoría de 

la imputación objetiva aplicada a la falsedad documental, y entonces 

considerando las expectativas definidas de acuerdo a los roles que tienen las 

personas en el tráfico documental y el perjuicio requerido por los artículos 427 

y 428 del CP, se obtiene que: la imputación del comportamiento se genera con 

la creación de un riesgo prohibido a partir de la posibilidad de predicar un 

engaño sobre la autenticidad de un documento –en el caso de la falsedad 

material- o un engaño sobre la veracidad de un documento –en el caso de la 

falsedad ideológica-. Mientras que la imputación de resultado vendrá 

BIBLIOGRAFÍA: 

conformada por el perjuicio o la posible afectación de un ámbito de 

organización ajeno –o en otras palabras una perdida empobrecedora de un 

elemento intersubjetivamente valorado- a partir del mencionado engaño. Con 

la explicación reseñada se dan las bases para la aplicación de la imputación 

objetiva en el delito de falsedad material e ideológica, al definirse cual es el 

riesgo prohibido y el resultado que se ha de evitar con la conducta del agente. 

APAZA MAMANI, Hugo Favián; La Imputación Objetiva En Los Delitos De Peligro 

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interpretación normativista de los delitos de falsedad documental

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